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Argentina: ¿Dónde está Gisela Gutiérrez?

América del Sur/Argentina/19-07-2020/Autor(a) y Fuente: www.facebook.com/Campaña Contra las Violencias – Mendoza

Cinco años sin respuestas, cinco años sin justicia.

Este 19 de Julio se cumple un año más de la desaparición de Gisela Gutiérrez y desde la Campaña contra las Violencias queremos alzar nuestras voces para romper el aislamiento y volver a los cuerpos la pregunta urgente: ¿Dónde está Gisela?

Convocamos a las organizaciones feministas, sociales y políticas a difundir y acompañar a la familia de Gisela en esta lucha que vienen sosteniendo a pesar de la desidia estatal y las múltiples violencias patriarcales

¡El estado en todos sus poderes es responsable!

Fuente e Imagen: https://www.facebook.com/1087555371397134/photos/a.1133231133496224/1712764618876203/

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Repudio a los violentos ataques contra trabajadores de prensa/Argentina

América del sur/Argentina/10/07/2020/Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma

 

Desde la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma rechazamos enérgicamente la salvaje agresión recibida por trabajadores de prensa durante la tarde de ayer en el centro porteño y expresamos nuestra absoluta solidaridad.

Desde nuestra central sostenemos que las manifestaciones de cada sector deben producirse únicamente en un marco de respeto, y lejos del odio y la intolerancia.

En ese sentido, entendemos que hechos como este solo consiguen reducir los espacios de disenso y promueven la violencia.

Pedimos que se investiguen y sancionen a los responsables de este hecho absolutamente repudiable, quienes además violaron el aislamiento social preventivo y obligatorio, poniendo en riesgo a cientos de personas por causas no esenciales.

Este lamentable episodio reafirma que aún resta mucho por  hacer en la construcción de una convivencia democrática y en defensa de la libertad de expresión.

Buenos Aires, 10 de julio de 2020.

Fuente: Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma

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La masacre de San Mateo del Mar

Por: Luis Hernández Navarro

Ofensiva de los poderes fácticos regionales

San Mateo del Mar está de luto. El pasado domingo 21 de junio, un grupo criminal segó la vida de 17 habitantes, incluidas dos mujeres, reunidos en la agencia municipal de Huazantlán del Río para efectuar una asamblea. Los matones encapuchados los emboscaron a la altura de la colonia Reforma, usando machetes, gasolina, palos, piedras y armas de fuego. No contentos con la agresión, calcinaron a varias de sus víctimas. Pese a que la gente llamó a la Guardia Nacional y ésta llegó, se retiró cuando comenzó el ataque.

No es la primera arremetida violenta que los defensores de la asamblea sufren. Apenas el 3 de mayo fue asesinado Filemón Villalobos, agente municipal suplente de Huazantlán, sin que el crimen fuera esclarecido ni se haya hecho justicia.

San Mateo del Mar es un municipio ikoot (huave) de alta marginación, en que viven 15 mil habitantes (6 mil de ellos en la cabecera municipal), rodeado de lagunas y mares. Está ubicado en una estrecha barra que separa la Laguna Inferior del Golfo de Tehuantepec, con un solo camino de terracería como vía de comunicación. Entre octubre y marzo fuertes vientos azotan la región en todo el municipio. La mayoría de su población se dedica a la pesca (https://bit.ly/31oPLfW).

El municipio ha sufrido conflictos agrarios desde hace más de 60 años. A lo largo de la década anterior se acentuaron. Grandes compañías eólicas pretenden adueñarse de ese territorio. A diferencia de otras comunidades, en 2008 San Mateo rechazó la instalación de aerogeneradores, que individualizan la posesión de la tierra. Se opuso a la entrada del megaproyecto eólico Preneal. Y, junto a San Dionisio, impulsó la expulsión de Mareña Renovables, que pretendía instalar más de 100 molinos eólicos en la ecológicamente frágil Barra de Santa Teresa, territorio sagrado ikoot (https://bit.ly/31o1yva.

