América del Sur

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Venezuela: Crisis ambiental impacta en los pueblos originarios

Noticias

La crisis ambiental global ha causado un impacto negativo en los pueblos indígenas vulnerando así sus modos de vidas, haciendo énfasis en tres aspectos fundamentales como alimentación, salud y los asentamientos comunitarios.

A pesar de la reducción en la circulación de las personas y otras muchas restricciones a raíz de la COVID-19 que han disminuido el impacto ambiental del llamado desarrollo; la avasallante crisis ambiental global, origen último de la pandemia, sigue profundizándose y afectándonos a todos, incluyendo a los pueblos originarios que han visto su realidad cotidiana trastocada.

Ese fue el tema que durante el programa “Pueblo, Ciencia y Patria” que transmite Radio Nacional de Venezuela, abordó Noemí Chacón, investigadora del Laboratorio de Ecosistemas y Cambio Global del Centro de Ecología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).

Para la investigadora la crisis ambiental global es producto del modelo de producción y consumo en el que la sociedad occidental está inmersa y que ha considerado muy poco el conocimiento de otras culturas, como las culturas indígenas y su relación con la naturaleza, de la que se consideran parte.

La crisis ambiental global ha causado un impacto negativo en los pueblos indígenas vulnerando así sus modos de vidas, haciendo énfasis en tres aspectos fundamentales como alimentación, salud y los asentamientos comunitarios.

“Los eventos extremos de sequía y lluvia derivados del cambio climático alteran o interrumpen la actividad agrícola de los pueblos indígenas, tomando en cuenta que su agricultura está íntimamente sincronizada con las variaciones estacionales anuales del ciclo hidrológico. Por lo tanto, sequías extremas, como las que se han experimentado en la cuenca del Amazonas en las últimas dos décadas, han incidido negativamente en su calendario agrícola, provocando el desplazamiento de los períodos de tumba, siembra y cosecha”.

Explicó la investigadora que esa acción inside en las actividades de caza y pesca, por lo que se podría decir que el sistema alimentario de los pobladores del bosque amazónico se ha visto impactado por la crisis ambiental global.

Sin embargo, “debemos indicar que los pobladores indígenas son portadores de conocimientos ecológicos milenarios, altamente especializados que les han permitido adaptarse a los cambios ambientales. Es así como han desarrollado técnicas para cultivar especies resistentes a las sequías en sus conucos, como es el caso del cultivo del arroz de secano en los E ñepá que habitan en el extremo oeste del estado Bolívar. Este tipo de alimento no desplaza los cultivos tradicionales ni otros alimentos propios de su dieta, sino que los complementa, permitiendoles hacerle frente a situaciones no óptimas”.

En cuanto a la salud, la crisis ambiental global también ha conducido a un incremento en el brote de enfermedades como la malaria y la leishmaniasis, que si bien existen desde hace muchos años en la región amazónica, actividades como la deforestación, eventos extremos de inundación y sequía y olas de calor han alterado las dinámicas naturales de estas enfermedades.

Asi mismo, los asentamientos comunitarios se han visto afectados por la deforestación con fines de cambios en el uso de la tierra, lo que ha provocado el desplazamiento de comunidades indígenas que se ven imposibilitadas de seguir haciendo uso sustentable de los recursos del bosque para cubrir sus necesidades alimentarias.

Con respecto a cómo el coronavirus puede afectar a los pueblos originarios, la doctora Noemí Chacón destacó que una manera viable que estas poblaciones puedan sobrellevar la pandemia es que se puedan mantener confinadas en sus comunidades, pero eso ha sido casi imposible en algunas poblaciones del país, particularmente las que se encuentran en estados fronterizos que tienen contacto con indígenas y no indígenas que se desplazan regularmente por sitios no resguardados de las fronteras.

“En Brasil, hay una importante población de indígenas Warao que migraron de Venezuela como consecuencia de una compleja red de factores aún no bien dilucidados, que se encuentran en centros llamados abrigos. Allí están altamente expuestos a la pandemia, de hecho se conoce ya de decesos de Warao en esa situación de abrigo a consecuencia de la COVID-19”.

