México/06 de Marzo de 2017/Excelsior
En el Pleno, Manuel Bartlett Díaz, legislador del PT, dijo que la reforma se encamina más a una privatización del sistema formativo nacional que a la atención de los migrantes.
n el objetivo de facilitar el trámite de revalidación de estudios a ‘dreamers’ deportados —incluyendo a niños y jóvenes en el sistema nacional educativo, aunque éstos carezcan de papeles— por las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald John Trump, en el Senado de la República ya se debate la Ley General de Educaciónpara su aprobación.
Es el tema a tratar en la sesión ordinaria de este martes 28 de febrero 2017; las constancias de revalidación y equivalencia de estudios deberán ser registradas en el Sistema de Información y Gestión Educativa. Se avalaría una reforma presentada por Enrique Peña Nieto.
En sintonía con las necesidades de orientación para con los connacionales, se busca avalar la reforma derivada de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto que faculta a la autoridad educativa federal para expedir normas de control en los rubros de inscripción, reinscripción, promoción, regularización, acreditación y certificación de estudios: para la educación básica.
Los legisladores acotaron que estas medidas están encaminadas para proteger los derechos básicos de los mexicanos que se encuentren en una situación de vulnerabilidad debido al estatus migratorio que acarrean en la Unión Americana; en este sentido, el senador Juan Carlos Romero Hicks por el Partido Acción Nacional (PAN), llamó desde la tribuna a tomar cartas en el asunto.
Precisó que el desafío para los grupos parlamentarios de las diversas instituciones políticas radica en otorgar servicios educativos de calidad, que sean óptimos tanto para el desarrollo efectivo de los estudiantes que retornen a México como para las autoridades educativas de México.
Al externar su oposición a dicha reforma, el senador Manuel Bartlett Díaz, del Partido del Trabajo (PT), dijo que lo que se plantea en el dictamen va más encaminado a la privatización del sistema educativo nacional que a beneficiar a los jóvenes deportados y la población en general.
Fuente: http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/28/1149197