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México: Se adjudica SNTE basificaciones para maestros de Educación Media Superior

Se adjudica SNTE basificaciones para maestros de Educación Media Superior

El SNTE informó que la dirigencia encabezada por Alfonso Cepeda Salas, mantiene un diálogo permanente con autoridades educativas y hacendarias para cumplir con los requerimientos de los agremiados.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) presumió que logró que se basifique a maestros de educación media superior.

“Después de meses de gestiones ante las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público, se reconozcan en el Analítico Presupuestal casi 14 mil plazas y 50 mil horas-semana-mes para maestros de Educación Media Superior que laboran frente a grupo y que participaron en los procesos de admisión al servicio educativo”, dijo el SNTE en un comunicado de prensa.

El organismo señaló que la certeza laboral es un acto de justicia que se había negado a miles de docentes, a pesar de cumplir con los requisitos establecidos en la ley para ser basificados, motivo por el cual el SNTE puso sobre la mesa estas irregularidades que, si bien no se lograron resolver inmediatamente, a través de negociaciones constantes hoy rinden frutos para los trabajadores de la educación.

El SNTE expresó que en la respuesta al Pliego Nacional de Demandas que se entregó en el mes de mayo pasado, la Secretaría de Educación Pública se comprometió a que a más tardar en el mes de agosto de 2022 otorgaría los nombramientos definitivos a los agremiados de Educación Media Superior.

Destacó que aunque hubo un retraso, en breve los docentes recibirán su constancia de nombramiento de base, se les reconocerá su antigüedad desde que fueron contratados y tendrán posibilidades de de acceder a las promociones.

Advirtió que la representación sindical estará pendiente de que, a la brevedad posible y con absoluta transparencia, se termine el proceso apegado al derecho de cada maestro.

Agregó que la basificación ha sido una de las principales exigencias en las cuatro consultas aplicadas en todo el país para integrar el Pliego Nacional de Demandas, que el SNTE entrega cada año al Gobierno Federal.

En ese sentido manifestó que la dirigencia encabezada por Alfonso Cepeda Salas, mantiene un diálogo permanente con autoridades educativas y hacendarias para cumplir con los requerimientos de los agremiados.

Fuente de la Información: https://profelandia.com/se-adjudica-snte-basificaciones-para-maestros-de-educacion-media-superior/

 

 

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Ayotzinapa y la “justicia” cómplice

Ayotzinapa y la “justicia” cómplice

 

Fuentes: Rebelión

Muy lamentable resulta comprobar, otra vez, que buena parte del Poder Judicial a nivel federal forma parte de la complicidad corrupta e inhumana que pretende perpetuar en un manto de impunidad el Crimen de Estado ya reconocido, respecto a la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La decisión de la jueza de distrito Yazmín Eréndira Ruiz de otorgar la suspensión definitiva al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, relativa a su vinculación a proceso por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada, relacionados con el caso Ayotzinapa, es otro granito de la montaña de cinismo que desde del 26 de septiembre tiene a la nación en vilo respecto a la falta de justicia, si ya desde esa trágica noche se sabía que los hechos respondían a un Crimen de Estado, ahora está más que claro que la red de intereses sigue vigente y continúa por todos los medios encubriendo la verdad y tratando de desvirtuar los esfuerzos reales que se efectúan por esclarecer los hechos. En otras palabras, nadie puede seguir jugando a dudar sobre la violencia de lesa humanidad cometida por los tres órdenes de gobierno con la participación abierta de las Fuerzas Armadas de México sobre los 43 normalistas y sus familiares. Hoy, más de ocho años después, falta mucho para terminar de limpiar las instituciones y dependencias de gobierno de la podredumbre moral, ética y social que la lógica capitalista ha instaurado a través de grupos políticos en las esferas más altas del poder y la “justicia” en nuestra nación.

Aunque la suspensión de la vinculación a proceso de Murillo no significa su liberación inmediata por la posibilidad de impugnación de la decisión por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), el hecho significa, de manera inmediata, un retraso en las investigaciones que otorga tiempo a los grupos que pretenden la impunidad de formular nuevas estrategias de interferencia, además, hay que sumar a esta acción, la gravísima filtración de información publicada en algunos medios nacionales, poniendo en riesgo buena parte de las actuales líneas de indagación, todo, en un contexto de exacerbación política entre grupos y partidos que únicamente beneficia a los intereses privados, dejando de lado las necesidades urgentes populares como es el esclarecimiento pleno del caso Ayotzinapa.