Sí las comunidades indígenas se pueden mantener resguardadas sin contacto foráneo, podrían afrontar mejor la pandemia, tomando en cuenta que estas poblaciones son soberanas en su alimentación, ellos cultivan, preservan y comparten su semilla y no requieren de agroquímicos para mantener su producción. Adicionalmente, tienen su propia medicina y sus sabios, por lo que no tienen que exponerse en centros de atención médica para atender las enfermedades propias de su cultura. El reto está en cómo evitar contactos no deseados ni controlados por ellos mismos.

Fuente: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:231989/Crisis-ambiental-impacta-en-los-pueblos-originarios

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Chile: Pandemia, crisis social y tensión institucional. Debates y tareas para una fuerza constituyente

Noticias

Por: Camila Contador y Fabián Barria

El ciclo de impugnación abierto en octubre no se ha cerrado.

La pandemia global de coronavirus -la primera registrada por este tipo de virus – se propaga en Chile en uno de los momentos políticos más importante desde la postdictadura. El cuadro de octubre retrata al pueblo airado poniendo en el banquillo medio siglo de experimentación y consolidación del capitalismo desatado. Visto desde una escala general, la pandemia aceleró una crisis estructural del capital que estalla y ejerce una fuerte presión sobre la clase trabajadora mundial. Ambas crisis interactúan. Es decir, no es posible separar el ciclo de impugnación abierto en octubre de la crisis aparejada a la pandemia. Si bien, esta última ha condicionado el ciclo de impugnación en relación a la masividad de las manifestaciones, qué duda cabe respecto a que ha agudizado y reafirmado los contenidos críticos de las manifestaciones ocurridas desde el 18 OCT. Las mismas causas de la revuelta hoy se internalizan bajo angustia y desesperación. Sumado a que, en las actuales circunstancias, si bien hay una potente impugnación en curso, pareciera que no existe conducción política para hacer frente a la agenda autoritaria e insistentemente neoliberal del gobierno y la clase empresarial. La revuelta demostró que el pueblo no reconoce conducciones sociales ni mucho menos de las fuerzas políticas institucionalizadas.

Sobre los intentos por un “Acuerdo Nacional”: privatizar ganancias, socializar pérdidas

El Acuerdo, o “marco de entendimiento entre oposición y oficialismo”, constituyó una maniobra cuyo propósito político general fue ampliar la periferia de la gestión de la crisis, esto es, parlamentarizarla y agregar co-responsables políticos a la misma. El efecto económico que persigue, no es otro que hacer pagar las consecuencias de la crisis en los hombros de la clase trabajadora. Desde la perspectiva del contenido del Acuerdo destacamos tres niveles (dos explícitos que se correlacionan y uno menos explícito pero muy concreto):

–   Insistencia en el asistencialismo que se desprende del Estado subsidiario. La ayuda focalizada – ni siquiera bien aplicada – y concesionada, aprovechando de generar ganancias para determinadas empresas. Todo envuelto en un morboso y humillante espectáculo televisivo del cual hemos sido testigos.

–   Un segundo nivel es una contrapartida del anterior: ayuda económica con holgura presupuestaria (aquí no hay austeridad) para salvar los grandes capitales en lo que llaman genéricamente las bases para la “reactivación económica”. Por ejemplo, los movimientos socioambientales han criticado la “agilización regulatoria y de plazos para proyectos de inversión” como una maniobra para acelerar la tramitación de proyectos favorables al rentismo extractivista. Resumimos ambos niveles como la aplicación del aforismo privatizar ganancias y socializar pérdidas.

–   Un tercer nivel se podría resumir como la mantención y profundización del marco represivo punitivo y policial; pronunciar facultades discrecionales del Ejecutivo suprimiendo resistencias institucionales, poniéndose a tono con el giro autoritario, que ha sido tendencia global como rasgo de gobierno dentro de los regímenes liberales. Este nivel nos recuerda que la revuelta sigue gobernando el presente.

