Violencia Sexual

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Perú: Idel Vexler tomará medidas de protección para los escolares.

Noticias

América del sur/Perú/07 Febrero 2018/Fuente: Perú 21

Tras la violación y posterior asesinato de una niña de 11 años en San Juan de Lurigancho , se formó una comisión multisectorial con los ministerios de Educación ,   Interior , de la Mujer , así como con la Fiscalía  y el Poder Judicial  . El objetivo: tomar medidas de protección para los escolares, y evitar que sean víctimas de la violencia sexual.

El ministro de Educación, Idel Vexler , anunció este martes las acciones que tomará la institución para detener la  violencia sexual contra los niños y adolescentes: proteccion escol

– Educación sexual integral: Los escolares aprenderán a reconocer su estructura corporal, cuProtección dar su cuerpo y su integridad personal. Esto implica tener conocimiento de su estructura biológico-reproductiva, de manejarse adecuadamente desde la perspetiva socioemocional.

–  Acompañamiento, cercanía y consejería: Con la participación de la Policía Nacional del Perú, de los maestros, y de una tutoría continua, se orientará a que los jóvenes sepan distinguir las conductas de riesgo.

– Convocación del Colegio de Psicólogos del Perú: Este organismo como facultades de Psicología han sido llamadas para que apoyen la formación socioemocional y afectiva de los alumnos en colegios y lugares comunitarios.

– Brigadas escolares: Con padres de familia, auxiliares de educación y la Policía Nacional del Perú en cada colegio se buscará que haya una brigada que cuiden a los alumnos en su ingreso y salida.

Fuente: https://peru21.pe/politica/ministro-educacion-implementa-medidas-proteccion-sexual-ninos-394806

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Foto: Ruth Fremson / The New York Times.

Cursos de artes marciales en la India para combatir la violencia sexual contra las mujeres

Noticias

Asia/India/13 Enero 2018/Fuente: Cultura Colectiva

La India es el país con mayores índices de violencia sexual en el mundo, por lo que el gobierno implementó el programa de defensa personal para mujeres.

Tras la cruenta oleada de violencia sexual contra las mujeres en la India, el gobierno armó un plan de acción para combatir las agresiones y la epidemia de violaciones (muchas veces masivas): Sashakti, que significa “confianza en uno mismo”, un programa para que miles de mujeres y niñas tomen clases de artes marciales para defensa personal.

El programa, además de la enseñanza de artes marciales, también ofrecen capacitaciones de seguridad personal en redes sociales e Internet. El objetivo es claro: dar herramientas de protección para la prevención del delito; y lo más importante, que las mujeres y niñas tengan conciencia sobre su fortaleza.

También se involucra la participación de hombres y niños para enseñarles a reaccionar ante alguna situación de peligro contra las mujeres, pues otra de las prioridades gubernamentales es la educación sexual para varones, pues eso lograría una sensibilización ante el problema. Dicha introducción educativa se basa en los principios de igualdad de género en la civilización hindú y en textos védicos, que en esencia son códigos de moral y respeto.

En coordinación con la policía metropolitana y el Ministerio de Educación, el gobierno central ya imparte los cursos desde el 28 de diciembre pasado. Las niñas de entre 6 y 17 años son las que más han acudido. El programa ya incluye a unas 20 mil mujeres y niñas de todo el país, mientras que en Nueva Delhi se imparte a unas 100 mil mujeres, principalmente en los distritos con menor desarrollo y que registran los índices más altos de violencia de género.

La India es un país que se caracteriza por los fenómenos de violencia e imposiciones sociales a las mujeres: novias y matrimonios infantiles, infanticidio, o la infame “sati”, una práctica funeraria donde si una mujer enviuda debe ser quemada viva sobre la tumba de su marido. Según datos oficiales del gobierno de la India, en 2016 se registraron 36 mil 753 violaciones, es decir, una violación cada cuatro horas.

Gandhi alguna vez dijo: «Se puede entender la situación del país al observar la condición en la que viven sus mujeres», ante esto la igualdad de género sigue siendo una realidad muy lejana en el segundo país más poblado del mundo donde viven medio billón de mujeres.

Fuente: https://news.culturacolectiva.com/derechos-humanos/cursos-de-artes-marciales-para-mujeres-en-india-para-combatir-violencia-sexual/

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Ecuador: 102 casos de abuso sexual en centros educativos al año

Noticias

América del sur/Ecuador/16 Diciembre 2017/Fuente: El tiempo

Existen informes que desde 2015 alertaban de la gravedad del problema. Por ejemplo, el estudio ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar’ señala que 3 de cada 5 estudiantes son víctimas de actos violentos en la escuela y que el 23% de alumnos de 11 a 18 años son acosados. Según el Ministerio de Educación, desde 2008 hasta octubre de 2017 se contabilizan 919 denuncias de violencia sexual en escuelas y colegios.

El 51% lo cometieron docentes. Desde 2008 hasta octubre de 2017, el Ministerio de Educación contabilizó 919 denuncias de violencia sexual en espacios educativos, lo que equivale a un promedio de 102 casos cada año. Antes de este período no existen estadísticas. Del total de casos se desprende que el 51% (469) fueron cometidos por docentes.

En estos delitos también están involucrados compañeros de las víctimas, conserjes y hasta conductores de buses de transporte escolar. Las cifras se elevan a partir de 2014. En ese año se reportaron 34 denuncias, mientras que en 2015 la cifra llegó a 94; en 2016 a 389; y de enero a octubre de 2017 suman 402.