Desde 2017 San Mateo padece un conflicto político electoral que amenaza su sistema normativo interno. El núcleo de pobladores que encabeza la resistencia caracteriza la agresión que sufren como una guerra contra el pueblo y su máximo órgano de toma de decisiones, la asamblea de la cabecera y las agencias municipales, presidida por sus autoridades tradicionales cívico-religiosas.

Hasta ese año, se elegía a las autoridades municipales por rotación, de acuerdo con la división territorial del pueblo y sus agencias. Sin embargo, a partir de entonces, como resultado de la presión de un ciudadano que demandó su derecho a ser elegido autoridad a pesar de no haber servido en el sistema de cargos, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) ordenó realizar comicios por planillas. Con apoyo empresarial se impuso un candidato por medio de un enorme fraude electoral contra la asamblea, comprando votos. Sin embargo, el presidente municipal espurio no pudo portar el bastón de mando, ni despachar en la alcaldía, aunque dispuso de las partidas presupuestales.

En 2019, los poderes fácticos encabezados por el empresario Jorge Leoncio Arroyo Rodríguez, repitieron el fraude. Ya en la administración se despacharon en grande con los contratos de obra pública y la administración de fondos municipales. Al igual que su antecesor, Bernardino Ponce, el nuevo alcalde, tampoco puede atender las responsabilidades de su cargo en el palacio municipal.

Según denuncian víctimas de la agresión, entre otros, forman parte del grupo de poder embarcado en la guerra contra la asamblea, el constructor Camerino Dávalos, Sofía Castro Ríos. Anabel Sánchez Hernández, Emanuel Bustillo (comandante del Frente Único de Agencias) y Roberto Rueda Velázquez.

Adicionalmente, la delincuencia organizada ha sentado sus reales en algunas agencias municipales. Comenzaron sus actividades con el robo de cable de cobre del tendido de alta tensión, en Santa Cruz. Los malosos locales son una isla de un archipiélago criminal más amplio, que se estableció y expandió en Juchitán y Salina Cruz con la llegada de Gabino Cué a la gubernatura de Oaxaca. Drogas, secuestros, piratería, tráfico de migrantes, extorsión son algunos de los negocios a los que se dedican.

El 23 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un diagnóstico sobre el origen de la masacre. “Es –dijo– una confrontación por el gobierno municipal, por un lado son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades. Suele pasar que en los ayuntamientos cuando hay elecciones y queda de presidente municipal alguien de la cabecera municipal, hay el malestar de las comunidades porque se sostiene que lo que llega de apoyo en obras o presupuesto sólo se aplica en la cabecera y no se distribuye en las agencias.”

Sin embargo, en este caso la naturaleza del conflicto es diferente. Los agredidos, además de pertenecer a la cabecera municipal, representan también a otras agencias. La matanza es parte de la ofensiva de los poderes fácticos regionales, funcionales a la industria eólica, para desmantelar o debilitar a los núcleos organizados que se oponen a los megaproyectos y articulan la defensa de su territorio, sus recursos naturales y su cosmovisión, y que han avanzado en una alianza con su vecina Santa María. El asunto se agrava por la construcción del corredor interoceánico.

La masacre de San Mateo del Mar no debe quedar impune. Urge brindar medidas cautelares a la comunidad. El duelo mareño debe encontrar verdad, justicia y reparación del daño.

Fuente: https://www.lahaine.org/mm_ss_mundo.php/la-masacre-de-san-mateo

Imagen: https://pixabay.com/

 

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Reversa al pin parental en Aguascalientes

Por: Carlos Ornelas

¿Quién fuera a decirlo? En unas cuantas semanas la tuerca dio vuelta. En Nuevo León pasó y luego, tras una reconvención que la Secretaría de Gobernación aventó al Congreso local, el llamado pin parental no franqueó la puerta de entrada a la ley de educación local. Pero sí en Aguascalientes y por unanimidad, además.

En términos sencillos, el pin parental es una adaptación de las iniciales en inglés de personal identification number para dispositivos digitales o cajeros de bancos, es el nip. En canales de televisión de paga o en plataformas de internet, los padres usan ese pin para fiscalizar ciertos programas y evitar que sus vástagos los vean.