Sobre la Unidad: ¿Quiénes deben unirse? y ¿con qué objetivos?

Como marco preliminar, el problema de la unidad, tal como lo entendemos, no se reduce a un problema exclusivamente organizativo, sino que remite a la alta fragmentación objetiva de la clase trabajadora. Pensar la cuestión de la unidad supone, por lo tanto, identificar esta fragmentación, las relaciones sociales que la reproducen y las perspectivas políticas, orgánicas y programáticas que tiendan a superarla.

Dado los diversos niveles que compromete la cuestión, la unidad y los procesos a través de los cuales ésta se construye no se resuelve en el puro campo de la unidad de las organizaciones de izquierda ni de las voluntades que ese tipo de empeños exigen. Esto, que es así en general, lo es hoy más que en otros momentos, dado el escenario extraordinario que se ha abierto en Chile.

Desde octubre, millones de personas han irrumpido de manera directa en la lucha, incorporándose súbitamente a la vida política y abriendo con ello un proceso por el cual la clase trabajadora se está constituyendo a sí misma, encontrándose y descubriéndose en toda su potencia viva y colectiva. Sin identificarse necesariamente como de izquierda, sí emprende decididamente el camino de diferenciarse de la clase que detenta el poder. Este acontecimiento, que impacta a toda la sociedad, repercute también en las organizaciones de izquierda y en los tradicionales abordajes orgánicos de la “unidad”, operados durante largos años sin “pueblo”. Las compuertas políticas que se han abierto no se corresponden con los rasgos sectarios e identitarios que caracterizan a algunas de las formaciones de izquierda ni tampoco con las dinámicas patriarcales y machistas que, en su persistencia, han empujado al éxodo a muchas militantes feministas que, en no pocos casos, se ligan y hacen parte de importantes de luchas sociales más y mejor profundamente imbricadas con la dinámica en curso y con su contenido.

A partir de lo anterior, planteamos algunos criterios de unidad, al menos en estos tres momentos:

1.   Unidad en la Solidaridad. Esto es, cómo desplegar formas de solidaridad inmediatas tanto en ayudas materiales como en la resistencia económica. Asimismo, generar redes para hacerle frente a la violencia intra-familiar desatada en el confinamiento, como también, generar redes contra la violencia policial que despliegue, entre otras cosas, solidaridad hacia las organizaciones que están la primera línea batallando la pandemia. Esto es relevante por algo que indicamos en el punto anterior. A contrapelo de la unidad en la solidaridad, se instala desde el Gobierno una ofensiva comunicacional para des-unirnos. Para que desconfiemos entre nosotras y nosotros a partir de responsabilizar al pueblo del impacto económico del estallido y de la crisis sanitaria (nos contagiamos por irresponsables). Los responsables de la crisis se atreven a acusarnos de una crisis que no provocamos.

2. Unidad en un Programa. Levantar, debatir, defender y empujar propuestas programáticas para enfrentar los problemas actuales. Desde lo urgente respecto a la precarización inmediata, como enfrentar la pandemia y la crisis económica en ciernes hasta el nivel estructural o aquello que proyecte un horizonte de sociedad, lo que también tiene tiempos cortos, como responder a la ofensiva extractivista, por ejemplo. En este plano y de forma más concreta: es necesario tender los puentes, aproximar las conversaciones para constituir una oposición que dialogue entre sí y que ponga en la discusión pública una alternativa política impugnadora.

Los ingredientes para la unidad programática están, han emanado y se han nutrido a partir de las luchas de los sectores y movimientos político-sociales durante las últimas décadas. Los que adquirieron mayor volumen y consistencia desde octubre. Por tanto, lo que nos toca enfrentar y resolver en unidad es el problema del poder: que la clase trabajadora no sólo irrumpa e impugne, sino que tenga un espacio en la toma de decisiones. Para ello, una plataforma de unidad que integre a las organizaciones sociales y defienda un programa de cambio estructural es fundamental.

