América del norte/México/17 Enero 2019/Fuente: El sol de México
Asimismo, consideró importante la permanencia del INNE como un organismo autónomo que señale logros y retos del Sistema Educativo
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) acompañará al gobierno de México en la redefinición de sus prioridades en materia de educación, aseguró la directora de ese organismo internacional, Gabriela Ramos.
En entrevista con Notimex, expuso que la OCDE observa con optimismo la apertura del gobierno federal, en particular de las autoridades de Educación, en torno a las recomendaciones que lleva a cabo para mejorar el Sistema Educativo Nacional.
La funcionaria de la OCDE enfatizó que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, pidió a la organización que lo acompañara en esta nueva etapa de redefiniciones en materia educativa.
«Y por supuesto que lo vamos a hacer, porque para nosotros México es miembro de la OCDE, independientemente del gobierno que lo represente. Ellos son los que definen sus prioridades y eso no lo vamos a debatir»
Indicó que el diálogo con la SEP es a nivel técnico y la OCDE deberá ajustarse a esas prioridades, “y ser muy honesta al decir al gobierno lo que observamos en el Sistema Educativo. Ese el tipo de discusión que tenemos con las nuevas autoridades”.
De acuerdo con Gabriela Ramos, la comunicación con Moctezuma Barragán “ha sido muy positiva, con mucha claridad respecto de los retos que compartimos. Esta apertura y debate basado en la evidencia para nosotros es lo más importante”.
En ese contexto, consideró importante la permanencia del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INNE) como un organismo autónomo que señale los logros y retos del Sistema Educativo mexicano.
También se refirió a la derogación de la reforma educativa, en donde participó la OCDE y estimó que seguramente permanecerán algunos elementos.
«En nuestra experiencia no es posible ni factible eliminar todas las estructuras y volver a empezar de cero porque nos paralizaríamos. Mientras se preserven los buenos elementos del sistema, no de un sexenio, sino de toda la construcción del Sistema Educativo Mexicano, pues a seguir trabajando»
A propósito de los dos estudios que presentó este viernes la OCDE a la SEP en materia de educación superior, denominados “El futuro de la Educación en México” y “Educación Superior en México”, Gabriela Ramos expuso que el sistema del nivel educativo se ha desarrollado casi de una forma reactiva.
Es decir, con base en la demanda, en la presión de los perfiles demográficos que conllevan a un nivel educativo medio y medio superior a crecer a pasos agigantados, lo que implica la creación de múltiples universidades.
Indicó que esta reacción se registra en los 13 subsistemas que conviven en el Sistema Educativo Nacional, pero donde cada uno responde de la manera como mejor puede.
«Lo que se requiere es una estrategia común que permita conectar esos subsistemas, eliminar la fragmentación e impulsar la calidad; además de crear un sistema de información que conecte a las universidades con el mercado laboral»
Lo anterior, porque hay falta de señales del mercado laboral para que los estudiantes se dirijan a las disciplinas que se están demandando. “Una de las tragedias es que tienes incremento en la matrícula, pero al mismo tiempo los empresarios dicen que no encuentran las capacidades que necesitan, no encuentran los perfiles”, externó.
Para Gabriela Ramos es vital superar esa problemática para involucrar más al sector privado en la discusión.
“La definición de la política educativa es del Estado, pero necesitamos que los empresarios se involucren, además de la necesidad de crear un sistema de información del tipo de trabajos que se están creando y conectarlo con las universidades”, detalló.
Consideró necesario capacitar a funcionarios y maestros encargados de la orientación vocacional para garantizar que los chicos que llegan a educación superior tengan la posibilidad de encontrar un trabajo.
Al respecto, la directiva de la OCDE recordó que en el mundo hay una revolución tecnológica basada en el conocimiento. “En la medida en que preparemos a los mexicanos a manejar ese conocimiento van a estar preparados, no sólo para aprovechar la revolución tecnológica, sino también para influir en ella”, aseguró.
En su opinión, México necesita una visión estratégica en un mundo que cambia vertiginosamente, es decir, formar individuos que a lo largo de su vida puedan cambiar de disciplina sin problemas, “porque lo que se aprende ahora no será garantía de un ciclo de vida largo”.
Destacó que de acuerdo con un estudio de la propia OCDE, los trabajos tienden a desaparecer porque las ocupaciones más automatizables son aquellas que requieren de poco nivel educativo.
Mientras que las actividades que actualmente demandan títulos profesionales, entrenamiento y capacitación continua serán menos susceptibles a la automatización, pero cambiarán su manera de aplicarse; “es la visión de los sistemas más avanzados”.
Por esa razón, la OCDE sugiere que las políticas educativas impulsen a adultos a prepararse continuamente para lograr que se adapten eficazmente a los nuevos requerimientos laborales, de lo contrario podrían crecer las tasas de desempleo.
Sostuvo que para dicha preparación, México requiere enfrentar, entre otros retos, ampliación de financiamiento e inversión privada y estatal, ya que México gasta nueve mil dólares por estudiante en educación superior, cuando debería gasta el doble o el triple.
Estados Unidos gasta 26 mil dólares por estudiante de ese nivel y los países europeos 20 mil; aunque aclaró que también es importante el cómo se gasta ese recurso.
«El financiamiento en México para estudiantes de educación superior se ha reducido, además, es necesario distribuir mejor esos recursos, porque actualmente se hace de forma poco transparente. Hay universidades regionales que tienen una diferencia de gasto hasta de cinco veces más, entre una y otra»
Eso implica que las asignaciones no se hacen con visión estratégica, sino que son resultado de negociaciones, por lo que recomendamos tener un mecanismo transparente para la asignación, con base en una investigación profunda.
La funcionaria aclaró que la inyección de capital no garantiza calidad; “el aprendizaje está en el centro de todos los temas. Entones hay que reclutar a los mejores maestros.
“Eso es fundamental, y esperamos que en México eso permanezca: apoyarlos en su formación profesional, reducir su carga administrativa y premiar a los buenos, que son la mayoría. El reconocimiento a un maestro lo empodera y eso se tiene que exponenciar”, puntualizó.
México vivirá una etapa distinta en su sistema educativo, con un discurso transformador, pero perfiles difusos en la caracterización de lo que denominan la “nueva escuela mexicana”.
En su tercera campaña por la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) tomó a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto como uno de sus principales focos de cuestionamiento. Prometió que suprimiría lo que reiteradamente calificó como “mal llamada reforma educativa”. Con ese discurso acercó posiciones con el sector más radicalizado del magisterio, agrupado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE); con un grupo numeroso de académicos críticos con el gobierno priista (del Partido Revolucionario Institucional), y con Elba Esther Gordillo, antigua y poderosa dirigente de la organización gremial más numerosa de Latinoamérica, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encarcelada apenas proclamarse la reforma, ahora libre. Por ello, al firmar la iniciativa entregada en los primeros días de diciembre al Congreso de la Unión, aseguró que cumplía su palabra.
La iniciativa será discutida en febrero en las cámaras de senadores y diputados, y luego, de aprobarse, deberá autorizarse por un mínimo de 17 de 32 congresos de los estados del país, para proceder a la reforma constitucional.
