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La discriminación de género impide a las mujeres en Chile conseguir préstamos bancarios

América del sur/Chile/27 Agosto 2020/elpais.com

Las chilenas tienen un 18% menos probabilidades que los hombres de que les aprueben créditos, según un estudio del BID y la CAF, inédito en el mundo

Aunque las mujeres en Chile son más responsables que los hombres a la hora de pagar sus créditos, son discriminadas por los bancos solo por razón de género. Ante dos solicitudes de préstamos idénticas, las chilenas tienen un 18% menos de probabilidades que los varones de que sus peticiones sean aprobadas. De acuerdo a una investigación financiada por el Banco Interamericano del Desarrollo (BID) y el Banco de desarrollo de América Latina (CAF), los ejecutivos hombres son los que más ejercen estos prejuicios en desmedro de sus clientas, en un país como Chile donde todavía las mujeres ganan en promedio un 65% menos que los hombres con el mismo nivel de educación. Se trata de una animadversión basada en los gustos que, de paso, hace perder importantes ganancias a las mismas instituciones financieras.

“Es un estudio inédito a nivel mundial, ya que utiliza diversas metodologías para probar si realmente existe discriminación”, explica Eric Parrado, economista jefe y gerente general del Departamento de Investigación del BID, uno de los autores junto a Ana María Montoya, Alex Solís y Raimundo Undurraga.

Realizado entre 2018 y 2020 y publicado en julio pasado, el estudio reclutó a 404 actores y actrices. Cada uno simuló cuatro créditos de consumo entre los 1.500 y los 13.500 dólares, por lo que presentaron 1.616 solicitudes en total. En igual proporción hombres y mujeres, se utilizaron perfiles equivalentes en materia demográfica, de ingresos, empleo e historial crediticio. Luego, se realizaron contactos directos con los ejecutivos seleccionados aleatoriamente para medir sus preferencias, antes y después de informarles que las mujeres en promedio son mejores pagadoras que los hombres.

“La evidencia es robusta para Chile, pero habría que hacer ejercicios similares para concluir que efectivamente hay discriminación en otros países”, indica Parrado, aunque añade que, en general, hay cierta evidencia de diferencias en otras zonas del mundo en el acceso, en los montos adquiridos y en las tasas de interés en desmedro de las mujeres. “Hay interés en poder replicarlo”, adelanta el economista sobre este estudio que contó con la colaboración de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF). La influyente académica Claudia Goldin, profesora de Harvard y especialista en brechas de género en el ámbito laboral, recomendó su lectura recientemente.

No es difícil encontrar experiencias de discriminación bancaria sufridas por las chilenas. Le sucedió a Marcela Jiménez, periodista, a mediados de los 2000. Con 32 años, trabajaba hacía una década y se desempeñaba en forma estable y con un muy buen sueldo en el aparato público. No tenía deudas y su banco sabía de su intachable comportamiento financiero. Pero le rechazaron un crédito hipotecario, pese a tener el dinero de cerca del 25% del valor del inmueble.

“Llamé al ejecutivo para pedir una explicación y me dijo que era una mujer soltera y, por lo tanto, irresponsable e impredecible. Que nadie sabía si el día de mañana me darían ganas de irme fuera de Chile. Me aconsejó que volviera cuando tuviera un marido que me respaldara y, a ojos del banco, fuera seria, solvente y estable”, relata Jiménez. “Es uno de los momentos de mi vida donde he sentido más fuerte la sensación de injusticia y discriminación”, recuerda la periodista chilena, que hasta ahora no ha tenido una nueva oportunidad para comprarse una vivienda.

La evidencia demuestra que los prejuicios no han disminuido con los años en el país sudamericano. La investigación, titulada De mal gusto: Discriminación de género en el mercado de créditos de consumo, consideró una muestra de más de 600 agentes de bancos chilenos. “Dado que los créditos solicitados fueron asignados aleatoriamente a los aplicantes y que estos, a su vez, fueron asignados aleatoriamente a los ejecutivos, las diferencias en tasas de aceptación entre hombres y mujeres sólo pueden deberse a diferencias en las percepciones que tuvieran los ejecutivos sobre la capacidad de repago de los solicitantes”, señala Parrado.

Esta diferencia de percepción podría explicarse por un sesgo originado por la falta de información respecto de las características de los postulantes al crédito. Es decir, que los agentes no siempre cuentan con toda la información que desearían para poder predecir la capacidad de pago y riesgo de cada cliente hombre o mujer. Pero uno de los puntos fuertes del estudio radica en que se pudieron observar las preferencias de género por parte de los ejecutivos y, posteriormente, examinar si las diferencias en las tasas de aceptación de los préstamos provienen principalmente de ejecutivos con preferencias pro-hombre. Fue lo que permitió a los investigadores concluir la existencia de la discriminación de género en desmedro de las mujeres.

A los ejecutivos se les aplicó una encuesta donde implícitamente les preguntaban sobre sus preferencias sobre clientes hombres o mujeres. “Un 30% de ellos, declaran tener preferencias pro-hombre. Dentro de los ejecutivos varones, un 20% declara tener preferencias pro-hombre. Dentro de las mujeres, un 40% declara tener preferencias pro-hombre. No obstante, las agentes con preferencias pro-hombre no discriminan a las mujeres en acceso al crédito”, explica Parrado. “Todo el efecto de discriminación, por lo tanto, proviene de ejecutivos hombre con preferencias pro-hombre”.

Los agentes que más discriminan a las mujeres –los que significativamente le aprueban más créditos a los hombres– son los que generalmente prefieren carteras de clientes compuestas por más varones. Cuando se les pregunta por el principal problema que tienen al lidiar con clientas, contestan: “Son muy exigentes, requieren respuestas rápidas” o “las mujeres tienen dificultades para comunicarse”.

En Chile, las mujeres pagan más responsablemente sus créditos. De acuerdo a los datos de 2018 del Informe Anual de Brecha de Género de la SBIF, el 56% de la deuda crediticia de los hombres en 2017 estaba vencida de 0 a 90 días, es decir, un 12,5% mayor que la tasa de morosidad de las mujeres. El estudio del BID y el CAF entregó esta información a la mitad de los ejecutivos bancarios de la muestra para luego evaluar si quienes la recibieron mostraban menor discriminación hacia las clientas.

Hubo dos importantes conclusiones: no se produjo un cambio a favor de las mujeres y, peor aún, los ejecutivos que tienen preferencias pro-hombre aumentan su discriminación en contra de las mujeres luego de recibir la información. “Es decir, a aquellos ejecutivos con preferencias pro-hombre, al mostrarles el mensaje, en lugar de aumentar las aceptaciones de créditos solicitados por mujeres, terminan rechazando más créditos a mujeres”, señala Parrado. “Esto refuerza nuestra hipótesis de que la discriminación observada no es estadística, sino que tiene como origen preferencias de género”.

