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Educación, Protocolos y Aprendizajes Colectivos

 

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

Carecemos de teoría y práctica en materia de protocolos de actuación entre la escuela y la familia para hacer frente a una emergencia sanitaria como la que vivimos.

En marzo pasado, cuando analizaba el contexto de la contingencia sanitaria (epidemia-pandemia de la enfermedad covid-19) sugería que, en el caso de las políticas públicas educativas en México, hubo carencia de mecanismos de coordinación en las relaciones entre la Escuela y la Familia. Al respecto, escribí esto y propuse las siguientes preguntas: “…lo que se observa, hoy, es que no contamos, socialmente, con protocolos de actuación para hacer frente a este tipo de epidemias. ¿Por qué no aprendimos lo conducente de las experiencias anteriores? ¿Por qué no hemos “institucionalizado” las acciones preventivas y evitar las “remediales”? ¿Por qué carecemos de un programa de acciones preestablecidas, programadas o bien organizadas para hacer frente a estas situaciones adversas donde cada quien sepa qué hacer y cómo actuar?”

Sin embargo, sociedades como la nuestra, quizá, están relativamente preparadas ante determinadas situaciones adversas, para lo cual contamos ya, con ciertos protocolos de actuación, debido a las condiciones geográficas y naturales, esto para prevenir el desenlace y las consecuencias de algunos “desastres naturales” no previstos (y poco o nada predecibles) como ha sucedido con los sismos o huracanes.

A propósito de ello justamente, cabe mencionar que, durante el sismo reciente del pasado martes 23 de junio 2020, los protocolos de protección civil de nuestro país (ámbitos nacional y locales) mostraron su eficiencia, sentido de oportunidad y coordinación, a través de las acciones que realizaron los diferentes elementos de la estructura de participación ciudadana (más allá de la “alerta sísmica”), en la cual actuaron y actúan las instituciones (coordinadoras en lo general) y la ciudadanía (amplia participación en lo singular) de varias entidades federativas, que regularmente son afectadas por este tipo de fenómenos naturales. Es necesario reconocer esta efectiva actuación gubernamental y social, para no generar la idea de que los comentarios son siempre negativos.

No obstante, -dije en marzo pasado y ahora lo reitero-, “poco hemos trabajado a favor de las labores preventivas o de protección civil en materia de epidemias o pandemias en el ámbito educativo, específicamente en el conjunto de instituciones (actores, liderazgos y reglas) que integran el sistema escolarizado. No al menos en las necesarias acciones de coordinación que se requirieron (y se requieren) llevar a cabo entre los integrantes de la escuela y el hogar.”

Cuando se suspendieron clases o se inició el receso escolar en marzo pasado, por ejemplo (hace más de 100 días naturales y más de 50 días hábiles, sin contar los días de Semana Santa ni de Pascua), los Consejos Técnicos Escolares (CTE), si siguiéramos un adecuado protocolo de actuación Escuela-Familia, se debieron de haber convertido en Consejos Escolares de Emergencia Sanitaria (CEES) -figura que no existe, por cierto-, para poner en acción un conjunto o paquete de medidas y actividades coordinadas, a efecto de dar continuidad a los planes y programas educativos en condiciones extraordinarias, con criterios de equidad e inclusión. Y para actuar, en forma paralela, frente a la crisis de salud pública como dispositivo preventivo y no necesariamente como acción remedial. Dicho protocolo, tristemente, no se desencadenó.

Dos meses después, a finales de mayo, el titular de la SEP, Moctezuma Barragán, indicó que hubo un protocolo de actuación para el sector educativo ¿alguien sabe de su contenido? ¿quién participó en su diseño? Sobre ese supuesto protocolo, he preguntado a directivos y docentes de escuelas de educación básica, pero nadie sabe de él. En la Unidad UPN de Querétaro, mi centro de trabajo, jamás se dio a conocer ningún protocolo proporcionado por las autoridades educativas federales o estatales.

Dentro del mencionado análisis pregunté y sugerí, así mismo, lo siguiente: Si la anterior pandemia (virus de la influenza H1N1) se registró hace más de 10 años ¿podríamos imaginar una condición de “aprendizaje comunitario”, para la siguiente década, en la cual no seamos presas de la improvisación y la incertidumbre, como si fuera una emergencia que enfrentamos, como sociedad, por primera vez? Para entonces ya habrá suficiente “experiencia colectiva” ¿O no? Ese sería el escenario deseable para dentro de una década, aproximadamente, pero eso no sucedió lamentablemente en 2020, de marzo a la fecha. No hubo, quizá, un adecuado ni significativo “aprendizaje colectivo” entre 2009 y 2020.

En ese contexto, hablé de la noción de “aprendizaje comunitario”, (así le llamé para distinguirlo del “aprendizaje social” de A. Bandura), que se refiere a los cambios que se establecen de manera colectiva con respecto a una situación, conflicto o crisis, es decir, cuando los sujetos de una comunidad “instituyen” esos cambios para hacer frente a condiciones adversas o no. Un ejemplo de “aprendizaje comunitario”, efectivo, es el que se ha mostrado durante los últimos años (incluyo a la experiencia y a los efectos producidos por el sismo de 2017), cuando los sistemas de protección civil se han desempeñado cada vez de manera más coordinada, en cantidad y en calidad de los procedimientos y las acciones.

