Sudáfrica: Una clase para frenar la epidemia de agresiones sexuales a menores

África/Sudáfrica/29 Agosto 2019/El país

Sudáfrica asiste conmocionada al incremento de la violencia sexual, que afecta como mínimo al 35% de los estudiantes. Un programa escolar trata de atajar la estructura social sobre la que se sustenta

Los alumnos del último curso de secundaria de la escuela Rauwane Sepeng, ubicada en uno de los escasos descansos orográficos que concede el corredor del platino, en el noroeste de Sudáfrica, están calculando la fricción entre dos cubos de cuatro y ocho kilogramos dibujados en la pizarra. Al poco de tocar el timbre, Lydia Ganda deja sus cosas sobre la mesa del profesor. Ella no viene a hablar de física. Ni siquiera de algo que vaya a computar para la media académica. Va a hablar de sexo.

«Antes de iniciar cualquier relación sexual necesitamos consentimiento. Tenemos que preguntar. La respuesta solo puede ser Sí o No. No hay proceso más correcto que el de preguntar, esperar la respuesta y respetarla», escribe para empezar en la pizarra, donde antes estaban los cubos y las fórmulas matemáticas.

—¿Y si no dice nada, si se queda en silencio? Hay que darle tiempo, se responde Lydia a sí misma.

—A lo mejor quiere decir que sí, interviene un chico sentado en medio de la clase. Es el primero que se aviene a hablar. Su compañera de atrás le da una colleja al escuchar su respuesta. Los demás ríen.

—Exacto. El silencio no es consentimiento. Ningún silencio es aceptable. Solo un sí es aceptable, repite Lydia.

Hay más alumnos que quieren participar.

—Muchos chicos piensan que si nos invitan a salir a cenar fuera quiere decir que les tenemos que dar algo a cambio.

—¿Acaso no es así?, bromea, o quizá no tanto, otro de los chicos. Es alto y muy delgado. Parece mayor que los demás. Varias alumnas a su alrededor le increpan, tampoco demasiado en serio.

—¿Cómo va a ser así?

—Lo que dices, —vuelve a contestar la trabajadora comunitaria del programa de educación sexual puesto en marcha por Médicos sin Fronteras en Rustenburg—, no deja de ser una coerción, aunque sea psicológica. Porque la coerción no es solo física, la que deja moretones, si también moral, la que no se ve.

—¿Y si yo solo quiero hacer hasta un punto? ¿O si de pronto aparece alguien?

—Un sí es solo sí hasta aquí y hoy. No es un permiso para hacer lo que queramos cuando queramos. Tenemos que preguntar a nuestra pareja lo que quiere hacer en cada momento, porque igual solo quiere ir de la mano; o al centro comercial por si aparecen sus padres; o puede que quiera cierta intimidad sexual. Lo importante es que preguntéis y respetéis lo que quiera la otra persona, insiste Lydia. Está hablando para chicos de entre 16 y 18 años.

—¿Y si ella piensa que voy muy despacio?, pregunta un chico.

—Lo que tienes es que pedir permiso para pasar a la siguiente fase.

—¿Y si acordamos algo por WhatsApp, pero luego me arrepiento?

Las preguntas fluyen una detrás de otra. Les interesa más que la clase de física

—Siempre vas a tener la posibilidad de echarte para atrás. O de decir sí a la intimidad sexual, pero no a la penetración.

—Pero si decimos que no, después nos van a hacer sentir culpables. O, por ejemplo, si vamos a casa de un chico entiende que vamos a tener sexo.

—Pero no tenéis que hacerlo. Siempre, en cualquier circunstancia tenéis derecho a parar. Si una chica dice “para” —habla ahora para los chicos de la clase— tenéis que parar.

—Y de esto, de sexo, ¿habláis con vuestros padres?

La clase se vuelve a alterar. En el grupito de chicas que ocupa los pupitres junto a la puerta se atropellan unas a otras al hablar. «Con los míos no, cada vez que se menciona algo relacionado con el sexo se vuelven locos». «La mía —dice otra— si se entera empieza a tirar cosas. Amenaza con la zapatilla».

