México / 10 de marzo de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias
A principios de febrero de este año, los partidos PRI, PAN, MC y PRD presentaron una iniciativa en la Cámara de Diputados federal, para reformar los artículos 3, 31 y 73 de la Carta Magna. A esa iniciativa se le conoce como la propuesta de “la oposición” política al gobierno de la 4T. Dicha iniciativa fue presentada por un grupo de especialistas e investigadores en educación, y arropada por los legisladores de los partidos mencionados. Entre los elementos destacados de la iniciativa “opositora”, se encuentra la propuesta de reivindicar en el texto Constitucional al “… mérito como principio rector para el ingreso y desarrollo de la carrera docente.”. Sobre esto trata el presente comentario.
Los legisladores y especialistas del campo educativo que firman esa iniciativa “opositora” coinciden en dar “continuidad” a la idea del “mérito”, que ya se había establecido durante las reformas legales en materia educativa de 2013, y que es producto de los acuerdos tomados por las cúpulas políticas dominantes en la coyuntura de hace seis años: Precisamente entre los dirigentes políticos que hoy son oposición (Pacto por México).
La idea de establecer criterios meritocráticos para evaluar al magisterio para ingresar al servicio (y para su promoción), es inherente a la visión de establecer, de manera concreta, los insumos técnicos para definir las evaluaciones de las figuras educativas, (en la iniciativa de referencia se menciona al docente, pero se omiten a las figuras de directivos y asesores técnicos pedagógicos). Esa idea fue presentada en la iniciativa, a través de los siguientes argumentos: “Uno de los componentes más importantes es, sin duda, aquel que indica que la evaluación de los docentes debe efectuarse bajo los principios de legalidad, imparcialidad, transparencia y objetividad. El sistema basado en el mérito previsto en la Constitución promueve la aplicación de estos principios en la evaluación de las y los docentes. El mérito como principio rector contribuye a combatir la opacidad y la discrecionalidad, en tanto que quienes aspiran a ejercer como docentes o a mejorar sus condiciones laborales tienen el derecho de conocer, con anticipación, la información acerca de qué y cómo se va a evaluar, y todo lo relacionado con el proceso, los requisitos y los efectos de las evaluaciones.” … “La medición de mérito debe realizarse por instancias con autonomía plena y técnicamente calificadas para diseñar instrumentos adecuados y adaptados al contexto en donde cada profesor se desenvuelve para poder hacer una interpretación adecuada del mérito y el desempeño docente.” (1)
Una observación crítica con respecto a estas concepciones meritocráticas de la evaluación de las figuras educativas, que reivindica la “oposición” política hoy en día, puede desglosarse mediante dos nociones y líneas de argumentación básicas: 1) La meritocracia como reivindicación de las desigualdades y la inequidad sociales, y 2) La meritocracia como mecanismo de reproducción del “establishment” educativo.
1) La meritocracia como reivindicación de las desigualdades y la inequidad, refiere a las prácticas implícitas que llevan a reproducir la exclusión de grupos sociales durante la evaluación de ingreso y la designación de plazas (o de lugares de matrículas, en el caso de estudiantes de Educación Media Superior y Superior). Este tipo de criterios meritocráticos se ha convertido en una obsesión (como un “deber ser”) para un sector importante de colegas, asesores académicos, “comentócratas”, políticos, legisladores y autoridades educativas diversas durante los últimos años. Sin embargo, hay literatura seria y rigurosa, en la cual se pone en duda la validez universal de la noción del “mérito” como elemento o criterio clave durante los procesos de selección y promoción de los recursos humanos (aún dentro del lenguaje “gerencialista”).
