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De La Ética Del Trabajo A La Estética Del Consumo

marzo 25, 2021marzo 25, 2021Bloghemia

Texto del sociólogo, filósofo y ensayista polaco-británico Zygmunt Bauman, publicado en su libro «Work, consumerism and the new poor»

«Todas las medidas emprendidas en nombre del «rescate de la economía» se convierten, como tocadas por una varita mágica, en medidas que sirven para enriquecer a los ricos y empobrecer a los pobres» .- Zygmunt Bauman

La nuestra es una sociedad de consumidores.

Todos sabemos, a grandes rasgos, qué significa ser «consumidor»: usar las cosas, comerlas, vestirse con ellas, utilizarlas para jugar y, en general, satisfacer —a través de ellas— nuestras necesidades y deseos. Puesto que el dinero (en la mayoría de los casos y en casi todo el mundo) «media» entre el deseo y su satisfacción, ser consumidor también significa —y este es su significado habitual— apropiarse de las cosas destinadas al consumo: comprarlas, pagar por ellas y de este modo convertirlas en algo de nuestra exclusiva propiedad, impidiendo que los otros las usen sin nuestro consentimiento.

Consumir significa, también, destruir. A medida que las consumimos, las cosas dejan de existir, literal o espiritualmente, A veces, se las «agota» hasta su aniquilación total (como cuando comemos algo o gastamos la ropa); otras, se las despoja de su encanto hasta que dejan de despertar nuestros deseos y pierden la capacidad de satisfacer nuestros apetitos: un juguete con el que hemos jugado muchas veces, o un disco que hemos escuchado demasiado. Esas cosas ya dejan de ser aptas para el consumo.

Esto es ser consumidor; pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad de consumo? ¿Qué tiene de específico esto de formar parte de una comunidad de consumidores? Y además, ¿no son sociedades de consumo, en mayor o menor medida, todas las comunidades humanas conocidas hasta ahora? Las características apuntadas en el párrafo anterior —salvo, quizás, la necesidad de entregar dinero a cambio de los objetos que vamos a consumir— se encuentran en cualquier tipo de sociedad. Desde luego, las cosas que consideramos en condiciones de ser consumidas, así como el modo como lo hacemos, varían de época en época y de un lugar a otro; pero nadie, en ningún tiempo o lugar, pudo sobrevivir sin consumir algo.

Por eso, cuando decimos que la nuestra es una sociedad de consumo debemos considerar algo más que el hecho trivial, común y poco diferenciador, de que todos consumimos. La nuestra es «una comunidad de consumidores» en el mismo sentido en que la sociedad de nuestros abuelos (la moderna sociedad que vio nacer a la industria y que hemos descrito en el capítulo anterior) merecía el nombre de «sociedad de productores». Aunque la humanidad venga produciendo desde la lejana prehistoria y vaya a hacerlo siempre, la razón para llamar «comunidad de productores» a la primera forma de la sociedad moderna se basa en el hecho de que sus miembros se dedicaron principalmente a la producción; el modo como tal sociedad formaba a sus integrantes estaba determinado por la necesidad de desempeñar el papel de productores, y la norma impuesta a sus miembros era la de adquirir la capacidad y la voluntad de producir. En su etapa presente de modernidad tardía —esta segunda modernidad, o posmodernidad—, la sociedad humana impone a sus miembros (otra vez, principalmente) la obligación de ser consumidores. La forma en que esta sociedad moldea a sus integrantes está regida, ante todo y en primer lugar, por la necesidad de desempeñar ese papel; la norma que les impone, la de tener capacidad y voluntad de consumir.

Pero el paso que va de una sociedad a otra no es tajante; no todos los integrantes de la comunidad tuvieron que abandonar un papel para asumir otro. Ninguna de las dos sociedades mencionadas pudo haberse sostenido sin que algunos de sus miembros, al menos, tuvieran a su cargo la producción de cosas para ser consumidas; todos ellos, por supuesto, también consumen. La diferencia reside en el énfasis que se ponga en cada sociedad; ese cambio de énfasis marca una enorme diferencia casi en todos los aspectos de esa sociedad, en su cultura y en el destino individual de cada uno de sus miembros. Las diferencias son tan profundas y universales que justifican plenamente el hablar de la sociedad actual como de una comunidad totalmente diferente de la anterior: una sociedad de consumo.

El paso de aquella sociedad de productores a esta del consumo significó múltiples y profundos cambios; el primero es, probablemente, el modo como se prepara y educa a la gente para satisfacer las condiciones impuestas por su identidad social (es decir, la forma en que se «integra» a hombres y mujeres al nuevo orden para adjudicarles un lugar en él). Las clásicas instituciones que moldeaban individuos — las instituciones panópticas, que resultaron fundamentales en la primera etapa de la sociedad industrial— cayeron en desuso. Con la rápida disminución de los empleos, con el reemplazo del servicio militar obligatorio por ejércitos pequeños integrados por profesionales voluntarios, es difícil que el grueso de la población recíba la influencia de aquellas instituciones. El progreso tecnológico llegó al punto en que la productividad crece en forma inversamente proporcional a la disminución de los empleos. Ahora se reduce el número de obreros industriales; el nuevo principio de la modernización es el downsizing [el «achicamiento» o reducción de personal]. Según los cálculos de Martin Wolf, director del Financial Times, la gente empleada en la industria se redujo en los países de la Comunidad Europea, entre 1970 y 1994, de un 30 a un 20%, y de un 28 a un 16% en los Estados Unidos. Durante el mismo período, la productividad industrial aumentó, en promedio, un 2,5% anual.

El tipo de entrenamiento en que las instituciones panópticas se destacaron no sirve para la formación de los nuevos consumidores. Aquellas moldeaban a la gente para un comportamiento rutinario y monótono, y lo lograban limitando o eliminando por completo toda posibilidad de elección; sin embargo, la ausencia de rutina y un estado de elección permanente constituyen las virtudes esenciales y los requisitos indispensables para convertirse en auténtico consumidor. Por eso, además de ver reducido su papel en el mundo posindustrial posterior al servicio militar obligatorio, el adiestramiento blindado por las instituciones panópticas resulta inconciliable con una sociedad de consumo. El temperamento y las actitudes de vida moldeados por ellas son contraproducentes para la creación de los nuevos consumidores. Idealmente, los hábitos adquiridos deberán descansar sobre los hombros de los consumidores, del mismo modo que las vocaciones inspiradas en la religión o en la ética (así como las apasionadas ambiciones de otros tiempos) se apoyaron —tal como dijo Max Weber repitiendo palabras de Baxter— sobre los hombros del santo protestante: «como un manto liviano, listo para ser arrojado a un lado en cualquier momento ». Es que los hábitos son dejados de lado a la primera oportunidad y nunca llegan a alcanzar la solidez de los barrotes de una jaula. En forma ideal, por eso, un consumidor no debería aferrarse a nada, no debería comprometerse con nada, jamás debería considerar satisfecha una necesidad y ni uno solo de sus deseos podría ser considerado el último. A cualquier juramento de lealtad o compromiso se debería agregar esta condición: «Hasta nuevo aviso». En adelante, importará sólo la fugacidad y el carácter provisional de todo compromiso, que no durará más que el tiempo necesario para consumir el objeto del deseo (o para hacer desaparecer el deseo del objeto). Toda forma de consumo lleva su tiempo: esta es la maldición que arrastra nuestra sociedad de consumidores y la principal fuente de preocupación para quienes comercian con bienes de consumo.

La satisfacción del consumidor debería ser instantánea en un doble sentido: los bienes consumidos deberían satisfacer de forma inmediata, sin imponer demoras, aprendizajes o prolongadas preparaciones; pero esa satisfacción debería terminar en el preciso momento en que concluyera el tiempo necesario para el consumo, tiempo que debería reducirse a su vez a su mínima expresión. La mejor manera de lograr esta reducción es cuando los consumidores no pueden mantener su atención en un objeto, ni focalizar sus deseos por demasiado tiempo; cuando son impacientes, impetuosos e inquietos y, sobre todo, fáciles de entusiasmar e igualmente inclinados a perder su interés en las cosas. Cuando el deseo es apartado de la espera, y la espera se separa del deseo, la capacidad de consumo puede extenderse mucho más allá de los límites impuestos por las necesidades naturales o adquiridas, o por la duración misma de los objetos del deseo. La relación tradicional entre las necesidades y su satisfacción queda entonces revertida: la promesa y la esperanza de satisfacción preceden a la necesidad y son siempre mayores que la necesidad preexistente, aunque no tanto que impidan desear los productos ofrecidos por aquella promesa. En realidad, la promesa resultará mucho más atractiva cuanto menos conocida resulte la necesidad en cuestión: vivir una experiencia que estaba disponible, y de la cual hasta se ignoraba su existencia, es siempre más seductor. El entusiasmo provocado por la sensación novedosa y sin precedentes constituye el meollo en el proceso del consumo. Como dicen Mark C. Taylor y Esa Saarinen, «el deseo no desea la satisfacción. Por el contrario, el deseo desea el deseo »; en todo caso, así funciona el deseo de un consumidor ideal. La perspectiva de que el deseo se disipe y nada parezca estar en condiciones de resucitarlo, o el panorama de un mundo en el que nada sea digno de ser deseado, conforman la más siniestra pesadilla del consumidor ideal. Para aumentar su capacidad de consumo, no se debe dar descanso a los consumidores. Es necesario exponerlos siempre a nuevas tentaciones manteniéndolos en un estado de ebullición continua, de permanente excitación y, en verdad, de sospecha y recelo. Los anzuelos para captar la atención deben confirmar la sospecha y disipar todo recelo: «¿Crees haberlo visto todo? ¡Pues no viste nada todavía!».

A menudo se dice que el mercado de consumo seduce a los consumidores. Para hacerlo, ha de contar con consumidores dispuestos a ser seducidos y con ganas de serlo (así como el patrón, para dirigir a sus obreros, necesitaba trabajadores con hábitos de disciplina y obediencia firmemente arraigados). En una sociedad de consumo bien engrasada, los consumidores buscan activamente la seducción. Van de una atracción a otra, pasan de tentación en tentación, dejan un anzuelo para picar en otro.

Cada nueva atracción, tentación o carnada es, en cierto modo, diferente —y quizá más fuerte— que la anterior. Algo parecido, aunque también diferente, a lo que sucedía con sus antepasados productores: su vida era pasar de una vuelta de cinta transportadora a otra vuelta exactamente igual a la anterior. Para los consumidores maduros y expertos, actuar de ese modo es una compulsión, una obligación impuesta; sin embargo, esa «obligación» internalizada, esa imposibilidad de vivir su propia vida de cualquier otra forma posible, se les presenta como un libre ejercicio de voluntad. El mercado puede haberlos preparado para ser consumidores al impedirles desoír las tentaciones ofrecidas; pero en cada nueva visita al mercado tendrán, otra vez, la entera sensación de que son ellos quienes mandan, juzgan, critican y eligen. Después de todo, entre las infinitas alternativas que se les ofrecen no le deben fidelidad a ninguna. Pero lo que no pueden es rehusarse a elegir entre ellas. Los caminos para llegar a la propia identidad, a ocupar un lugar en la sociedad humana y a vivir una vida que se reconozca como significativa exigen visitas diarias al mercado.

En la etapa industrial de la modernidad había un hecho incuestionable: antes que cualquier otra cosa, todos debían ser ante todo productores, En esta «segunda modernidad», en esta modernidad de consumidores, la primera e imperiosa obligación es ser consumidor; después, pensar en convertirse en cualquier otra cosa.

