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Desigualdad y segregación marcan el sistema educativo chileno

Por:  Meritxell Freixas Martorell

El modelo educativo chileno arrastra una de las herencias más profundas de la dictadura de Pinochet. Pese a varias reformas, no logra romper con la mercantilización, la segregación y la competencia.

Corría el año 1983 cuando María Soledad Robredo empezó su carrera como profesora. Por aquel entonces, Chile estaba bajo la dictadura de Augusto Pinochet, quien impulsó una profunda transformación económica de corte marcadamente neoliberal. Los cambios promovidos por el dictador colocaron al país entre los más desiguales del mundo. Y el sistema educativo no fue una excepción.

María Soledad recuerda bien su primera experiencia como docente. Fue en uno de los llamados colegios particulares subvencionados, uno de los inventos de Pinochet para desarmar el sistema de educación pública. El Estado entregaba una subvención a personas particulares que se encargaban de gestionar el colegio. Eran los llamados “sostenedores”, que durante casi 40 años se enriquecieron a través de recursos inyectados por el Estado que, en vez de fortalecer la educación pública, destinó su dinero a los privados.

El pinochetismo también promovió una nueva forma de financiación de la educación, el llamado sistema de vouchers, por el cual se pasó de entregar dinero a las escuelas según sus necesidades a hacerlo según la cantidad de niños y niñas que asisten a clase. Registrar la asistencia del alumnado y asegurarla a toda costa pasó a ser la prioridad de los centros, que aseguraban, así, sus recursos.

La municipalización, impulsada por la dictadura a partir de 1986, fue el otro gran dinamitador de la educación pública en Chile. Los ayuntamientos se vieron obligados a sostener los centros educativos con los presupuestos municipales y los subsidios estatales. El efecto fue inmediato: las zonas más ricas salieron reforzadas, captando -además- a los mejores estudiantes, mientras que las más pobres resultaron gravemente perjudicadas.

Esa fue la experiencia que vivió María Soledad cuando llegó al Centro Educacional Mariano Egaña, el colegio público que actualmente dirige. Ubicado en uno de los sectores más pobres y vulnerables del barrio de Peñalolén de Santiago, asume que cuando llegó al centro “no había ni papel” porque el gobierno local, dominado por años por la derecha, nunca se hizo cargo de nada. En 2004, un cambio de en la administración del ayuntamiento, mejoró la gestión de los recursos y eso benefició las condiciones de la escuela, que hoy acoge a 1.100 estudiantes.

El giro del modelo educativo provocó la segregación, la desigualdad, la competencia entre escuelas y el individualismo en las lógicas educativas, que se han mantenido hasta hoy y contra los que combaten tanto el movimiento estudiantil como el gremio docente.

Segregación, competencia y mercado

El informe Desiguales: orígenes, cambios y desafíos de la brecha social en Chile, publicado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en junio, reveló que gran parte de la riqueza del país andino la concentra el 1% más rico, que recauda el 33% de los ingresos.

Por otra parte, según datos publicados por el Banco Mundial y la OCDE, Chile encabeza el ranking de países más desiguales entre las principales economías del mundo.

“La desigualdad en nuestro país se expresa de forma brutal y se refleja en la segregación escolar: los ricos estudian con los ricos, los medios con los medios y los pobres con los pobres, provocando que la educación pierda uno de sus principales objetivos: la integración social”. Así describe el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Mario Aguilar, la realidad educativa de su país.

Aguilar considera que “la educación en Chile en vez de ser un factor para superar la segregación, profundiza aún más en ella”. Para él, el sistema se basa en lógicas de mercado, como un bien de consumo, un servicio que se entrega a los clientes -padres y estudiantes-. Cree que distribuye a los alumnos en las escuelas de acuerdo al nivel de ingresos de sus familias, incluso en la escuela pública que, aunque no cobre, se rige por lógicas de competencia.

