Docentes boricuas exigen al gobierno rectificar rumbo de la educación

La Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) emplazó a la Asamblea Legislativa, dominada por el anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP) y al propio gobernante Rosselló Nevares a utilizar el receso de la Semana Mayor para hacer introspección y rectificar el rumbo que lleva su gestión en perjuicio de la niñez y la juventud del país.

La presidenta de la FMPR, Mercedes Martínez Padilla, solicitó derogar la ley 85 de reforma educativa, detener los planes de privatizar escuelas que han destapado un hervidero de corrupción en el Departamento de Educación y cesar los contratos de asesores, empresarios, parientes y contribuyentes que en solo dos años le costaron 902 millones de dólares.

Consideró que el escándalo ha tocado las puertas de La Fortaleza al implicar al hermano del gobernador Rosselló Nevares, el abogado Jay Rosselló, en negociaciones directas sobre las escuelas chárter junto a la ahora exsecretaria de Educación Julia Keleher.

‘La salida de la otrora ‘plenipotente’ secretaria Keleher ha dejado al descubierto un verdadero saqueo de fondos públicos en (el otorgamiento) de contratos a allegados’, dijo al recordar el del emptresario Paul Pastorek, que comenzó en octubre de 2018, ‘y pedimos que se cancelara’.

Martínez Padilla afirmó que, en cambio, Educación ha aumentado el monto del acuerdo a 365 mil dólares, mientras a la empresa The Josephson Institute of Ethics le desembolsaron alrededor de siete millones tras denunciarse los manejos turbios con el programa de Tus Valores Cuentan, donde hasta la directora de la Oficina de Ética Gubernamental, Zulma Rosario, actuó como cabildera.

La Federación de Maestros instó a los legisladores a regresar del receso de Semana Santa ‘con la determinación de derogar la fracasada Ley 85 de falsa reforma educativa y restituir la ley 149 de 1999’, que regía el Departamento de Educación previo a la aprobación del nuevo estatuto, ya que la supuesta reforma fracasó al abrir las puertas a la privatización y con ello a la más cruda corrupción.

En tanto, La Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete) reclamó igualmente que se cancele todo contrato que no implique servicios directos al estudiante.

La presidente del gremio, Liza Fournier Córdova, apuntó que ante la información escandalosa sobre irregularidades y venta de influencias que rodea la investigación federal bajo la incumbencia de Julia Keleher, no se puede continuar con el otorgamiento de contratos a compañías privadas que se enriquecen con los fondos estatales y federales.

‘Alertamos a las autoridades federales y a los legisladores sobre diversas entidades que han sido contratadas por el Departamento de Educación para ofrecer talleres de desarrollo profesional que no cumplen con las expectativas de los maestros y que utilizan un personal que mayoritariamente no está preparado en temas pedagógicos’, señaló la sindicalista de Unete.