Fuente: https://www.bloghemia.com/2021/03/de-la-etica-del-trabajo-la-estetica-del.html

Imagen: Steve Cutts

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La educación es una actividad esencialmente ética

marzo 25, 2021marzo 22, 2021El Diario la Educación

Por: José Domínguez

Una educación ético-crítica tiene que ser, al mismo tiempo, antropoética, bioética y acoética y estar orientada a promover una economía y una política, que sean también antropoéticas, bioéticas y ecoéticas o dicho de otra manera: la educación ético-crítica debe ser toda ella una ciencia del hogar (ecología) común natural y sociocultural y promover una administración éticamente correcta (economía) del hogar común natural y sociocultural, es decir, una Economía ética y una Política ética.

Nuestro mundo sociocultural está sumido en una crisis sistémica, global y planetaria. Esta crisis es, al mismo tiempo, económica, social, humanitaria, ecológica, política y educativa. El denominador común de todas ellas es una profunda crisis ética. Sintéticamente, podemos caracterizarla como la suplantación de una praxis éticamente correcta por una económica inmoral. El núcleo central de la praxis económica inmoral es el modo capitalista de producción y consumo, que es hegemónico en todo el planeta y se ha revelado durante los dos últimos siglos como un modo de producción y consumo ecocida, porque destruye la ecosfera abiótica; biocida porque destruye la biosfera y antropocida, porque destruye la antroposfera: la humanidad y su hábitat.

Para afrontar esta crisis ética de fondo, la estrategia más urgente y relevante es una educación ético-crítica, cuya finalidad central sea eliminar la praxis económica inmoral y sustituirla por una ético-económica que sea, al mismo tiempo, antropoética, bioética y ecoética y ponga la economía, la política, las ciencias y las tecnologías (tecnociencias) al servicio de la ÉTICA .

El modo capitalista de producción y consumo, que cometió la aberración ética colosal de suplantar la praxis económica éticamente correcta por una praxis económica inmoral, se desarrolló históricamente de la mano del Absolutismo Real político y económico. Su proceso histórico de consolidación, desde la Revolución francesa (1789-1795) hasta nuestros días, se puede describir como el tránsito del Absolutismo económico y político de los reyes al Absolutismo económico y político de las oligarquías de plutócratas actuales.

Podemos considerar el modo capitalista de producción y consumo como una religión laica que ha sustituido todas las religiones tradicionales y todos sus dioses por una religión económica monoteísta, cuyo único dios es el dios-capital o dios-dinero. La jerarquía suprema (alto clero) de la religión económica es la oligarquía plutocrática mundial y las oligarquías plutocráticas nacionales, que funcionan como satrapías dependientes de la plutocracia mundial (vulgo: inversores).

La llamada economía política es la teología que explica a los fieles los misterios, enigmas, dogmas, preceptos y ritos. De la religión del dios-dinero que los fieles de a pie no entienden en absoluto, a pesar de los tratados y sermones de los teólogos (los economistas). En las sedes centrales de los bancos y de las multinacionales y en el Casino Mundial,
constituido por las bolsas de todos los países, se toman las decisiones religiosas fundamentales y se celebran los grandes ritos económicos. Las oficinas de base se parecen a las iglesias parroquiales. Son tiendas de dinero con dos funciones: a) captar dinero barato domiciliando las nóminas de los trabajadores y los recursos de los ahorradores para venderlo con intereses; b) vender dinero (prestar) con diversos intereses y plazos.

En nuestras sociedades el modo capitalista de producción y consumo es la religión oficial. Las sectas ecologistas, socialistas, comunistas, anarquistas, que critican la religión oficial, rechazan sus dogmas, sus reglas de conducta y sus ritos y defienden un modo de producción y consumo alternativo son criticados, a su vez, por los fieles ortodoxos como herejes, vendedores de humo populista, traidores y vendepatrias.

La educación como actividad esencialmente ética debe partir de un triple análisis crítico del modo capitalista de producción y consumo como religión laica oficial del “diosdinero”: un análisis crítico desde la perspectiva de la Ciencias Naturales; otro desde la perspectiva de las Ciencias Sociales, y un tercero desde la perspectiva de la Ética.
En el aprendizaje de las Ciencias Naturales, los educandos, además de investigar y comprender el funcionamiento de la Ecoesfera abiótica y de la Biosfera, deben investigar las consecuencias destructivas para la Ecosfera, la Biosfera y la Antroposfera que tiene el uso éticamente incorrecto de las mismas en las actividades productivas mediante tecnologías agresivas basadas en ellas; también deben investigar las posibilidades que ofrecen para cuidar y mantener en buen estado la Ecosfera, la Biosfera y la Antroposfera y para revertir, en la medida de lo posible, los daños causados durante los dos últimos siglos.

Para que los educandos puedan realizar esas investigaciones, los científicos y los investigadores profesionales deben proporcionarles: a) una crítica científica de los mitos que el modo capitalista asumió como axiomas científicos: el mito de los seres humanos como dueños y señores de la naturaleza y el mito de un progreso material ilimitado en un planeta finito; b) una demostración científica de que el uso éticamente incorrecto de las Ciencias Naturales y de
las Tecnociencias derivadas de ellas en las actividades productivas y comerciales convierte el modo capitalista de producción en ecocida, biocida y genocida o antropocida.

La experiencia acumulada en el Neolítico (desde el VIII milenio a. C) dio origen al siguiente mito: los seres humanos son superiores a todos los seres naturales: son dueños y señores de la naturaleza que pueden usarla y abusar de ella a su antojo y capricho. Como dueños y señores absolutos tienen derecho a domesticarla y explotarla sin límites para arrebatarle todos sus recursos”.

Las grandes religiones monoteístas convirtieron este mito en un dogma religioso. Un testimonio relevante es el relato del Génesis (1, 27-29). El antropocentrismo ilustrado convirtió este dogma en un supuesto filosófico y en un axioma científico-tecnológico del modo capitalista de producción. Muchos pueblos conservaron, a lo largo de su historia, la conciencia de que eran seres naturales, miembros de la Biosfera y dependientes de la “madre-Tierra”. De ahí el cuidado de la Naturaleza que impregnó sus culturas. Los occidentales han empezado a tener esta conciencia de seres naturales a partir de Darwin.

El antropocentrismo ilustrado, que negaba la Providencia y los milagros, consolidó otro mito como un axioma científico-tecnológico que el modo capitalista de producción ha utilizado como legitimación de su proyecto. Ese mito afirma: “Es posible un progreso material ilimitado en un planeta finito”. Desde que el Club de Roma publicó en los setenta Los límites del crecimiento, cada vez son más los científicos e investigadores que están pulverizando este mito con sus aportaciones.Usuarios

El modo capitalista de producción, además de los dos mitos mencionados, asume como supuestos indiscutibles: la prevalencia del individualismo frente al comunitarismo, del clasismo frente al igualitarismo y de la competición frente a la cooperación. En el aprendizaje de las Ciencias Sociales, los educandos, además de investigar las diversas formas históricas de organización y funcionamiento del Mundo Sociocultural, deben investigar de modo especial la influencia del modo capitalista de producción y consumo en las crisis sociales y humanitarias que han tenido lugar desde su despegue a finales del siglo XVIII hasta su apogeo en el siglo XXI. Durante estos dos siglos, las crisis sociales y humanitarias han sido compañeras inseparables de aquel. Aunque este no fue la causa única de ambas, fue un factor decisivo por comisión o por omisión: basta estudiar la dinámica dialógica entre el desarrollo del capitalismo y las luchas sociales del movimiento obrero.

Actualmente, las estrategias capitalistas para abaratar los costes de producción, aumentar la productividad, la competitividad en los mercados y los beneficios son causa directa de muchas crisis sociales en los países capitalistas: deslocalización de las empresas, socialización de los gastos generados por contaminación y residuos; robotización, desregulación y flexibilización laboral; privatización de los servicios públicos: sanidad, educación, vivienda, energía, residencias para mayores, dependencia; agua, transportes, comunicaciones; recorte sistemático de derechos conquistados: abolición de la negociación colectiva por sectores, aumento de los contratos temporales y de los salarios precarios, congelación de salarios y pensiones, conversión de asalariados precarios en falsos autónomos; rebaja de impuestos para los más ricos; IVA alto para los productos de primera necesidad igual para todos; rebaja de las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social; recortes en vivienda pública, sanidad, educación, dependencia; privatización de empresas públicas y servicios públicos.

Las crisis humanitarias que padece el tercer mundo, especialmente África, son consecuencia del colonialismo tradicional que padecieron durante cinco siglos. Pero, después de recobrar su independencia; el neocolonialismo que ejercen los países ricos con la venta de armas, el mantenimiento de las guerras locales por los recursos –guerras de la religión capitalista similares a las religiosas de Europa en los siglos XVI y XVII– , la deuda externa y la actividad de las multinacionales, que expolian los recursos naturales, tiene una responsabilidad directa en las crisis humanitarias: las enfermedades endémicas por falta de vacunas, la carencia de centros de atención primaria, de hospitales, de médicos y otros profesionales sanitarios, de medicinas y equipamientos, la carencia de escuelas y maestros, 260 millones de niños sin escolarizar; hambrunas sistemáticas; contaminación de las aguas y carencia de agua potable; destrucción sistemática de los métodos autóctonos tradicionales de producción y consumo e invasión de los mercados con productos extranjeros de baja calidad nutritiva perjudiciales para la salud por falta de control; la explotación laboral, sexual y militar de niños y niñas; las organizaciones mafiosas que trafican con armas, drogas y personas.

Este neocolonialismo capitalista es una fábrica permanente de pobres, de migrantes económicos y de refugiados, que genera desplazamientos masivos de millones de seres humanos, que huyen del hambre, de la persecución y de la guerra, mientras los países ricos, que han provocado su situación, les cierran las fronteras. A pesar de todo, continúan los flujos de capital de los países empobrecidos y expoliados hacia los países ricos.

La educación como proyecto ético debe basarse en la ética actualmente emergente, que se va configurando como una Ética con tres dimensiones fundamentales: Antropoética, Bioética y Ecoética. Desde la Ética emergente es necesario hacer una valoración crítica de la crisis ecológica descrita por las Ciencias Naturales y de las crisis sociales y humanitarias descritas por las Ciencias Sociales. La educación como actividad ético-crítica debe apoyarse en este triple análisis crítico.

Inspirándonos en la propuesta de Edgar Morin en el Tomo sexto de El Método titulado Ética, podemos describir las tres dimensiones o macrosectores de la Ética emergente del siguiente modo:

Antropoética: pretende descubrir y consensuar mediante el debate y el diálogo democrático, las relaciones más justas y equitativas entre los seres humanos como individuos, como grupos, comunidades, Naciones-Estado y especie humana. Implica una autoética o ética personal, una socioética o ética comunitaria y un humanismo ético o ética de la especie.

Bioética: pretende descubrir y consensuar, mediante el debate y el diálogo democrático, las relaciones más justas y equitativas y responsables de la Antroposfera con la Biosfera, de la que emanó, de la que forma parte y de la que depende biológica y vitalmente: relaciones de los individuos, de los grupos, de las comunidades, de las sociedades, de las naciones-Estado y de la especie con la Biosfera terrestre y marina.