Ese mismo enfoque se traslada también al desarrollo profesional del profesorado chileno. Los docentes son periódicamente evaluados a través de una escala cualitativa que abarca “insuficiente, básico, competente y destacado”. La reforma de la llamada “Carrera Docente”, aprobada el 2016 por el gobierno de Michelle Bachelet, establece que los profesores aumenten su salario en función de las evaluaciones a los que son sometidos.

Para Aguilar, esta no era la fórmula esperada para incrementar los sueldos de los docentes, que pelearon su mejora salarial con una gran movilización y una huelga de tres semanas. Si bien reconoce que las rentas han mejorado en promedio en un 25%, critica que “mientras algunos mejoran mucho, otros lo hacen poco y otros rotundamente nada porque se los encasilla en unos niveles de salario en función de unas certificaciones”.

Lo mismo ocurre para el alumnado, que debe rendir la prueba conocida como Simce. Pensada como un indicador de calidad educativa para guiar a las familias en la elección del centro educativo, los estudiantes realizan el examen en cuatro cursos distintos entre los 9 y los 16 años.

Pese a que inicialmente los artífices del nuevo modelo pensaron que las escuelas iban a competir por atraer familias y así mejorarían su calidad, en la práctica la Simce funcionó como un motor de competencia entre colegios, que seleccionaban a unos alumnos y excluían a otros para asegurarse buenos resultados en la prueba y quedar arriba en el ranking.

En opinión del presidente del Colegio de Profesores, “se cayó en la lógica de rendir en pruebas estandarizadas, pero la educación no es un estándar”. Aguilar sostiene que el aprendizaje de un niño “es una situación de una persona particular, se aborda desde la individualidad y desde un contexto determinado, sobre todo en un país con tantas desigualdades: no es lo mismo una escuela rural, que una escuela urbana en zona pobre o una escuela urbana en zona rica”.

Avances descafeinados

Las insistentes demandas del movimiento estudiantil obligaron al gobierno de Bachelet a poner en marcha avances en materia educativa. La Ley de Inclusión, aprobada en 2015, buscó poner fin al lucro de los centro que recibían aportes del Estado y terminar con la selección de alumnos por parte de los colegios. Además, permitió que las familias elijan el centro escolar que más les guste sin que eso dependa de su capacidad económica. El Estado promovió la gratuidad de los centros particulares subvencionados que cumplen determinados requisitos, pero esto no significa que estos pasen a ser de titularidad pública, sólo que el aporte del Estado es mayor para liberar a las familias del costo educativo.

La presidenta también se propuso terminar con la descentralización educativa. Hace apenas un mes la mandataria promulgó la Ley de Desmunicipalización para que sea el Estado quien garantice la calidad educativa a través del trabajo en red de los centros y la participación de toda la comunidad escolar.

Pese a los logros que significan las reformas implementadas, ninguna de ellas pone en jaque al modelo mercantilizado de la educación chilena. “Los aspectos más brutales se suavizan un poco, pero la esencia sigue siendo la misma”, lamenta Mario Aguilar. En el caso de la desmunicipalización, explica que “ya no serán los municipios quienes administren el modelo, sino que lo harán los servicios locales de educación, que se agruparán por barrios o zonas, que quedarán igualmente marcados por la desigualdad”.

Los docentes chilenos no lo tienen fácil. Sus reclamos se aplican a trompicones y siempre quedan ligeramente descafeinados. Esto cuando logran aplicarse. El gremio lleva tiempo pidiendo una reducción de la carga laboral y la aplicación de medidas contra la violencia en las aulas. Pero, por ahora, siguen sin respuestas.

Parece que tanto profesores como estudiantes han agotado todos sus cartuchos en esta legislatura. El próximo 17 de diciembre el país elige nuevo presidente y la educación ha sido de los temas más invisibilizados en esta campaña. ¿Llegó la hora de volver a la calle?

Fuente: http://eldiariodelaeducacion.com/blog/2017/12/11/desigualdad-y-segregacion-marcan-el-sistema-educativo-chileno/

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Senado de Chile aprueba proyecto de gratuidad en educación superior

Chile/14 diciembre 2017/Fuente: Sputniknews

El Senado de Chile aprobó de manera unánime el proyecto de gratuidad universal en la educación superior.

