Europa

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El arcoiris que no sale en Rusia

Noticias

Por: Ibon Herrero

Artem Korovin llegó en enero de 2019 a España desde Noguinsk, una pequeña ciudad a 34 km de Moscú que lo vio crecer hasta el día en que cogió aquel avión. Él pertenece a esa lista interminable de personas que deciden abandonar su tierra por ser homosexual.

El detonante que hizo que Artem sufriera discriminación por ser gay, estalló cuando publicó unas fotos con su exnovio mostrando una actitud cariñosa en la red social VK. Desde entonces, su vida cambió por completo: “Mi ciudad es pequeña donde más o menos nos conocemos todos. Recuerdo que salí con este chico y con unos amigos al centro y mientras estábamos sentados en una terraza sentí que nos observaban. Unos skinheads empezaron a insultarnos y a perseguirnos porque me habían reconocido”, rememora el joven migrante.

La historia no acabó ahí, el hostigamiento siguió por redes sociales, hasta el punto en el que todo el colegio supo que era gay. “El hijo de la vecina empezó a acosarme también, me tiraba piedras a la ventana, envueltas en papeles que decían ‘maricón fuera’, dañaba la puerta de mi casa y cuando salía me perseguía con un palo. Sufrí todo tipo de agresiones”, señala. Años después, cuando parecía que la situación se había tranquilizado, comenzó a trabajar como docente en una escuela, hasta que un día los padres de una niña reconocieron a aquel joven de las fotografías. La presión que ejercieron en el centro hizo que el director tuviese que expulsarlo de su puesto de trabajo: “Siempre era muy cuidadoso con mi orientación sexual, nunca les decía nada a los niños”. Entonces, el caos volvió a su vida: los mismos que le habían perseguido en el centro volvieron a hacerlo, pero esta vez en la puerta de su casa. Él y una amiga fueron a comisaría a interponer una demanda: “La respuesta fue que no serviría de nada la denuncia, que no protegían a personas como yo”. Cansado de la persecución y la pasividad de los agentes, abandonó el país: “Si no me protege la policía, entonces, ¡qué hago!”.

Rusia contra el colectivo LGTBI+

La estrategia que adopta el régimen de Putin deja claro que todo lo que provenga de fuera de sus fronteras es un ataque a la nación. “Los valores LGTBI+ se asocian a un pensamiento que encarnan Occidente y Europa, países que han perdido toda ideología cristiana”, apunta Francisco Peña, consultor en derechos humanos.

Desde el gobierno se fomenta un discurso de odio y una legislación que no busca reconocer derechos y que ponen en el centro de la diana a las personas que forman parte del colectivo. Para el régimen son el epicentro de todos los problemas que tiene el país.

“Cuando yo tenía 15 años y mis padres descubrieron que estaba enamorada de una chica, me mandaron a la psicóloga de la escuela para que me curara, porque entendían que no era normal que a una mujer le gustara otra mujer”

Nika Berezina y Olga Khanin no dudan al afirmar que para la administración la homosexualidad y la pedofilia están en el mismo nivel. Ambas huyeron de Rusia al no tener la libertad de mostrar al mundo su orientación sexual. “Cuando yo tenía 15 años y mis padres descubrieron que estaba enamorada de una chica, me mandaron a la psicóloga de la escuela para que me curara, porque entendían que no era normal que a una mujer le gustara otra mujer”, afirma con dureza en su mirada. “Se pensaban que yo consumía drogas y que por esa razón hacía lo que hacía y sentía lo que sentía”, añade.

La LGTB-fobia no es solo algo social, está intrínseca en toda la estructura. Al ser una cuestión sistemática es mucho más complicada de “erradicar”, afirma Gaizka Villar, trabajador social de Aldarte, centro de atención a gais, lesbianas y transexuales. Es por ello que, en 2013, bajo el mandato de Vladimir Putin, se aprobó la Ley para el propósito de proteger a los niños de la información que aboga por la negación de los valores familiares tradicionales, proyecto que se usa, tal y como su nombre lo indica, para evitar cualquier influencia que no atienda a las relaciones clásicas, entendiéndose como la unión entre un hombre y una mujer y que bloquea todo estímulo que provenga de los vínculos entre personas del mismo sexo o del colectivo LGTBI+. Esto hace que cualquier exhibición en la vía pública o en las redes sociales sea motivo de persecución y multa. “Recuerdo que era 2019 cuando, en San Petersburgo, una madre colgó una cortina de arcoíris a su hija en la habitación, las personas asociaron eso con el colectivo y acabaron multando la acción”, concluye Artem Korovin.

La ley rusa a juicio

A Alexey Kiselev, migrado a España por su orientación sexual y su activismo político en Rusia, el Tribunal Europeo de Derechos humanos le dio la razón cuando denunció que había sido multado por manifestarse delante de una biblioteca a favor de la inclusión de las personas del colectivo en la sociedad: “Me detuvieron y me multaron por lo que ellos consideran que es propaganda homosexual a los niños. Este caso, junto a dos compañeros más, lo llevamos a Estrasburgo y acabamos ganando. No podían ni detenernos ni multarnos porque esa ley no es legal”.

El Tribunal de Estrasburgo ha sentenciado que la ley es ilegal y que vulnera los derechos humanos al incitar a la homofobia a la población. La Corte Europea, condenó a Rusia por los efectos discriminatorios que produce la ley, el fallo concluye en que esta norma ataca a “la libertad de expresión” de las personas y no sirve para “proteger la moral”; aspecto que Rusia intenta tener bajo control para que las relaciones no tradicionales “no influyan” en las decisiones de los jóvenes. Es por ello que, tras su aprobación en 2013, según un informe de Human Rights Watch, con la norma vigente se suprime la orientación por parte de los profesionales en salud mental sobre diversidad
sexual e identidades de género y que esta supone un abuso, discriminación y vulneración hacia el colectivo. “A nosotros nos compensaron con una cantidad de dinero, pero sigue sin cambiarse la ley”, señala Kiselev. “Prefieren pagar que anularla”, enfatiza.

Aunque en las últimas décadas ha habido una tendencia a que cada vez más estados de las Naciones Unidas, del Consejo de Europa y organizaciones internacionales presionen para que otros países respeten los derechos de las personas LGTBI+, en el caso de la ONU algunas decisiones son recomendaciones y, por lo tanto, no son vinculantes, lo que viene a significar que su cumplimiento no es obligatorio. En 2019 la Unión Europea sancionó a dos líderes de Chechenia por las purgas antigay que se proyectaron en la región. “El derecho internacional tiene ese problema, que funciona más en presionar y enrecomendar, pero se sigue produciendo esa violación en los derechos humanos”, afirma Francisco Peña, jurista especializado en derechos LGTBI+.