El partido político español Vox lo adoptó con el fin de ponerse a la vanguardia en la censura a la educación sexual y reproductiva que se estableció en programas de estudio y libros de texto. Invoca a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aunque también apela a la consigna de libertad de elegir y detrás de esos preceptos se encuentra una moral religiosa arcaica y dogmática.

El texto que propuso un diputado del Partido Encuentro Social quedó plasmado en artículo 4 de la Ley de Educación del estado de Aguascalientes:

[…] la autoridad educativa estatal dará a conocer de manera previa a su impartición, los programas, cursos, talleres y actividades análogas en rubros de moralidad, sexualidad y valores a los padres de familia a fin de que determinen su consentimiento con la asistencia de los educandos a los mismos, de conformidad con sus convicciones.

Este precepto asienta un veto que los padres de familia pudieran imponer a la enseñanza de valores cívicos, perspectiva de género, promoción de estilos de vida saludables, educación sexual y reproductiva que plasma el párrafo decimoprimero del artículo 3 de la Constitución.

El artículo del pin parental es la punta de lanza de una ofensiva más amplia que, por una parte, recupera parte de los debates del siglo XIX, cuando los liberales pugnaban por la enseñanza libre, es decir, al margen de la religión y del control de la Iglesia católica. Tras guerras civiles, el precepto se asentó en el artículo 3 de la Constitución de 1857.

Por otra parte, atenta contra la educación laica que los constituyentes de 1917 instituyeron tras largos debates, nada más la discusión del artículo 27 tomó más saliva de los congresistas. Éste daba por terminado un Estado oligárquico asentado en la hacienda, el 3 ratificaba que el monopolio de la conciencia nacional ya no pertenecía a la Iglesia.

La Segob (también Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación en un artículo en El Universal), que no la Secretaría de Educación Pública, debatieron con “los conservadores” (esta vez el vocablo se aplicó en el sentido histórico) porque atacaba el monopolio del gobierno para definir planes y programas de estudio. Fue la defensa burocrática del Estado educador.

Hoy va para atrás en Aguascalientes. Diputados locales de Morena, PRD y PRI, incluso uno del PES, lanzaron una iniciativa para reformar  la reforma porque, expresa su exposición de motivos: “Errar es de humanos, perdonar es divino, rectificar es de sabios”.

Más allá de que los proponentes se califiquen de sabios (elogio en boca propia…), la crítica de maestros, organizaciones de la sociedad civil, colectivos de defensa de los derechos humanos, académicos, periodistas y ciudadanos comunes, forzaron a los diputados hidrocálidos a meter reversa.

Estos detractores del pin parental salvaguardaron el derecho de la infancia y los adolescentes a una educación científica y libre de dogmas. El impulso a un estilo de vida sana implica a la educación sexual. Está comprobado, además, que una enseñanza de esa naturaleza disminuye prácticas de riesgo, retrasa el inicio de la vida sexual, aminora la violencia y la homofobia.

¡Qué bien que la reforma de mayo en Aguascalientes resultó fuego fatuo! La sociedad civil frenó la intentona derechista. Una pequeña victoria para celebrar.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/reversa-al-pin-parental-en-aguascalientes/

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Masacre en Oaxaca es resultado de los proyectos de desarrollo en los territorios indígenas: académicos, activistas y organizaciones

América/México/01/07/2020/Autor y fuente: desinformemonos.org

 

La masacre de 15 indígenas ikoots en San Mateo del Mar, Oaxaca, perpetrada por un grupo armado el pasado 21 de junio, «es resultado de los proyectos de desarrollo que se buscan implementar en los territorios indígenas» y no «un conflicto interno o poselectoral, como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador», aseguraron activistas, académicos y organizaciones.

En un comunicado, en el que manifestaron su solidaridad con el pueblo ikoots de Oaxaca, los académicos y organizaciones explicaron que la violencia y el hostigamiento contra los habitantes de San Mateo del Mar escalaron «desde que se nombró al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa en octubre de 2019», pues las elecciones «no sólo no respetaron el sistema normativo interno, sino que además tuvieron serias irregularidades».

