Maestros de educación básica señalaron que la propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el calendario del ciclo 2023-2024, que contempla 190 días de clases y establece el inicio del año escolar el próximo 28 de agosto y su conclusión el 16 de julio de 2024, “no responde a la realidad de lo que ocurre en las escuelas ni al cansancio de los docentes y el hartazgo de alumnos por años lectivos tan largos”.
Directores y docentes aseguraron que de aplicarse la propuesta que la SEP presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para su revisión, los docentes sólo tendrán tres semanas y cuatro días de receso entre ciclos escolares, periodo que se reduce a dos semanas para directivos, quienes “nos mantenemos con carga administrativa hasta el 1 y 2 de agosto por si algún trámite queda pendiente, y regresamos a las escuelas a mediados de ese mes para preparar el arranque del año lectivo”.
Educadores que han expresado su opinión ante la Conamer, destacan que la mayoría de los maestros de prescolar, primaria y secundaria enfrentan el síndrome de burnout, que genera agotamiento emocional e insatisfacción en el trabajo por el estrés de la carga administrativa que exige la SEP, la atención a padres de familia y a los alumnos, que “vienen de familias disfuncionales y papás poco afectivos y responsables de su crianza”.
En entrevista con La Jornada, los educadores agregaron: “Venimos de procesos desgastantes como la pandemia de covid y de una intensa labor de recuperación de aprendizajes y de la preparación para aplicar un nuevo modelo curricular, lo que parece ignorar la SEP; no tiene sentido alargar el ciclo hasta finales de julio e imponer un regreso anticipado para los trabajadores de la educación”.
El proyecto de calendario escolar establece que del 21 al 25 de agosto próximos se realice el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes y el Consejo Técnico Escolar, que tendrá ocho sesiones en el año lectivo. Además, 4 y 5 de enero, así como 17, 18 y 19 de julio, se destinarán para capacitar a docentes, mientras que el 3 de enero se realizará un taller intensivo de capacitación para directivos.
Por: Laura Poy, Georgina Saldierna y Enrique Méndez
Morena y PT proponen que la actual UPN asuma su propia organización académica y administrativa
Senadores de Morena y PT presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa para expedir la nueva Ley Orgánica de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la que se otorga la autonomía a esa casa de estudios, creada en 1978 como organismo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
La resolución, resultado de un largo proceso de consulta a la comunidad mediante un Congreso Nacional Universitario (CNU), propone crear un organismo público autónomo descentralizado del Estado, que se denominará Universidad Pedagógica Nacional Autónoma de México.
Con el nuevo marco normativo, la universidad podrá crear, modificar y suprimir la organización académica y administrativa que estime conveniente, así como determinar sus órganos colegiados, personales e instancias de apoyo necesarios y elaborar las disposiciones normativas internas que le permitan cumplir con su función social educativa.
Contará con un Consejo Superior Universitario (CSU), como máximo órgano de gobierno, que estará integrado por la persona titular de la rectoría general, quien ocupará el cargo por un periodo de seis años y será elegido por la aprobación mínima de las dos terceras partes del citado consejo; así como por un representante directivo por organización académica, dos representantes del personal académico y uno del estudiantado por unidad y subsede.
Sin embargo, profesores-investigadores de la UPN alertaron que “no sólo hay obstáculos para una verdadera democratización de la universidad, pues quien ocupe la rectoría general mantiene el derecho de veto del CSU, sino que en su artículo noveno transitorio se deja a criterio de los gobiernos estatales si las unidades de la UPN –más de 70 en todo el país– se integrarán o no al nuevo organismo, lo que contradice el carácter nacional de esta casa de estudios”.
En entrevista por separado, Yuri Jiménez, investigador de la unidad Ajusco, y Alejandro Arrecillas Casas, de la Unidad San Luis Río Colorado, Sonora, destacaron que si bien el proyecto de decreto reconoce la autonomía de la universidad, hay un grave retroceso en el artículo noveno transitorio donde se establece claramente que todas las unidades ubicadas en el interior de la República, y que se descentralizaron con el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en 1992, pasarán a formar parte de la UPN.