Esto lo comento porque en varias colaboraciones anteriores, he señalado que no hemos aprendido, como sociedad, como comunidad (es decir, de manera institucional), las lecciones de la coyuntura sanitaria, por ejemplo, de la Influenza del 2009 (H1N1). Y no sólo lo digo para nuestro país (como Estado-nación), sino como conjunto de naciones, como sociedad en su conjunto, a nivel global ¿Por qué colapsan los sistemas de salud pública de países centrales, “ricos”, como en Estados Unidos? ¿Qué pasó con los sistemas de prevención y de salud pública en general de algunas naciones “centrales” o “altamente desarrolladas” como Italia, Francia o España?

Me parece, entonces, que carecemos de teoría y práctica en materia de protocolos de actuación entre la escuela y la familia para hacer frente a una emergencia sanitaria como la que vivimos; esto es, no existen dispositivos preventivos de actuación oportuna en México, entre el sistema educativo y su extensión-conexión con la sociedad civil, dicho ello, repito, en contextos de emergencia de salud pública.

Todo parece indicar que hay mucho por hacer en este punto de la gestión y el diseño de las políticas públicas educativas. Sobre todo, pienso que hace falta un mayor vínculo entre los sistemas de salud y de educación para dar respuestas más efectivas y organizadas, planificadas, en este tipo de coyunturas, donde se ponga por delante la prevención de enfermedades y la atención a la población más vulnerable, con especial énfasis en niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Fuente e imagen: https://www.sdpnoticias.com/columnas/educacion-protocolos-y-aprendizajes-colectivos.html

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Entrevista a Manuel Gil Antón: «El neoliberalismo genera personas que responden lo que el poder quiere oír»

Por: Ruben Luengas

 

En el programa En Contexto, del canal de TV, La Octava, Ruben Luengas entrevista al Dr. Manuel Gil Antón, Profr. Investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien nos dijo que: “el sistema neoliberal, lo que hizo fue una educación como práctica de la obediencia, no como práctica de la libertad; una educación que no genera personas que sepan preguntar sino personas que sepan responder lo que el poder quiere oír”.

El profesor Gil Antón afirma que, la educación que se debe practicar, es aquella en que se genere un ambiente de aprendizaje, de tal manera que se permita la práctica del pensamiento, no la práctica de la repetición, ni la práctica de una obediencia ciega, orientada por la búsqueda de una calificación, eso no educa, es adiestramiento.

Finalmente nos dijo que esta pandemia es un fenómeno inaudito y debemos aprender de ello, ya que todo eso tiene un gran sentido educativo y debemos aprovecharlo.

Fuente e imagen:  http://rubenluengas.com/2020/06/video-el-neoliberalismo-genera-personas-que-responden-lo-que-el-poder-quiere-oir-manuel-gil-anton/

 

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Masacre en Oaxaca es resultado de los proyectos de desarrollo en los territorios indígenas: académicos, activistas y organizaciones

América/México/01/07/2020/Autor y fuente: desinformemonos.org

 

La masacre de 15 indígenas ikoots en San Mateo del Mar, Oaxaca, perpetrada por un grupo armado el pasado 21 de junio, «es resultado de los proyectos de desarrollo que se buscan implementar en los territorios indígenas» y no «un conflicto interno o poselectoral, como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador», aseguraron activistas, académicos y organizaciones.

En un comunicado, en el que manifestaron su solidaridad con el pueblo ikoots de Oaxaca, los académicos y organizaciones explicaron que la violencia y el hostigamiento contra los habitantes de San Mateo del Mar escalaron «desde que se nombró al presidente municipal Bernardino Ponce Hinojosa en octubre de 2019», pues las elecciones «no sólo no respetaron el sistema normativo interno, sino que además tuvieron serias irregularidades».

Agregaron que desde mayo de 2020 el pueblo ikoots denunció las agresiones «por parte del edil y su grupo paramilitar», pero que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca no intervino para garantizar la seguridad de la comunidad.

Los académicos y activistas indicaron que la masacre del 21 de junio y la violencia en general contra el pueblo ikoots se insertan «en los intentos del gobierno por desestabilizar la región y ponerla al servicio del capital», por lo que exigieron que se detengan las incursiones desarrollistas, salgan las empresas de los territorios indígenas y se respeten los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos.

A continuación el comunicado completo:

SOLIDARIDAD CON SAN MATEO DEL MAR

La situación que atraviesa la comunidad Ikoots de San Mateo del Mar, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, evidencia el perverso vínculo entre la política desarrollista del Estado y la actuación del crimen organizado en nuestro país. San Mateo del Mar por más de una década ha estado luchando por defender su territorio frente a las constantes amenazas por la instalación de parques eólicos, la privatización de su territorio, la construcción de un rompeolas y la modernización del puerto en Salina Cruz.

Desde que se nombró al presidente municipal, Bernardino Ponce Hinojosa, en octubre de 2019, el hostigamiento hacia los habitantes de San Mateo del Mar ha incrementado. Este nombramiento surgió de unas elecciones establecidas por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca que no sólo no respetaron el sistema normativo interno, sino que tuvieron serias irregularidades. Estos hechos despertaron el enojo y la oposición de los habitantes de San Mateo hacia el presidente impuesto y escaló el conflicto.