3.   Para enfrentar la coyuntura política.  La vida institucional del país transitará por un itinerario constituyente que definirá marcos políticos, institucionalizará relaciones de fuerza y abrirá la posibilidad de remodelar en parte pilares institucionales. Este itinerario al ser un escenario abierto, no garantiza, necesariamente, que las transformaciones se realicen en la acepción progresiva del término. La apertura y posibilidades de ese escenario es leída peligrosamente por la derecha, los sectores rentistas y reaccionarios, lo que se traduce en permanentes intentos para desorientar a la clase trabajadora, enfrentarla y desquiciar los debates. Es un interés evidente en cerrar a su favor el ciclo de impugnación y desactivar la fuerza constituyente. En este plano, intentarán agrietarnos y cortar lo poco que hemos podido recomponer. Por lo tanto, creemos indispensable afrontar con unidad esta coyuntura política.

Sobre el proceso constituyente e itinerario constitucional de octubre: ¿Cómo nos posicionamos? ¿A través de qué mecanismos? ¿Cuáles son sus tareas?  

En primera instancia, podríamos sintetizar nuestra posición antes de la pandemia en tres puntos: 1) El Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución es una respuesta realizada “por arriba” del estallido. Es el pacto de los partidos impugnados en la revuelta; 2) Es un Acuerdo que no satisface íntegramente a nadie. Ni a los partidos de la derecha que lo suscriben y que no quieren cambiar la Constitución, ni a los sectores populares que quedan de muchas maneras excluidos del mismo, ni al FA que se quiebra y luego defiende en el Acuerdo la incorporación de términos que no contiene, ni a la ex Concertación que aspiraba a que el Acuerdo desmovilizará y se retornará brevemente a la gobernabilidad. Es por tanto un resultado contradictorio de la revuelta; 3) Nuestra posición sobre la participación en el proceso constitucional se desprende de una orientación central que actúa para nosotrxs como brújula, que es la posibilidad de mantener abierta la impugnación del 18 de octubre.

En este sentido se desprenden al menos seis elementos de proyección:

1.   Este proceso no debe cerrar el escenario de disputa, pues debe ser comprendido como uno -entre varios- de los momentos de la disputa abierta el 18OCT. Por lo tanto, se debe mantener abierta la impugnación e incluso profundizarla desde el punto de vista programático. La firma del Acuerdo no se tradujo en la desmovilización que ellos esperaban y atendida la agudización de la crisis creemos que difícilmente lo haga en el actual escenario.

2.  El plebiscito va a concitar una participación popular masiva y, probablemente, histórica. Nos preguntamos qué aspiraciones estarán depositadas en esos votos y pensamos que evidente la de acabar con la Constitución de 1980 y la de asestar una derrota a la derecha. Es importante que ambas cuestiones sucedan. No basta con que gane el Apruebo con un margen pequeño, es necesario que gane contundentemente como una afirmación de la voluntad transformadora y como un ejercicio de fuerza que moralice a los sectores populares y que desmoralice a los sectores reaccionarios. En este ejercicio de moral se juega en parte la posibilidad de mantener abierta la movilización de los amplios sectores comprometidos en la revuelta.

3.   Nivelando expectativas, el proceso constitucional no recogerá las demandas y aspiraciones de transformación profunda que están planteadas, ello por los términos del mismo Acuerdo como por las condiciones de militarización, represión, prisión política, de violación sistemática a los DD.HH. y de impunidad que el gobierno con apoyo de un amplio sector de la oposición ha desplegado sostenidamente desde octubre al presente. Por eso es importante indicar que nuestra posición de participar en el proceso no guarda relación con la ilusión de lo que resulte de ese proceso, más bien supone la tarea de denunciar estos límites y la necesidad de sostener una irrestricta independencia política respecto de los partidos burgueses que busca impedir esas transformaciones.