Señalaron que los gobiernos de los estados tendrán un plazo de 60 días hábiles a partir de la entrada en vigor de la nueva ley orgánica, para manifestar a quien ocupe la rectoría de la UPN su determinación de que las unidades que se encuentran en las entidades no formen parte de esa casa de estudios, es decir, será una decisión de cada gobernador, lo que nos deja en un retroceso peor que el acuerdo de 1992, y contradice uno de los ejes centrales de la nueva ley, que es garantizar el carácter nacional de la universidad.
Arrecillas Casas destacó que uno de los graves problemas que se enfrentan en las unidades en los estados, es precisamente que se les ha usado como cajas chicas de los gobiernos en turno y se mantienen bajo el control férreo de cacicazgos y del charrismo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
La iniciativa fue publicada ayer en la Gaceta Parlamentaria de la Comisión Permanente y se turnará a comisiones del Senado, para su análisis y dictaminación. Para lograr su aprobación se requiere mayoría simple del pleno de la cámara. Hasta septiembre próximo se iniciará el periodo ordinario de sesiones, cuando podría desahogarse la propuesta.
Fuente de la información e imagen: https://www.jornada.com.mx
El segundo Congreso Mundial contra el Neoliberalismo Educativo de Panamá (junio, 2023) colocó en el debate miradas y vivencias que, puestas en conjunto, muestran el panorama de una estrategia común y desigual al mismo tiempo, en torno a las políticas educativas del neoliberalismo. Situarlas en una sola cartografía planetaria sigue siendo tarea pendiente; sin embargo, es fundamental hacer un esfuerzo por ubicar una agenda analítica mínima sobre sus principales componentes, que contribuya con los movimientos pedagógicos y las organizaciones sindicales, a transgredir los debates anacrónicos y los hábitos previsibles de las resistencias populares. Una propuesta para iniciar la construcción de dicha agenda, es la siguiente:
Desterritorialización escolar y matriculación digital en plataformas privadas. Es una de las más recientes formas de privatización que trascendió al tiempo del confinamiento, donde se factura el uso de la red de Internet y de portales virtuales de comunicación, a cargo de una sociedad que ya había logrado establecer en el seno de las constituciones nacionales, la obligación del Estado para garantizar el derecho a la educación pública y gratuita de forma presencial.
Precarización de los aprendizajes y virtualización de la pedagogía bancaria. La educación remota que se acentuó durante la sindemia nos sometió a un mundo de relaciones de enseñanza unidireccionales, en condiciones de desigualdad social y tecnológica; reprodujo lo peor de la educación bancaria a través de canales digitales. Los encuentros interactivos en plataformas virtuales que fueron diseñadas para la vida empresarial, pero carentes de una taxonomía de los aprendizajes, terminaron por empobrecer la educación. Paralelamente a la defensa férrea de la presencialidad, es urgente construir esas taxonomías para los aprendizajes críticos en ambientes virtuales.
Exo y endoprivatización educativa. Es importante seguir identificando procesos de privatización a partir de componentes externos; por ejemplo, la entrega directa de escuelas públicas a la administración de particulares. No obstante, nos falta ser más sistemáticos en el análisis de aquellos que internalizan las lógicas reproductivas del mercado y de la vida gerencial en la escuela o el modelaje de una subjetividad neoliberal que naturaliza relaciones de competitividad para la rentabilidad económica, contra la complejidad humana como seres holísticos e interdependientes.
Redes políticas de gobernanza analógica y digital. Habíamos comprendido que la gobernanza es una invención del capitalismo para posicionar a las corporaciones económicas, multilaterales de la globalización, organismos financieros trasnacionales, sociedad civil empresarial y tanques o laboratorios de producción de pensamiento neoliberal, en la determinación de políticas educativas públicas y la extensión de relaciones de mercado, consumo y productividad hasta la escuela; pero, junto a estas redes analógicas de gobernanza, convergen otras no tan visibles, donde interactúan sistemas de inteligencia artificial, plataformas digitales y procesadores de metadatos para tomar decisiones a gran escala, lo mismo para la explotación laboral que hacia el control y manipulación de la humanidad a campo abierto, toda vez que estamos mediatizados por la Internet a través de dispositivos tecnológicos personales, que transgreden los límites espacio-temporales del trabajo, escuela y familia.