«Se aprueba en general el proyecto sobre educación superior», señaló la cámara a través de su cuenta de Twitter.

​La iniciativa impulsada por el Gobierno de Michelle Bachelet consagra, entre otras cosas, la gratuidad permanente para un porcentaje de los estudiantes universitarios, reemplazando el actual sistema que debe renovarse año a año.

El proyecto fue aprobado con 34 votos a favor consolidando la postura del bloque de oposición de derecha Chile Vamos de apoyo a la gratuidad.

Luego de haber sido aprobado en el Senado, la iniciativa recibirá indicaciones del Ejecutivo y de los senadores de la Comisión de Educación para luego volver a ser votada el próximo año.

La idea del Gobierno es que la última votación se produzca en enero, antes de que el Congreso entre en receso durante febrero por las vacaciones de verano austral.

La iniciativa también incluye la creación de una subsecretaría y una superintendencia de educación superior que regulen y fiscalicen a las universidades y centros de estudios, y además se fijan nuevas exigencias en el proceso de acreditación de universidades.

Fuente: https://mundo.sputniknews.com/americalatina/201712141074736117-universidades-estudiantes-porcentaje/

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Ecuador: Ministerio de Educación anuncia inversiones por más de 307 millones para apoyo docente

Ecuador/14 diciembre 2017/Fuente: educacion.gob.ec

El Gobierno Nacional prioriza la inversión en educación en el país. El presupuesto del Ministerio de Educación tendrá un incremento del 16%, que equivale a 529 millones de dólares adicionales a lo recibido en 2017, que ascendió a 3.322 millones.

El ministro de Educación, Fander Falconí, informó que para 2018 se prevé la asignación de más de 307.7 millones de dólares que se destinarán a la recategorización de docentes, creación de partidas para directivos y personal para los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). El anuncio lo dio en rueda de prensa realizada desde la Coordinación Zonal 3 de Educación, en Ambato.

La autoridad educativa mencionó la creación de 5.936 partidas de directivos a nivel nacional. Entre estos 3.567 directores/rectores, 1.041 inspectores generales, 236 sub directores, 187 sub inspectores y 905 partidas para vicerrectores.

Dentro del presupuesto está planificada la creación de 4.200 partidas para lo que se destinará 67 millones de dólares, del total anunciado. Esto, con la finalidad de fortalecer a nivel nacional los Departamentos de Consejería Estudiantil. Mientras que, para atender los temas de recategorización docente, se prevé la asignación de 34 millones.

 

 

Fuente: https://educacion.gob.ec/ministerio-de-educacion-anuncia-inversiones-por-mas-de-307-millones-para-apoyo-docente/

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¿Cumple la reforma educativa de Chile con las expectativas?

Por: Telesurtv

La reforma de la ley podría saldar parte de la deuda histórica que tiene Chile con el sector estudiantil. Su total aprobación se espera para principios de 2018.
Este miércoles fue aprobado en el Senado de la República de Chile un proyecto para modificar la legislación que rige la estructura de la educación superior.

La iniciativa fue aceptada de manera unánime en el Senado con un total de 34 votos a favor. Inclusive la oposición al Gobierno de Michelle Bachelet se ha pronunciado a favor del proyecto de ley.

“Ellos están aceptando la gratuidad, y eso significa que están aceptando que la educación es un derecho, que tiene que haber igualdad de acceso, que no depende de la billetera de cada uno, no es que salimos todos a competir”, afirmó el senador por el Partido Socialista de Chile, Carlos Montes.

A pesar del avance con respecto a las leyes anteriores, esto aún no consigue que la educación en Chile alcance un rango universal para la gratuidad de la educación.

La iniciativa  otorga gratuidad para el 60 por ciento del estudiantado, tanto universitario como de carreras técnico profesional. Está contemplado, además, que el beneficio no deba renovarse de manera anual, sino que se mantenga de manera permanente.