Mientras termina de reír, la primera de las jóvenes, la más menuda de todas, vuelve a tomar la palabra: «Lo importante es que no vamos a ser como nuestros padres. Ellos entienden el sexo de otra manera, pero nosotras cuando seamos adultas vamos a hacerlo de otra forma. Vamos a ser madres más abiertas».

Lydia, que lleva desde 2015 recorriendo una veintena de escuelas de esta región minera de Sudáfrica, no esconde una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que es una pequeña victoria.

«Pase lo que pase, chicas, no os debéis sentir jamás culpables. Acudid al médico o a nosotros para prevenir cualquier enfermedad. Porque sabéis las consecuencias de tener conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? No solo que podéis contraer una enfermedad sexual o VIH, sino que también os podéis quedar embarazadas. ¿Sabéis lo que eso supone? Eso también va por vosotros, chicos».

Sus palabras las animan a no tener miedo a informarse en una sociedad en la que estos temas continúan siendo tabú, pero en la que los jóvenes quieren saber y hablar. En un informe realizado por Unicef en 2017, los investigadores concluyeron, por ejemplo, que el 84% de los jóvenes encuestados quería obtener información sobre obtener salud sexual mediante sus teléfonos móviles, si era gratis. No obstante, expresaron dudas sobre si preferirían comunicarse directamente con un profesional por mensaje de texto o llamada de voz. Algunos estaban a favor del anonimato de hablar con un extraño.

Violencia sexual contra menores

En octubre de 2017, la sociedad sudafricana asistía consternada al escándalo por los supuestos abusos sexuales cometidos por un guardia de seguridad en una escuela primaria de Soweto, el histórico barrio al oeste de Johannesburgo. Hasta 87 estudiantes denunciaron haber sido agredidas, incluidas varias violaciones. Un año después, el acusado fue absuelto después de que la Corte Suprema de South Gauteng calificase de burda la cadena de errores cometidos durante la investigación policial.

“Se está produciendo un ataque a gran escala contra la infancia en Sudáfrica. Hay un gran problema en el sistema educativo, familias rotas, niños que crecen huérfanos a consecuencia de la epidemia del VIH y que no reciben la educación que necesitan porque sus padres tampoco la tuvieron… Pero también existe un problema con una policía mal pagada, profesionales sanitarios sin la preparación adecuada y un sistema judicial colapsado. Al final, los niños, que son los más vulnerables, son los que sufren las consecuencias”, resume Christina Rollin, una de las mayores expertas de un país en plena emergencia contra la violencia sexual a menores.

Un estudio publicado por The Lancet alerta de que uno de cada tres estudiantes sudafricanos ha sufrido algún tipo de agresión sexual en su vida y el propio Gobierno reconoció en el Parlamento que hasta el 9,1% de las violaciones denunciadas en el país —ya de por sí con una de las tasas más elevadas del mundo, 70,5 por cada 100.000 habitantes— correspondían a niños de nueve años o menos. Casi siempre, hasta en un 80% de los casos, los responsables son personas cercanas.

Lydia, que lleva desde 2015 recorriendo una veintena de escuelas de esta región minera de Sudáfrica, no esconde una sonrisa de satisfacción. Una sonrisa que es una pequeña victoria.

«Pase lo que pase, chicas, no os debéis sentir jamás culpables. Acudid al médico o a nosotros para prevenir cualquier enfermedad. Porque sabéis las consecuencias de tener conductas sexuales de riesgo, ¿verdad? No solo que podéis contraer una enfermedad sexual o VIH, sino que también os podéis quedar embarazadas. ¿Sabéis lo que eso supone? Eso también va por vosotros, chicos».

Sus palabras las animan a no tener miedo a informarse en una sociedad en la que estos temas continúan siendo tabú, pero en la que los jóvenes quieren saber y hablar. En un informe realizado por Unicef en 2017, los investigadores concluyeron, por ejemplo, que el 84% de los jóvenes encuestados quería obtener información sobre obtener salud sexual mediante sus teléfonos móviles, si era gratis. No obstante, expresaron dudas sobre si preferirían comunicarse directamente con un profesional por mensaje de texto o llamada de voz. Algunos estaban a favor del anonimato de hablar con un extraño.