Emprendurismo, el nuevo espíritu del capitalismo. Cada revolución tecnológica propició su propia demanda; cuando la cadena de montaje aparece, a su vez se gesta una escuela de organización fabril, concentración física y capacitación de mano de obra estandarizada. La cuarta revolución industrial trae consigo niveles descomunales de desplazamiento del empleo y desvalorización del trabajo físico; pero, a diferencia de fases anteriores del capital, no marginó a su ejército de reserva ni los desconectó de la explotación laboral, del consumo y ahora de las plataformas digitales. So pretexto de superar el aprendizaje memorístico, introdujo metodologías problematizadoras y de proyectos, cuyo fin oculto es la formación para la incertidumbre laboral y la autoorganización del desempleo en proyectos de precariedad económica.
Neuroneoliberalismo educativo. La cerebrización del aprendizaje es parte de la guerra neocortical con la que se incursiona en la colonización del cerebro con fines de manipulación política y para la programación neuronal de conductas funcionales para la autorregulación de la explotación humana. Preocupa la facilidad con que se acepta el discurso de la socioemocionalidad, sin reparar en que se trata de la formación de un sujeto positivo, resiliente y capaz de dirimir las diferencias entre capital-trabajo en el ámbito personal, deslocalizando el conflicto de la lucha de clases contra un sistema de desigualdades sociales.
“ Lawfare educativo.” Es la guerra jurídica con que los grupos de la ultraderecha limitan las libertades de la docencia, el avance de las propuestas democráticas y emancipadoras en los sistemas educativos; unas veces a través de recursos legales, dejando sin efecto cambios curriculares, otras introduciendo leyes restrictivas como el PIN parental, para que los contenidos de aprendizaje sean aprobados o no por las familias, según sean sus convicciones políticas y religiosas.
Meritocracia y totalitarismo de plataformas digitales. La fusión de ambas instituye un modelo de gestión profesional docente; vertical, individualista, deshumano, despersonalizado y autoritario, en el que impera la extrema burocratización de la tramitología virtualizada de la carrera magisterial, despojando a los trabajadores de la educación de su derecho a la sindicalización y al goce de la contratación colectiva.
Lo anterior es una temática mínima e inconclusa; en todo caso, una invitación al intercambio de miradas para quienes creemos necesario nuevo sentido común de la educación y la profesión docente.
América del Norte/México/23-06-2023/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx
Ciudad de México. Integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM ) marcharon del Ángel de la Independencia a la Dirección General de Educación para el Magisterio de la SEP, ubicada en avenida Universidad, en conmemoración de un año de lucha en las normales rurales y el 98 aniversario de la federación.
En el pliego petitorio de los estudiantes normalistas incluyen la necesidad particular de cada normal rural, en el caso de Mactumactzá, Chiapas, está la cancelación de las 95 carpetas de investigación de los jóvenes detenidos en mayo de 2021 or exigir la aplicación de un examen de admisión en forma presencial. En relación con Ayotzinapa, presentan la exigencia de la aparición de los 43 normalistas.
La marcha con centenas de jóvenes comenzó después del mediodía, pasaron por Paseo de la Reforma, así como las avenidas Cuauhtémoc y Universidad. En tanto, un grupo de jóvenes de Mactumactzá continúa en plantón indefinido en el Zócalo, donde están en espera de que se dé una solución a sus demandas.
Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/notas/2023/06/19/sociedad/con-marcha-fecsum-conmemora-un-ano-de-lucha-de-normales-rurales/
La experiencia indica que no hay mucho qué cambiar en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) de la SEP. Del mismo modo como no lo hubo en el caso de la Unidad o Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (SPD) creada durante el sexenio pasado (2013-2018), porque su problema no es de personas, sino de estructura, es decir, de marco legal, atribuciones, de sentido y diseño institucional.