Agregaron que desde mayo de 2020 el pueblo ikoots denunció las agresiones «por parte del edil y su grupo paramilitar», pero que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca no intervino para garantizar la seguridad de la comunidad.

Los académicos y activistas indicaron que la masacre del 21 de junio y la violencia en general contra el pueblo ikoots se insertan «en los intentos del gobierno por desestabilizar la región y ponerla al servicio del capital», por lo que exigieron que se detengan las incursiones desarrollistas, salgan las empresas de los territorios indígenas y se respeten los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos.

A continuación el comunicado completo:

SOLIDARIDAD CON SAN MATEO DEL MAR

La situación que atraviesa la comunidad Ikoots de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, evidencia el perverso vínculo entre la política desarrollista del Estado y la actuación del crimen organizado en nuestro país. San Mateo del Mar por más de una década ha estado luchando por defender su territorio frente a las constantes amenazas por la instalación de parques eólicos, la privatización de su territorio, la construcción de un rompeolas y la modernización del puerto en Salina Cruz.

Desde que se nombró al presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, en octubre de 2019, el hostigamiento hacia los habitantes de San Mateo del Mar ha incrementado. Este nombramiento surgió de unas elecciones establecidas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que no sólo no respetaron el sistema normativo interno, sino que tuvieron serias irregularidades. Estos hechos despertaron el enojo y la oposición de los habitantes de San Mateo hacia el presidente impuesto y escaló el conflicto.

La noche del 2 de mayo de 2020, la comunidad de San Mateo ya denunciaba la fuerte agresión que vivía y que desembocó en un ataque armado en la Agencia Municipal de Huazantlán del Río. Reportaron un hombre asesinado, varios heridos y viviendas y vehículos incendiados. Se denunció que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca desde inicios del año tuvo conocimiento del conflicto, pero no ha intervenido. En su comunicado nos advertían de que podrían venir actos más graves. Desde entonces las intimidaciones y violencia no cesaron por parte del edil y su grupo paramilitar. El domingo 21 de junio un ataque a hombres y mujeres de las Agencias municipales de San Mateo del Mar cobró la vida de quince de ellos.

Condenamos la masacre perpetrada en San Mateo de Mar, demandamos justicia para el pueblo Ikoots y respaldamos las exigencias hechas por la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots. Además, exhortamos a entender este conflicto en los intentos del gobierno por desestabilizar la región y ponerla al servicio del capital. No se trata de un conflicto interno o poselectoral, como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta masacre es resultado de los proyectos de desarrollo que se buscan implementar en los territorios indígenas. Por eso, exigimos se detengan las incursiones desarrollistas, salgan las empresas que ambicionan sus territorios y se respeten los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos.

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO IKOOTS!

¡NO al Corredor Interocéanico!

Nombre completo, institución/organización/colectiv@

Alberto Velázquez Solís, Mérida, Yucatán

Alejandra Aguilar, CIESAS-Occidente

Alfredo Salazar Duque, Colombianos por la paz

Alicia Castellanos Guerrero, UAM

Ana María Vera Smith

Ángela Sandoval Uhthoff, UNAM

Bárbara Zamora, UNAM y Bufete Jurídico Tierra y Libertad A.C.

Bertha Elena Munguía Gil,

Daniele Fini, Universidad Iberoamericana Puebla

Emiliana Cruz, CIESAS-CDMX

Enzo Traverso, Universidad de Cornell, Nueva York

Eugenia de la O Martínez, CIESAS-Occidente

Eugenia Legorreta, IberoO

Fernando Matamoros Ponce, ICSyH-BUAP

Francisco Morfín, Isia Ayuuk

Gaspar Rivera-Salgado, UCLA

Gerardo Bernache, CIESAS-Occidente

Gerardo González Figueroa, ECOSUR Unidad San Cristóbal

Gilberto López y Rivas, INAH-Morelos

Inés Durán Matute, RLS/ICSyH-BUAP

Javier Herran, Lumaltik Herriak

Jean Robert, Universidad La Salle Cuernavaca Morelos

John Patrick Holloway, ICSyH-BUAP

Jorge Alonso, CIESAS-Occidente

José Antonio Olvera Llamas, Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense de apoyo al CNI/CIG