El origen
La iniciativa turnada para discusión tiene bases visibles, además de la promesa electoral: la consulta nacional, autocalificada como sin precedentes, con la cual recogieron más de un millón de “propuestas” (textos brevísimos que debían leerse en 3 minutos frente a 600 o más de 1000 personas en foros organizados en las universidades públicas estatales); la narrativa para colocar punto final y comenzar otro capítulo de la historia, ejemplificado en la declaración del coordinador de los diputados del partido gobernante, quien afirmó que, de la anterior reforma, “no quedaría ni una coma”, al mismo tiempo que se realizaban los foros de consulta y se recogían las expresiones sociales.
El contenido
La iniciativa de AMLO, concebida como “proyecto alterno”, ha sido aplaudida por preponderar el interés superior de niños y jóvenes. También, por el reconocimiento al magisterio y la necesidad de su revalorización (pretensión que ya estaba en el Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica, signado a principios de la década de 1990 entre el PRI y el SNTE de Elba Esther Gordillo), así como un sistema de formación continua (contenido en la reforma en extinción, aunque débilmente articulado).
Una novedad y gran desafío: postula que la enseñanza superior será gratuita y obligatoria, para lo cual, se crearán 100 universidades pequeñas dentro de una red en ciudades medianas y donde no exista oferta universitaria; así como un amplio programa de becas a todos los estudiantes de educación media superior (15-17 años).
La pretensión de reforzar la enseñanza superior contrastó con el amago de desaparecer la educación inicial (0-3 años). Se contradice con el Presupuesto de Egresos entregada a la Cámara de Diputados el 15 de diciembre, documento que contiene el proyecto de gastos para 2019, en el cual sufrieron inicialmente recortes las grandes universidades nacionales (UNAM, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Pedagógica Nacional e Instituto Politécnico Nacional), así como las universidades públicas estatales, que de inmediato expresaron su desacuerdo a través del órgano que las agrupa, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ante quienes AMLO había prometido no afectar presupuestos. Por la presión mediática e institucional, el gobierno reculó y les otorgó el mismo presupuesto que 2018, aunque con los efectos inflacionarios disminuirá en términos reales.
Fue el segundo desencuentro del nuevo gobierno con las universidades. El primero, el 12 de diciembre, cuando la iniciativa suprimía de la Constitución general el apartado que consagra la autonomía universitaria, larga conquista que ni los gobiernos más autoritarios se atrevieron a tocar por el enorme poder de movilización y conflictividad que les representaría un enfrentamiento con los universitarios. Ante el hecho, el gobierno rectificó y minimizó señalándolo como una errata.
Otra decisión que despertó polémica es la eliminación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), creado en 2002, y al que la reforma anterior concedió autonomía para desligarlo de la órbita de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y convertirlo en una entidad independiente en la evaluación de componentes, procesos y resultados del sistema educativo. En su lugar, se crearía una instancia subordinada a la SEP, lo que analistas políticos y educativos equiparan a que sea el gobierno quien organice y califique las elecciones. A pesar de sus aportes innegables en distintos campos (producción de información sólida, evaluaciones de estudiantes y condiciones, elaboración de indicadores y reportes, recomendaciones de política, entre otros), al INEE se le achacan, imprecisamente, las dificultades derivadas de la evaluación docente y su “carácter punitivo”.
Palabras finales
México vivirá una etapa distinta en su sistema educativo, con un discurso transformador, pero perfiles difusos en la caracterización de lo que denominan la “nueva escuela mexicana”, combinación de propuestas del pasado que dicen erradicar e intenciones retóricas vagas, con otros tantos lugares comunes, aderezados con desatinos como la afirmación del secretario de Educación, admitiendo que ahora no solo será válido sino que se deberá “copiar” en los exámenes; y lo más delicado, un presupuesto para 2019 que contradice las promesas de revalorar al magisterio y apostar a su formación, con recursos financieros recortados. Una nueva era plagada de buenas intenciones discursivas que pronto se convertirán en hechos o contradicciones.
México / 13 de enero de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias
La semana pasada comenté en este mismo espacio que “se observa un proceso de transición generacional en la orientación y el rumbo de las políticas públicas educativas en México, y que esto se da a través de un movimiento que va del “Reformismo Conservador” (registrado durante el periodo 2000-2018) al “Reformismo Progresista (Moderado)”, que inicia en estas fechas: 2018-2019…” Así mismo, afirmé que “…Si en verdad se concreta un cambio de régimen político, “de raíz”, entonces estas etiquetas cobrarán sentido…”, sobre todo si eso que se proyecta en la retórica política, llega a las aulas. (ver: “Educación: Del Reformismo Conservador al Reformismo Progresista”, SDP Noticias, 3 de enero, 2019).
Al hacer la caracterización esquemática del discurso del Reformismo Conservador en la Educación, dije que “…Dos ingredientes adicionales (y no menos interesantes), que se han sumado a la tendencia ideológica del “Reformismo Conservador” en la educación pública durante las últimas tres décadas (en México y en el mundo), tienen que ver con la apropiación de modelos gerencialistas en la gestión educativa y, más específicamente, en la gestión de los conocimientos y los aprendizajes, por una parte. Y la implantación de esquemas evaluadores y de búsqueda de la “calidad”, por otra.”; y que ello se ha introducido en el discurso (y en las prácticas educativas) no para romper con ningún paradigma, sino a efecto de mantener el estado social de cosas. Sin embargo, las fronteras aún siguen sin percibirse claramente, al menos en el terreno de las ideas. Me explico: En uno y otro caso (tanto para el Reformismo Conservador como para el Reformismo Progresista, moderado), existen conceptos comunes o compartidos (aunque con intenciones diferentes), que ponen en evidencia contradicciones o inconsistencias discursivas; es decir, aparece aquí una suerte de agotamiento de los contenidos y de los argumentos mismos que se esgrimen para defender dichos contenidos a favor de una u otra posición “reformista”. ¿Cuáles son los contenidos específicos que utilizan los ideólogos en el poder para definir el concepto de “calidad” de la educación? Si la “calidad” de la educación no se cumple con la cobertura (que significa “lograr que los niños, las niñas y los jóvenes cuenten con escuela”) entonces ¿la “calidad” de la educación se reduce al logro de los “aprendizajes escolares” duros o claves (en Matemáticas y Comprensión de Lectura)? ¿Qué hay detrás del concepto de “equidad” educativa”? ¿La “calidad”, la “mejora continua” o la “excelencia” de la educación, son conceptos ideológicamente neutrales?
En un artículo publicado en el año 2000, la investigadora española Ma. del Mar Rodríguez Romero advirtió acerca de la crisis que se asomaba, desde entonces, en la estructura interna de los discursos sobre las “representaciones del cambio educativo” (1), cuyo concepto central (el “cambio”) se ubicaba como la idea justificadora de las iniciativas “reformistas”. En su oportunidad, Rodríguez Romero revisa “los límites conceptuales que las metáforas dominantes del cambio educativo nos imponen y su íntima vinculación con las representaciones del cambio educativo…” Específicamente ella analiza “…dos representaciones predominantes. Una representación (que) captura el cambio educativo en movimiento y se sirve de nociones como ciclos, olas, tendencias y rupturas. Y otra (que) expresa la relación entre estabilidad y cambio, y pone de manifiesto su naturaleza paradójica, declarando su compromiso con la transformación, pero sin traspasar las fronteras del status quo.”