Según el Ministerio de Educación, en 2014 se registraron 26 denuncias de delitos sexuales en el sistema educativo; en 2015 el número llegó a 79; en 2016 la cifra subió a 247; y de enero a octubre de 2017 suman 230.

Mientras tanto, fuera del sistema educativo se registraron 8 denuncias de delitos sexuales en 2014; en 2015 se reportaron 15; en 2016 llegaron a 142 y de enero a octubre de 2017 se contabilizaron 172.

Sin embargo, las estadísticas de la Fiscalía en relación a abusos sexuales no concuerdan con las del Ministerio de Educación (ver gráfico).

Por ejemplo, según cifras de la Fiscalía y del Consejo de la Judicatura, en 2015 reportaron 264 delitos sexuales en espacios educativos, mientras que el Ministerio de Educación habla de 94 casos.

De esos 264 casos, 152 se dieron en las aulas de los establecimientos educativos. Lo curioso es que solo 24 fueron denunciados por las autoridades del ramo; se realizaron 84 audiencias de juzgamiento por delitos sexuales en espacios educativos y apenas 57 tuvieron sentencias. El Ministerio de Educación informó que ha referido a 453 docentes investigados por abuso sexual.

El debate se centra por ahora en endurecer o no las penas

Las últimas denuncias de delitos sexuales cometidos contra escolares han dado paso a un debate político-jurídico. Amapola Naranjo, de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, dijo que trabajan en un proyecto de ley de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para aumentar las penas. Cree que es necesario realizar una política pública sobre el tema, con una Policía especializada en casos de abuso sexual y con trámites específicos en este sentido.

“Estamos proponiendo una condena de las tres cuartas partes de la pena máxima que se le da a un agresor sexual, que es de 40 años, para todo implicado en delitos como acoso sexual, estupro”, indicó la asambleísta de PAIS. Augusto Espinosa, exministro de Educación y presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, apoya el endurecimiento de penas, siempre y cuando se haga primero un análisis minucioso sobre el tema.

Espinosa es partidario de que las condenas no prescriban. Propone también la prevención como una forma de proteger a los menores. Con respecto a la polémica desatada sobre procesos de abuso sexual en instituciones educativas que fueron archivados, pese a que están judicializados, Espinosa estima que es necesario conciliar los procesos judiciales con los administrativos. “Se debe analizar la responsabilidad de cada persona que decidió el archivo de los casos”. Guillermo Estrella, maestro por casi 40 años y miembro del directorio de la Unión Nacional de Educadores, no es partidario de aplicar condenas más fuertes. Dijo que si bien se han dado estos penosos casos en varios centros educativos del país, se debe aclarar que la mayoría de maestros son personas nobles, que educan a la niñez y juventud con gran sacrificio.

Otro maestro, quien pidió la reserva, lamentó que en los últimos días a los docentes se los está etiquetando como depravados, cuando los denunciados por abuso sexual son un segmento pequeño. Otros profesores consultados mostraron preocupación de que estos casos de denuncias contra maestros dé paso a una especie de “chantaje por parte de estudiantes que estén por perder el año”. En este punto, Estrella duda de que esto se produzca.

Con esa opinión concuerda Espinosa, quien ve imposible que los alumnos extorsionen a los maestros a cambio de una buena calificación. Sybel Martínez, del colectivo Rescate Escolar, apunta a una educación especialmente en valores, para prevenir el abuso sexual en los escolares. “Lo importante es hacer que las escuelas y colegios se conviertan en sitios seguros para los chicos.

El aumento de la pena no tendría sentido si se da la imprescriptibilidad de la misma”, sostuvo. Para un padre de familia de un colegio de Quito que pidió no ser citado, sería bueno que los centros educativos, públicos y privados, coloquen en sus páginas web la hoja de vida de los maestros. Dijo que eso sería de gran ayuda, porque así estarían al tanto de quiénes educan a sus hijos. Igualmente, propuso un sistema de videovigilancia tipo ojos de águila, ya que muchos de los abusos sexuales denunciados se cometieron en las aulas, baños y otras zonas al interior de los establecimientos.

Otros estudios realizados en 2015 arrojan datos alarmantes

El estudio denominado ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar’, realizado en 2015, revela que 3 de cada 5 estudiantes han sido víctimas de actos violentos en la escuela. También destaca que el 23% de estudiantes entre 11 y 18 años han sido acosados.

El estudio fue realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef, por sus siglas en inglés), Visión Mundial y el Ministerio de Educación. En cambio, según el estudio efectuado también en 2015 por el Grupo Rescate Escolar en el Distrito Metropolitano de Quito, 1 de cada 2 estudiantes es víctima de actos violentos en la escuela.

De ellos, el 20% reiterativamente y 6% constantemente. Sobre actos violentos por medios telemáticos (ciberacoso), el estudio señala que el 10% de estudiantes de 11 a 18 años fueron víctimas de esa forma de agresión. Estos datos revelan que el ciberacoso también es un problema educativo, tanto más que hay estudios que demuestran que los ciberagresores, por lo general, son amigos, compañeros y excompañeros de las víctimas.

