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El Gobierno de Aragón investiga a dos colegios privados concertados de Zaragoza por cobrar a las familias por actividades extraescolares que deben hacer los alumnos si se quedan a comer, con el consiguiente coste económico. La consejera de Educación, Mayte Pérez, señaló que se han abierto «comisiones de conciliación» para analizar las denuncias, que pueden acabar en la anulación del concierto si no se subsana la situación. Al estar inmersos en el proceso, no se facilitó la titularidad de los colegios.

Fuentes oficiales del departamento señalaron que en este curso se han abierto tres expedientes, uno de los cuales ya está resuelto tras avenirse el centro, en este caso La Anunciata, a dejar de cobrar a los padres. Este colegio no solo facturaba a las familias por extraescolares obligatorias en el tramo comprendido entre la última clase lectiva de la mañana y la hora de comer, sino que imponía a familias becadas a pagar la diferencia en el coste del comedor. En este caso, la DGA financiaba 86 euros mensuales (el precio del servicio en la pública) y el centro privado exigía a los padres el dinero restante, otros 34 euros, de la cuota del servicio que pagan las familias con recursos (fijada en 120 euros mensuales).

Fuentes de Escuelas Católicas de Aragón declararon ayer que solo conocían un caso de colegio inspeccionado por el cobro de sobrecuotas y que, de todas formas, lo que piden a todos sus centros –unos 90 en la Comunidad– es que sean «completamente transparentes». «No tenemos nada que ocultar y, si algo se está haciendo mal, que se subsane lo antes posible», declararon.

Mayte Pérez se refirió a las investigaciones abiertas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, que aprobó ayer el gasto de once millones de euros para la construcción del centro integrado de Parque Venecia y del instituto de Villanueva de Gállego. El primero estará listo a lo largo del próximo curso, mientras que el segundo podrá estrenar sus doce unidades de Secundaria a lo largo de 2018-2019.

Declaración jurada de gratuidad

La consejera reiteró que los colegios privados que pretendan renovar los conciertos deberán firmar una declaración jurada por la que garanticen la gratuidad a las familias, además de comprometerse a escolarizar a niños con necesidades especiales. Los datos oficiales revelan el desequilibrio, puesto que la red pública asume el 82,7% de los alumnos que requieren algún tipo de apoyo.

La realidad es que los concertados no pueden sostenerse con la subvención pública, por lo que recurren a distintas fórmulas para mantener sus centros: desde cobrar cuotas calificadas de voluntarias a los padres hasta cobrar por actividades extraescolares que sus hijos deben hacer si se quedan a comer.

La titular de Educación pretende trasladar hoy la realidad que afecta al sector a representantes de la concertada, a los que recibirá en su despacho de la Expo. Pérez no quiso concretar cuántas aulas de 1º de Infantil dejarán de financiarse el próximo curso, pero dio por hecho que los colegios privados sostenidos con fondos públicos serán «sensibles y comprensivos», dando por hecho que «lo entenderán».

Ajustarse a las necesidades

La consejera confió en el «compromiso social de la concertada» y se reafirmó en que hace falta un «trabajo serio y sosegado» para ajustarse a las «necesidades de escolarización». Y apostilló que el número de niños ha disminuido y se debe afrontar una distribución equilibrada de los escolares con necesidades especiales. «Ahora ha recaído en exclusiva en la escuela pública», especificó.

El acuerdo entre el PSOE y Podemos para desbloquear los presupuestos detalla que se dejarán de financiar las aulas necesarias para evitar el cierre de «hasta 28» de la red pública que están «en peligro» por la competencia de la concertada.

El número definitivo sigue siendo una incógnita, aunque oficiosamente los socialistas solo admiten la clausura de una decena de aulas, las que estaban dispuestas a incluir en un principio en el acuerdo y que se vieron forzados a aumentar «hasta 28″ para desbloquear las cuentas. Pérez señaló que ya ha mantenido contactos con motivo de la renovación de los conciertos, cuyo proceso concluye en un mes. La consejera se negó a concretar el impacto del acuerdo con Podemos –»no es un tómbola», llegó a decir– y se limitó a agregar que se cerrarán las aulas «necesarias» en función de la planificación educativa y el momento actual. «Lo que estamos intentando es racionalizar, ajustar de forma equilibrada y corresponsabilizar de esas circunstancias a ambas redes», dijo.