Ecoética: pretende descubrir y consensuar, mediante el debate y el diálogo democrático, las relaciones más justas, equitativas y responsables de la Antroposfera con la Ecoesfera abiótica de la que procede en último término y de la que depende biológica y vitalmente: relaciones de los individuos, de los grupos, de las comunidades, de las sociedades, de las Naciones-Estado y de la especie humana con los diversos sectores de la Ecosfera abiótica: litosfera, hidrosfera, atmósfera.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/2021/02/24/la-educacion-es-una-actitud-esencialmente-etica/

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Enfermera escolar: una figura esencial durante la Covid-19

marzo 25, 2021marzo 22, 2021ABC Sociedad

La crisis sanitaria actual por la Covid-19 ha supuesto un golpe determinante para poner en relieve el papel de estos profesionales.

La crisis sanitaria ha cambiado nuestras vidas para siempre y sus consecuencias irán más allá de los meses del estado de alarma. Y es que muchos aspectos de la vida diaria se han visto afectados por esta «nueva normalidad» que ha trastornado por completo los hábitos y rutinas diarias, sobre todo, la de los menores de edad. Ante estos nuevos escenarios, una de las inquietudes cada vez más frecuentes entre los padres, alumnos y docentes es que el centro educativo cuente con un servicio sanitario completo y adecuado para solventar tanto las enfermedades cotidianas como la prevención y gestión correcta ante crisis epidemiológicas como la actual pandemia.

Contribuir a la mejora de la educación para la salud, con apoyo y soporte de la enfermera escolar especializada y coordinadora in-situ, es una necesidad tanto para nuestros menores como para una correcta gestión del centro educativo. «La enfermera escolar, como profesional de la salud, también tiene la co-responsabilidad de cuidar, ayudar a prevenir, apoyar y educar en salud, a toda la comunidad educativa como un pilar más en la formación completa de nuestros hijos como personas sanas en toda la amplitud de este concepto», Jesús Ruiz, CEO de Schoolnurses.

La crisis sanitaria actual por la Covid-19 ha supuesto un golpe determinante para poner en relieve el papel de estos profesionales, y es una oportunidad de mejorar y aprender que hay que invertir en prevención y formación. Es lo que ponen de relieve desde Schoolnurses, donde defienden la necesidad de que este tipo de profesionales sanitarios tengan presencia en todas las instituciones educativas y que puedan también servir de apoyo para aliviar la ya muy tocada Atención Primaria, un sistema abocado al desbordamiento debido al envejecimiento poblacional y malos hábitos, y que demanda intervenir en edades tempranas para conseguir resultados a largo plazo.

Con esta premisa, Schoolnurses nace para aportar una solución 360º para que cada colegio cuente como mínimo con un profesional sanitario. Una metodología única que dota suma las últimas tecnologías como blockchain o business intelligence para dotar a su personal de medios seguros, confidenciales y actualizados según las situaciones de cada momento.

La labor de la enfermera escolar viene determinada por la realidad cambiante de cada colegio. La enfermera antes de la pandemia asistía, educaba, investigaba y gestionaba cada caso. Actualmente, como coordinadores COVID, además de valorar cada posible afectado y determinar si puede ser un posible contagio, elaborar listados, comunicar con Salud Pública y familias, cumple un papel fundamental en el ecosistema escolar como asesora y guía a claustro, familias, dirección y alumnos para prevenir contagios, minimizar riesgos, evaluar y adaptar protocolos oficiales y velar por que se cumplan todas las recomendaciones sanitarias.

«Ahora más que nunca, contar con este tipo de profesional es una necesidad esencial para cualquier colegio, no solo porque es de gran ayuda para atender heridas o traumatismos diarios, o dar soporte a alumnos con problemas crónicos o eventuales, sino también porque supervisan la muy necesaria formación continuada en temas de salud y bienestar», explica Ruiz.

Con todo ello, contar con un servicio de enfermería escolar va más allá de tener una persona que se encargue solo de curar heridas y poner tiritas. «Su conocimiento del entorno, la realidad personal real de alumnos durante toda su vida escolar, familias con las que se desarrollan vínculos muy estrechos y su especial enfoque sanitario y el poder compartir el día a día con el resto de personal del colegio, la posicionan como una pieza clave, además de en la crítica detección precoz, en ser garante de igualdad de condiciones para los alumnos que por razones de salud podrían no ver sus derechos respetados; es decir se convierte en garantes de sus derechos fundamentales», matiza Ruiz.

En lo que va del actual curso escolar, Schoolnurses ha dado cobertura a más de 43.000 alumnos y ha realizado más de 145.000 intervenciones, de las cuales más de un 48 % fueron accidentes o detección de potenciales enfermedades o casos sospechosos y otro 28 % fueron gestión y atención de medicaciones o controles diarios, sin olvidar las horas extras invertidas en coordinación COVID como parte de una de sus muchas competencias como gestión en caso de epidemias. Además, durante esta crisis han llevado a cabo más de 1,5 mil test preventivos y ayudado a identificar unos 80 casos positivos o en sus colegios y centros de trabajo, evitando así el contagio que habría supuesto al resto de personal y alumnos en estos colegios donde están presentes

¿Qué otros beneficios tiene disponer de un servicio de enfermería escolar?

● Valoración correcta de los casos y emergencias.

Una enfermera escolar es una pieza clave de apoyo a toda la comunidad educativa porque se encarga de dar asistencia a las personas y valorando con criterio sanitario en caso de que se presente una emergencia como una herida, dolor de cabeza, estómago, etc., o incluso un traumatismo leve, y que puede no ser ni tan leve como parezca, ni tan grave como aparente.

Da continuidad y soporte a los Planes de Cuidado personales.

Gestiona con seguridad las necesidades de controles o medicaciones rutinarias o de rescate de los casos de enfermedades crónicas como puede ser la diabetes, asma, alergias, epilepsia, entre otros. Evitando el absentismo escolar o laboral en muchos casos.

● Educa en hábitos saludables

La enfermera escolar,como parte de su formación profesional en donde debe enseñar a otros profesionales o al paciente cómo cuidar de su salud o seguir un tratamiento pautado por su médico, también está capacitada para educar a los niños y adultos en hábitos saludables. Es decir, mientras supervisa la correcta colocación de insulina a un niño diabético, por ejemplo, puede reforzar sus conocimientos de la enfermedad y darle consejos sobre cómo cuidar su alimentación y correcto descanso.

● Coordina y/o adapta formación en salud asociada con el bienestar físico, mental, emocional, social, medioambiental e incluso espiritual.

La enfermera escolar es, técnicamente, un docente más. Se trata de una figura que está capacitada para promover la salud en toda su amplitud holística, no sólo la física. La salud es mucho más que la ausencia de enfermedad. Para alumnos, profesores y familias. Para ello, puede desarrollar o adaptar sus propios talleres, pero también sumar o coordinar contenidos y estrategias continuadas, en colaboración con el centro escolar, de las colaboraciones con otros especialistas adaptando estos contenidos a cada comunidad educativa abordando temas esenciales relacionados con trastornos la nutrición, las enfermedades, el acoso escolar, la prevención de drogodependencias, mindfulness, higiene del sueño, revisiones de la vista, etc.

Asimismo, es importante resaltar que la enfermera escolar contribuye a una evidente reducción del estrés del profesorado, reforzando el desarrollo de sus competencias educativas. Todo ello, en beneficio del propio centro educativo, que ve mejorada su excelencia, calidad y seguridad al tiempo que cumple con los derechos del menor para con la salud e igualdad de oportunidades.

Fuente e imagen: https://www.abc.es/familia/educacion/abci-enfermera-escolar-figura-esencial-durante-covid-19-202103150124_noticia.html

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SNTE y USICAMM, dos caras de una misma moneda en la promoción docente

marzo 25, 2021marzo 22, 2021Abelardo Carro Nava

Por: Abelardo Carro Nava

Irrisoriamente, en los estatutos del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE, 2019), se lee una frase de su actual dirigente nacional “En el SNTE: uno somos todos y todos somos uno”. Idea o pensamiento que, quiero pensar, tuvo la intención de demostrar (no sé a quién) que el magisterio mexicano se encuentra unido y fortalecido en razón de algo (tampoco tengo claro sobre qué o para qué). Sin embargo, los agravios y/o atropellos que han padecido cientos de trabajadores de la educación por parte de las autoridades educativas federales y estatales, y por las cuales esta organización sindical no ha movido un solo dedo, evidencian que de sueños e ilusiones vive un solo hombre.

¿Acaso ya se olvidaron las consecuencias que padeció el magisterio con la reforma educativa 2013 derivada del Pacto Por México e implementada por Peña Nieto?, ¿acaso ya se olvidó que, durante el peñanietismo, estos “líderes” sindicales guardaron el más profundo silencio ante la serie de afectaciones laborales y profesionales que vivieron muchos de sus agremiados, pero eso sí, manifestaron su apoyo, firme y decidido, a dicha reforma?, ¿acaso ya se olvidó que, una vez que ese régimen salió de Palacio Nacional, con las reformas aprobadas a los artículos 3º, 31º y 73º de la Constitución Política de nuestro país, desde la dirigencia nacional se tuvo la osadía de declarar al SNTE un “aliado” y “ejército intelectual” del Presidente Andrés Manuel López Obrador y de la Cuarta Transformación? Vaya, y la defensa de los derechos laborales y profesionales de sus agremiados ¿dónde ha quedado? Sobre todo, porque, en los últimos días, hemos sido testigos de una serie de atropellos y abusos por parte de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) que, dicho sea de paso, nada más no dan una en los procesos de admisión y promoción vertical y horizontal. Veamos.

Según estos estatutos, los del SNTE, en el Capítulo II, de la Duración, Objeto y Fines de este Sindicato, Artículo 10 sobre el Objeto Social y Fines, se lee lo siguiente: “I. Defender los derechos laborales, sociales, económicos y profesionales de sus miembros; y III. Luchar por el desarrollo personal y el logro de las aspiraciones de sus agremiados”; objeto y fines que, desde luego, no se han cumplido, porque indiscutiblemente esta organización sindical, que se debe a una base conformada por miles de trabajadores de la educación, se ha configurado como una organización sindical patronal que no vela por el interés, necesidades y demandas de esa base trabajadora. Y es que mire usted, traigo a colación estas ideas porque, tanto los procesos de admisión, pero, sobre todo, en los de la promoción horizontal, la autoridad educativa viene afectando precisamente los derechos laborales y profesionales de las maestras y los maestros.

La Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM, 2019), en el Título Sexto, Previsiones Generales, Capítulo Único, Disposiciones Generales, Artículo 97 señala: “Los participantes en el Sistema previsto en la presente Ley, tendrán los siguientes derechos: I. Participar en los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento, respectivos, bajo los principios de legalidad, justicia, certeza, equidad, igualdad, imparcialidad, objetividad y transparencia que consideren, además, su contexto regional y sociocultural y el respeto a sus derechos; II. Conocer con al menos tres meses de anterioridad, los criterios e indicadores con base en los cuales se aplicarán los procesos de selección para la admisión, promoción y reconocimiento”.

