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Programación del Portal Otras Voces en Educación del Domingo 28 de julio de 2019: hora tras hora (24×24)

28 de julio de 2019 / Autor: Editores OVE

Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 28 de julio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.

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España: La escuela más grande del mundo

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316946

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La mirada de una joven refugiada sobre la educación. Muzoon Almellehan, embajadora de Unicef (VIDEO)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316922

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Los títulos universitarios argentinos serán válidos en otros doce países

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316951

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18 ingeniosos y sencillos trucos para facilitar la labor en el aula

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316939

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La Fundación Vipeika gestiona e impulsa colegios en la zona más pobre de África

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11 tendencias sobre dispositivos móviles en educación #infografia #infographic #education

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Libro: Practica y experiencia; Claves del saber pedagógico docente – PDF

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¡Gracias, Peter Tabichi!

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316961

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Infografía: éxitos y retos en el uso de las redes sociales en las universidades

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/317004

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La Entrevista Educativa – Jaime Lavados -Neurociencia y educación

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Libro: Aprende como Einstein (Lectura online)

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Maestros ¿agentes de transformación?

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316982

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ProFuturo lleva la educación digital de 8,2 millones de niños y niñas en todo el mundo

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316967

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Aula Invertida – 4 Fases para Crear Videos Efectivos | Infografía

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/317000

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Argentina: Ajedrez en educación infantil: ¿cómo utilizar este juego para enseñar?

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Formación, aprendizaje… con nuevas ecologías!

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Los hijos de la educación privada que administran la educación pública en Chile

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Juan Ramírez: «En EE.UU. el dinero se va a las manos equivocadas»

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Universidades de EEUU se esfuerzan sin éxito por diversificar su profesorado

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3 cuestiones incómodas sobre el cambio en educación

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Docencia: la lectura y las élites

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/317007

21:00:00

5 Cortometrajes para educar en valores

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316931

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Argentina: El precipicio del presupuesto universitario

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316994

23:00:00

Editorialmente Cuarta Temporada Programa No.3 : «Transgresión y educación siglo XVI-XIX» (Video)

http://otrasvoceseneducacion.org/archivos/316925

En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.

ove/mahv

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Uruguay: Ejecutivo propone crear Instituto de Acreditación de Educación Terciaria

Redacción: La Diaria

Uruguay es el único país de América Latina que no tiene sistema de evaluación de educación superior.

La semana pasada el Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el que crea el Instituto Nacional de Acreditación y Evaluación de la Educación Terciaria (INAEET), que ya ingresó al Poder Legislativo y entró para su discusión en la Comisión de Educación y Cultura del Senado. Actualmente es el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) el encargado de habilitar la oferta privada de carreras de educación superior, con el asesoramiento del Consejo Consultivo de Enseñanza Terciaria Privada, pero, según explicó la directora nacional de Educación, Rosita Angelo, desde hace unos años se trabaja “con la idea de que Uruguay tenga un espacio que no sea sólo de habilitación de las carreras de la oferta privada, sino que sea un espacio que permita avanzar sobre procesos de acreditación”. Angelo aseguró que la acreditación de carreras universitarias que 31 instituciones uruguayas lograron en el ámbito del Mercosur “ha impulsado este proceso, para poder por fin consolidar una institución de acreditación de oferta pública y privada”. “La creación del INAAET contribuirá a superar el rezago institucional de Uruguay en materia de promoción y aseguramiento de la calidad de la educación terciaria”, establece el proyecto de ley en su exposición de motivos.

El texto explica que en 2018 el MEC creó el Grupo de Trabajo de Acreditación, integrado por representantes de la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica, el Consejo de Formación en Educación, el Consejo de Enseñanza Técnico-Profesional y las universidades privadas ORT, Católica, de la Empresa, de Montevideo y Claeh, que trabajó y propuso el documento. Argumentan que en las últimas décadas los sistemas de educación superior nacionales, regionales e internacionales están viviendo cambios relevantes: “La proliferación de instituciones, el aumento de la matrícula, la diversificación de programas y la incursión de ofertas transnacionales. Esta evolución plantea la necesidad de mecanismos confiables para asegurar su calidad y pertinencia, integrándolos en un proceso progresivo que contemple la evaluación a través de estándares consensuados en la acreditación institucional y de carreras”.