La noche del 2 de mayo de 2020, la comunidad de San Mateo ya denunciaba la fuerte agresión que vivía y que desembocó en un ataque armado en la Agencia Municipal de Huazantlán del Río. Reportaron un hombre asesinado, varios heridos y viviendas y vehículos incendiados. Se denunció que la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca desde inicios del año tuvo conocimiento del conflicto, pero no ha intervenido. En su comunicado nos advertían de que podrían venir actos más graves. Desde entonces las intimidaciones y violencia no cesaron por parte del edil y su grupo paramilitar. El domingo 21 de junio un ataque a hombres y mujeres de las Agencias municipales de San Mateo del Mar cobró la vida de quince de ellos.

Condenamos la masacre perpetrada en San Mateo de Mar, demandamos justicia para el pueblo Ikoots y respaldamos las exigencias hechas por la Unión de Agencias y Comunidades Indígenas Ikoots. Además, exhortamos a entender este conflicto en los intentos del gobierno por desestabilizar la región y ponerla al servicio del capital. No se trata de un conflicto interno o poselectoral, como lo considera el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esta masacre es resultado de los proyectos de desarrollo que se buscan implementar en los territorios indígenas. Por eso, exigimos se detengan las incursiones desarrollistas, salgan las empresas que ambicionan sus territorios y se respeten los usos y costumbres y la autonomía de los pueblos.

¡JUSTICIA PARA EL PUEBLO IKOOTS!

¡NO al Corredor Interocéanico!

Nombre completo, institución/organización/colectiv@

Alberto Velázquez Solís, Mérida, Yucatán

Alejandra Aguilar, CIESAS-Occidente

Alfredo Salazar Duque, Colombianos por la paz

Alicia Castellanos Guerrero, UAM

Ana María Vera Smith

Ángela Sandoval Uhthoff, UNAM

Bárbara Zamora, UNAM y Bufete Jurídico Tierra y Libertad A.C.

Bertha Elena Munguía Gil,

Daniele Fini, Universidad Iberoamericana Puebla

Emiliana Cruz, CIESAS-CDMX

Enzo Traverso, Universidad de Cornell, Nueva York

Eugenia de la O Martínez, CIESAS-Occidente

Eugenia Legorreta, IberoO

Fernando Matamoros Ponce, ICSyH-BUAP

Francisco Morfín, Isia Ayuuk

Gaspar Rivera-Salgado, UCLA

Gerardo Bernache, CIESAS-Occidente

Gerardo González Figueroa, ECOSUR Unidad San Cristóbal

Gilberto López y Rivas, INAH-Morelos

Inés Durán Matute, RLS/ICSyH-BUAP

Javier Herran, Lumaltik Herriak

Jean Robert, Universidad La Salle Cuernavaca Morelos

John Patrick Holloway, ICSyH-BUAP

Jorge Alonso, CIESAS-Occidente

José Antonio Olvera Llamas, Colectividad Nuestra Alegre Rebeldía de la Red Morelense de apoyo al CNI/CIG

José Bautista, ITESO

José Javier Capera, Revista FAIA- Argentina

José Luis Mariño López, Colectivo Bordando por la Paz y la Memoria

Julia Preciado, CIESAS-Occidente

Lilia García Torres,

Linda Quiquivix, educadora popular (California, EEUU)

Lola Cubells Aguilar, Asamblea de Solidaridad con México del País Valencià (España)

Margara Millan, UNAM

Margarita Dalton, CIESAS-Pacífico

Melike Yasar, representante del Movimiento Mujeres del Kurdistán para AMérica Latina y miembro del Congreso Nacional de Kurdistán

Oscar Arnulfo de la Torre de Lara, Universidad Autónoma de Aguascalientes

Patricia Fortuny Loret de Mola, CIESAS-Peninsular

Ramón Morales Balcázar, Observatorio Plurinacional de Salares Andinos

Raúl Gutiérrez Narváez, REDIN Chiapas

Renée de la Torre, CIESAS-Occidente

Rocío Moreno, Comunera de Mezcala, Jalisco

Rodrigo Camarena, ITAM

Rosa María Garza Marcué. INAH

Santiago Bastos, CIESAS-Occidente

Sergio García Reynaga, Comunidad Antihistoria

Sofía Blanco Sixtos,

Susana Vázquez, CIESAS-Occidente

Sylvia Marcos, Red de feminismos descoloniales

Walter Omar Kohan, Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Xochitl Leyva Solano, CIESAS-Sureste

Laura Nereida Plascencia Pacheco (CLADEM  Y PARITÉ)

Santiago A S, San Lorenzo de Azqueltán

Aguanita Zamora, Comunidad Purépecha y Kunkuarhekua iapuru ixï Anapuech’a

Irene Alvarado Saravia Programa Indígena Intercultural ITESO

Raúl Delgado Wise, UAZ

Carolina C. González González, Universidad Autónoma de Baja California Sur

Ilse Andrea Morelia Trujillo. Becaria de IILA – Universidad de Nápoles Orientale.

Francisca Zalaquett Rock, Centro de Estudios Mayas, UNAM.