Para decirlo en palabras coloquiales, ambas expresiones del reformismo educativo no buscan “romper paradigmas”, sino producir cambios “graduales”, en el sentido de que no luchan por desmantelar las estructuras económicas, culturales y políticas, sino, en todo caso, su transformación gradual. Sólo que una expresión piensa a la Reforma Educativa en términos del cambio en “movimiento” (que incluye, no obstante, la posibilidad de la ruptura), mientras que la otra visualiza a la Reforma Educativa como un proceso que alterna periodos de “estabilidad y cambio”.
En este cuadro de crisis en torno a las representaciones o idealizaciones de la Reforma y del “cambio educativo”, la noción de “innovaciones educativas y pedagógicas” juega también un papel protagónico. Al respecto, Rodríguez Romero afirma lo siguiente: “La gramática de la innovación ha impedido analizar el problema del poder y de la reproducción de las relaciones que produce. Las relaciones sociales en la escuela se han planteado como independientes de los procesos políticos, culturales y sociales, y se ha adoptado una posición neutral acerca de los propósitos del sistema educativo que ha enmascarado los valores y las consecuencias relacionadas con la educación como institución social (Popkewitz, 1988)… El análisis del poder está resultando ser muy productivo cuando se relaciona con el conocimiento. La relación entre conocimiento y poder pone de manifiesto cómo la reforma es parte de un esfuerzo más amplio por definir las escuelas como lugares donde se organiza una manera específica de identidad, de valor y de posibilidad a través de la interacción entre profesorado, estudiantes y textos (Popkewitz, 1994b).” (2)
En su análisis sobre los discursos de las Reformas Educativas en Europa, Estados Unidos y Canadá, Rodríguez Romero dice con razón que “Una representación (del cambio educativo) captura las diversas formas que adoptan las innovaciones en movimiento. Esta representación está muy relacionada con la percepción de la repetición del cambio educativo (el enfoque “recurrente”). Otra representación muestra las relaciones entre la estabilidad y el cambio, y se conecta con la percepción de la vulnerabilidad de las reformas en las instituciones educativas.” Esta última versión sostiene que las grandes reformas educativas son tan “vulnerables” que tienden a fracasar irremediablemente, debido a los dispositivos conservadores y de resistencia al cambio característicos de las sociedades contemporáneas. Y en el caso mexicano, conviene revisar también las estructuras sociales resistentes al cambio, como los sectores empresariales, las iglesias, los sindicatos oficialistas, ciertos medios de comunicación y las asociaciones cupulares de “padres de familia”, entre otros.
“La representación del cambio educativo en movimiento está ligada a la percepción de la recurrencia del cambio educativo y se sirve de un tipo de metáforas y categorías conceptuales que capturan las diversas formas que adoptan las innovaciones en la escuela cuando se les contempla como fenómenos en movimiento y prevalece su carácter fluido y dinámico. Son útiles para plasmar la combinación y la sucesión de los acontecimientos, sus pausas y aceleraciones. Para captar este tipo de cualidades asociadas al cambio educativo en movimiento, se han aplicado nociones como ciclos, olas, tendencias y, más recientemente, rupturas.”… “Si se ponen en relación los ciclos (del cambio educativo) con la historia social e institucional de la escolarización, se observa que, con frecuencia, la educación se ha visto obligada a lidiar con propósitos contradictorios como: socializar en la obediencia o en el pensamiento crítico, enseñar conocimiento académico o destrezas prácticas, cooperación o competitividad, destrezas básicas o creatividad y pensamiento de alto nivel, centrarse en la base académica o permitir elección de contenidos (Tyack y Cuban, 1995).” (3)
¿Cuándo aparece la crisis del Reformismo Educativo? “…cuando (los autores) señalan que tanto en gobiernos conservadores como demócratas hay más coincidencia en el programa de educación que en otros sectores de toma de decisiones políticas… Por ejemplo, los demócratas también abogan por la elevación del nivel y la elección de centro – prácticas de cambio localizadas en la comunidad discursiva de la excelencia (Rodríguez Romero, 1998) -. En España, los pilares para proponer medidas similares comenzaron a imponerse con los últimos gobiernos socialistas, por ejemplo, con sus actuaciones en materia de evaluación y dirección de centros. Por su parte, en el Reino Unido, el gobierno del neolaborista de Tony Blair no sólo está manteniendo estrategias ideadas por los conservadores, como la participación de inspectores procedentes del mundo empresarial en la supervisión de las instituciones educativas, sino que, al intentar ubicar ideológicamente su política educativa, no parece haber duda respecto al predominio de tácticas que abundan en formas neoliberales de abordar los asuntos educativos… Algunos estudios comparativos de las últimas reformas educativas en varios países del mundo anglosajón muestran la tendencia compartida hacia el desmantelamiento de las burocracias centralizadas y su sustitución por propuestas escolares con una fuerte presencia de la elección de escuela por las familias y la competencia entre diversos tipos de escuelas para seducirlas. Dichas reformas han sido y están siendo promovidas y sostenidas tanto por gobiernos conservadores como socialdemócratas y socialistas y, aunque hay claras diferencias entre los países, puede apreciarse de modo general que, a pesar de la retórica, están contribuyendo a incrementar la desigualdad entre las escuelas. Con estos datos, parece difícil clasificar las recientes políticas educativas como ideológicamente consistentes y cobra sentido considerar la debilidad de ciertas propuestas de cambio para promover las intenciones que retóricamente declaran, debido a la forzada invisibilidad o silenciamiento de algunos aspectos que pasan desapercibidos, pero que son los responsables del reforzamiento de tendencias previas que, en líneas generales, favorecen a los mejor situados (económica y culturalmente) en la sociedad.”
Rodríguez Romero afirma que “Las reformas contribuyen a reforzar determinados modos de vida en las instituciones educativas; en cuyo contexto las subjetividades son moldeadas y las necesidades son construidas y legitimadas. Esto explicaría la persistencia del status quo y de la contribución de las reformas a su mantenimiento, porque los modelos de cambio se pliegan a los temas precisados en el proceso político, siguiendo las prioridades que establecen ciertos sectores institucionales con capacidad para definir los asuntos relacionados con la mejora de la sociedad (Popkewitz, 1988). Los esfuerzos de reforma incorporan modos de representación y estilos de razonamiento que no solamente nos informan sobre la escuela, los docentes y la formación del profesorado, sino que, además, construyen su significado a través de las distinciones que ordenan y definen los objetos de la propia escuela; regulan qué tipo de discurso educativo es posible, quiénes pueden considerarse interlocutores serios y autorizados, y cómo han de construirse el deseo, las aspiraciones y la cognición (Popkewitz, 1994b).”
