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Entrevista a Guillermo Churuchumbi, alcalde de Cayambe«El Municipio actualmente se encarga de salud y educación, aunque estas sean competencias del gobierno central»

Entrevistas/20 Agosto 2o20/rebelion.org

En referencia al escaso, casi nulo, apoyo del gobierno central, dice: «Nosotros compramos pruebas PCR, pruebas rápidas, etc. Al estar en el territorio, las Alcaldías sentimos los problemas, sentimos la angustia de nuestra gente, entonces a medida de nuestras posibilidades hemos respondido y dado alternativas».

¿Qué ha ocurrido con el abastecimiento de alimentos en el cantón Cayambe durante la pandemia?

En Cayambe, desde hace cuatro años venimos fortaleciendo la construcción de redes de producción agroecológica. Tenemos más de 13 asociaciones de productoras agroecológicas, una asociación de tanques fríos de leche, y de productores de cebolla, quienes no han parado durante la pandemia. Hace más de dos años aprobamos una ordenanza de apoyo a la soberanía alimentaria desde el gobierno Municipal como política pública, para garantizar la comercialización de productos agroecológicos. Antes, las productoras agroecológicas eran perseguidas por la Policía Municipal en los espacios públicos, por denuncia de las señoras del mercado que monopolizaban las ventas.

Este trabajo previo, nos ha permitido enfrentar la pandemia de forma organizada, con experiencia productiva y de comercialización para organizar las ferias. En ese contexto, me atrevo a decir que la experiencia que teníamos anteriormente, la activamos con mucha fuerza. Hasta el momento hemos tenido más de 300 ferias productivas agroecológicas en las 8 parroquias (6 rurales y 2 urbanas) que ha sido una respuesta muy importante; en los primeros dos meses de pandemia, fue un éxito total. En medio de la pandemia, esto nos ha permitido evitar que la gente baje a la ciudad de Cayambe. Así, las ferias intercomunitarias y comunitarias permitieron evitar el contagio, las aglomeraciones y, lo más importante, fortalecimos y dinamizamos la economía local.

Hablando del tema del empleo rural ¿Cuáles han sido los efectos locales de los despidos masivos?

En Cayambe tenemos plantaciones florícolas (más de 2500 hectáreas) y lastimosamente, en el primer y segundo mes de pandemia, hubo serias dificultades para la exportación. Por lo tanto, algunos empresarios florícolas, aunque no todos, aprovecharon la coyuntura y despidieron a cerca de 5000 jefes de familia quienes habían trabajado 10, 15 y 25 años. Usaron el pretexto de la pandemia para no cumplir con las obligaciones laborales ni con las compensaciones. Despidieron a miles de personas, violentando sus derechos laborables, los derechos de las mujeres; no respetaron a mujeres embarazadas y no respetaron años de trabajo.

¿Qué medidas ha tomado el GAD Municipal para ayudar a las personas despedidas?

Desde el gobierno municipal, recogimos con las juntas parroquiales y los presidentes de las comunidades la información relevante, y se hizo un pedido a la Defensoría del Pueblo para que se investigue y se protejan los derechos laborales. Esto es un trabajo duro y realmente es responsabilidad del Ministerio de Agricultura, del MIPRO (Ministerio de Producción), de la Prefectura, etc.

Entonces, no solo estamos viviendo la crisis sanitaria sino también la crisis económica. La gente que vive del día a día se ha acabado sus ahorros, por lo cual nosotros estamos apoyando a las personas que están sin empleo desde la reactivación productiva, la agroecología, la producción y entrega de plántulas. Estamos desarrollando la promoción y organización de la agricultura urbana a través de los barrios federados y no federados, y dando asistencia técnica para las huertas orgánicas a nivel urbano. Entonces tenemos, por un lado, el proyecto de soberanía alimentaria y por otro, un proyecto de desarrollo económico.

En este grave contexto de los despidos y crisis económica, se plantea la alternativa de la producción agroecológica y huertos urbanos. ¿Cómo está el tema del acceso a la tierra?

Algunas familias lastimosamente no tienen tierra, sobre todo las familias pobres que viven en la ciudad. Por lo cual estamos haciendo un proceso de levantamiento de información barrio por barrio para que juntos, busquemos alguna alternativa: capacitación y emprendimientos, cómo buscar y canalizar micro créditos, etc. Igualmente, apoyar con el tema de las plántulas y de los abonos, aunque no tengan tierra, para que siembren en el patio de los hogares, o algún espacio disponible. Así mismo, tenemos un proyecto para las mujeres que han sido maltratadas que se llama «Casa Dolores», quienes cuentan con un pequeño de terreno donde trabajan, siembran, se recrean y cuando está la cosecha, entre ellas mismo se reparten como un espacio de intercambio y solidaridad.