4. En los distintos momentos del proceso va a tener lugar una discusión y disputa programática como no la habido en 50 años en Chile, esta disputa brinda la posibilidad de profundizar de manera decisiva a escala nacional y durante un año completo el proceso de politización masiva que se ha abierto. En esta profundización se juega también en parte la posibilidad de desbordar los márgenes de un Acuerdo que no es nuestro.

  1. Las eventuales posiciones de no participar decididamente y, en clave de disputa en este proceso, no dialoga con la disposición popular y resulta contraintuitiva en relación a un pueblo que parece entender bien la contradicción planteada entre los términos del Acuerdo, la posibilidad de las transformaciones a las que aspiramos y la potencia histórica del momento. La política de esperar desde el margen a que el pueblo se desilusione del proceso para que luego vaya corriendo hacia las organizaciones de izquierda en plan “lo dijimos” es una política que no funciona.

  1. Finalmente, de ninguna manera pensamos que el proceso constitucional sea el único escenario abierto de disputa y de impugnación. Es sólo uno de sus momentos, un momento importante, por cierto, que no es incompatible con hacerse parte y afirmar los procesos constituyentes autónomos que se puedan levantar desde los territorios, desde los pueblos indígenas o desde las organizaciones populares.

A partir de lo anterior, ante la posibilidad que la postergación o no realización del plebiscito prospere como se proponen algunos sectores de la derecha, nuestra posición es defender su realización. Nos proponemos ser parte de la campaña por el Apruebo y participar defendiendo un programa que deposite la posibilidad de su realización en la fuerza del pueblo movilizado; si estuviera dentro de nuestra capacidad, estamos de acuerdo con tener candidaturas convencionales y, de no poder, con apoyar las candidaturas convencionales de las organizaciones sociales y políticas que pongan por delante el programa.

¿Qué expresa la tensión institucional apreciada los últimos meses? ¿Está dividida la derecha? ¿Qué pasa con la oposición parlamentaria? 

La tensión institucional apreciada durante los últimos meses y, sobre todo, profundizada por la discusión del retiro del 10% de los ahorros previsionales, expresa -en primer lugar- que el ciclo de impugnación abierto el 18 de octubre no se ha cerrado pese a que las circunstancias no permitan manifestaciones masivas (pero, como hemos visto las últimas semanas la calle ha expresado que no se acuerdan cosas sin preguntarle). En segundo lugar, expresa la incapacidad del gobierno, del oficialismo y del empresariado, de justificar pública y políticamente, incluso dentro de su propio sector, las medidas sanitarias y las medidas económicas que precarizan la vida, que descargan la crisis en la clase trabajadora. Esta incapacidad de manejar políticamente la crisis sanitaria explica, por un lado, la ofensiva contra el parlamento (buscando inhibirlo, censurarlo o pautearlo) y contra los municipios (logrando a la larga trizar a los propios partidos de la derecha).  Por otro, la amenaza recurrente de utilizar autoritariamente las facultades del hiper-presidencialismo chileno frente a proyectos legislativos (como el veto presidencial o recurrir al Tribunal Constitucional) pese a que los proyectos, como por ejemplo el de prohibir el corte de los servicios básicos, del posnatal de emergencia o del 10% de retiro de la AFP, tengan abrumadoras mayorías en la calle e incluso en el Congreso. Esta tendencia no sólo es característica en Chile, sino que es parte de lo que se ha llamado a nivel mundial como giro autoritario de los regímenes liberales. En síntesis, la política institucional se tensa y triza internamente y muestra su rostro más autoritario, por su incapacidad de manejar al pueblo, a la clase constituyéndose a sí misma, con o sin marchas.

