América/México/Autor: Elena Reina/Fuente: elpais.com
El brutal asesinato de una niña de siete años en un barrio del sur de la capital mexicana obliga al Gobierno de México a tomar medidas urgentes sobre la violencia que vive el país. Después de seis días desaparecida, este fin de semana, el cadáver de Fátima Cecilia Aldriguett Antón fue hallado en bolsas de basura y con señales de haber sido torturada. Este caso se ha convertido en el último símbolo de indignación de un país que cada día rompe los récords de la tragedia. En México mueren asesinadas 10 mujeres al día y, en total, hay más de 90 homicidios en 24 horas. El presidente López Obrador ha achacado este lunes lo sucedido a la moral individualista y al pensamiento conservador. Una respuesta que ha irritado todavía más a un país que vive una situación extrema.
La última vez que se vio a la niña con vida salía del colegio. El 11 de febrero, su familia puso una denuncia por desaparición. Y menos de una semana después, el país observa lo que ya había leído o visto en las noticias antes: el cadáver de la menor, torturado, desnudo y tirado en la calle. El caso de Fátima no es el único en estos años en los que los feminicidios se han multiplicado: en 2018 murieron asesinadas 3.752 mujeres, según los últimos datos oficiales, y 1.463 menores de edad, según las cifras de la Red por los Derechos de la Infancia (REDIM). «A Fátima no la mató el neoliberalismo», responden muchos usuarios de Twitter a López Obrador.
Según la investigación de la Fiscalía, una mujer que todavía no han identificado recogió a la niña de la escuela el 11 de febrero antes de que llegara alguien de su familia. Su madre fue a recogerla más tarde, pero ya no la encontró. En un vídeo de las cámaras de seguridad de la calle que han mostrado las autoridades se observa a la señora de la mano de la pequeña por el municipio de Xochimilco, en el sur de la capital. La jefa de la Fiscalía local, Ernestina Godoy, ha informado este lunes de que esta mujer es la principal sospechosa del crimen de Fátima, aunque todavía no han dado con su paradero. La institución ha anunciado este lunes una recompensa de dos millones de pesos (unos 107.750 dólares, más de 99.400 euros) a quien proporcione información sobre el caso.
En la puerta del Instituto Forense de la capital, poco después del reconocimiento del cadáver, la madre de Fátima, María Magdalena Antón, exigió delante de la jefa de Gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, que se hiciera justicia y acusó a un hombre, Alan Herrera, de haber cometido el crimen. «No conozco a esa señora, pero fue mandada por Alan Herrera», denunció ante las cámaras que la esperaban a la salida de la morgue. Antón alegó que este hombre, de quien las autoridades no han proporcionado más información, ya había agredido a otros familiares. «Hoy fue mi hija, mañana puede ser la de cada uno de ustedes», advirtió la madre.
La semana pasada, otro feminicidio indignaba al país. El de Ingrid Escamilla, de 25 años. Su pareja confesó, en un vídeo brutal filtrado por las autoridades, la saña con la que había acabado con su vida. Las fotos del cuerpo de la joven aparecieron en las páginas de los medios de comunicación locales. Y cientos de mujeres se manifestaban por la dignidad de una víctima más de la violencia machista en una protesta histórica.
Los casos de mujeres asesinadas se agolpan a las puertas de los despachos del Gobierno sin que se hayan anunciado medidas urgentes. Abril Pérez Sagaón fue asesinada el 25 de noviembre después de haber denunciado que su entonces marido, Juan Carlos García, exdirector de Amazon en México, había intentado matarla. El día que había acudido a la capital a seguir con los trámites de la demanda, mientras viajaba en un coche con sus hijos, un hombre le disparó en la cabeza y en el cuello. Sagaón era una de las pocas mujeres que se atrevían a denunciar en este país, solo una de cada nueve. Tres meses después de su asesinato, todavía no hay un detenido.
Las manifestaciones contra la violencia machista también se han multiplicado. Y las respuestas del presidente de México, de momento, han tratado de relacionar la crisis de violencia que asola al país con una campaña para desprestigiar su Gobierno. Este lunes, en su conferencia de prensa matutina, López Obrador enfrentaba el movimiento feminista, según lo que había leído en redes sociales, con su desempeño: «Existe un pensamiento conservador. Feminismo sí, transformación no. O es mejor el feminismo que la transformación. No, es parte de lo mismo. Es ver el árbol y no ver el bosque. Estamos viviendo un momento estelar en la vida pública de nuestro país, se está llevando a cabo un momento estelar. ¿Cuándo se había enfrentado así la corrupción?».