Actualmente, algunas instituciones están manejando el discurso de que se avecina una crisis alimentaria. Como GAD cantonal ¿cuál es la proyección a largo plazo en cuanto a la producción y abastecimiento de alimentos?

En el norte de Cayambe, en Ayora y Olmedo, se dedican mucho a la producción de la leche. Tenemos aproximadamente 420 000 litros de leche diarios de las familias campesinas e indígenas, quienes entregan la leche al ordeño a través de un convenio con el Ministerio de Educación. Lastimosamente, el Ministerio no está realizando clases presenciales y por lo tanto el Estado no está comprando, ni pagando la alimentación escolar. Ahí vamos a tener una dificultad, probablemente incluso podríamos llegar a tener una crisis lechera y por ende, va a afectar la economía de las familias. De todas maneras, muchas familias ya están preparando sus huertos, recuperando las semillas, etc. Entonces de pronto, puede llegar la crisis lechera, pero tendrían otras alternativas de sostenibilidad y de consumo para la alimentación propia.

También estamos levantando esta información, para poder intervenir y llegar a aquellas personas que no tienen ninguna posibilidad. En los últimos meses de pandemia, hemos estado entregando kits alimentarios a las familias que no tienen empleo, o que han sido despedidas, que viven del día a día, etc. Sin embargo, no es suficiente, por lo cual también promocionamos «Cayambe Solidario». Esto significa que no solamente el gobierno central o el Municipio entregan kits alimentarios, sino buscamos generar lazos familiares de solidaridad y espacios para compartir.
Entonces, por ejemplo, cuando tenemos que entregar a una persona mayor el kit alimentario, inmediatamente nosotros empezamos a preguntar: ¿quiénes son sus hijos? ¿tiene o no tiene hijos? A veces los hijos tienen carros de lujo y enormes casas, pero se han olvidado de sus adultos mayores y nosotros abogamos para que también se hagan responsables. La familia tiene que ser corresponsable de sus familiares mayores y la comunidad para superar estos tiempos de crisis y pandemia. Inclusive empieza a funcionar el tema de los pisos ecológicos: se intercambian productos entre las tierras bajas con las tierras altas.

Finalmente, ¿cómo se diferencia la gestión de un GAD como institución de función descentralizada, a comparación de otras instituciones del Estado central durante la pandemia?

Primero decir que los alcaldes, incluido el alcalde de Cayambe, caminan en el territorio. Sentimos la necesidad de nuestra gente y damos respuesta a estas necesidades en la medida de nuestras posibilidades económicas. Siempre que existen problemas, las personas recurren a la Alcaldía; y por eso, recién se acabaron nuestros fondos municipales. Sin embargo, el Municipio actualmente está cargando con todo: con salud y educación, aunque estas sean competencias del gobierno central. El tema del internet es una competencia fundamental del Ministerio de Telecomunicaciones, sin embargo, nosotros tenemos que cargar con el muerto, tanto humana, técnica y financieramente. Encima de eso, el gobierno nos debe fondos de tres a cuatro meses; no tenemos ingresos propios. Sin embargo, nosotros hacemos los esfuerzos institucionales, organizativos y asociativos, con la finalidad de hacer una gran Minga por la soberanía alimentaria, por la solidaridad y por la agroecología.

En el caso de la Alcaldía de Cayambe, a pesar de la crisis económica, de manera participativa y transparente, hemos administrado cada centavo y nos han alcanzado los recursos. Estamos ampliando la red de internet para el sistema educativo de nuestros niños, inclusive desde la Escuela Municipal estamos haciendo educación domiciliaria y ahora el Ministerio de Educación nos ha seguido. Equipamos el Hospital Raúl Maldonado con insumos médicos, cuando esa es una responsabilidad del Ministerio de Salud. Nosotros compramos pruebas PCR, pruebas rápidas, etc. Al estar en el territorio, las Alcaldías sentimos los problemas, sentimos la angustia de nuestra gente, entonces a medida de nuestras posibilidades hemos respondido y dado alternativas.

En Cayambe tenemos una Alcaldía participativa, intercultural, de puertas abiertas y democracia horizontal. Si bien es cierto en la ciudad existen contagios y también tenemos muertes por coronavirus, sin embargo, en relación a los cantones similares como Rumiñahui y Mejía tenemos tres veces menos. Eso se debe no solamente a la participación y coordinación interinstitucional, sino también a la participación comunitaria y la corresponsabilidad de su gente, los controles comunitarios. Nosotros fortalecemos a una sociedad organizada y también a una sociedad que puede trabajar de forma horizontal. En la democracia en tiempos de pandemia, hay que construir desde abajo, desde la horizontalidad, desde la participación, desde la toma de decisiones conjuntas.