No solo las chilenas pierden con los prejuicios en su contra. Aunque el estudio se enfoca en los préstamos de consumo, si se realiza una extrapolación a todos los tipos de crédito –como los hipotecarios–, lo que las instituciones financieras dejan de prestar por la discriminación de género a sus clientas se calcula en unos 12.000 millones de dólares. Por lo tanto, resolver el problema terminaría siendo un buen negocio para las mujeres, para la sociedad chilena, pero también para los bancos.

Fuente: https://elpais.com/elpais/2020/08/21/planeta_futuro/1598031773_127220.html

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Guerra contra el pueblo mapuche

Por: Raúl Zibechi

En los últimos días la ofensiva militarista del Estado de Chile contra el pueblo nación mapuche se ha intensificado con ataques racistas y fascistas a comuneros y comuneras que mantienen una resistencia pacífica en apoyo de las huelgas de hambre, desencadenada por la grave situación del machi Celestino Córdova que se acerca a los 100 días de ayuno.

Los hechos recientes muestran una inflexión profunda que puede resumirse en una escalada de guerra contra el pueblo mapuche. En la noche del 1 al 2 de agosto, civiles armados atacaron a mapuche que ocupaban las municipalidades de Curacautín, Ercilla, Victoria y Traiguén. Se trata de “militantes de la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA), organización supremacista blanca de ultraderecha, integrada por latifundistas y empresarios transnacionales, “usurpadores de las tierras mapuche en Wallmapu”, como denuncian 21 organizaciones en un comunicado (https://bit.ly/31Ap1aL).

Las organizaciones denuncian, además, que el cuerpo de Carabineros dejó actuar impunemente a los civiles violentos que golpearon a los mapuche, quemaron sus vehículos y entonaron gritos de odio y racismo, llegando a colaborara con los agresores racistas.

Recordemos que la crisis actual se desencadena con la huelga de hambre de Celestino que reclama se aplique el artículo 169 de la OIT, que permite que cumpla la pena de prisión dictada por la justicia chilena en su comunidad. A la huelga de hambre del machi Celestino se fueron sumando más de 20 presos de las cárceles de Temuco, Angol y Lebu (https://bit.ly/2DAp5zq).

A medida que la salud de los huelguistas se fue deteriorando por más de tres meses de ayuno, varios lof (comunidades) comenzaron a movilizarse, en particular en el triángulo Tirúa-Temuco-Ercilla.

Hacia fines de noviembre el gobierno de Sebastián Piñera decidió dar un giro a la derecha, por su profundo desgaste luego de la revuelta iniciada en octubre de 2019  que continúa activa, sumada al fracaso de la contención de la pandemia de coronavirus y luego de una derrota parlamentaria que permite retirar el 10% de los ahorros en los fondos previsionales. Esto fue posible por la división en su base de apoyo parlamentario.

Este viraje se concretó en el nombramiento de un pinochetista al frente del Ministerio de Interior, Víctor Pérez. Su primera actividad pública consistió en un viaje a Wallmapu, donde hizo un discurso de orden y seguridad y no dejó el menor margen para la negociación. No es ninguna casualidad que luego del viaje del ministro se hayan activado los grupos racistas de ultraderecha. El gobierno de Piñera es muy débil, acosado por la calle y por la derecha, y finalmente dejó de lado cualquier tentación dialoguista para recomponer su base de apoyo incorporando al pinochetismo al gabinete.

El Centro de Investigación Periodística (CIPER) difundió días atrás un informe de Inteligencia de Carabineros, de 2015, que individualiza agricultores que estaban formando grupos de carácter paramilitar, pero no se tomó ninguna medida para detenerlos y frenar el desarrollo de esos agrupamientos (https://bit.ly/2PDy4SG).

Pese a la brutalidad de la represión y a una escalada de terrorismo de Estado, las principales organizaciones reafirmaron su camino histórico: “Estos ataques, más que amedrentarnos, nos reafirman en nuestra lucha por la restitución de nuestros derechos territoriales y políticos, por la autonomía y la autodeterminación para el País Mapuche” (https://bit.ly/31Ap1aL).

El domingo 9, hubo una masiva concentración de diversas comunidades mapuche en la plaza de Curacautín, donde se leyó un documento que reafirma la solidaridad con los presos en huelga de hambre y denuncia a las empresas forestales y multinacionales demandando que “las 3 millones de hectáreas de las forestales sean repartidas para recuperar el territorio mapuche”.

Finalmente, hace un llamado a la organización de los mapuche de la ciudad y el campo para que recuperen la lengua (mapuzugun), la cosmovisión y la forma de ser tradicionales, “porque lo mapuche no es una raza sino una forma de entender la vida de todos los seres y las cosas” (https://bit.ly/2PHpbYA).

Los próximos meses serán muy duros para el pueblo mapuche movilizado, por lo menos hasta las elecciones de congresistas de abril, pasando por el plebiscito del 25 de octubre. La derecha se está aglutinando en torno a la defensa de la Constitución de 1980, de la era de Pinochet. Sin embargo, el pueblo nación mapuche, mucho más allá de la actual ofensiva militarista, va a persistir en sus demandas como lo viene haciendo en los últimos cuatro siglos.

Fuente: https://desinformemonos.org/guerra-contra-el-pueblo-mapuche/

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Gremios educacionales rechazan vuelta a clases en Chile

América del sur/Chile/prensa-latina.cu

Organizaciones sindicales del sector de la educación en Chile convocaron a un paro virtual, en rechazo a las pretensiones del Ministerio de Educación de retornar a las clases presenciales.

El paro, señalado para jueves y viernes de esta semana, incluiría una desconexión total de las clases a distancia, y es convocado por los sindicatos agrupados en la Secretaría de Educación de la Central Unitaria de Trabajadores, así como otras organizaciones del sector, con el respaldo de agrupaciones de estudiantes universitarios y secundarios.

En una declaración, los convocantes a la protesta consideran ‘de la máxima peligrosidad’ exponer al contagio a niños, jóvenes y a los trabajadores de la educación, porque ‘no existen condiciones sanitarias ni de infraestructura para el retorno a clases presenciales’.

Al respecto exigieron, entre otras medidas, que se convoque a una Comisión Nacional de Revisión del Currículum, que incluya a los docentes, para hacer propuestas para el presente y el próximo año, en base a integración de contenidos y aprendizajes, y resolver ahora, la promoción automática por el presente año a todo el sistema escolar.

También, resolver que no se vuelva a clases presenciales por el presente año y orientar mejor la actividad a distancia docente y escolar, hasta fin de año, y asegurar por el Ministerio que todos los docentes y alumnos cuenten con medios tecnológicos para su desarrollo profesional y pedagógico, en tanto dure la pandemia.

