Los marcos legales pueden proteger el derecho a la educación de los pueblos indígenas en América Latina

La conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, celebrada cada 9 de agosto, tiene como lema este año “No dejar a nadie atrás: los pueblos indígenas y el llamado a un nuevo contrato social”.  La iniciativa busca reconocer los esfuerzos que han realizado los países en todas las regiones del mundo por promover el derecho a la educación de los pueblos originarios en sus marcos normativos y legales y por desarrollar estrategias para garantizar la continuidad educativa durante la pandemia. Chile está a punto de cambiar su constitución en un proceso histórico liderado por una mujer y profesora mapuche. ¿Podrían otros estar pensando en hacer lo mismo?

Alrededor de 60 millones de personas en América Latina y el Caribe –según la CEPAL– pertenecen a los pueblos indígenas, quienes constituyen un grupo históricamente excluido de las oportunidades educativas, y que han visto vulnerados sus derechos a una educación de calidad, con pertinencia cultural.

El escenario añadido de la Covid-19 ha impuesto una mayor afectación a las comunidades indígenas y sus sistemas educativos. Como lo muestra nuestro Informe Todos y todas sin excepción para América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas y las personas afrodescendientes presentan tasas de rendimiento y de alfabetización más bajas que el resto de la población. En Paraguay y en Honduras, el 32% de las y los indígenas son analfabetos; mientras que, en Panamá, en 2016 el 21% de los indígenas varones de entre 20 y 24 años habían finalizado la escuela secundaria, frente al 61% de sus pares no indígenas.

La inclusión implica un proceso de reforma sistémica que conlleva cambios y modificaciones en el contenido, los métodos de la enseñanza, enfoques, estructuras y estrategias de educación para que todo el alumnado tenga una experiencia de aprendizaje equitativa y participativa, y en un entorno adecuado que responda a sus necesidades y preferencias. Para ello, se requieren políticas y marcos legales robustos que promuevan la no discriminación y el derecho a una educación culturalmente pertinente para todos y todas.

El derecho a la no discriminación está plasmado en ocho convenciones internacionales, pero solo ocho países de América Latina (Argentina, el Estado Plurinacional de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras y Perú) han ratificado todas esas convenciones. La Convención relativa a la Lucha contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza y el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la OIT, que promovió la adopción de medidas para garantizar a los miembros de los pueblos indígenas la posibilidad de adquirir una educación en condición de igualdad en todos los niveles educativos, junto con el respeto y la enseñanza de la lengua indígena son, desafortunadamente, las convenciones que han sido menos ratificadas en la región. Por otro lado, dentro de los convenios más ratificados destaca la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (ver Tabla 1).

Los países de la región han adoptado una amplia conceptualización de la inclusión en la educación en sus marcos legislativos y normativos y son ejemplos a nivel mundial en materia de políticas sociales innovadoras (ver Tabla 2). Según un análisis basado en los Profiles Enhancing Education Reviews (PEER) del Informe GEM, el 64% de los países de América Latina y el Caribe cuentan con marcos legislativos y normativos que promueven la inclusión en la educación de grupos étnicos y pueblos indígenas y el 59% la educación en la lengua materna, valores que están por encima de los promedios mundiales.

Según un análisis panorámico de América Latina, en más de la mitad de los países las políticas educativas se refieren a las minorías indígenas, afrodescendientes y lingüísticas bajo los rubros de educación intercultural bilingüe, educación propia o etnoeducación (Corbetta et al, 2020).

Pese a los avances en la ratificación de los compromisos internacionales y el desarrollo de marcos legales nacionales, el Informe Regional Todos y todas sin excepción  evidencia una creciente brecha entre estos compromisos asumidos por los Estados y los avances reales en políticas y programas con pertinencia a la realidad de los pueblos indígenas.

Priorizar el derecho a la educación de todos y todas

La Declaración de la Reunión Mundial sobre la Educación 2020, adoptada en octubre de ese año por los Estados Miembros de la UNESCO, hizo un llamado para priorizar y proteger el financiamiento educativo; reabrir las escuelas de forma segura y gradual; fortalecer y dignificar a docentes, directivos y directivas escolares y otro personal educativo; recuperar los aprendizajes y disminuir las brechas; reducir la brecha digital y promover la conectividad como un derecho; y profundizar la cooperación y solidaridad entre países, el desarrollo de alianzas y la coordinación regional e intersectorial.

Si el Día Internacional de los Pueblos Indígenas exige un nuevo contrato social, sugerimos que éste consista en una reevaluación del marco jurídico y político de los países para garantizar que realmente protegen a quienes se están quedando atrás. La pandemia se puede convertir en una oportunidad para revisitar el proceso educativo del estudiantado indígena, teniendo en cuenta sus desafíos y necesidades.

El llamado es a que los países de la región prioricen la inclusión y la equidad en la educación desde una perspectiva de derechos humanos y de acuerdo a las normativas internacionales sobre la materia. Asimismo, se espera que los estados miembros de la región continúen fortaleciendo de la inversión en sistemas educativos, y que estos respondan a las demandas de largo aliento sobre reconocimiento y valoración de la diversidad, fomentando propuestas educacionales interculturales y de calidad para todos y todas a lo largo de la vida.

Fuente: https://es.unesco.org/news/marcos-legales-pueden-proteger-derecho-educacion-pueblos-indigenas-america-latina