Así finaliza su reflexión la investigadora española: “Este breve examen de las representaciones del cambio educativo pone de manifiesto que las dinámicas de innovación tienen una cualidad densa que es difícil capturar. Las percepciones y las imágenes del cambio son usadas por diferentes grupos sociales para tratar de hacer comprensibles las innovaciones según sus propios términos y legitimar formas específicas de avance social. Es necesario aplicar la cautela y la reflexión en el uso y propagación de imágenes y percepciones del cambio educativo. Como puede advertirse, tras el análisis realizado tanto la percepción de recurrencia como la de vulnerabilidad, tienen una clara base sociopolítica y proyectan formas de entender y actuar en educación que revelan los límites y las posibilidades entre las que se ha ido configurado el saber sobre el cambio educativo y los anhelos y frustraciones de las personas que lo han imaginado y desplegado. La sensación de repetición es fruto del conflicto de valores entre grupos sociales y políticos en litigio y, para desenmascararla, conviene situar las propuestas de cambio en el contexto particular en el que aparentemente resurgen y relacionarlas con líneas de desarrollo institucional más persistentes. La noción de ruptura nos habla del desenvolvimiento desigual y, a la vez, interrelacionado de las transformaciones y constituye una llamada de atención muy fértil respecto de la creación de imágenes del cambio educativo que reten la inevitabilidad que subyace en la persistencia hegemónica de la imagen del cambio educativo como ciclos. Con respecto a la vulnerabilidad de los esfuerzos de mejora, parece que resulta ser más “intencional” de lo que cabría suponer, porque está ligada a la estabilidad de la propia sociedad y al mantenimiento de las relaciones de poder.”
Dejo hasta aquí esta serie de reflexiones, que tienen la intención de argumentar porque la presente administración federal en México (2018-2024), en materia de educación, no podrá llevar a cabo fácilmente las transformaciones -retóricamente anunciadas hace unos días- en el sistema educativo nacional (ni estatales), en términos de “equidad” y “calidad” (o “excelencia”), puesto que éstos se encuentran, como todo el “Reformismo Educativo”, en plena crisis.
(1) Rodríguez R., M. (2000). Las representaciones del cambio educativo. Revista Electrónica de Investigación Educativa, en: http://redie.uabc.mx/vol2no2/contenido-romero.html También recomiendo la lectura de su libro: Metamorfosis del Cambio Educativo (2003). Editorial Akal. Madrid.
(2) Ideas desarrolladas por Popkewitz, T.S. (1994). Sociología política de las reformas educativas. Madrid: Morata.
(3) Se refiere al texto de Tyack, D. y Cuban, L. (1995). Tinkering toward utopia. Cambridge, Ma: Harvard University Press.
En menos de un mes, la Cámara de Diputados discutirá la iniciativa que busca reformar el artículo 3º constitucional. El presidente López Obrador caracterizó la presentación de dicha iniciativa como un “compromiso cumplido” con los maestros, pero ¿es ésta la respuesta a sus inquietudes? ¿Garantizará a los docentes sus derechos como profesionales del aprendizaje y agentes de cambio educativos?
Un gran acierto de la iniciativa es la propuesta de reconocer, desde la Constitución, el papel fundamental de los maestros como agentes socialestransformadores; un reconocimiento que ha tardado mucho en llegar, pero que es todavía insuficiente en el planteamiento actual.
Paraque la propuesta represente un avance, debe asegurar a cada docente la posibilidad de una trayectoria profesional que promueva su derecho a aprender (así como el de sus estudiantes).
Esto implica, desde la Constitución, garantizar sus derechos profesionales: perfiles claros y públicos, formación inicial y continua de acuerdo con su contexto y sus necesidades, y procesos de selección para el ingreso y promoción justos y equitativos.
La iniciativa sí establece el derecho de los docentes a “acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua”. Sin embargo, la redacción sólo contempla el acceso a la formación, sin establecer la obligación del Estado de garantizar la pertinencia o relevancia de la misma.
Adicionalmente, la fracción III del artículo 3º vigente establece que el ingreso al servicio docente así como la promoción sólo se puede hacer por medio de concursos de oposición.
Alborrar dicha fracción, y no establecer un proceso alternativo, los docentes perderían certeza sobre cómo entrar a su profesión y promoverse dentro de ella.
Asimismo, de ser aprobada la iniciativa, se borraría al día siguiente de su publicación, la Ley General de Servicio Profesional Docente (LGSPD) que establece los perfiles docentes que deben guiar la formación inicial y continua, las características de los concursos de ingreso y promoción, el derecho de los docentes de nuevo ingreso al acompañamiento de un tutor, y el Servicio de Asistencia Técnica a las Escuelas (SATE).
Es cierto que no se han logrado implementar efectivamente estos elementos de apoyo a la vida profesional de todos los maestros, pero si se aprueba la iniciativa en su forma actual, los docentes perderían su derecho a exigir al Estado que cumpla con ellos.
Desaparecería la posibilidad de ir al tribunal y denunciar irregularidades en los procesos de promoción, de ampararse contra el uso discrecional de las plazas docentes, de demandar una formación o acompañamiento adecuado. Los legisladores se encuentran frente a una oportunidad de gran relevancia para el país. Esperamos que aseguren que cualquier reforma constitucional represente un avance para el ejercicio de los derechos profesionales de los docentes, y con ellos, de las niñas, niños y jóvenes en México.
Por: Marco Antonio Fernández y Laura Noemí Herrera
Animal Político
Es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción.
Si las condiciones educativas terminan definiendo el destino de un país, las nuestras nos están condenando. Pese a reconocer que todos los mexicanos tienen el derecho a la educación, el acceso a la escuela aún sigue condicionado por el lugar de nacimiento. Por ejemplo, el 36% de los niños que nacieron en una comunidad rural no asiste a la escuela, lo mismo sucede con 36% de los niños indígenas, el 44% que tiene una discapacidad o el 85% que son hijos de jornaleros agrícolas (INEE, 2018). No sólo eso, de los 14 millones de estudiantes que están en la primaria, 6 de cada 10 egresarán con grandes deficiencias en matemáticas y español, rezagándose tres años respecto a los alumnos de sistemas educativos con mejor desempeño como Corea del Sur o Finlandia (OCDE, 2016). Probablemente sólo 7 de cada 10 lleguen a media superior y sólo 5 la concluyan. Otros 3 ingresarán a la universidad, pero sólo 2 concluirán. Al terminar sus estudios, todos se enfrentarán al reto de insertarse al mercado laboral, pero pocos contarán con las habilidades necesarias para hacerlo exitosamente.
Este es el panorama actual de la educación en México que el nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscará atender con un nuevo proyecto educativo que promete, ahora sí, hacer valer el derecho de todos los mexicanos a la educación desde preescolar hasta educación superior. Equidad y calidad serán los principios que regirán las políticas educativas de la nueva administración federal. Becas universales, atención prioritaria a los más pobres, construcción de 100 universidades públicas y un programa para la capacitación de los jóvenes, destacan como propuestas emblema en el documento entregado en Cámara de Diputados el pasado 12 de diciembre. A ellas se suma la promesa central de revalorizar al magisterio, para lo cual se propone eliminar cualquier consecuencia laboral a la evaluación de su desempeño y derogar al hasta ahora autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), considerado como instancia cómplice en la política de desprestigio docente que, según las nuevas autoridades educativas federales caracterizó a sus predecesores en su labor de la implementación de una reforma, a la que no le reconocen valor educativo, sino simplemente administrativo-laboral.
Similar a lo que ocurrió con las últimas cuatro reformas educativas, los objetivos que se pretenden alcanzar no son muy distintos: excelencia educativa, con educación incluyente y con equidad de oportunidades. Sin embargo, ningún detalle de los cómos, para ahora sí cumplir con dichas metas, está retratado ni en la exposición de motivos ni en el texto constitucional propuesto, quizá dejando esas particularidades para su incorporación posterior a la legislación secundaria que se discuta en caso de ser aprobada la reforma constitucional propuesta. Parecen ser pocas las estrategias educativas de la administración anterior que sobrevivirán el cambio sexenal. Hay, no obstante, eliminación de aspectos muy relevantes del marco jurídico vigente que podrían significar un retroceso educativo.