El caso de Chechenia

Chechenia es un vórtice en el que la represión hacia integrantes del colectivo LGTBI+ es todavía mayor. Tras el hostigamiento que sufren las personas, existen organizaciones clandestinas que protegen a las víctimas y ofrecen alternativas para que huyan del régimen ruso. Reka Valerik, seudónimo que utiliza para protegerse de la persecución por parte de la comunidad chechena, es un director de cine que filmó el largometraje Silent Voice sobre la huida del país de un hombre que cobra vida en la película bajo el nombre de Khavaj: “En Chechenia es muy famoso, es un campeón de lucha libre, por esa razón tengo que guardar su anonimato”, confiesa. El protagonista tuvo que migrar cuando su familia supo que era gay.

El proyecto comienza cuando viajó a un albergue de Moscú donde había personas que estaban dispuestas a escapar a Canadá. Allí conoció a un joven de 17 años que tenía el visado preparado. “El adolescente recibía constantes mensajes de su madre diciendo que iba a estar bien, que volviese a Chechenia. Al final acabó obedeciéndola y volvió a casa. Una vez que lo hizo, nunca más supe de él”, recuerda con tristeza.

Chechenia es un vórtice en el que la represión hacia integrantes del colectivo LGTBI+ es todavía mayor. Tras el hostigamiento que sufren las personas, existen organizaciones clandestinas que protegen a las víctimas y ofrecen alternativas para que huyan del régimen ruso

El consultor en derechos humanos puntualiza las palabras del director cuando afirma que Ramzán Kadýrov, el presidente del territorio, incitó a la población chechena a cometer “crímenes de honor”. “Les decía a las familias que, si tenían algún familiar que fuera homosexual, tomaran las medidas que considerasen oportunas. Les animaban a asesinarlos”, detalla.

El protagonista del largometraje, Khavaj, era deportista de élite y miembro del equipo de lucha del presidente de la república. Cuando su familia descubrió su orientación sexual, el joven tuvo que huir tras sufrir duras represalias. Este motivo le empujó a migrar a Bélgica.

El director de la película afirma que dentro de la Unión Europea hay países que promueven visados humanitarios para que los procesos sean más rápidos: Francia y Bélgica son dos de ellos. “El problema al que se enfrentó Khavaj fue que Bélgica es uno de esos estados que te requiere hablar de lo que te pasa, no vale con una redacción escrita, tienes que ser capaz de verbalizar lo que te sucede”. La condición del migrante fue que padecía de mutismo a causa de los golpes que le propició su hermano. “Ahora ya no está en el país y emocionalmente está mucho mejor. Va retomando poco a poco la voz y, aunque a veces no la controla muy bien, los médicos le han dado un pronóstico positivo”, confiesa.

El realizador audiovisual −que tiene que esconder su rostro a causa de la persecución chechena− también muestra que existen otros países donde no ponen problemas para acceder: “Canadá es uno de esos territorios en los que no te preguntan ni te ponen muchas trabas. Los casos más urgentes, los que sufren más peligro y tienen que salir del país lo antes posible, van sobre todo vía Argentina, porque las personas con nacionalidad rusa no necesitan ningún tipo de visado para acceder al país”, afirma.

Una nueva vida

En el momento en el que los ciudadanos rusos deciden evitar la persecución y velar por la libertad y seguridad de sus vidas comienzan una nueva odisea al pedir asilo en otro país. Nika y Olga lo recuerdan como un proceso no muy agradable cuando se encontraron delante de los agentes a la hora de iniciar el trámite: “Es mucha tensión a la que estás sujeta, te preguntan y tienes que entregar fotos, conversaciones, todo lo que tengas”, apunta Nika. “Todo lo que pueda confirmar que tú allí sufriste discriminación al pertenecer al colectivo”, continúa Olga.

En el caso de Artem, la documentación que mostró para que comenzaran con el procedimiento fue algunas fotografías con su exnovio, unas capturas de texto donde le amenazaban, el testimonio de su amiga cuando los skinheads vinieron a agredirlos: “Al menos para que sepan que mi amiga también vivió la escena”, matiza, y un certificado de un colectivo LGTBI+ en Moscú al que solía acudir. Alexey, por su parte, en 2012 cuando solicitó el asilo, la ley contra la propaganda homosexual daba sus primeros pasos en el territorio y los agentes tenían conocimientos sobre lo que ocurría bajo el mandato de Putin: “Eran conscientes de lo que sucedía y enseñé varios artículos de periódicos y fotos mías detenido”. La imagen de Kiselev, que frecuentaba las manifestaciones a favor de los derechos del colectivo, llegó a manos de la policía rusa, lo que hizo que fueran a buscarlo a su domicilio y que finalmente decidiera migrar por la persecución y las diversas detenciones que sufría.

Durante su estancia en España, Nika y Olga se conocieron en Valencia, lugar en el que residen y comparten sus vidas enamoradas junto a sus dos hijas. Están a la espera de que aprueben su solicitud de asilo y salgan del limbo de la aceptación o de la deportación. Alexey también ha formado una familia y agradece que esté viviendo con normalidad su día a día, esa misma sensación que no sentía en Rusia. Artem, por su parte, se encuentra en Madrid a la espera de obtener la nacionalidad y con una vida más tranquila que la que tenía en su tierra natal: “Ahora vivo con naturalidad, tengo un trabajo fijo y ya no siento esa incertidumbre de lo que pueda pasar”, concluye.

Fuente de la información:  El Salto

Foto: Manifestación de apoyo a los activistas LGTBIQ+ de Rusia en Hamburgo en 2017. (Álvaro Minguito)

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Estado de excepción y guerra civil

Giorgio Agamben

Por: Giorgio Agamben

En un libro publicado hace algunos años, Stasis. La guerra civil como paradigma político, busqué demostrar que, en la Grecia clásica, la posibilidad —subrayo el término «posibilidad»— de la guerra civil funcionaba como un umbral de politización entre el oikos y la polis, sin el cual la vida política habría sido inconcebible. Sin la stasis, el hecho de que se subleven los ciudadanos bajo la forma extrema del disenso, la polis no sería tal. Este nexo constitutivo entre stasis y política era tan inevitable que, aun en el pensador que parecía haber fundado su concesión de la política sobre la exclusión de la guerra civil, es decir, Hobbes, la stasis permanece virtualmente posible hasta el final.

La hipótesis que querría proponer es que, si hemos llegado a la situación de absoluta despolitización en que nos encontramos ahora, es precisamente porque la posibilidad de la stasis ha sido, en los últimos años, progresiva e integralmente excluida de la reflexión política, incluso a través de su subrepticia identificación con el terrorismo.

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Una sociedad en la que está excluida la posibilidad de la guerra civil, es decir, la forma extrema del disenso, es una sociedad que solo puede encaminarse hacia el totalitarismo. Llamo totalitarismo al pensamiento que no contempla la posibilidad de confrontarse con la forma extrema del disenso, es decir, un pensamiento que solo admite la posibilidad del consenso. Y no es por azar que las democracias, como nos ha enseñado la historia, han caído en el totalitarismo precisamente a través de la constitución del consenso como único criterio de la política.

