Ciudad de México. Escritores y académicos acudieron al plantón de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que mantienen en la Plaza de la Ciudadela, donde se pronunciaron en apoyo del movimiento magisterial que desde hace tres años se ha movilizado en contra de la reforma educativa.
Acompañados por el escritor Paco Ignacio Taibo II, profesores disidentes señalaron que “está es una muestra más de que se han sumado a esta demanda de diálogo, no sólo educadores de diversos estados, padres de familia y alumnos, también organizaciones sociales, sindicales, así como intelectuales, académicos y escritores”, afirmó Francisco Bravo, ex secretario general de la sección 9 de la Ciudad de México.
Por su parte, el autor de Pancho Villa: una biografía narrativa, señaló que el gobierno tiene una “cerrazón brutal. Han tropezado contra una pared y no se dan cuenta que lanzan una reforma educativa que por más que la revises no tiene nada de educativa, es una reforma burocontroladora y represiva, que además va a crear instrumentos y aparatos que van a crear gasto burocrático”.
Agregó que los maestros disidentes “no están solos” y rechazó que, como afirma la administración federal, “no es una minoría. Eso es una broma, cuando el movimiento crece por todos lados, a pesar de la represión”.
Por ello, anunció que ante la creciente “represión” contra el magisterio, la “intensión es crear una asamblea de intelectuales de apoyo al magisterio”, pues enfatizó que el Estado mexicano “hoy es incapaz de dialogar. Sólo sabe dos cosas: leyes antipopulares y medidas represivas”. Y recordó que un país que “no protege a sus maestros, no merece la pena que se llame así”.
Previo al encuentro entre escritores y docentes, Bravo destacó que el magisterio disidente también ha reunido el apoyo de destacados intelectuales, entre ellos del ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pablo González Casanova, quienes suscribieron una carta para solicitar al gobierno federal que se abra el diálogo con los educadores disidentes.
La infraestructura es fundamental para el desarrollo y la prosperidad de un país: facilita la actividad económica al fomentar la productividad, la competitividad y el comercio interno y transfronterizo de un país. Pero en América Latina y el Caribe, el nivel y la calidad de la infraestructura son inadecuados, y se ha determinado que son uno de los principales obstáculos para el desarrollo, a pesar de que la red de infraestructura de la región ha experimentado algunas mejoras en la última década.
En nuestro informe regional más reciente se examina el estado de la infraestructura en América Latina y el Caribe y se señalan aspectos clave de las redes de infraestructura en los que podrían introducirse mejoras.
¿Cuál es la situación en la región?
El crecimiento económico y la inversión en infraestructura se refuerzan mutuamente. Por un lado, el crecimiento ayuda a generar los recursos necesarios para financiar la inversión en infraestructura e impulsa la demanda de mejores servicios de infraestructura, mientras que por el otro lado, las mejoras infraestructurales incentivan la actividad económica y estimulan el potencial productivo de un país a lo largo del tiempo. No sorprende entonces que exista una relación positiva entre la calidad de la infraestructura y los niveles de ingreso en los diferentes países (véase el gráfico 1). Pero como se observa en el gráfico, las calificaciones de muchos países de América Latina y el Caribe en materia de calidad de la infraestructura son más bajas de lo que cabría esperar dado su nivel de desarrollo (medido en función del ingreso per cápita relativo). De hecho, la infraestructura de los países de América Latina y el Caribe es de menor calidad que la de países de otras regiones con niveles de ingreso semejantes. Esta brecha es más notoria cuando se la compara con las economías avanzadas.
Nuestro estudio asimismo revela que muchos países de la región tienen redes de infraestructura muy deficientes en comparación con las de sus rivales exportadores (véase el cuadro 2). En la actual coyuntura de débil demanda externa, la pérdida de competitividad atribuible a la calidad de la infraestructura física ha significado un lastre considerable para el crecimiento. Esto pone de manifiesto la necesidad de realizar esfuerzos más concertados para mejorar la calidad de la infraestructura en la región.