Artículo que, como está visto, no se cumplió en cuanto a la temporalidad establecida, primero, porque el 21 de enero de 2021, la USICAMM dio a conocer el Programa de Promoción Horizontal por Incentivos en Educación Básica y su respectivo calendario. En este último se especifica que, del 8 al 21 de marzo de 2021 (casi mes y medio después de que se publicó tal programa y las convocatorias en los estados) se llevaría a cabo el pre-registro de los aspirantes a participar en la promoción horizontal, sin embargo, esto no sucedió así puesto que, como sabemos, la USICAMM determinó en la Guía del pre-registro que éste se realizaría del 15 al 28 de marzo. ¿Cuál fue la razón de dicho “ajuste” al calendario?, ¿acaso esta decisión no tuvo una afectación directa en las posibilidades de participación de los interesados y, por cuya razón, se afectó un derecho profesional de todos los participantes establecido en las mismas leyes, normas y reglamentos?, ¿acaso con estas acciones no se violó lo establecido en el numeral II del Artículo 97 de la LGSCMM?, ¿cuál fue la postura del SNTE ante esta serie de actos y/o decisiones?

Ahora bien, con la publicación de la convocatoria base y la emisión de las convocatorias por las autoridades educativas locales, además del empleo de una plataforma inoperante e ineficiente, el pre-registro tan esperado por cientos de maestras y maestros se convirtió en un verdadero calvario que, desafortunadamente, no ha concluido. Sobre este asunto ya he dado cuenta en el artículo que se publicó hace unos días y que lleva por título: “La USICAMM y los esquemas de promoción: un desastre administrativo” (Profelandia.com, 2019); no obstante, lo anterior, deseo resaltar en estos momentos que, cuando llegue a pensar que todo marcharía mejor porque, seguramente, ya no estaría saturada dicha plataforma porque el proceso de pre-registro avanzaría dadas la correcciones a los problemas denunciados por cientos de profesores, esta misma Unidad Administrativa emitió un comunicado que, a más de uno, nos dejó perplejo: “Estimado participante en el proceso de selección para la admisión, la promoción vertical o la promoción horizontal, se le informa que el sábado 20 y domingo 21 del presente mes la plataforma digital de la USICAMM estará fuera de servicio para darle mantenimiento, así como realizar el respaldo de la información de los pre-registros de cada proceso. A partir del lunes 22 de marzo se continuará con el servicio en los términos establecidos en las convocatorias correspondientes”. ¿En qué parte de la Guía del pre-registro, del Calendario del proceso de selección, del Programa de Promoción o en la LGSCMM se señala o establece que la plataforma estará inactiva por dos días?, ¿acaso esta decisión no afecta el derecho profesional de cada uno de los interesados en participar en este esquema de promoción?, ¿no podría haberse previsto que la cantidad de usuarios sería numerosa porque, en ellos, hay el deseo de avanzar en cuanto a sus condiciones laborales y profesionales? Insisto, sobre estos actos: ¿cuál fue la postura del SNTE?

A través de las redes sociales surgió una serie de argumentos que, en principio, no les di la importancia debida, y ofrezco disculpas por ello, pero con estas acciones cobra sentido el que, desde la misma SEP y la USICAMM, se articule un plan para que se limite o restrinja la participación de las maestras y maestros interesados en participar en estos procesos. Obviamente, hay muchas razones y evidencias que me llevan a soportar este argumento, por ejemplo: el que la “plataforma” no permita el registro, no contemple ciertas claves o categorías, no reconozca las ubicaciones de los centros de trabajo, no direccione al usuario al cuestionario de habilidades socioemocionales, y un largo etcétera más.

Sobre esto, ¿qué hace hecho el SNTE?, ¿cuál ha sido su postura?, ¿qué han hecho las Secciones y Delegaciones Sindicales en cada entidad federativa? Digo, sería ilógico llegar pensar que no podrían estar enterados de tales asuntos. Estatutariamente: ¿no dice defender los derechos laborales y profesionales de sus agremiados? Ah, pero eso sí, cuando llegué el momento de sentarse en la mesa con la autoridad educativa, tal y como lo mandata la LGSCMM (2019), en cuanto al proceso de admisión en educación básica, Artículo 39, numeral IV: “La Secretaría celebrará un proceso público en el que pondrá a disposición de las autoridades educativas de las entidades federativas y las representaciones sindicales, en una mesa tripartita en cada uno de los Estados y la Ciudad de México, para su participación y garantía en el respeto de los derechos de los trabajadores, los resultados de la valoración de los elementos multifactoriales” seguro estoy, que serán los primeros en tomarse la foto y expresar a los cuatro vientos que velan por los derechos laborales y profesionales de todos los trabajadores de la educación.

Bueno, y a todo esto: ¿acaso el SNTE ha hecho algo con relación al tema de la admisión inconclusa y por la que muchos profesores y profesoras viven en la incertidumbre y el desasosiego en estos días?

Sí, los hechos, pasados y presentes, nos permiten observar a un SNTE y a una USICAMM en todo su esplendor, dos caras de una misma moneda: la ineptitud.

Con negritas

Según la RAE, ineptitud significa: “Inhabilidad, falta de aptitud o de capacidad”.

Referencias:

-Carro, A. (2021). La USICAMM y los esquemas de promoción: un desastre administrativo. Profelandia.com. Recuperado de: https://profelandia.com/la-usicamm-y-los-esquemas-de-promocion-un-desastre-administrativo/

-SEP. (2021). Calendario del proceso de selección para la Promoción horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, 2021. USICAMM. Recuperado de: http://file-system.uscmm.gob.mx/2021-2022/compilacion/EB/Calendario_promocion_horizontal_EB.pdf

-SEP. (2021). Promoción horizontal por Niveles con Incentivos en Educación Básica, 2021. USICAMM.

-SNTE. (2019). Estatuto del SNTE. Recuperado de: https://snte.org.mx/wp-content/uploads/2019/12/Estatuto-SNTE12-Marzo-2019.pdf.

Fuente e imagen: https://profelandia.com/snte-y-usicamm-dos-caras-de-una-misma-moneda-en-la-promocion-docente/

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Excepcionalismo Moral de la Políticas y prácticas en Materia de Derechos Humanos en los Estados Unidos de América

marzo 24, 2021marzo 24, 2021Autores Varios

Por: Jorge Forero Coronel y Nelson Ortega Bonilla/Investigadores del CII-OVE

El gobierno de los Estados Unidos de América, se ha caracterizado por la promoción de una visión sesgada y reduccionista en materia de Derechos Humanos, centrada en el mito del excepcionalismo moral de ese país, lo cual ha derivado en la tendencia a exceptuarse a sí mismo de los estándares que aplica a los demás[1], los dobles estándares para naciones amigas y enemigas, y el aislamiento legal o negación arbitraria de derechos humanos universales en su jurisdicción, sin que los paladines de la Defensa las libertades fundamentales; sus socios Europeos, cuestionen estas acciones.

De hecho es evidente que ese tema es usado como un instrumento de su política exterior, y que esa lógica supremacista explica su autoproclamación como garante global de dichos derechos, a partir de intereses que nada tienen que ver con una genuina preocupación por el disfrute, promoción y protección de los mismos.

En el presente documento se expone un análisis crítico de las políticas y las prácticas de los Estados Unidos de América en materia de Derechos Humanos, tanto en su actuación internacional como en su jurisdicción. Sobre la base de un conjunto de datos, se valora la actuación de ese gobierno en algunas dimensiones, tales como:

Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos.
Uso sistemático de torturas y tratos inhumanos de manera directa, así como asistencia y cooperación con gobiernos que han generalizado estas prácticas.
Criminalización de las migraciones: vulneración de derechos a personas con necesidad de protección internacional; Separación forzosa de familias y violación de derechos humanos a niños migrantes no acompañados.
Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia.
Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México.
Balance de sus intervenciones militares extraterritoriales.
Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneraci√≥n de los Derechos Humanos.

Situación de los EE.UU., ante la legislación internacional en materia de Derechos Humanos

Estados Unidos niega la jurisdicción de la legislación internacional de derechos humanos dentro de su jurisdicción y legislación interna. De un total de 61 instrumentos de derechos humanos, Estados Unidos sólo es Estado Parte en 18 de ellos. Es el único país del mundo que no ha ratificado la Convención de los Derechos del Niño. Además, es notable el hecho de su no ratificación de otros importantes instrumentos internacionales de derechos humanos, entre los que sobresalen:

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;
Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer;
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad;
Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las Desapariciones Forzadas;
Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios.

La exclusión del conjunto de convenciones en materia de derechos humanos en áreas especialmente sensibles, demuestra el doble discurso del gobierno de los Estados Unidos e incluso pone de manifiesto su verdadero talante de transgresor sistemático de derechos humanos fundamentales.

Uso sistemático de torturas y tratos, crueles, degradantes e inhumanos

El gobierno de los Estados Unidos de América emplea de manera sistemática las torturas, los tratos crueles, degradantes e inhumanos, como política. Existe una extensa documentación al respecto, en la presente reflexión se van a referir dos informes puntuales, en los cuales queda explícita la actuación violadora de derechos humanos de organismos de ese país.

El Senado de los Estados Unidos publicó un informe de investigación (2014), sobre los programas de interrogatorios desarrollados por la CIA, en el cual se evidenció el alcance de las violaciones de los derechos humanos de los detenidos y de las faltas de garantías del debido proceso.

En las cárceles secretas operadas por Estados Unidos se han cometido graves violaciones de los derechos humanos que califican como actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Los actos cometidos por Estados Unidos incluyeron simulación de asfixia, la desnudez forzada, la exposición a bajas temperaturas, los baños de agua congelada, la privación del sueño por largos períodos de tiempo, la alimentación e hidratación rectal y las amenazas de abusos y muerte contra las personas detenidas.

Las torturas y los tratos crueles, degradantes e inhumanos, forman parte orgánica de la política de los Estados Unidos. El Informe 2017 de Amnistía Internacional, referido a la actuación de ese país, reseña que en una entrevista el 25 de enero (unos días después de su toma de posesión), el presidente Trump expresó su apoyo a la tortura y afirmó que “confiaría” en el secretario de Defensa, el director de la CIA y otras personas para decidir si Estados Unidos debía emplearla”.

De acuerdo con el informe citado, no se ha adoptado medida alguna para poner fin a la impunidad de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, incluidas las torturas, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzosa cometidas en el marco del programa de detención secreta gestionado por la CIA.

Por el contrario, el presidente Trump propuso para altos cargos gubernamentales al menos a tres personas implicadas en el programa de detención secreta mencionado: Gina Haspel, seleccionada para el cargo de subdirectora de la CIA; Steven Bradbury, propuesto para el cargo de asesor jurídico general del Departamento de Transporte; y Steven Engel, propuesto para dirigir la Oficina de Asesoramiento Jurídico el Departamento de Justicia.

Precisamente las cárceles ilegales han sido escenario de prácticas sistemáticas de tortura. En diciembre de 2017, la ONU emitió una crítica a las autoridades de EE.UU., por crear un agujero negro legal que permitió la detención indefinida de sospechosos sin cargos, y por mantener presos a muchos de ellos durante más de una década. Nils Melzer, el relator especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, instó a Estados Unidos a poner fin a la tortura de presos en el polémico centro de detención de Guantánamo.

Según Human Rights Watch (HRW), los 31 detenidos que permanecen en Guantánamo, están recluidos de manera arbitraria desde hace más de una década, sin cargos, ni juicio. Antes de las elecciones, el presidente Trump prometió mantener abierto el centro de detención e incrementar la cifra de detenidos allí recluidos. Recientemente, el 1 de febrero de 2019, Jhon Boltón, Asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense Donald Trump, llegó al extremo de amenazar con una celda en la prisión ilegal de Guantánamo al presidente constitucional de Venezuela.