José Bautista, ITESO

José Javier Capera, Revista FAIA- Argentina

José Luis Mariño López, Colectivo Bordando por la Paz y la Memoria

Julia Preciado, CIESAS-Occidente

Lilia García Torres,

Linda Quiquivix, educadora popular (California, EEUU)

Lola Cubells Aguilar, Asamblea de Solidaridad con México del País Valencià (España)

Margara Millan, UNAM

Margarita Dalton, CIESAS-Pacífico

Melike Yasar, representante del Movimiento Mujeres del Kurdistán para AMérica Latina y miembro del Congreso Nacional de Kurdistán

Oscar Arnulfo de la Torre de Lara, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Patricia Fortuny Loret de Mola, CIESAS-Peninsular

Ramón Morales Balcázar, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

Raúl Gutiérrez Narváez, REDIN Chiapas

Renée de la Torre, CIESAS-Occidente

Rocío Moreno, Comunera de Mezcala, Jalisco

Rodrigo Camarena, ITAM

Rosa María Garza Marcué. INAH

Santiago Bastos, CIESAS-Occidente

Sergio García Reynaga, Comunidad Antihistoria

Sofía Blanco Sixtos,

Susana Vázquez, CIESAS-Occidente

Sylvia Marcos, Red de feminismos descoloniales

Walter Omar Kohan, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Xochitl Leyva Solano, CIESAS-Sureste

Laura Nereida Plascencia Pacheco (CLADEM  Y PARITÉ)

Santiago A S, San Lorenzo de Azqueltán

Aguanita Zamora, Comunidad Purépecha y Kunkuarhekua iapuru ixï Anapuech’a

Irene Alvarado Saravia Programa Indígena Intercultural ITESO

Raúl Delgado Wise, UAZ

Carolina C. González González, Universidad Autónoma de Baja California Sur

Ilse Andrea Morelia Trujillo. Becaria de IILA – Universidad de Nápoles Orientale.

Francisca Zalaquett Rock, Centro de Estudios Mayas, UNAM.

Cristiano Tallè (universidad de Naples ‘L’Orientale’, Italia)

Grecia Jurado Azuara, UNAM

Antonio Fuentes Díaz, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Juliana Gómez, BUAP

Instituciones/Organizaciones/Colectiv@s

Colectiva Feminista MAPAS

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)

Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)

Preparatoria Comunitaria José Martí, San Francisco Ixhuatán, Oaxaca

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/masacre-en-oaxaca-es-resultado-de-los-proyectos-de-desarrollo-en-los-territorios-indigenas-academicos-activistas-y-organizaciones/

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Los bastiones de la convivencia

Por: Roberto Patiño

En Venezuela vivimos graves momentos de caos y colapso. La terrible conjunción de la crisis del país, sometido al modelo destructivo del régimen, y los efectos de la pandemia del covid-19 en lo social y económico, castigan diariamente a los venezolanos.

Los testimonios de líderes y voluntarios en las comunidades hablan de la grave situación que estamos viviendo, en la que el hambre, la hiperinflación, la escasez de combustible, el colapso de servicios básicos y la violencia desbordan a las personas. Una de nuestras líderes nos relata: “La comunidad pasa demasiado trabajo, no hay agua, ni luz. No hay nada que comer, jamás me imaginé tanta hambre, miseria en mi comunidad y mi país”.

En Petare, enfrentamientos entre bandas a principios de mayo se mantuvieron por más de una semana, en medio del silencio y la inacción de cualquier autoridad. Así lo cuenta una de nuestras madres: “Las Hermanas se fueron de la escuela. Los vecinos se han ido. Ventanas partidas. Puertas violentadas. De noche es una boca de lobos. No dejan encender las luces a los que habitan por allí… Yo vivo en medio de las dos zonas… y vemos pasar las balas… ha sido horrible. Mis niños lloran, nos escondemos. Son horas seguidas de angustia”.