Mejorar las instituciones
Los gobiernos cumplen una función importante a la hora de promover la inversión en infraestructura. Pero la gestión de la inversión pública en infraestructura puede presentar desafíos. Los economistas en general coinciden en que hay varios factores que inciden en el nivel, la composición y el impacto de la inversión en infraestructura en la economía, como por ejemplo los mecanismos jurídicos, institucionales y de procedimiento de gestión de la inversión pública. Por esta razón, el FMI ha formulado un marco para evaluar en términos amplios la gestión de la inversión pública. Esta herramienta de evaluación tiene en cuenta las prácticas y los marcos sobre los que se asienta todo el proceso de inversión, y ayuda a identificar ámbitos en los que podrían efectuarse mejoras.
En el caso de América Latina y el Caribe, el marco muestra que en general en la región existen instituciones nacionales y sectoriales de planificación (véase el gráfico 3). Pero en todos los otros aspectos del proceso de inversión pública se observan atributos clave que podrían ser mejorados, sobre todo si se los compara con los de los de las economías avanzadas. Algo que llama la atención es que los resultados de la región son mejores que los de otros mercados emergentes en lo que se refiere a la transparencia en la evaluación, ejecución y gestión de los proyectos. Pero los resultados de la región dejan mucho que desear en términos de disponibilidad de financiamiento y el uso de marcos presupuestarios plurianuales. También es necesario proteger mejor la inversión en infraestructura y mantener el capital en infraestructura existente a lo largo del ciclo económico para preservar de mejor manera la calidad de la infraestructura. Pero aun así, hay algunos países de la región que se destacan por sus resultados relativamente buenos en estas dimensiones (por ejemplo, México por la disponibilidad de financiamiento y Colombia por su proceso presupuestario plurianual).
Más allá de los fondos públicos
El cierre de las brechas de infraestructura no es solo un tema de recursos públicos. Según el análisis detallado que se presenta en el informe, el sector privado ha estado desempeñando un papel cada vez más importante en el suministro de infraestructura, y la política pública puede apuntar a catalizar y apoyar la inversión privada en infraestructura. Se debe alentar la participación del sector privado, por ejemplo, mejorando los marcos regulatorios, facilitando estructuras económicamente sólidas para el cobro de derechos de uso y garantizando la protección adecuada de los contratos. Las asociaciones público-privadas también deben ser una opción si permiten lograr mejoras de eficiencia, pero es fundamental garantizar la gestión activa y el registro transparente de los riesgos a los que están expuestos los presupuestos públicos.
El desarrollo de mercados financieros profundos para bonos de infraestructura y otros mecanismos innovadores de financiamiento también puede facilitar la movilización de recursos para proyectos y al mismo tiempo moderar el riesgo cambiario. Varios países han logrado avances importantes en estos aspectos (por ejemplo, Brasil), y constituyen ejemplos útiles para la región en general.
Si la región de América Latina y el Caribe no continúa mejorando las redes de infraestructura, existe el riesgo de que las deficiencias infraestructurales menoscaben cada vez más el crecimiento y las perspectivas de desarrollo de la región. El fortalecimiento de los procesos y las prácticas de gestión de la inversión pública es importante para garantizar que el dinero de los contribuyentes sea aprovechado de forma eficaz, y la regulación inteligente puede potenciar al máximo la capacidad del sector privado para contribuir al desarrollo de la infraestructura.
“Yo me presenté como candidata y gané; conseguí vencer al miedo de asumir una conducta de candidata”, explica Lucía del Socorro Basante, abogada de 60 años, y única mujer concejal del Concejo de Pasto, en el Departamento [estado] de Nariño, en la zona costera al sur-oeste de Colombia.
Lucía del Socorro Basante en su oficina en Pasto, Nariño. Foto cortesía de la Sra. Socorro Basante
Fue elegida en las elecciones locales de octubre de 2015, tras obtener la diplomatura en Liderazgo Político con Perspectiva de Género impulsado por ONU Mujeres.
Las anteriores elecciones locales celebradas en 2011 habían puesto de manifiesto una representación muy desigual: Nariño tuvo el segundo porcentaje más bajo de candidaturas de mujeres a alcaldías en el país (18 de las 195), estuvo entre los departamentos del país con menos concejalas electas (88 de las 702) y se ubicó entre las asambleas con más baja participación femenina (1 de 13 miembros de la Asamblea).