Criminalización de las migraciones:

El gobierno de los Estados Unidos está implementando de manera sistemática, una política de criminalización de las migraciones, la cual además de incumplir con la legislación internacional en la materia, ha desencadenado en una práctica generalizada de infracción de derechos a personas con necesidades de protección internacional; separación forzosa de familias; y tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia la población migrante, incluso hacia sectores especialmente vulnerables, como los niños migrantes no acompañados.

De acuerdo con un informe de Amnistía Internacional, Washington está acentuando esa tendencia. En 2017, el presidente Trump promulgó varias órdenes ejecutivas que afectaban los derechos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo.

En primer lugar, promueve la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. En segundo lugar, estimula la devolución y/o retención arbitraria de personas solicitantes de asilo (es decir, de población con necesidades de protección) y sus familias.

En tercer lugar, otra orden ejecutiva promulgada el 27 de enero prohibía durante 90 días la entrada de personas extranjeras provenientes de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen[2]; suspendía durante 120 días el Programa Estadounidense de Admisiones de Refugiados; reducía de 110.000 a 50.000 el número de personas refugiadas aptas para ingresar en el país durante el año fiscal 2017, e imponía una prohibición indefinida del reasentamiento de personas refugiadas procedentes de Siria”, en cuya situación de guerra intestina los Estados Unidos han tenido un rol protagónico.

Posteriormente, el 24 de septiembre, se proscribieron indefinidamente las inmigraciónes a Estados Unidos de ciudadanos de siete países: Chad, Irán, Libia, Corea del Norte, Somalia, Siria y Yemen, e impedía la emisión de visados para miembros de ciertas agencias estatales venezolanas y sus familiares.

Uno de los hitos más notables de la política hostil y cruel hacia los derechos de los migrantes, está vinculada con una nueva orden ejecutiva emitida el 16 de agosto, en la cual el Departamento de Seguridad Nacional federal puso fin al Programa de Refugiados Menores Centroamericanos[3].

El informe precitado, denuncia que más de 17.000 niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados fueron retenidos tras cruzar de manera irregular la frontera con México entre enero y agosto, los cuales permanecieron bajo custodia durante meses, sin acceso adecuado a atención médica y asistencia letrada, mientras se procesaba su petición de permanecer en Estados Unidos.

Por su parte, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) publicado en 2015, expone datos que demuestran que no se trata de hechos aislados o de una nueva política de la administración Trump, sino que por el contrario, se trata de una práctica que se ha instaurado desde hace años como política migratoria violadora de derechos humanos a la población más vulnerable de los procesos migratorios, los NNA no acompañados.

El informe referido, señala que en 2013, 17.240 NNA mexicanos no acompañados, fueron detenidos por funcionarios estadounidenses en el paso fronterizo, sin embargo, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados («ORR»), entidad responsable del cuidado y la custodia de los NNA no acompañados durante sus procedimientos migratorios, apenas reportó 740 NNA mexicanos no acompañados bajo su custodia. Es decir, el 96% de los NNA mexicanos no acompañados fueron expulsados de regreso a México sin el debido proceso.

ACNUR también ha corroborado esta cifra, y ha estimado que alrededor del 95,5% de los NNA mexicanos no acompañados que llegan solos y en condiciones de indefensión y vulnerabilidad absoluta a los Estados Unidos, son devueltos sin la oportunidad comparecer ante un juez de inmigración, con lo cual no solo se violan los tratados internacionales, sino que también se hace caso omiso de la propia legislación norteamericana en la materia.

La CIDH reportó además repatriaciones arbitrarias de NNA no acompañados que se llevaban a cabo durante la noche (procedimiento totalmente prohibido en la legislación internacional); sobre la colocación de esposas a los niños por parte de agentes fronterizos de Estados Unidos para efectuar el retorno; y que muchos NNA mexicanos no acompañados fueron enviados a otras regiones de México, incluyendo lugares situados en el lado opuesto del país al de su comunidad de origen. Esta información es indicativa de prácticas directamente violatorias de los derechos del niño y del propio tratado de repatriación entre México y Estados Unidos.

El escenario se ha tornado más complejo por la violación del debido proceso a los migrantes, el cual es producto de la combinación de la intensificación de la crisis social y el aumento de la violencia en México y Centroamérica, y de las restricciones de presupuesto para atender este problema por parte del gobierno de los Estados Unidos.

A continuación se cita textualmente un párrafo del informe de la CIDH (2015), en el cual se evidencia la gravedad de la situación y el nivel de vulneración de derechos humanos de niños no acompañados por parte del gobierno norteamericano:

“la información pública disponible señala que para junio de 2014 se registraban 375.000 casos de inmigración atrasados, incluyendo 41.640 casos de niños en espera de fecha de audiencia. A finales del año fiscal 2014 de Estados Unidos (el 30 de septiembre de 2014), los casos atrasados ascendían a 408.037, y para finales del mes de octubre de 2014, este número llegó a 421.972. Para junio de 2014 el tiempo promedio de espera para todos los casos, incluido el de los NNA no acompañados, se estimó en 587 días, o más de un año y siete meses. Para abril de 2015, los casos pendientes ascendían a 445.607, entre ellos 70.035 de NNA no acompañados. Uno de los principales factores y causas para el retraso procesal es un número mucho mayor de casos en un contexto de restricciones presupuestarias” (p. 100).

Como se aprecia en las cifras de la CIDH, estamos en presencia de un fenómeno de violación sistemática e intencionada de derechos humanos fundamentales, con el agravante de que una proporción importante de las víctimas son niños y niñas en condiciones de altísima vulnerabilidad.

Pero el mismo informe reseña que existe registro y documentación sobre numerosos casos de tortura y trato cruel por parte de funcionarios de migración de los Estados Unidos hacia niños no acompañados. A continuación se presenta otra cifra textual con datos escalofriantes:

“existen numerosas denuncias sobre abuso físico, incluyendo abuso sexual, golpizas, y el asumir posiciones de estrés a exigencia de funcionarios (…). Más de la mitad de estos NNA no acompañados reportó diversas formas de abuso verbal, incluyendo comentarios raciales, sexualmente cargados, y amenazas de muerte. Más de la mitad informó que se les había denegado atención médica, incluyendo dos jóvenes madres cuyos bebés se enfermaron durante la detención en temperaturas muy bajas, y una niña cuya medicación para el asma fue confiscada mientras sufría ataques de asma. Los NNA no acompañados constantemente denunciaron haber sido recluidos en celdas insalubres, en condiciones de hacinamiento, y con temperaturas de congelación, y aproximadamente el 70% informó haber permanecido detenidos más allá de las 72 horas establecidas por el mandato legal. Muchos informaron haber permanecido detenidos sin mantas y tener que dormir en el suelo, con las luces prendidas. Más del 80% describió cómo se le denegó alimentación adecuada y agua bajo la custodia, incluyendo un niño cuya única fuente disponible de agua potable era el tanque de un inodoro y otros que sólo recibieron alimentos congelados o en mal estado y, posteriormente, se enfermaron” (p. 111).

Los datos aportados por el informe en cuestión, explicitan el carácter notablemente represivo y vulnerador de derechos humanos de la política y las prácticas del gobierno de los Estados Unidos en materia de atención a la población migrante.

Sin embargo, la violación de derechos no se reduce a las prácticas citadas, sino que se agudizan ante situaciones como la separación arbitraria de familias, tratos crueles y atropellos, en palabras de la CIDH: “15% de estos NNA no acompañados, reportó haber sido separado de otros miembros de la familia, y el 30% informó que su dinero y/o pertenencias fueron confiscados por funcionarios y nunca retornados. Muchos niños reportaron haber sido encadenados durante el transporte” (p. 111).

La CIDH precisó además que en el momento de redactar el informe, indican que entre el 18 de julio de 2014 al 14 de octubre de 2014, apenas 179 NNA no acompañados se les permitió permanecer en los Estados Unidos, de un total de 1.637 casos registrados. Respecto de casi todos los NNA no acompañados -1.456-, equivalentes al 89% de los casos, se dictó orden de expulsión.

Pero si lo expuesto no fuera suficientemente atroz y abyecto, la administración Trump ha asumido una política –denominada tolerancia cero-, la cual resulta aún más hostil y violadora de derechos humanos que las de sus antecesores. Dicha política ha derivado en la generalización de prácticas crueles como la separación forzosa de familias (los adultos son criminalizados y objeto de procesos judiciales, mientras que los niños son enjaulados –literalmente- en centros de reclusión temporales para la posterior expulsión de ambos).

En junio de 2018, los agentes de migración de Estados Unidos mantenían a más de 10.000 menores retenidos en centros de detención, ubicados en distintos lugares del país. Los pequeños son encerrados en jaulas de metal; duermen en algunos casos- en delgadas colchonetas sobre el frio concreto y cubiertos solo por sábanas que los protegen de las bajas temperaturas. Esta práctica de crueldad, se ha generalizado aún más ante las detenciones masivas de migrantes indocumentados en el marco de las caravanas humanitarias provenientes de Centroamérica.

La nueva administración de la Casa Blanca, pareciera no tener la más mínima intención de enmedar estos errores y recientemente se han publicado imágenes que muestran las condicones denigrantes en las que se encuentran los menores de edad, cuestionando además que no son jaulas sino centros de detención, dando de esta forma continuidad de las prácticas violatorias de los Derechos Humanos llevados a cabo durante el Gobierno de Trump.

Ascenso del racismo en la administración de las políticas de seguridad y administración de justicia

Un estudio del Registro Nacional de Exculpaciones de Estados Unidos publicado en marzo de 2017, registró que los estadounidenses negros tenían siete veces más probabilidades de ser condenados injustamente por asesinato que los blancos. En lo que se refiere a los delitos relacionados con drogas, los estadounidenses negros inocentes tienen unas 12 veces más probabilidades de que se les aplique una condena equivocada que los blancos. Los infractores varones negros fueron condenados, a condenas 19,1% más largas que aquellos infractores varones blancos en casos similares.

Influencia de sus políticas en materia de armas de fuego, narcóticos y migraciones en la violencia criminal del norte de México

México experimenta una grave y severa crisis de violaciones graves de derechos humanos y crímenes violentos, la mayoría de los cuales han sido cometidos con armas de fuego. El país ostenta la tasa de homicidios más alta registrada en toda su historia, donde dos de cada tres homicidios son cometidos con armas de fuego. El 70% de las armas recuperadas y rastreadas en las diversas escenas del crimen en México provienen de los Estados Unidos.

La “cooperación” de Washington en equipos militares y armas de fuego, así como el entrenamiento militar estadounidense de miles de soldados como parte de la Iniciativa Mérida, cuya punta de lanza es la denominada “guerra contra el terrorismo”, ha redundado en el crecimiento vertiginoso de las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas del Estado, con tasas aún más altas que antes de que comenzara la Iniciativa referida y con una impunidad casi total.

Un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en México (2018), reporto que en junio de 2018, una docena de congresistas estadounidenses señalaron que “el uso de las fuerzas militares mexicanas en la guerra contra las drogas ha resultado en un dramático aumento de las violaciones a los derechos humanos, incluidas la tortura, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales”. Por ende, pidieron “una evaluación completa y pública de la Iniciativa Mérida, así como una revisión de la ayuda que brinda Estados Unidos a México en cuanto a seguridad y venta de armas” (p. 4).

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que, durante el período que comprende los años de 2011 a 2016, pudieron rastrearse 74 mil 515 armas de fuego recuperadas en diversas escenas del crimen en México, y que éstas fueron producidas o habían sido vendidas en la Unión Americana.