La escasez de combustible ha generado graves trastornos. Se testimonia el maltrato de efectivos asignados al resguardo y control de las estaciones de servicio, el tener que hacer colas enormes, desde horas de la madrugada o la noche anterior, sin saber si se recibirá el combustible o no, así como el surgimiento de situaciones ilegales en las que se empieza a establecer un mercado negro de gasolina.

La actual situación del país es la de un régimen que impone un modelo de represión y sometimiento que busca reemplazar cualquier forma de convivencia. El Estado persigue y hostiga, criminaliza y excluye. Incluso acusa a organizaciones que defienden los derechos humanos, como Provea y Cofavic, de ser “enemigos internos”.

Pero frente a esta situación debemos resaltar el esfuerzo que la gente, en comunidades y desde grupos de la sociedad civil, realiza todos los días para mantener vivos los valores convivenciales que son atacados todos los días por el poder. Las personas en la calle,  a pesar de las dificultades y de la violencia, mantienen en sus vidas la luz de la humanidad y el reconocimiento del otro.

Frente a la situación de violencia en Petare, se tomaron medidas para reiniciar actividades cuando cesaran los enfrentamientos. Así los afirma Andrés Schloeter: “Con mucho dolor se tuvieron que retirar temporalmente de la escuela para preservar su seguridad. Sin embargo,  estoy seguro que las hermanas volverán con más fuerza a la escuela, nosotros podremos abrir nuevamente las puertas del comedor y todos juntos continuaremos al servicio de nuestra gente”.

También lo vemos en nuestro trabajo en iniciativas como Alimenta La Solidaridad en la que vecinos se organizan en cadenas humanas de distribución para poder llevar los almuerzos en diversos sectores de una comunidad en medio de la cuarentena. En sectores de Petare como Santa Lucía, los vecinos generan grupos de apoyo para las personas de la tercera edad que no tienen acceso a alimentos y medicinas.

En zonas como La Vega, la voluntad de continuar trabajando es la fuerza impulsora que ayuda a seguir día a día frente a las dificultades. Así lo cuenta uno de nuestros líderes: “Vivo matando tigres, con la moto me rebusco. Hay que ser un varón, y como sea hay que resolver. En Propatria, la gente se está organizando ante tanta tragedia, hambre y miseria. No hay agua, ni luz, el sueldo no rinde, no hay medicamentos. El derecho a la vida está pisoteado. Pero lo que seguimos haciendo por nuestros chamos me mantiene en pie de lucha”.

Estas son solo algunas voces que expresan la voluntad de superación de los problemas, negándose a reproducir la cadena de violencia y subyugación del modelo dictatorial.  Frente a la imposición de la violencia, las personas se convierten en bastiones de convivencia y solidaridad, que desde el ejercicio cotidiano de estos valores significan una esperanza cierta de que podremos atravesar la tragedia que hoy nos embarga.

robertopatino.com

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OPINIÓN | Guerrero, en extrema vulnerabilidad

Por: Tlachinollan

Daniel Chiquiar Cikurel, director general de Investigación Económica del Banco de México, calificó como estados muy vulnerables a Quintana Roo, Guerrero y Baja California Sur, “porque tienen una orientación turística y, por lo tanto, claramente, el riesgo de perder empleo por estar en actividades muy riesgosas, es elevado”. El turismo que se ha catalogado como una actividad no esencial en la fase tres de la pandemia, coloca en una situación sumamente critica a nuestra entidad, por el elevado número de empleos que se han perdido. Esta situación ha impactado fuertemente en el Puerto de Acapulco, que es el corazón de la economía del estado.

El Banco de México en su reporte sobre las Economías Regionales de enero – marzo de 2020, registró una pérdida de 685 mil 840 puestos de trabajo, según cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Reporta que las mayores contracciones se dieron en Quintana Roo, Nayarit, Baja California Sur y Guerrero. Son estados cuya vocación productiva está orientada al turismo que, ante el choque sanitario, la gran mayoría de trabajadores pasó de la noche a la mañana a las filas del desempleo. Por su parte el gobernador Héctor Astudillo, informó que la fase tres de la pandemia provocó la pérdida de más de 50 mil empleos formales e informales, llegando a cerrar 220 hoteles en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón. La situación pasó de ser delicada a grave.