En las últimas semanas el Ministerio de Educación ha insistido en que ya hay condiciones para el retorno a clases en el país, como parte del plan Paso a paso, de relajamiento de loas medidas sanitarias por la pandemia de Covid-19, que lleva adelante el gobierno.

Los sindicatos consideran que el ejecutivo y los empresarios desean reactivar la economía lo antes posible y para ello las familias deben tener a los niños en la escuela, y señalan que esa urgencia ‘no puede ser a costa de poner en riesgo la salud y vida de la infancia y juventud chilena’.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=390543&SEO=gremios-educacionales-rechazan-vuelta-a-clases-en-chile
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Chile: El racismo no es gratuito

El racismo no es gratuito

Al pueblo y presos políticos mapuche

Salvo el periodo de la Unidad Popular (1970-1973), el Estado chileno ha ejercido la violencia, el asesinato y la mentira contra el Wallmapu. El pueblo mapuche ha resistido y resiste. El odio y el racismo toman nuevas formas y se recrea con gobiernos de diferente color. El etnocidio es la política. El objetivo, la expropiación de tierras y la explotación de riquezas del territorio mapuche. El nuevo plan Impulso Araucanía  del gobierno de Piñera, favorece la rapiña. Articulado en tres frentes: agricultura, turismo y energías renovables, abre la región a inversiones privadas bajo la denominación de destinos agroclimáticos, turísticos y zonas potenciales de bioenergía, desarrollo eólico y recursos hídricos. El plan propone liberar derechos de agua a empresas privadas para embalses y represas. En este apartado, señalan: aún existen en desuso 3,5 millones de litros para ser rematados. El despojo es constante. Terratenientes, trasnacionales, empresas madereras, mineras, acuícolas, salmoneras, eólicas e hidroeléctricas se disputan el Wallmapu. Entre las madereras, destacan Mininco, perteneciente al grupo Matte; Forestal Arauco del grupo Angelini; Bosques Cautín, y Magasa. Las hidroeléctricas y eólicas suman más de 20, entre otras: la española Endesa, Colbún del grupo Matte; RP Global austriaca; Enacon de inversionistas estadunidenses, brasileños y chilenos. Electro Austral, Conpax y Rankun con socios canadienses. A lo cual se agregan las eólicas Relmu, Endesa, Los Trigales, Piñón Blanco o Ener Renova. A esta pléyade, debemos adicionar las acuícolas y salmoneras: Novatec, Aquasmol, Aquasur, Captren, Landicach, Los Fiordos, Aqua Chile, Salmones Multiexport, Bío-Bío, Antártida o Invitec Pesquera.

El capitalismo verde se impone con políticas contrainsurgentes, militarizando el Wallmapu. Con el eslogan posesionar a la Araucanía como destino turístico internacional, se pretende construir aeropuertos y autopistas. El desastre medioambiental está servido. Contaminación, degradación de las aguas. Al plan Impulso se une la Asociación de Paz y Reconciliación en la Araucanía. Organización de sesgo paramilitar, que agrupa a la ultraderecha, latifundistas y empresarios. Entre sus dirigentes destacan Gloria Naveillan, portavoz de los agricultores de Victoria-Malleco; Andrés Cádiz Stewart, teniente coronel(r) de Carabineros; María Angélica Tepper Kolossa, presidenta de la multigremial en la Araucanía; Eduardo Zwanzger Azocar, terrateniente con fuertes vínculos políticos; Cristian Arntz Mac-Evoy, presidente de la sociedad agrícola y ganadera de Osorno; Patricio Wunderlich Arismendi, presidente de la Asociación de Camioneros de Osorno y multigremial del Sur; Rodrigo Lavín Cristoph, presidente de Agro Llanquihue y productores de leche del sur; Juan Ricardo Hollstein Turk, coordinador, en Los Lagos, del partido ultraderechista de José Kast, y para incrédulos, el terrateniente Alan Leisle Cooper, condenado en tiempos de la Unidad Popular por el asesinato del general en jefe del ejército René Schneider en 1970, cuyo objetivo era evitar el acceso de Salvador Allende a la presidencia. Cooper opina así de los mapuche: los voy a balear a todos si es que llegan acá. No les tengo ningún miedo.

La Asociación Paz y Reconciliación en la Araucanía se ha destacado por sus actos de violencia contra los comuneros. El primero de agosto convocó a sus integrantes a desalojar las municipalidades de Curacautín, Ercilla y Victoria, tomadas por comuneros para hacer oír las demandas de los presos políticos, algunos con 100 días en huelga de hambre, entre otros, el machi, líder religioso, Celestino Córdova, quien ha suspendido el ayuno, tras un acuerdo. Hoy siguen en huelga de hambre en las cárceles de Temuco siete presos, con 33 días; en Angol ocho, con 109 días, y en Lebu, 11 presos, con 46 días.

Bajo el lema de el que no salta es mapuche, y la inacción de Carabineros, incendiaron parte de la municipalidad de Curacautín. El ministro del Interior, de la pinochetista UDI, Víctor Pérez Varela, acudió apoyando a los terratenientes y exculpando sus acciones. Así se refirió a las organizaciones del Wallmapu: no es posible que grupos organizados, violentos, que claramente responden a organizaciones criminales y actos terroristas, angustien y acorralen a la ciudadanía. La constitución pinochetista sólo reconoce un pueblo bajo una nación, el chileno. Cualquier reivindicación sobre territorios, justicia consuetudinaria, flora y fauna dentro del Wallmapu se consideran actos de terrorismo. El Estado chileno, pese a firmar el acuerdo 169 de la OIT, envía tropas, detiene a dirigentes y configura un sistema judicial ad hoc de protección de testigos, cuyas declaraciones inculpen a comuneros. Así se encarcelan lonkos, acusados de quemar automóviles, prender fuego a plantaciones, robar ganado, etc. En esta lógica, Carabineros montó la operación Huracán para inculpar y detener al dirigente de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor Llaitul, y a los hermanos Huenchulan de la comunidad Temuicuicui. En ella participaron el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, el general Gonzalo Bru, el jefe de operaciones de la Unidad de Inteligencia, Patricio Marín, y el informático Alex Smith, quien debía introducir mensajes falsos en sus celulares vía WhatsApp. Nada impidió que los lonkos fueran detenidos y sus familias acosadas. En 2020, entre la pandemia y las políticas de etnocidio, el pueblo mapuche sigue combatiendo. Su valentía y dignidad se anclan en la defensa del Wallmapu. Su ejemplo crece y su bandera corona lo alto de la torre humana, símbolo de la rebelión popular, levantada en la Plaza de la Dignidad.

22/08/2020

https://www.jornada.com.mx/2020/08/22/opinion/018a2pol

Fuente de La Información: https://vientosur.info/el-racismo-no-es-gratuito/

 

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Resistencia mapuche y colonialismo interno

Por: La Jornada

Desde finales de julio, la región chilena de la Araucanía se encuentra envuelta en una nueva ola de violencia que ha llevado a integrantes del pueblo mapuche a emprender tomas de sedes municipales, levantamiento de barricadas, ataques a casas y locales comerciales e incendio de vehículos.