De acuerdo con el informe precitado, “al menos 37.435 personas, de diciembre de 2006 a junio de 2018, han sido víctimas de desapariciones forzadas en México[4], mientras que (…) se han cometido 121.035 homicidios con arma de fuego, de los cuales 16.898 ocurrieron durante 2017” (p. 4).

El informe revela además que la gran mayoría de estos crímenes continúan impunes, sin la apertura de investigaciones penales o sentencias, y sin una reparación integral para las víctimas, lo que permite inferir que existen estructuras que han permeado al Estado mexicano y que están asociados a factores muy poderosos, entre los que se destacan, carteles del narcotráfico, estos últimos, los principales socios del comercio legal e ilegal de armas auspiciado y usufructuado por los Estados Unidos.

Los derechos humanos en el contexto de las intervenciones militares extraterritoriales estadounidenses

Estimar y describir el impacto de las intervenciones militares extraterritoriales de los Estados Unidos en materia de Derechos Humanos amerita un tratado, por la complejidad de los casos y por el carácter multidimensional de los derechos conculcados. Por tanto, en este apartado apenas se van a citar algunos estudios de instituciones de gran prestigio, de manera de obtener una referencia general de dicho impacto con énfasis en la variable: víctimas mortales.

Un estudio de la Universidad de Brown (EE.UU.) ha registrado 480.000 víctimas mortales de las guerras en las que EE.UU. ha participado desde 2001, entre ellos 244.000 civiles. Asimismo, los enfrentamientos en Afganistán, Irak, Siria y otros países, habrían causado 10 millones de refugiados. Según el informe, Washington gastó en esos conflictos 5,9 billones de dólares, cifra que ascenderá a 6,7 billones para 2023 si se mantiene el ritmo de inversión.

Las cifras de la institución universitaria norteamericana resultan conservadoras al compararlas con un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicado en 2008, en el cual se afirma solamente la invasión a Iraq dejó 400.000 muertos.

Los casos de Libia y Siria también presentan cifras cruentas. El investigador Nicolas Davies, calculó en más de 200.00 el número de víctimas mortales del conflicto desatado en 2011. Por su parte, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH)[5], estima que en el conflicto de ese país, hubo al menos 250.000 víctimas mortales, entre ellos 74.426 civiles y de ellos, 12.517 niños y 8.062 mujeres.

Las medidas coercitivas unilaterales y la vulneración de los Derechos Humanos.

Las mencionadas de manera equívoca sanciones[6] han sido una forma no convencional de violación de los derechos humanos, en terceros países, la mayoría de ellas aplicadas con la excusa de defenderlos, y en muchos casos con el doble rasero de ni siquiera suscribir los acuerdos internacionales, que extraterritorialmente justifican defender.

Un total de 29 países[7] forman la lista en los que según la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero (OFAC por sus siglas en inglés), los Estados Unidos aplica medidas coercitivas al margen del Derecho Internacional establecido por la Organización de Naciones Unidas.

Según un informe de Amnistía Internacional (2009) denominado “El embargo estadounidense contra Cuba su impacto en los derechos económicos y sociales”, destaca que “Las repercusiones negativas del bloqueo son bien patentes en las dimensiones social, económica y ambiental del desarrollo humano de Cuba y afectan gravemente a los grupos socioeconómicos más vulnerables de la población”, citando al coordinador residente de la oficina de Naciones Unidas en el país caribeño durante el año 2008.

En el informe del Secretario General de Naciones Unidas “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, nos indica que “El bloqueo tiene un impacto negativo en todas las áreas económicas, sociales y culturales, limitando seriamente el derecho al desarrollo de Cuba. En términos estrictamente económicos, se estima una afectación de al menos 130.178,6 millones de dólares”.

Por su parte la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO en inglés) a petición del Senado norteamericano, en un informe reciente sobre Venezuela señaló que estas medidas habían contribuido a la caída abrupta de su Producto Interno Bruto, buscando el colapso del país Sudamericano, que ha sufrido desde el 2015 según cifras oficiales la pérdida de sus ingresos en más de 130.000 millones de dólares, más que suficientes para garantizar el bienestar de su población que han visto afectadas sus libertades fundamentales por la extraterritorialidad de las leyes impuestas por los Estados Unidos.

Es una guerra donde la famosa herramienta del smart power, constituye una amenaza que viola los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin que exista hasta el momento un mecanismo de reparo o juisticia para quienes aplican este tipo de medidas que afectan directamente a poblaciones enteras.

[1] Estados Unidos firma tratados y leyes de derechos humanos, pero en función de sus inestables intereses puntuales, establece reservas, no ratifica o simplemente no suscribe los mismos.

[2] Todos estos países padecen conflictos inducidos directa o indirectamente por la política exterior estadounidense.

[3] Ese programa permitía que menores de 21 años que huían de la violencia en El Salvador, Guatemala y Honduras, cuyos padres residen en Estados Unidos en situación regular, solicitar entrevistas para su reasentamiento como personas refugiadas antes de viajar a Estados Unidos. El Programa también permitía solicitar la entrada a Estados Unidos a los niños y las niñas de esos tres países que no podían optar a la condición de personas refugiadas y no tenían ninguna otra forma de reunirse con sus progenitores.

[4] El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, así como las fosas comunes multitudinarias halladas en diversas regiones del norte de México, han marcado un hito en estas prácticas.

[5] Se trata de una ONG radicada en Londres.

[6] Las sanciones son medidas aplicadas por resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

[7] Afganistán, Bielorrusia, Burundi, Bosnia y Herzegovina, Cuba, Chipre, China, Corea del Norte, Egipto, Guinea, Guinea Bissau, Haití, Irán, Irak, Liberia, Líbano, Libia, Malí, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Rusia, Siria, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Túnez, Venezuela, Yemen y Zimbabue.

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La Lucha por la Educación Pública: Un Breve Análisis desde América Latina

marzo 24, 2021Luis Bonilla-Molina

(Artículo escrito para el suplemento “Plural· de la Revista Viento Sur)

Por: Luis Bonilla-Molina

@Luis_Bonilla_M

Coordinador Internacional del portal Otras Voces en Educación / Premio de Justicia Social otorgado por el Proyecto Democrático Paulo Freire de la Universidad de Chapman, por su trabajo con el sector docente a nivel internacional durante la pandemia 2020.

Introducción

La crisis económica del capitalismo y la reestructuración del modo de producción, derivada esta última del emerger de la cuarta revolución industrial, tienen un capítulo muy dramático en el hecho educativo. Desde el año 2015 veníamos advirtiendo que podía ocurrir un Apagón Pedagógico Global (APG), signado por la virtualidad como ejercicio de centralidad pedagógica a escala planetaria. Estas afirmaciones se basaban en el estudio de la arquitectura financiera de las grandes corporaciones tecnológicas, el énfasis de éstas en la producción de tecnologías y narrativas educativas digitales y su creciente vínculo con los gobiernos y ministerios de educación. Los hechos confirmaron estos análisis y demostraron la importancia de estudiar el curso de la economía y la trayectoria de colisión del capital tecnológico trasnacional con los sistemas educativos.

El COVID-19 fue utilizado para abrir paso a la virtualidad y la educación en casa como paradigmas emergentes del capitalismo cognitivo. Las grandes corporaciones tecnológicas se habían venido preparando para el paso abrupto y global a la virtualidad, mientras los Ministerios de Educación de la región no dejaban de estar prisioneros de la epistemología capitalista de la primera y segunda revolución industrial, creyendo que solo comprando chatarra tecnológica resolverían el desfase surgido desde la tercera revolución industrial.

Como hemos insistido, desde la tercera revolución industrial y la aceleración de la innovación científica que ella trajo, vinculada al modo de producción y a la sociedad, ha surgido un desencuentro entre lo que quiere el capitalismo cognitivo y lo que realizan los sistemas escolares. Esto no se resuelve con la simple compra de computadores, internet y capacitación para educación en línea. Está surgiendo una paradoja, según la cual el modelo de escuela que sirvió a la reproducción cultural del sistema capitalista, en la primera y segunda revolución, ya no resulta útil para el modelo de reproducción que demanda el capitalismo de las plataformas en el marco del emerger de la cuarta revolución industrial. Lo que ocurrió en materia educativa durante la pandemia del COVID-19, pueden ser solo los relámpagos que anuncian una gran tormenta sobre la escuela pública, la profesión docente y el derecho humano a la educación. Por supuesto que la escuela emancipadora que defendemos y la educación pública vinculada a los intereses de la clase trabajadora dista mucho de cualquiera de estas propuestas.

En el Foro Mundial de Educación (2015) realizado en Incheon, Corea, ante los representantes educativos de más de 150 países, las grandes corporaciones tecnológicas anunciaron que estaban trabajando para un escenario de virtualidad educativa generalizada a escala planetaria, con un horizonte máximo de diez años, algo que de manera cómplice desoyeron los gobiernos neoliberales, para abrirle puertas a un nuevo modelo de privatización y mercantilización educativa.

A comienzos de la pandemia, prácticamente ningún sistema escolar de la región contaba con plataformas propias, arquitectura de la nube independiente, repositorios digitales en formato de la cuarta revolución industrial y mucho menos habían formado a los y las docentes para la complementariedad de la virtualidad con la presencialidad; el día D anunciado por las grandes corporaciones tecnológicas se inició con la explosión global del virus. La situación de incertidumbre generalizada que azotó a los sistemas educativos creó las condiciones de posibilidad para el desembarco suave de las corporaciones tecnológicas en la vida escolar. Por ello, cuando en marzo de 2020 se inicia la cuarentena preventiva radical en la región, quienes de inmediato aparecieron con sus “alternativas”, fueron las grandes corporaciones tecnológicas, imponiendo a la fuerza, una acelerada alfabetización en el manejo de plataformas, pensadas con una lógica de nuevos estilos y orientaciones en la reproducción del conocimiento, la castración del pensamiento crítico y el aprendizaje centrado en competencias. No se democratizó la apropiación de los algoritmos, ni se trabajó la comprensión y apropiación crítica de la realidad, sino se puso en marcha un ensayo de apropiación de rutinas para abrirle puertas al modelo de enseñanza que requiere el mundo digital ideado por el capital. La lógica de enseñanza que contienen las plataformas virtuales es un debate urgente en el magisterio.

Estamos aún muy lejos de conocer todo el arsenal educativo construido por las corporaciones del capitalismo cognitivo, para sustentar en el futuro próximo su propuesta de sociedad educadora digital. Lo que presenciamos durante la pandemia fue solo la construcción de hegemonía sobre una nueva orientación, sobre un horizonte estratégico. En otro artículo trabajaré los prototipos de escuela, bachillerato y universidad que está construyendo el capitalismo cognitivo con el ánimo de poner en marcha una nueva orientación escolar que elevará de manera exponencial la exclusión educativa que conocimos en las tres primeras revoluciones industriales.

En contravía a los anuncios de distintos sectores políticos, el neoliberalismo educativo sigue vivo y actuando con rostro de sociedad educadora, avanzando en nuevas formas de mercantilización y privatización educativa. En el marco de la pandemia muchos sistemas escolares (Puerto Rico, Panamá, Brasil, Argentina, Colombia, entre otros) avanzaron en acuerdos de largo alcance con corporaciones tecnológicas, para asociar la virtualidad y las mercancías digitales a la praxis educativa de los próximos años; la lucha por el mínimo del 6% del PIB para educación aparece como un botín en disputa por las grandes corporaciones tecnológicas. La nómina docente, que ocupa una parte importante del presupuesto educativo, está en la mira del capitalismo cognitivo, por ello le abren paso al paradigma de la educación virtual en casa, sembrándolo hoy y, aspirando cosechar frutos de desplazamiento de les docentes en los próximos años.