Para revertir esta situación, ONU Mujeres con el apoyo de la Cooperación Española, puso en marcha en 2015 el proyecto “En Nariño: Más Mujeres, Más Democracia” [1], con el objetivo de fortalecer la participación político-electoral de las mujeres del departamento, especialmente en tres de sus municipios (Pasto, Ipiales y Tumaco), para aumentar su representación al interior de partidos y movimientos políticos locales y regionales en condiciones de igualdad.
“El proyecto nos permitió conocer la realidad objetiva de la participación de las mujeres en política local, a través de cifras y estadísticas; pero lo verdaderamente estratégico fue conocer la trama en la que se sustenta la realidad”, continúa la Sra. del Socorro.
Unas 150 personas —80 por ciento de ellas mujeres— mejoraron sus capacidades para la participación político-electoral en las elecciones de octubre de 2015 luego de dos meses de cursos de formación de candidatas, obteniendo al final un diplomado en Liderazgo Político con Perspectiva de Género.
“Muchas mujeres asistieron al curso de diplomatura para tener más conocimiento pero no tenían intención de ser candidatas”, explica Amanda Montenegro, diplomada. “Mira el ejemplo de nuestra concejala: que me iba a acompañar… Y decía que ella no se veía como candidata y cuando finaliza el diplomado, sorpresa para todas que se lanzó de candidata”.
El proyecto también apuntó a la formación de las estructuras de partido, explica Yuri René Rosero, Secretario Nacional de uno de los principales partidos del país. “Para promover nuevos liderazgos hace falta formación, que cuesta dinero y los partidos de ámbito regional no reciben las subvenciones con las que cuentan los partidos de ámbito nacional”, explica el Sr. Rosero, que participó en calidad de dirigente en numerosas actividades.
La participación de los compañeros de partido es fundamental para incidir en el cambio social, concuerda Anaydu Arteaga, ex candidata al Concejo de Pasto. “Inclusive en el lenguaje, si ellos están entre mujeres tienen que empezar a hablar de ‘las y los’ —eso es importante. Al principio yo no lo entendía, yo decía que habían cosas mucho más importantes que nos debían indignar— más allá que no nos reconozcan con el lenguaje. Pero luego entendí que si no partimos de eso que es lo más simple, menos vamos a llegar a lo más contundente y lo más grueso”.
Las mujeres electas se reunieron para una Cumbre Nariñense de Nuevas Autoridades Locales, realizada el 16 y 17 de diciembre de 2015 en Pasto. Foto cortesía del Fondo Mixto de Cultura.
A través del país, fueron electas 5 gobernadoras (aumentando las mandatarias regionales del 9,38 por ciento en 2011 al 15,6 por ciento en 2015) así como 70 diputadas, 134 alcaldesas y 2.127 concejalas.
El proyecto también contribuyó a generar información estadística sobre la situación de las mujeres en política, identificando los factores que posibilitan y dificultan su liderazgo y representación para fomentar una mayor participación en las elecciones de 2015. Para ello se elaboraron censos y campañas de información pública y sensibilización para promover cambios de actitudes discriminatorias entre votantes y estructuras políticas.
“Es importante generar estrategias que permitan que en las próximas elecciones se eliminen las barreras que históricamente han impedido la plena participación política de las mujeres en Colombia”, asevera Belén Sanz, Representante de ONU Mujeres en Colombia. “Los cambios no se van a dar por sí solos: es necesario establecer reglas de juego y medidas concretas que promuevan el cambio”.
Agrega que datos recogidos para la revisión de Beijing+20pusieron de manifiesto lo lento e irregular que ha sido el progreso en Colombia, ya que para llegar al 49,4% en los Concejos, si siguiéramos al ritmo que vamos, tendríamos que esperar hasta el año 2075, y para llegar al 50,3% en las Asambleas hasta el 2263.