Cristiano Tallè (universidad de Naples ‘L’Orientale’, Italia)

Grecia Jurado Azuara, UNAM

Antonio Fuentes Díaz, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Juliana Gómez, BUAP

Instituciones/Organizaciones/Colectiv@s

Colectiva Feminista MAPAS

Coordinadora de Pueblos y Organizaciones del Oriente del Estado de México en Defensa de la Tierra, el Agua y su Cultura (CPOOEM)

Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (FIOB)

Preparatoria Comunitaria José Martí, San Francisco Ixhuatán, Oaxaca

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/masacre-en-oaxaca-es-resultado-de-los-proyectos-de-desarrollo-en-los-territorios-indigenas-academicos-activistas-y-organizaciones/

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La educación en México en tiempos de COVID-19

Por:  Luis Gerardo Mendoza Cardozo

 

Lo que en su momento el día 14 de marzo de 2020 fuera para algunos motivo de festejo, celebración y júbilo por el anuncio emitido del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, referente al adelanto de las vacaciones de semana santa como medida preventiva para mitigar los contagios de la nueva enfermedad COVID-19, en la actualidad, el sentir de millones de niñas, niños, jóvenes, madres, padres, maestros, directivos y demás implicados en el ámbito educativo se ha vuelto totalmente adverso, tomando diferentes posturas ante la nueva manera de impartir educación.

La noticia no tardaría en llegar hasta lo más recóndito del territorio nacional. Con ello, empezaron a nacer múltiples interrogantes que en su momento no tuvieron respuestas del todo claras, situación que empezó a generar incertidumbre, dudas e inquietudes. Las más redundadas eran ¿Cómo se trabajaría con las alumnas y alumnos en esta, para muchos, nueva modalidad?; ¿Cómo se comunicarían las maestras y maestros con ellos?; y quizás, la más importante, ¿Se volvería a la escuela a tomar clases presenciales antes de que terminase el ciclo escolar?

Han pasado poco más de dos meses desde aquella conferencia de prensa y con ella han aparecido nuevos retos educativos y se han reafirmado otros que estaban en la mira desde hace años, a los que de una u otra manera se les han intentado hacer frente y dar posibles soluciones. Dicho sea de paso, estas han sido un tema de discusión del que nadie ha quedado excluido, pues alumnos, padres de familia, autoridades educativas, especialistas y organismos internacionales han puesto la mirada en ellas.

Los retos a los que se enfrenta el Sistema Educativo Mexicano varían de acuerdo con el rol que tienen los involucrados. Es evidente que lo que está aquejando a un alumno, no es lo mismo con lo que se está enfrentando un directivo de una escuela; sin embargo, hay líneas en las que convergen esos problemas.

Uno de los principales retos que enfrenta la educación en el país hoy en día y de cual emanan y subyacen los demás, es el de las desigualdades sociales-educativas que imperan en el país. Una situación que pareciera en su momento no fuera del todo considerada por los altos mandos de la educación. Tan sólo en 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL) afirmaba que en México existían 52.4 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y otros 8.6 millones en pobreza extrema. Prácticamente la mitad de la población estaba y muy probable sigue en un estado de vulnerabilidad que ha condicionado las nuevas formas de llevar la educación a las familias mexicanas.

De ahí otro de los retos a los que se han enfrentado las autoridades, supervisores, directivos y maestros, ¿Cómo llevar educación de calidad a todos los hogares? De acuerdo con la información de la Doctora en Ciencias Políticas con Especialidad en Sociología, Marion Lloyd, en su trabajo “Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19”, texto proveniente del libro “Educación y Pandemia. Una visión académica”, por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, menciona que entre los factores que condicionan el acceso a una educación de calidad en línea, opción a la que se apostó como primera instancia para llevar educación a los alumnos, son, la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución al que pertenecen.

La alternativa de querer llevar la educación a través de plataformas y programas educativos sólo fue resultado de atestiguar las grandes brechas de desigualdad social que existen en el país, pues no todos han tenido las condiciones para poder trabajar de esa manera, y los que las tienen, se las han visto duras, pues no sólo es el hecho de contar con los medios y recursos, sino también saber utilizarlos. He aquí otro de los retos a los que se han enfrentado principalmente maestros y alumnos, el uso, manejo y acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se afirma en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7 por ciento y aunado a esto sólo el 44.3% dispone de computadora en sus hogares.

Ante esta contingencia sanitaria se han tomado medidas y decisiones por los diferentes ordenes de gobierno. Se habló de la creación de correos electrónicos para millones de maestros para que pudieran trabajar con toda la paquetería de Google for Education, alternativa muy atractiva en su momento pero que ha resultado poco factible para la mayoría del alumnado por lo antes mencionado. Con esto, no se trata de descalificar esta estrategia de educación a distancia, sino más bien de cuestionar hasta qué punto ha sido adecuada esta medida para impulsar el aprendizaje de los alumnos.

Otra de las acciones implementadas y que ha buscado enmendar este tema de la brecha digital y de desigualdad ha sido la “Estrategia Nacional de Educación a Distancia”, mejor conocida como “Aprende en casa” que se enfoca principalmente en la difusión de programas educativos a través de medios como la televisión y la radio. Desde mi punto de vista, me parece una buena alternativa para aquellos que no cuentan con internet en casa, ya que se diversifican los canales para poder llevar las clases a distancia.

A todo esto, hay una serie de preguntas que valdría la pena pudieran contestarse ahora y después de está pandemia ¿Realmente se le ha podido hacer frente a toda esta serie de retos que enfrenta la educación en México en tiempos de COVID-19? ¿Han sido viables las acciones emprendidas por el gobierno federal? ¿Ha valido la pena trabajar desde los hogares, o ha sido una pérdida de tiempo? ¿Los maestros y alumnos estaban preparados para trabajar a distancia? ¿Hubiese sido mejor terminar el ciclo escolar y dar prioridad a la situación emocional y económica de las familias? ¿Realmente ha habido preocupación por el bienestar y los aprendizajes de los alumnos, o ha sido una necedad administrativa y burocrática por cumplir con el currículo formal y “salvar el ciclo escolar”?