Aún así, la sanción de esta ley podría reivindicar parte de la larga tradición de lucha que han tenido los movimientos estudiantiles en Chile por la gratuidad universal de la educación.

A pesar de la expectativa que ha generado la aprobación de la ley, parte del movimiento estudiantil chileno ha rechazado la propuesta porque esta no acaba con la percepción de la educación como un negocio en vez de como un derecho.

Ya en julio del presente año la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) había resaltado su posición en un comunicado en el cual resumieron sus posturas a propósito de la ley.

“Nuevamente nos encontramos con esbozos de una reforma alejada de las demandas históricas del Movimiento Estudiantil, dejando de lado reivindicaciones como el fin al lucro, la condonación de la deuda efectiva, la democratización de los planteles educativos, la necesidad de construir una educación pluricultural, por decir algunos”, subraya el documento.

La ley aún no ha terminado el camino hasta su sanción definitiva, el 28 de diciembre se harán nuevamente indicaciones por parte del Ejecutivo y de los senadores de la Comisión de Educación respecto a los dispuesto en ella, esperando que pueda ser aprobada a principios de 2018, y en vigencia para finales de año.

El sistema educativo en Chile

El modelo educativo de Chile ha estado vinculado a la organización de la economía nacional. Las disposiciones normativas en cuanto a la Educación Superior han estado los últimos 44 años bajo el paradigma del neoliberalismo.

En 1970 el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende, proponía una democratización de la educación, enmarcada en el desarrollo de los principios y valores de una nueva sociedad con orientación al socialismo.

Con la irrupción del golpe militar perpetrado por Augusto Pinochet en 1973, Chile vio una reducción en la inversión en el sector educativo, y en un estancamiento en cuanto al desarrollo de proyectos en materia de educación.

A partir de los años 80, la participación del Estado en el sector de la educación se redujo de manera agresiva, dando paso a la privatización de la educación y a la proliferación de particulares que concebían al sector de la educación como un área comercial adicional en la cual invertir sus capitales.

En marzo de 1990 esto se consolida con la Ley n° 18.962, según la cual se establece que el derecho a la educación debe ser garantizado preferiblemente por los padres quien aspire a estudiar y no por el Estado.

Bachelet reforma la ley en materia de educación en 2009

Esta ley se mantuvo vigente hasta el primer gobierno de Michelle Bachelet, siendo reemplazada en 2009 por la Ley n° 20.370.

Este cambio en la legislación sobre materia de educación fue el resultado de las movilizaciones estudiantiles realizadas en abril de 2006, en las cuales se exigía una transformación en el sistema educativo chileno.

Esta reforma no cumplió con las expectativas del movimiento estudiantil chileno que busca la democratización del derecho a partir de la gratuidad universal de la educación y una reforma profunda en el sistema de acceso.

A pesar de que se pretendió establecer que a través de la reforma se alcanzaba la exigencia de una educación gratuita, el Estado apenas aportaba un 30 por ciento del total de la matrícula a un número reducido de estudiantes.

La razón por la cual la reforma derivó en un fracaso para las exigencias del movimiento estudiantil, fue que la discusión pasó de los estudiantes y se centró en las propuestas del capital privado.

Fuente: https://www.telesurtv.net/news/Cumple-la-reforma-educativa-de-Chile-con-las-expectativas-20171213-0092.html

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Educación Escolar y Agenda Política

Por: Gonzalo Muñoz

*Esta columna fue escrita junto a Marcelo Correa, Secretario General CONES..