Violencia sexual contra menores

En octubre de 2017, la sociedad sudafricana asistía consternada al escándalo por los supuestos abusos sexuales cometidos por un guardia de seguridad en una escuela primaria de Soweto, el histórico barrio al oeste de Johannesburgo. Hasta 87 estudiantes denunciaron haber sido agredidas, incluidas varias violaciones. Un año después, el acusado fue absuelto después de que la Corte Suprema de South Gauteng calificase de burda la cadena de errores cometidos durante la investigación policial.

“Se está produciendo un ataque a gran escala contra la infancia en Sudáfrica. Hay un gran problema en el sistema educativo, familias rotas, niños que crecen huérfanos a consecuencia de la epidemia del VIH y que no reciben la educación que necesitan porque sus padres tampoco la tuvieron… Pero también existe un problema con una policía mal pagada, profesionales sanitarios sin la preparación adecuada y un sistema judicial colapsado. Al final, los niños, que son los más vulnerables, son los que sufren las consecuencias”, resume Christina Rollin, una de las mayores expertas de un país en plena emergencia contra la violencia sexual a menores.

Un estudio publicado por The Lancet alerta de que uno de cada tres estudiantes sudafricanos ha sufrido algún tipo de agresión sexual en su vida y el propio Gobierno reconoció en el Parlamento que hasta el 9,1% de las violaciones denunciadas en el país —ya de por sí con una de las tasas más elevadas del mundo, 70,5 por cada 100.000 habitantes— correspondían a niños de nueve años o menos. Casi siempre, hasta en un 80% de los casos, los responsables son personas cercanas.

“En nuestras charlas tenemos que explicarles lo que es normal y lo que no lo es porque muchos menores crecen en entornos sexualizados en los que algunas acciones están implícitas. Crecen viendo a sus tíos u otros familiares tocándolas y pasando sus manos por su cuerpo”, señala Lydia. “Esto”, añade Rollin, “hace que normalicen la situación y los casos de abusos prolongados se alarguen en el tiempo. ¿Quién va a ir a preguntar a otra casa cómo se lavan los dientes si en la tuya siempre se ha hecho así?”.

Esta normalización es lo que más preocupa a los expertos como Christina Rollin. “Cuando la sociedad asume que cada caso”, como la agresión a una joven en un restaurante la capital o la de un niña huérfana de 14 años en la escuela secundaria de Aha-Thuto el pasado junio, “es solo otro caso. Otra violación más”. Es ahí donde anidan las estructuras que sustentan la violencia sexual.

La primera, la de los propios menores, también chicos. “Hay una reacción física en el hombre que hace que, aunque sea agredido, su cuerpo reaccione, lo que provoca que muchos cuestionen su identidad sexual y se culpen a sí mismos por haber disfrutado”. Asumen los abusos como un marco aceptable de comportamiento y lo transmiten al formar su propia familia: “Padres que son padres sin haber aprendido a serlo, sin haber recibido ejemplos adecuados y que vuelcan en sus hijos sus propios problemas (…) Madres, continúa Rollin, que se niegan a creer que esa violencia esté ocurriendo en su casa”.

La segunda, la del propio Estado que esconde el problema para no tener que enfrentarse a su propio espejo. Teniendo en cuenta que apenas uno de cada nueve casos son denunciados, extrapolaciones de investigadores de la Universidad de Ciudad del Cabo elevan la cifra de abusos por encima del 35% del alumnado.

“Muchas mujeres prefieren no denunciar por temor a quedarse sin fuentes de ingresos para ellos y para sus hijos; y por miedo a ser discriminadas por otras mujeres de la comunidad. No debería ser así, las mujeres deberíamos ayudarnos unas a otras, pero la realidad es que todavía son señaladas si denuncian”, apunta Jennifer, la consultora psicológica del centro de salud de Rustenburg. “Que si no vestía de forma adecuada, que si en realidad fue ella la que tentó al hombre”, traduce Lydia.

La tercera estructura, la judicial, también alimenta impunidad. Entre un 40% y un 60% de los casos denunciados son retirados antes de llegar a la Corte y cuando lo hacen suele haber pasado tanto tiempo que se han perdido testigos, pruebas o la propia vida de las víctimas. “Muchas mujeres viven con miedo mientras se instruye el caso porque las amenazan o las agreden de nuevo”, confirma Jennifer.