Ahora, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha realizado una denuncia sobre la evidente intromisión de la Fiscalía y el Ejército de México que con las acciones ya mencionadas y otras obstruyen las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, este mismo grupo, ya había hecho público desde marzo pasado, un documento donde señala que el Ejército espió a los involucrados en el caso, tanto criminales como autoridades y familiares, sumado a esto el hecho de la comprobada infiltración de al menos un elemento de las fuerzas armadas entre los normalistas tiempo antes de su desaparición.

No es difícil –si se quiere- ver lo obvio, el caso Ayotzinapa está rodeado de los más oscuros intereses de grupos políticos, militares y económicos que no desean se conozca la verdad, encubriendo su propia participación como la de otros actores aún pendientes de ser juzgados como el ex presidente Enrique Peña Nieto. Un sector amplio de la “justicia” es cómplice de la más vil impunidad.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

 

Fuente de la Información: https://rebelion.org/ayotzinapa-y-la-justicia-complice/

 

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La nueva escuela mexicana: modelo para armar/ IV

Por: Roberto Rodríguez Gómez

Hace un mes, el pasado 16 de agosto, Delfina Gómez Álvarez, en uno de sus últimos actos como secretaria de Educación Pública, encabezó la presentación pública del Plan de Estudios de Educación Básica. En su discurso describió los elementos componentes de la nueva escuela mexicana (NEM). Argumentó, en primer lugar, que el propósito central de la NEM es “procurar la formación integral y humanista desde la formación inicial hasta la superior”. La aún titular de la SEP, agregó que “en la NEM se articulan los aspectos académicos con las diversas realidad sociales del país. La meta es garantizar una enseñanza de excelencia con base en los principios de inclusión, pluralidad e inclusión.” Estas definiciones genéricas coinciden, cuando menos no se apartan, del espíritu de la reforma constitucional y normativa de 2019, que es el inevitable marco de referencia de la NEM.

Posteriormente, la secretaria Gómez Álvarez explicó los cuatro “ejes” que desde la perspectiva de la SEP dan sustento a la NEM. Estos son, siguiendo el orden de su exposición: la dignificación magisterial (incremento al salario, basificación de nombramientos y concursos por nuevas plazas); los programas de becas; el programa de infraestructura “la escuela es nuestra”, y el rediseño curricular de la educación básica, media superior y de las normales. Ello significa que la NEM equivale a la política educativa del sexenio, a toda.

Es interesante, quizás significativo, que en el cuarto informe de gobierno del ejecutivo federal, un texto que se aproxima al millar de páginas sin contar el respectivo anexo estadístico, ni una sola vez se menciona a la NEM. En el capítulo sobre educación (págs. 233-266) se hace un recuento –por cierto bastante informativo- de lo realizado por la SEP y otras instancias federales en la materia. Se detalla el contenido de cada uno de los programas y sus principales datos.

El informe de gobierno incluye un párrafo sobre el enfoque de política educativa que se sigue: “el derecho a la educación constituye un valor integral fortalecido por la presente administración, comprometida a garantizar la plena realización de los individuos, puso en marcha acciones determinantes mediante las cuales se forman mexicanas y mexicanos resilientes, responsables, con sentido comunitario y de solidaridad, conciencia ambiental y salud personal, respeto por la diversidad cultural y un profundo respeto por la Patria.” (pág. 233). Es una redacción rara, en que el sujeto se pierde ¿quién puso en marcha las acciones determinantes? ¿el derecho a la educación o la presente administración? Dejando de lado esa minucia sintáctica, vale la pena notar el acento en la expresión “la plena realización de los individuos”, que contrasta con el enfoque anti-individualista que adorna la actual propuesta de renovación curricular de la educación básica.