En mi caso particular, trabajo en una escuela secundaria ubicada en el municipio de Huauchinango, Puebla, que tiene la peculiaridad de ser para trabajadores, característica que con los años se ha mantenido, no sólo de nombre, sino del tipo de alumnos que en su mayoría acuden a ella. Ya era complicado trabajar con muchos de ellos, debido a su situación socioeconómica, a los diferentes problemas familiares que vivían, y al bajo rendimiento académico que tenían, este último, resultado de darle prioridad a su trabajo, situación con la que han tenido que vivir no por gusto, sino por necesidad.

Hasta el momento de acuerdo con una estadística realizada por la institución en la que laboro y gracias a datos proporcionados por el director de esta misma, se ha confirmado que del total de los alumnos que están inscritos que son 328, sólo 183 han tenido por al menos una vez comunicación con sus maestros. En este ciclo escolar imparto clases a 184 alumnos, de los cuales, sólo he podido establecer interacción con 102 y de ellos, únicamente con 32 he tenido la oportunidad de aclarar dudas, retroalimentar, y recibir sus actividades. Ante esto nace otra interrogante y otro reto para los maestros ¿Cómo evaluar a los alumnos con los que ni siquiera se ha podido establecer comunicación?

Con los alumnos con los que he podido llegar a conversar, había una interrogante latente, que estuvo muy presente hasta hace unos días, ¿Cuándo íbamos a regresar a clases? Pregunta que no pude contestar con seguridad en su momento. Esta duda nacía debido a la situación emocional que habían estado viviendo por semanas, pues para muchos de ellos no ha sido lo mismo trabajar desde casa que tener clases presenciales.

Ante esta circunstancia, pareciera hacerse realidad en cierta medida, una historia de ciencia ficción de los mayores exponentes de este subgénero, Isaac Asimov, quien en su cuento ¡Cómo se divertían! Plateara un escenario muy similar al que se ha estado viviendo ahora, y este es el hecho de recibir clases por medio de una televisión. En esta narración se habla de cómo era la educación de los alumnos décadas atrás. En uno de sus fragmentos, cuenta como al finalizar la clase, los personajes tenían que depositar su tarea por un agujero que tenía el aparato visual, situación bastante similar a lo que se vive hoy en día en tiempos de COVID-19.

Esta pandemia se ha convertido en un hecho histórico no sólo para México, sino para el mundo, la cual ha dejado estragos y aprendizajes, que de no ser tomados en cuenta con la seriedad que merecen, este país continuará en la misma situación. Muchos se preguntan si se regresará a la normalidad, y la respuesta evidente debería ser que no, pues no se puede continuar con esas problemáticas que abundan en varias partes del país, principalmente en las zonas marginadas, las cuales han sido las más afectadas tanto en la parte económica como en lo emocional; es por ello, que se tendrá que velar por las familias mexicanas, mostrar solidaridad y muestras de humanidad, y no caer en una postura desalmada que lo primero que vea sea una calificación, antes que el mismo bienestar de estas.

El Sistema Educativo Mexicano debe visualizar el nuevo futuro tomando en consideración los retos que se han estado viviendo, los cuales al término de esta pandemia pasarán a ser los nuevos desafíos, tales como el abastecimiento de equipos multimedia en todas las escuelas del país; la adquisición de servicios como internet y telefonía; la capacitación de maestros y alumnos en el uso de plataformas educativas, y replantear lo qué hay que enseñar en la escuela, pues a pesar de que se habla que vivimos en la era digital, muchas personas no están del todo implicados en este mundo de la tecnología.

Bibliografía

CONEVAL. (31 de Julio de 2019). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado el Mayo de 2020, de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

IISUE. (2020). Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. En ISSUE, Educación y pandemia. Una visión académica. (págs. 115-121). Ciudad de México, México. Recuperado el 26 de mayo de 2020

INEGI. (17 de Febrero de 2020). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. México. Recuperado el 26 de Mayo de 2020

 

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-en-mexico-en-tiempos-de-covid-19/

 

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Educación nutricional podría incluirse en libros de texto/México

América/México/01/07/2020/ Autora: Karen/Fuente: plumasatomicas.com

 

Andrés Manuel López Obrador  (AMLO) anunció que en la educación básica se incluirá una materia sobre nutrición para combatir  enfermedades crónicas y malos hábitos alimenticios. Asimismo, informó que la educación nutricional será implementada en libros de texto.

Durante la conferencia mañanera, AMLO anunció que en los libros de texto se incluirán temas de nutrición y alimentación balanceada. El propósito de estos contenidos es combatir los malos hábitos alimenticios y, con ello, las enfermedades crónicas como la diabetes. 

Se espera que en julio se presente el modelo definitivo de la estrategia nacional nutricional. Ésta será difundida en diferentes medios d comunicación y redes sociales. Hasta el momento se sabe conoce el lema de la campaña: “la transformación empieza con lo que llevas  a tu mesa”. 

Desde el inicio de su gobierno, AMLO se ha pronunciado en contra de los malos hábitos alimenticios, asimismo, ha implementado campañas publicitarias contra los mismos. Por ello, no resulta extraño que ahora intente llevar su discurso hacia el panorama educativo.  Según el criterio del presidente, implementar la educación alimentaria en la educación básica traerá grandes beneficios a la salud alimentaria del país.