Por ejemplo, para decidir sobre la semaforización, nosotros hicimos un proceso de amplia consulta con los sectores productivos, juntas parroquiales, presidentes de las comunidades, presidentes barriales. Decidimos con todos; la sociedad organizada decidió quedar en el semáforo rojo y luego así mismo, todos decidimos salir al semáforo amarrillo. No hacemos decretos desde la verticalidad, sino construimos desde la horizontalidad. Esa es una nueva forma de construir una democracia, de construir una nueva sociedad y de comprender el Estado en conjunto con la sociedad, para responder los problemas desde el territorio.

Fuente: https://rebelion.org/el-municipio-actualmente-esta-cargando-con-salud-y-educacion-aunque-estas-sean-competencias-del-gobierno-central/
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Presidente de Brasil promulga ley que flexibiliza año escolar debido a pandemia

América del sur/Brasil/20 Agosto 2020/http://spanish.peopledaily.com.cn/

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, promulgó una ley que flexibiliza el año escolar en el país al eximir a las instituciones de enseñanza de cumplir con el número mínimo de días de clases de este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus, publicó hoy el Diario Oficial.

El nuevo marco legal exime a las escuelas de educación básica de cumplir tanto con los 200 días obligatorios del año escolar, como con la carga mínima de 800 horas que exige la Ley de Directrices y Fundamentos de la Educación.

Las escuelas de educación primaria y secundaria tendrán, sin embargo, que cumplir con la carga de trabajo exigida por ley, lo que ya es realizado de forma parcial a través de las clases virtuales.

El cumplimiento de la carga de trabajo de este año podrá ser completado el próximo a discreción de los planteles educativos, que pueden desarrollar actividades pedagógicas no presenciales.

Tanto las escuelas de educación primaria como secundaria, así como las universidades brasileñas, suspendieron sus actividades presenciales entre marzo y abril de este año, que sustituyeron por clases virtuales.

El estado brasileño de Amazonas (noroeste) retomó esta semana de manera parcial la asistencia física a los planteles, convirtiéndose en el único en hacerlo hasta ahora en el país sudamericano.

Los estudiantes que forman parte de los grupos de riesgo a la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19) tendrán atención especial, mientras que a los estudiantes en redes públicas se les garantizará apoyo, alimentación y programas de atención sanitaria.

Las instituciones de enseñanza superior tampoco deberán cumplir los 200 días de clases, aunque sí el programa de estudios previsto para cada curso.

La ley fue promulgada por Bolsonaro con seis vetos, cuatro de los cuales se refieren a la obligación del gobierno federal a prestar asistencia tanto técnica como financiera a estados y municipios para que puedan ofrecer clases o actividades de enseñanza a distancia, con las medidas sanitarias necesarias para retomar las actividades.

Fuente: http://spanish.peopledaily.com.cn/n3/2020/0820/c31617-9736581.html

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Comenzará en Venezuela II Congreso Internacional de Pedagogía

América del sur/Venezuela/20 Agosto 2020/prensa-latina.cu

El II Congreso Internacional de Pedagogía auspiciado por el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) de Venezuela iniciará hoy sus sesiones de forma virtual con la participación de varias organizaciones.
Con el lema Pedagogía con consciencia productiva, sesionará este evento desde este jueves y hasta el próximo sábado, donde se impartirá además el II ciclo de Conferencias sobre contexto regional mundial de la formación técnica profesional.

El Congreso abordará los retos esenciales que afronta la preparación de los futuros especialistas de carreras de ese nivel y temas como la educación de los jóvenes en las nuevas circunstancias que impone el azote de la pandemia de la Covid-19 en el mundo y otros desafíos de esa enseñanza.

De forma virtual estarán interactuando a través de las plataformas digitales especialistas de Nicaragua, Argentina, Perú y Venezuela, según los organizadores.

Está confirmada además la participación de funcionarios del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas y otros organismos de la ONU.