Por cierto, con disculpa por salir momentáneamente del tema de esta columna, tanto en la presentación de Delfina Gómez, como también en el cuarto informe de gobierno, se da realce a los avances del sistema de “universidades para el bienestar Benito Juárez”, lo que en sí mismo no es extraño si se considera que esta ha sido una de las prioridades de política educativa del sexenio. Un día antes del informe, en la consuetudinaria conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo: “A la fecha se han creado 145 Universidades para el Bienestar Benito Juárez, en los lugares más apartados del país, que benefician a 65 mil alumnos de escasos recursos”, lo que se replicó en el twitter “Gobierno de México”. Esta cifra contrasta sobre manera con la incluida en el informe de gobierno, que indica: “en el semestre 2021-2 se registraron en el programa 37,585 estudiantes; no obstante, al inicio del semestre 2022-1, los estudiantes registrados disminuyeron a 32,553 (13.4%), que puede deberse a las dificultades del reingreso a la fase presencial de estudios.” (pág. 246). ¿Cómo se explica una diferencia de tal dimensión? ¿será un efecto de los otros datos?

Volviendo a la NEM, el elemento emergente, que también se ha descrito como el fundamento de la transformación educativa del régimen (y del país) es la reforma de los planes y programas de estudio de la educación básica, del sistema de instituciones de educación media superior a cargo de la SEP, de las escuelas normales y seguramente de la Universidad Pedagógica Nacional y sus sedes descentralizadas. En complemento, la renovación de la colección de libros de texto gratuitos para educación primaria y para las telesecundarias.

El proceso de cambio curricular se emprendió desde el año pasado y no ha estado exento de dificultades operativas. Un primer intento, el de renovación de los libros de texto gratuitos fue convocado, en dos ocasiones (marzo y agosto de 2021) sin generar el resultado esperado (nuevos libros), lo que posteriormente se explicó por la necesidad de aguardar al cambio curricular de la educación básica al que deben corresponder dichas publicaciones. El julio de este año se abrió una nueva convocatoria y sería de esperar que, en este tercer intento, se consiga la implementación. Ya se verá.

Al menos cinco versiones del Plan 2022 para educación básica fueron puestas en circulación o filtradas: la primera, el 31 de enero de este año que incluía, además de una propuesta de “marco curricular”, varios de los programas de estudio en versión borrador. Posteriormente, versiones con fecha 31 de mayo, 20 de junio, 21 de julio y 5 de agosto, al parecer esta última la versión final. Hay varias diferencias entre las ediciones; una que viene al caso es que, a partir de la segunda versión, se incluyó un capítulo titulado “La Nueva Escuela Mexicana”, cuya tarea principal se debe concentrar, según el texto, en “propiciar que niñez y juventud, junto con sus profesoras y profesores, vayan al encuentro de la humanidad de las otras y los otros, entendidos en su diversidad.” (Versión del Anexo publicado en el DOF, 11 de agosto de 2022, pág. 9).

Hasta aquí, por ahora, los avatares de la NEM. Nos falta conocer, en su momento, el contenido de los programas de estudio y los libros de texto. Cuando se den a conocer, los comentaremos.

Fuente de la información: https://revistaaula.com

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Ayotzi ocho años después: fue el Estado, es el Estado y seguirá siendo el Estado. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Por: Marcelino Guerra Mendoza, Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro. Columna: CORTOCIRCUITOS

«No hay mayor ignominia que la militarización del país en todo momento…»

A ocho años de la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, el mapa del ejercicio del poder del Estado autoritario ha crecido desproporcionadamente. Por un lado, se normaliza paulatinamente el envío de iniciativas del ejecutivo federal al poder legislativo para ser convertidas en leyes que constituyen, de facto, no solo una traición hacia la población en general, sino una afrenta, una burla para las comunidades, familias y estudiantes de la normal rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.

Sin saber la verdad, ni recibir justicia, madres y padres de algunos de los desaparecidos han fallecido, pero nunca desfallecieron ni abandonaron la búsqueda de sus hijos. En contraste, el Estado se ha empecinado en desestimar las exigencias, denuncias y protestas de las familias en la búsqueda y localización de sus hijos.

El caso no está resuelto. ¿Dónde están?, es la pregunta que se hacen todos los días los padres de los jóvenes, la misma que el Estado no ha sido capaz o no ha querido responder.

