SEP

Por: Abelardo Carro Nava

«El Sistema Educativo Mexicano está permeado por problemas estructurales que, si bien es cierto, su origen se remonta a las pésimas decisiones que anteriores gobiernos han tomado, también es cierto que las políticas que en estos 4 años se han implementado, poco o nada han colaborado para aminorarlos.»

El pasado 1 de septiembre, la periodista Denise Maerker, presentó en su noticiero nocturno, una realidad que viven quienes asisten a cientos de escuelas públicas en nuestro país; se trató de la Escuela Secundaria Francisco Ruiz Massieu ubicada en la comunidad Caridad, de San Marcos, en el estado de Guerrero. El reportaje, como tal, muestra a unos estudiantes tomando clases al aire libre, mientras otros, ocupan un salón de clases porque, desafortunadamente, además de no contar con espacios suficientes donde se desarrolle en las mejores condiciones el proceso de enseñanza y de aprendizaje en cada uno de los grados, carecen de pizarrones, escritorios, computadoras, material didáctico, pero también, sanitarios o luz eléctrica.

Esta, repito, es una realidad que muy pocas veces se escucha en los discursos y logros que, con bombo y platillo, se anuncian desde Palacio Nacional o desde la Secretaría de Educación Pública (SEP). Y es que, por ejemplo, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), en su reporte Información Estratégica para el Regreso a Clases en México 2021, 89 mil escuelas de educación básica carecen de drenaje, 39 mil 558 no tienen red de agua potable, 9 mil 989 no cuentan con energía eléctrica. Insisto, una realidad que ahí está, pero que pocas veces se señala y, si se hace, es con el propósito de culpar a gobiernos pasados lo cual, de alguna forma puede ser cierto, pero, transcurridos 4 años de gobierno lopezobradorista, ¿sigue sin ser atendido un tema tan importante para la formación de niñas, niños y adolescentes?

Ahora bien, también, hace unos días, la periodista Azucena Uresti, a través del programa de noticias que conduce por la noche, dio a conocer otra de esas realidades que ahí están, pero que tampoco se incluyen en esos discursos y logros presidenciales o secretariales; en Tuzantla, Michoacán, más de 100 escuelas públicas y particulares (87 primarias, 4 secundarias y 20 telesecundarias), no iniciaron el ciclo escolar 2022-2023 por una sencilla razón: el miedo que trae consigo el clima de violencia e inseguridad que han generado grupos de criminales en esa entidad federativa, como en otras.

Asunto que no es menor pues, si revisamos la percepción de inseguridad de los mexicanos que, en enero de este año dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 2022), ésta aumentó, del 64% registrada en septiembre paso al 65.8% en diciembre, de 2021. Esto puede significar que ese último porcentaje de la población, haya percibido que el lugar en que reside es inseguro pues, durante ese mismo periodo, los datos que ofrece este instituto obtenidos a través de la aplicación de una encuesta nacional de seguridad pública urbana, reflejaron que los habitantes consultados, vieron o escucharon conductas delictivas o antisociales alrededor de su vivienda como: consumo de alcohol en las calles (61.7%), robos o asaltos (55.7%), vandalismo en las viviendas o negocios (42.7%), venta o consumo de drogas (40.5%), disparos frecuentes con armas (39.6%), bandas violentas o pandillerismo (27.15), entre otros. Culpar o responsabilizar al pasado, ¿cobra sentido después de 4 años de gobierno en los que tal inseguridad no se ha sido atendida para que dichos índices disminuyan paulatinamente? Tal vez, ello explica, el por qué ahora las escuelas de algunos estados como Baja California, Zacatecas, Puebla o Morelos, hayan optado por enseñar en sus respectivos espacios educativos, ciertos protocolos para actuar en una situación de violencia cuando ocurra, por ejemplo, una balacera cerca de su escuela.

Lo anterior, son dos claros ejemplos de una realidad que es latente en nuestro país, como también lo es, el que la SEP en los últimos años se haya visto como un trampolín político para ocupar un cargo público de posible mayor envergadura, o bien, una candidatura para una gubernatura en cierto estado de la República Mexicana. Cambiar de Secretario o Secretaria, no significa un cambio educativo ipso facto.

Como se sabe, el Sistema Educativo Mexicano está permeado por problemas estructurales que, si bien es cierto, su origen se remonta a las pésimas decisiones que anteriores gobiernos han tomado, también es cierto que las políticas que en estos 4 años se han implementado, poco o nada han colaborado para aminorarlos. Es obvio, tales problemáticas rebasan, por mucho, lo que podría denominar como “buenas intenciones”; por ejemplo, uno de los programas estrella de este gobierno, en materia educativa, como el de la Escuela es Nuestra, no ha logrado atender las demandas y necesidades acumuladas de los planteles escolares que, como en el caso de la secundaria arriba expuesto, son el común en el territorio mexicano. Tampoco lo ha sido el otorgamiento de becas a los estudiantes puesto que, a decir de los datos contenidos en el Cuarto Informe de Gobierno, más de 520 mil alumnos no se inscribieron en el ciclo escolar 2021-2022; de hecho, la pérdida más significativa en este rubro, ocurrió en educación básica debido a que, en educación inicial y primaria, ya no se registraron 438 mil estudiantes.

Y bueno, si de formación profesional docente hablamos, habría que consultar y contrastar los datos que recientemente dio a conocer el Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO), donde se señala que el Programa de Desarrollo Profesional Docente va en picada pues, en 2016, fueron asignados 3 mil 539 millones de pesos, pero en 2022, solo se destinaron 249 millones, lo que representa que el gobierno federal solo destinó 38 centavos por docente para capacitaciones. Si, se leyó bien: 38 centavos por docente. ¿De qué manera se pueden mejorar los procesos educativos si un tema tan importante no es apoyado con suficientes recursos? En fin.

En los últimos días, he visto con atención, que varios colegas, investigadores, académicos o profesores, nos hemos concentrado en analizar la puesta en marcha del plan de estudios 2022, a implementarse en 2023, justo a un año de que termine este gobierno; la discusiones se han centrado en su contenido, estructura, enfoque, entre otros aspectos, pero también, en el “piloteo” que en el mes de octubre de este año comenzará a realizarse en pocas, muy pocas escuelas de nuestro país; sin embargo, pienso, que más allá de estos temas que son relevantes, existen otros tantos que, de manera cotidiana y recurrente, viven y padecen las maestras y maestros mexicanos. ¿Valdría la pena echarles una mirada? Yo creo que sí, porque sin ser pesimista, advierto que la recién nombrada Secretaria de Educación, poco podrá hacer en el ámbito educativo pues los problemas ahí están y se siguen acumulando, por ejemplo, los derivados del desastre que es la Unidad del Sistema de la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM) donde, por cierto, se sigue aplicando a raja tabla una política neoliberal, la más neoliberal de todas, que cada mañana se critica hasta el hartazgo desde el pulpito presidencial y secretarial.

Al tiempo.

Fuente: https://profelandia.com/cambiar-de-secretaria-no-significa-un-cambio-educativo/