Sobre la situación de la derecha como conglomerado entendemos que, en primer lugar, existe una reconfiguración de la derecha: Si ya octubre trizó la derecha en dos, la pandemia lo hace en muchas más partes. En un principio, parte de la derecha pensó que con la pandemia Piñera podía relegitimarse, que al parecer se iba a lograr una pequeña costra en este sentido, oxigenando a la derecha y el oficialismo, pero empeora a partir de la tensión que ha logrado la mala gestión de la crisis. Segundo, estamos en presencia del oportunismo de la derecha que se mueve en relación a lo que le conviene, que no brinda lealtad ni al gobierno ni a las direcciones de sus partidos. Esto queda más que expresado en la carta de renuncia de Hernán Larraín en que explica que en Chile Vamos existe una clara crisis de conducción, convivencia y confianzas. Lo que quedó en evidencia con la votación, tanto en la Cámara de diputados como en la del senado, el proyecto de retiro del 10% de los fondos de pensiones 1/.  En tercer lugar, pensamos existe una crisis del oficialismo hoy, una multidimensional. Es ideológica, se triza el pinochetismo, se abren fisuras que en otros momentos no habíamos visto con tal claridad. Es política porque no hay una orientación común, una dirección política. No es creativa, porque se empantana más de lo que genera nuevas formas de hacer política o nuevos núcleos. Y además expresa una ausencia de proyecto, es una crisis proyectual de la derecha. Cuarto, la contradicción de clases que existe en la derecha. Hay una retórica de la extracción social. Sacar el currículum de “pobre” para poder vincularse con el pueblo. Ejemplos hay varios; Los Carter, Moreira, etc. Que en el fondo aparecen como formas desesperadas de generar sentido en la población.

Por su parte, caracterizamos el rol de la oposición parlamentaria en base a tres elementos. Primero, parece, en apariencia, unida para atacar al oficialismo. Decimos en apariencia, porque es una oposición que carece de un proyecto alternativo que pueda unirla. Segundo, se acomoda a lo que la calle instala y la derecha reacciona a ello. La oposición intenta modular lo que la calle instala y la derecha ponerle trabas. Igualmente, existe una cierta desconexión con la calle al momento de escuchar demandas y pensarlas de manera más orgánica. Claramente, existiendo matices. Se reconoce una desesperación por conectar con el pueblo. Finalmente, también existe una oposición, que pareciera intentar congeniar con el pueblo pero que también se muestra muy dispuesta a congeniar con los patrones. Esto último responde a un ensayo y error, que dependerá de las encuestas, entre otras cosas. Hay también una apuesta desde algunos sectores por ser próximamente gobierno, comprendiendo la decadencia actual de la derecha y los problemas de gestionar la crisis por parte del gobierno de Piñera.

Las reflexiones desplegadas en los párrafos anteriores son fruto de discusiones colectivas, en constante problematización, puestas siempre a prueba por la tan aguda y cambiante coyuntura política nacional. Planteadas en el marco de nuestra salida pública como Organización ContraTiempos, esperamos que sirvan para discutir, conversar y reflexionar sobre el ciclo impugnatorio abierto en octubre que, gracias a las distintas expresiones del pueblo organizado, sigue latiendo en espera de construir otra sociedad.

Camila Contador y Fabián Barria, integrantes de Organización ContraTiempos

Notas

1/ El pasado 23 de julio la Cámara de Diputados de Chile aprobó, con 116 votos a favor, 28 en contra y 5 abstenciones, una reforma de la Constitución que abre la posibilidad tanto de las y los afiliados del sistema de las Administradoras de los Fondos de Pensión (AFPs) de retirar de un porcentaje del 10% de los fondos (con un mínimo) que tuviesen en las AFPs (alguna de ellas gestionada por el BBVA), que gestionan el sistema privado de capitalización en Chile desde 1981. Esta ley, que dividió a la derecha (“Chile Vamos”) y a la que se oponía el gobierno de Sebastián Piñera, ha sido apoyada por una amplia mayoría social para hacer frente al empobrecimiento y endeudamiento consiguiente de las clases populares debido a la profundización de la crisis por la pandemia de la COVID-19. Según la Universidad Católica ha dado lugar a una pérdida del empleo a 2,1 millones de personas en el último año, además de una reducción de los ingresos a millones de unidades de convivencia. El apoyo a la medida se inscribe en una oposición creciente al sistema de las AFPs, que no proporciona pensiones decentes a la mayoría de la población. La retirada de los fondos, lógica en el contexto citado, va sin embargo a profundizar esa crisis del sistema AFP en la medida en que la reducción de los fondos va a dar lugar a una mayor insuficiencia de las pensiones en el próximo futuro. Va a plantear de forma más urgente aún la sustitución del vigente sistema por uno solidario, público y de reparto, tal como se ha exigido por gran parte de las movilizaciones sociales del pasado año. NdR.