Ecuador carece de datos sobre violencia sexual digital, que al igual que la violencia de género termina por afectar mayormente a las mujeres, en especial a adolescentes y adultas jóvenes. Conforme al estudio, el 16% de mujeres víctimas de acoso escolar consideró suicidarse a consecuencia de la difusión de rumores o secretos, frente al 7% de hombres.

El 20% del total de víctimas de acoso escolar que pensaron en quitarse la vida tenían entre 11 y 14 años. Por su parte, la ‘Encuesta de Niñez y Adolescencia en el Marco de la Intergeneracionalidad’ determinó que el 17,6% de los adolescentes de 12 a 17 años fallecieron en 2013 a causa del suicidio y homicidios. “Es evidente que el acoso escolar incrementa las tasas de suicidio así como las de depresión infantil y adolescente”, se advierte. El estudio ‘Una mirada en profundidad al acoso escolar’ destaca que ni un solo acto de violencia en la escuela debe ser admisible y que ningún estudiante debe sufrir maltrato de sus compañeros, menos de sus profesores. Añade que la convivencia en las escuelas de Ecuador todavía dista “y mucho” del nivel mínimo exigible, que sería aquel en que los episodios violentos, en el peor de los casos, sean esporádicos y ocasionales, inmediatamente detectados, de forma colectiva rechazados y resueltos de la mejor manera desde un punto de vista social, legal, educativo y de salud a favor de los niños, niñas y adolescentes. Recomienda que se debe hacer un estudio y análisis específico con desagregaciones territoriales, etnia, sexo y edad sobre violencia escolar, incluyéndose pero no limitándose a abuso sexual. Señala que se debe categorizar a la violencia contra niños, niñas y adolescentes, incluida la violencia escolar, como un problema de salud pública y así hacerlo constar en el Código Orgánico de la Salud. “Garantizar la protección administrativa y judicial en todos los casos de vulneración de derechos en el sistema educativo, generando mecanismos eficientes y eficaces de protección a las víctimas de violencia escolar, en especial de abuso sexual”, concluye el estudio.

Fuente: http://www.eltiempo.com.ec/noticias/ecuador/4/426128/ecuador-102-casos-de-abuso-sexual-en-centros-educativos-al-ano

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El grito de la Pachamama: ser mujer y defensora del medio ambiente

Rebelion

Por: Azul Crudo

En América Latina, la lucha de los pueblos en defensa de las tierras, bosques y agua contra las pretensiones extractivas de trasnacionales de transformarlos en industria, tiene también una reacción machista. Las defensoras de la vida y la naturaleza, por ser mujeres sufren una persecución particular, cuyas principales características son la estigmatización, la violencia sexual y psicológica y hasta la muerte.

 

Estigmatización, acoso permanente, manoseo durante detenciones ilegales, violaciones y hasta asesinatos son algunos de los vejámenes que sufren las mujeres que militan en defensa del medioambiente en América Latina. En la lucha por defender la tierra y la naturaleza, muchas veces las que resisten, acampan, hacen plantones, enfrentan en la primera línea a ejércitos, policías o retroexcavadoras, son mujeres. En algunos casos esta resistencia las ha transformado incluso en víctimas de asesinatos.
El caso más emblemático es el de la líder indígena hondureña Berta Cáceres (véase nota en página 17). Pero entre las ambientalistas que siguen vivas se destaca la peruana Máxima Acuña, agricultora que sigue siendo blanco de persecución por vivir en un terreno cerca de donde la minera Yanacocha quiere llevar adelante su emprendimiento extractivista. Hasta el día de hoy, funcionarios de la empresa continúan ingresando a su vivienda y rompiendo sus cultivos.
En sus cuerpos las defensoras del medioambiente encarnan a la Pachamama. Defender los territorios que habitan desde tiempos ancestrales, por pertenecer a comunidades indígenas y campesinas, es defender la vida. A quienes tienen el poder hegemónico, androcéntrico y masculinizante, por supuesto que les molesta que sus adversarias sean unas mujeres que se corren del rol tradicional de servidumbre y entrega para encabezar las luchas por la defensa del agua, del alimento, de lo comunal. Y por eso los métodos para intimidarlas son diferentes a los que se aplican contra los hombres.
La socióloga Jessenia Cassani, de la organización feminista peruana Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), señaló recientemente –a fines de octubre, en una de las sesiones públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Montevideo– que las militantes mujeres en conflictos socioambientales son acosadas y atacadas de manera diferente por ser mujeres, y que esta persecución se manifiesta en violencia física, psicológica y sexual, de la que son víctimas “de manera permanente y cotidiana”.
“La violencia sexual es un mecanismo que han utilizado los agresores para neutralizar la labor de defensa de estas mujeres”, agregó la activista. Los agresores suelen ser empleados de las trasnacionales, el propio Estado a través de sus fuerzas de seguridad, e integrantes del sistema judicial, haciendo un uso arbitrario del sistema penal.
 