En los últimos días hemos conocido dos novedades importantes para la educación general en Chile. En primer lugar, la OECD, a través de su informe de evaluación de las políticas educacionales para nuestro país (que observa el ciclo 2004-2016), entrega un sólido respaldo a las reformas que se han estado poniendo en marcha en el último tiempo. La ley de inclusión, la nueva educación pública y el sistema de desarrollo docente, con sus fortalezas y limitaciones, diría la OECD, representan condiciones fundamentales para dar un salto en calidad y equidad en nuestro sistema escolar en los próximos años. En segundo término, también en los últimos días la Agencia de Calidad ha dado a conocer los resultados de la primera participación de Chile en el Estudio Internacional de Progreso en Competencia Lectora (PIRLS, por sus siglas en inglés). La evidencia ahí recolectada nos muestra que las oportunidades de aprendizaje que provee nuestro sistema a los niños y niñas de educación primaria – en un área fundamental para el desarrollo humano como la lectura – están todavía lejos de aquellos países con PIB similar a Chile, que persiste una gran proporción de estudiantes (40%) en los niveles inferiores de desempeño y que seguimos siendo testigos de niveles inaceptables de inequidad y segregación. Esta combinación de noticias es probablemente un reflejo muy claro de lo que hoy representa nuestra educación general: un sistema en plena transformación, pero en el que al mismo tiempo se requieren nuevos impulsos y políticas que permitan traducir dicha transformación en un mejoramiento sustantivo de las oportunidades de desarrollo integral que ofrecemos a todos los niños, niñas y jóvenes.  

En este escenario, los programas para la educación escolar de las candidaturas presidenciales en carrera debiesen ser motivo de preocupación. Cuesta encontrar en ellos una visión de futuro para la educación obligatoria, a pesar de que, como toda la evidencia indica, es en la educación inicial y general donde esencialmente se juega el éxito o fracaso de cualquier sistema educativo. En el caso de Sebastián Piñera, un largo y desarticulado listado de iniciativas para la educación general convive hoy con la intención – comunicada públicamente –  de “corregir” o retroceder en algunos aspectos de las reformas en curso (como abrir nuevamente la puerta a la selección o establecer un copago encubierto). En el caso de Alejando Guillier, si bien su programa da cuenta de la necesidad de consolidar y proyectar algunos de los avances logrados en el último tiempo, no se aprecia con claridad cuáles son las políticas para la educación escolar que concretamente priorizará en su gobierno.

El desafío del próximo período gubernamental consiste en, a partir de los cambios ya en ejecución, iniciar un nuevo ciclo de políticas educacionales, con un claro protagonismo de las comunidades educativas y sus integrantes, que le permita al país avanzar mucho más decididamente en calidad e inclusión. Un salto en las condiciones para la calidad – como el coeficiente técnico – de la educación parvularia, un plan de fortalecimiento radical de la formación inicial y continua de nuestros docentes y directivos, una discusión y decisión de fondo sobre la racionalidad del currículum, una reforma profunda al sistema de aseguramiento de la calidad (SAC), una política de expansión de la educación pública escolar, y la puesta en marcha urgente de un nuevo sistema financiamiento para la educación general, debieran ser agendas prioritarias para este nuevo ciclo político y educacional que se ha abierto en Chile.

No cabe duda que para avanzar en estas nuevas reformas es indispensable, primero que todo, implementar rigurosamente, pero con visión crítica y una amplia participación de sus protagonistas, cada uno de los cambios – como la ley de inclusión, la nueva educación pública y la ley de formación ciudadana – que se han venido concretando para la educación general en los últimos años. Cualquier retroceso o estancamiento en estas materias sería una mala noticia para nuestro sistema escolar. 

Fuente: http://www.latercera.com/voces/educacion-escolar-agenda-politica/

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Chile: Piñera reafirma que pagar por la educación genera más compromiso: «Es parte de la naturaleza humana»

Chile/14 diciembre 2017/Fuente: CNN Chile

El candidato de Chile Vamos reiteró que «las cosas gratis generan menos compromiso».

El candidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, reafirmó en el debate Anatel su postura sobre que pagar por la educación generaría más compromiso.

«Es parte de la naturaleza humana», afirmó el aspirante a La Moneda.

Es así como Piñera relacionó directamente la gratuidad con el nivel de involucramiento de los padres en la educación de sus hijos.