El gobierno de Sebastián Piñera ha respondido con una feroz represión por parte del cuerpo de Carabineros (policía militarizada), y con una descarada tolerancia ante la arremetida de grupos que cabe calificar como supremacistas: ¡El que no salta es mapuche! y ¡fuera, indios! son algunas de las consignas pronunciadas durante sus ataques contra los indígenas.En serio riesgo de muerte”: La crítica situación de Celestino ...

El antecedente inmediato de la ola de protestas que han tenido eco en la capital nacional, Santiago, se encuentra en la huelga de hambre de 27 presos políticos mapuches y, en particular, la que ha llevado adelante durante 102 días el machi (guía espiritual) Celestino Córdova. En estos momentos, su estado de salud es crítico y se teme que su muerte sea inminente, lo cual movió a indígenas y a sectores progresistas de la sociedad chilena a manifestarse en favor suyo y de la causa mapuche.

Condenado a 18 años de prisión por un incendio en el que murieron dos personas, en un proceso judicial ampliamente criticado por su parcialidad y las irregularidades que lo caracterizaron, Córdova busca que se le permita pasar seis meses en su casa de la ciudad de Temuco con la finalidad de renovar su rewe o energía espiritual. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le dio portazo a una salida institucional a la crisis al negarle la prisión domiciliaria.

Estos sucesos no son sino los episodios más recientes del centenario colonialismo interno que la República de Chile ha llevado adelante como heredera de la Corona española en la tradición de asedio y despojo contra las comunidades indígenas.

Este proceso de expolio ha reducido los territorios del pueblo mapuche a apenas cinco por ciento de su área original, obligándolo a luchar no sólo por la restitución de sus tierras, sino para frenar el saqueo sistemático a que se ven sometidas por la dinámica extractivista impuesta por los grupos de poder que despachan desde la capital, las multinacionales, y los colonos que se apropiaron de vastas extensiones de la región.

La incapacidad del gobierno chileno para procesar el conflicto a través de cauces democráticos, hace urgente una intermediación internacional humanitaria que evite la muerte de Córdova, tanto por un elemental sentido humano como por las incalculables consecuencias que su deceso tendría en una situación que ya es sumamente delicada.

Más allá de la coyuntura, la crisis permanente en que viven los 700 mil integrantes del pueblo mapuche sólo podrá desactivarse mediante la restitución plena de sus derechos sobre la tierra, el aire y el agua que les fueron arrebatados por el Estado chileno, erigido en fuerza de ocupación interna.

El camino para cerrar esta fractura, y así poner fin a una opresión que impide a los mapuches considerarse parte de la sociedad chilena, pasa de manera insoslayable por derogar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y perpetuadora del orden colonial racista. Desde el año pasado, la sociedad chilena ha mostrado en las calles estar a la altura de este desafío, pero para lograrlo el Estado deberá asumir su responsabilidad histórica con los pueblos originarios.

Fuente e imagen:  https://www.surysur.net/resistencia-mapuche-y-colonialismo-interno/

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El bienestar/malestar emocional de los/as docentes y la “bitácora” del abandono

Por: Observatorio Chileno de Políticas Educativas 

Los fenómenos de malestar en el trabajo de los/as profesores/as chilenos/as, tales como el agotamiento emocional o el estrés laboral, se han instalado con fuerza durante las últimas décadas. Es difícil señalar desde cuándo el malestar y el agotamiento crecieron tanto en un trabajo que, de por sí, demanda una alta intensidad emocional y relacional.

Existen testimonios de docentes que, ya en la década de los años ’80, denunciaban este malestar. Los primeros estudios científicos en nuestro país sobre el tema se realizan a partir de los años ’90, siendo un hito la publicación del estudio “Condiciones de trabajo y salud docente”, por parte de la UNESCO el año 2005 (UNESCO, 2005[1]). En este estudio se revisó la situación de 5 países, entre ellos Chile, y se presentó una panorámica muy preocupante respecto del deterioro de la salud docente y de la deficiencia en sus condiciones de trabajo. Diversos estudios realizados en esos años mostraban datos preocupantes en nuestro país: altos niveles de agotamiento emocional en más de un tercio de los/as docentes, tasas de depresión, trastornos de angustia, trastornos musculo esqueléticos y disfonías muy por sobre la tasa de prevalencia en el resto de la población adulta chilena (Cornejo, 2009[2]; Valdivia et al, 2003). En la década recién pasada el profesorado, en sucesivas movilizaciones, denunció claramente ante el conjunto de la sociedad chilena al menos dos fenómenos relacionados: el agobio laboral docente y el excesivo trabajo fuera del horario laboral (dedicado a la preparación de clases, materiales, evaluaciones, etc.).

El contexto de Pandemia, sin duda, vino a complejizar las condiciones para el ejercicio del trabajo docente. Los/as profesores/as de Chile se vieron obligados/as a implementar un trabajo de emergencia a distancia, sin contar con condiciones de trabajo y conectividad adecuados, sin capacitaciones previas, con horarios de trabajo extendidos, y sin una anticipación, orientaciones o un diseño claro desde el ministerio de educación. Muchos/as docentes han tenido que financiar desde su bolsillo la compra de equipos de computación o de planes de conexión nuevos, lo que en los hechos es ilegal (el 24 de junio, el subsecretario del Trabajo, Fernando Arab, señaló que “la ley es clara y categórica, los costos de operación del teletrabajo son de cargo del empleador”). En este escenario no es sorprendente, aunque sí preocupante, que el 50% de los/as docentes señale que se encuentra estresado, o que el 52% señale que tiene síntomas de ansiedad. Esto puede estar asociado a que el 60% de los/as docentes señala que ahora trabaja más o mucho más que antes de la pandemia (Encuesta Educar Chile).

¿Es inevitable el malestar en el trabajo docente? ¿Qué dice la evidencia acumulada por la investigación en Chile y en el mundo?

Hay una tradición científica que se ha desarrollado fuertemente durante los últimos 50 años: la salud ocupacional. Brevemente podemos señalar que los estudios de salud ocupacional docente señalan sistemáticamente algunos elementos: 1. Existen efectivamente enfermedades laborales, dolencias, malestares que se asocian a la ocupación, al trabajo. 2. No es el trabajo en sí lo que enferma. No es el oficio una condena. Son las condiciones de trabajo las que, cuando son deficientes, afectan la salud. 3. Las condiciones de trabajo, para efectos analíticos, pueden organizarse en: condiciones materiales (aquellas fácilmente verificables como salario, contrato, horarios, vacaciones, infraestructura, materiales de trabajo, etc.) y condiciones psicosociales (más subjetivas y relacionadas con las formas de organizar el trabajo cotidiano, el control sobre el proceso de trabajo y el manejo del poder en el trabajo diario). 4. En el caso del trabajo docente, las condiciones de trabajo que más afectan la salud son: la sobrecarga laboral, la pérdida de sentido en el trabajo, la pérdida de autonomía, la falta de apoyo para el trabajo, las condiciones de infraestructura y herramientas deficientes y la falta de apoyo para enfrentar la llamada “doble carga” del trabajo laboral y doméstico (asunto que lamentablemente sigue afectando más a las profesoras).