Manoseo
La violencia sexual contra las mujeres es común en los contextos de protesta, explicó Cassani: “Los ataques represivos van dirigidos (con golpes) a sus senos y nalgas para neutralizarlas en ese momento de lucha y en el ejercicio de su derecho a la protesta. En las detenciones se producen amenazas de violación, inspecciones de genitales y pechos y exhibición de ropa interior”, agregó. Emperatriz Bolaños –de Defensores de Lagunas de Conga, en Perú– lo vivió en carne propia cuando el personal de la minera Yanacocha amenazó con violarla. También le mataron a sus dos perros, y las autoridades no le tomaron la denuncia. Bolaños denunció en la misma audiencia de la Cidh otras prácticas intimidatorias comunes: “Nos quieren reubicar, y en nuestra comunidad hay ancianos, hay discapacitados, gente que no está acostumbrada a la ciudad.
El gobierno no hace nada por nosotros, al contrario: manda a la policía a que nos reprima, manda a la policía a que mate, a que nos saquen, y eso no es justo”. Según Cassani, “el despojo, desalojo y desarraigo de sus tierras es otro impacto de género”, las mujeres son desplazadas “muchas veces a zonas urbanas donde están en mayor indefensión por las desigualdades económicas, el racismo y el machismo existentes en nuestras sociedades, sumado a la cultura de violación imperante en nuestro país”. Mientras no existan estadísticas oficiales sobre los múltiples ataques que sufren las mujeres, estas violencias seguirán invisibilizadas y no será posible generar “un diagnóstico claro y normativas y políticas públicas eficientes que puedan garantizar el derecho a una vida libre de violencia”, insistió.
Para la abogada peruana Mirtha Vásquez, que defiende a Máxima Acuña y participó en la misma audiencia, es un problema cuando estas agresiones no son juzgadas como actos de violencia basada en género. Aunque en Perú exista la ley 30.364 “para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar”, el Ministerio Público suele definir la violencia contra las mujeres sólo como “aquella que se comete en el marco de las relaciones familiares, y que sólo se produce en el cuerpo de las mujeres, desconociendo los contextos y las características de las violencias”, afirmó la abogada. En las salas de audiencias de los tribunales, por ejemplo, a las mujeres que están brindando su testimonio no las dejan amamantar a sus bebés.
 
“Femicidio político”
La lucha que dio Berta Cáceres era a la vez anticapitalista, antirracista y antipatriarcal, señala Laura Zúñiga Cáceres, una de sus hijas, en diálogo con Brecha. Al asesinato de su madre lo califica como un “femicidio político”. “El asesinato de mi mami fue con saña, dirigida a ella porque lo que más generaba ruido era que fuera una mujer la que los desafiaba. En un contexto tan machista como el de Honduras, el papel de la mujer siempre está relegado a lo privado y a la servidumbre. Cuando alguien se rebela ante ese papel eso genera más odio”, señala Laura Zúñiga. A su madre “la describían como ‘bruja, puta, loca’”, recuerda. Y luego de muerta su condición de mujer también incidió en la caracterización del crimen que hicieron tanto las autoridades como la empresa: “A pesar de que su trabajo era peligroso, de que había tenido 33 amenazas de muerte entre 2013 y 2016, la primera hipótesis que presentó el Ministerio de Seguridad fue que había ocurrido un ‘crimen pasional’”.
Además, subraya, la empresa Desa –que estaba detrás del proyecto hidroeléctrico contra el que luchó Berta Cáceres– intentó deslindarse del asesinato argumentando públicamente que se trataba de un crimen “de faldas”. “Siendo ella defensora, lo primero que hay que buscar en estos hechos son las causas relacionadas con su trabajo, con la persecución que ha sufrido. A través de una lucha muy fuerte de organismos internacionales se logró desmontar esa intencionalidad de vincular (el asesinato) a su intimidad, de investigar a su ex pareja y deslegitimar su lucha por ser mujer. Por eso decimos que es un femicidio político: porque el crimen ha tenido motivaciones de odio por ser mujer”, asevera.
Zúñiga dice que su madre “fomentaba y demostraba que las mujeres podemos liderar y que los hombres pueden ser liderados por una mujer. Hizo que las comunidades comenzaran a pensar en la posibilidad de tener un liderazgo femenino”. Es precisamente el caso de Elvia Dagua, referente ecuatoriana en lucha contra la instalación del proyecto Mirador, de minería a cielo abierto, que se desarrolla en la zona sur de la Cordillera del Cóndor, en Ecuador. En 2015 el gobierno ecuatoriano le dio a la minera china Ecuacorriente SA (Ecsa) una concesión por 30 años.
Y en diciembre de 2016 la empresa logró desplazar a la comunidad shuar Nakints para imponer su proyecto de extracción de cobre, contando con el aval del gobierno. Con la mano represiva del Ejército destruyó casas, expulsó a más de 500 indígenas a la selva, los dejó sin alimentación ni escuelas y alambró el terreno para montar el campamento minero. Tras semanas en la selva y luego de la muerte de una bebé de tres meses por enfermedad, las mujeres y niños shuar se refugiaron en un pueblo vecino que, el 22 de octubre pasado, fue militarizado como forma de presionar y detener a quienes resistían. Los hombres permanecen clandestinos y pasan hambre.
La representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana (Confeniae) no duda en responsabilizar al gobierno de Rafael Correa: “Hacia el exterior él habla del buen vivir, pero a las comunidades indígenas nos dividió y sólo produjo el mal vivir. Para hacer negociados con empresas mineras y petroleras él trataba de comprar la conciencia de los líderes más débiles de las comunidades indígenas, y nosotros, desde las bases, somos la mayoría, y nos opusimos al Estado ecuatoriano porque los territorios son nuestros”, dijo a Brecha.
Hostigamiento
Las amenazas y campañas de difamación en las redes sociales, medios de comunicación y en las comunidades son otra forma de violencia machista que sufren militantes como Máxima Acuña, a quien suelen calificar como “Máxima Farsa” o “Máxima Estafa”. Acuña es objeto de insultos y difamación, de incitaciones al odio y de amenazas de atentados contra su vida, por ejemplo con mensajes como “Minera Yanacocha. La bala cuesta un sol. Muerto el perro se acabó la rabia”.
La activista, quien lucha desde 2011, ha sido declarada inocente de los delitos por los que la minera la había acusado, como la usurpación del terreno en el que ella vivió toda su vida. Hace 15 días la justicia civil peruana declaró improcedente la medida cautelar que la empresa había solicitado para impedir que trabajara en su tierra. Sin embargo, relató su abogada, “está agotada en su esfuerzo” contra el proyecto minero. Según Vásquez, Acuña le expresó: “La vida se me está yendo en defender esto y ya ni la justicia nos defiende”, porque no actúa ante las denuncias que ha presentado por hostigamiento constante en su finca.
“Además de haber sido atacada físicamente años atrás, Máxima no puede volver a vender sus productos porque la propia gente de la comunidad la ataca, como consecuencia de las campañas de desprestigio de las que es objeto”, comentó a Brecha su abogada. Y sin embargo, relató recientemente Vásquez en una carta pública en NoticiasSer.pe, cuando le ha preguntado si quiere dejarlo todo y bajar los brazos después de haber sufrido tanto y logrado mucho, la activista le respondió: “No importa ya el terreno ni el daño que me siguen haciendo; a ellos se les sigue yendo el alma por quitarme Tragadero, tal vez lo logren alguna vez. Recibir dinero a cambio de dejarlo, a cambio de mis derechos, para olvidar mi sufrimiento, eso jamás.
Tal vez decida irme cuando mi cuerpo ya no aguante. Yo he ganado, yo demostré que las lagunas, que la tierra, que la dignidad del pobre no tienen precio, su oro no ha podido comprarme”. Para Laura Zúñiga “el sistema capitalista sigue necesitando energía y avanza sobre (…) los territorios indígenas preservados. La batalla de estos pueblos es por la vida, y vemos formas repetidas de criminalización en su contra, campañas de desprestigio, asesinatos”. En este contexto, dice, el desafío es “definir en conjunto cómo vamos a enfrentar estos ataques”.
Fuente: https://www.rebelion.org/noticia.php?id=234876
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El Acaso y la Violencia Sexual, Epidemia Global.