De manera preocupante destacan 1) la eliminación del Servicio Profesional Docente y 2) la desaparición del INEE, aspectos que reflejan una profunda motivación política más que una estrategia de mejora educativa. En primer lugar, uno de los logros de la reforma que se pretende derogar es quitar los cimientos constitucionales a las reglas de ingreso y ascenso para el desarrollo de la carrera profesional de los docentes, en el que el mérito antes que las conexiones, herencia o prácticas de corrupción marquen la posibilidad de que los docentes avancen en su carrera dentro del magisterio.
Hoy el artículo tercero constitucional establece que “el ingreso al servicio docente y la promoción a cargos con funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado, se llevarán a cabo mediante concursos de oposición que garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades que correspondan”. Además, se elimina la garantía constitucional para evitar que todo ingreso y ascenso que no sea a partir de los concursos de oposición sea considerado nulo. Todo esto desaparece en la propuesta del presidente López Obrador para ser sustituido por la mención a un Servicio de Carrera Profesional del Magisterio a cargo de la federación, cuyos detalles serán definidos por la ley secundaria.
Asimismo, se propone derogar la Ley del Servicio Profesional Docente. Peor aún, en los artículos tercero y séptimo transitorios se contempla que, en tanto se apruebe la nueva legislación secundaria (dentro de 6 meses, una vez aprobada la reforma constitucional), quedarán suspendidos todos los mecanismos de evaluación docente para ingresar o promocionarse en el servicio profesional docente. Lo mismo ocurre con cualquier efecto en la permanencia del empleo de las evaluaciones magisteriales realizadas con anterioridad.
Si bien se reconoce la necesidad de replantear los efectos laborales de la evaluación del desempeño de los docentes –dada la importancia de mejorar los instrumentos de evaluación y sobre todo la calidad de los cursos de capacitación y las tutorías a los maestros con base en los resultados de sus evaluaciones- es necesario advertir de las consecuencias negativas para la operación del sistema educativo al suspender todas las evaluaciones de ingreso y ascenso en el servicio docente.
¿Qué sucederá con los miles de maestros que se evaluaron en agosto pasado para aspirar a una posición de director, supervisor o asesor técnico pedagógico tanto en la educación básica como en la educación media superior? Sus resultados son válidos por un año de acuerdo al marco vigente, lo que les permitiría a los mejores aspirantes, con base en el orden de prelación de sus evaluaciones, obtener la posición directiva por la que concursaron. A quienes obtuvieron estos mejores resultados, ¿simplemente se les dirá que ya no cuenta su esfuerzo para aspirar a una mejor posición en el servicio profesional y por ende no podrán hacerse acreedores a sus nuevas posiciones de dirección? ¿Cómo se plantea nombrar a los directores de primarias, secundarias, preparatorias, etc. en los planteles en que dichas posiciones han quedado vacantes por jubilación, retiro, fallecimiento, renuncias, etc.? ¿Qué pasará con las plazas vacantes de supervisores y asesores técnico pedagógicos?¿Qué sucederá en el caso de los directores de preparatorias y demás planteles de educación media superior que se evaluaron en noviembre para ver si pueden seguir en su puesto directivo o si necesitan ser sustituidos por nuevos directores? En el sistema educativo hay un ciclo normal de jubilaciones que se acelera hacia finales de año, por lo que en enero tiene que sustituirse al personal directivo y magisterial que haya dejado sus puestos en estas últimas semanas. ¿Cómo se cubrirán las miles de plazas vacantes todo el próximo año mientras se aprueba el nuevo marco jurídico secundario, lo cual, puede suceder hasta agosto-septiembre del próximo año?
¿Qué mecanismo se pretende implementar si está suspendido absolutamente toda evaluación con estos propósitos? El nuevo líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas, tiene claro cómo llenar estas necesidades de plazas docentes y directivas: mediante la exigencia de que se le otorgue el 50% de las plazas vacantes al sindicato, para que éste las reparta a sus miembros (familiares e hijos), tal y como lo hacía antes de la reforma que se pretende derogar (aquí el video con sus afirmaciones). Hasta ahora ni el presidente López Obrador ni Esteban Moctezuma han refutado la aspiración del nuevo liderazgo magisterial.
En segundo lugar, en el caso del INEE, la iniciativa menciona que al instituto se le “percibió como un instrumento persecutor del magisterio”, sin que los promotores del documento den prueba alguna de dicha afirmación, pero afirmando que esto es motivo suficiente para su cancelación. La desaparición del INEE, también resulta uno de los retrocesos más profundos para nuestro sistema educativo, al intentar acabar con el trabajo de 15 años en los que se ha buscado construir un órgano que sirva como contrapeso a las acciones tomadas por las autoridades educativas federal y de los estados. Recordemos aquellos actos en que las autoridades en la materia, por limitaciones técnicas y políticas, no fueron capaces de brindarnos información objetiva, confiable y pertinente del estado de nuestro sistema educativo. Por ejemplo, tres años atrás, carecíamos de un diagnóstico de las condiciones en las que estudian los niños de comunidades indígenas o que pertenecen a familias jornaleras, información que hoy conocemos gracias al impulso que el INEE dio al estudio de la desigualdad del sistema educativo nacional. De forma similar, un estudio independiente realizado por el instituto señaló las limitaciones en la ejecución del programa de mejora de infraestructura educativa implementado por la autoridad educativa federal y de los estados en el sexenio anterior.
Sin duda alguna hay aspectos fundamentales que el INEE tiene que mejorar y así lo hemos manifestado públicamente tanto en su Consejo Social como en distintos foros académicos y en los medios de comunicación. Muchos de los indicadores educativos novedosos como el de egreso oportuno o las implicaciones de las evaluaciones a estudiantes mediante la prueba PLANEA tienen que ser mucho más accesibles y útiles a maestros, directores y padres de familia. Las directrices que el instituto ha realizado en distintos ámbitos educativos como las de las normales y las correspondientes a educación media superior tienen que tener un seguimiento puntual en las entidades, para saber cómo las autoridades las adaptan a las políticas educativas para mejorar los resultados en esta materia.
No obstante, la iniciativa en vez de enfocarse en cómo mejorar lo avanzado y corregir las omisiones del instituto, promueve su desaparición para sustituirlo con un nuevo organismos denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continua, al cual se le quita de su autonomía constitucional y se le regresa al ámbito de su dependencia federal en la Secretaría de Educación Pública. Se promete un consejo consultivo integrado por 7 miembros (académicos, docentes, especialistas, padres de familia entre otros) pero todos nombrados por la SEP sin consulta alguna al Senado como ocurre actualmente con la junta directiva del INEE, nombrada por mayoría de los senadores.
Se antoja complicado, por decir lo menos, que un centro dependiente de la SEP pueda ser capaz de señalar críticamente las fallas de implementación del proyecto educativo de la administración en turno. Por ejemplo, en las directrices de educación media superior el INEE encontró problemas en la forma en que las becas fueron distribuidas por las autoridades educativas y planteó propuestas para mejorar su focalización, de forma que se apoye realmente a quien más lo requiere y así evitar la duplicación y mal uso de su presupuesto (INEE 2017). Para el nuevo gobierno, el sistema de becas es fundamental. ¿Podrá un centro como el planteado por la propuesta presidencial asumir una postura de evaluación crítica propositiva en caso de que la SEP falle en la distribución de los recursos en dicho programa?