Aparte del saldo negativo que arroja la gestión de la USICAMM (creada durante el actual sexenio), se registran así mismo graves problemas de comercialización indirecta de la institución pública hacia el mercado, debido a la venta o distribución indebida de las bases de datos de maestras y maestros que participan en los procesos de admisión, promoción o reconocimiento.
¿Quién controla las bases de datos en USICAMM y las vende o distribuye a particulares? Hay reportes de maestras y maestros de educación básica que han recibido propaganda de cursos-talleres de supuesta preparación para participar “con éxito” en los concursos de promoción horizontal, sin solicitarlo, por parte de empresas que mercadean la formación continua. Sabemos que con ello se pone en práctica una forma sutil de privatización de la educación.
Es cierto que se podrían modificar algunas actitudes (como el trato arrogante y discriminatorio) del personal de la citada Unidad y sus filiales en las entidades federativas, así como los tiempos, la desorganización y los movimientos desfasados, que se han dado en los trámites y procesos administrativos asociados con las convocatorias (admisión, reconocimiento y promociones), y que han afectado a miles de docentes, asesores técnicos y directivos escolares de educación básica y media superior, pero lo de fondo seguirá sin cambiar mientras no se produzcan transformaciones estructurales, legales e institucionales; esto sin descartar el escenario de la eventual desaparición de esa Unidad. (Para más argumentos, ver mi artículo: “Cambio en la USICAMM ¿De fondo?”).
¿Cuál es la ruta meritocrática que los gobiernos mexicanos han decidido y diseñado para las maestras y los maestros de la escuela pública en México, a través del cuestionable sistema de evaluación de sus perfiles profesionales y de su labor cotidiana (“desempeño”)?
El cambio curricular de 1992, que iba a remolque del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, proyecto reformista impulsado durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, fue una de las modificaciones educativas más relevantes de los últimos 40 años debido a la integralidad de los puntos abordados. Aunque se le considero como una reforma educativa alineada con las orientaciones de los organismos internacionales (OCDE, Banco Mundial, etc.) y como producto de las nuevas (en ese tiempo) políticas públicas educativas de corte neoliberal.
Sin embargo, la reforma educativa aludida, de 1992, incorporó cambios importantes en los contenidos y en el rediseño de los libros de texto gratuitos de la educación primaria, en el programa nacional de formación docentes, y en la actualización del plan y los programas para la educación básica.
Pero hubo otro lado oscuro en esta historia: Entre 1992 y 1993 se creó también el primer sistema de contención de los aumentos al salario de docentes y directivos de la escuela pública: Carrera Magisterial (CM), una bolsa financiera dirigida a la cima de la meritocracia. (Ver mi texto: “México y España: Contradicciones del modelo competencial en educación básica”, Educación Futura, 21 de mayo, 2023).
Carrera Magisterial, como programa, desapareció por problemas de consistencia interna y sospechas de corrupción, esto a través de la reforma constitucional y las modificaciones a las leyes secundarias en materia educativa de 2013. No obstante lo anterior, el sentido o la lógica meritocrática (“el alma institucional”) prevalece.
A lo largo de los últimos 10 años, el Estado mexicano a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha destinado una considerable cantidad de recursos humanos, materiales y financieros para evaluar a las y los docentes, directivos escolares y demás figuras educativas, tanto de la educación básica como de media superior con la finalidad de “elevar la calidad de la educación”.
Ello, dentro del marco legislativo que han establecido los gobiernos con claras intencionalidades neoliberales en México, esto ha sido matizado según la relación de fuerzas políticas que se expresan en los espacios parlamentarios del poder legislativo (en este paquete incluyo a la reforma educativa de 2019); marco que podría dividirse en dos esquemas generales de evaluación del personal educativo en servicio:
1) Evaluaciones obligatorias con impacto en la estabilidad-inestabilidad o permanencia en el empleo. Esto mediante la intensificación de programas y procedimientos de evaluación y control hacia las y los docentes y demás figuras educativas, con criterios excluyentes (como lo planteó la reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2013); y 2) Evaluaciones no obligatorias o voluntarias (con fines formativos) sin impacto en la continuidad, permanencia o estabilidad en el empleo. En concordancia con el esquema anterior, no obstante, en este bloque se han establecido leyes sistemas-programas de evaluación y control hacia el personal educativo, con valores o criterios de no exclusión (Reforma al texto constitucional y leyes secundarias de 2019).