Por los bordes comenzó a hablarse de la formación docente para el modelo de educación en casa, convirtiendo lo que ocurrió durante la pandemia en un ensayo de lo que la OCDE denominó como la “sociedad educadora en red”. Irene Rigau, seguidora del Gregorio Luri Medrano (colaborador del Club de Roma) y antigua Consellera de la Educación de la Generalitat de Cataluña, señaló en el Congreso Mundial de Educación de Kairós (2020) que “ante la situación que vivimos el futuro de la escuela puede estar cuestionado” y que las “posibilidades que tiene la tecnología, podría favorecer la aparición de nuevos profesionales de la enseñanza, contratados por grandes operadores del mercado, del mercado en red, que podrán garantizar visitas a domicilio, asistencia telefónica, consultas en sus despachos, en que la educación en casa, podría ser la tónica más generalizada con el apoyo tecnológico”. Precisa Rigau que “había un escenario que nos parecía muy distante, el de la sociedad en red, que en estos momentos podría ser realidad, desplazando en muchos países al modelo de escuela como una organización de aprendizaje … en el centro de la comunidad”. Finaliza puntualizando que “la involución y el desmantelamiento de la escuela, facilitará que ésta sea sustituida por redes de aprendizaje”. Las afirmaciones de Rigau, son una nítida expresión de la perspectiva de los corsarios neoliberales quienes se aprestan a tomar por asalto en la post pandemia, el botín que representa el presupuesto destinado por los ministerios de educación a la nómina docente.

La pandemia ha estado signada por una brutal privatización, estratificación y generación de exclusión educativa. La inmensa mayoría de gobiernos en América Latina abandonaron la responsabilidad de los Estados en garantizar las condiciones mínimas para desarrollar el proceso educativo. No dotaron a les docentes, estudiantes y familias de dispositivos, acceso a internet, planes de datos y, en un inusitado clímax del paradigma de la sociedad educadora neoliberal, trasladaron a estudiantes, docentes y familias los costes de la continuidad del vínculo pedagógico en pandemia. Esta nueva forma de privatización educativa ha sido precariamente denunciada y amenaza con instalarse como una constante en la lógica de la educación como bien común.

Este modelo de privatización generó daños colaterales de profundo impacto social global. Apareció el fenómeno de la estratificación educativa entre aquellos estudiantes que tenían acceso a computadores, conexión a internet, planes de datos suficientes y una familia de acompañamiento de emulación forzosa del rol docente, respecto a quienes no poseían estas condiciones tecnológicas y/o de apoyo y quienes tuvieron como alternativas modelos tecnológicos añejos (Radio-TV) o guías de auto aprendizaje, mientras los y las estudiantes de zonas de difícil acceso, indígenas y de pobreza extrema no podían acceder a ninguna de estas opciones. Esta estratificación pretende construir imaginarios de auto exclusión, al darse cuenta importantes sectores de estudiantes humildes, que el no poseer equipos y condiciones tecnológicas mínimas, conlleva a no poder seguir avanzando en la educación con sello de mundo digital. Esto pareciera continuar en la fase de salida de pandemia con los anuncios que hacen los ministerios de educación sobre alternancia o los llamados modelos híbridos.

Hoy, los Ministerios de Educación de la región no conocen a ciencia cierta cuál es la matrícula real, quienes permanecen en sus sistemas educativos y quienes han abandonado, o quedado excluidos porque están en la amplia franja de población sin acceso al mundo de la tecnología 3G, 4G o 5G. La vuelta presencial a las aulas en la post pandemia estará signada por un titánico esfuerzo de los y las docentes para reincorporar a las aulas a quienes quedaron desconectados durante el año 2020.

El Covid-19 y las posibilidades de avanzar en la unidad del magisterio. Inventario de Actores

El neoliberalismo educativo ha lanzado una ofensiva planetaria contra la escuela presencial y la educación pública. Enfrentar esta arremetida demanda una articulación y unidad del magisterio sin precedentes. Ello exige un adecuado inventario de actores, situaciones a resolver y afirmación de las potencialidades. En este artículo me interesa identificar actores que han sido claves en la construcción de resistencias anti neoliberales de distinto signo e intensidad durante el año 2020. Por un lado, están los sindicatos, por otra las coaliciones en defensa de la educación como derecho humano y finalmente algunas instituciones académicas y científicas.

En el caso de los gremios y sindicatos, es muy importante ubicar su vínculo con corrientes sindicales internacionales; en muchos casos sindicatos militan en varios agrupamientos internacionales, lo cual implica una lectura mucho más fina, imposible de lograr en los límites de extensión de este artículo.

En la región existe un desarrollo desigual de los procesos de instauración de las corrientes sindicales internacionales. La mayoría de gremios y sindicatos están fuera de algún agrupamiento internacional y en buena medida pesa la orientación política de cada organización para tomar una decisión al respecto. En ocasiones los cambios de orientación política en la dirección de los gremios conllevan a desafiliaciones y/o afiliaciones a una u otra corriente internacional.

La Internacional de la Educación para América Latina (IEAL) agrupa a sindicatos muy numerosos y diversos en sus composiciones políticas, perspectiva de independencia de clase y cultura de movilización unitaria. Destacan la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina(CTERA), la Federación Colombiana de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación (FECODE), el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación(SUTEP) del Perú, la Unión Nacional de Educadores de Ecuador (UNE), el Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) de México, el Colegio de Profesores de Chile, y otros tantos sindicatos mucho más pequeños. En unos casos sus métodos de trabajo los ubican en la perspectiva transformadora amplia, mientras que en otros viven profundan tensiones a su interior; en el caso de México, el SNTE, cuestionado por sus vínculos con el PRI y los gobiernos burgueses, aún antes de la conducción por parte de Elba Esther Gordillo, cuenta desde finales de 1978 con una corriente clasista y antiburocrática a su interior, la Coordinadora Nacional de los y las Trabajadores de la Educación (CNTE) que agrupó las fuerzas que lucharon durante la pandemia por la defensa del magisterio ante el modelo de neo privatización educativa. Algo similar ocurre en el Colegio de Profesores de Chile, con el Movimiento por la Unidad Docente (MUD) y otras corrientes clasistas que tensionan a favor del manejo democrático y clasista del gremio, mientras que en Ecuador, Colombia y Perú fueron la UNE, FECODE y SUTEP de conjunto, quienes lideraron el trabajo de resistencia ante la ofensiva del capital en el 2020. El caso de Argentina es muy particular, dada la multiplicación de gremios de base de distintas orientaciones y las diferencias tácticas que mantienen las grandes centrales sindicales. Es incorrecto hacer una caracterización de la IEAL como si fuera una sola expresión en el terreno de la lucha de clases, cada organización que forma parte de ella debe ser valorada en su actuación en el contexto nacional y ello deriva en una caracterización dinámica del IEAL.

Otro actor regional es la Confederación de Educadores Americanos (CEA), conformada por una serie de gremios diversos, entre los cuales están la Confederación Nacional de los Trabajadores de los Establecimientos de Enseñanza (CONTEE) de Brasil, el SNTE de México, el Federación de Profesionales Docentes de la Educación Superior de Nicaragua (FEPDES), la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) del Uruguay, la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) de la Argentina, La Confederación de Trabajadores Urbanos (CTU) de Bolivia, el Frente Reformista de Educadores Panameños (FREP), la Federación de Sindicatos de Trabajadores Técnico-Administrativos de Instituciones Públicas de Educación Superior de Brasil (FASUBRA). A decir verdad, su capacidad de incidencia regional fue mínima en la coyuntura del COVID-19, aunque algunas de sus organizaciones como FASUBRA estuvieron muy activas en el marco nacional.

Por otra parte, está la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas (CSA) vinculada a la AFL-CIO de los Estados Unidos y a la Confederación Sindical Internacional (CSI), de la cual forma parte la Central de los y las Trabajadores Argentinos (Autónoma (CTA-A), a la cual está afiliada la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios- Histórica (CONADU-H) una de las organizaciones de docentes que estuvo muy activa en la unidad internacional en lucha contra el neoliberalismo educativo y combativa a nivel nacional, en el marco de la pandemia.

Producto de una escisión de la CSA en el año 2017 se funda la Alternativa Democrática Sindical (ADS), de la cual forma parte la Central General de Trabajadores de Panamá (CGTP) la cual estuvo muy presente en las resistencias anti neoliberales en educación durante el año 2020.

Adicionalmente, la Federación Latinoamericana de Trabajadores de la Educación y la Cultura (FLATEC) es otra de las centrales sindicales regionales. De ella, forman parte organizaciones que fueron muy activas en la resistencia a la ofensiva neoliberal durante la pandemia, especialmente la Asociación de Educadores Veragüenses (AEVE) de Panamá y la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) de Costa Rica. Como en las restantes organizaciones, el movimiento es desigual, unas organizaciones son muy activas, mientras otras no terminan de aparecer en el escenario de la lucha anticapitalista.

La Federación Sindical Mundial (FSM) no suele actuar como un escenario de coordinación de la lucha magisterial, a pesar que algunos de sus sindicatos pertenecen al campo de la educación, entre ellos el Sindicato Unitario Fuerza Magisterial (SINAFUM) de Venezuela. Fue muy débil su incidencia en el magisterio y la actividad gremial docente en el marco de la pandemia. El presidente de la FSM fue invitado al Congreso Mundial de Educación en defensa de la educación pública y contra el neoliberalismo educativo.

Entre la inmensa mayoría de “no alineados” con ninguno de los agrupamientos internacionales y que tuvieron un protagonismo especial en el año 2020, destacan la Federación de Maestros y Maestras de Puerto Rico (FMPR), Surrey Teachers Association perteneciente al Bristh Columbia Teachers Federation(BCTF) de Canadá, United Teachers Los Ángeles (UTLA) y el Chicago Teachers Unión (CTU) de Chicago, ambos de los EEUU, la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF), el Sindicato Nacional de Docentes de la Enseñanza Superior (ANDES) y SINASEFE, de Brasil, la Asociación Puertorriqueña De Profesores Universitarios (APPU), la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia (CONMERB) , la CNSUESIC de universitarios en México, la FERC-CGT de Francia, de así como una serie de sindicatos locales como SUTEBA el Tigre, Ademis de Buenos Aires, Amsafe y la COAD de Rosario, el SUTE de Mendoza, Argentina, la Intersindical de Valencia, el USTEC-STEs de Cataluña, España, SITRAIEMS-CDMX de México, la Intergremial de Formación Docente del Uruguay. La Asociación de Profesores Universitarios (APU) de Colombia, el SINDEU de Costa Rica.

Es importante ubicar otros actores regionales no gremiales, quienes trabajan en la defensa de la educación pública. El primero, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) conformado por más de 600 centros de investigación, 99 instituciones asociadas y 82 redes temáticas. Clacso constituye el más importante tejido de investigadores(as) sociales en la región, con vínculos en los cinco continentes; cuenta con cinco grupos de trabajo sobre educación que enfatizan en el derecho humano a la educación. El desafío de Clacso continúa siendo el de una mayor articulación con el movimiento social y gremial en educación.