Frente a este escenario, ¿Qué ha hecho el Ministerio de Educación para apoyar a los/as profesores/as y cuidar su bienestar?

Como es sabido, las respuestas que ha dado el MINEDUC desde la suspensión presencial de clases en marzo han sido fuertemente criticadas por los/as profesores/as y otros actores de la educación[3] (https://radio.uchile.cl/2020/04/20/el-mineduc-y-su-postura-frente-a-la-pandemia-una-mirada-publica/). Se ha criticado principalmente su falta de apoyo en equipos y conectividad a los/as docentes, la insistencia en el pronto retorno a la presencialidad sin condiciones de salubridad adecuadas (recordemos que la primera fecha de regreso que dio el ministro fue el 27 de abril, en plena alza de casos de COVID-19), la insistencia en la aplicación de la evaluación docente y el SIMCE (finalmente, respecto al SIMCE, el MINEDUC debió echar pie atrás frente, al rechazo mayoritario y suspenderlo para este año)

Específicamente, respecto del bienestar emocional docente, el jueves 2 de julio el MINEDUC publicó y difundió ampliamente una propuesta de autocuidado que tituló “Bitácora para el autocuidado docente. Claves para el bienestar”. En la presentación del documento el ministro de educación escribe: “Los quiero invitar a darse una oportunidad para trabajar con ustedes mismos, para revisar sus fortalezas y reencontrarse con su vocación”. También en la presentación se señala que “esta bitácora pretende acompañarte en tu viaje a la felicidad y bienestar de manera amigable y flexible, según lo que vayas necesitando o tengas ganas de trabajar en cada momento”. La bitácora, ofrece lo que llaman cuatro claves para el bienestar y la felicidad de los/as docentes. Estas son: 1. “Vive de acuerdo a tu propósito”; 2. “La recuperación” (aprende a recuperar energías); 3. “Conduce tus pensamientos y emociones” y 4. “Cultiva tus relaciones”. Para desarrollar cada una de las “claves del bienestar” la bitácora ofrece actividades que los/as docentes deben realizar de manera individual, como un diario de vida, además presentan una serie de videos que refuerzan la idea de que el bienestar depende solo del esfuerzo de cada persona (casi todos ellos en inglés y con ejemplos que nada tienen que ver con el trabajo educativo).

En las 230 páginas de la “Bitácora” no hay ninguna alusión a las condiciones concretas de trabajo, ni materiales, ni psicosociales. Tampoco hay alusión alguna al actual contexto de trabajo de emergencia a distancia por la pandemia y las enormes complicaciones que ha traído. Las cuatro “claves” llaman la atención por su banalidad extrema. ¿Cómo vivir de acuerdo a tu propósito si se impone la estandarización educativa sin escuchar a los/as profesores/as?, ¿Cómo recuperar energía si la sobrecarga no es una opción que los/as docentes hayan elegido? Si siento rabia ante las injusticias que vivimos, ¿Debo negarla por ser una emoción negativa? ¿Se favorecen las buenas relaciones en el trabajo hoy?

¿De dónde viene una mirada tan superficial, descontextualizada y negadora de la evidencia científica sobre el bienestar/malestar docente? En la “bitácora” el MINEDUC lo dice claramente: del enfoque de la psicología positiva. Se trata de una empresa ideológica de origen norteamericano, que se ha desplegado por el mundo los últimos 20 años, a partir de enormes campañas de marketing y libros de autoayuda. Un enfoque promovido por quienes defienden el modelo de la “auto explotación” de los/as trabajadores/as, propia del neoliberalismo. Un enfoque que se desligó de los hallazgos y debates científicos de las últimas décadas, porque no es su “negocio”. Las críticas a este enfoque son múltiples en el mundo de la investigación educativa. Nombraremos algunas: 1 Individualización y psicologización de problemas sociales complejos. Se concibe lo emocional como un conjunto de competencias/habilidades emocionales individuales, que se debe desarrollar (capacitar) en cada individuo. Se niegan elementos clave para lo emocional: condiciones de trabajo adecuadas, características de las comunidades y sus historias, jerarquías y clases sociales, el contexto sociopolítico, las relaciones de poder, las culturas y los roles de género. Se desconectan las emociones de las causas y situaciones concretas que las generan. 2 Culpabilización y responsabilización de cada profesor/a por problemas en su trabajo. Supone que todos los problemas emocionales son por falta de capacitación individual o por características de su personalidad que deben ser “mejoradas”. 3 Negación y represión de “emociones negativas”. Según este enfoque deberíamos estar siempre promoviendo y experimentando emociones de alegría, calma, agradecimiento y negar las complejas emociones que viven estudiantes y docentes de ansiedad, miedo, preocupación, rabia o tristeza. Esta indicación, además de imposible, es muy poco sana para el equilibrio psicológico de las personas. Además, qué coincidencia, se suelen negar las emociones vinculadas al pensamiento crítico y ciudadano. 4. Se privilegian las emociones orientadas al mayor rendimiento individual y al logro de objetivos medibles. 5. Este tipo de enfoques termina aumentando el agobio laboral y la sobrecarga. No solo porque lleva a los/as trabajadores/as a esforzarse más allá de los límites de su salud, sino porque ahora deberían  “demostrar” que sienten emociones positivas 6. Finalmente, lo que se impone es una mercantilización de lo emocional. Se genera un mercado de “capacitaciones emocionales” estandarizadas y “efectivas” para mejorar nuestra “productividad”.

Volvamos a poner los pies en la tierra. Cualquier propuesta que pretenda abordar los aspectos socioemocionales y/o las dimensiones del bienestar/malestar docente, debe necesariamente considerar mejoras en las condiciones de trabajo en las que se desarrolla la labor docente. Es necesario afrontar críticamente los modelos de la psicología positiva que tienen una mirada reduccionista, descontextualizada, individualizante y mercantilizadora de las emociones. Debemos avanzar hacia una mirada integradora de las emociones en la educación, considerando su potencial emancipador, sustentando su desarrollo en comunidades educativas organizadas y fortalecidas democráticamente, que puedan generar relaciones afectivas de apoyo, colaboración, acompañamiento y participación real dentro de los espacios educativos. Tenemos que promover una mirada reflexiva que reconozca las dimensiones emocionales de la docencia y de las tareas que diariamente realizan cada uno de profesores/ras. Tenemos que avanzar hacia mejores condiciones para el trabajo emocional docente.