Como muchas veces ocurre, aquello que hemos excluido de la conciencia, vuelve bajo formas patológicas, y lo que hoy está ocurriendo a nuestro alrededor es que el olvido y la desatención de la stasis, como Roman Schnur lo observó en uno de los pocos estudios serios sobre la cuestión, va de par con el progreso de una especie de guerra civil mundial. No se trata solo del hecho, que no podemos descuidar, de que las guerras, como juristas y politólogos lo han subrayado desde hace tiempo, ya no son declaradas formalmente y, transformadas en operaciones policiacas, adquieren las características que se solían asignar a las guerras civiles. Hoy es decisivo que la guerra civil, formando un sistema con el estado de excepción, se ha transformado, como este, en un instrumento de gobierno. Si analizamos los decretos y los dispositivos puestos en marcha por los gobiernos en los últimos dos años, es evidente que están dirigidos a dividir a los ciudadanos en dos grupos contrapuestos, entre los cuales se establece una especie de conflicto perenne. Contagiados y sanos, vacunados y no vacunados, con pasaporte de vacunación o sin él, integrados en la vida social o excluidos de ella: en todo caso, la unidad entre los ciudadanos, como ocurre en una guerra civil, ha disminuido. Lo que ha ocurrido bajo nuestros ojos, sin que nos diésemos cuenta, es que las dos formas-límite del derecho y de la política han sido utilizadas, sin escrúpulos, como formas normales de gobierno. Y mientras en la Grecia clásica la stasis, que marcaba una interrupción de la vida política, no podía por ninguna razón ser ocultada ni trasformada en norma, hoy se ha convertido, al igual que el estado de excepción, en el paradigma por excelencia del gobierno de los seres humanos.

Fuente de la información: https://reportesp.mx

Ilustración de Dante de la Vega 
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Don Dinero en la escuela

El Salto

Por: Varios autores 

A principios de agosto el Gobierno vasco ha determinado el incremento económico de los módulos económicos de la educación concertada: una subida del 6% para el profesorado, del 8,5% para las aulas desde el segundo ciclo de infantil al bachillerado y del 25% para el mantenimiento.

Desde que en marzo de este año la mayoría del Parlamento Vasco firmara un Acuerdo Educativo, el Gobierno vasco ha adoptado tres medidas a favor de la red privada de educación no universitaria —no entraremos ahora a denunciar el reconocimiento de centro universitario que acaba de recibir la academia privada Euneiz—.

Estas tres medidas son la prórroga de los Pactos económicos (conciertos) por seis años, a pesar de que en ese periodo habrá un descenso espectacular en el número de alumnado; la elaboración de un nuevo decreto de planificación que da más facilidades a los centros privados para mantener las aulas abiertas, y, ahora, a principios de agosto, el incremento económico de los módulos de concertación (módulos de profesorado, en torno al +6%, módulos por aula del segundo ciclo de Educación Infantil al Bachillerato, +8,5% y el 25% de mantenimiento). Estas tres medidas garantizan la matrícula y la viabilidad económica de la red concertada, por lo que juegan a favor de la privatización del sistema educativo y la segregación.

Decimos privatización porque consideramos que los centros que son propiedad privada de sus titulares, en los que la potestad de contratar recae en ese titular, que también tiene potestad para buscar fuentes propias de financiación, como puede ser el alquiler de sus instalaciones o la organización de eventos con fines de lucro, son centros privados, aunque se sustentan con dinero público y se denominen “de iniciativa social”. Estos centros son numerosos en la CAPV (no tienen un peso comparable en toda Europa, aunque en Madrid se están acercando ahora). Algunos de ellos son muy grandes y sus respectivas patronales son capaces de superar sus rivalidades y actuar coordinadamente para exigir dinero público y presionar a la administración. Decimos segregación porque esos centros privados seleccionan a su alumnado. La inmensa mayoría de la población en situación de vulnerabilidad (de poco dinero, de origen extranjero y/o etnias minorizadas , de necesidades educativas especiales…) está en la red pública, y no puede acceder a la red privada. Así las cosas, a medida que la privatización es mayor, también lo es la segregación escolar que sufrimos en la sociedad, con sus graves consecuencias para la cohesión social y la normalización del euskera.

Aula vacía
La mitad del alumnado no universitario de la CAV está en la red pública, un alumnado que incluye las tres cuartas partes de los y las estudiantes “vulnerables”, hay que defender la Escuela Pública contra los abusos, contra el neoliberalismo, contra la ignorancia, a favor de la plena euskaldunación y de la convivencia.

No nos importa si las medidas arriba mencionadas van en contra del Acuerdo Educativo o son consecuencia directa del mismo, nuestras preocupaciones son otras:

Hay partidos políticos que se declaran de izquierdas y soberanistas pero parecen estar de acuerdo con todas esas medidas, tras haber firmado el Acuerdo solo hemos visto un par de tuits y declaraciones puntuales en contra de esos excesos. Sabiendo que dos tercios de la red privada vasca son centros religiosos, y que en ellos se concentran la mayoría de los modelos A y B, resulta incomprensible que se siga reforzando sin medida esta red en el camino hacia la educación laica, feminista y euskaldun.
Hubo una mayoría sindical en Euskal Herria que reivindicaba otras políticas sociales y abogaba por defender los servicios públicos, argumentando que las privatizaciones van en contra de la clase trabajadora en su conjunto, porque pone a la venta derechos humanos fundamentales, deteriora las condiciones laborales para convertir los servicios en negocio, y son muy costosas tanto en dinero como en efectos sociales (injusticia, segregación…). Compartimos esos argumentos, pero en estos momentos no diríamos que los sindicatos vascos, salvo excepciones, sean fervientes defensores de la escuela pública.
Muchas familias perciben como normal que en los colegios solo se junten alumnas y alumnos del mismo nivel socioeconómico y reflejen menor diversidad que los barrios y pueblos en los que residen. Un vistazo a los resultados académicos y a las investigaciones que se realizan nos informan de que esa falta de diversidad que a menudo se percibe como un privilegio sólo redunda en ignorancia y prejuicios para el alumnado.
No pretendemos comparar la responsabilidad de quienes promueven o permiten políticas privatizadoras con la responsabilidad individual de cada familia a la hora de elegir centro; unos dibujan el tablero, establecen las normas y reparten las fichas mientras otras tienen escaso margen de maniobra; pero queremos subrayar que en la defensa de los derechos, especialmente los de la infancia, hay que tomar partido. La mitad del alumnado no universitario de la CAV está en la red pública, un alumnado que incluye las tres cuartas partes de los estudiantes “vulnerables”, hay que defender la Escuela Pública contra los abusos, contra el neoliberalismo, contra la ignorancia, a favor de la plena euskaldunización y de la convivencia.