En lugar de respuestas, tenemos cada vez más leyes que sitúan al país en la ruta de la militarización: ahí está la iniciativa de otorgar al ejército y la marina el control de la seguridad en todo el país, traspasando funciones de vigilancia a una guardia nacional militarizada, bajo el mando de la SEDENA. Ante los cuestionamientos sobre este giro, después de que en campaña declarara insistentemente que de ganar las elecciones regresaría al ejército a sus cuarteles, AMLO se ha limitado a responder: Cambié de opinión. 

En la desaparición forzada de los 43 estudiantes, los militares estuvieron directamente involucrados, así lo afirmó hace unas semanas Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y la Justicia  (Soldados, liderados por “El Coronel”, mataron y desaparecieron a 6 de los normalistas); si el ejército ha sido artífice y protagonista de cientos de miles de desapariciones forzadas y torturas, y su participación activa ha sido comprobada más en el caso de los estudiantes rurales, ¿por qué habíamos de creer que concediéndole el mando de la seguridad civil, las cosas serían diferentes?.

No caigamos en el garlito de que todo sucedió en el periodo neoliberal de Peña Nieto, eso es un hecho, nadie dice lo contrario. Aquí lo fundamental es tener claro, nunca olvidar ni pasar de largo que a 4 años del gobierno de la IV T, el mismo que prometió esclarecer los hechos y acabar con la impunidad, no existen respuestas, tampoco indicios de que realmente interese conocer la verdad, alentar la búsqueda para dar con el paradero de los estudiantes desaparecidos.

¿Para qué formar una Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, con todos los recursos a su alcance, que se supone debía esclarecer en forma expedita lo ocurrido, pero no es capaz de responder la pregunta, la única cuya respuesta esperan finalmente recibir sus familias y la sociedad entera? Inevitable pensar en una explicación posible: ésta, como tantas otras comisiones que se han formado para fines similares, lo único que muestran es una complicidad extrema con el pasado neoliberal, al tiempo que marcan el escenario militar para continuar profundizando la impunidad.

A ochos años de lo ocurrido y a 4 años de la 4T, el mapa del autoritarismo del Estado transformador de la realidad nacional, es cada vez es más preocupante y grave; las desapariciones forzadas continúan, los feminicidios aumentan, el asesinato de periodistas, activistas y luchadores sociales no cesan; los levantones en el territorio nacional están presentes y la indolencia e insensibilidad de los tres órganos de gobierno para la atención de estos acontecimientos son cada vez más latente.
No hay mayor ignominia que la militarización del país en todo momento, pero a ocho años de la desaparición forzada de los 43 futuros maestros rurales y a cuatro años de gestionar su desaparición con una búsqueda sin resultados concretos, pinta de cuerpo entero al actual gobierno: como un Estado neoliberal con tintes progresistas investido de un discurso disonante de las acciones cotidianas que ratifica, una vez más la máxima popular: FUE, ES Y SERÁ EL ESTADO.

¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!

Fuente de la información: Insurgencia Magisterial

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Tiempo educativo mexicano

Por: Juan Carlos Yáñez

Con el inicio del ciclo escolar 2022-2023, México comienza otra etapa en la ola reformista. El siglo veintiuno es testigo de una epidemia de reformas en la educación básica y media superior (bachillerato) que, sin embargo, no produjeron los cambios prometidos, entre otras razones, porque no han tenido tiempo de ser implantadas, adecuadamente acompañadas y evaluadas para su mejora.

En la escuela primaria, por ejemplo, hubo un plan de estudios en 2011, otro en 2017 y ahora se realizará un pilotaje, con diseño metodológico no difundido todavía, así como dudas no aclaradas o desdeñadas por el ministerio nacional, la Secretaría de Educación Pública.

Transcurrida la parte más crítica de la pandemia, mal manejada en educación y peor en sanidad, las evidencias cuantitativas que arrojan distintas instituciones no gubernamentales reflejan un agravamiento de los problemas que ya atravesaba el sistema educativo.

Especialmente inquieta la impavidez gubernamental frente a las cifras del abandono escolar, estimadas en un millón 800 mil estudiantes, en un sistema educativo que antes de la crisis sanitaria global superaba una matrícula de 35 millones. La pérdida o pobreza de aprendizajes, calculada más por percepciones que por un diagnóstico fiable, varía entre uno y dos años. Los desafíos que configuran ambos polos son monumentales, a cambio, se ofrece resolverlos con discursos y actos de fe, no obstante su persistencia, endémica en el tercer sistema educativo más grande del continente.