Se contempla que haya una materia de educación para la salud en los libros de textos para enseñar y educar para la salud. Ya nos preparamos para mejorar la nutrición“. (Vía: Excélsior)

El presidente pidió a la ciudadanía dejar de consumir productos chatarra y, una vez pasado el aislamiento social, comenzar a ejercitarse  Recordó que en muchos casos el Covid-19 afecta de manera más intensa a los pacientes que padecen una enfermedad crónica como la diabetes o la hipertensión. Se espera que una vez implementado el trabajo, la información que sea otorgada a los alumnos en las aulas sea reforzada por los padres en el hogar.

Fuente e imagen:  https://plumasatomicas.com/noticias/mexico/educacion-nutricional-libros-texto/

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El fertilizante en tiempos del COVID–19

Por: Tlachinollan

 

El miércoles 24 de junio es el día de San Juan Bautista, que es el día en que los campesinos e indígenas del estado, tienen como fecha simbólica para la siembra del maíz, frijol y calabaza. Un policultivo que le ha permitido a los pueblos de Guerrero mantener una cultura milenaria cimentada en la milpa, es decir, en una comunidad productora de bienes básicos, donde la diversidad de saberes y formas de organización se materializan a través de la asamblea, que es la expresión más sublime de una democracia basada en el consenso.

El programa fertilizante en nuestro estado ha reciclado el control político de la población indígena y campesina del estado.  En sus inicios el gobernador Rubén Figueroa diseñó este programa como un asunto de control de la población más insumisa del estado. Fue una propuesta pensada más en la lógica de contrainsurgencia, para poder someter a la población rural más pobre del estado. Las matanzas que se han suscitado desde Aguas Blancas, tienen que ver con esa visión depredadora, de que a los campesinos y campesinas que se atreven a levantar la voz, hay que someterlos por la fuerza y darles “su merecido”, ya sea matándolos o domesticándolos con el fertilizante.

Desde la década de los noventas hasta la fecha, el Programa Fertilizante se ha transformado en un programa político, que ha servido a los candidatos y a los mismos gobernantes, como el instrumento más eficaz para imponer un control a la población indígena y campesina más pobre del estado. El apoyo directo ha sido la forma más clara y contundente para tener una gran presencia en el ámbito rural. El paquete tecnológico del fertilizante, que ha sido impulsado por las empresas agroquímicas del exterior, resultó ser el milagro de la agricultura temporalera.

El fertilizante, más allá de ser un agente depredador, se ha transformado en un programa para cualquier político. No distingue de qué partido sea. Los mismos campesinos e indígenas, ven en la autoridad que lo promueve como al mesías que viene a redimir el grave problema del hambre, que enfrenta desde que sus padres le enseñaron a cultivar el campo.

En la Montaña, el problema alimentario, sigue siendo uno de los grandes desafíos que enfrentan las familias indígenas ante su extrema vulnerabilidad por la falta de apoyos, para una producción suficiente y adecuada de los granos básicos en sus parcelas. Vemos con gran preocupación que, en el contexto de la pandemia, los productores de maíz quedan supeditados a los dictados de Segalmex, de los servidores de la nación y de los mismos presidentes municipales, quienes sin ser sembradores de maíz, son los que están determinando quiénes serán los productores que recibirán 6 o 12 bultos de fertilizante.

El gobierno federal, a través del presidente de la república, ha anunciado desde el año pasado que este programa es para apoyar a los pequeños productores, sin embargo, para los presidentes municipales, esto se traduce en la oportunidad para fortalecer cacicazgos políticos, orientados a garantizar el triunfo electoral de los próximos candidatos de su partido. Más allá del diseño que puede tener este programa, en la práctica, los fertilizantes son al final de cuentas un producto que genera dividendos políticos, porque los productores los han hecho dependientes de paquetes tecnológicos basados en el petróleo.

En la Montaña, se reciclan los conflictos comunitarios desde hace un año, con relación a la exigencia que legítimamente han planteado los productores para acceder a los fertilizantes. En el marco de la pandemia, la gente del campo entendió que habría que esperar el momento para registrarse como productores, y al mismo tiempo, darles oportunidad a las instancias de gobierno como Segalmex, que realizaran el traslado de los agroquímicos a las bodegas de sus municipios. El grave problema es que en este diseño, desde la elaboración del padrón, la distribución del fertilizante y la ubicación de las bodegas, se realizó en el escritorio. Es decir, en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de los beneficiarios directos. Simplemente se apostó al volumen de millones de pesos que se autorizaban desde la federación para la compra del agroquímico y se planeó que, a través de Pemex, se iba a realizar toda la maniobra, para resolver los problemas de la entrega en cuanto a volumen y tiempo del agroquímico.

En los hechos resultó que Pemex no estaba en condiciones de atender está demanda, mucho menos de cumplir con el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal, de que en este año se daría cumplimiento cabal a la entrega del fertilizante en tiempo y forma. Es más, que se ampliaría este programa a otros estados para demostrar la capacidad del gobierno federal y su paraestatal, de que estarían en condiciones de entregar estos insumos a la población campesina e indígena de la zona sur y centro del país.