Arantza Fernandez de Garayalde, José Manuel Martínez Fernández y Eli Lamarka Iturbe son miembros del grupo gestor de Euskal Eskola Publikoaz Harro Topagunea,

Fuente de la información e imagen: https://www.elsaltodiario.com

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España-Formación Profesional: cuando estudiar en la pública deviene un privilegio

Sarah Babiker

Por: Sarah Babiker

La falta de oferta pública en Formación Profesional posibilita un lucrativo negocio que atrae a empresas ajenas al sector de la educación mientras expulsa a quienes no pueden pagar las elevadas matrículas.

Tienes 15 o 16 años. Has aprobado secundaria, pero te ha costado, tus notas no son espectaculares y además tampoco tienes interés en llegar a la universidad. Hace tiempo que tus tutores te dicen que, visto tu expediente, estarías mejor haciendo un grado medio, hasta en las noticias ves que la Formación Profesional tiene cada vez más prestigio. Entonces decides que sí, que como te dicen en el instituto, como te insinúan desde la televisión, tú también vas a formarte en una profesión, tal vez en un sector prometedor, y vas a encontrar esa vía de entrada en el mercado laboral que con esfuerzo y dedicación redundará en un futuro y una vida adulta. Sin embargo, cuando presentas tu solicitud para ingresar en institutos públicos el sueño se frustra antes de empezar: no hay sitio para ti.

Esto le pasó al hijo de Amparo hace unas semanas cuando intentó matricularse en la pública. Tras repetir segundo de bachillerato y que su tutor le comentara a él y a otros, ya a mediados de curso, que quizás su sitio estaba en un ciclo formativo, el joven echó los papeles para cursar un ciclo formativo de grado medio en la escuela pública, pero también se puso tempranamente a buscar centros privados. Sabía que no sería fácil. Ya el año pasado miles de chavales y chavalas se habían quedado fuera  de la pública, especialmente en grados de alta demanda como el solicitado por el chico: un grado medio de temática audiovisual. Además, el único criterio para acceder a los ciclos es la nota, lo que dejo fuera a mucho alumnado cuyas notas no destacan.

“La gente de la derecha tiene este discurso de que los cheques para estudiar en la privada permiten la libre elección, cuando somos miles de chavales y de familias que en Madrid nos quedamos sin nuestra elección, que es que nuestros hijos estudian en la pública”, lamenta Amparo quien además recuerda cómo atravesó esa situación justo después de que la escasez de plazas municipales en Madrid, para los centros infantiles (de 0 a 3) saltara a la prensa. Así el achicamiento de la enseñanza pública se manifiesta en los distintos ciclos, alerta.

Y es que aunque la escuela 0 a 3, o la FP no son enseñanza obligatoria, Amparo recuerda que es necesaria: “Mi hijo dejó el bachillerato en abril y está buscando trabajo. No encontraba nada. ¿Cómo te puedes enfrentar al mercado de trabajo con solo la ESO?”, ante esa imposibilidad solo queda el “sálvese quien pueda”: “Voy a pagar un pastizal para una formación que es básica, que es un grado medio. Osea voy a pagar más que un máster de mi propia universidad”, advierte esta mujer que también es profesora universitaria. Unas tasas que no sabe muy bien a qué obedecen, si a que la demanda es alta o el equipamiento que se ofrece es costoso.

Como el hijo de Amparo, más de la mitad de los jóvenes madrileños se quedará sin plaza en la FP pública, según investigó CC OO , que habla de una crisis “de escolarización” en la Comunidad de Madrid. En concreto, en el grado Superior, 32.952 jóvenes habrían iniciado el proceso de escolarización; la solicitud de 17.976 de ellos ha sido rechazada, y sólo 14.976 jóvenes han sido admitidos. En términos porcentuales, así, un 54% de las solicitudes en Grado Superior no progresó. Si sumamos estos 17.976 jóvenes sin plaza de Grado Superior a los 6.938 que se quedan sin plaza de Grado Medio, veremos que en total casi 25.000 jóvenes se quedan sin plaza pública en los estudios de FP que habían elegido”, señalan desde la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. El porcentaje llega al 60-70% a formaciones de alta demanda como la que empezará el hijo de Amparo. El caso más fragante es el de los estudios sanitarios, donde 9 de cada 10 candidatos se han quedado fuera.

Partiendo de la premisa de que efectivamente hay pocas plazas, Luis García Domínguez, presidente de la Asociación de Centros de Formación Profesional FP Empresa, identifica también la ausencia de orientación. “Detectamos que el número de orientadores en los institutos es muy bajo en relación a las necesidades y que casi se necesitarían el doble o el triple de orientadores en cada instituto. Muchas veces institutos con mil alumnos tienen un orientador. Es imposible que ese orientador atienda a las necesidades psicopedagógicas de esa población de mil alumnos y más en la situación actual donde estamos”.

Más de la mitad de los jóvenes madrileños se quedará sin plaza en la FP pública, según investigó CC OO , que habla de una crisis “de escolarización” en la Comunidad de Madrid

¿Qué hacer cuando no consigues que te dejen seguir los estudios que has elegido? “Algunos de estos chicos de familias que no van a poder hacer el curso en un ciclo de grado medio, continúan hacia bachillerato, los padres de alguna manera les obligan en muchos casos. Para la Asociación de Directores, poder seguir estudiando sea por la vía académica o por la profesional, es un derecho que debería garantizarse.

Si bien, reconoce García, hay una apuesta por la FP, en la que el gobierno se ha comprometiodo a crear un millón de plazas este año, y con llegar en tres años a 1.350.000, ayudados por fondos europeos, lo cierto, denuncia, es que ese dinero, transferido del gobierno a las autoridades autonómicas, no estarían bien fiscalizado: “no se indica si se dedican a lo superior o en grado medio, en qué temática, etc, por tanto aún teniendo más plazas, en Madrid siguen sin ser suficientes”.

Amparo aspira a contar con un cheque escolar que en el mejor de los casos cubrirá menos de la mitad de la matrícula, unos cheques que van directamente a los centros y que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FeCCOO Madrid) ha recurrido: “La línea que hemos seguido es la vulneración de la igualdad de oportunidades. Porque realmente se da ad hoc para unos centros y no se da este tipo de cheques a cualquier alumno estudie donde estudie el grado medio. En el grado superior tienen que pagar la matrícula en la pública y no reciben ninguna ayuda”, explica la Isabel Galvín, secretaria general de FeCC OO. El cheque, para la central sindical, supone un reclamo para empresas de otros sectores, no familiarizadas en el ámbito educativo, que acuden al calor de este negocio lucrativo, un movimiento que tiene por resultado una relajación en la calidad de la enseñanza y una falta de control de los títulos otorgados.