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, comentaba este lunes a través de su cuenta de Twitter que es «indignante, aberrante, doloroso que alguien sea capaz de herir a una niña; este crimen no va a quedar impune». Pero en México, al menos ocho de cada 10 delitos no reciben una sentencia condenatoria.
Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2020/02/17/actualidad/1581961625_590259.html
…Y contra el acceso y permanencia de los estudiantes. En la más reciente versión de la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES, enero 2020, por fin se elimina la frase que en el artículo 6 degradaba el derecho a la educación. Decía: el Estado garantizará el derecho de toda persona a tener la posibilidad de recibir educación. Y con esto se ponía en peligro el derecho pleno a la educación, como lo advirtió la nueva Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cuando hizo un llamado para que (en la propuesta de LGES) se retome el espíritu y la letra del artículo tercero constitucional que garantiza el derecho humano a la educación. ( La Jornada, 6/2/20). En efecto, la Carta Magna señala sin ambigüedades ni posibilidades que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Con esta declaración, la nueva conducción de la CNDH rompió claramente con la anterior, la que durante un cuarto de siglo guardó silencio y resistió a las quejas contra los exámenes de selección que durante años le pedía que dijera algo. Guardó silencio y cuando habló fue para defender la interpretación neoliberal del derecho a la educación. Esta consiste en ofrecer a todos –pero previo pago de una cuota para el Ceneval– la oportunidad de presentarse a un examen de selección, donde tendrá la posibilidad de mostrar que es una/uno de los mejores. Incluso dio respuestas tan desafortunadas como cuando dijo a los quejosos que el ingreso (a una escuela) está sujeto a la capacidad intelectiva y a los méritos personales de los aspirantes (CNDH 1997, citada en Aboites, Hugo: La medida de una nación: 564). Cuando claramente la Constitución dice que toda persona tiene derecho a la educación (artículo 3). Sin embargo, como se decía, la propuesta de posibilidad se desechó y ahora dice que el Estado garantizará el derecho de toda persona que cuente con el certificado de bachillerato o equivalente que acredite la terminación de estudios del tipo medio superior, el acceso a un programa de educación superior (artículo 6 LGES, enero 2020).
Pero no hay final feliz. Porque después de decir que el Estado garantizará el acceso a un programa de educación superior se añade: en los niveles de técnico superior universitario, profesional asociado, licenciatura u otras opciones terminales previas a ésta. (artículo 6 enero 2020). ¿De verdad no hay aquí la intención –como en el examen único– de canalizar a las y los jóvenes que buscan licenciatura a carreras técnicas cortas, hoy en crisis por falta de aspirantes y desde las cuales ya no se podrá ingresar a estudios de licenciatura?
La nueva CNDH cuestiona, además, que en la propuesta original (2019) se incluyan elementos (que luego se mantienen en la versión 2020) que no están contemplados en el artículo tercero constitucional (fracción X) y que potencialmente son muy problemáticos. “Adicionalmente, –dice la propuesta– las instituciones de educación superior establecerán los requisitos de permanencia, tránsito y titulación, así como las medidas pertinentes para fomentar la inclusión, continuidad, egreso oportuno y excelencia educativa.” Este es el regreso pleno, llevado a ley general, del paquete neoliberal de educación superior. Las autoridades institucionales no sólo tendrán el respaldo legal para determinar requisitos, sino que, además, se les otorga el respaldo legal para reducir a los estudiantes el tiempo límite de titulación (que en la UNAM 1999 significaba el peligro de dejar sin título a 70 por ciento de los alumnos de los CCH y las prepas), asegurar que no dejen de estudiar ni un semestre (continuidad) y avanzar así a la excelencia y a su egreso oportuno. Es decir, la concepción de transformación neoliberal que hizo crisis en 1999 con una larguísima y tenaz huelga y el encarcelamiento de mil estudiantes. Con esta ley, ya no serán rectores en solitario que hagan los cambios, tendrán el respaldo del Congreso.