El texto explicita la “necesidad de cristalizar una institucionalidad nacional de acreditación”, en el entendido de que Uruguay es el único país de América Latina que no tiene un sistema de evaluación y acreditación de la educación terciaria, y se entiende “imprescindible un marco normativo para contar con una estructura institucional, profesional, que promueva la calidad de la educación terciaria en el país”. En Uruguay funciona una Comisión ad hoc de Acreditación, un órgano honorario creado en 2008 e integrado por dos representantes del MEC, dos de la Udelar y uno del Consejo de Rectores de las universidades privadas, que representa al país en la Red Iberoamericana para la Acreditación de la Calidad de la Educación Superior y la Red de Agencias Nacionales de Acreditación, que gerencia el Sistema de Acreditación de Carreras Universitarias del Mercosur. Esta comisión fue la que actuó en los 31 procesos de acreditación de carreras o instituciones uruguayas (17 de la Udelar, ocho de la Universidad Católica y seis de la Universidad ORT).

Criterios comunes

Según manifestó la directora de Educación del MEC, un sistema de acreditación “permite establecer en acuerdo determinados criterios para validar las ofertas de grado y de posgrado, así como un espacio de evaluación de esos criterios”, aplicados a las instituciones, carreras o unidades académicas. Una vez generado el consenso, señaló, esta institución es la encargada de responder “si un doctorado público o privado cumple con los criterios para ser considerado un doctorado”. Angelo recordó que desde 2014, por el Decreto 104, se establecieron los requisitos que deben cumplir las carreras terciarias privadas, “pero hoy tenemos una oferta terciaria pública que está creciendo, y es importante que esos criterios se apliquen en todo el sistema, tanto en el público como en el privado”. Por otra parte, los principios propuestos en el proyecto “están en acuerdo con lo que se establece en el marco regional, lo que nos permite estar en sintonía con criterios de acreditación que hoy se manejan en la región, algo que es importante para la navegabilidad en el Mercosur y otros países”, añadió. Angelo destacó además que lo interesante de este proyecto es que contó “con el trabajo de toda la educación terciaria de Uruguay, tanto pública como privada, por lo que va con este aval al Parlamento”. Por esto mismo, la jerarca confía en que, más allá de las particularidades del año electoral, el tratamiento parlamentario del texto será “lo más rápido posible”.

El proyecto crea el INAAET como una persona jurídica de derecho público no estatal, que estará dirigido por un consejo directivo integrado por nueve miembros, todos nombrados por el presidente en acuerdo con el MEC: cinco propuestos por el Sistema Nacional de Educación Terciaria Pública, tres por las instituciones terciarias privadas reconocidas y uno por el MEC, que lo presidirá.

Fuente: https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2019/7/ejecutivo-propone-crear-instituto-de-acreditacion-de-educacion-terciaria/

 

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Polarización en acceso a la educación superior

Por: Hugo Aboites

En 2003 Karina y Elizabeth murieron en la Ciudad de México cuando eran apenas adolescentes. Pero no fueron víctimas de la inseguridad capitalina, ocurrió que, por su cuenta, cada una decidió quitarse la vida, en desesperanza por no haber logrado ingresar a una preparatoria de la UNAM y a la Anexa a una Normal. Lo hicieron, además, cuando comenzaba un periodo de esperanza en la educación en la ciudad. Impulsados por las protestas universitarias de 1996, 1998 y 1999-2000 contra las cuotas y la evaluación para el acceso, los jóvenes rechazados de las principales instituciones habían conseguido que se abriera una mesa donde autoridades de la UNAM, IPN, UAM, y jóvenes rechazados podían dar una discusión. En ese momento también Andrés Manuel López Obrador creó una prepa en cada delegación y la universidad del Peje (UACM), sin colegiatura y sin examen de selección. Después de un periodo –1996-2000– sumamente conflictivo y que al final llevó al encarcelamiento y enjuiciamiento de más de mil estudiantes, esta combinación de, por un lado, impulsar que las instituciones federales en conjunto dieran soluciones a grupos específicos de rechazados y, al mismo tiempo, que el gobierno local ampliara sustancialmente el acceso a la educación superior, trajo un inusitado periodo de estabilización y crecimiento de la educación.