*Fuente: https://vientosur.info/pandemia-crisis-social-y-tension-institucional-debates-y-tareas-para-una-fuerza-constituyente/

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El diseño de un cerco institucional a la movilización social pospandemia

Daniel Libreros

Por: Daniel Libreros 

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de c

El fracaso del gobierno de Iván Duque en el manejo de la pandemia causada por el Covid-19 viene dejando un número alarmante de contagios y muertes. Las propias estadísticas oficiales lo confirman: “Este jueves, 6 de agosto, de acuerdo con el más reciente informe del Instituto Nacional de Salud y el Ministerio de Salud, se reportaron 11.996 casos nuevos de coronavirus a nivel nacional y 315 personas fallecidas. Con esto, el número total de contagios reportados hoy se eleva a 357.710, mientras que la cifra de casos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

“Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista Semana, 6 de Agosto, en https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493). ↩
Declaraciones de Carolina Corcho, Vicepresidenta de la Federación Médica de Colombia “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El Tiempo”,23 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100. ↩
Los obispos católicos de la Amazonía enviaron un mensaje de alerta desde cuando aparecieron los primeros brotes de la pandemia haciendo alusión a un posible etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”, declararon, llamado, al mismo tiempo, al gobierno a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana. “Si siguen los contagios llegaríamos a un etnocidio” El Espectador, 2 de Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/ Debe tenerse en cuenta que una situación similar se presenta en Iquitos-Perú y en Manaos-Brasil, poblaciones fronterizas. ↩
Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid ↩
En los inicios de Julio la Contraloría General de la Nación realizó una encuesta sobre la situación de este personal en todo el país durante la pandemia. Los resultados fueron elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..) Un dato alarmante de la encuesta de la es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad. “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”, “El Tiempo”, 4 de Julio del 2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272. ↩
Roberto Sánchez Torres y Sergio Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” , Mayo 11 del 2020, en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/, Insistiendo en el dato de la pobreza extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. ↩
Es el caso de los bombardeos indiscriminados realizados por el ejército en el Caquetá en agosto del año pasado que costaron la muerte de 18 niños. “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”, https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx. ↩
“Indepaz”, informe de agosto 5 del 2020, en http://www.indepaz.org.co/category/informes/. ↩
En el 90% de los casos no existe decisión judicial en “Cuáles son los Patrones-Asesinatos de líderes sociales en el post-acuerdo “ elaborado por “Somos Defensores, CINEP, Universidad Nacional de Colombia, “Comisión Colombiana de Juristas” y el portal “Verdad Abierta”, Octubre del 2018, en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf. ↩
La disculpa de la Cancillería colombiana en este asunto raya en el cinismo , “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a propósito de las discusiones en Naciones Unidas en las que el binomio Netanyahu/Trump ha quedado aislado . “El silencio de Colombia ante la anexión ilegal israelí de territorios palestinos”, en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396. ↩
Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL. ↩
Hasta el propio Salvatore Mancuso, en declaraciones hechas desde las cárceles de Estados Unidos cuando reconoció su responsabilidad en esta masacre perpetrada por 200 paramilitares asociados con militares de la IV Brigada aceptó, igualmente, la responsabilidad política de Uribe Vélez en la misma. ↩
Es posible una coalición de centro izquierda para las presidenciales del 2022”, El Espectador, 4 de Julio del 2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/. ↩
Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104. ↩
El propio Juan Manuel Santos ha declarado en varias oportunidades que “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” ↩
“Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”, 27 de Julio del 2020, https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/. ↩

asos activos es de 152.671 y 11.939 fallecidos”. 1 Estas cifras colocan a Colombia, según la OMS (Organización Mundial de la Salud), en el noveno puesto en contagios y en el décimosegundo en fallecidos en todo el mundo. El colapso del sistema de salud, mercantilizado desde mediados de la década de los noventa conforme a los cánones neoliberales, ha quedado en evidencia.