Desde la Federación, a raiz de un estudio realizado sobre la oferta, detectan además una clara tendencia de la Consejería a favorecer la formación privada a la hora de ofertar nuevos títulos o aquellos con más atractivo. Basta hacer un ejercicio práctico. Cuando se entra en un portal de búsqueda de FP, como en su momento tuvo que hacer el hijo de Amparo, se encuentra, del modo ya señalado por Galvín, que la presencia de la oferta pública es menor que la privada y concertada. Un ejemplo: el grado medio de Microinformática y Redes: de los 20 centros que lo ofertan en la Comunidad de Madrid, 13 son privados. Galvín explica cómo recientemente han salido publicitados en el BOE varios títulos que solo oferta la privada. Así, mientras quienes se lo puedan permitir con el esfuerzo de sus familias, se ven interpelados por decenas de anuncios y publicidades de centros que desde internet, los autobuses o el metro les prometen un futuro brillante, son miles las chicas y chicos que acaban la enseñanza secundaria sin ninguna opción de continuidad educativa porque su familia carece de los medios para cubrir las matrículas.

Además, denuncia Galvín, lo que provocan los cheques regalo —señala las experiencias previas del grado superior o de educación de infantil—, es una subida de los precios de la matrícula. “La FP se hace más inaccesible. Es decir, que en la práctica, al final, desemboca más que en una segregación educativa, en una segregación social, porque es que no tienen salida profesional, no tienen la oportunidad de estudiar y tampoco lo hacen fácil para el bachillerato”.

FP y negocio

Si bien las competencias educativas son autonómicas, se esperaba que al menos una Ley Estatal, como la que se aprobó el pasado septiembre, pudiera de alguna manera poner coto a la privatización de la FP.  En Andalucía la privatización de la FP avanza a grandes pasos, no a través del sistema de cheques, pero sí de los conciertos. La privatización, opina el Delegado de Educación de CGT en Almería, Manuel Miralles, “es la esencia del Partido Popular. Tampoco esto debe sorprendernos. Pero la velocidad a la que se está produciendo sí es llamativa”.

Como todo proceso de privatización el que sucede en Andalucía acontece de la mano del abandono de la pública. “La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los conciertos privados están cogiendo protagonismo”, insiste Miralles, en lo que considera un fenómeno muy peligroso de mercantilización.

La ley de FP también da mucho espacio a la empresa como lugar de formación, algo que ya levantó suspicacias en el momento de su aprobación. Miralles considera que al centrarse solo en cuetiones de formación técnica se desatiende la dimensión de formación integral que debería suponer este ciclo.  Ambos sindicalistas consideran que si la privatización se expande es también porque la ley es una oportunidad perdida que no blinda la educación pública ni establece límites o líneas rojas. “Se queda muy corta. Deja además muchas cuestiones en manos de la empresa”, apunta Miralles. Desde ambos sindicatos comparten el temor de que las prácticas, como están planteadas en la Ley, acaben siendo un mecanismo de explotación de mano de obra barata.

En Andalucia: “La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los conciertos privados están cogiendo protagonismo”

“El grado medio no es solamente profesionalizador —es decir, te proporciona unos resultados de aprendizaje que te permite ser profesional inmediatamente en el sector— sino que sabemos por experiencia que los ciclos de grado medio son orientadores en muchos casos”, explica por su parte García, quien recuerda que no todas las personas que eligen este itinerario quieren lanzarse al mercado de trabajo inmediatamente si no que pueden optar simplemente por probar esa vía. En Andalucía: ““La FP está cada vez más deteriorada a nivel de inversión y de apuesta por parte de la administración pública. Y sin embargo los conciertos privados están cogiendo protagonismo”

Pero claro, si pagas 4.000 euros quieres resultados. Lo que para muchas familias se traduce en tensiones, malas relaciones y agobio. Amparo, se pregunta si algunos de sus alumnos y alumnas en la universidad habrán querido ir a FP y no habrán podido. Y es que, teme,  con la privatización de esta enseñanza, solo los hijos e hijas de clase media y acomodada podrán aspirar a ingresar en estos itinerarios. Para su hijo, que cursó secundaria y bachillerato en un instituto público de un barrio del sur, considera Amparo, la cosa va  a suponer un gran cambio. “Yo le decía, los chavales que van a estar en esa formación tuya que repito, es una formación técnica pero básica, con estos precios de la academia, sus padres, van a ser como yo, profesionales, gente de clase media, o una pareja que trabajan los dos y han conseguido a lo mejor un préstamo. Vosotros sois los que os vais a quedar con los puestos de técnico, también”.

Y es que una formación profesional que deje a la gente afuera pone en jaque el futuro, especialmente, de las clases más desfavorecidas económicamente, aquellas a las que antes se empujaba justamente a optar por esta vía. En Almería, recuerda Miralles,  hay toda una población de hijos de trabajadores agrícolas migrantes que debería de poder encauzar sus expectativas formativas a través de la Formación Profesional si esa es su elección. “Si queremos una sociedad realmente integrada a esos chavales hay que darles formación. No podemos aspirar a una sociedad integrada si no acogemos a todos exactamente por igual. Tenemos este modelo público con su defectos, que es mejorable, pero sí que contempla y acoge actualmente a este tipo de alumnado. Un cambio de sistema puede generar no solo discriminación de ‘el que no pueda, no estudia’, sino a un problema de mayor calado”.

Por otro lado la mercantilización de la FP conlleva el surgimiento de centros de dudosa calidad, “cursos pirata”, centros que conceden titulaciones dudosas. Además, como señala Galvín, de la misma manera que sucede con las universidades privadas, las empresas no asocian el mismo valor a todos los títulos, y tienen en cuenta dónde se han conseguido.

Fuente de la información e imagen:  https://www.elsaltodiario.com

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España: Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares

Noticias

Universidad y Recinto Histórico de Alcalá de Henares

Bakú, 6 de agosto, AZERTAC

El Recinto Universitario e Histórico de Alcalá de Henares está situado en la Comunidad Autónoma de Madrid, a 30 km de la capital. Tiene una extensión de 79 hectáreas y cuenta con un magnífico conjunto de edificios históricos, como el excepcional Colegio Mayor de San Idelfonso o el Monasterio de San Bernardo. El Recinto Universitario comienza en la Plaza Cervantes (antigua Plaza Mayor) y se extiende hacia el este de la ciudad medieval. Se cerró derribando parte de las murallas medievales anteriores y prolongándolas en torno al nuevo desarrollo urbano. El trazado se basa en los principios urbanísticos humanistas, con dos ejes principales y una plaza central (actual Plaza de San Diego) donde se ubican los principales edificios de la Universidad. El recinto medieval amurallado tiene como núcleo la Iglesia Magistral, desde la que irradia la red de calles que se funden con las antiguas juderías y barrios árabes. Al noroeste se encuentra el recinto eclesiástico, rodeado por sus propias murallas; en su centro está el Palacio Arzobispal. Dentro del centro histórico hay varios edificios protegidos por la legislación española.