A pesar del intento de desmarcarse de las reformas recientes, acusadas de neoliberales, privatizadoras y otros adjetivos emparentados, la modificación a los planes de estudio de preescolar, primaria y secundaria corre paralela a las propuestas diseñadas en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, suscrito en mayo de 1992, regado con agua de la fuente donde nació el neoliberalismo mexicano. En aquel documento se postularon tres grandes ejes para la modernización educativa: reorganización del sistema, reformulación de contenidos y materiales y revaloración del magisterio, calcadas con similitud notable treinta años después.

Podrán esgrimirse razones distintas entre el Acuerdo firmado por el padre del neoliberalismo mexicano, Carlos Salinas de Gortari, y el antineoliberal confeso que gobierna el país, Andrés Manuel López Obrado. Pero eso no es lo central. Importa más la ausencia de un diagnóstico sobre los problemas y las fallas en la gestión pública en la materia, explicada quizá por el lugar que realmente ocupa la educación en la política nacional e ilustrado por el hecho de que en cuatro años hubo tres ministros de Educación, como ocurriera el sexenio anterior, y en ambos periodos, con perfiles más políticos y cercanos a la figura presidencial, que a la vida escolar del país y su compleja y enorme magnitud.

Como el sexenio pasado, esta vez también se aplicará un nuevo plan de estudios en el último año gubernamental. Como entonces, con deficiencias en la capacidad de comunicación con el gremio magisterial, lo que dio pie a confusiones y vacíos que parieron temores, desprestigio y rechazos anticipados.

Los planes de estudios 2022 tienen la impronta del gobierno federal: apresuramiento, inconclusión, incoherencias, vacíos y lagunas estructurales, pero que se presumen como grandes logros. Así ocurrió con un aeropuerto internacional escaso de vuelos, con deficiencias logísticas, poco concurrido y montado sobre la necedad, que se presume como el mejor de Latinoamérica, aunque no aparezca así en los catálogos internacionales. Fue el mismo caso con la refinería Dos Bocas; con los llamados “bancos del bienestar”; el discurso hueco de la Nueva Escuela Mexicana y la red de universidades Benito Juárez, un conjunto de instituciones educativas precarias asentadas en lugares donde no existía oferta de enseñanza superior, que ofrecen una carrera profesional pero no realizan las funciones sustantivas de lo que en el mundo se conoce como una universidad. Además, no evaluadas bajo ningún patrón externo y acusadas de mal trato laboral, ineficiencia y escasa calidad.

Con ese ADN nace el nuevo plan de estudios para preescolar, primaria y secundaria, con una perspectiva que pretende alejarse de los manuales tradicionales que condujeron estos procesos, aspecto que resulta en abstracto encomiable, pues las fórmulas ensayadas no ofrecieron resultados alentadores y se precisaban caminos alternativos.

Al plan de estudios se le acusa de “ideologizador” o sobrecargado de discursos que sostienen la visión del gobierno de la llamada “Cuarta Transformación”, en cuya crítica late la idea de que los profesores son de plastilina, como definió el experto Manuel Gil Antón, y se amoldarán a lo que dicte un documento sin más. No es la ecuanimidad lo abundante en este momento de polarización.

Sostengo que al plan le fallan tres grandes capacidades: las de diagnóstico, proyecto y comunicación; frente a las dos primeras falencias, la tercera agrava los efectos, pues suscitó en meses pasados una ola de desinformación inatajable para los documentos y declaraciones oficiales.

Del plan de estudios destaco cuatro virtudes, al mismo tiempo riesgosas: una forma de organización no centrada en materias, autonomía curricular y del magisterio, preeminencia del trabajo por proyectos y problemas, así como la oportunidad/exigencia de que los colectivos docentes sean responsables del codiseño del plan y convertirlo en un proyecto educativo específico para cada centro.