El grave problema que enfrentamos como estado es que una alta proporción de la fuerza laboral se concentra en un sector económico vulnerable, como ahora es el turismo. Las grandes fluctuaciones en los niveles de ocupación son como una ola que arremete con toda su fuerza contra los trabajadores de este sector. La contingencia ha castigado con toda su furia a la población que se asienta en los centros turísticos del estado.

La gran desventaja es que se trata de trabajos que no pueden llevarse a cabo a la distancia. Los turistas requieren una atención personalizada y un servicio directo. El turismo implica el desplazamiento de personas por diferentes vías de comunicación, marcado por temporadas altas y bajas y centrado en el esparcimiento, la diversión y el descanso. Nada de estos servicios se pueden obtener a distancia, por lo mismo, las empresas están imposibilitadas de implementar otra modalidad de trabajo para mantener la continuidad de sus actividades. Por otra parte, el nivel de calificación que se requiere para la asignación de determinados puestos, no exige un alto grado de profesionalización. Por lo mismo, la rotación laboral es mayor y el desempleo es una amenaza inminente.

El estudio del Banco de México enfatiza que la falta de gobernanza es también un factor de mayor riesgo para el crecimiento económico, es decir, que si en estados como Guerrero, la violencia y la inseguridad pública, siguen siendo la principal amenaza para la población, se truncan las posibilidades de que se consoliden las inversiones económicas en las diferentes regiones de la entidad. No solo el COVID – 19 vulnera nuestro desarrollo, sino también la debilidad de nuestras instituciones y la fragilidad de nuestro orden constitucional.

El reciente informe publicado por International Crisis Group, titulado La guerra cotidiana: Guerrero y los retos a la paz en México, afirma que nuestro estado es el epicentro del crimen organizado en México, con más grupos luchando por el control del territorio que en cualquier otra región del país. “Al menos 40 grupos luchan, por un diverso portafolio criminal, que incluye la producción y el tráfico de drogas, sobre todo heroína, para el mercado estadounidense y varios tipos de actividades criminales, que han aparecido recientemente, principalmente la extorsión (…) una reforma a la policía civil, la protección de las poblaciones vulnerable y el desarme de grupos violentos, son tareas esenciales para que el estado salga de su guerra crónica (…) el gobierno debe de proveer los recursos y la protección física para permitir que la sociedad civil local, tal como las organizaciones de víctimas, asuman roles de liderazgo en estos procesos”.

Por otra parte, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó la siguiente investigación: Vulnerabilidad ante el COVID-19 en México, donde plantea las tres principales dimensiones del índice de vulnerabilidad en el marco de la pandemia: la demográfica que incluye factores socioculturales que dificultan el acceso a la información para prevenir el contagio y acudir a los servicios médicos; la salud que se refiere a la presencia de morbilidades asociadas a complicaciones del coronavirus como diabetes, hipertensión, enfermedades pulmonares  e infraestructura en salud, y la socioeconómica, relacionada con la satisfacción de los derechos básicos y la capacidad económica.

El índice de vulnerabilidad está clasificado en 4 grados: media, alta, muy alta y crítica. En la Montaña de Guerrero el grado muy alto de vulnerabilidad se concentra en los municipios de mayor marginación, que cuenta con áreas urbanas pequeñas y un gran número de comunidades dispersas. En esta región la infraestructura de salud es muy escasa, con una tasa de hacinamiento alta. Los hogares cuentan con pocos medios de comunicación y la producción económica es precaria. Son municipios mayoritariamente indígenas. Para los investigadores, las poblaciones con un grado critico de vulnerabilidad, representan un reto mayor que debe ser atendido de manera especial por las autoridades. En términos socioeconómicos, son los municipios con menor capacidad de resistencia y por consecuencia, menor capacidad de resiliencia. Por lo mismo, debe ser un imperativo que la política pública se encamine a evitar la propagación de contagios en estas áreas, ya que no existen los servicios médicos para atender a quienes se enferman.