[1] UNESCO. 2005. Condiciones de trabajo y salud docente. Estudio de casos en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay. OREALC / UNESCO Santiago. https://www.researchgate.net/publication/39724162_Condiciones_de_trabajo_y_salud_docente_estudios_de_casos_en_Argentina_Chile_Ecuador_Mexico_Peru_y_Uruguay

[2] Cornejo, R. 2009. Condiciones de trabajo y bienestar/malestar docente en profesores de enseñanza media de Santiago de Chile. Educação&Sociedade30(107), 409-426. https://www.scielo.br/pdf/es/v30n107/06.pdf

[3] Declaración Pública Foro por el Derecho a la Educación Pública: http://derechoeducacionpublica.cl/declaracion-de-rechazo-a-las-medidas-del-mineduc-por-pandemia-covid-19/

Los autores de esta columna son: Rodrigo Cornejo, Rodrigo Araya, Diego Parra y Sebastián Vargas.

*Fuente: https://radio.uchile.cl/2020/08/18/el-bienestarmalestar-emocional-de-losas-docentes-y-la-bitacora-del-abandono/

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Chile: Pandemia, crisis social y tensión institucional. Debates y tareas para una fuerza constituyente

Por: Camila Contador y Fabián Barria

El ciclo de impugnación abierto en octubre no se ha cerrado.

La pandemia global de coronavirus -la primera registrada por este tipo de virus – se propaga en Chile en uno de los momentos políticos más importante desde la postdictadura. El cuadro de octubre retrata al pueblo airado poniendo en el banquillo medio siglo de experimentación y consolidación del capitalismo desatado. Visto desde una escala general, la pandemia aceleró una crisis estructural del capital que estalla y ejerce una fuerte presión sobre la clase trabajadora mundial. Ambas crisis interactúan. Es decir, no es posible separar el ciclo de impugnación abierto en octubre de la crisis aparejada a la pandemia. Si bien, esta última ha condicionado el ciclo de impugnación en relación a la masividad de las manifestaciones, qué duda cabe respecto a que ha agudizado y reafirmado los contenidos críticos de las manifestaciones ocurridas desde el 18 OCT. Las mismas causas de la revuelta hoy se internalizan bajo angustia y desesperación. Sumado a que, en las actuales circunstancias, si bien hay una potente impugnación en curso, pareciera que no existe conducción política para hacer frente a la agenda autoritaria e insistentemente neoliberal del gobierno y la clase empresarial. La revuelta demostró que el pueblo no reconoce conducciones sociales ni mucho menos de las fuerzas políticas institucionalizadas.

Sobre los intentos por un “Acuerdo Nacional”: privatizar ganancias, socializar pérdidas

El Acuerdo, o “marco de entendimiento entre oposición y oficialismo”, constituyó una maniobra cuyo propósito político general fue ampliar la periferia de la gestión de la crisis, esto es, parlamentarizarla y agregar co-responsables políticos a la misma. El efecto económico que persigue, no es otro que hacer pagar las consecuencias de la crisis en los hombros de la clase trabajadora. Desde la perspectiva del contenido del Acuerdo destacamos tres niveles (dos explícitos que se correlacionan y uno menos explícito pero muy concreto):

–   Insistencia en el asistencialismo que se desprende del Estado subsidiario. La ayuda focalizada – ni siquiera bien aplicada – y concesionada, aprovechando de generar ganancias para determinadas empresas. Todo envuelto en un morboso y humillante espectáculo televisivo del cual hemos sido testigos.

–   Un segundo nivel es una contrapartida del anterior: ayuda económica con holgura presupuestaria (aquí no hay austeridad) para salvar los grandes capitales en lo que llaman genéricamente las bases para la “reactivación económica”. Por ejemplo, los movimientos socioambientales han criticado la “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión” como una maniobra para acelerar la tramitación de proyectos favorables al rentismo extractivista. Resumimos ambos niveles como la aplicación del aforismo privatizar ganancias y socializar pérdidas.

–   Un tercer nivel se podría resumir como la mantención y profundización del marco represivo punitivo y policial; pronunciar facultades discrecionales del Ejecutivo suprimiendo resistencias institucionales, poniéndose a tono con el giro autoritario, que ha sido tendencia global como rasgo de gobierno dentro de los regímenes liberales. Este nivel nos recuerda que la revuelta sigue gobernando el presente.

Sobre la Unidad: ¿Quiénes deben unirse? y ¿con qué objetivos?

Como marco preliminar, el problema de la unidad, tal como lo entendemos, no se reduce a un problema exclusivamente organizativo, sino que remite a la alta fragmentación objetiva de la clase trabajadora. Pensar la cuestión de la unidad supone, por lo tanto, identificar esta fragmentación, las relaciones sociales que la reproducen y las perspectivas políticas, orgánicas y programáticas que tiendan a superarla.

Dado los diversos niveles que compromete la cuestión, la unidad y los procesos a través de los cuales ésta se construye no se resuelve en el puro campo de la unidad de las organizaciones de izquierda ni de las voluntades que ese tipo de empeños exigen. Esto, que es así en general, lo es hoy más que en otros momentos, dado el escenario extraordinario que se ha abierto en Chile.

Desde octubre, millones de personas han irrumpido de manera directa en la lucha, incorporándose súbitamente a la vida política y abriendo con ello un proceso por el cual la clase trabajadora se está constituyendo a sí misma, encontrándose y descubriéndose en toda su potencia viva y colectiva. Sin identificarse necesariamente como de izquierda, sí emprende decididamente el camino de diferenciarse de la clase que detenta el poder. Este acontecimiento, que impacta a toda la sociedad, repercute también en las organizaciones de izquierda y en los tradicionales abordajes orgánicos de la “unidad”, operados durante largos años sin “pueblo”. Las compuertas políticas que se han abierto no se corresponden con los rasgos sectarios e identitarios que caracterizan a algunas de las formaciones de izquierda ni tampoco con las dinámicas patriarcales y machistas que, en su persistencia, han empujado al éxodo a muchas militantes feministas que, en no pocos casos, se ligan y hacen parte de importantes de luchas sociales más y mejor profundamente imbricadas con la dinámica en curso y con su contenido.

A partir de lo anterior, planteamos algunos criterios de unidad, al menos en estos tres momentos:

1.   Unidad en la Solidaridad. Esto es, cómo desplegar formas de solidaridad inmediatas tanto en ayudas materiales como en la resistencia económica. Asimismo, generar redes para hacerle frente a la violencia intra-familiar desatada en el confinamiento, como también, generar redes contra la violencia policial que despliegue, entre otras cosas, solidaridad hacia las organizaciones que están la primera línea batallando la pandemia. Esto es relevante por algo que indicamos en el punto anterior. A contrapelo de la unidad en la solidaridad, se instala desde el Gobierno una ofensiva comunicacional para des-unirnos. Para que desconfiemos entre nosotras y nosotros a partir de responsabilizar al pueblo del impacto económico del estallido y de la crisis sanitaria (nos contagiamos por irresponsables). Los responsables de la crisis se atreven a acusarnos de una crisis que no provocamos.