De esas virtudes a la construcción de las prácticas curriculares y del aula en cada escuela, hay un camino difícil, que puede resultar espinoso para muchos y clausurado para otros, sin acompañamiento pedagógico de las supervisiones, liderazgo académico de los directores y formación docente ligada a las escuelas y proyectos educativos.

Sin esos elementos, entre otros, como financiamiento adecuado, el nuevo plan de estudios será una tumba fresca en el “panteón de las reformas estériles” (G. Neave).

Fuente de la información e imagen: https://eldiariodelaeducacion.com

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México: calculan entre 35 mil y 45 mil niños y adolescentes reclutados por el crimen

Por: Redeco

De acuerdo con las estimaciones de organizaciones de la sociedad civil, en el país hay entre 35 mil y 45 mil niñas, niños y adolescentes reclutados por el crimen organizado.

Además de que son víctimas de toda clase de violencias, se les obliga a realizar conductas que los deshumanizan, y a pesar de que puedan escapar y reinsertarse en la sociedad, les dejan marcas físicas y emocionales imborrables, expuso la Secretaría Ejecutiva (SE) del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), de la Secretaría de Gobernación.

Durante la sesión permanente de comisiones de la instancia nacional y las estatales, la encargada de despacho de la SE del Sipinna, Constanza Tort San Román, alertó que factores estructurales como la desigualdad y el rezago social propician que esta población esté más expuesta al reclutamiento por parte del crimen organizado.

Las cifras oficiales muestran que, hasta julio pasado, había reporte de 3 mil 99 adolescentes de entre 14 y 17 años con medidas privativas de libertad; 93 por ciento, varones.

Además, las estadísticas del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), muestran que 101 menores en esta situación tenían entre 12 y 13 años.

En las cifras del órgano de readaptación social se considera como adolescentes procesados, con medidas privativas y no privativas de su libertad, a personas desde 12 y hasta 24 años de edad. En suma, son 5 mil 560 los adolescentes sancionados por delitos del fuero común y federal, de los cuales mil 318 se encuentran en internamiento y el resto están libres con medidas cautelares o con una suspensión condicional del proceso.

Jalisco, Nuevo León, Baja California, Guanajuato, Zacatecas, Sinaloa, Aguascalientes y Chihuahua concentran la mayor cantidad de adolescentes vinculados a un proceso legal.

A la par, en un foro en el Senado, la funcionaria federal agregó que mientras las calles fueron en el pasado un lugar de juego para infantes y adolescentes, perdieron su derecho de apropiarse de éstas y actualmente son un espacio donde se enfrentan a riesgos que comprometen su integridad, su futuro y su vida; eso tiene que cambiar rápido.

Fuente: https://www.redeco.com.ar

 

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El “piloteo” del plan de estudios 2022, pero ¿dónde está el piloto?

Por: Abelardo Carro Nava

«¿Podrá romper o superar esa inercia la titular de la SEP y al final tomará el mando de la Dependencia que dirige?»

Con cierto grado de hermetismo, la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de las Secretarías de Educación de los estados de la República Mexicana, viene trabajando en la organización de lo que se ha denominado “piloteo” del Plan de Estudios 2022, mismo que comenzará a operar en la última semana de octubre de este año.

¿Qué diagnóstico se ha aplicado y cuáles serán los resultados que pudieron haber determinado la elección/selección de 30 escuelas, por entidad, por parte de las autoridades educativas federales y locales?, ¿qué escuelas participarán este proceso?, ¿qué tipo de información y/o de formación, sobre dicho plan, estarán recibiendo las maestras, maestros, directivos, padres de familia y, en general, la comunidad escolar?, ¿cuál será la organización académica y administrativa que los planteles escolares seleccionados pondrán en marcha en unos días?, ¿cuáles son los programas analíticos de los grados/fases en los que habrá de implementarse?, ¿cuáles son los contenidos de esos programas analíticos y cuáles las actividades didácticas sugeridas?, ¿cuáles serán los textos que emplearán maestras, maestros y estudiantes de las fases en la que se implementará el “piloteo”?, ¿qué otros materiales y recursos didácticos se habrán de emplear para el desarrollo de las sesiones a partir de noviembre?, ¿de qué manera se realizará la evaluación y, por ende, la emisión de una calificación que “valore” el o los aprendizajes adquiridos?, ¿qué acciones formativas dirigidas hacia el profesorado se estarán desarrollando para el entendimiento y comprensión de eso que se ha hecho llamar “codiseño”?, ¿en qué instrumentos de recolección de información se asentarán las observaciones obtenidas por docentes y directivos?, ¿se tomarán en cuenta las observaciones de los padres de familia en cuanto a la puesta en marcha de dicho “piloteo” en las escuelas?, ¿de qué manera se procesará la información obtenida y qué instancia se encargará de procesarla? En fin, una serie de cuestionamientos que, desde luego, invitan a reflexionar, pero, sobre todo, a demandar que la SEP haga de conocimiento público sus respuestas pues, como se ha dicho hasta el hartazgo, ya no son los tiempos de antes y, por tanto, al ser un tema de interés público, bien haría esta Dependencia en ejercer un amplio sentido de transparencia que a muchos nos interesa.