Suena a paradoja, pero ahora que tanto a escala federal como local gobierna la misma opción partidista,se ha oscurecido el futuro de esa convergencia. A la demanda de jóvenes rechazados de que también este año se instale la mesa de acuerdos, la SEP se niega verbalmente y por escrito descalifica el pase directo (eliminación del examen de selección) que los rechazados siempre han planteado. Esta demanda, que al inicio de los años 2000 era considerada absurda, con el paso del tiempo fue ganando posiciones. No sólo la retomaron las preparatorias y la universidad creadas en esos años en la Ciudad de México, sino que la gratuidad y libre acceso también son rasgos propios de los 100 nuevos planteles de nivel superior a escala nacional. En la UNAM desde hace seis décadas no se hace examen para los estudiantes de sus preparatorias que buscan pasar a la licenciatura y también existe libre acceso a ciertas instituciones de la SEP. Decisiones como la de la UAM (2008) –de no considerar sólo el resultado del examen para el ingreso, sino además tomar en cuenta el promedio– también muestra la relativa pérdida de confianza en estos exámenes incluso para seleccionar a los que pueden aprender. El examen de selección, sin embargo, sigue siendo uno de los más firmes baluartes de la opción neoliberal en el seno de la educación superior, es rápido, igualitario, transparente –se dice– y además produce ingresos. Pero tiene efectos profundamente discriminatorios, y por eso en agosto de 2016 (en Jalisco) el ahora presidente López Obrador decía que cuando triunfe nuestro movimiento vamos a cancelar los exámenes de admisión, eso se va a suprimir, todos van a poder estudiar y en diciembre de 2018 presentó la iniciativa de modificaciones al artículo tercero que incluía el derecho pleno a la educación en el nivel superior (y, por tanto el fin de las evaluaciones para el ingreso).

La reacción, sin embargo, fue muy fuerte. En San Lázaro, los partidos de derecha y la mayoría de diputados de Morena, convergieron y lograron hacer que este derecho fuera reservado sólo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas (artículo 3, X). Podría pensarse que esto da mayor flexibilidad para explorar alternativas, pero en su carta a los rechazados (Subsecretaria ES, Of. 500/2019-0596) la SEP se inclina por definir que el requisito fundamental son los criterios académicos en condiciones de igualdad y equidad… transparentes –los adjetivos usualmente adjudicados al examen estandarizado– y rechaza como injusto con otros candidatos, el pase directo.

Es decir, que si la intención de AMLO era el que los exámenes de selección fueran desapareciendo resultó lo contrario. No sólo porque ahora el ejercicio de un derecho queda condicionado a lo que cada institución disponga como requisito por arbitrario y contra derecho que éste sea, sino porque además, en su carta, la interpretación a que apunta la SEP es que el requisito significa examen. Y con eso, el papel socialmente restrictivo que han jugado estos exámenes quedaría ahora fortalecido como nunca antes. Hasta quienes desean ingresar a los nuevos planteles de educación superior en la CDMX deberán tomar un curso y presentar un examen (Instituto de Educación Superior, 29/5/19).