A pesar de esto, al ser consultado sobre si él tiene menos compromiso ya que estudió sin costo en la universidad, respondió: “no sentí menos compromiso. Pero cuando uno aporta algo, el compromiso es mejor que cuando llega como ‘maná del cielo’”.

Fuente: http://www.cnnchile.com/noticia/2017/12/11/pinera-reafirma-que-pagar-por-la-educacion-genera-mas-compromiso-es-parte-de-la

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Chile:La política por sobre las políticas públicas

Por: Diario la Tercera

Se ha discutido sobre la conveniencia de modificar el régimen de urgencias en el proceso legislativo, particularmente entre la primera y la segunda vuelta presidencial.  ¿Tiene sentido ponerle suma urgencia a un proyecto de ley incompleto y con falta de consenso “para sacar al pizarrón” al adversario político?

Lamentablemente, no se ha logrado llegar a un acuerdo respecto a este tema y, honestamente, es difícil lograrlo. ¿Quién podría dirimir cuál proyecto de ley tiene mérito público para su discusión y cuál responde a un oportunismo político?

En inglés hay una buena distinción entre politics (política) y policy (política pública). El primer término hace referencia al ejercicio del poder y al debate entre quienes lo ostentan o pretenden hacerlo. El segundo, a un curso de acción para la solución de un problema público, para lo cual se definen objetivos, metas, instituciones y mecanismos, entre otros.

Evidentemente, la política pública se formula en un contexto político donde hay ideología y temporalidades, pero idealmente también debe incorporar evidencia, coherencia, eficiencia y  capacidad de implementación.

El programa del actual gobierno, presentado en octubre de 2013, ya establecía una reforma a la educación superior: modernizando la institucionalidad pública, creando la Subsecretaría de Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, una Agencia de Calidad de la Educación Superior,  la gratuidad universal (parcial al 70% más vulnerable de la población) y un nuevo sistema de acreditación. En julio de 2015 el Mineduc presentó un documento titulado “Bases para una Reforma de la Educación Superior”, el cual fue posteriormente desechado por la autoridad. En febrero y marzo de 2016 se presentó “Minutas sobre la reforma” que planteaba nuevas miradas sobre esta reforma. Posteriormente, en julio de 2016, el gobierno presentó un proyecto de ley de Educación Superior que tuvo una mala recepción y en la práctica perdió su respaldo político. En octubre de 2016, la autoridad difunde un “Protocolo de rediseño de la reforma” con nuevos elementos. Finalmente, en abril de 2017 el ejecutivo introduce una indicación sustitutiva que cambia completamente el proyecto ingresado nueve meses antes, que en la práctica tampoco implica modificaciones estructurales, pero sí elimina lo referido a Educación Superior Estatal, que se incorpora en un nuevo proyecto de ley que, por lo demás, no logró dejar contento a ninguno de los actores del sistema de educación superior.

En suma, a pesar de todo este proceso de definiciones e indefiniciones, idas y vueltas, desconocimiento, falta de consenso y recursos insuficientes, se llega a que, por tercera vez, una de las políticas icónicas de la administración se vuelve a implementar por la vía de la glosa presupuestaria de la partida del Ministerio de Educación en la Ley de Presupuestos.

¿Tiene sentido someter a votación un proyecto de ley que sabemos tiene incoherencias, es parcial, y muestra ser insustentable financieramente para las instituciones? Evidentemente que no lo es, a pesar de la relevancia política de este proyecto.

Lo descrito para el caso de la educación superior, también se aplica respecto de reformas constitucionales o a cualquier otro tema de trascendencia para el país y que sabemos de antemano, tendrá efectos que más allá del periodo presidencial.

De acuerdo a diversos organismos internacionales (OECD – BID), Chile ha sido líder en Latinoamérica en cuanto a la calidad de la formulación de sus políticas públicas. Esta relevante trayectoria no puede perderse por un oportunismo electoral. Dejemos que la política hable de visiones y sueños futuros, pero que la política pública hable de realidades que son factibles.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/la-politica-las-politicas-publicas/

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