Y es que, como se recodará, a mediados del mes de agosto de 2022, por fin se dio a conocer en los medios de comunicación y oficiales, el Acuerdo 14/08/22 por el que se establece el Plan de Estudios para la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria. Acuerdo que, después de la serie de versiones que de dicho plan se conocieron por las redes sociales, dio formalidad a la propuesta de la SEP en esta materia.

Si recordamos, el Transitorio Cuarto de este Acuerdo, señaló puntualmente: “Durante el ciclo escolar 2022-2023, en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria de todas las entidades federativas, se realizará un piloteo del Plan de Estudio… así como de los respectivos programas de estudio que, en correlación con dicho Plan sean elaborados por la SEP, con el fin de que se trabajen los contenidos correspondientes a la Fase 2 (solo primer grado de educación preescolar), Fase 3 (solo primer grado de educación primaria) y Fase 6 (solo primer grado de educación secundaria) de acuerdo con la estrategia metodológica que establezca la referida Dependencia en concordancia con las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. El piloteo se realizará en escuelas con servicio general, indígena y comunitario; en zonas urbanas y rurales; en escuelas multigrado y de organización completa, así como secundarias generales, técnicas y telesecundarias; incluye población específica de niñas, niños y adolescentes migrantes o que viven con alguna discapacidad y aptitudes sobresalientes (escuelas con y sin servicios de educación especial). Para atender el carácter regional, local, contextual y situacional del proceso de enseñanza y de aprendizaje a que refiere el tercer párrafo del artículo 23 de la Ley General de Educación, durante el piloteo las autoridades educativas de los gobiernos de los Estados y la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México realizarán las acciones que permitan concretar dichos aspectos en los respectivos programas de estudio.

Del contenido de este artículo, el Cuarto Transitorio, en otros textos que he publicado en este y otros espacios, he planteado una serie de preguntas que responden más, a una serie de inquietudes que, desde luego, se complementan con las referidas líneas atrás, sin embargo, no hay que perder de vista que, una cosa es lo que en dicho Acuerdo se observa y otra lo que en realidad acontece en los centros escolares, por ejemplo, las autoridades educativas de la SEP, han señalado que el “piloteo” constará de cuatro elementos: a) formación docente, b) codiseño de programas de estudio a cargo de maestros, c) desarrollo de estrategia nacional, y d) transformación administrativa y de gestión; aspectos que, si bien es cierto que parecen lógicos y fundamentales trabajarlos antes de la implementación de un “piloteo”, también es cierto que en cada entidad y en cada escuela acontecen situaciones diversas que se desprenden, precisamente, de las visiones de las autoridades, de las condiciones presupuestales, de las complejidades escolares, sociales o comunitarias, en fin, de todos aquellos aspectos o elementos que influyen o confluyen en la organización escolar.