De igual forma la propuesta presidencial reconoce la necesidad de la formación de los docentes como una política fundamental para garantizar el desarrollo de los mejores profesores frente a grupo. Sin embargo, este anuncio no es novedoso, pues las cuatro reformas previas hicieron promesas similares. Los resultados de los programas de capacitación docentes son cuestionables hasta ahora. Existen dudas sobre su calidad, pertinencia y eficacia para atender las necesidades de los maestros, en particular en educación básica. ¿Qué lecciones se han obtenido de las fallas en esta materia para que la nueva estrategia de formación realmente cumpla con la promesa de capacitar correctamente a los maestros de las escuelas públicas del país?
A través de los programas anteriores de formación y capacitación docente se ha logrado que hoy 90% de los maestros en planteles públicos tengan estudios de licenciatura o posgrado. Incluso 9 de cada 10 docentes dedica en promedio 80 días de un ciclo escolar a capacitarse (el doble del tiempo de sus pares en otros países de la OCDE). Sin embargo, pese a estos números aún no tenemos cambios importantes en los aprendizajes de nuestros alumnos: con base en los resultados de la prueba PISA nuestros jóvenes mejoran en promedio cada año 2.7 puntos en matemáticas y 1.1 puntos en lenguaje y comunicación. Un ritmo bastante lento, si se comparan los avances observados en Colombia, Perú o Chile, países con condiciones similares de desarrollo a las nuestras. A esto agreguemos que, pese al tiempo que dedican a capacitarse, 1 de cada 5 docentes declara no sentirse preparado en el contenido de la materia que enseña y 1 de cada 7 profesores, sienta falta de preparación en el aspecto pedagógico (OCDE 2014, BID 2016, INEE 2018).
Si bien el elemento docente no es el único factor detrás de los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sí es un factor fundamental y para ello, brindarles formación y capacitación que les permita poder tener un desempeño pedagógico eficaz en el aula es fundamental. Lamentablemente el país está aún en deuda con el magisterio en este rubro, por lo que es fundamental que las nuevas autoridades respondan a la brevedad ¿Qué aprendizajes se obtuvieron de las fallas en la formación docente brindada por la reforma que se busca derogar, para que ahora el nuevo centro de revaloración del magisterio brinde cursos útiles de calidad que realmente tengan un impacto en el desempeño de nuestros docentes frente a las aulas del país? (Es preciso señalar que a dicho centro se le asigna además de la función de la evaluación de la política educativa, la de la formación docente).
A las dudas planteadas hay que sumar la de la viabilidad de hacer universal el derecho al acceso a la educación superior como plantea la propuesta gubernamental. El país enfrentará múltiples retos en este rubro, cuya promesa es más fácil incorporar a la constitución que brindar los elementos necesarios para hacerla una realidad. Baste recordar que desde 1992 el país incorporó al artículo tercero constitucional el derecho universal a la educación secundaria, pero 26 años después al menos 1 de cada 5 jóvenes mexicanos no cursa este nivel educativo. Lo mismo ocurre en preescolar y media superior, derechos reconocidos en 2000 y 2012 respectivamente, aunque en 2018 tan sólo se tiene 73% y 62% de cobertura neta.
Como lo han señalado nuestros colegas de Mexicanos Primero, preocupa, además, que el derecho a la primera infancia sea omitido de la constitución, lo cual es un contrasentido dado el énfasis en la igualdad que la iniciativa presidencial dice promover. Distintas investigaciones han demostrado que la educación temprana –que se brinda entre los 0 y 3 años de edad, tiene un impacto fundamental en el desarrollo educativo del futuro de los estudiantes. En esta edad más de la mitad de las conexiones sinápticas que permiten a las personas pensar, ver, escuchar y hablar se conforman. Es la edad en que el cerebro humano es más receptivo. Además, los estudios sugieren que la inversión en esta formación educativa arroja retornos sociales muy altos, superiores a la observada en inversión en otros niveles educativos (Heckman, 2012, 2013; Chia, et al, 2017). Por ende, ¿cuál es el argumento de eliminar dicho precepto del marco constitucional?
Consistente con las promesas redistributivas del nuevo gobierno, en la exposición de motivos de la iniciativa presidencial destaca la necesidad de atender las desigualdades educativas, de forma que la educación sí sea un instrumento eficaz para abatir las brechas sociales y pueda ser el vehículo de movilidad social por excelencia. Como lo ha demostrado el Centro Espinosa Yglesias hasta ahora la educación no ha servido para impulsar la movilidad social en nuestro país (CEEY 2018). Si bien, se tendrá que analizar con mayor detenimiento en trabajos posteriores, es imprescindible que los promotores de la nueva reforma educativa nuevamente aprendan de los errores ajenos de quienes también prometieron una agenda de equidad educativa, pero que en los hechos distribuyeron reiteradamente recursos del erario de forma regresiva, ineficaz y lamentablemente, en ocasiones, con corrupción. Sabemos por el INEE y otros estudios de especialistas y académicos, que las autoridades no han focalizado correctamente la inversión educativa para atender a los alumnos más pobres y a los estados con mayor marginación. En México difícilmente rompemos las trampas de la pobreza a través de la educación. Por ejemplo, invertimos 2 veces más recursos en un alumno pobre que vive en una entidad con menor marginación como Baja California que en un estudiante en la pobreza que vive en Chiapas (ver gráfico).
Fuente: Elaboración del autor con información obtenida de la SEP.
¿Qué esquemas compensatorios se desarrollarán eventualmente en el marco jurídico y se derivarán en políticas educativas focalizadas y redistributivas? Pregunta esencial de cara a la promesa de equidad con aprendizaje de excelencia e inclusión que promueve la iniciativa presidencial. Se habla de la importancia de brindar educación bilingüe a los alumnos indígenas, pero hoy hay al menos 724 mil niños indígenas que acuden a planteles en los que el profesor no habla su idioma.
El tamaño de los retos educativos que enfrenta el país difícilmente pueden atenderse si otra vez las nuevas autoridades, como lo han hecho varios de sus predecesores, pretenden reinventar la rueda educativa y construir políticas prácticamente desde cero y con nulo aprendizaje de las experiencias fallidas y exitosas de lo realizado en materia educativa tanto en México como en el ámbito internacional. Lamentablemente el desprecio por el uso de la evidencia como guía de la política pública ha sido muy oneroso para nuestros estudiantes. Vendrán semanas de intensos debates, en las que esperemos se privilegie la discusión informada, debates en los que se tendrá que hacer el máximo esfuerzo por acotar lo más posible la politización del discurso educativo.
Los derechos a condiciones dignas de trabajo del magisterio, para que puedan a partir de su buena formación, aspirar a desarrollar su carrera como docentes y en la que el mérito de su trabajo sea el motor de su crecimiento, deben prevalecer sobre distorsiones a derechos malentendidos de herencia o control de plazas magisteriales. Los trajes que supuestamente se buscó desarrollar a la medida de las necesidades magisteriales deben ser revisados sustantivamente, de forma que la autoridad pueda dar cuenta de la calidad de la oferta de capacitación que brinda a los docentes. Sin embargo, al centro de esta discusión debe prevalecer la preocupación central de brindar una educación de calidad a los niños y jóvenes que les permita su desarrollo como ciudadanos activos, críticos y responsables. Una educación que debe corregir tanto las omisiones y deficiencias de los aprendizajes del siglo XX al tiempo que permita que, mediante una fuerza magisterial de excelencia, abordar eficazmente las habilidades requeridas en el siglo XXI.