El segundo, la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE) que agrupa a dieciocho foros y coaliciones nacionales por el derecho a la educación, nueve redes regionales y cinco organizaciones nacionales. La Clade tiene un enorme potencial, al ser una amplia red de redes del movimiento social organizado.

El tercero, el Consejo de Educación Popular de América Latina (CEAAL), constituido por un centenar de colectivos nacionales y locales de educación popular, concentrado fundamentalmente en trabajo educativo comunitario.

Un cuarto actor es el Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (CII-OVE) que se ha convertido en un factor de articulación y trabajo unitario entre los distintos actores del movimiento social en defensa de la educación pública. Su capacidad de relacionamiento, diálogo y organización fue fundamental para la realización del I Congreso Mundial en defensa de la Educación Pública y contra el Neoliberalismo Educativo realizado en septiembre de 2020. La alianza de Otras Voces en educación con la Cooperativa de Educadores y Educadoras, Investigadores e Investigadoras Populares Histórica (CEIP-H) ha potenciado y diversificado el trabajo que vienen realizando.

Finalmente, existen un enjambre de colectivos y movimientos de base, muchos de los cuales no están asociados a ningún corriente nacional o internacional, pero que trabajan de manera sostenida y combativa en defensa del derecho a la educación en todos los niveles. Ellos en sí mismo, representan una capacidad de acción impresionante con los cuales se debe trabajar en mayores niveles de articulación y unidad en la acción.

El Foro Mundial de Educación (FME) del Foro Social Mundial (FSM) que tuvo una presencia muy fuerte a comienzos del siglo XXI, si bien ha perdido empuje continúa siendo un referente del trabajo importante en favor de la inclusión y en defensa de la educación pública.

Lamentablemente, durante la pandemia la universidad pública reaccionó muy lentamente. El asedio de la privatización, la desinversión y el desmantelamiento de programas de investigación y extensión ha pesado mucho en ello. Esto no es nuevo, se reflejó claramente en la precariedad de propuestas y la carencia de debates sustantivos actualizados que vimos en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2018. El sector más dinámico de las universidades parecieran ser hoy sus gremios y sindicatos.

Situaciones a tomar en cuenta

En un marco de ofensiva global y regional del capital sobre la educación pública, existen un conjunto de situaciones que es importante abordar para construir una correlación de fuerzas favorables, no solo para la defensa del derecho humano a la educación, sino para la construcción de una escuela transformadora y una agenda anticapitalista amplia.

La primera de ellas, la fragmentación de las fuerzas gremiales y sindicales. No considero que esté planteado en el corto ni mediano plazo el impulso de procesos de integración, sino que la prioridad es la unidad de acción. Esta unidad se construye con el diálogo, el reconocimiento de las diversidades y la superación de auto referencias morales, de superioridad ideológica o de otro tipo. Es evidente que todas las organizaciones sindicales y gremiales han alcanzado importantes logros en la batalla contra la mercantilización y la privatización educativa, pero seguramente en el camino también se han cometido errores, fallas e inconsistencias. Se trata de enfatizar en la potencialidad de lucha y la importancia de la unidad de acción partiendo de la independencia de clase. Por ello, la tremenda significación de lo que ocurrió en el Congreso Mundial contra el neoliberalismo educativo, fundamentalmente al expresar la confluencia de sindicatos y gremios, quienes desde distintos lugares de militancia gremial convergieron en la unidad de acción.

La segunda, la dispersión de las iniciativas que atomiza los esfuerzos. Ciertamente, los gremios y sindicatos tienen que abordar pragmáticamente el día a día de la acción reivindicativa, pero ello no puede estar desconectado del combate a las iniciativas nacionales, regionales y globales que lanza el neoliberalismo. Por ejemplo, el capitalismo cognitivo ha lanzado una iniciativa global denominada el Gran Reinicio que contiene las claves de un cambio de 180 grados en materia educativa y ello siendo precariamente discutido y enfrentado por las organizaciones gremiales.

El impacto de las disputas partidarias en lo gremial y sindical sigue siendo una cuestión para abordar. Desde mi punto de vista esto se resuelve con la democratización de las estructuras y los procesos de toma de decisión, en virtud de la pluralidad de militancias que conforman los gremios y la vocación unitaria que prevalece desde abajo.

Pero quizá la cuestión que más afecta es la idea anti sindical que el neoliberalismo ha venido sembrando desde la década de los ochenta del siglo XX, alimentada por el funcionamiento burocrático y de claudicación de algunas direcciones gremiales. Urge una cruzada unitaria que coloque en primer plano el gremialismo y sindicalismo docente como herramienta de trabajo y lucha de los y las trabajadores de la educación. Ello comporta repensar muchas dinámicas y prácticas de los sindicatos docentes para impulsar la horizontalidad en lo que sea posible, la contraloría colectiva del trabajo gremial y la rotación de cargos que rompa con caudillismos; privilegiar la fuerza de lo colectivo en el sindicato.

En el caso de las organizaciones del movimiento social, asociadas a la promoción y defensa del derecho humano a la educación, el mayor problema deriva en el papel que le otorgan al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número cuatro o ODS4. El ODS4 es la agenda global del capitalismo en educación. Aunque su construcción haya convocado a distintos actores sociales y se haya presentado como resultante del consenso mundial en materia educativa, en realidad expresa el consenso de las clases dominantes. El ODS4 tiene un carácter desmovilizador y postula una ruta de estandarización que termina siendo funcional a la mercantilización, privatización y reconversión de la escuela conforme a los parámetros del capitalismo cognitivo.

Posibilidades

El Congreso Mundial en Defensa de la Educación Pública y Contra el Neoliberalismo Educativo realizado de manera virtual el 25, 26 y 27 de septiembre de 2020, en el cual hablaron más de 100 organizaciones gremiales y pedagogos críticos de cuatro continentes y que contó con la participación de 11.800 personas fue la materialización de un esfuerzo unitario sin precedentes, para denunciar y articular acciones contra la ofensiva neoliberal en el marco de la pandemia. En este evento participaron gremios y sindicatos de las distintas agrupaciones internacionales del magisterio y de todas las corrientes políticas transformadoras, así como importantes referentes de las educaciones populares, demostrando que es posible construir una agenda de acción mancomunada.

La Coordinación Internacional de los y las Trabajadores de la educación surge como una posibilidad para mantener este espacio y avanzar en nuevas formas de trabajo compartido. La convocatoria a una marcha global por el derecho a la educación en el año 2021 o 2022, puede ser un esfuerzo que contribuya en ese sentido.

Por experiencia sabemos que el movimiento social y las convergencias son como las mareas, lo importante es saber captar la potencialidad radicalmente transformadora de las mismas y actuar en ellas. La invitación es a seguir acompañando y ayudando a producir nuevas mareas anticapitalistas.

Referencias bibliográficas

Bonilla-Molina, L (2017) Apagón Pedagógico Global, Las reformas educativas en clave de resistencia. Viento Sur. Disponible en: https://vientosur.info/wp-content/uploads/spip/pdf/vs147_l_bonilla_molina_apagon_padagogico_global_apg_las_reformas_educativas_en_clave_de_resistencias.pdf

Hernández N., Luis (2015) La larga marcha de la CNTE. Revista el Cotidiano. Disponible en https://www.redalyc.org/pdf/325/32548630003.pdf

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México: Vacuna a docentes, cursos de capacitación y consultas a padres y alumnos, entre las nuevas medidas para el regreso a clases presenciales

marzo 24, 2021marzo 24, 2021Erick Juárez Pineda

Vacuna a docentes, cursos de capacitación y consultas a padres y alumnos, entre las nuevas medidas para el regreso a clases presenciales

Erick Juárez Pineda

Los secretarios de Educación, Delfina Gómez Álvarez, y de Salud, Jorge Alcocer Varela, encabezaron la primera reunión de trabajo en la que se evaluaron las distintas acciones que se emprenderán para favorecer un retorno seguro a clases presenciales, en aquellos estados con semáforo epidemiológico en color verde.

La Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez, destacó la importancia de reforzar el trabajo institucional que ha realizado la dependencia a su cargo desde el inicio de la pandemia, con el acompañamiento de los expertos en salud y, en particular, con base en los protocolos publicados en el Diario Oficial de la Federación del pasado 5 de junio 2020.

Insistió en que, además de las nueve intervenciones que ya se tienen establecidas, se llevan a cabo, en todo el país, otras acciones igual de importantes, relacionadas con la capacitación y el seguimiento tanto para las maestras y maestros, como para las alumnas y alumnos. Entre ellas, la consulta permanente a los puntos de vista del personal docente, y de las madres, padres de familia y alumnos.

Resaltó el fortalecimiento en la atención psicoemocional para docentes y alumnos en operación conjunta Educación-Salud, así como la atención a la infraestructura escolar como baños y agua potable, entre otras mediante el programa de La Escuela es Nuestra.

Asimismo, anunció que la próxima semana realizará una segunda gira de trabajo en Campeche y, por vez primera, al estado de Chiapas donde, junto con los Titulares de las Subsecretarías de la dependencia, visitarán planteles educativos de los tres niveles de educación.

En estas giras de trabajo, que se realizarán de manera conjunta con la Secretaría de Salud, supervisarán a nombre del Gobierno de México, el buen funcionamiento en la implementación de dichas intervenciones que aplican las autoridades estatales.

El Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, externó que el regreso a las escuelas es una decisión compleja y que se ha trabajado de manera intensa para atender la pandemia desde hace un año.

Propuso que se fortalezca la participación de la familia para el regreso a clases presenciales, porque conlleva gran actividad social.

En su oportunidad, el subsecretario de prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, delineó las condiciones y acciones que tendrá que cumplir cada entidad federativa para iniciar la reapertura escolar, como mantenerse en verde del Semáforo de Riesgo Epidémico, vacunación a personal docente y el análisis permanente de las condiciones sanitarias, entre otras.

Estas tareas de preparación también incluyen el establecimiento de mesas de trabajo entre autoridades de salud y educativas de cada región, vigilancia y control de brotes en cada plantel.

Consideró a Campeche como la entidad piloto para iniciar la reapertura de las actividades escolares, después de mantenerse durante cinco meses en los niveles de bajo o nula transmisión de Covid-19.

Durante la reunión de trabajo los subsecretarios de Educación Básica, Media Superior y Superior de la SEP, Martha Velda Hernández Moreno, Juan Pablo Arroyo Ortiz y Luciano Concheiro Bórquez, respectivamente, detallaron las distintas medidas que se han tomado en estos niveles escolares para hacer frente a la pandemia por el virus SARS-COV-2.

Coincidieron en la importancia de realizar el próximo regreso a las aulas impulsando una política de inclusión y equidad que permita paliar las distintas adversidades a las que han tenido que hacer frente alumnas y alumnos, derivadas del confinamiento preventivo o de la implementación de la educación a distancia.

En el encuentro, al que acudió el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, y el director general de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, así como el director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Ruy López Ridaura, se determinó la conformación de un grupo interinstitucional para dar seguimiento a estas acciones.

La instauración de este equipo de trabajo busca, de esta manera, que estas acciones se lleven a cabo de la mejor manera para proteger y atender de forma integral, a todas y todos quienes conforman el Sistema Educativo Nacional, desde las perspectivas, local, estatal y federal.

Fuente de la Información: http://www.educacionfutura.org/vacuna-a-docentes-cursos-de-capacitacion-y-consultas-a-padres-y-alumnos-entre-las-nuevas-medidas-para-el-regreso-a-clases-presenciales/

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