También los empresarios: en el artículo 47, I, VII ellos se convierten en legales participantes de instancias y procesos claves para el rumbo de toda la educación superior, e igual en los artículos y fracciones 42; 16, X; 13, XV; 45, V; 46, V, y 54. Como parte del Consejo Nacional de Participación y Vinculación, les corresponde, además, proponer estrategias y criterios para la educación superior (46,V), pero también como parte de las instancias colegiadas de participación y consulta (54) emitir propuestas y recomendaciones a la SEP acerca del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior (como el que se creó con el INEE en el nivel básico con Peña Nieto) que tendrá mecanismos, instrumentos e instancias (¿el Ceneval?). En resumen, con esta Ley SEP-rectores-empresarios será difícil que los movimientos estudiantiles no achaquen a la 4T esta regresión neoliberal que los hiere. Y que la rechacen con una tenacidad e intensidad sólo comparable con la que hoy muestra el movimiento de las mujeres.
Los contenidos digitales han abierto nuevas posibilidades para registrar y divulgar la historia en formatos ágiles, interesantes y entretenidos.
La enseñanza de la historia es una disciplina con muchas áreas de oportunidad. En países como México, por ejemplo, existen problemas tanto con la preparación de los docentes para impartir la materia, como en los recursos y materiales didácticos disponibles para dar la clase. En Estados Unidos, hay regiones en las que aún se lucha por programas académicos que reflejen la realidad histórica americana por completo.
Para aquellos maestros que encuentren un reto difícil en recopilar material certero y entretenido para sus alumnos en las clases de historia, les compartimos tres programas educativos para fortalecer su selección de contenidos. Todos los programas incluidos en la lista pueden accederse gratuitamente vía YouTube.
Producido por Mediakraft Networks, este canal de YouTube surgió en 2014 y se especializa en narrar episodios específicos de la historia mundial a detalle. El show es producido en Munich por un equipo de expertos en historia, es narrado y escrito por el historiador Indiana Neidell.
Neidell combina su trayectoria como actor de voz, músico y personalidad de redes para relatar episodios históricos como la Guerra Fría, la Revolución Industrial y la Revolución Cultural China en una forma clara, concisa y amigable, apta tanto para expertos que quieren saber más sobre historia mundial como para principiantes que se inician en la materia.
La compañía de producción también tiene disponibles canales hermanos que abordan específicamente la Primera y Segunda Guerra Mundial. La mayoría de los capítulos de estas series cuentan con 36 opciones de idiomas en los subtítulos, incluyendo inglés, español, francés, alemán, árabe, chino y coreano, entre otros.
2. No son caricaturas, son créditos extra: Extra Credits
La idea del canal Extra Credits surgió en 2008 cuando el co-creador Daniel Floyd elaboró dos presentaciones de video para sus clases de Historia del Arte y Teoría de los Medios en el Colegio de Arte y Diseño de Savanna (Savannah College of Art and Design). En julio del 2010 comenzaron a transmitir el show Extra Credits por YouTube, cubriendo temas sobre producción de videojuegos y cultura popular. En el 2013 incluyeron el tema de historia mundial por capítulos bajo el título Extra History.
Siete años después, Extra History tiene hoy una de las bibliotecas de contenido histórico más amplias y variadas en YouTube y Twitch, cubriendo desde piezas de personajes como Simón Bolívar, Mary Seacoal y Yi Sun Sin, hasta eventos históricos complejos cuyo entendimiento requiere tocar temas de Economía y Sociología, tales como el episodio de la Compañía del Mar del Sur en el siglo XVIII.
La mayoría de los capítulos tiene de 7 a 15 opciones de idiomas para subtítulos, casi siempre ofreciendo español latinoamericano, peninsular o genérico.
Producido por Andrés Alba, Antonio Romero, Enrique López y Luis Felipe Ángeles, Bully Magnets abrió su canal de YouTube en el 2010 con la intención de divulgar contenido histórico en un formato breve, amigable y característicamente divertido, dirigiéndose especialmente al público joven.
Su contenido es variado y abarca desde temas de interés académico como la conquista de México y el descubrimiento de América, hasta la vida de un Papa que odiaba a los gatos o un día en la jornada laboral de un verdugo en tiempos de la Revolución Francesa. El canal tiene una de las bibliotecas con contenido histórico más amplias de habla hispana, y varios de sus videos cuentan con subtítulos en español y en inglés.
Las fuentes y materiales estandarizados siempre serán la primera solución para enseñar historia en las escuelas, pero como auxiliar a estas fuentes primarias, contenidos digitales como estos son de gran ayuda para mantener el interés de los alumnos en el salón de clases.