Pensar que es posible el borrón y cuenta nueva, máxime que se están observando en el mundo los efectos laborales del cambio tecnológico y su demanda por mejores habilidades educativas en los individuos, sería un error que terminaría por minar sustantivamente los esfuerzos para brindar la equidad de oportunidades con excelencia que requieren todos los estudiantes mexicanos, pero en particular sería muy costosa para aquellos provenientes de los sectores menos favorecidos a los que reconoce como prioridad el presidente López Obrador.
* Marco Antonio Fernández es profesor-investigador de la Escuela de Gobierno e investigador asociado de México Evalúa. Laura Noemí Herrera es investigadora en @mexevalua.
Backhoff, E., Vázquez-Lira, R., Contreras, S., Caballero, J., y Rodríguez, J. G.(2017). Cambios y tendencias del aprendizaje en México: 2000-2015. México: INEE.
BID 2016 ¿Cuánto mejoró la región? Washington DC. Recuperado de aquí.
CEEY 2018 El México de 2018: movilidad social para el bienestar México Ed. Centro Espinosa Yglesias recuperado de https://ceey.org.mx/wp-content/uploads/2018/06/El-M%C3%A9xico-del-2018.-Movilidad-social-para-el-bienestar.pdf
Chaia, A. Cadena, A, Child, F et all. (2017). Factores que inciden en el desempeño de los estudiantes: perspectivas de América Latina: McKinsey & Company
Heckman, J. (2013). Invest in early childhood development: Reduce deficits, strengthen the economy. Recuperado de aquí.
Heckman, J. Carneiro, P., y Vytlacil, E. (2011). Estimating Marginal Returns to Education. American Economic Review
INEE. (2018). Panorama Educativo 2017. México
Kane, T. J., Rockoff, J. E., y Staiger, D. O. (2006). What Does Certification Tell Us About Teacher Effectiveness? Evidence from New York City. NBER Working Paper.
OCDE. (2014). Resultados de Encuesta Talis, 2013. Estudio Internacional de Enseñanza. OCDE. Recuperado de aquí.
——– (2016). Resultados de PISA en México, 2015. México
Por: Roberto González Villarreal, Lucía Rivera Ferreiro y Marcelino Guerra Mendoza
Una Iniciativa de reforma constitucional es parte de un dispositivo de gobierno. Se trata de la regulación de las interacciones educativas, con objetivos particulares, que se ejercen sobre objetos específicos, con medios, mecanismos y procedimientos adecuados, realizados por organismos específicos. Ese es el método general para analizar las relaciones de gobierno: formulación de problema, identificación de los objetos de intervención, definición de objetivos, elección de los medios de acción y determinación de los agentes y organismos responsables.
Se dirá que no es la única. Es cierto. Hay otras, basadas en las doctrinas del derecho, en la teología, la antropología de las decisiones, el análisis del discurso y muchas más. Nosotrxs queremos destacar el análisis político, el de las relaciones de poder, entendido como la conducción de conductas (Foucault).
Para eso, repetimos, se trata de
Formular el problema, es decir, las dificultades que aparecen, se reconocen, se articulan, nombran y tratan de resolver;
Identificar los blancos de intervención, es decir, los objetos que se van a intervenir, que pueden ser conductas, aspiraciones, cuerpos, mentes, corazones, expectativas, saberes, aptitudes, tierras, aires, etc;
Definir los objetivos y efectos buscados;
Determinar los medios de acción;
Reconocer los organismos responsables.
Podríamos abundar más en esta orientación teórica y metodológica. Dejémosla ahí para no aburrir. Se trata de mostrar los instrumentos del análisis, no de hacer comentarios a autores o vanagloriarse con el conocimiento de textos y citas de autoridad.[1]
Preferimos mejor detenernos en las cuestiones metodológicas, como lo harían los técnicos cuando las usan para analizar las situaciones, definir los problemas, las dificultades, arreglarlas o desmontarlas. En el caso de Cortocircuitos: desmontar los dispositivos para interrumpir, hacer saltar, interrumpir, hacer estallar las redes del poder.
Empecemos, como se dice, por el principio. ¿Cuál es el problema o los problemas que plantea la reforma a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos?
La exposición de motivos procede por partes. Aun cuando la retórica es parte sustancial de los discursos del poder, pocas veces se hace a partir de grandes narrativas, como en este caso. Recordemos, una meta-narrativa es un discurso totalizador, que abarca todo, que explica todo y es consistente consigo mismo, auto-referencial dicen los que saben de esto. Ese es el papel que juega el relato de la IV Transformación Nacional.
La Iniciativa comienza justamente así. El primer párrafo es la gran historia de las transformaciones nacionales, que inician con la Independencia, que aportó el gran valor de la Libertad. La segunda, la Reforma, cuando se crean las instituciones que consolidaron la Nación, el régimen de la Legalidad. La tercera, la Revolución, que proclamó la Igualdad mediante la instauración de los derechos sociales como sustrato de la convivencia colectiva. Y aquí comienzan los problemas, pues la igualdad es solo formal: “las desigualdades reales que padecemos los mexicanos han impedido la realización de nuestro ser nacional”. Dejemos de lado, por ahora, esa alienación del ser nacional y detengámonos en la cuestión de las desigualdades reales, que son el problema fundamental de nuestro tiempo y hacen indispensable la IV Transformación Nacional, a partir de un nuevo valor: la Equidad.
¿Cuáles son las desigualdades que forman el lastre de la convivencia colectiva? La Iniciativa lo dice claramente: económicas, sociales, culturales y regionales. Combatirlas, dice la iniciativa,
“es tarea ingente de la que depende nuestra viabilidad como Nación. La libertad, la legalidad, la igualdad y la equidad no pueden existir en un ambiente carente de educación. Si el pueblo desconoce sus derechos no puede defenderlos y si no adquiere las habilidades y conocimientos que le permitan su desarrollo personal y colectivo, se encuentra imposibilitado para llevar una vida digna la cual constituye el objetivo supremo de nuestro orden constitucional” (p.2).
La gran narrativa de la IV transformación se acompaña también con otro conjunto que podríamos llamar coyuntural, derivado de la reforma constitucional de 2013, la reforma neoliberal o reforma del Pacto por México.
En este punto, la Iniciativa procede secuencialmente. Tres son los pasos argumentales:
“La visión del Poder Ejecutivo a mi cargo es que se debe priorizar el diálogo ante cualquier otro mecanismo de imposición de estructuras normativas que no obtengan el impacto deseado ante la ciudadanía. De igual forma, se considera que el uso de la fuerza y la imposición, no es la forma idónea para la construcción de los grandes acuerdos que necesita el país para lograr la verdadera transformación del sector educativo de México”…
“El Ejecutivo a mi cargo considera un error aplicar criterios sancionadores y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción a procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de diferentes culturas, regiones, costumbres y otros factores que inciden en la educación, los cuales no pueden ser medidos a través de programas computacionales que solo registran uno de los muchos aspectos que deben ser tomados en consideración para impartir una educación de excelencia y la preparación de quienes la imparten”… (subrayado y negritas en el original).
