Violencia Sexual

A causa de un embarazo, 698 mujeres en edades de 10 a 19 años abandonaron los estudios académicos, de acuerdo con datos del Mapa de Embarazos en niñas y adolescentes del 2017, presentado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). El registro también reporta que 9 hombres, en el mismo rango de edades, abandonaron su estudio porque su pareja estaba embarazada.

Los departamentos con más casos fueron San Salvador, La Libertad, Sonsonate y Santa Ana.

Hugo González, representante del Unfpa, explicó que el documento registra 19,190 niñas y adolescentes que experimentaron la maternidad en ese año, equivalente a un promedio de 53 menores, por día.

En cuanto a los embarazos en menores de 15 años manifiesta que algunos son casos que están vinculados a violencia sexual, y que, a pesar de que en comparación al año 2015 los embarazos han disminuido, las denuncias de abuso sexual han aumentado.

“Las consecuencias de esa maternidad temprana, en el caso de El Salvador, se ha visto que de cada cuatro niñas que se encontraban estudiando al momento que experimentaban la maternidad tres abandonaron los estudios con un promedio de educación de cinco años de escolaridad”, comentó González.

Añadió que esto coloca a las niñas y adolescentes en un círeculo de mayor profundización de pobreza, de dependencia y de violencia, lo cual trae la dificultad de poder ejercer sus derechos, de satisfacer sus necesidades básicas y los de sus hijos, además la sociedad pierde un ser humano productivo.

Entre los años 2015 y 2017 hubo 65,000 menores de edad que enfrentaron un embarazo en El Salvador. De esa población, 7 de cada 10 abandonaron los salones de clases, en los grados de sexto y noveno.

“Pero el abandono se da desde el tercer grado hasta el bachillerato. Con ese grado de escolaridad ¿qué oportunidad de empleo puede existir para una joven? Que además confronta la responsabilidad de la crianza a edad temprana, sin los ingresos que lo permitan hacerlo, sin la educación o la información de cómo hacerlo y muchas veces como resultado de una situación de abuso y de violencia sexual”, dijo el representante del Unfpa.

Al calcular cuánto la sociedad pierde en términos de tributos que estas jóvenes dejan de aportar a la sociedad durante sus años de vida productiva, de las 65,000 menores embarazadas, el país dejará de percibir alrededor de $352 millones, en un lapso de 40 años.

“Esto es para enfatizar que no solo las repercusiones afectan a la niña y su familia sino que a toda la sociedad y por eso es importante que todos velemos por la protección de las niñas. Hay que redoblar los esfuerzos”, expuso González.

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, dijo que sus protocolos para garantizar la educación de los menores se basa en los artículos 76 y 90 de la Ley General de Educación.

“Donde nos define el mandato de prevenir, a través de la educación, los embarazos adolescentes. Y en caso de que se diera, asegurar el derecho a la educación y la permanencia en el sistema educativo”, dijo Castaneda.

Agregó que tratan de asegurar que las adolescentes continúen con sus estudios, si se dan aspectos culturales y económicos, además del bullying, que son razones por las que no regresas a sus estudios.

“La mesa de oportunidades educativas y modalidades flexibles ha constituido una opción importante para el retorno al sistema educativo de esta población femenina vulnerable a partir de una situación de embarazo prematuro”, aseguró Castaneda.

El presidente de la Asociación de Colegios Privados (Acpes), Javier Hernández, manifestó que el tema de embarazos en niñas y adolescentes lo manejan con mucha responsabilidad, en el sentido de brindarle el apoyo a la estudiante hasta donde el marco legal se los permite. “No suspendemos niñas que estén en estado de embarazo, y eso lo hacemos desde antes de la Ley Lepina (ley de niñez), se les da un trato distinto, pero no discriminatorio en el sentido de los permisos para no asistir a clases debido a su estado, suspendemos actividades que puedan dañar su estado, como las clases de educación física”, manifestó Hernández.

Aseguró que en la mayor parte de los casos de deserción es la alumna la que decide retirarse de sus estudios, no es el centro educativo el que le niegue el acceso a la educación.

Explicó que para garantizar que la menor termine su año educativo le brindan formas más flexibles para que pueda realizar sus actividades académicas, para que pueda darle continuidad a sus estudios.

Dentro de la currícula académica, explicó el dirigente de la Acpes, está el componente de educación sexual y reproductiva, que está incluido desde el primer ciclo en adelante, en la asignatura de ciencias, salud y medio ambiente, y en ciencias naturales para el bachillerato.

“Son contenidos dentro de la currícula que siempre han estado ahí, pero no son garantía para que se prevengan los embarazos en niñas y adolescentes, la garantía está más en los hogares que en los centros educativos porque son los padres o responsables quienes pueden orientar de mejor manera a los jóvenes para que todo se experimente de acuerdo a una edad biológica, social y psicológica determinada”, opinó Hernández.

Paz Zetino, secretario general de Bases Magisteriales, expuso que como docente se ha visto en el problema de afrontar las decisiones de muchos padres de permitir el noviazgo de sus hijos, y que estos se den dentro del centro escolar.

“Nosotros en las escuelas estamos haciendo todo tipo de prevención al respecto, incluso tomamos algunas medidas hasta extremas para detener este fenómeno, pero yo siento que desde la familia ahora no se está contribuyendo”, comentó Zetino. Manifestó que los docentes se ven ante la dificultad de no poder corregir a los estudiantes cuando están realizando una acción inadecuada, como un noviazgo escolar, debido a que son los mismos padres los que autorizan dichas situaciones.