Insisto que, en ambos modelos o esquemas de evaluación de la docencia y demás figuras educativas de la escuela pública se conserva, sin embargo, la misma lógica o el mismo abordaje en términos de servir como mecanismos de contención salarial a partir de criterios “individualizantes” y por méritos. Es decir, en el sistema de incentivos económicos los criterios de “medición individual” se mantienen intactos, sin evaluar ni considerar de manera integral la práctica docente o directiva in situ, y sin valorar el trabajo colegiado.
¿Cuánto le cuesta a la nación la burocracia que administra el sistema educativo “meritocrático” de evaluación docente?
Veamos un breve análisis de contrastes entre el presupuesto asignado en 2022 y 2023 para la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), El Colegio de México, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV) y USICAMM (SEP).
FUENTE: CALENDARIO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO AL RAMO 11 EDUCACIÓN PÚBLICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022, DOF: 16/12/2021; Y PARA EL AÑO FISCAL 2023, DOF: 15/12/2022.
USICAMM ha recibido, durante los dos últimos años, casi el mismo presupuesto anual que se asigna a UPN; así mismo, la Unidad obtiene un presupuesto mayor que el que recibe el COLMEX; y más de una tercera parte de lo que percibe el CINVESTAV por concepto de ingresos federales.
¿Cuánto tiempo más la sociedad mexicana permitirá que se mantenga en pie una institución (USICAMM) que ha creado más problemas que soluciones, y que además tiene un alto costo para el país no sólo por la alta burocracia que representa, sino por ser el mecanismo de contención salarial del magisterio? ¿Para qué sirve al sistema educativo USICAMM? ¿No sería más conveniente y sensato distribuir esos mil millones de pesos anuales para elevar los salarios de maestras y maestros sin filtros meritocráticos?
Al próximo gobierno federal y a la legislatura entrante (2024) les tocará revisar este asunto prioritario, ubicado en el ámbito de la eventual modificación de las políticas públicas educativas nacionales.
Será necesario, por todo ello, revisar a fondo cuál es la lógica de las evaluaciones centralizadas y estandarizadas a docentes, directivos escolares y asesores técnicos de la escuela pública, que se practica en México. O definir, de una vez por todas, si el país desecha este sistema meritocrático, que tanto le cuesta a las mexicanas y los mexicanos, con la idea alternativa de aumentar los salarios no por méritos, sino para establecer un esquema de formación continua, con ingresos profesionales y con criterios de revaloración individual y colectiva del magisterio.
Simulación y engaño; usurpación y trampas; antidemocracia e imposición. En estas seis palabras se resume el comportamiento de los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en las elecciones para nombrar dirigentes sindicales de los profesores de primaria de la Ciudad de México, agrupados en la sección 9, celebradas el pasado 14 de junio.
La historia viene de atrás y tiene el sello de felonía. Comenzó cuando, en julio de 2008, a escondidas de la mayoría, Elba Esther Gordillo impuso como secretaria general de la 9 a María Teresa Pérez, en una cochera acondicionada como salón de fiestas. La disidencia, que contaba con 80 por ciento de los delegados, nombró un nuevo comité encabezado por el maestro Francisco Bravo y recuperó la sede sindical de Belisario Domínguez 32.
Hace 10 años, los maestros capitalinos debieron efectuar su congreso seccional para elegir a sus representantes. Como los charros de la dirección nacional eran minoritarios, impusieron a dedo una comisión ejecutiva.
Julio Peralta, maestro chiapaneco que participó en la fundación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y traicionó el movimiento pasándose a las filas de Gordillo, y luego le fue desleal y se sumó a Juan Díaz de la Torre, para apoyar más tarde a Alfonso Cepeda, quedó al frente. No importó que no supiera nada del magisterio de la Ciudad de México y sus problemas. Lo único relevante era su incondicionalidad a las autoridades educativas y al mandamás en turno en el sindicato.