¿Tú como maestro usas contenidos digitales auxiliares en el aula para reforzar el aprendizaje de la historia? Cuéntanos en los comentarios.
América del Norte/México/16-02-2020/Autor(a) y Fuente: www.jornada.com.mx
De La Redacción
Catedráticos convocaron a la comunidad de la máxima casa de estudios a expresar el más enérgico rechazo a la violencia que se abate sobre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El silencio en situaciones como la que se vive en esta institución, puede comprometer la existencia misma y el destino de la universidad, subrayaron.
La convocatoria fue suscrita por Gonzalo Celorio, Sergio García Ramírez, Ángeles González Gamio, Hernán Lara Zavala, Eduardo Matos Moctezuma, Silvia Molina, José María Murià, Carmen Parra, Mónica del Villar, Sergio Zaldívar, Eugenio Aguirre y Felipe Garrido.
Destacaron que en los últimos días se han presentado actos de violencia extrema en planteles e instalaciones de la máxima casa de estudios, que afectan gravemente la vida universitaria, lesionan la garantía de miles de jóvenes a recibir educación a la que tienen derecho, y también perjudican a trabajadores y docentes.
La innecesaria e irracional violencia que se ha ejercido contra los estudiantes y otros miembros de la comunidad universitaria implica una violación flagrante de la autonomía universitaria, en la medida que impide el libre ejercicio de las funciones a cargo de la institución. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura no pueden quedar a merced de restricciones impuestas por quienes han invadido, sin derecho y sin razón, varios recintos universitarios.
Reclamo y respuesta
Los catedráticos precisaron que no desconocen los legítimos reclamos de quienes demandan protección en el interior de las instalaciones frente al asedio del que han sido víctimas muchas jóvenes universitarias. La respuesta a tal situación implica la aplicación rigurosa y oportuna de las normas vigentes dentro y fuera de la universidad, señalaron.
En un texto externaron su preocupación por los sucesos que han alterado la marcha de la UNAM y de sus alumnos, profesores y colaboradores administrativos.
América/México/12/02/2020/Autor: Jon Martín Cullell/fuente: elpaís.com
Las familias con niños en tratamiento de quimioterapia se movilizan frente a la escasez crónica y a la atención precaria en los hospitales públicos.
A Álex Hernández, Cristal Flores, y Emmanuel Fernández, tres niños enfermos de cáncer, les faltó en el último año vincristina, metrotexato, ciclofosfamida y purinethol. Todos son medicamentos fundamentales para sus tratamientos de quimioterapia. En plena revisión del sistema público de salud por parte del Gobierno, los padres de niños con cáncer en México han tenido que enfrentarse a repetidos episodios de desabasto en los hospitales. Estos no son nuevos, pero sí se han vuelto más frecuentes y hacen sentir su peso sobre unas familias marcadas por el sacrificio y las dificultades económicas. Ahora han dicho basta.
“Al aeropuerto”, propuso Omar Hernández, padre de Álex, en enero. En el Hospital Infantil de México faltaba vincristina, medicamento administrado por vía intravenosa para tratar desde leucemias a tumores cerebrales. Eran meses de encontrarse en situaciones parecidas y un grupo de padres quería hacer ruido. “No nos hacen caso, pues vamos a buscar un punto donde la gente nos vea”, dijo Hernández. Antes de convertirse en quesero, había trabajado en el aeropuerto como personal de seguridad y se lo conocía al dedillo. Se metieron las cartulinas debajo de las playeras y se colaron en uno de los vestíbulos con más tráfico de pasajeros de América Latina. Funcionó. Ese mismo día, el Gobierno les comunicó que ya había llegado el medicamento. Una victoria con fecha de caducidad, sospechan los padres.
Omar Hernández, “el que cierra avenidas” y padre de Álex
En el comedor de su casa, Hernández desglosa el viaje de Álex por los meandros de la leucemia, que fue también su viaje de vendedor de queso a activista. El niño se sienta en frente, colorea dibujos de superhéroes en un cuaderno y recuerda lo cansado que se sentía antes. A punto de cumplir 11 años, la leucemia ya está controlada y vuelve a comer chilaquiles tras meses sin probarlos, pero su padre no baja la guardia. En el hospital ya lo conocen como “el que cierra avenidas”.