Es increíble que las cifras que dan tanto el subsecretario de agricultura Miguel García Winder, de que se ha entregado a 167 mil productores el fertilizante, los funcionarios de Segalmex informen que han proporcionado a 227 mil 171, cuando la meta era beneficiar a 280 mil productores. La realidad es que hay un gran número de productores que han sido desaparecidos de los padrones, sin que los servidores de la nación puedan informar qué fue lo que pasó en este nuevo sistema de registro, controlado por la Secretaría del Bienestar.

A pesar de las reuniones que el gobernador del estado ha tenido con los presidentes municipales, cada municipio decidió la forma de apoyar a los productores. En el caso de la Montaña, desde el año pasado tenemos al municipio de Acatepec, como el ejemplo más claro del uso clientelar del programa. A todos los productores se les impuso una cuota de 100 pesos por hectárea para la entrega del fertilizante en sus comunidades. Esto mismo sucedió con el presidente de Tlacoapa, que está cobrando a los productores 50 pesos para el traslado del agroquímico a sus comunidades.

Son casos que hemos documentado y que las mismas personas nos han pedido nuestra intervención, sin embargo, no podemos hacer nada, porque resulta que los presidentes son autoridades intocables. Nadie puede obligarlos a cumplir con el compromiso presidencial, de que los 6 o 12 bultos que reciben los productores más pobres de país, tienen que asumir los costos para el traslado de los agroquímicos a sus domicilios. Ninguno de ellos pondrá de su bolsa, simplemente tendrán que utilizar el Ramo 28, de las participaciones federales.

Es el mismo negocio de los grupos políticos de antaño que en la actualidad, siguen reproduciéndose en el estado, porque forman parte de una estructura clientelar, que al final de cuenta se trata de expoliar al más pobre. En esa pirámide se encuentran tanto los funcionarios federales, del estado y los presidentes municipales, que forman parte del entramado burocrático, quienes lucran con las necesidades de la población más depauperada. Las mafias de los transportistas son los tentáculos de un poder caciquil que se mueven al ritmo del jefe político en turno. Ellos se encargan de movilizar a las clientelas políticas, y al mismo tiempo, de cobrar estos favores a la población más vulnerable, quienes para sobrevivir tienen que pagar el traslado de los agroquímicos para las siembras del hambre.

Las familias indígenas de la Montaña, en el marco de esta pandemia han tenido que esperar a la Secretaria de Desarrollo Rural y a los mismos presidentes municipales, para que hagan llegar el fertilizante a sus comunidades. Nada es gratis. Todo tiene un costo político y económico. La gente quiere sembrar, para que San Marcos les haga el milagro de que llegue la lluvia y puedan cosechar suficiente maíz, sin embargo, para los políticos el fertilizante es una gran oportunidad para afianzar clientelas que les garanticen el voto el próximo año, sufragando en favor de su grupo político o de su propia candidatura.

Hoy el reclamo de la población indígena de la Montaña es que se tome en cuenta a todos los productores y productoras. Que no se discrimine a las mujeres como está pasando en el municipio de Acatepec, a quienes se les asigna la cuota de 6 bultos, independientemente de que puedan acreditar dos o tres hectáreas. Por otro lado, también han reclamado, como sucede en el municipio de Alcozauca, que se incorporen 800 productores que han sido excluidos del padrón, por parte de los servidores de la nación, bajo el criterio de que no son personas afines a Morena.

El principio de la gratuidad no se está garantizando entre los municipios más pobres de Guerrero.  Por el contrario, las cabeceras municipales que el gobierno federal llamó de La Esperanza, por no haber registrado contagios del COVID – 19, sus pobladores son quienes padecen el trato discriminatorio al negarles la atención médica y la aplicación de las pruebas PCR, porque en la Montaña los indígenas no tienen derechos. Estamos ante una realidad que lacera, porque se sigue tratando a las poblaciones que poseen una identidad propia como entes manipulables y sacrificables.

No le cuesta nada al país que varios jefes o jefas de familia mueran por el COVID – 19 o por cualquier otra enfermedad, al final de cuentas se trata de población indígena, quienes, desde la colonia, han sido asesinados o contagiados por epidemias trasmitidas por los colonizadores. El fertilizante en tiempos del COVID – 19 sigue utilizándose en la práctica, como un programa de control político, más que de justicia social. El agroquímico es una apuesta por el poder político en la siembras del hambre.

 

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-fertilizante-en-tiempos-del-covid-19/

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Nuevo revés para las restricciones al aborto legal en Estados Unidos

América del Norte/ Estados Unidos/ 30.06.2020/ Por: Celeste Murillo/ Fuente: www.laizquierdadiario.com.ve.

La Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de las restricciones al aborto legal que instalaba una ley del del estado de Louisiana. Nuevo revés para Donald Trump y la agenda contra las mujeres y personas LGBT.

El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos falló en contra de una ley de Louisiana que restringía el acceso al aborto legal en el estado. Este fallo es el primero desde el nombramiento de dos jueces conservadores, herramienta clave para la agenda ultra conservadora que apoya el gobierno de Donald Trump en materia de derechos. La Casa Blanca reaccionó al fallo con un comunicado en el que se refirió a la medida como «desafortunada» y que «devalúa» el valor de la vida del “niño por nacer”.