Para acelerar aún más los esfuerzos en este ámbito y otros, en septiembre de 2015, Colombia se unió a la iniciativa “Demos el paso: Por un planeta 50-50 en 2030” de ONU Mujeres, comprometiéndose a acciones concretas para “Fortalecer los mecanismos de representación democrática y participación electoral, e incrementar la plena y efectiva participación de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de decisiones en la vida política, económica y pública”.
Este proyecto es financiado a través de financiamiento básico de ONU Mujeres y del Gobierno de España.
Notas
[1] Implementado por ONU Mujeres con el apoyo de la Cooperación Española, el proyecto busca avanzar en la promoción efectiva del liderazgo y representación política de las mujeres en el Departamento de Nariño. Se articuló con la Alianza por la Transparencia y la Calidad de la Democracia “Nariño Decide”, cuya secretaria técnica está a cargo de PNUD, y se trabajó de forma articulada con entidades públicas como la Secretaria de Género e Inclusión Social de la Gobernación.
– See more at: http://www.unwomen.org/es/news/stories/2016/6/in-colombia-training-ushers-more-women-into-politics#sthash.ibPy8thZ.dpuf
National school feeding programs have contributed to higher primary school enrollment and retention in Sub-Saharan African countries, and created jobs within the communities they serve, according to newly-released analysis of global school feeding programs.
Produced in response to demand from governments and development partners, The Global School Feeding Sourcebook: Lessons from 14 Countries, analyzes a range of government-led school feeding programs to provide decision-makers and practitioners worldwide with the knowledge, evidence and good practices needed to bolster their national school feeding efforts. With case studies from countries including Botswana, Cabo Verde, Cote d’Ivoire, Ghana, Kenya, Mali, Namibia, Nigeria and South Africa, the Sourcebook highlights the tradeoffs associated with alternative school feeding models, and analyzes overarching themes, trends and challenges across them.
According to the analysis, the strongest and most sustainable programs are those that respond to a community need, are locally-owned and incorporate some form of parental or community involvement. In Namibia, communities are expected to provide fuel, cooking utensils and storerooms. In Mali, school feeding programs have put schools at the heart of local development by promoting locally-owned meal programs. In Ghana, the government uses a digital school meals planner to develop nutritionally balanced school meals using local ingredients.
With school feeding’s proven ability to improve the health and education of children while supporting local and national economies and food security, school feeding programs exist in almost every country in the world for which there is data, for a total annual global investment of $75 billion. This provides an estimated 368 million children worldwide with a meal at school daily. However, too often, such programs are weakest in countries where there is the most need.
In a joint foreword, World Bank Group President Dr. Jim Yong Kim and World Food Programme Executive Director Ertharin Cousin said the research showed how school meals programs help to get children into the classroom and keep them there, “contributing to their learning by avoiding hunger and advancing cognitive abilities.”
“Today, national school feeding programmes are increasingly embedded in national policy on poverty elimination, social protection, education and nutrition,” they added.
Lesley Drake,Imperial College London’s Partnership for Child Development’s executive director and lead editor of the report said, “The overall message from this research is that there is no ‘one size fits all’ for school feeding and there are many routes to success. Context is key. This sourcebook will act as valuable tool for governments to enable them to make evidenced-based decisions that will improve the effectiveness of their school feeding programs.”
The Sourcebook follows Rethinking School Feeding (WB, 2009) and The State of School Feeding Worldwide (WFP, 2013) as the third in a trilogy of agenda defining analyses produced by the World Bank, World Food Programme and Imperial College London’s Partnership for Child Development (PCD) global partnership, which have shaped the way in which governments and donors alike approach school feeding.
“Helping countries to apply this knowledge [in this Sourcebook] to strengthen national school feeding programs will contribute to reducing the vulnerability of the poorest, giving all children a chance for an education and a bright future and eliminating poverty,” saidKim and Cousin.
En mi artículo de la semana pasada me preguntaba sobre si sería importante blindar la reforma educativa y, tras señalar que la idea de defenderla y buscar mecanismos para sostenerla sólo interesa si pensamos que esa reforma tiene elementos que vale la pena sostener, me concentré en las (muy importantes) amenazas externas que dicha reforma enfrenta de cara a las elecciones y el cambio de gobierno del 2018.