Su activismo empezó hace dos años. Durante una de las rondas de quimioterapia para Álex en el Hospital Infantil de Ciudad de México, empezó a escasear el purinethol, un medicamento que ralentiza el crecimiento de células cancerígenas. Al principio, lo tuvieron que comprar en las farmacias a precio comercial; eran 1.200 pesos para 10 días, un monto sustancial para una pareja que acababa de cerrar su puesto de quesos para poder acompañar a Álex al tratamiento. Al cabo de un mes, ya ni se encontraba en las tiendas. Hernández se plantó.
“Los papás ninguno se quejaba: ‘¿Cómo voy a hacer algo? Me van a correr”, recuerda que le decían. Hace año y medio, firmó su primer acto de activista: una carta a la Secretaría de Salud para pedir mejor atención. Sin respuesta. Continuó recabando firmas en la sala de espera, pintada de jirafas y piñatas voladoras. Un doctor le llamó la atención: “Está prohibido; si sigue haciendo eso no sé qué va a pasar”. “Me vale… Cómpreme usted los medicamentos”, le espetó él.
A las pocas semanas, un puñado de padres cerró Reforma, una de las principales avenidas de la capital. Fue la primera movilización de una cadena. En febrero de 2019 volvió a faltar purinethol; se manifestaron en el Zócalo. En agosto, escaseó metrotexato, también fundamental para la quimioterapia. Pancartas en alto, decidieron entonces paralizar la entrada al aeropuerto, la primera vez que lo hacían.
Álex Hernández, enfermo de leucemia en fase de vigilancia, con sus padres Blanca y Omar.SEILA MONTES
La crisis de medicamentos para el cáncer, enfermedad que es la tercera causa de mortalidad en el país, ha desatado un cruce de acusaciones. La respuesta del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido confusa; ha negado el desabasto y, al mismo tiempo, lo ha reconocido. Culpa a los problemas de suministro mundial y, en México, a la supuesta corrupción de las farmacéuticas -diez proveedores recibieron el 80% del gasto entre 2012 y 2018, según el Gobierno-. Para incrementar la presión sobre la industria mexicana, el Ejecutivo acaba de aprobar por decreto la importación de medicamentos del extranjero aunque no estén registrados en el país.
Frente a las acusaciones, el director general de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, Rafael Gual, apunta al papel del Ejecutivo en este embrollo, debido a los retrasos en las licitaciones y a la forma cómo se llevaron a cabo. Las últimas, lanzadas a finales de año, establecían que un solo fabricante se llevara el 80% de la provisión de un medicamento. “Si falla, el que tiene el 20% restante difícilmente podrá cubrirlo”, explica. “Tienes que permitir que haya cuatro o cinco proveedores para un mismo producto”.
Los hospitales tienen escaso margen de maniobra. “Es como ir a una comida corrida; tomas lo que haya. A lo mejor me la das más cara, pero no te vas a poner tú a cocinar fideos”, dice una directiva del Hospital Infantil de Ciudad de México que prefiere mantener el anonimato al tener prohibido dar entrevistas. “Te avisan en la mañana que no hay medicamento. Algunas veces hemos tenido que ir a comprar a la Farmacia del Ahorro [una cadena de tiendas de bajo coste]”. Para ciertas medicinas, dependen casi totalmente de Laboratorios Pisa, una farmacéutica que se enfrenta a una posible inhabilitación debido a varias investigaciones que el Gobierno ha abierto por supuestas irregularidades en las licitaciones.
Tras la manifestación en el aeropuerto en enero, el Gobierno informó que el Hospital Infantil de México, que trata a unos 800 niños con cáncer, había recibido vincristina en cantidad suficiente para un mes. El cirujano Pablo Lezama, jefe del servicio de cirugía oncológica, dice que se trata apenas de una solución temporal. “El suministro no está asegurado de forma sostenida”, afirma. “Si los pacientes pasan 15 días sin medicina o se les da una alternativa, eso disminuye la efectividad del tratamiento”. En veinte años de carrera nunca había visto desabastos tan frecuentes.
El secretario de Salud, Jorge Alcocer, y la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, se dieron de bruces con la realidad en una visita sorpresa a un hospital público la semana pasada. “¿Cuál es la situación en esta área?”, preguntaron los funcionarios. Lo que siguió fue un chaparrón de necesidades. “Presentamos escasez de material, principalmente de insumos como sedas, gasas. La semana no teníamos ningún guante absolutamente para operar. A los enfermos se les está pidiendo todo ese tipo material. No hay batas, cepillos”, enumeró una enfermera de blanco, presente en el encuentro improvisado. “No tenemos jabón ni para lavarnos las manos”, añadió otra.