Según el web sitio de la UNESCO, la ciudad tiene sus orígenes en la ciudad romana de Complutum. Se expandió durante la Edad Media y floreció en el siglo XVI gracias a la fundación de la Universidad. El concepto de esta ciudad, su planificación y disposiciones, pertenecen al proyecto diseñado por el fundador de la Universidad, el cardenal Cisneros. Éste había comprado unos terrenos al este de la ciudad medieval con el objetivo de dotar de las infraestructuras necesarias para llevar a cabo su proyecto universitario, un proyecto que incluía colegios mayores, residencias, hospitales e imprentas, todo lo cual contribuyó a que la Universidad de Alcalá destacara por sus logros intelectuales durante cientos de años. Yuxtapuesta a la ciudad medieval, esta nueva ciudad se convirtió en un modelo excepcional que encarnaba el modelo agustiniano de la Ciudad de Dios, así como la forma en que se planificó y los edificios con los que se dotó. El sueño de la Civitas Dei se convirtió en realidad, alcanzando las más altas cotas de logro intelectual de la época en las ciencias, la lengua y la literatura, personificadas por su hijo más ilustre, Miguel de Cervantes a través de su universal obra ‘El Quijote’.

Alcalá de Henares fue diseñada con el estricto propósito de ser sede de una universidad. Fue la primera ciudad de este tipo en la historia y se convirtió en un modelo de Ciudad Universitaria para América y Europa. Alcalá exportó su prestigio y su forma de organización: un microcosmos donde convivían las órdenes religiosas, los ciudadanos de la ciudad, el mundo académico, la educación y el conocimiento. También es un ejemplo único de la arquitectura propia de la Casa de Austria, característica en el centro de España durante el Barroco.

Alcalá de Henares fue la primera ciudad concebida y construida exclusivamente como sede de una universidad, y sirvió de modelo para otros centros de enseñanza en Europa y América.

El concepto de ciudad ideal, la Ciudad de Dios (Civitas Dei), tuvo su primera expresión material en Alcalá de Henares, desde donde se difundió ampliamente por todo el mundo.

La contribución de Alcalá de Henares al desarrollo intelectual de la humanidad se manifiesta en la materialización de la Civitas Dei, en los avances lingüísticos que allí se produjeron, sobre todo en la definición de la lengua española, y en la obra de su gran hijo, Miguel de Cervantes Saavedra y su obra maestra El Quijote.

La Universidad y el Recinto Histórico de Alcalá de Henares han mantenido los valores que hicieron de Alcalá una creación a imitar durante siglos.

El trazado urbano en forma de cuadrícula y el diseño de la universidad, el entramado de calles medievales de la ciudad con su calle Mayor como arteria principal, así como las arquerías barrocas, se encuentran en un estado de conservación ejemplar. Y lo que es más importante, la mayoría de los edificios que se construyeron cuando se creó la universidad han mantenido o recuperado sus usos originales, ya sean académicos, religiosos, civiles o residenciales.

El inmueble refleja adecuadamente la importancia de la creación de la primera Ciudad Universitaria planificada de la historia y la representación de la Civitas Dei en el periodo barroco. Además, el recinto cuenta con un total de 785 edificios de los cuales 465 están protegidos dentro del plan urbanístico, es decir, el 60% de los edificios están catalogados y declarados de interés histórico.

Por tanto, a pesar del cierre de la Universidad entre 1836 y 1976, de los daños sufridos durante la Guerra Civil, y de la desprotección durante parte del siglo XX hasta que fue declarada por el Estado español de Valor Histórico en 1968, Alcalá ha conservado la integridad del conjunto del recinto.

A pesar de las numerosas vicisitudes que ha sufrido en los últimos 160 años, el inmueble ha conservado un grado sustancial de autenticidad en su tejido urbano y en muchos de sus edificios históricos, incluidos los edificios institucionales representativos, así como los edificios residenciales protegidos, se ha mantenido la autenticidad en cuanto a materiales y forma.

Cuando se cerró la Universidad en 1836, la mayoría de sus edificios se utilizaron para diferentes fines, como cuarteles, prisiones y oficinas administrativas. Sin embargo, como se utilizaron y ocuparon continuamente a lo largo de los años, estos edificios se conservaron sin sufrir grandes alteraciones.

La protección legal de la propiedad y la reapertura de la Universidad también desencadenaron un intenso proceso de recuperación que permitió recuperar su autenticidad de función después de un siglo y medio. La mayoría de los edificios de importancia histórica vuelven a ser utilizados para albergar las instituciones académicas para las que fueron construidos originalmente. Además, los conventos de la ciudad siguen siendo utilizados con fines religiosos, al igual que algunas instituciones asistenciales.

El centro histórico de Alcalá cuenta con el mayor grado de protección legal desde que fue declarado Valor Histórico en 1968. Tanto la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, como la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid de 1998, protegen el conjunto del casco histórico, así como los edificios singulares catalogados.

Además, en 1984, el ayuntamiento estableció una normativa de protección que se complementó en 1991 con el Plan General de Ordenación Urbana y que culminó con el Plan Especial de Protección del Casco Histórico aprobado en 1998.

El Plan Especial establece la regulación de las obras de consolidación, restauración, rehabilitación y reestructuración según el nivel de protección del edificio: monumental, integral, estructural y ambiental, debiendo respetarse en cada caso el tipo de construcción y los materiales del edificio. Además, la normativa relativa a la construcción de nuevos edificios depende de las construcciones históricas que se vayan a recuperar, y las restricciones relativas a la altura, el uso dado al edificio y las condiciones estéticas, así como la posición de la publicidad y otras instalaciones en las construcciones. También se incluyen disposiciones para realizar un estudio arqueológico metódico de cada intervención en el recinto histórico.

Para la financiación de las intervenciones en el conjunto histórico, Alcalá cuenta con un Consorcio constituido por el Ayuntamiento, la Universidad y la Comunidad de Madrid. También cuenta con recursos financieros propios, así como con los procedentes de las administraciones regionales y de los fondos europeos.

El Plan de Gestión del Conjunto Histórico también tendrá en cuenta aspectos relacionados con la movilidad, el turismo, los equipamientos, las infraestructuras y la trama urbana, integrando las intervenciones ya realizadas. La regulación de estas actuaciones pretende prevenir las posibles amenazas que suponen la movilidad urbana, la sobreexplotación y el despoblamiento del recinto histórico. Las propuestas de proyectos se establecen de acuerdo con un esquema de inversión y se supervisarán mediante un programa basado en un grupo preciso de indicadores. Además, existe un plan para reformar muchas de las construcciones inadecuadas realizadas en los años 70.

 

Fuente de la Información: https://azertag.az/es/xeber/Universidad_y_Recinto_Historico_de_Alcal_de_Henares-2243222

 

 

 

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Italia: Inicia la Anáhuac Summer Experience en la Universidad Europea de Roma

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Inicia la Anáhuac Summer Experience en la Universidad Europea de Roma

La Experiencia de Verano Anáhuac, un curso de verano organizado por el Centro de Formación Integral, dentro de la Red Universitaria Anáhuac, se lleva a cabo estos días en la Universidad Europea de Roma.
El tema de la escuela de verano, que tendrá lugar del 17 al 31 de julio de 2022, es “Construye tu liderazgo desde las raíces de nuestra cultura”.