En estas circunstancias, cerrar unilateralmente por parte de la SEP un espacio de 15 años que ha servido para disminuir tensiones y acordar el ingreso de miles, no parece prudente. Sobre todo cuando las instituciones involucradas están dispuestas a escuchar y acordar.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/polarizacion-en-acceso-a-la-educacion-superior/

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La paradoja de las universidades privadas en Colombia

Por: Alejandro Cheyne García.

En el primer y segundo semestre de 2019, las universidades privadas han encontrado una mayor dificultad para atraer a los estudiantes a sus aulas. De hecho, el descenso en los niveles de matrículas universitarias se evidencia desde el 2017.

Según datos del Sistema Nacional de Información de Educación Superior (SNIES), en el 2016, 285 833 personas accedieron a educación privada, mientras en el 2017 fueron 255 462, lo que evidencia una reducción aproximada del 10%.

Al mismo tiempo, Colombia cuenta con un acceso a la educación superior significativamente bajo en comparación con estándares internacionales. En el país, solo el 22% de las personas entre 25 y 64 años cuentan con un título universitario, un porcentaje muy inferior al promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que es de 38%, tal como lo mencionan en su investigación ‘Education at a Glance 2018’.

Además, la desigualdad en el acceso a la educación en las regiones del país es realmente crítica. De acuerdo al SNIES, en el 2017 se encontró una concentración mayor en Bogotá de los estudiantes que accedieron a la educación superior, mientras que en departamentos como Amazonas, Chocó y Arauca este porcentaje fue significativamente menor.

En este orden de ideas, la paradoja se evidencia en un excedente de personas que quieren estudiar y no tienen el dinero para pagar su formación y, al mismo tiempo, en “sillas vacías” en las universidades privadas por la caída en las matrículas. Se estima que, entre los factores asociados a esta disminución, se tiene la influencia del modesto crecimiento económico de Colombia, (1.8 % en 2017, 2.7 % 2018 y una  perspectiva todavía incierta del 3.0 % para 2019) junto con un desempleo creciente del 10.5% para el mes de mayo de 2019, de acuerdo con el DANE. Lo anterior, disminuye sustancialmente la capacidad y disposición a pagar por parte de los jóvenes y sus familias.

Otro factor a tener en cuenta es el envejecimiento creciente de la población. Tal como afirmó el director del DANE, Doctor Juan Daniel Oviedo, en el Simposio de Envejecimiento y Longevidad de la Universidad del Rosario (2019) el 13.4% de la población en Colombia tiene más de 60 años. En este sentido, se ve una disminución de la población en edad productiva interesada en ingresar a la educación superior.

Pero, ¿por qué las universidades privadas no se dieron cuenta de esta tendencia? Una explicación puede ser el número de matrículas crecientes como resultado del programa Ser Pilo Paga que financió cerca de 40 mil estudiantes desde el año 2014. Ahora bien, esta paradoja nos plantea tres interrogantes adicionales a las universidades privadas.

1. ¿Es realmente compatible el sueño de una “educación universitaria para todos sin restricciones de acceso”, con la necesidad de inversión creciente que realizan las universidades privadas comprometidas con estándares de alta calidad nacional e internacional?

La respuesta para un modelo universitario de ingresos con dependencia superior al 85% de las matrículas no puede ser afirmativa, razón por la cual se requiere del diseño de nuevas formas de financiación en donde la alianza Universidad – Empresa – Estado sea fundamental para convertir este sueño en realidad, siempre y cuando se cumpla con el supuesto de la equidad, es decir, que la ayuda realmente la reciba quien la necesita.

2. ¿Una disminución de precios en las matrículas genera un desplazamiento de la demanda?

La respuesta, por supuesto, es negativa. Para muchos jóvenes que han nacido a principios del Siglo XXI y que ahora se están incorporando a la universidad, tener un título universitario ya no es garantía de un trabajo decente con los criterios establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los jóvenes realmente están buscando nuevos escenarios de formación con mayor pertinencia a nuestra realidad. En este sentido, se hace evidente la necesidad de una innovación pedagógica con programas que desafíen esquemas tradicionales de las universidades, con una mayor proximidad a los verdaderos protagonistas que son los jóvenes universitarios

3. ¿Se justifica el gasto creciente que realizan las universidades en su proceso de atracción, en medio de una competencia feroz por quedarse con los estudiantes?