Pese a las promesas de soluciones inmediatas, los padres no se fían. Omar Hernández repasa una lista de una treintena números de teléfono de todo el país, escritos en lápiz sobre un folio azul. “¿Qué onda? ¿Llegó la medicina?”, va preguntando a padres que están luchando contra la escasez en otros Estados.
Crisanto Flores, refugiado y padre de Cristal
Entre los escépticos, está Cristanto Flores, uno de los padres que se manifestó con Hernández en el aeropuerto. Hace casi un año, a su hija Cristal de tres años de edad se le empezó a hinchar el ojo izquierdo. “El ojo o su hija”, dijo el doctor tras descubrirle un tumor maligno. Vivían en Puerto de Veracruz, una ciudad con casi un millón de habitantes pero sin el equipo requerido para el tratamiento de Cristal. Tuvieron que salir en ambulancia hacia Ciudad de México, a unas siete horas por carretera. Para familias como la de Flores, el desabasto, un problema de siempre pero que se ha intensificado en los últimos meses, es un elemento más de una vida que se asemeja a la del refugiado.
Flores era albañil. A los 55 años, ha tenido que dejar su trabajo para mudarse a la capital y ahora se dedica a esperar durante horas frente a la fachada del Hospital Infantil, de colores alegres para disfrazar el dolor en sus tripas. Despunta el alba y otros padres en la misma situación se arreglan la manta sobre las piernas y apuran las últimas horas de sueño sentados en unos bancos de metal frío. Mientras Cristal entra a su ronda de quimio con una bata de personajes de Disney, Flores se pasea de arriba abajo, se sienta a ver vídeos de su hija bailando y hace cuentas.
Aunque el Estado cubre el coste de la quimioterapia desde hace más de una década, las familias todavía tienen que pagar los análisis y comprar medicamentos importantes como gotas y antibióticos. En dos años, Cristal necesitará una nueva prótesis para el ojo izquierdo. Cuesta unos 20.000 pesos, alrededor de 1.000 dólares. Pese a su semblante tranquilo, Flores no esconde la preocupación. “Ya no tenemos ni para los pasajes”, explica. “Lo poquito ahorrado se nos fue; todo se fue para abajo”.
Crisanto y Maricruz Flores acompañan a su hija Cristal al Hospital Infantil de México para una ronda de quimio.SEILA MONTES
La desigualdad en el acceso a atención de calidad también es territorial. Mientras la capital y los Estados del norte del país alcanzan o al menos se acercan a las 18 camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes que la Organización Mundial de la Salud recomienda, 12 de los 32 Estados, entre ellos el Veracruz, tienen entre cinco y seis camas hospitalarias por cada 100.000 habitantes. En este contexto, casi el 70% de los casos se diagnostica en etapas avanzadas según el Instituto Nacional de Cancerología, un retraso que dificulta el tratamiento.
A veces, las fundaciones cubren el hueco y costean los medicamentos, pero el desabasto ha aumentado la presión. El director general de la Casa de la Amistad, Baltasar Madrid, sostiene que de los 27 hospitales públicos en 16 Estados con los que tienen convenio “todos tienen algún problema”, asegura. La fundación lleva varias semanas apoyando a un par de ellos con el suministro de medicamentos oncológicos.
Flores no ha recurrido a una fundación por ahora. La familia que los acoge ayuda con los pasajes al hospital y otros gastos y, recientemente, una conocida a la que llama señora Brenda le consiguió unos lentes para Cristal.
Brenda Galicia, recolectora de tapas y madre de Emmanuel
Hasta hace poco, Brenda Galicia, de 44 años, era ama de casa. Vivía con su esposo arquitecto y su hijo Emmanuel de 9 años en un condominio de clase media y caseta de vigilancia próximo a la capital. Querían ir a París de viaje. El cáncer cerebral que diagnosticaron a su hijo hundió los planes.
Galicia creó una página de Facebook para recibir donaciones y empezó a reunir tapas de botellas y garrafones. Cuando conseguía una tonelada, las enviaba a reciclar y sacaba unos 4.000 pesos, alrededor de 200 dólares. También se puso a vender pulseras y blusas bordadas chiapanecas en mercadillos. Con lo que juntaban ella y su marido – metido a conductor de Uber tras cerrar su despacho de arquitectura- pagaban medicinas y traslados.