Para discutir en serio este asunto, conviene, sin embargo, reparar en el hecho de que la perdurabilidad de la reforma no sólo depende de amenazas externas, sino también de qué tan fuerte o débil es la reforma internamente para enfrentarlas. Dicho de otra manera, el grado de amenaza al que se ve sometida la sustentabilidad la reforma educativa depende tanto de factores externos (presencia y fuerza de factores o actores interesados en echarla abajo o de no prestarle la atención suficiente para que persista) como de factores internos (diseño e implementación) a la propia reforma.
Me explico:
Frente a una tormenta, por ejemplo, no da igual para la capacidad de respuesta y del nivel de daño, la calidad de la construcción del inmueble afectado. Tampoco da lo mismo si existen o no sistemas de alerta temprana, o la naturaleza y operatividad efectiva de los arreglos (formales o informales) que definen responsabilidades y formas de coordinación de los agentes a cargo de la gestión del inmueble o de la respuesta colectiva en caso de emergencias. En suma, un inmueble mal construido y una comunidad poco organizada serán más vulnerables frente a una disrupción exógena (no controlable) que una edificación más sólida y un grupo de personas mejor organizadas para lidiar con la ocurrencia de un desastre.
En el caso de la reforma educativa, detecto dos debilidades críticas de carácter interno que pudieran dificultar su perdurabilidad en el tiempo.
Ello, básicamente, pues exacerban su vulnerabilidad frente a posibles amenazas externas. Primero, el asunto relativo a la gobernanza y conducción tanto del propio proceso de reforma como del nuevo sistema educativo que busca producir esta. Segundo, los problemas y fallas en la implementación de las transformaciones concretas que, en conjunto, integran la reforma.
En materia de gobernanza, tanto sobre la transformación mandatada por la reforma como sobre el nuevo sistema que aspira a construir esta, identifico dos áreas de vulnerabilidad principales: la tensión y falta de claridad suficiente en lo tocante a la distribución de responsabilidades entre la SEP y el INEE, por un lado, y, por otro: confusión, falta de precisión, déficits en exigibilidad (enforcement) y jaloneos en lo que se refiere a los ámbitos de responsabilidad y capacidades concretas, respectivamente, del gobierno federal y los gobiernos subnacionales.
El gran demonio de cualquier cambio o iniciativa de política pública es la instrumentación. En el caso mexicano, ese demonio ha sido, una y otra vez, el enterrador más frecuente de muchos intentos –más o menos certeros– de impulsar transformaciones en muy diversos ámbitos de la vida nacional a través de nuevas acciones de gobierno y/o de modificaciones a normas o instituciones.
Los retos planteados para la instrumentación de una reforma educativa como la iniciada en 2013 son de sí enormes. Ello, por la multitud y diversidad de actores involucrados en hacerla realidad, por los importantes márgenes de discrecionalidad de los que disponen y requieren para ello dichos actores, así como por el tiempo (considerable) y el esfuerzo sostenido requeridos para hacer realidad los cambios propuestos.
A esa complejidad mayúscula de base, sin embargo, hay que sumarle ingredientes adicionales sobre cuya presencia o magnitud han tenido mayor control sus arquitectos. Entre otros: las fallas o lagunas en algunos aspectos de su diseño, mismas que dificultan su aplicación en términos técnicos; la sobrecarga burocrática producida por el alud acumulativo de iniciativas y programas en un muy breve espacio de tiempo; las tensiones e inconsistencias en el tiempo entre su aplicación strictu sensu y la necesidad de hacer pausas o excepciones para administrar presiones políticas; y la incapacidad de la reforma para generar ganadores claros y suficientes como para contrapesar a sus muchos perdedores.
De todo ello, lo que resulta es una reforma educativa que se asemeja a un edificio frágil. Frágil, no sólo por el largo trecho por recorrer para terminar su construcción, sino frágil, también, por los diversos huecos y vulnerabilidades (evitables y, quizá, todavía, remediables) frente a los posibles vendavales del 2018.
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