2. Unidad en un Programa. Levantar, debatir, defender y empujar propuestas programáticas para enfrentar los problemas actuales. Desde lo urgente respecto a la precarización inmediata, como enfrentar la pandemia y la crisis económica en ciernes hasta el nivel estructural o aquello que proyecte un horizonte de sociedad, lo que también tiene tiempos cortos, como responder a la ofensiva extractivista, por ejemplo. En este plano y de forma más concreta: es necesario tender los puentes, aproximar las conversaciones para constituir una oposición que dialogue entre sí y que ponga en la discusión pública una alternativa política impugnadora.

Los ingredientes para la unidad programática están, han emanado y se han nutrido a partir de las luchas de los sectores y movimientos político-sociales durante las últimas décadas. Los que adquirieron mayor volumen y consistencia desde octubre. Por tanto, lo que nos toca enfrentar y resolver en unidad es el problema del poder: que la clase trabajadora no sólo irrumpa e impugne, sino que tenga un espacio en la toma de decisiones. Para ello, una plataforma de unidad que integre a las organizaciones sociales y defienda un programa de cambio estructural es fundamental.

3.   Para enfrentar la coyuntura política.  La vida institucional del país transitará por un itinerario constituyente que definirá marcos políticos, institucionalizará relaciones de fuerza y abrirá la posibilidad de remodelar en parte pilares institucionales. Este itinerario al ser un escenario abierto, no garantiza, necesariamente, que las transformaciones se realicen en la acepción progresiva del término. La apertura y posibilidades de ese escenario es leída peligrosamente por la derecha, los sectores rentistas y reaccionarios, lo que se traduce en permanentes intentos para desorientar a la clase trabajadora, enfrentarla y desquiciar los debates. Es un interés evidente en cerrar a su favor el ciclo de impugnación y desactivar la fuerza constituyente. En este plano, intentarán agrietarnos y cortar lo poco que hemos podido recomponer. Por lo tanto, creemos indispensable afrontar con unidad esta coyuntura política.

Sobre el proceso constituyente e itinerario constitucional de octubre: ¿Cómo nos posicionamos? ¿A través de qué mecanismos? ¿Cuáles son sus tareas?  

En primera instancia, podríamos sintetizar nuestra posición antes de la pandemia en tres puntos: 1) El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es una respuesta realizada “por arriba” del estallido. Es el pacto de los partidos impugnados en la revuelta; 2) Es un Acuerdo que no satisface íntegramente a nadie. Ni a los partidos de la derecha que lo suscriben y que no quieren cambiar la Constitución, ni a los sectores populares que quedan de muchas maneras excluidos del mismo, ni al FA que se quiebra y luego defiende en el Acuerdo la incorporación de términos que no contiene, ni a la ex Concertación que aspiraba a que el Acuerdo desmovilizará y se retornará brevemente a la gobernabilidad. Es por tanto un resultado contradictorio de la revuelta; 3) Nuestra posición sobre la participación en el proceso constitucional se desprende de una orientación central que actúa para nosotrxs como brújula, que es la posibilidad de mantener abierta la impugnación del 18 de octubre.

En este sentido se desprenden al menos seis elementos de proyección:

1.   Este proceso no debe cerrar el escenario de disputa, pues debe ser comprendido como uno -entre varios- de los momentos de la disputa abierta el 18OCT. Por lo tanto, se debe mantener abierta la impugnación e incluso profundizarla desde el punto de vista programático. La firma del Acuerdo no se tradujo en la desmovilización que ellos esperaban y atendida la agudización de la crisis creemos que difícilmente lo haga en el actual escenario.

2.  El plebiscito va a concitar una participación popular masiva y, probablemente, histórica. Nos preguntamos qué aspiraciones estarán depositadas en esos votos y pensamos que evidente la de acabar con la Constitución de 1980 y la de asestar una derrota a la derecha. Es importante que ambas cuestiones sucedan. No basta con que gane el Apruebo con un margen pequeño, es necesario que gane contundentemente como una afirmación de la voluntad transformadora y como un ejercicio de fuerza que moralice a los sectores populares y que desmoralice a los sectores reaccionarios. En este ejercicio de moral se juega en parte la posibilidad de mantener abierta la movilización de los amplios sectores comprometidos en la revuelta.

3.   Nivelando expectativas, el proceso constitucional no recogerá las demandas y aspiraciones de transformación profunda que están planteadas, ello por los términos del mismo Acuerdo como por las condiciones de militarización, represión, prisión política, de violación sistemática a los DD.HH. y de impunidad que el gobierno con apoyo de un amplio sector de la oposición ha desplegado sostenidamente desde octubre al presente. Por eso es importante indicar que nuestra posición de participar en el proceso no guarda relación con la ilusión de lo que resulte de ese proceso, más bien supone la tarea de denunciar estos límites y la necesidad de sostener una irrestricta independencia política respecto de los partidos burgueses que busca impedir esas transformaciones.

4. En los distintos momentos del proceso va a tener lugar una discusión y disputa programática como no la habido en 50 años en Chile, esta disputa brinda la posibilidad de profundizar de manera decisiva a escala nacional y durante un año completo el proceso de politización masiva que se ha abierto. En esta profundización se juega también en parte la posibilidad de desbordar los márgenes de un Acuerdo que no es nuestro.

  1. Las eventuales posiciones de no participar decididamente y, en clave de disputa en este proceso, no dialoga con la disposición popular y resulta contraintuitiva en relación a un pueblo que parece entender bien la contradicción planteada entre los términos del Acuerdo, la posibilidad de las transformaciones a las que aspiramos y la potencia histórica del momento. La política de esperar desde el margen a que el pueblo se desilusione del proceso para que luego vaya corriendo hacia las organizaciones de izquierda en plan “lo dijimos” es una política que no funciona.

  1. Finalmente, de ninguna manera pensamos que el proceso constitucional sea el único escenario abierto de disputa y de impugnación. Es sólo uno de sus momentos, un momento importante, por cierto, que no es incompatible con hacerse parte y afirmar los procesos constituyentes autónomos que se puedan levantar desde los territorios, desde los pueblos indígenas o desde las organizaciones populares.

A partir de lo anterior, ante la posibilidad que la postergación o no realización del plebiscito prospere como se proponen algunos sectores de la derecha, nuestra posición es defender su realización. Nos proponemos ser parte de la campaña por el Apruebo y participar defendiendo un programa que deposite la posibilidad de su realización en la fuerza del pueblo movilizado; si estuviera dentro de nuestra capacidad, estamos de acuerdo con tener candidaturas convencionales y, de no poder, con apoyar las candidaturas convencionales de las organizaciones sociales y políticas que pongan por delante el programa.