El estudio señala que la mayor vulnerabilidad se concentra en los municipios más marginados del país, como Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Hace unas semanas, el gobierno federal catalogó como municipios de “La Esperanza”, a 269 que se ubican fundamentalmente en estos estados y se caracterizan por su alta marginación. Su vulnerabilidad es extrema, a pesar de que no hay contagios, sin embargo, la precariedad en la que viven tiene fuertes efectos negativos en las economías locales. Se señala que es en estos municipios donde se deben prevenir a toda costa los contagios, ya que además de la precariedad económica, los servicios de salud son prácticamente nulos.

Recomiendan aumentar y mantener las medidas de prevención del contagio en municipios con vulnerabilidad muy alta y critica, aunque no presenten casos, por el alto impacto de la pandemia. Sugieren que no se levante las medidas de mitigación del contagio, porque no hay certeza de que en estas poblaciones estén al margen de los intercambios económicos, sociales y culturales. Más bien, existe una gran movilidad poblacional, ante la falta de trabajos remunerados. La alta migración que se ha registrado por parte de familias indígenas provenientes de los municipios de Cochoapa El Grande, Metlatónoc, Alcozauca, Atlamajalcingo del Monte y Tlapa, que se trasladan a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato, nos muestran el intenso desplazamiento que se está dando, sin que se implementen acciones coordinadas entre los estados expulsores de mano de obra jornalera y los estados receptores para prevenir contagios y brindar una atención digna a mujeres, niñas, niños, jóvenes y adultos mayores que ante la falta de condiciones materiales y económicas para sembrar en sus pequeñas parcelas, no tienen otra alternativa que realizar actividades agrícolas  extenuantes.

Hoy el gobierno de Guerrero no deja de insistir en su publicidad oficial que la pandemia no ha terminado. Que necesitamos extremar precauciones. El mensaje que dio este domingo el gobernador, fue muy enfático, al reiterar que el semáforo rojo se mantiene en el estado. Advirtió que no estamos en condiciones de abrir las actividades no esenciales. Anunció que se aplaza hasta el 30 de junio del 2020 el inicio de estas actividades. También enfatizó que es obligatorio el uso de cubrebocas en espacios públicos y recomendó el uso de la careta. Reconoció que hay una gran cantidad de contagios, remarcando que por esta situación mucha gente está sufriendo.

En esta semana las cifras de decesos rompieron récord con 61 defunciones en un solo día, arrojando el domingo 14 de junio, un total de 546 defunciones y 3 mil 325 casos confirmados. Lo que más preocupa es que sigue aumentando el número de casos, a pesar de las escasas pruebas que se aplican en los centros hospitalarios. El fenómeno de la comorbilidad, es decir, el padecimiento de dos o más enfermedades que tiene una misma persona, ha desconcertado a un gran número de familiares y a la población en general, porque a pesar de que hospitalizan a sus enfermos por diabetes o hipertensión, cuando el desenlace es fatal, los médicos dictaminan, que la causa de su muerte fue por coronavirus. Esto ha generado desconfianza entre los nuevos pacientes y desencadenado versiones inverosímiles, de que en los centros hospitalarios la gente se está contagiando y muriendo por COVID – 19.

Otro elemento que es importante señalar, es el doble sufrimiento de las familias, quienes además de tener a un familiar hospitalizado, deben de sufragar todos los gastos relacionados con la compra de medicamentos. En el hospital de Tlapa, hemos constatado que ni siquiera mascarillas, ni paracetamol pueden proporcionarles a los pacientes. Desconocemos dónde está el problema, pero lo real, es que ha habido pacientes que han gastado hasta 10 mil pesos en la compra de medicamentos. Estas situaciones que deben de atenderse y corregirse, se adhieren a los problemas más complejos que enfrentamos en el estado, y que nos colocan en el desfiladero de la extrema vulnerabilidad.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-guerrero-en-extrema-vulnerabilidad/

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