Colombia: Agua: ¿Derecho fundamental o negocio?

Colombia Informa/ Abril 2016/

La crisis ambiental afecta la producción de agua, situación que va acompañada por la contaminación del preciado líquido. La industria y la minería son actividades que acumulan mayor cantidad de contaminantes. Mientras que en países europeos se prohíbe el uso de cianuro en minería de oro para conservar el agua y la biodiversidad, en Colombia la normatividad lo permite.

La privatización del agua con mercados de concesiones permite a multinacionales mineras ejercer control sobre zonas  estratégicas productoras de agua. De otra parte, la mayoría de los países en vía de desarrollo no cuentan con programas de tratamiento de agua de origen doméstico e industrial y estos van a las cuencas de los ríos.

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, el 80% de las enfermedades se transmiten por medio del agua contaminada. Se estima que 18 millones de personas siguen muriendo cada año debido a la falta de higiene, saneamiento y un suministro de agua digno. La industria es una de las actividades que acumula mayor cantidad de metales pesados, disolventes, lodos tóxicos y otros desechos contaminantes. Cada año se acumulan entre 300 millones y 500 millones toneladas. La minería integra las causas de contaminación de fuentes hídricas. Se calcula que los gastos para atender las necesidades de agua potable y saneamiento básico en el mundo crecen a más de 30.000 millones de euros anuales.

Normatividad colombiana- el agua como derecho fundamental

La Corte Constitucional colombiana, mediante sentencia T-413 de 1995, estableció que el derecho al agua es un derecho fundamental cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida, primero se atienden las necesidades domésticas. NO lo es cuando se destina a la explotación agropecuaria o actividades de turismo o a un terreno deshabitado. La sentencia fue modificada por la sentencia T – 381 de 2009 (José Ignacio Pretelt),  en este caso la sentencia le da vía libre a la acción de tutela para defender el derecho al agua solo cuando contribuye a la salud, a la salubridad pública y a la vida.

En Colombia, las organizaciones ambientales, ecologistas y defensoras de derechos humanos han acudido a las herramientas constitucionales para solicitar al Estado que se garantice el derecho al agua para el consumo humano en comunidades afectadas. La muerte de menores de la comunidad Wayuú en la Guajira por falta de agua potable se ha convertido en el  caso más relevante. Por esta situación la Corte Interamericana de Derechos Humanos le dictó medidas cautelares al Estado colombiano para que le garantice el agua a esta comunidad además de otras recomendaciones.

La realidad de la Guajira se extiende a otras regiones marginales del país donde las actividades mineras o de siembra de monocultivos de palma ya han dejado una enorme huella de contaminación y de sequía en las fuentes hídricas. En marzo de 2015, después de una verificación de la defensoría del pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y ACNUR a Riosucio Chocó, y en los cuatro resguardos indígenas se confirmó la muerte de 19 niños y niñas desde julio de 2013 que pudieron ser prevenibles. La muerte de los menores está asociada al consumo de agua contaminada, agravada a la falta de atención médica oportuna.

La implementación de grandes proyectos mineros en ecosistemas productores de agua es una de las principales causas de contaminación del líquido en América Latina. En Colombia los gobiernos han permitido la instalación de multinacionales sobre zonas productoras de agua muchas veces sin control ni estudios ambientales coherentes. Las licencias se otorgan obedeciendo a políticas internacionales privilegiando intereses particulares de las multinacionales.

Contaminación del agua por minería con mercurio y cianuro

La minería contamina el agua, afecta la salud y genera miseria y problemas sociales en las comunidades, los daños causados son irreversibles. En regiones abandonadas del país, la minería se convierte en un rebusque que les permite sobrevivir a las familias. Sin embargo, el mercurio empleado en la actividad se ha convertido en una de las causas de contaminación del agua y de afectación en la salud de la población.

El químico es un neurotóxico altamente dañino para el desarrollo cerebral de los niños. Las zonas más afectadas en áreas auríferas están en el Noreste Antioqueño y el Sur de Bolívar. Sin embargo la ley del mercurio no tiene en cuenta estos aspectos y la legislación colombiana no ha tomado decisiones contundentes para evitar mayores daños.