Los maestros democráticos de la sección 9 nombraron por su cuenta a sus representantes. Sin contar con plazas liberadas, dieron vida al sindicato. En tres ocasiones, cambiaron, en elecciones libres y justas, a su comité seccional.
El pasado 20 de mayo, Julio Peralta Esteva y su comisión ejecutiva, a quienes ningún profesor capitalino eligió, dieron, en el salón de fiestas Gran Forum, su informe de 10 años de usurpación. En lugar de citar a un pleno de secretarios generales delegacionales, llevaron a los integrantes del comité nacional del SNTE y a acarreados. El 23 emitieron la convocatoria para elegir nuevos dirigentes seccionales y dieron sólo tres días para el registro.
Los comicios estuvieron llenos de irregularidades. Antes, durante y después de las elecciones, los charros fueron juez y parte. De manera unilateral y arbitraria determinaron mecanismos, tiempos y sedes para votar. Decidieron el padrón utilizado para sufragar, excluyendo a muchos trabajadores de la educación que no se les someten. Y se negaron a revisarlo públicamente. De hecho, no hubo padrón, sólo una liga electrónica para ubicar las casillas. Rechazaron que en los centros de votación participaran integrantes del movimiento magisterial democrático. Directores de la escuelas e inspectores coaccionaron a los docentes.
Pero, como nada de eso evitó que se levantara una enorme ola de inconformidad, negaron, echando mano de las peores chicanadas, el registro de la planilla Roja Democrática 9, en la que se agruparon los profesores de esa tendencia. Por su parte, los charros registraron, en nombre de una supuesta pluralidad, dos planillas: Valor Magisterial Naranja y Magisterio Progresista Morado.
El 14 de junio hubo una verdadera batalla campal alrededor de los centros de votación. Al más viejo estilo de Vanguardia Revolucionaria, los charros sindicales movilizaron brigadas de porros. Directores de escuelas e inspectores golpearon y lastimaron a maestros democráticos. Convocaron a padres de familia para que, con base en mentiras, arremetieran contra los profes. Los testimonios abundan. El supervisor de la zona 65, Francisco Ramón Morgan, agredió a la maestra Diana Guerrero. En la escuela México-Japón, el director, Gaspar Francisco Barbosa, confrontó a los docentes. El supervisor de la zona 77, Juan Antonio González, atacó a los trabajadores de la educación y rompió sus carteles y mantas. Luis Alberto Barragán, director del centro escolar Luis Pasteur, asaltó a los mentores en resistencia. En la sede 78 en la escuela Suecia, llegaron golpeadores profesionales con camisa a cuadros y pantalón de mezclilla.
El magisterio democrático ocupó 10 centros de votación, que no pudieron abrir a pesar de las arremetidas en su contra. Donde sí se instalaron casillas, miles de maestros escribieron planilla Roja Democrática 9, pero sus votos no fueron contados. Muchos más anularon las papeletas.
Por su parte, sin control ni supervisión alguna, los charros se dieron vuelo echando mano a la mapachería menos sofisticada: carruseles, ratón loco, urnas embarazadas, compra y coacción del voto, padrón rasurado. Y, ya encarrerados, sin pudor alguno, el 18 de junio declararon ganadora a la planilla Valor Magisterial Naranja, con cifras de votación paridas por la alquimia electoral, que rayan en lo inverosímil.
El nuevo secretario general seccional charro, Ulises Chávez Tenorio, es un viejo funcionario sindical que no ha estado frente a grupo durante los últimos 25 años. Es, también, Oficial Mayor del comité nacional del SNTE. Para que no quede duda de los intereses a los que sirve, baste apuntar que, con frecuencia, representó a Alfonso Cepeda en eventos gremiales en otros estados.