¿Qué expresa la tensión institucional apreciada los últimos meses? ¿Está dividida la derecha? ¿Qué pasa con la oposición parlamentaria? 

La tensión institucional apreciada durante los últimos meses y, sobre todo, profundizada por la discusión del retiro del 10% de los ahorros previsionales, expresa -en primer lugar- que el ciclo de impugnación abierto el 18 de octubre no se ha cerrado pese a que las circunstancias no permitan manifestaciones masivas (pero, como hemos visto las últimas semanas la calle ha expresado que no se acuerdan cosas sin preguntarle). En segundo lugar, expresa la incapacidad del gobierno, del oficialismo y del empresariado, de justificar pública y políticamente, incluso dentro de su propio sector, las medidas sanitarias y las medidas económicas que precarizan la vida, que descargan la crisis en la clase trabajadora. Esta incapacidad de manejar políticamente la crisis sanitaria explica, por un lado, la ofensiva contra el parlamento (buscando inhibirlo, censurarlo o pautearlo) y contra los municipios (logrando a la larga trizar a los propios partidos de la derecha).  Por otro, la amenaza recurrente de utilizar autoritariamente las facultades del hiper-presidencialismo chileno frente a proyectos legislativos (como el veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional) pese a que los proyectos, como por ejemplo el de prohibir el corte de los servicios básicos, del posnatal de emergencia o del 10% de retiro de la AFP, tengan abrumadoras mayorías en la calle e incluso en el Congreso. Esta tendencia no sólo es característica en Chile, sino que es parte de lo que se ha llamado a nivel mundial como giro autoritario de los regímenes liberales. En síntesis, la política institucional se tensa y triza internamente y muestra su rostro más autoritario, por su incapacidad de manejar al pueblo, a la clase constituyéndose a sí misma, con o sin marchas.

Sobre la situación de la derecha como conglomerado entendemos que, en primer lugar, existe una reconfiguración de la derecha: Si ya octubre trizó la derecha en dos, la pandemia lo hace en muchas más partes. En un principio, parte de la derecha pensó que con la pandemia Piñera podía relegitimarse, que al parecer se iba a lograr una pequeña costra en este sentido, oxigenando a la derecha y el oficialismo, pero empeora a partir de la tensión que ha logrado la mala gestión de la crisis. Segundo, estamos en presencia del oportunismo de la derecha que se mueve en relación a lo que le conviene, que no brinda lealtad ni al gobierno ni a las direcciones de sus partidos. Esto queda más que expresado en la carta de renuncia de Hernán Larraín en que explica que en Chile Vamos existe una clara crisis de conducción, convivencia y confianzas. Lo que quedó en evidencia con la votación, tanto en la Cámara de diputados como en la del senado, el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones 1/.  En tercer lugar, pensamos existe una crisis del oficialismo hoy, una multidimensional. Es ideológica, se triza el pinochetismo, se abren fisuras que en otros momentos no habíamos visto con tal claridad. Es política porque no hay una orientación común, una dirección política. No es creativa, porque se empantana más de lo que genera nuevas formas de hacer política o nuevos núcleos. Y además expresa una ausencia de proyecto, es una crisis proyectual de la derecha. Cuarto, la contradicción de clases que existe en la derecha. Hay una retórica de la extracción social. Sacar el currículum de “pobre” para poder vincularse con el pueblo. Ejemplos hay varios; Los Carter, Moreira, etc. Que en el fondo aparecen como formas desesperadas de generar sentido en la población.

Por su parte, caracterizamos el rol de la oposición parlamentaria en base a tres elementos. Primero, parece, en apariencia, unida para atacar al oficialismo. Decimos en apariencia, porque es una oposición que carece de un proyecto alternativo que pueda unirla. Segundo, se acomoda a lo que la calle instala y la derecha reacciona a ello. La oposición intenta modular lo que la calle instala y la derecha ponerle trabas. Igualmente, existe una cierta desconexión con la calle al momento de escuchar demandas y pensarlas de manera más orgánica. Claramente, existiendo matices. Se reconoce una desesperación por conectar con el pueblo. Finalmente, también existe una oposición, que pareciera intentar congeniar con el pueblo pero que también se muestra muy dispuesta a congeniar con los patrones. Esto último responde a un ensayo y error, que dependerá de las encuestas, entre otras cosas. Hay también una apuesta desde algunos sectores por ser próximamente gobierno, comprendiendo la decadencia actual de la derecha y los problemas de gestionar la crisis por parte del gobierno de Piñera.

Las reflexiones desplegadas en los párrafos anteriores son fruto de discusiones colectivas, en constante problematización, puestas siempre a prueba por la tan aguda y cambiante coyuntura política nacional. Planteadas en el marco de nuestra salida pública como Organización ContraTiempos, esperamos que sirvan para discutir, conversar y reflexionar sobre el ciclo impugnatorio abierto en octubre que, gracias a las distintas expresiones del pueblo organizado, sigue latiendo en espera de construir otra sociedad.

Camila Contador y Fabián Barria, integrantes de Organización ContraTiempos

Notas

1/ El pasado 23 de julio la Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, una reforma de la Constitución que abre la posibilidad tanto de las y los afiliados del sistema de las Administradoras de los Fondos de Pensión (AFPs) de retirar de un porcentaje del 10% de los fondos (con un mínimo) que tuviesen en las AFPs (alguna de ellas gestionada por el BBVA), que gestionan el sistema privado de capitalización en Chile desde 1981. Esta ley, que dividió a la derecha (“Chile Vamos”) y a la que se oponía el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido apoyada por una amplia mayoría social para hacer frente al empobrecimiento y endeudamiento consiguiente de las clases populares debido a la profundización de la crisis por la pandemia de la COVID-19. Según la Universidad Católica ha dado lugar a una pérdida del empleo a 2,1 millones de personas en el último año, además de una reducción de los ingresos a millones de unidades de convivencia. El apoyo a la medida se inscribe en una oposición creciente al sistema de las AFPs, que no proporciona pensiones decentes a la mayoría de la población. La retirada de los fondos, lógica en el contexto citado, va sin embargo a profundizar esa crisis del sistema AFP en la medida en que la reducción de los fondos va a dar lugar a una mayor insuficiencia de las pensiones en el próximo futuro. Va a plantear de forma más urgente aún la sustitución del vigente sistema por uno solidario, público y de reparto, tal como se ha exigido por gran parte de las movilizaciones sociales del pasado año. NdR.

*Fuente: https://vientosur.info/pandemia-crisis-social-y-tension-institucional-debates-y-tareas-para-una-fuerza-constituyente/

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