Tres peticiones clave y 23 días de huelga de hambre: ¿por qué se radicaliza la protesta de los educadores en Ecuador?

Pasadas las 09:00 de la mañana (hora local) levantan la lona que cubre la parte frontal de la carpa en la que 10 personas, siete hombres y tres mujeres, llevan a cabo una huelga de hambre frente a la sede de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador, en defensa de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) y otras peticiones.

Es el martes 3 de junio. Los huelguistas son educadores y están acostados o sentados sobre colchones inflables y cubiertos con cobijas gruesas, ante el fuerte viento que recorre la zona, en el centro de Quito. La huelga la iniciaron el pasado 12 de julio; ese día eran 12 personas, luego el número bajó a ocho debido a complicaciones de salud que presentaron cuatro de ellas, y el lunes 2 se sumaron otros dos maestros a la medida de protesta.

No son los únicos. En total son alrededor de 80 huelguistas en todo el país, puesto que además de Quito, se mantienen protestas en las ciudades de Guayaquil, Cuenca, Portoviejo, Esmeraldas, Latacunga y Santo Domingo, así como en las provincias de Tungurahua, Sucumbíos, Pastaza e Imbabura, dice, en entrevista con RT, Elvis Moreira, expresidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE) seccional Pichincha y coordinador de la huelga, quien ha estado desde el inicio de la medida de presión en la carpa.

Situación de salud

«Estamos bien débiles, el cuadro clínico es distinto [en cada uno], de acuerdo al metabolismo, pero algunos estamos con problemas de tensión alta, otros presión baja, problemas gástricos bien graves, gastritis crónica, glucosa alta en algunos momentos, hay infecciones urinarias», comenta Moreira.

El dirigente detalla que durante estos días de huelga, él ha perdido entre 18 y 19 libras (más de 8 kilos) de peso y el compañero que más ha adelgazado, ha bajado 22 libras (casi 10 kilos).

Sobre las cuatro personas que ya no están en la huelga, Moreira precisa que una de ellas era una estudiante de 15 años, que tuvo problemas de presión alta y se desmayó en el lugar y por esa razón se la llevaron; dos presentaron «problemas gástricos bien graves», y a uno de ellos le aplicaron suero fisiológico, pero finalmente fue retirado por miembros de la Cruz Roja. Una huelguista más empezó a vomitar sangre.

Durante este tiempo, los huelguistas se han estado hidratando con el suero oral, agua con panela, caramelos, melcocha (dulce artesanal), menciona el expresidente de la UNE Pichincha. Junto a la carpa donde ellos se encuentran está emplazada otra, con personal médico que evalúa su estado de salud; también están dos baños portátiles para sus necesidades.

A la par de la huelga de hambre, otros docentes han realizado marchas, bloqueos de vías y crucifixión simbólica en varios lugares del país, como en Quito —donde el lunes fueron reprimidos—, en Manabí, Esmeraldas, Cuenca, Santo Domingo, Ambato, Guayaquil, Ibarra, entre otras.

Las reformas a la LOEI

El principal reclamo de los huelguistas es que la Corte Constitucional (CC) ratifique la constitucionalidad de las reformas a la LOEI que la Asamblea Nacional aprobó el 9 de marzo pasado y, el entonces presidente del Ecuador, Lenín Moreno, envió al Registro Oficial el 10 de abril para su entrada en vigencia, pero que luego fue suspendida.

«Los grandes medios de comunicación señalan que es un asunto solo de sueldos, pero no», aclara Moreira. Y es que su reclamo va más allá a la defensa de las reformas hechas en la LOEI, que establecieron un salario básico del magisterio de 1.000 dólares mensuales (que actualmente es de 817).

Las reformas, de hecho, son muchas y más profundas. «Hablamos de transformar el sistema educativo […] Es una ley que realmente busca cambiar la educación en este país», resalta Moreira.

Entre otras cosas, contempla que el Estado destine 6 % del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación, porcentaje que actualmente es de 5 %; asimismo, establece que las academias policiales y militares vuelvan a regirse por estas instituciones, puesto que ahora las maneja el Ministerio de Educación; y también, dice Moreira, tiene el marco legal pertinente «para impedir más acosos y vulneración de derechos de los niños».

Además, señala el entrevistado, la ley «revaloriza la condición del docente en tres parámetros: condición de titulación, su condición profesional, así como sus méritos académicos y años de servicio».

El coordinador de la huelga señala que las reformas fueron aprobadas con 126 votos de los asambleístas y que, además, en la construcción de los cambios a la normativa participaron 160 organizaciones.

«Se ha cumplido con todos los organismos y con todos los elementos jurídicos», resalta el entrevistado. Pese a ello, la vigencia de la ley se suspendió debido a que la CC admitió a trámite, el pasado 20 de mayo, dos demandas de inconstitucionalidad contra la normativa, presentadas por el abogado Luis Javier Bustos y Álvaro Maurizio Galarza Rodríguez —procurador judicial de María Zulima Espinosa Bowen, directora general del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS)—, que fueron agrupadas en una sola causa.

El actual Gobierno, a través de la secretaría jurídica de la Presidencia de la República, en una audiencia pública, se pronunció a favor de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Entonces, los huelguistas, además de pedir el rechazo de las dos demandas de inconstitucionalidad contra la LOEI, piden que se tomen en cuenta «las 20 Amicus Curiae» que se presentaron a favor de la normativa.

Otra razones de la protesta

De acuerdo con el huelguista, durante el gobierno de Moreno, en lugar de incentivar a los maestros ante la pandemia del coronavirus, «lo que hizo fue castigarlos, perjudicando con el recorte de sueldos de 77 millones de dólares».

Pero, además de ello, fueron desvinculados miles de maestros de sus cargos por parte del Estado.

El lunes, en busca de destrabar la situación de los maestros en huelga, se dio a conocer un acuerdo alcanzado en una mesa de concertación conformada por la UNE, la Asamblea Nacional y la Defensoría del Pueblo.

En el documento, consideran que la ley reformatoria de la LOEI «garantiza los derechos de la comunidad educativa y que la misma se enmarca dentro de las normas constitucionales»; por lo tanto, instan a la CC a «resolver con la debida celeridad esta causa».

Asimismo, llamaron al Ejecutivo ecuatoriano a un diálogo, en el que también estarían otras instituciones públicas y privadas, como la Unicef, Unesco, el IESS, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entre otras.

Entretanto, la UNE se comprometió a no incrementar nuevos huelguistas en ninguna de las provincias del país hasta el 6 de agosto.

«Pero, si es que hasta el 6 de agosto no se logra dar visos de solución y no hay una posición clara de la Corte Constitucional y del Gobierno como tal, nosotros vamos a radicalizar la medida; y están preparándose otras ciudades para poderse incorporar en los próximos días, si es que no hay una situación distinta», enfatizó Moreira.

El coordinador de la huelga envió un mensaje al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien asumió el poder el pasado 24 de mayo: «Acuérdese cuando estuvo en campaña y necesitó los votos de los 260.000 docentes del país y ofreció públicamente que iba a elevar el sueldo de los maestros, que iba a reintegrar a todos los maestros desvinculados«.