La inversión promedio puede representar entre 5% y 7% de los ingresos, bajo el supuesto que lo asume la institución y no el estudiante, con un costo de oportunidad importante para la docencia, investigación y extensión. El sector de la educación está cambiando y los supuestos con que trabajaban las universidades privadas ya no son los mismos. Las megatendencias plantean la necesidad de una cooperación mayor entre todos los actores de la educación superior, para ofrecer un servicio educativo de talla mundial en un escenario de incertidumbre.

Esta paradoja se convierte en un gran reto para las universidades privadas en Colombia, quienes deben plantear nuevos lineamientos y escenarios de formación, teniendo en cuenta las necesidades de los jóvenes y los nuevos modelos pedagógicos. Adicionalmente, es fundamental proponer nuevos instrumentos de financiación para facilitar el acceso a la educación superior para todos.

Fuente del artículo: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-paradoja-de-las-universidades-privadas-en-colombia-columna-de-alejandro-cheyne-garcia/624171

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Brasileños marcharán en rechazo al plan de privatización de la educación superior

América del Sur/ Brasil/ 22.07.2019/ Fuente: abyayala.tv.bo.

 

Estudiantes y profesores de Brasil marcharán el próximo 13 de agosto para rechazar los intentos de privatizar la educación universitaria. La crisis en el sector educativo tiene como puntos álgidos el bloqueo de hasta 30 por ciento al presupuesto asignado a gastos discrecionales de universidades e institutos federales.

En las calles, los ciudadanos denuncian que con el gobierno de Jair Bolsonaro se ha recrudecido la falta de financiamiento a las casas de estudio.

Fuente de la noticia: http://abyayala.tv.bo/index.php/2019/07/19/brasilenos-marcharan-en-rechazo-al-plan-de-privatizacion-de-la-educacion-superior/

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Educación virtual: una estrategia desperdiciada

Por: vicerrectorado.pucp.

 

¿Es tan mala la educación a distancia o semipresencial?

Entre las propuestas de la Agenda País presentada recientemente por CONFIEP, está la de “promover y facilitar la educación superior a distancia” en la educación superior, hecho que compartimos como parte del abanico de oportunidades para ampliar y mejorar la educación de los peruanos, aprovechando que ya el 67% de la población accede a internet y que es necesario desarrollar las capacidades de las personas para enfrentar el reto del desarrollo y aumentar el bienestar. En este sentido, agregaremos la necesidad de ampliar también su cobertura para la educación de adultos, cerca de 600 mil entre los 24 y 35 años no han concluido su educación básica y por tanto tampoco tienen acceso a la formación tecnológica ni universitaria. Veamos algunas de las causas de que esto ocurra.

La educación superior suele relacionarse a un campus, un salón de clases, una pizarra y asientos ocupados por alumnos que acaban de terminar el colegio o que, a lo mucho, han pasado uno o dos años por alguna academia preuniversitaria. Al ser ese el escenario, la Ley Universitaria considera principalmente estos elementos como parte de su objeto a regular y mejorar. Sin embargo, se le escapan algunas consideraciones respecto del entorno en el que se podría dictar la clase y el tipo de alumno que puede acceder a la educación superior, dado que se pondera de manera diferencial la modalidad presencial y la semipresencial, así como las múltiples combinaciones posibles y con ello al público objetivo al cual estas modalidades están dirigidas.