Noticias

Por: Jesús Hernández Cuellar. Contacto Magazine. 01/12/2017

EL MUNDO ENTERO VIVE BAJO ESTE FLAGELO DESDE TIEMPOS INMEMORIALES

* La Policía de Los Angeles tiene 28 investigaciones en marcha, con 10 detectives dedicados a quejas procedentes de la industria del cine y los medios, pero Hollywood es sólo la punta del iceberg.

* Entre 2005 y 2015, la Oficina de Igualdad en el Empleo de Estados Unidos recibió unas 85 mil quejas de acoso sexual.

* Solamente en la Ciudad de México, 60.2% de mujeres encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dijo haber sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, así como 38% en todo el país.

* Según United Nations Women, 35% de mujeres a nivel global ha experimentado violencia física o sexual, entre ellas 120 millones de niñas que han sido obligadas a tener relaciones sexuales.

Nadia Puente, una niña de nueve años aficionada a tocar el piano, caminaba de su escuela a su casa en Santa Ana, California, el 20 de marzo de 1989, cuando un hombre en un vehículo se acercó a ella diciendo que era maestro y que necesitaba ayuda para cargar unos libros. Nadia se prestó de voluntaria para auxiliar al supuesto profesor. No se supo más de ella hasta el día siguiente, cuando su cadáver apareció en un depósito de basura del Parque Griffith de Los Angeles, a 63 kilómetros de distancia de donde se cometió el crimen. Había sido secuestrada, violada y asesinada por asfixia en un motel del condado de Orange.

Reportaje Especial

Su asesino, Richard Lucio de Hoyos, fue capturado en Texas días después, enjuiciado y condenado a muerte en 1993. Luego de múltiples apelaciones, la Corte Suprema de California ratificó en julio de 2013 la condena que había recibido dos décadas atrás. Ahora se encuentra, junto a otros 730 reos, en el corredor de la muerte en espera del día de su ejecución. Sin embargo, ningún prisionero ha sido ejecutado desde 2007 en California.

El Uniform Crime Report (UCR) de 2017, preparado por el F.B.I. con ayuda de organismos policiales de toda la nación norteamericana, señala que en 2016 se reportaron 95.730 violaciones sexuales en Estados Unidos. Esta cifra revela un aumento de 4.9% con respecto a 2015, y de 12.4% comparado con 2012. Otras muchas pudieron haber ocurrido y no fueron denunciadas ante las autoridades.

El centro de ayuda a víctimas de violaciones Blue Grass subraya que aproximadamente 70% de los asaltos sexuales no se reportan a la policía, y que solamente 30% de las víctimas recibe atención médica por las lesiones que sufrió durante el asalto. También indica que el costo total para la sociedad de estos ataques se calcula en 127 mil millones de dólares al año. Según Blue Grass, “si se toma en cuenta la atención médica a corto plazo, los servicios de salud mental y la pérdida de productividad, así como el dolor y el daño que sufren las víctimas, el costo por asalto sexual es de aproximadamente 110 mil dólares”.