…”La mencionada reforma se proyectó como el parteaguas en la educación de México, con el fin de fortalecer el derecho constitucional a recibir una formación integral que transformara la realidad de nuestro país, sin detrimento de los logros y derechos laborales obtenidos por las y los maestros de México. Desafortunadamente, en la aplicación de la Reforma Educativa han existido expresiones fuertes de rechazo por dicho sector, en virtud de considerar que el nuevo esquema de evaluación resulta retroactivo en su perjuicio, toda vez que la autoridad educativa podría privar al docente de su plaza laboral sin absolutamente ninguna responsabilidad a través de una evaluación estandarizada que no toma en consideración los contextos económicos, sociales y demográficos que inciden en los procesos educativos…Se ha observado que las expresiones de descontento hacia la “Reforma Educativa”, han tenido como consecuencia que exista resistencia a la aplicación de la misma por parte de los docentes, y que estos se adhieren a los procesos de evaluación de su desempeño, de promoción, reconocimiento y permanencia que establece la ley de una forma no participativa, generando que el objeto por el que la misma fue aprobada, no cumpla con los impactos deseados en el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes que es nuestra propiedad”.
La Iniciativa de AMLO, en consecuencia, formula una problematización articulada por dos cuestiones: por una parte, las múltiples desigualdades sociales que laceran la vida individual y lastran el destino nacional; por otra, los problemas de implementación de la reforma educativa de 2013, derivados de la imposición de una norma por vías no dialógicas, por una estrategia evaluadora estandarizada que no tomó en consideración los contextos regionales y culturales, por las resistencias a la misma reforma que hacían que no se cumpliera cabalmente con los impactos deseados en el aprendizaje de los niños.
La Iniciativa, entonces, articula cuestiones estructurales de la IV Transformación, como son las desigualdades sociales, con los problemas de implementación de la reforma educativa precedente, sobre todo, diríase única y exclusivamente, en las afectaciones laborales al magisterio, y sus efectos contraproducentes en el aprendizaje escolar.
En un doble movimiento, la Iniciativa de la IV Transformación Nacional problematiza la desigualdad social con problemas de implementación de la reforma precedente, para encontrar cómo se reproducen los problemas de aprendizaje debido a los mecanismos utilizados para pretendidamente elevar su calidad.
La particularidad de la Iniciativa, en lo relativo a su problematización, se advierte más claramente cuando se compara con la del pacto por México:
Para que los alumnos reciban una educación que cumpla con los fines y satisfaga los principios establecidos por la norma constitucional, resulta imprescindible la calidad educativa. Ésta existe en la medida en que los educandos adquieren conocimientos, asumen actitudes y desarrollan habilidades y destrezas con respecto a los fines y principios establecidos en la Ley Fundamental. Así como en la medida en que las niñas y niños tengan una alimentación suficiente, conforme a los estándares internacionales de nutrición sana, y garantía de acceso a la salud; e igualmente se cuente con los nuevos instrumentos del desarrollo científico y tecnológico para su formación…
La evaluación educativa, instituida como parte de esa búsqueda de transformación, ha contribuido a un mejor conocimiento de nuestro sistema educativo y ha proporcionado nuevos elementos que permiten entender con mayor claridad lo mucho que hay por hacer para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Las evaluaciones internacionales en las que nuestro país ha participado, han hecho posible la comparación de nuestra realidad con las de otras naciones. Los retos son especialmente serios en la atención a los alumnos que provienen de hogares en condiciones de pobreza (Ejecutivo Federal, 2012).
No hay en la iniciativa de reforma constitucional de 2012, ninguna ubicación histórica trascendente, solo la retórica consabida de la importancia de la educación; lo que hay, de manera reiterada, es la problematización de los estándares de aprendizaje, de los signos rojos en los resultados de las pruebas nacionales e internacionales. De ahí se identifica un problema: la deficiente calidad en la educación mexicana, su definición como máximo logro de aprendizaje, los factores que inciden sobre ella y la elección del más importante: el desempeño docente, luego transformado en idoneidad, y de ahí la deriva estratégica: el dispositivo evaluador, sus fases, sus procedimientos, sus objetivos, el o los organismos responsables, las modificaciones institucionales, organizativas, normativas que produce, etc.
En resumen, la iniciativa de 2012 tenía una serie racional muy clara:
El problema: la calidad deficiente, observada por resultados en pruebas internacionales.
Las causas: las prácticas indebidas e inmorales que sufrían los maestros por el régimen corporativo.
La estrategia: el dispositivo evaluador, con cuatro tipos y varias fases, articuladas por el concepto de idoneidad.
El organismo responsable: un instituto autónomo, el INEE.[2]
Esta serie se acompañaba además, de una problematización vuelta sentido común de la época, con las campañas de desprestigio al magisterio (documental De Panzazo) y campañas mediáticas encabezadas por opinólogos, comentaristas, académicos, etc.
Si se observa, las problematizaciones que formulan las iniciativas de 2012 y 2018 no pueden ser más diferentes. He aquí un listado inicial de sus contrastes:
La de 2012 se focaliza en los problemas de calidad, definidos por los resultados de estándares internacionales. La de 2018, por los problemas estructurales de la desigualdad social múltiple, y los coyunturales derivados de la implementación de la reforma anterior, de sus contrahechos y límites estructurales al estar basada en la imposición y en la desvalorización y castigo del magisterio.
La de 2012 resulta de un proceso de negociación también focalizada, con agentes empresariales, académicos, ONG’s nacionales e internacionales, la Coalición Ciudadana por la Calidad de la Educación. La de 2018 después de una convocatoria a foros nacionales, después de compromisos de campaña con distintas fuerzas magisteriales, sociales y políticas.
La de 2012 era parte de un programa de transformaciones estructurales conceptualmente dirigidas por la racionalidad neoliberal; la de 2018 pretende formar parte de un movimiento de resistencia contra las reformas neoliberales, organizado gubernamentalmente por la Coalición Juntos Haremos Historia, con responsabilidades en el Poder Ejecutivo y mayoría simple en el Poder legislativo federal, además de movimientos sociales, regionales, culturales y políticos.
La reforma de 2012 continuaba los programas de reconfiguración neoliberal del país, de las instituciones, de la subjetividad de docentes estudiantes y funcionarios; la de 2018 forma parte, o debería formar parte de una crítica gubernamental y una redirección de los procesos educativos, a partir de la ubicación de las desigualdades y los efectos causados en el aprendizaje y en los docentes, de las iniciativas neoliberales.
Para resumir: los problemas planteados en la Iniciativa de reforma a los artículos 3º. 31 y 73 constitucionales, enviada por el presidente Andrés Manuel López obrador a la Cámara de Diputados el 12 de diciembre de 2018 son de dos tipos: los de la lucha contra las desigualdades, una lucha histórica, que da fundamento y destino a la IV Transformación nacional; y los problemas derivados de la implementación de la reforma neoliberal de 2012-2013.
Analizar las estrategias de solución, los conceptos involucrados, los objetos de intervención elegidos y los objetivos, es el siguiente paso del análisis. Pero esa es otra historia, será el tema de otro Cortocircuito.
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