Así, la mencionada Ley, en su artículo 47 referente a la educación a distancia, señala que estos programas deben, en pregrado, ofrecer la misma calidad que la impartida a nivel presencial y no pueden superar el 50% de créditos de la carrera; en cuanto a las maestrías y doctorados, no obstante, solo se señala que su dictado no puede realizarse por completo bajo esta modalidad. A simple vista, puede decirse que a través de estos artículos se quiere incentivar que los estudiantes opten por modalidades mayoritariamente presenciales, las cuales a fin de año solo se podrán dictar en las universidades licenciadas (ver nota previa), en tanto cumplen con las condiciones básicas de calidad, condiciones que al parecer son insuficientes para dar un buen servicio de educación en línea.

Pero aquí no acaba el descrédito de la educación en línea, lo crítico llega cuando, si por un azar del destino, se opta por seguir la carrera académica, ya que la Ley Universitaria desmerece por completo los estudios semipresenciales de posgrado ya sean para aspirar a ser profesor principal, decano o rector (artículo 83, inciso 1; artículo 69, inciso 3; y artículo 6, inciso 3, respetivamente), estableciendo explícitamente que uno de los requisitos es haber alcanzado el grado de magister o doctor con estudios presenciales. A través de estos requerimientos, no solo se privan a aquellos que por dificultades económicas o geográficas no pudieron llevar sus estudios de posgrado de manera presencial, sino que además se podrían descartar a aquellos que llevaron estudios de posgrado, pero que son semipresenciales de manera inherente, ya sea porque incluyen  trabajo de campo o que, por tener ciertas convalidaciones con universidades de países diferentes a donde se está llevando el posgrado, impidan que sus estudiantes puedan necesariamente estar en el mismo lugar al de la universidad que le confiere el grado académico.

En principio, no debería existir ningún tipo de impedimento para que cualquier persona, independientemente de su edad o cualquier otra característica, pueda tener un acercamiento con la educación básica o superior. Todo esto porque prevaleció, a la hora de aprobar la Ley, una visión distorsionada sobre cuáles deben ser las condiciones para llevar a cabo estos estudios. Algunas de estas condiciones se refieren a la imposibilidad de enseñar cualquier carrera bajo esta modalidad; si bien es cierto, este margen se va reduciendo conforme la realidad virtual se abre camino. Además, hay también argumentos en torno a la desconfianza de las evaluaciones, pero ello se puede superar mediante mecanismos de certificación presencial; y, por último, están las que se refieren a la baja calidad con la que se imparten los cursos, pero ello al igual que en el caso de la presencial puede ser materia de supervisión.

En el Perú, si bien los intentos de secundaria a distancia no progresaron, recordemos el plan Huascarán, la educación en línea ha comenzado a avanzar en la educación de adultos. En el 2005, la población joven y adulta (mayor de 17 años) que potencialmente requería educación básica completa era de 7,4 millones de personas, cifra que representa la incapacidad acumulada del sistema educativo. El 56% de ellos se concentraba entre los 17 y 39 años, el núcleo de la PEA. Frente a estas cifras, la educación básica alternativa (para adultos) tiene una cobertura del 6%. Sin embargo, hace ya unos años se promueven estrategias  para que aquellas personas que no pudieron concluir primaria o secundaria puedan hacerlo bajo modalidades especiales en lo que se conoce como los Centros de Educación Básica Alternativa – CEBA, habilitándolos para continuar estudios de educación superior en universidades públicas (UNMSM o UNFV, por ejemplo). En el caso de las universidades privadas, la oferta de educación en línea se concentra en algunos programas para gente que trabaja, como  diplomados, programas de capacitación y hasta posgrados con muy buena reputación, pero que no están al alcance de la población con menores recursos.

Frente a la situación descrita, dejar de lado las estrategias de educación a distancia aprovechando la difusión de las TIC y cobertura creciente de Internet resulta un enorme desperdicio de oportunidades porque a) limita el acceso a la educación de aquellos que por diversas razones no pueden asistir a los lugares y horarios en los que podrían estudiar; b) limita las posibilidades de actualización permanente; c) resta oportunidades a quienes tienen un título obtenido a distancia por considerarse de menor valor que el obtenido de manera presencial; d) limita las posibilidades de extender la educación superior a lo largo de toda la vida (ver nota previa).