En Estados Unidos, el aborto legal está garantizado desde 1973 por el fallo de la Corte Suprema en el caso Roe versus Wade. Pero desde esa misma fecha, las iglesias cristianas y la derecha conservadora han intentado recortarlo. Durante las últimas décadas se impulsaron más de 1200 restricciones al derecho a decidir de las mujeres, y casi el 30 % fueron promulgadas de 2010 en adelante (es decir durante las administraciones de Barack Obama y la actual de Donald Trump).

Este fallo se da en un contexto en el que el acceso al aborto legal está en la mira. A los recortes provocados por las restricciones estatales se le sumaron los obstáculos que resultan de la crisis sanitarias provocada por el Covid-19. Esa combinación resulta un escenario muy complicado para la mayoría de las mujeres que deben interrumpir un embarazo durante la pandemia. El Guttmacher Institute, que sigue de cerca la situación del aborto legal en Estados Unidos, estima que la mitad de todas las mujeres del país vive en estados que son hostiles al derecho al aborto legal.

Nadie quiere salir en la foto con Donald Trump

La decisión de la Corte es un revés para Donald Trump que atraviesa un momento crítico de su administración, signado por las protestas contra el racismo y la crisis económica. No es la primera, a mediados de junio, se conoció el fallo que impedía la discriminación por identidad de género y orientación sexual en el lugar de trabajo y el que apoya el programa de los llamados dreamers, hijos e hijas menores migrantes.

La Corte Suprema cuenta hoy con mayoría conservadora pero eso no significa luz verde para la agenda de la ultraderecha. El fallo contra la ley de Louisiana, que buscaba restringir el acceso al aborto legal obligando a las clínicas que realizan abortos a tener acuerdos derivación automática a hospitales de mayor complejidad. De haber sido aprobada hubiera significado el cierre completo de dos tercios de ese tipo de clínicas en el estado.

La ley que votó la legislatura estatal de Louisiana en 2014 obligaba a clínicas y profesionales que realizan interrupciones legales del embarazo a tener un permiso de derivación a hospitales de alta complejidad en un radio de 50 kilómetros. Esto complicaba a los centros de salud alejados de los grandes centros urbanos. Con la excusa de garantizar la atención médica se buscó reducir la cantidad de clínicas y así restringir el acceso a un derecho.

Política oficial

El gobierno de Donald Trump se involucró de forma directa en la campaña contra el acceso al aborto legal desde su asunción. Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó como presidente fue la que prohíbe el uso de fondos públicos para subvencionar a grupos que practiquen o asesoren sobre el aborto legal en el extranjero, una política republicana que data de la década de 1980 y que Barack Obama había cancelado.

En 2017, por primera vez, un miembro del poder Ejecutivo en funciones participó de la llamada “Marcha por la vida”. El vicepresidente Mike Pence, ultraconservador y conocido por su perfil homofóbico y opositor al derecho de las mujeres a decidir, fue el primer vicepresidente de EE. UU. en funciones en encabezar la marcha en Washington contra el derecho al aborto.

El intento de restringir el aborto legal en Louisiana no es el primero. En 2016, una prohibición en el estado de Texas había llegado a la Corte Suprema con un objetivo similar: revertir el fallo Roe vs. Wade que legalizó el derecho al aborto en Estados Unidos. El argumento para fallar contra esas restricciones es similar: no existen beneficios para la salud de las pacientes y representa un obstáculo al acceso a un derecho.

Louisiana es uno de los estados con más prohibiciones relacionadas con la salud reproductiva. La ley de derivación automática es una de las 89 restricciones estatales promulgadas desde 1973. Estas medidas impactan sobre todo en la mujeres pobres, que no pueden pagar prácticas privadas, viajar a otros estados y otras formas de sortear los obstáculos al aborto legal.

El otro debate sobre el que deberá pronunciarse la Corte Suprema es la cobertura de métodos anticonceptivos. Bajo el plan de salud impulsado por el expresidente Barack Obama, las iglesias e instituciones educativas religiosas estaban exentas de proveer cobertura médica que fuera en contra de sus creencias. Esa concesión permitía a los empleadores religiosos no garantizar acceso a los métodos anticonceptivos, pero no prohibía que los agentes de salud los proveyeran.

La administración de Trump y la ONG católica Little Sisters of the Poor llevaron el caso al Tribunal Supremo. Buscan extender las exenciones para todos los empleadores que no quieran brindar cobertura de anticonceptivos por motivos religiosos. Si la Corte fallara a favor de Trump, se estima que entre 70 mil y 126 mil mujeres podrían perder acceso a anticonceptivos mediante su cobertura médica.

Advertencia

Las organizaciones feministas y que defienden los derechos reproductivos de las mujeres y las personas con capacidad de gestar recibieron el fallo como una victoria. Sin embargo, alertaron sobre nuevos avances contra el aborto legal.

Es una advertencia adecuada: desde que se reconoció el derecho de las mujeres a decidir en 1973, muchos estados avanzaron en restricciones y prohibiciones. Se estima que en Estados Unidos, 29 estados tienen legislaciones hostiles al derecho al aborto y 6 de cada 10 mujeres en edad reproductiva viven en estos estados.

El aborto legal es la única garantía para el acceso igualitario a un derecho elemental. Cualquier retroceso no significará menos interrupciones voluntarias sino más desigualdad: solo aquellas mujeres que puedan pagarlos accederán a abortos seguros. El resto será arrojado a la clandestinidad y los riesgos para la salud.

Fuente de la noticia: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Nuevo-reves-para-las-restricciones-al-aborto-legal-en-Estados-Unidos

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