El evento forma parte de la programación especial por los 61 años de creación del Inces y en las plataformas digitales Zoom, YouTube, Facebook e Instagram el público en general podrá escuchar los debates.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=390674&SEO=comenzara-en-venezuela-ii-congreso-internacional-de-pedagogia
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La vuelta al mundo en 10 escuelas

Noticia/20 Agosto 2020/elpais.com

Recorrido visual por algunos de los países que han reabierto sus centros educativos

    • Los alumnos suben las escaleras en la escuela de Petri, en Dortmund. Las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, donde se ubica esta ciudad, son las únicas de Alemania que han decretado la obligatoriedad de la mascarilla en la escuela.
      1Los alumnos suben las escaleras en la escuela de Petri, en Dortmund. Las autoridades de Renania del Norte-Westfalia, donde se ubica esta ciudad, son las únicas de Alemania que han decretado la obligatoriedad de la mascarilla en la escuela. INA FASSBENDER AFP
    • El uso de mascarillas en las escuelas del Estado de Renania del Norte-Westfalia también es obligatorio dentro de las clases. En la imagen, alumnos de séptimo curso el 13 de agosto en la centro de Freiherr-vom-Stein de Bonn.
      2El uso de mascarillas en las escuelas del Estado de Renania del Norte-Westfalia también es obligatorio dentro de las clases. En la imagen, alumnos de séptimo curso el 13 de agosto en la centro de Freiherr-vom-Stein de Bonn. WOLFGANG RATTAY REUTERS
    • Alumnas del colegio de Itäkeskus de Helsinki, Finlandia, durante su primer día de clase del curso.
      3Alumnas del colegio de Itäkeskus de Helsinki, Finlandia, durante su primer día de clase del curso. ADRIÁN SOTO
    • "Siempre tuvimos claro que la enseñanza presencial es prioritaria. Si la situación de pandemia empeora, tendremos que considerar otras alternativas, pero por ahora nuestra intención es completar el currículo escolar", dice Annina Kervinen, profesora del colegio de Itäkeskus en la zona oriental de Helsinki. En la imagen, Kervinen da clase en primer día del curso.
      4«Siempre tuvimos claro que la enseñanza presencial es prioritaria. Si la situación de pandemia empeora, tendremos que considerar otras alternativas, pero por ahora nuestra intención es completar el currículo escolar», dice Annina Kervinen, profesora del colegio de Itäkeskus en la zona oriental de Helsinki. En la imagen, Kervinen da clase en primer día del curso. ADRIÁN SOTO
    • Varios grupos de niños posan en su primer día de clases tras la vuelta al colegio, en la escuela de primaria Newark, Glasgow (Escocia).
      5Varios grupos de niños posan en su primer día de clases tras la vuelta al colegio, en la escuela de primaria Newark, Glasgow (Escocia). DPA / EUROPA PRESS JANE BARLOW
    • En la imagen, tres adolescentes en el instituto de St. Paiul, en Glasgow. Escocia no ha establecido unas normas de distanciamiento mínimo entre alumnos.
      6En la imagen, tres adolescentes en el instituto de St. Paiul, en Glasgow. Escocia no ha establecido unas normas de distanciamiento mínimo entre alumnos. JEFF J MITCHELL GETTY IMAGES
    • Un profesor le ofrece gel desinfectante a una alumna durante el periodo de adpatación previo a la vuelta a las clases presenciales en la escuela Bowie Middle, en Odessa (Texas).
      7Un profesor le ofrece gel desinfectante a una alumna durante el periodo de adpatación previo a la vuelta a las clases presenciales en la escuela Bowie Middle, en Odessa (Texas). BEN POWELL AP
    • En Uruguay, las escuelas cerraron muy poco tiempo, pero laasistencia a clase no es obligatoria desde que empezó la pandemia. En la imagen, dos niñas usan tablets en una escuela de Montevideo.
      8En Uruguay, las escuelas cerraron muy poco tiempo, pero laasistencia a clase no es obligatoria desde que empezó la pandemia. En la imagen, dos niñas usan tablets en una escuela de Montevideo. PABLO PORCIUNCULA AFP
    • Estudiantes de la escuela primaria Wat Khlongtoe, en un clase equipada con mamparas, en Bangkok (Tailandia) el pasado 7 de agosto.
      9Estudiantes de la escuela primaria Wat Khlongtoe, en un clase equipada con mamparas, en Bangkok (Tailandia) el pasado 7 de agosto. ANDRE MALERBA EUROPA PRESS / DPA
  • Estudiantes palestinos durante la vuelta a las clases en la Escuela Moderna de Inglés, en Nablus (Palestina).
    10Estudiantes palestinos durante la vuelta a las clases en la Escuela Moderna de Inglés, en Nablus (Palestina). ALAA BADARNEH EFE / EPA
  • Los estudiantes vuelven a las clases en una escuela de Johannesburgo (Sudáfrica).
    11Los estudiantes vuelven a las clases en una escuela de Johannesburgo (Sudáfrica). KIM LUDBROOK EFE / EPA

    Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/14/album/1597388413_077678.html#foto_gal_11

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Resistencia mapuche y colonialismo interno

Por: La Jornada

Desde finales de julio, la región chilena de la Araucanía se encuentra envuelta en una nueva ola de violencia que ha llevado a integrantes del pueblo mapuche a emprender tomas de sedes municipales, levantamiento de barricadas, ataques a casas y locales comerciales e incendio de vehículos.