Son pocos los estudios y datos estadísticos sobre el tema. Sin embargo investigadores de la Universidad de Cartagena como el científico Jesús Olivero Verbel, director del doctorado en toxicología ambiental de Cartagena, sobre mineros del sur de Bolívar encontró daño neurológico de coordinación muscular. Una investigación realizada sobre mineros entre 20 y 45 años del Bagre, Antioquia, mostró diversas alteraciones en el grupo como daño intelectual y cambios emocionales y neurológicos. El desconocimiento de los efectos que produce esta clase de químicos expone a las comunidades y a menores que tienen contacto con la actividad.

En la legislación de los países europeos se prohíbe el uso del cianuro en la minería de oro con el fin de proteger el agua y la biodiversidad. Sin embargo, en Colombia las multinacionales han planteado el uso de este elemento en la minería de oro en zonas de páramos. Un peligro que amenaza la destrucción del ecosistema y la contaminación del agua. Los páramos producen el agua para el 75% de los colombianos. Un gramo de cianuro tiene la capacidad de matar a una persona. El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina –OCMAL-, mantiene la “Campaña por la Prohibición del Cianuro en América Latina”. A esta iniciativa se han adherido diferentes organizaciones ambientales, sociales y ecologistas.

Contaminación por minería de carbón

Un estudio entregado por la ONG Greenpeace, advierte que el conjunto de todas las centrales de carbón del planeta consumen una cantidad de agua equivalente al que consumen 1.000 millones de personas. La ONG advirtió además que esas compañías son responsables de ejercer una «enorme presión» sobre las principales cuencas hidrográficas del mundo y las poblaciones que viven en sus inmediaciones. En Colombia el caso más relevante se ha presentado en la mina el Cerrejón, la más grande del país que se explota a cielo abierto hace cuarenta años.

Las compañías que funcionan en esta zona del país han dejado a la comunidad sin agua. La falta del líquido ha sido causa de muerte de menores, así como también la causa de enfermedades derivadas de la actividad minera. Además se han desalojado comunidades en esa zona del país que ya no tienen acceso ni al agua ni a la tierra para cultivar.

Contaminación del agua por vertederos domésticos e industrial

Se estima que los países en vía de desarrollo como Colombia, el 90% del agua de origen doméstico e industrial vierten directamente a los ríos sin ningún tratamiento. Las personas asumen que sus plantas de tratamiento de agua les sacan todas las formas de contaminación al agua potable, sin embargo,  estas sólo están diseñadas para eliminar ciertos elementos. No obstante,  en los países desarrollados hay depuradoras que tratan la mayor parte del agua con desechos.

El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente –UNEP-, (por sus siglas en ingles), ha advertido que si no hay una actuación urgente para mejorar el tratamiento de aguas residuales el impacto será cada día mayor afectando no solo la salud de millones de personas sino también a los ecosistemas.

Alianza entre gobiernos y el sector privado, la privatización del agua

La alianza entre gobiernos con el sector privado en la década de 1990, expandieron las empresas trasnacionales de agua. Suez, RWE y Veolia Environment, se lucran con el agua potable. Otras compañías de refrescos como Coca-Cola, Nestlé, PepsiCo y Danone, son las que dominan el mercado del agua.

La privatización de empresas llegó con la privatización de las empresas de servicios públicos en Colombia, en particular el agua.

Lo cierto es que el agua se agota y el verano de este año disfrazado de “fenómeno del niño”, bajó los niveles de agua de los principales ríos del país y dejó sin agua a cientos de poblaciones. Los incendios y la destrucción de extensiones de bosque se aliaron al desabastecimiento de agua. Entonces, no es necesario hacer estudios y proyecciones para saber cómo serán los próximos veranos. Las decisiones de control en el tema ambiental son inmediatas y obligatorias tanto para comunidades como para gobernantes locales y nacionales como lo establece la norma: “garantizar el derecho fundamental al agua”.