Cada vez que iban al Hospital Infantil de México, Galicia cargaba una mochila de plástico transparente con todo lo necesario: dentífrico, termómetro, gasas y antibióticos. Por si acaso. “¿No hay? Pues tome”, les decía a las enfermeras abriendo la cremallera. “Mi hijo va a tener su medicina”. En ocasiones, la escasez alcanzaba hasta lo más básico. Durante una ronda de quimioterapia en abril del año pasado faltaron las cobijas. “Es que es domingo; nos redujeron el personal y no hay quien las lave”, recuerda que le dijeron. “¿Y yo con qué tapo a mi niño?”.
El Gobierno de López Obrador ha anunciado la rehabilitación de 52 nuevos hospitales y 50 centros de salud para este año y la compra de equipo médico. Esas promesas contrastan con los drásticos recortes de presupuesto. El Hospital Infantil de México se ha quedado sin el personal subcontratado que representaba alrededor de un tercio de la plantilla y el servicio de oncología ha tenido que reducir casi un 30% el número de cirugías. “Tenemos que ser más selectivos en la selección de pacientes que operamos”, afirma el cirujano Pablo Lezama. La promesa del Gobierno de abrir nuevas plazas todavía no se ha materializado.
Emmanuel falleció hace dos meses. Murió en estado vegetativo, poco después de una operación en la que las enfermeras lo amarraron a la cama porque no podía con el dolor. En casa de los padres, el luto tiene forma de pequeño altar con una vela encendida y un mono de peluche. Una miniatura en bronce de la Torre Eiffel, a la que quería subir Emmanuel, preside la mesa del salón.
El matrimonio arrastra una deuda de unos 100.000 pesos, unos 5.000 dólares. “Esto acaba contigo en todos los aspectos”, afirma Galicia. Mientras él intenta recuperar los clientes de su antiguo negocio de arquitectura, ella no ha dejado de recolectar tapas. Tiene un patio trasero lleno hasta arriba de bolsas, a la espera de que un camión las recoja. Ya tienen destinatario. A los 10 días de la muerte de su hijo, le mandaron el caso de un chico con cáncer a quien habían amputado una pierna. “Yo te junto una tonelada”, pensó. “Sé las necesidades que hay”, dice. “La gente se está uniendo. ¿Cuántas familias no han pasado por algo así?”.
Brenda Galicia sujeta la mochila de medicinas de Emmanuel.J. M. C
Fuente e imagen: https://elpais.com/sociedad/2020/02/10/actualidad/1581295136_012381.html
América del Norte/México/09-02-2020/Autor(a): Notimex/Fuente: www.publimetro.com.mx
Por: Notimex
El pueblo indígena de Amealco de Bonfil, pidió que los jóvenes tengan acceso sin discriminación a la universidad.
El representante del pueblo otomí, Ángel Sánchez Vicente, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador políticas en materia de educación, salud y seguridad, que beneficien a esta comunidad en Querétaro.
Ángel Sánchez informó que durante la Asamblea de Autoridades Indígenas, que se celebró el pasado jueves en este municipio, fueron diseñadas las peticiones al mandatario federal para entregárselas este sábado en su visita.
En nombre de la comunidad indígena de Amealco de Bonfil pidió crear la Dirección de Educación Indígena del Estado de Querétaro y crear también una universidad intercultural.
“Exigimos acceso sin discriminación a las universidades y escuelas normales, donde se incluya material educativo con perspectiva indígena”.
En materia de salud, solicitó la construcción de un hospital regional de especialidades y en las comunidades clínicas, que haya medicamentos, médicos, ambulancias.
“Queremos también que en el esquema de salud se incluya nuestra medicina tradicional”, expuso el representante indígena.
En cuanto a seguridad, Sánchez Vicente solicitó el fortalecimiento de la Policía Municipal de Amealco de Bonfil y mayor presencia de la Guardia Nacional.
La comunidad indígena de Amealco ofreció su mano de obra para construir puentes y caminos que requieren las comunidades indígenas de este municipio del estado de Querétaro.