La actividad fue inaugurada con un saludo del Rector de la UER Padre Pedro Barrajón LC y una introducción del Padre Gonzalo Monzón LC, Director del Centro de Formación Integral.
El curso tiene un programa muy amplio. El objetivo es tocar los diversos aspectos de la Formación Integral y el Liderazgo de la acción positiva en la sociedad a través de una visión multidisciplinar, con un ciclo de
conferencias impartido por docentes universitarios.
Además de la actividad didáctica, están previstas visitas a Ostia Antica, los Foros Imperiales y el Coliseo, en Roma, y un día en Florencia.

 

Fuente de la Información: https://www.farodiroma.it/inicia-la-anahuac-summer-experience-en-la-universidad-europea-de-roma/

 

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Las tácticas de combate ucranianas ponen en peligro a la población civil

Noticias
  • Bases militares establecidas en zonas residenciales e incluso en escuelas y hospitales.
  • Ataques lanzados desde áreas habitadas por civiles.
  • Estas violaciones no justifican en modo alguno los ataques indiscriminados de Rusia, que han causado la muerte y heridas de innumerables civiles.

“Las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en situaciones de riesgo al establecer bases y operar sistemas de armas en zonas habitadas por civiles, incluso en escuelas y hospitales, para repeler la invasión rusa que comenzó en febrero”, ha declarado hoy Amnistía Internacional.

Estas tácticas violan el derecho internacional humanitario y ponen en peligro a la población civil, pues convierten bienes de carácter civil en objetivos militares. Los ataques rusos resultantes en zonas pobladas han causado la muerte de civiles y destruido infraestructura civil.

“Hemos documentado un panorama en el que las fuerzas ucranianas ponen a la población civil en peligro y violan las leyes de la guerra cuando operan en zonas pobladas”, ha afirmado Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

“Estar en una posición defensiva no exime a las fuerzas armadas ucranianas de respetar el derecho internacional humanitario”.

Sin embargo, no todos los ataques rusos documentados por Amnistía Internacional siguieron esta tendencia. En otros emplazamientos concretos en los que Amnistía Internacional concluyó que Rusia había cometido crímenes de guerra, incluidas algunas zonas de la ciudad de Járkov, la organización no halló indicios de que hubiera fuerzas ucranianas ubicadas en las zonas civiles atacadas ilegítimamente por el ejército ruso.

Entre abril y julio, un equipo de Amnistía Internacional pasó varias semanas investigando los ataques rusos en las regiones de Járkov, el Dombás y Mykolaiv. La organización inspeccionó lugares que habían sufrido ataques, entrevistó a sobrevivientes, testigos y familiares de víctimas de ataques, y llevó a cabo labores de detección a distancia y análisis de armas.

Durante estas investigaciones, el equipo encontró indicios de que las fuerzas ucranianas lanzaban ataques desde el interior de zonas residenciales habitadas y de que se habían establecido en edificios civiles de 19 ciudades y pueblos de las regiones citadas. El Evidence Lab de la organización ha analizado imágenes satelitales para corroborar aún más algunos de estos incidentes.

La mayoría de las zonas residenciales donde se emplazaron los soldados estaban a varios kilómetros de las líneas de frente. Existían alternativas viables que no pondrían en peligro a la población civil, como bases militares o zonas densamente boscosas en las proximidades, u otras estructuras alejadas de las zonas residenciales. En los casos que documentó, Amnistía Internacional no tiene conocimiento de que los militares ucranianos que se emplazaron en estructuras civiles en zonas residenciales hubieran pedido a la población civil que evacuase los edificios vecinos o la hubiese ayudado a evacuarlos; es decir, no tomaron todas las precauciones posibles para proteger a la población civil.

Ataques lanzados desde zonas habitadas por civiles

Sobrevivientes y testigos de ataques rusos en las regiones del Dombás, Járkov y Mykolaiv dijeron al equipo de investigación de Amnistía Internacional que el ejército ucraniano estaba operando cerca de sus casas en torno al momento de los ataques, exponiendo las zonas a disparos de represalias de las fuerzas rusas. El equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de esta conducta en numerosos lugares.

El derecho internacional humanitario exige que todas las partes en un conflicto eviten, en toda la medida de lo posible, emplazar objetivos militares dentro de zonas densamente pobladas o en sus proximidades. La obligación de proteger a la población civil de los efectos de los ataques incluye también retirar a ésta de la vecindad de objetivos militares y avisar de forma efectiva de cualquier ataque que podría afectarla.

La madre de un hombre de 50 años que murió en un ataque con cohetes el 10 de junio en un pueblo al sur de Mykolaiv dijo a Amnistía Internacional: “Los militares estaban en una casa al lado de la nuestra y mi hijo llevaba a menudo comida a los soldados. Le rogué varias veces que se mantuviera alejado porque temía por su seguridad. Esa tarde, cuando ocurrió el ataque, mi hijo estaba en el patio de nuestra casa y yo estaba en la casa. Murió en el acto. Su cuerpo quedó hecho trizas. Nuestra casa fue parcialmente destruida”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró equipo y uniformes militares en la casa de al lado.

Mykola, que vive en un bloque de pisos de un barrio de Lisichansk (Dombás) que fue objeto de varios ataques rusos que causaron la muerte de al menos un hombre de edad, dijo a Amnistía Internacional: “No entiendo por qué nuestro ejército dispara desde las ciudades y no desde el campo”. Otro residente, un hombre de 50 años, dijo: “Sin duda hay actividad militar en el barrio. Cuando hay fuego saliente, oímos después fuego entrante”. El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a unos soldados que usaban un edificio residencial situado a unos 20 metros de la entrada del refugio subterráneo que usaban los residentes donde murió el hombre de edad.

En una localidad del Dombás, el 6 de mayo, las fuerzas rusas usaron municiones de racimo inherentemente indiscriminadas, cuyo uso está ampliamente prohibido, contra un barrio integrado en su mayoría de casas de uno o dos alturas donde las fuerzas ucranianas manejaban armas de artillería. La metralla dañó las paredes de la casa donde vive Anna, de 70 años, con su hijo y su madre de 95 años.

Anna dijo: “La metralla voló a través de las puertas. Yo estaba dentro. La artillería ucraniana estaba cerca de mi campo […] Los soldados estaban detrás del campo, detrás de la casa […] Los vi saliendo y entrando […] desde que empezó la guerra […] Mi madre está […] paralítica, por eso no pude huir”.

A principios de julio, un agricultor resultó herido cuando las fuerzas rusas atacaron un almacén agrícola en la zona de Mykolaiv. Horas después del ataque, el equipo de investigación de Amnistía Internacional fue testigo de la presencia de personal y vehículos militares ucranianos en la zona de almacenamiento de grano y varios testigos confirmaron que el ejército usaba el almacén, situado al otro lado de la carretera, frente una finca en la que vivían y trabajaban civiles.