Cuando le preguntaron a W. Edwards Deming (1900-1993) estadístico estadounidense, profesor universitario, consultor y creador del novedoso concepto de “calidad total”: “¿Dónde se hace la calidad?”, él contestó: “En la sala de reuniones de la junta directiva”. En efecto, para Deming, la nueva filosofía de la calidad debe derribar algunos mitos como el siguiente: “Culpar a los trabajadores (que solamente son responsables del 15 por ciento de los errores), mientras se pasa por alto el sistema diseñado por los gerentes, que son responsables del 85 por ciento de las consecuencias indeseadas. Creer que no existirían problemas en la producción, si los trabajadores únicamente se centraran en hacer su trabajo de la manera en que se les especificó que debían hacerla”. Para el especialista en calidad y asesor clave en el despegue de la industria japonesa entre 1960 y 1985, “el trabajador no es responsable de los defectos (de los productos o servicios), sino que la mayoría de los defectos se originan en el sistema” (Ver el libro de Rafael Aguayo: El método Deming). Deming afirmó en uno de sus libros, que una de las 7 enfermedades principales de la gerencia, es llevar a cabo la “Evaluación por rendimiento, clasificación de méritos o revisión anual de resultados… (porque) … la evaluación del comportamiento, a través de la calificación por méritos, está centrada en el producto final y no sobre el liderazgo para ayudar a la gente. Se destruye el trabajo en equipo y aumenta la rivalidad”. Repito: Aun dentro del discurso gerencialista, existen cuestionamientos serios al criterio “meritocrático” en los procesos de evaluación del personal.
2) La meritocracia como mecanismo de autoprotección y reproducción del “establishment educativo”. Es un proceso o círculo social seleccionador, basado en el credencialismo, que implícitamente ejerce también la práctica de la exclusión social. Para pertenecer al círculo selecto del servicio profesional docente, por ejemplo, el aspirante debe obtener un resultado como “idóneo”, a través de pruebas estandarizadas, y luego esperar a que las burocracias federales y estatales procedan a destrabar las listas de prelación. Entonces, según la evidencia, no basta con obtener un registro como personal “idóneo”, sino que se requiere que los tomadores de decisiones (la burocracia educativa) asuman o no la pertinencia de la apertura y designación de las plazas.
En Jalisco, por ejemplo, hay un grupo de docentes que concursaron por plazas o por puestos de Asesores Técnicos Pedagógicos (ATP) y que, aun cuando obtuvieron resultados como “idóneos” en sus exámenes de ingreso o promoción, es hora en que la autoridad educativa estatal no libera sus plazas o claves presupuestales. ¿O me equivoco, estimado Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco?
El problema que tenemos en México es que la meritocracia como criterio y como aspiración de reproducción social de las élites, aparece como un procedimiento supuestamente válido o alternativo para frenar las prácticas de corrupción que prevalecieron en el pasado, cuando dirigentes sindicales y funcionarios públicos, federales y estatales, llevaron a cabo la nefasta práctica conocida como “venta de plazas”. Pero es un argumento relativamente insostenible. La pregunta que me hago, al respecto, es: ¿No existe otra manera de equilibrar los criterios para evaluar a los aspirantes, de tal manera que no se reproduzcan las prácticas de exclusión e inequidad? ¿Podríamos generar criterios de evaluación más amplios y equitativos, de tal forma que no se queden fuera del servicio educativo los egresados de las escuelas normales y demás instituciones formadoras de profesionales de la educación, que viven en condiciones sociales, económicas y culturales adversas?
Considero que no siempre los “mejores” docentes son aquellos que obtienen las más “altas calificaciones” tanto en su formación inicial como en las evaluaciones de ingreso al servicio (a través de las pruebas estandarizadas). Eso no es suficiente. Los “buenos” maestros y maestras de la escuela pública son aquellos que, además de lo anterior, son aquellos que están comprometidos (y lo demuestran en la práctica docente cotidiana), con el ejercicio de los plenos derechos educativos de las niñas, los niños, los jóvenes y los adultos. Además de su compromiso con los derechos laborales, este tipo de docente es un profesional de la educación que también se compromete con su autoformación y con las acciones de formación continua (capacitación y actualización) que deben establecer las instituciones educativas como parte de las políticas educativas.
Fuentes consultadas:
(1) Iniciativa que reforma los artículos 3o., 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por los coordinadores y los integrantes de los Grupos Parlamentarios del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano y PRD. Gaceta Parlamentaria, año XXII, número 5212-III, 6 de febrero de 2019.
Fuente del Artículo:
https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/03/01/meritocracia-calidad-y-compromiso-educativo
ove/mahv
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