El magisterio democrático de la Ciudad de México impugnará legalmente el jaripeo del 14 de junio, avalado por las autoridades laborales y políticas. Lejos de servir para establecer canales institucionales para resolver los conflictos y diferencias dentro de la sección 9, la pantomima de democracia del SNTE los exacerbará. Como sucedió en julio de 2008, el charrazo no pasará.
En verdad, lo que pretenden los opresores es transformar la
mentalidad de los oprimidos y no la situación que los oprime.
[…] Para esto, utilizan la concepción bancaria de la educación
a la que vinculan todo el desarrollo de una acción social
de carácter paternalista, en que los oprimidos reciben el
simpático nombre de asistidos.
-P. Freire (Tomado del “Avance del contenido para el libro del docente. Primer grado”)
La Nueva Escuela Mexicana (NEM) se justifica en la Filosofía de la Liberación. Tal como lo enuncia el “Avance del contenido para el libro del docente. Primer grado”, la NEM pretende superar la visión colonialista de la educación -que se ha impuesto en nuestro país- y cambiar el discurso pedagógico en favor de la emancipación de los oprimidos.
La Filosofía de la Liberación encuentra su origen en las propuestas de pensadores de América Latina, principalmente de Argentina, e intenta reflexionar desde la periferia, desde los países colonizados y explotados, desde la condición de los oprimidos, de los condenados de la tierra y los rebeldes del mundo, por ello, pretende un discurso contrahegemónico y contribuir en alternativas de liberación, con aportes de la política, ética, pedagogía y filosofía.
Para ello, el proyecto educativo actual se posiciona contra el pedagogismo del sistema neoliberal, que concebía la escuela como empresa y la educación como negocio, e impuso prácticas didácticas en favor de la sociedad capitalista y contra la instrucción pública; basta recordar los efecto negativos y punitivos de la mal llamada Reforma Educativa anterior: despidos, amenazas y represión de docentes, cambios en la relación laboral del magisterio y perdida de sus derechos labores, intervención de grupos políticos, de la “sociedad civil” y del sector empresarial en las decisiones del sistema educativo mexicano –se recomienda leer el texto de Mauro Jarquín “La pedagogía del capital, nueva derecha y reforma educativa en México”-.
En el ámbito pedagógico, el didactismo neoliberal se justificó en los mandatos de la política educativa global, decretada por organismos internacionales (FMI, BM, OCDE) y tomó como bandera de ataque la lucha contra la escuela tradicional y los malos resultados que, según ellos, se habían generado durante un largo periodo. Además, la escuela neoliberal se presentó como alternativa ante la anacrónica, vetusta y opresiva forma de enseñar que se venía trabajando –todas ellas falacias-; por ello, se propuso renovar la educación y formar a chicas y chicos de otra manera: por medio del diseño de proyectos escolares, ludificación la enseñanza, evaluación constante y permanente, formar en competencias, mantener un enfoque de evaluación basado en el rendimiento escolar y en busca de calidad, dar continuidad a la cultura de la felicidad (promovida por el neoliberalismo), psicología positiva, gestión de las emociones y demás ideologías metódicas.
Bajo ese panorama, la NEM toma a la Filosofía de la Liberación para comprender, explicar y proponer una visión disruptiva y en oposición a la impuesta por los grupos hegemónicos del capital internacional y nacional. Así, se intenta que, tomando como punto central el pensamiento crítico, se tome como punto de partida las relaciones de alteridad, se reconozcan y respeten los saberes y prácticas de los grupos excluidos, se considere la comunidad (sus mujeres y hombres de todas las edades) como referencia para la acción pedagógica, se preste atención a las problemáticas sociales para su discusión y, así, generar propuestas de solución desde el ámbito escolar; que la relación dominado-dominador se borré del hecho educativo y que los enfoques positivistas, psicologistas y cientificistas no sirvan más como fundamentos para la alienación de las y los educandos; finalmente, tal como lo expresa Enrique Dussel, la Filosofía de la Liberación debe funcionar como método crítico (no práctico ni operativo) para la teoría y especulación del fenómeno educativo y contribuya en la liberación de los oprimidos.
*Docente de educación primaria en el Estado de Querétaro
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