El gobierno de Sebastián Piñera ha respondido con una feroz represión por parte del cuerpo de Carabineros (policía militarizada), y con una descarada tolerancia ante la arremetida de grupos que cabe calificar como supremacistas: ¡El que no salta es mapuche! y ¡fuera, indios! son algunas de las consignas pronunciadas durante sus ataques contra los indígenas.En serio riesgo de muerte”: La crítica situación de Celestino ...

El antecedente inmediato de la ola de protestas que han tenido eco en la capital nacional, Santiago, se encuentra en la huelga de hambre de 27 presos políticos mapuches y, en particular, la que ha llevado adelante durante 102 días el machi (guía espiritual) Celestino Córdova. En estos momentos, su estado de salud es crítico y se teme que su muerte sea inminente, lo cual movió a indígenas y a sectores progresistas de la sociedad chilena a manifestarse en favor suyo y de la causa mapuche.

Condenado a 18 años de prisión por un incendio en el que murieron dos personas, en un proceso judicial ampliamente criticado por su parcialidad y las irregularidades que lo caracterizaron, Córdova busca que se le permita pasar seis meses en su casa de la ciudad de Temuco con la finalidad de renovar su rewe o energía espiritual. Ayer, la Corte Suprema de Justicia le dio portazo a una salida institucional a la crisis al negarle la prisión domiciliaria.

Estos sucesos no son sino los episodios más recientes del centenario colonialismo interno que la República de Chile ha llevado adelante como heredera de la Corona española en la tradición de asedio y despojo contra las comunidades indígenas.

Este proceso de expolio ha reducido los territorios del pueblo mapuche a apenas cinco por ciento de su área original, obligándolo a luchar no sólo por la restitución de sus tierras, sino para frenar el saqueo sistemático a que se ven sometidas por la dinámica extractivista impuesta por los grupos de poder que despachan desde la capital, las multinacionales, y los colonos que se apropiaron de vastas extensiones de la región.

La incapacidad del gobierno chileno para procesar el conflicto a través de cauces democráticos, hace urgente una intermediación internacional humanitaria que evite la muerte de Córdova, tanto por un elemental sentido humano como por las incalculables consecuencias que su deceso tendría en una situación que ya es sumamente delicada.

Más allá de la coyuntura, la crisis permanente en que viven los 700 mil integrantes del pueblo mapuche sólo podrá desactivarse mediante la restitución plena de sus derechos sobre la tierra, el aire y el agua que les fueron arrebatados por el Estado chileno, erigido en fuerza de ocupación interna.

El camino para cerrar esta fractura, y así poner fin a una opresión que impide a los mapuches considerarse parte de la sociedad chilena, pasa de manera insoslayable por derogar la actual Constitución, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet y perpetuadora del orden colonial racista. Desde el año pasado, la sociedad chilena ha mostrado en las calles estar a la altura de este desafío, pero para lograrlo el Estado deberá asumir su responsabilidad histórica con los pueblos originarios.

Fuente e imagen:  https://www.surysur.net/resistencia-mapuche-y-colonialismo-interno/

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Argentina: Desaparición forzada de personas: ¿en quién se puede confiar?

Argentina/anred/Estefanía Velo

La desaparición forzada de personas es un “crimen de crímenes” que persiste en el tiempo luego de la última dictadura cívico militar. Son más de 217 las personas desaparecidas desde 1983 hasta la actualidad, hecho que atravesó a todos los gobiernos, que poco avanzaron en el desmantelamiento de las estructuras represivas.

 

Facundo Astudillo Castro de 22 años, oriundo de Pedro Luro, un pueblito al sur de la provincia de Buenos Aires, ya lleva más de 100 días desaparecido. La última vez que lo vieron fue cuando lo subían a un móvil policial luego de frenarlo por no contar con el permiso especial para circular en este contexto de pandemia.

Otra vez, la maldita Policía Bonaerense involucrada en un caso de desaparición forzada. A pocos kilómetros de donde hoy buscan a Facundo, hace cinco años atrás Katherine Moscoso estuvo una semana desaparecida, y luego fue encontrada enterrada en un médano de Monte Hermoso. La familia junto a su abogado, Leandro Aparicio, también abogado de la familia de Facundo Castro y Daniel Solano (otro joven trabajador desaparecido en Río Negro), denunciaron penalmente a 23 funcionarios judiciales, policiales y políticos de la localidad balnearia por complicidad y encubrimiento en el crimen de Katy.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, “un crimen de crímenes” dice Nora Cortiñas. A pesar de haber transcurrido 37 años de “gobiernos democráticos”, luego de sufrir la pérdida de toda una generación dejando un saldo de 30.000 desaparecidos, la práctica de retener, privar de la libertad y hacer desaparecer el cuerpo de personas –en su mayoría jóvenes pobres- se mantiene intacta. Desaparecer, callar y tapar todo con mucha “prudencia”.