Fuente e Imagen: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/02/08/pueblo-otomi-queretaro-piden-educacion-salud-seguridad-a-amlo.html
No se trata de las resistencias y desajustes que inevitablemente genera un proceso profundo de transformación, lo que ahora comenzamos a vivir como protestas y conflictos en la educación básica y superior es la reaparición de problemáticas del pasado, irresueltas y agravadas. En educación, el cambio apenas rasguñó la recia corteza neoliberal y corporativa de la SEP y de las escuelas y universidades. En contraste, baste ver lo que hoy ocurre en el terreno de la salud pública. Ahí hay una propuesta radical, se ha establecido el derecho para todos, pleno y gratuito; innovadora, además, puesto que se aleja de la concepción decimonónica que confunde salud con curación, y se pronuncia por la promoción de la salud; el paso de los grandes sistemas hospitalarios a los esfuerzos locales de salud-promoción a cargo de equipos (promotor de salud, enfermero, médico) a escala de comunidad o barrio, que consolidan el paso de la salud individual a la colectiva. Una propuesta completa que incluye una nueva definición del trabajo –promoción local– y un planteamiento laboral que incluye una basificación generalizada y, con eso, –comunidad-empleo–, hace posible la creación de un enorme soporte social que, si incluye rasgos fuertes de democracia, puede enraizarse profundamente y garantizar su permanencia. Y, finalmente, todo esto no como salida a un conflicto puntual, sino por la pura fuerza de la convicción de cambio labrada por años de acumulación de taras institucionales, el reconocimiento del abuso laboral al personal de salud y el fracaso e inoperancia del viejo esquema de atención.
En educación, en cambio, el actual gobierno se mantiene y nos mantiene a todos, en otra dimensión, una realidad alterada. Para empezar, hoy no se reconoce el derecho pleno a la educación y la gratuidad. Y en la propuesta de Ley General de Educación Superior (LGES,Oct. 2019) se dice que quiere volver legal esa situación, al sostener que el “Estado garantizará el derecho de toda persona… a tener la posibilidad de recibir educación”. De esta manera la educación 4T queda por debajo del planteamiento del neoliberal gobierno de Salinas que en 1993 incluyó en la Constitución que todo individuo tiene derecho a recibir educación, y esa frase todavía constitucional no se retoma como base en la propuesta de ley. Peor aún, se establece que serán las instituciones (es decir las autoridades colegiadas o individuales) las que determinen “los requisitos de admisión…” Lo que significa poner el derecho a la educación en manos de instancias que una y otra vez han aplicado restricciones a la matrícula, exámenes del Ceneval, cuotas y condiciones restrictivas para la permanencia. Y significa hacer a un lado la normatividad que ya existe y se aplica para el acceso a las instituciones de los niveles superiores.
Por todo lo anterior, una educación llena de contradicciones y conflictos, sin utopías, con escasos procesos organizativos propios y democráticos, y, peor aún, conducida por actores que claramente no están pensando en cambiar radicalmente de visión y de esquema, sino en mantener lo más posible –así sea generando conflictos entre maestros– las realidades de proyectos del pasado. Es lo que explica la pobreza de miras de los cambios constitucionales y legales, y lo concreto y básico de sus luchas. En todos los niveles. Como la lucha de los estudiantes en 1999-2000 por la gratuidad, un congreso universitario, la permanencia, el rechazo al Ceneval, y de unos años para acá la lucha de las mujeres. Y la lucha de maestros y maestras (CNTE) a partir de 2012 contra una reforma profundamente autoritaria y agresiva, y también, la demanda airada de las y los trabajadores de la UAM que el año pasado mantuvieron una larga huelga y que ayer decidían si iniciar otra por la misma causa: la redistribución del presupuesto universitario para acabar con una enorme diferenciación salarial (una distancia de 20 veces entre el ingreso más bajo y el más alto, cuando antes de la era neoliberal era de seis).
Estos son los efectos de cambios constitucionales y legales que desde 1980 han creado procedimientos que garantizan la menor participación posible de estudiantes y trabajadores organizados y que fortalecen a las autoridades. Se propician distorsiones, corrupción y fuertes conflictos al interior de las instituciones. Habría que apostarle a un proyecto educativo de gran calado para la educación en conjunto –básica y superior–, que incluya, además del derecho pleno a la educación y la gratuidad inmediata, estabilidad laboral, salarios dignos para todos y la creación de espacios de participación democrática amplia de estudiantes y trabajadores universitarios organizados. De otra manera, la educación, una vez más, quedará rezagada y convertida en inoperante por el clima de autoritarismo y la reiterada necesidad de resistir.
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