En este aspecto, deberíamos aprender de experiencias exitosas como la de la Universidad Oberta de CataluñaOpen University, la UNED, o de algunas latinoamericanas como la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia, y su similar de México. En fin, aquí tenemos una enorme deuda social que pagar y nos falta mucho por hacer.

Fuente de la reseña: http://vicerrectorado.pucp.edu.pe/academico/noticias/educacion-virtual-una-estrategia-desperdiciada/?fbclid=IwAR2XroJ6MWloHiuC4XylOUHXS0UcWzUljf2jBcyK23SF-tmTYodAPmq29Q8

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Desconcierto para la Educación Superior Pública

México / 21 de julio de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

Cuando una orquesta filarmónica no logra la sincronía ni la armonía en sus ejecuciones, se dice que el director genera un “desconcierto”. Las señales que nos envían los gobiernos, federal y de la CDMX, en materia de políticas de gobierno para las Instituciones de Educación Superior Públicas (IESP) son, por decir lo menos, desconcertantes. Las cuestiones del financiamiento, en particular, para el sostenimiento y operación de dichas instituciones, donde se lleva a cabo la formación de profesionistas y especialistas, constituyen un asunto de fuertes disputas. A ello hay que agregar, por si algo faltara, el conflicto generado por los vaivenes en las decisiones que toman los legisladores federales, en el proceso de diseño anual del Proyecto de Presupuesto de Egresos, en el cual se decide el destino de los recursos de las IESP. Cabe recordar, al respecto, que el grupo parlamentario de Morena y aliados políticos en la Cámara de Diputados, tienen la mayoría simple.

Señales encontradas…

Por una parte, el presidente López Obrador lanzó la iniciativa para crear la red de Universidades “Benito Juárez”, lo cual significa la apertura de 100 nuevas IESP en todo el territorio nacional, con carreras profesionales que atiendan a las diversas necesidades regionales y locales. ¿Por qué no se asignaron los recursos financieros destinados para esta red a las universidades públicas existentes?

Por otra parte, el gobierno de la CDMX inauguró, hace unas semanas, el Instituto de Estudios Superiores de la CDMX “Rosario Castellanos” (con una oferta de carreras en las modalidades presenciales, a distancia y compartidas con la UNAM y el IPN), fuera del circuito de las universidades creadas por el actual gobierno federal. ¿A qué se debe tal diferenciación? ¿No existe acaso un proyecto educativo nacional unificado y consistente? Mientras tanto, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) juega el rol de “aficionado en tribuna”: Sólo ve como pasan las bolas lanzadas, desde el montículo, por parte de los gobernantes.

En este marco de desconcierto, el presidente de la República hizo recientemente una declaración, vía Twitter, en la que señaló lo siguiente: “A principios de este año, de los 13 mil 711 aspirantes a ingresar a la Facultad de Medicina de la UNAM, solo fueron aceptados 217, el 2%. Esta fue la política de 36 años del periodo neoliberal, por eso nos faltan cerca de 200 mil médicos en el país; es uno de nuestros desafíos.” (1) Junto con ese texto, se insertó una imagen con algunas cifras: “Hay 270 mil 600 médicos generales; debemos de tener 393 mil 600. Nos hacen falta 123 mil… Hay 146 mil 300 médicos especialistas; debemos de tener 219 mil. Nos hacen falta 72 mil…”. ¿Cuál es el mensaje implícito que da el presidente de la República al difundir esos datos? ¿Qué aspiraciones tiene el país para cubrir las necesidades mencionadas (jóvenes profesionistas y especialistas en áreas específicas del conocimiento y del servicio público) ante unas políticas educativas marcadas por el desaliento en el ámbito presupuestal y por el desconcierto a nivel del diseño institucional?