La lista de más de 217 personas desaparecidas desde 1983, en su mayoría por las fuerzas de “seguridad” ya sean provinciales o federales, continúa: hoy falta Facundo. En La Plata falta López, falta Miguel Bru, la familia de Andrés Núñez sigue pidiendo justicia y castigo a todos los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte cometida en 1990, por la cual se condenó sólo a tres de los nueve responsables, mientras que el policía Pablo Martín Gerez, el principal ejecutor del hecho está prófugo desde hace casi 30 años.

El entramado policial, judicial y político, sostenido en el tiempo más allá de los gobiernos de turno, permite que se cometa este delito internacional. En la mayoría de las desapariciones están involucradas las fuerzas represivas de Estado. La familia de Facundo Castro señaló desde el primer momento que la Policía Bonaerense estaba involucrada en la desaparición del joven, sin embargo, pasaron 69 días para que el fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ N° 20 del departamento judicial de Bahía Blanca, apartara de la investigación a la misma fuerza señalada de cometer un delito.

Mientras que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, intenta proteger a sus policías y desviar la investigación y la opinión pública –un visitador serial de los canales de TV, en la franja nocturna de mayor rating- asegurando que es “prematuro, desafortunado e irresponsable hacer acusaciones sin tener evidencias concretas”. Refiriéndose a los señalamientos de la mamá de Facundo, Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto sobre el involucramiento de la Policía Bonaerense en la desaparición del joven.

Foto archivo: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)

¿La policía te cuida?

“La policía está muy agresiva hoy, no nos respeta, nos mata, nos golpea. Tienen mucho abuso de autoridad, ya no hay confianza en la policía, en qué vamos a confiar si la misma policía nos está matando”, se pregunta Carmen Valerian, la hermana de Ariel, un trabajador detenido y golpeado por la policía de Jujuy el pasado 8 de junio, lo que le provocó su muerte el 7 de julio.

Desde el lanzamiento del decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las fuerzas de “seguridad” provinciales y federales han obtenido mayor poder de control, principalmente en las calles, vacías por las noches. Se dedican a patrullar la ciudad, portar sus armas de fuego y hasta, en algunas ocasiones, a matar jóvenes.

A poco menos de un mes del lanzamiento presidencial del ASPO, el 15 de mayo Luis Espinoza fue detenido en Tucumán por la Policía provincial “por incumplir la cuarentena”, estuvo una semana desaparecido y fue encontrado sin vida en la provincia de Catamarca. El primer caso en este 2020 de desaparición forzada seguida de muerte.

Luis Espinoza

La Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional (CORREPI) registró “86 personas asesinadas por el Estado en pandemia”. De los cuales, 41 asesinatos se cometieron en lugares de encierro, bajo custodia institucional; mientras que 32 fueron bajo la modalidad de gatillo fácil. Entre ellos están los casos de Fernando LeguizamónAlan Maidana, Lucas Barrios, Facundo Scalzo, y así sigue la lista de las víctimas.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic manifestó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación -realizado el viernes 7- que recibieron 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 agentes involucrados, de los cuales seis fueron pasados a disponibilidad. En esa misma reunión, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, afirmó que en la secretaría recibieron 531 denuncias por hechos represivos durante el ASPO.

Las denuncias por maltrato y torturas en las comisarías o en las detenciones arbitrarias son denunciadas constantemente por los organismos de Derechos Humanos y espacios antirrepresivos que acompañan a las familias.

“Le digo a las familias de estos pibes que vamos a seguir luchando, basta de seguir matando a los jóvenes. Ni que violen la cuarentena, no hay excusas para matar como están matando”, expresó Norita Cortiñas en uno de los tantos encuentros virtuales con familiares víctimas de la represión estatal.

Las situaciones que deben atravesar los familiares de las víctimas se repiten en cualquier punto del país: “Tu hijo es un ladrón, estaba robando”, “Se debe haber ido con un novio o una novia, ya va a aparecer”, o bien: “Lo estamos buscando”; cuando en realidad los crímenes son cometidos por la misma Policía que luego tiene que investigar el hecho. Entonces, ¿quién nos cuida?.