Violencia sexual

Por otra parte, la Red Nacional contra el Abuso, las Violaciones y el Incesto (RAINN, por sus siglas en inglés), la mayor organización de Estados Unidos contra la violencia sexual, destaca en su página web que cada 98 segundos una persona es asaltada sexualmente en este país, y cada ocho minutos una víctima es un menor de edad. A pesar de ello, según la RAINN, solamente seis de cada mil delincuentes sexuales termina en la cárcel. De los encarcelados por delitos sexuales que son liberados, 60% es arrestado de nuevo por otro delito en menos de cinco años, y 51% en menos de tres.

De acuerdo con estadísticas de esa organización, siete de cada 10 violaciones sexuales son cometidas por un conocido de la víctima; 45% por un allegado; 28% por un extraño; y 25% por un ex esposo, ex novio o ex novia.

El “Efecto Weinstein”

En octubre de 2017, el diario The New York Times y la revista The New Yorker publicaron una ola de denuncias de acoso y violaciones sexuales en Estados Unidos. La figura central del nuevo escándalo ha sido el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. Más de 50 mujeres han dicho que este hombre, ganador del Oscar en 1999 por Shakespeare in Love y de cinco premios Tony por producciones de obras teatrales y musicales, había abusado de ellas.

“Entiendo que la forma en que me he comportado con mis colegas en el pasado ha causado mucho dolor y sinceramente pido disculpas por ello”, declaró Weinstein al Times, pero su abogada, Lisa Bloom, se apresuró a aclarar que su representado “descarta muchas de las acusaciones por ser evidentemente falsas”.

Una de las principales denunciantes fue la actriz, escritora y activista Ashley Judd, lo cual provocó que Weinstein fuera expulsado de la junta directiva de su propia compañía, la productora The Weinstein Company, empresa fundada en marzo de 2005 por él y su hermano Bob. Poco después, la actriz norteamericana de origen español Paz de la Huerta, reveló que Weinstein la había violado dos veces en el apartamento de ella en Nueva York. El laureado productor también fue expulsado de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. A partir de entonces, la ola de denuncias de abusos sexuales que se ha desatado ha sido llamada “el efecto Weinstein”.

Antes y después de conocerse el escándalo Weinstein, otras personalidades del espectáculo y la política también han sido acusados por sus presuntas víctimas de delitos similares. Entre ellos se encuentra el actor Kevin Spacey, el conductor de televisión Charlie Rose, el también actor Sylvester Stallone, el conductor de televisión Bill O’Reilly y el comediante Bill Cosby. El diario neoyorquino Daily News tiene una galería de fotos de 35 famosos acusados de acoso y violaciones sexuales. Hace más de cuatro décadas, en marzo de 1977, el director de cine Roman Polanski fue acusado de violar a la niña de 13 años de edad Samantha Jane Gailey. El día antes de su sentencia, Polanski huyó a Londres, Gran Bretaña, y luego a su natal Francia. Desde 2005, la Interpol tiene en sus manos una orden de captura contra el realizador galo.

La Policia de Los Angeles, a cargo de la seguridad pública de Hollywood, anunció en noviembre de 2017 que tenía 28 investigaciones en marcha, con 10 detectives dedicados solamente a quejas procedentes de la industria del cine y los medios de comunicación. El jefe de la policía angelina, Charlie Beck, dijo a finales de noviembre que “esto no termina aquí”, agregando que esperaba “otras muchas denuncias”.

Donald Trump

El presidente Donald Trump también ha sido acusado de acoso sexual por 15 mujeres desde la década de los años 80.

Políticos en la mira

Pero Hollywood parece ser únicamente la punta del iceberg. Los políticos también han sido blanco de denuncias, el primero de ellos el propio presidente Donald Trump. El empresario y líder político de la derecha norteamericana ha sido acusado de manoseos y besos indeseados por 15 mujeres desde la década de los 80. Pero lo más crítico para Trump fue la revelación, durante su campaña electoral de 2016, del audio de una conversación que sostuvo en 2005 con un periodista. En esa ocasión, Trump dijo que un famoso como él “puede hacer cualquier cosa” con una mujer, inclusive “besarla … y no esperar más, agarrarle el …. (la vulva)”. Trump dijo entonces que se trató simplemente de “una broma íntima entre hombres”, y que nunca había hecho lo que dijo.

Entre las denunciantes de Trump estuvo su primera esposa, Ivana, quien dijo que su ex la había violado durante el litigio de divorcio que ambos sostuvieron en 1989. Posteriormente, Ivana se retractó de su acusación. Asimismo, la empresaria Jill Harth demandó a Trump en 1997 por acoso sexual no violento, durante la ruptura de un contrato comercial entre ambos. Un arreglo entre las partes sobre el contrato, hizo que Harth retirara la demanda.

Otro político que ha estado en la mira es el candidato republicano al Senado por Alabama, Roy Moore. Este hombre de 70 años afronta cinco acusaciones de conducta inapropiada con menores de edad. La primera denuncia vino de una mujer llamada Beverly Young Nelson, ahora de 56 años, quien dijo que Moore abusó de ella en 1977. Posteriormente, otra mujer, Leigh Corfma, denunció que el ahora aspirante al Congreso la violó en más de una ocasión en 1979, cuando ella tenía 14 años de edad.