La justicia va con retraso y al Gobierno no le molesta. Un estudio de Médicos Sin Fronteras (MSF) —que colaboró con la logística para este reportaje— reveló que el 20% de los centros de atención a víctimas de violencia sexual, incluidos los famosos Thuthuzela Care Centers, carecían de medios para realizar pruebas clínicas forenses. “Y un centro incapaz de realizar esos exámenes y de cumplimentar los formularios necesarios”, señalan los investigadores, “obstaculiza la capacidad de los supervivientes para denunciar su caso”.

Al tiempo, cada vez hay menos enfermeras especializadas, tentadas por sueldos más altos en el golfo Pérsico; y muchos médicos evitan involucrarse, en ocasiones por miedo a los perpetradores, en otras por simple hastío en casos de violencia sexual. “Emiten informes diciendo que no habido agresión para no tener que testificar”, asegura Rollin, quien ha participado en más de 300 juicios. Por su clínica Sexual Assault Clinic, a las afueras de Johannesburgo, pasan al mes una docena de casos de víctimas de violencia sexual. “El propio sistema judicial acaba por revictimizarlas al hacerles revivir el trauma hasta cuatro años después de haber ocurrido”.

Tesultado de esta estructura social de abusos normalizados e impunidad judicial es, en palabras de Rollin, una “generación de jóvenes enfadados” que reproducen los modelos de comportamiento en los que son criados. De ahí que en clase de decimosegundo grado haya chicos que entiendan que tienen derecho a tener sexo con una chica solo por invitarla a cenar.

Abusos, enfermedades y embarazos no deseados

Afuera del despacho de atención psicológica hay más sillas vacías que ocupadas. Un grupo de jóvenes trabajadoras del centro de salud aprovechan su descanso matutino para charlar. Ahora están debatiendo acaloradamente sobre el novio que le conviene a una de ellas: “Mi hermana me dice que no salga con un hombre que no tiene coche”.

La llegada de Helena (nombre ficticio para proteger su identidad) interrumpe la conversación. El examen médico no ha encontrado síntomas de agresión, pero sí una enfermedad de transmisión sexual. “Que no se haya detectado nada no quiere decir que no haya habido una agresión. Aquí las fronteras de la coerción son muy finas”, subraya Lydia una vez cerrada la puerta de la consulta. “Por eso vamos a hacer seguimiento de su caso. Va a tener reuniones periódicas con nuestro equipo de trabajadoras comunitarias y con la enfermera. Es con ella con quien suelen sincerarse. Empiezan a hablar y a contarles lo que ha sucedido. Es entonces cuando muchas veces se dan cuenta de que han sufrido una agresión sexual”.

Helena, alumna de la escuela Rauwane Sepeng, fue la única que, tras la charla en el colegio, se acercó a las trabajadoras comunitarias de MSF. Hay días que lo hacen pequeños grupos de jóvenes, casi siempre chicas, y otros en los que no acude nadie. Pero el programa sigue en marcha porque la violencia de género tiene un efecto social devastador: embarazos no deseados en menores, estrés postraumático, enfermedades de transmisión sexual. Hasta el 16% de las infecciones por VIH en mujeres podrían evitarse poniendo freno a la violencia de género. Incluso económicamente es un suicidio para el país, que pierde a causa de la misma entre el 0,9 y el 1,3% de su PIB.

En Rustenburg, uno de esos rincones de Sudáfrica donde impera la violencia como fórmula para la supervivencia, nadie espera que las agresiones sexuales vayan a ser cosa del pasado. No al menos hasta que los estudiantes de Rauwane Sepeng hayan educado a sus hijos en ese otro habitus de las relaciones que están aprendiendo. Mientras, Lydia Ganda tendrá que seguir yendo a sus clases a hablar de lo que es Sí y de lo que es No. Y a recordarle a Helena que tiene que tomar la pastilla que le recetó el médico todos los días. “Todos los días. Acuérdate de que es todos los días”.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2019/08/12/planeta_futuro/1565622828_385287.html