El poder judicial revictimiza a los familiares, los violenta negándoles información, prohibiéndoles sus derechos, algo básico como acceder al expediente judicial de sus causas, o bien los “vueltea” para cansarlos. En ese marco, diferentes organismos de Derechos Humanos han denunciado las complicidades judiciales, policiales y políticas en estos tipos de casos.

Santiago Maldonado fue detenido, desaparecido y asesinado el 1° de agosto de 2017, en Chubut. Foto archivo: María Paula Ávila (Pulso Noticias)

El abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio, aseguró en declaraciones radiales que “estamos trabajando solos. Más allá de los organismos de Derechos Humanos, no tenemos la compañía del Estado sino todo lo contrario, meten palos en la rueda, la Policía está instalando pistas falsas”.

Situaciones tan cercanas reviven el caso de Santiago Maldonado: pistas falsas, “Santiago está en Chile”, “Facundo está en Bahía Blanca”, persecución a los familiares, y hasta un silencio de tumba de los agentes policiales presentes en los últimos momentos que vieron a los jóvenes.

También está Luciano Arruga que no quiso robar para la Policía Bonaerense. Ello le costó su vida. El 31 de enero de 2009 al joven de Lomas del Mirador (La Matanza) lo detuvieron, lo torturaron y estuvo cinco años desaparecido hasta que hallaron su cuerpo en el cementerio Chacarita donde figuraba como NN. Amigos y familiares de Luciano siguen pidiendo justicia.

Entonces, ¿la policía te cuida?

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril en la localidad bonaerense de Villarino

Desaparecedores

La desaparición forzada es un delito internacional, es una privación ilegal de la libertad cometida por agentes del Estado o civiles con aquiesencia del Estado y la posterior negación de esa privación de libertad.

En diálogo con Pulso NoticiasJulio Avinceto, integrante de HIJOS La Plata, explicó que este delito “compromete en principio a los ejecutores materiales por lo general fuerzas de seguridad -Policías, Prefectura, Gendarmería, etc., pero no sólo a los autores materiales sino también compromete al Estado argentino como entidad en sí, porque es un delito regulado a nivel internacional, el Estado es firmante y garante de pactos de derechos humanos que protegen especialmente a las personas frente a ese delito”.

“Algunos dicen que es una deuda de la democracia para nosotros es un delito estructural que ha sido en todos los gobiernos del ´83 para acá, son más de 215 casos, en todos los gobiernos ha habido desapariciones forzadas que se comete desde las fuerzas de seguridad porque el aparato represivo nunca se ha tocado y porque hay libertad de acción para cometer este tipo de delito”, remarcó Avinceto.

Delitos que pocas veces tienen justicia, o bien no tienen la caratula de “desaparición forzada”. El caso de Miguel Bru, el joven secuestrado, torturado hasta la muerte y desaparecido el 17 de agosto de 1993 en la Comisaría 9° de La Plata, marcó un antecedente a la hora de condenar a los responsables aún sin haber encontrado el cuerpo del joven. En 1999 se elevó a juicio y hubo condena por homicidio en un caso de desaparición.

A más de cien días de la desaparición de Facundo, la familia y los abogados trabajan día a día para aportar las pruebas necesarias ante un fiscal federal (Ulpiano Martínez) denunciado por complicidad con represores, y evita constantemente a Cristina y sus abogados. El poder judicial es parte de la maquinaria “desaparecedora” de nuestro país.

En declaraciones a la prensa, Cristina Castro luego de encontrar el amuleto de “Facu” en el calabozo abandonado de la comisaría de Teniente Origone subrayó: “los que se callan son tan desaparecedores como los que se llevaron”.

Este jueves 13, el abogado Leandro Aparicio se manifestó a través de sus redes sociales: “Digo con la mayor claridad posible y sencillez de palabras, que en este bendito país en democracia, para que haya desaparecidos como Facundo, Daniel Solano, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y tantos más, existe una estructura estatal que permite y facilita la impunidad judicial de esas ´desapariciones´, siendo su engranaje esencial, el principal ´desaparecedor´, la propia policía, y las otras ´piezas´ del mecanismo perverso son los fiscales, jueces, políticos, gobernantes y periodistas”.

Entonces, ¿en quién se puede confiar?

 

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/08/16/desaparicion-forzada-de-personas-en-quien-se-puede-confiar/

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Argentina: Historias de trabajadores de la salud que murieron por covid

Argentina/pagina12

A modo de cenotafio, las redes sociales evidencian la tragedia, el dolor por los que no pudieron ser despedidos por sus familiares, la desazón ante la muerte. También entre el personal de la salud . En las redes están todos, dice Valeria Ureña. Están las fotos de Carlitos, que era anestesiólogo, apunta Amido. “Yo lo conocía por la guardia en la Suizo”, lo saluda en Facebook una colega. Y agrega: “Siempre andabas con una sonrisa, siempre comprometido”.