En un texto publicado la semana pasada, Imanol Ordorika afirmó que… “Para tener un mejor referente del significado de las variaciones en el financiamiento federal a las IES, resulta conveniente comparar los datos correspondientes al gasto por alumno durante cada sexenio. De acuerdo con Mendoza Rojas el promedio, a pesos de 2019, fue de: 53.2 mil pesos en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; 61.7 mil en el de Ernesto Zedillo; 67.2 en el de Vicente Fox; 69.5 mil en el de Felipe Calderón; 59.3 en el de Peña Nieto, y de 49.3 mil en el primer año de López Obrador. En lugar del incremento esperado, la caída entre estos últimos años fue superior a 20 por ciento… Hoy se requiere un fuerte compromiso financiero que permita consolidar logros, ampliar la oferta pública y hacerla gratuita. Implica el establecimiento de un fondo que aporte 17.5 MMP anuales para alcanzar la gratuidad y una cobertura de 50 por ciento, al final del sexenio. Esta cantidad es adicional a la obligatoria asignación de más de 150 MMP para subsidios ordinarios y otros extraordinarios, en 2020… Los gobiernos tradicionales exaltaban la importancia de la ciencia y la educación superior, sin reflejo en el presupuesto. El reto ahora es pasar del dicho repetido a la asignación de los recursos suficientes. Esta es una de nuestras expectativas de cambio.” (2)

Cabe recordar que el porcentaje de cobertura de la educación superior en México (jóvenes formalmente inscritos, entre los 18 y los 23 años de edad), fluctúa entre el 33 y el 35 por ciento sobre el universo de población en ese rango de edad. También es conveniente no olvidar que los problemas de financiamiento público hacia las IESP, no sólo afecta a los procesos de formación de jóvenes profesionistas y especialistas, sino que también trastoca los procesos sustantivos que se llevan a cabo ahí en los ámbitos de la investigación humanística, científica y tecnológica, así como en las funciones de difusión, extensión y divulgación de la cultura.

Frente a estos hechos, caracterizados por las señales de desconcierto debido al conjunto de las políticas gubernamentales, hoy, hacia las IESP ¿qué posición juegan y asumen el titular de la SEP, Esteban Moctezuma y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro? ¿Cuál es el proyecto concreto (en lo nacional y regional) para solucionar las graves carencias que encaran hoy en día las IESP existentes, sobre todo las Universidades Públicas estatales?

En la actual coyuntura sobre las políticas públicas hacia las IES, se observa que otros actores políticos y sociales han manifestado su desacuerdo con dichas políticas. Recientemente, por ejemplo, grupos significativos de académicos, especialistas y las mismas autoridades de IESP, (incluso en algunos momentos excepcionales hasta los dirigentes de la ANUIES) han expresado su preocupación por estas asincronías y desarmonías en la conducción de y el apoyo a la educación superior en el país.

Es cierto que el horno de la política nacional y las condiciones económicas de la nación, no están para bollos; sin embargo, las comunidades de las IESP esperarían que las políticas públicas en este terreno, cuenten con una dirección de orquesta más unificada y consistente. Junto con ello, no debe descartarse la necesidad de que todas las IESP estén sujetas a procesos de gestión transparente y de rendición de cuentas.

Ojalá que al igual que existe talento para golpear la pelota con el bat, se tenga la inspiración para dirigir la batuta.

Fuentes consultadas:

(1) https://twitter.com/lopezobrador_ (13 de julio, 2019)

(2) Imanol Ordorika. Educación superior: financiamiento 2020. La Jornada, 10 de julio, 2019. https://www.jornada.com.mx/2019/07/10/opinion/018a1pol# (Texto reproducido en Educación Futura, misma fecha).

(3) Javier Mendoza Rojas. Presupuesto de Educación Superior 2019. IISUE-UNAM. SES. Mar.,2019. https://www.ses.unam.mx/integrantes/uploadfile/jmendoza/Mendoza2019_PresentacionSES.pdf

jcmqro3@yahoo.com

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/07/14/desconcierto-para-la-educacion-superior-publica

ove/mahv

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