Moore fue elegido dos veces juez estatal, y las dos veces fue destituido de ese cargo por la Corte Suprema de Alabama, por no cumplir la Constitución de Estados Unidos. Después de la denuncias de abuso sexual, varios líderes republicanos han pedido a Moore que retire su postulación al Senado.

Los políticos californianos no escapan a las acusaciones. Un grupo de 147 mujeres demócratas y republicanas dedicadas a la política y el cabildeo en Sacramento, la capital de California, hizo pública una carta denunciando maltratos y humillaciones sexuales, de sus colegas del sexo masculino. Seis de ellas tienen puestos en alguna de las dos cámaras estatales y dos son legisladoras retiradas. La carta se dio a conocer el 17 de octubre de 2017, y el diario Los Angeles Times se hizo eco de la misma.

“Como mujeres líderes en política en un estado que se presenta como líder en justicia e igualdad, se podría asumir que nuestra experiencia ha sido distinta (a la de mujeres en otros ámbitos como la industria del cine). Pero no lo ha sido. Cada una de las que firmamos hemos sido objeto o testigos de algún tipo de trato deshumanizador por parte de hombres en nuestros lugares de trabajo”, dice la carta.

Un demócrata prominente y ex estrella del programa televisivo Saturday Night Live, el senador Al Franken, es otro que se ha visto en problemas. Cuatro mujeres lo han acusado de manosearlas de manera inapropiada. Una de ellas, Leeann Tweeden, conductora de radio en Los Angeles, dijo que el senador le había puesto la lengua en su boca durante un viaje de apoyo a las tropas norteamericanas en 2006. Esta mujer también dio a conocer una foto en la que aparece Franken con sus manos sobre el pecho de ella mientras dormía en un avión militar.

Por ahora, Franken se ha disculpado, pero ha dicho que no tiene planes de renunciar a su puesto en el Senado. Algunos expertos han dicho que si aparecen más denuncias, su carrera política podría estar en peligro.

Niñas nigerianas protestan contra Boko Haram.

Niñas nigerianas protestan contra los secuestros, violaciones y asesinatos del grupo radical islámico Boko Haram.

Una epidemia global

No sólo Hollywood es la punta del iceberg. También todo este fenómeno que saltó a la luz en octubre de 2017 en Estados Unidos, lo es. El mundo entero vive bajo el flagelo de la violencia sexual desde tiempos inmemoriales.

En el país africano de Nigeria, Boko Haram, grupo radical afiliado a Al Qaeda, secuestró a 276 niñas en la localidad de Chibok en abril de 2014. El propósito era convertirlas en esclavas sexuales. Algunas inclusive fueron testigos de ejecuciones a sangre fría, otras fueron obligadas a matar para salvar sus propias vidas. Muchas regresaron a la libertad embarazadas o con hijos, tres años después.

Según United Nations Women, 35% de mujeres a nivel global ha experimentado violencia física o sexual, entre ellas 120 millones de niñas que han sido obligadas a tener relaciones sexuales. Además, 750 millones de mujeres y niñas, vivas hoy día, fueron obligadas a contraer matrimonio antes de los 18 años.

En Egipto, de acuerdo con U.N. Women, 99% de las mujeres encuestadas en siete regiones del país, dijo haber sufrido acoso sexual.

Otro estudio, pero de la Organización Mundial de la Salud, revela que en Etiopía, 71% de las mujeres ha experimentado actos de violencia a manos de sus propias parejas, y 50% de las mujeres de Tanzania ha sufrido lo mismo.

Solamente en la Ciudad de México, 60.2% de mujeres encuestadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dijo haber sufrido alguna forma de violencia sexual a lo largo de su vida, así como 38% en todo el país.

Pero esta crisis no afecta solamente a los países en vías de desarrollo. La Europa desarrollada también presenta cifras escalofriantes. 52% de las mujeres de Dinamarca ha sufrido algún tipo de violencia física y sexual, así como 47% de las de Finlandia, 46% de las suecas, 45% de las holandesas, y 44% de las inglesas y francesas, según la Agencia para los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Por su parte, el tráfico humano o trata de personas es uno de los flagelos que castiga a mujeres, niños y niñas, ya sea en su modalidad sexual o laboral. Cifras de Naciones Unidas indican que en este mismo momento, 2.4 millones de personas son víctimas de este fenómeno que representa la tercera actividad ilegal más lucrativa del mundo después del tráfico de drogas y armas. Este negocio produce 32 mil millones de dólares al año.

Más allá de la trata, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en América Latina, dos millones de niñas, niños y adolescentes son víctimas de explotación sexual, comercial o laboral.

(Hernández Cuéllar, autor de la columna Cafe Impresso, es director y editor de Contacto Magazine, revista que fundó en julio de 1994 en Los Angeles, California. Es también autor del libro ¡Última hora! – Manual para el consumidor de noticias de la era digital. Desde 1981 ha trabajado en todo tipo de medios: agencias de prensa, diarios, radio, televisión, semanarios, internet, revistas y redes sociales. Fue redactor de la agencia EFE en Cuba, Costa Rica y Estados Unidos, así como editor metropolitano del diario La Opinión de Los Angeles, California, e instructor de periodismo de la Universidad de California en Los Angeles, UCLA).