Mientras el equipo de Amnistía Internacional examinaba los daños de edificios residenciales y públicos colindantes en Járkov y en pueblos del Dombás y del este de Mykolaiv, oyeron fuego saliente desde posiciones militares ucranianas ubicadas en las proximidades.

En Bajmut, varias personas residentes dijeron a Amnistía Internacional que el ejército ucraniano había usado un edificio situado a apenas 20 metros al otro lado de la calle, frente a un edificio residencial de gran altura. El 18 de mayo, un misil ruso impactó en la parte de delante del edificio, destruyó parcialmente cinco apartamentos y provocó daños en los edificios próximos. Kateryna, residente que sobrevivió al impacto, dijo: “No entendía qué había pasado. [Había] ventanas rotas y un montón de polvo en mi casa […] Me quedé aquí porque mi madre no quería marcharse. Tiene problemas de salud”.

Tres residentes dijeron a Amnistía Internacional que, antes del ataque, las fuerzas ucranianas habían estado usando un edificio al otro lado de la calle, frente al edificio bombardeado, y que había dos camiones militares estacionados delante de otra casa que resultó dañada cuando impactó el misil. El equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró indicios de presencia militar dentro y fuera del edificio, incluidos sacos de arena y protecciones de plástico negro que cubrían las ventanas, así como equipos nuevos de primeros auxilios para traumatismos de fabricación estadounidense.

“No tenemos voz en lo que hace el ejército, pero pagamos el precio”, dijo a Amnistía Internacional una persona cuya casa también había sido dañada en el ataque.

Bases militares en hospitales

El equipo de investigación de Amnistía Internacional vio a fuerzas ucranianas que usaban hospitales como bases militares de facto en cinco lugares. En dos ciudades, decenas de soldados descansaban, pasaban el tiempo y hacían sus comidas en hospitales. En otra ciudad, los soldados disparaban desde las proximidades del hospital.

El 28 de abril, un ataque aéreo ruso hirió a dos personas que trabajaban en un laboratorio médico en un suburbio de Járkov después de que las fuerzas ucranianas hubieran establecido una base en las instalaciones.

El uso de hospitales con fines militares es una violación clara del derecho internacional humanitario.

Bases militares en escuelas

El ejército ucraniano ha establecido bases de forma habitual en escuels de ciudades y pueblos de la zona del Dombás y de Mykolaiv. Las escuelas están temporalmente cerradas para el alumnado desde que comenzó el conflicto, pero en la mayoría de los casos los edificios estaban cerca de barrios habitados por civiles.

En 22 de las 29 escuelas que visitó, el equipo de investigación de Amnistía Internacional encontró soldados usando las instalaciones o indicios de actividad militar actual o pasada, incluida la presencia de atuendos militares, municiones descartadas, paquetes de raciones del ejército y vehículos militares.

Las fuerzas rusas atacaron muchas de las escuelas utilizadas por las fuerzas ucranianas. En al menos tres ciudades, después del bombardeo ruso de las escuelas, los soldados ucranianos se trasladaron a otras escuelas de las proximidades, sometiendo a los barrios circundantes al riesgo de sufrir ataques similares.

En una ciudad al este de Odesa, Amnistía Internacional vio que los soldados ucranianos usaban habitualmente zonas civiles para alojarse y como áreas de maniobras, incluso emplazando vehículos blindados bajo árboles en barrios puramente residenciales y usando dos escuelas situadas en zonas residenciales densamente pobladas. Los ataques rusos cerca de escuelas han causado la muerte y heridas a varias personas civiles entre abril y finales de junio; el 28 de junio murieron una niña y una anciana en un ataque con cohetes contra su casa.

En Bajmut, las fuerzas ucranianas usaban un edificio universitario como base cuando lo alcanzó un ataque ruso el 21 de mayo y, según informes, causó la muerte de siete soldados. La universidad es colindante con un edificio de viviendas de gran altura que resultó dañado en el ataque junto con otras viviendas civiles situadas a unos 50 metros. El equipo de investigación de Amnistía Internacional halló los restos de un vehículo militar en el patio del edificio universitario bombardeado.

El derecho internacional humanitario no prohíbe expresamente a las partes en un conflicto establecer bases en escuelas durante los periodos vacacionales. Sin embargo, las fuerzas armadas tienen la obligación de evitar usar escuelas que estén cerca de casas o edificios de apartamentos llenos de civiles, poniendo sus vidas en peligro, salvo que haya una necesidad militar imperiosa. Si lo hacen, deben advertir a la población civil y, en caso necesario, ayudarla a evacuar. Aparentemente, esto no ocurrió así en los casos que ha examinado Amnistía Internacional.

Los conflictos armados inciden de forma muy negativa en el derecho a la educación de la infancia, y el uso militar de las escuelas puede causar una destrucción que prive aún más a los niños y niñas de este derecho una vez finalizada la guerra. Ucrania es uno de los 114 países que han respaldado la Declaración sobre Escuelas Seguras, acuerdo para proteger la educación en los conflictos armados que permite a las partes hacer uso de escuelas abandonadas o evacuadas únicamente cuando no haya una alternativa viable.

Ataques indiscriminados de las fuerzas rusas

Muchos de los ataques rusos que Amnistía Internacional ha documentado en los últimos meses fueron llevados a cabo con armas inherentemente indiscriminadas, incluidas municiones de racimo, prohibidas internacionalmente, o con otras armas explosivas con efectos en una superficie amplia. En otros se usaron armas guiadas con diversos grados de precisión; en algunos casos, las armas eran lo bastante precisas para dirigirse a objetivos específicos.

La práctica del ejército ucraniano de emplazar objetivos militares dentro de zonas pobladas no justifica en modo alguno los ataques indiscriminados rusos. Todas las partes en un conflicto deben distinguir en todo momento entre objetivos militares y bienes de carácter civil, y adoptar todas las precauciones posibles, incluso en la elección de armas, para reducir al mínimo el daño a civiles. Los ataques indiscriminados que causan la muerte o heridas a civiles o dañan bienes de carácter civil son crímenes de guerra.

“El gobierno ucraniano debe asegurarse inmediatamente de que emplaza a sus fuerzas lejos de zonas pobladas o evacuar a la población civil de las zonas donde opera el ejército. Las fuerzas armadas nunca deben usar hospitales para combatir en una guerra y sólo deben usar escuelas o viviendas civiles como último recurso, cuando no haya alternativas viables”, concluyó Agnès Callamard.

El 29 de julio de 2022, Amnistía Internacional se puso en contacto con el Ministerio de Defensa ucraniano para presentarle las conclusiones de la investigación. En el momento de la publicación, aún no se había recibido ninguna respuesta.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2022/08/ukraine-ukrainian-fighting-tactics-endanger-civilians/

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