Hasta donde tengo conocimiento, debido al constante diálogo que tengo con maestras y maestros de diferentes niveles educativos, puesto porque no existe información publica sobre ello, algunas autoridades educativas, con diagnóstico o sin él, han elegido o seleccionado a las escuelas que participarán en dicho “piloteo”; difícilmente se les ha preguntado o pedido su opinión a maestras, maestros, estudiantes y padres de familia, hecho que refleja el “verticalismo” en las decisiones que emanan desde el centro o, bien, las “simpatías” que cierta autoridad tiene con determinado directivo de algún plantel escolar “seleccionado”. Ahora bien, quienes sí lo han hecho, desde luego considerando algunos criterios para el diseño y aplicación de un diagnóstico, han podido obtener algunos indicadores e información que puede sustentar el que tal o cual institución haya sido seleccionada para este proceso; situación que genera una inercia, un tanto diferente, en virtud de que ésta no se concibe como una imposición sino, más bien, como una decisión compartida en torno a un reto u oportunidad que se les pone en frente. En resumidas cuentas, bien haría la SEP cuidar estos procesos porque, insisto, mientras por un lado se puede señalar que las cosas se están haciendo bien, por otro lado, a ras de piso, las cosas suelen ser diferentes.

Por lo que respecta a la formación docente y el codiseño de programas de estudios (a cargo de los maestros), pienso, es la parte más endeble de este “piloteo” porque, como sabemos, no basta con tener un marco curricular que, para efectos prácticos, aunque es incorrecto decirlo de esta manera, se traduce en un plan de estudios, para que las maestras y maestros en su aula y escuela lo operen; sin embargo, el quehacer docente, como es bien sabido, toma como referente dicho plan para organizar las actividades de aprendizaje, pero hasta el momento poco se ha avanzado al respecto; es decir, se sabe que en algunas entidades de la República se ha comenzado con un proceso de formación/capacitación hacia los profesores de las escuelas que ya pudieran considerarse elegidas o seleccionados para este proceso, no obstante, al carecer de un Plan Nacional de Formación sobre dicho plan y de otros elementos educativos relacionados con éste, se ha recurrido a quienes, desde su experiencia profesional y formativa, que no necesariamente responde a las actividades que se desarrollan en los preescolares, primarias o secundarias, plantean su visión en torno a lo que fundamenta dicho plan de estudios, tema que no es del todo inadecuado, solo que, entre tantas visiones, podría cuestionarse si, como tales, permiten o favorecen la articulación de las ideas en torno a, por ejemplo, los ejes articuladores o campos formativos y la manera en que habrán de aterrizarse en las aulas, desde luego, articulando los contenidos y actividades de aprendizaje.

El tema del codiseño, sea lo que esto signifique para la SEP, parece que le brindará la posibilidad al docente de incorporar “contenidos” cuya relación con los temas que se proponen en el plan de estudios; esto, con el propósito de contextualizar las actividades de aprendizaje que bien se pueden recuperar de los saberes para ser traducidos en conocimientos ligados a la ciencia. Con ello, se piensa, que la maestra o maestro gozará de cierta autonomía curricular, sin embargo, habría que preguntarse si, los docentes, en el transcurso del ciclo escolar, dependiendo del contenido, no hacen uso de aspectos o situaciones que ocurren en la comunidad o localidad en la que se encuentra ubicada su escuela, para tratar los temas o diseñar actividades de aprendizaje. ¿Por qué nombrar codiseño y presentarlo como algo innovador si muchos docentes realizan esta actividad en su ejercicio cotidiano?

Y bueno, ya que estamos hablando de temas relacionados con la autonomía docente, habría que cuestionar si, como tal, se hará efectiva en las escuelas dado el “verticalismo” en las decisiones que es claramente manifiesto en diversas escuelas mexicanas, ¿la trasformación administrativa y de gestión comenzará por las propias autoridades educativas para apoyar y/o brindar todas las condiciones necesarias para la generación de aprendizajes?

¿Resta mucho por conocer? Indudablemente.

Si la propia SEP pretende dar un giro de 180º tal y como se ha dicho en reiteradas ocasiones, bien haría por transparentar un proceso que, como he dicho, es de interés púbico.

Al parecer, la llegada de otra profesora a esta Dependencia no ha movido la inercia que, desde antaño, se ha hecho manifiesta. Me refiero a esa “secrecía” que, algunos asuntos que son de vital importancia para el pueblo de México, se mantengan, desafortunadamente, de esa manera: en secreto o, peor aún, en el conocimiento de unos cuantos.

¿Podrá romper o superar esa inercia la titular de la SEP y al final tomará el mando de la Dependencia que dirige

Al tiempo.

Referencias:

Fuente de la información: https://profelandia.com

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