*Fuente: www.contactomagazine.com/articulos/violencia-sexual-epidemia1117.htm#.WiHGjiPhC_G

Fotografía: contactomagazine

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El Salvador lanza campaña nacional contra violencia sexual.

Noticias
Centroamérica/El Salvador/28.11.2017/Autor y Fuente:  http://www.prensa-latina.cu/
El gobierno del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) insiste hoy en una educación para prevenir desde el hogar la violencia sexual contra niñas y adolescentes.
El Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (Conna) presentó recientemente la que apunta a la protección desde la familia, mediante la identificación de los delitos sexuales y el estímulo a denunciarlo y condenarlos.

De hecho, el presidente, Salvador Sánchez Cerén, destacó en un reciente discurso el trabajo de quienes luchan por erradicar la violencia de género en sus disímiles formas, ya sean físicas, verbales o psicológicas.

Entre las agresiones más graves destacó la violencia sexual, que propicia un alto índice de niñas y adolescentes embarazadas a temprana edad, y que por ello suelen ser discriminadas incluso en su propio entorno.

El jefe de Estado exhortó a la derecha parlamentaria a aprobar recursos para el programa Ciudad Mujer, iniciativa que contribuye al empoderamiento de las salvadoreñas y al desarrollo socio-económico del país.

‘No me explico como aquellos hombres y mujeres que dicen defender al pueblo no han votado por el presupuesto por ampliar Ciudad Mujer’, cuestionó el mandatario a los diputados del derechista partido Arena.

Amén de esta campaña, el gobierno de Sánchez Cerén lanzó la pasada semana una política que incluye el fortalecimiento de las medidas penales contra quienes cometan actos de violencia sexual y promuevan actitudes misóginas.

El jefe de Estado señaló que uno de los mayores desafíos será transformar el negativo ideario social que reproduce inequidades y desigualdades, por ende priorizará la reducción de las brechas sociales.

‘Es tarea de todas y todos garantizar que vivan en un entorno propicio para su desarrollo integral, donde la familia cumpla su rol fundamental en la orientación, la formación y la educación’, agregó.

Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=134526&SEO=el-salvador-lanza-campana-nacional-contra-violencia-sexual
Imagen: http://www.prensa-latina.cu/images/2017/noviembre/27/violenciasexual.jpg
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Cifras aterradoras de abusos a menores en planteles escolares en Ecuador

Noticias

Ecuador/23 noviembre 2017/Fuente: CNN en Español

En los últimos meses han salido a la luz decenas de casos de abuso sexual a menores en planteles educativos en Ecuador. Y a la gran preocupación que esto genera, se suman las denuncias de impunidad e ineficiencia atribuidas a las autoridades pertinentes, lo que ha colocado contra la pared al Ministerio de Educación de Ecuador.

La ola de denuncias de abuso sexual a menores en varias escuelas de Ecuador es desgarradora. Pero, más preocupante aún, es el bajo número de casos resueltos.

Por ejemplo, según un reporte de 2016 del Frente Ecuatoriano por la Defensa de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, en 2013 se registraron “634 denuncias de violencia sexual en el sistema educativo… Sin embargo, solo 33 casos terminaron en sentencias condenatorias, es decir, menos del 6%”. El documento señala que estas son “cifras que revelan la impunidad en que queda la mayoría de estos casos”.

Según el propio Ministerio de Educación, son al menos 107 los casos archivados desde 2015 por delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes.

Esto sin contar con los más de 900 casos de violencia sexual registrados en centros educativos públicos y privados de Ecuador desde 2014. Según el Ministro de Educación, Fander Falconí, 561 de estos delitos están vinculados al sistema educativo. Esto quiere decir que el 64% de los casos denunciados tienen conexión con los planteles escolares del país.

Tan solo en 2015, 152 posibles casos de delitos sexuales ocurrieron en centros escolares, pero solo 24 fueron denunciados por las autoridades educativas, de acuerdo con el Informe del Comité Técnico del Convenio entre la Fiscalía, Ministerio de Educación y la Judicatura de Ecuador.

Pero, al parecer, el problema de acoso sexual a menores en centros educativos forma parte de un problema aún mayor.

Según un reporte del Ministerio de Educación, World Vision y UNICEF publicado en 2015, uno de cada cinco estudiantes de entre 11 y 18 años afirma haber sido víctima de acoso escolar.

Son cifras alineadas a un estudio realizado ese mismo año por la organización “Rescate Escolar”, en el Distrito Metropolitano de Quito, que afirma que el 35% de los estudiantes indica haber sido víctima, en al menos una ocasión, de algún maltrato por parte de sus profesores.

La organización además señala “que las instituciones educativas, en especial los colegios privados, se han afanado más en silenciar el padecimiento de las víctimas que en brindarles a ellos y sus familias, la protección eficaz a la que tienen derecho, actuando como pésimos agentes de protección, tomando partido a favor de los presuntos agresores e incluso minimizando, rehuyendo y hasta ocultando estos hechos”.

En respuesta, el Ministerio de Educación ha impulsado el Plan Nacional de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, que establece protocolos frente a situaciones de violencia detectados o cometidos en planteles educativos. También, se unió a la campaña de UNICEF en Ecuador, #AhoraQueLoVes #DiNoMás.

Fuente: http://cnnespanol.cnn.com/2017/11/22/cifras-aterradoras-de-abusos-a-menores-en-planteles-escolares-en-ecuador/

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