Otra manera de recordarlos es con los homenajes como el que ayer se hizo en memoria de Grover Licona en las puertas del Hospital Durand. Con menos de 50 años, Licona llegó a tener tres trabajos para sostener a su familia. “Era de clínica médica y se ha quedado varias veces solo, atendiendo pacientes con covid, solo es imposible. Y eso lo llevo a pescarse el covid”, cuenta su compañero Héctor Ortiz.

Noemí Gómez murió en la madrugada del 13 de agosto. Era enfermera del Hospital Sanguinetti. Había nacido en Corrientes y tenía 32 años. Estaba casada y era mamá de dos niños. Se dedicaba con vocación a ayudar a otros. Sus compañeras y compañeros realizaron una asamblea en las puertas del hospital y “lamentaron su repentino fallecimiento”. Fue uno los casos en que sorprendió la rápida evolución de los síntomas.

También la enfermera María Ester Ledesma, del Hospital Gandulfo, fue despedida con un acto. Tenía 50 años. Falleció el 5 de junio. Contagió a su madre, quien también falleció de coronavirus. Por padecer diabetes, una patología común en la profesión, María Ester había solicitado seis veces la licencia que se otorga a grupos de riesgo. Le fue negada y continuó trabajando. Se contagió y falleció. Sus compañeras y compañeros, los sindicatos, y las organizaciones solidarias se reunieron en la puerta del Gandulfo para despedirla y reclamar justicia.

Unos días después, los trabajadores de la salud nucleados en ATE hicieron pública una lista que amplía la cantidad de nombres. Con la leyenda: “Que el número se convierta en humanidad”, convocan a “valorar la vida y el trabajo en el marco de los derechos públicos”. El primero allí es Silvio Cufré, enfermero del Instituto Brandsen, de 47 años, que vivía en Alejandro Korn y falleció el 18 de abril.

Nadie le aviso a Silvio en su trabajo que tenía pacientes de covid en su sala. Llevó el virus a casa y sus seis hijos se contagiaron. Los mayores, cuando se recuperaron decidieron donar plasma. Y se sienten orgullosos: “Al llegar a casa pensé que le iba a contar lo que hicimos a mi padre… pero en verdad ya lo sabe porque él estuvo con nosotros cuando donamos, no en cuerpo, pero si en espíritu”, expresó Matías Cufré, de 18 años. “Donar fue una experiencia hermosa y pienso volver a hacerlo cuanto antes”. Su padre murió sin saber que tenía coronavirus. La familia todavía padece el hostigamiento de los vecinos, que amenazaron con prenderles fuego la casilla que habitan.

Héctor Bornes era médico clínico Hospital Marzetti, de San Vicente. Conocido como “Chino”, tenía 56 años, falleció el 23 de abril. Casado con la pediatra Silvia Marelli, tenía dos hijos: Sebastián y Manuel. Era amante del básquet, los animales y la buena comida, cuentan. Su esposa, también tuvo aislamiento en su casa por diagnóstico confirmado de covid. Elena Rojas era médica terapista en la clínica San Carlos de Escobar, tenía 62 años y dos hijos. Falleció el 28 de abril y su muerte conmovió a sus compañeros que la recuerdan por su enorme vocación de servicio. A pesar de estar jubilada continuó trabajando con adultos mayores. Había sido enfermera muchos años antes de estudiar medicina.

Miguel Duré, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando de Chaco, murió el 19 de junio, a los 53 años. “Con profundo dolor despedimos a un gran colega, un héroe sin capa”, anunció la Gremial Médica de Chaco en su cuenta oficial. “Que su muerte sirva para crear conciencia social, no subestimar, y entender que los héroes no existen, que aquellos de guardapolvos también son de carne y hueso, simples mortales, expuestos y no siempre reconocidos”, señaló José Bolaños, jefe de Medicina Interna del Perrando.

Cimar Terceros Castillo, cardiólogo del Hospital Larcade, era de nacionalidad boliviana, de 38 años, y residía en Marcos Paz. Su caso también fue de síntomas que evolucionaron rápidamente. Bernardo “Tato” Muñiz, enfermero del Penal de Choele Choel, Río Negro, 40 años. Falleció el 13 de abril. “Tato tenía grandes valores, siempre fue solidario. Si podía dar una mano, te la daba y siempre era el primero en anotarse para ayudar en el hospital. ¡Yo lo admiro, qué querés que te diga!”, decía una de las hermanas al conocerse la noticia.

Fuente e imagen:  https://www.pagina12.com.ar/285550-historias-de-trabajadores-de-la-salud-que-murieron-por-covid

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