Huelga nacional de educadores en Panamá

Las causas expuestas para la medida extrema son apoyo a la protesta de sus colegas y la falta de acuerdos sobre la pésima situación que afrontan los maestros en esas zonas, tanto por los peligrosos accesos, como la atención en general, y los incumplimientos gubernamentales con pactos anteriores.

Juan José de La Lastra, secretario general de la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE), declaró a periodistas que sus bases desconocen los acuerdos entre autoridades y algunos gremios que no apoyan la medida de paralización.

En asamblea general, ayer los agremiados acordaron extender las medidas de presión y decretar la paralización de manera indefinida en las centrales provincias de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé; la caribeña Colón; las occidentales Chiriquí, Bocas del Toro y Comarca NgÃñbe-Buglé; y Panamá Oeste, próxima a esta capital.

Perdieron la vida en la última década unos 18 docentes tratando de llegar hasta sus lugares de trabajo, según estadísticas de la Asociación de Profesores, cuyo secretario general, Diógenes Sánchez, confirmó la alta inquietud del gremio porque exponen su vida en condiciones precarias.

Carencias de agua potable, electricidad, atención de salud y caminos que faciliten el acceso a los centros educativos, son algunas necesidades comunes entre quienes laboran en áreas de difícil acceso en el país, señaló un reporte del periódico La Prensa.

El 63 por ciento de los 10 mil 360 educadores rurales panameños se concentran en las provincias de Chiriquí y Bocas del Toro, fronterizas con Costa Rica, donde predomina el relieve montañoso y los caminos están en pésimas condiciones, principalmente en la etapa lluviosa que se extiende a ocho meses.

La prolongada huelga, que paralizó al menos 100 aulas de esas dos regiones, clama por una solución integral al sistema educacional en las apartadas zonas, donde también los estudiantes arriesgan sus vidas a través de ríos crecidos y caminos peligrosos, según denunciaron educadores.

Yadira Pino, de la AEVE, defendió la posición de quienes no aceptaron el acuerdo de fin de paro, porque desconfían del Estado, pues antes las autoridades incumplieron acuerdos, y los manifestantes exigieron una respuesta con fecha de cumplimiento para reincorporarse a sus labores.

Los gremios magisteriales realizaron el año pasado un paro en las escuelas públicas de las principales ciudades, incluida la capital, y obligaron al ejecutivo a aceptar un incremento salarial prometido en la anterior administración, además de aumentar el presupuesto destinado al sector, entre otros.