En Bogotá, la capital del país, en donde habitan ocho millones de personas aproximadamente, los hospitales y clínicas están desbordados en su capacidad desde hace varias semanas. La vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, al reconocer este hecho agregó: “Lo más preocupante es que hay pacientes ventilados, intubados, en salas de reanimación esperando ser remitidos a una Unidad de Cuidados Intensivos”. 2 Situación similar se vive en el resto de las ciudades capitales. En las regiones marginadas, con altos niveles de pobreza, las poblaciones mayoritariamente afrodescendientes (caso Chocó/Pacífico) o indígenas (caso Leticia/Amazonas) continúan excluidas de las coberturas sanitaria. 3 Otro foco importante del contagio son las cárceles, agravado por el hacinamiento que en mucho se explica por dispositivos penales acordes a un régimen de terror de Estado.

“Dinero antes que vida”. Una política económica en favor de los banqueros

Las posibilidades de que esta difícil situación cambie en el futuro inmediato son escasas. El grueso de los recursos presupuestales destinados a gestionar la crisis sanitaria sigue girando en la intermediación crediticia, y la ayuda directa a los programas destinados a la pandemia tan solo llegan al 2.5% del PIB, un promedio muy por debajo al de la región. 4 La política monetaria definida por la dirección del Banco Central, ha priorizado la inyección de liquidez al sistema financiero mediante la baja en las tasas de interés de captación, la reducción de encajes, la emisión para adquirir títulos corporativos y de deuda pública, así como, para realizar operaciones de cobertura cambiaria en moneda extranjera.

Descartaron la utilización de las reservas monetarias para poder realizar emisión pública que garantizara recursos a los centros de salud y a las entidades responsables de la distribución de alimentos y por el contrario solicitaron el crédito, por un monto de US$11.000 millones, aprobado desde hace varios años por del FMI (Fondo Monetario Internacional), el cual hace parte de la “Línea de crédito contingente” diseñada por este organismo para amortiguar fuga de capitales en períodos recesivos.

El mensaje implícito en el desarrollo de esta política va dirigido a la tecnocracia internacional que determina la “gobernanza monetaria mundial”, demostrándoles que aún en los tiempos difíciles de la pandemia imponen una ortodoxia monetaria que ofrece garantías a los intermediarios financieros. Indica, igualmente obediencia, en momentos en que las imposiciones fondomonetaristas obligan a los gobiernos de la periferia, a absorber una parte de los excedentes de liquidez causados por la emisión excesiva de los bancos centrales de los países metropolitanos en desarrollo de sus operaciones de salvamento interno. En línea de continuidad con esta imposición imperial, el gobierno colombiano ha definido un incremento alarmante del endeudamiento externo elevándolo del 50% del PIB en el que se encuentra actualmente, al 60% para finales del año en curso presentándolo como compensación necesaria ante baja de la IED (Inversión Extranjera Directa) causada por el bloqueo económico internacional.

Estabilizar finanzas aplicando los métodos de la ortodoxia monetaria y abandonar a la mayor parte de la población a su propia suerte, en medio de una crisis sanitaria sin precedentes, fue una decisión gubernamental que costó y seguirá costando muchas vidas. Estamos presenciando un genocidio oculto en medio de la maraña de discursos altisonantes de los defensores de las “bondades del mercado”.

Actualmente, y a pesar de que la curva epidemiológica sigue en ascenso, la presión de las corporaciones patronales logró terminar en gran medida con el confinamiento, mientras que los hospitales y centros de salud continúan desabastecidos incluyendo al personal de la salud que no han recibido los elementos de bioseguridad 5 ni los testes que detectan los contagios, que continúan siendo insuficientes.

Al mismo tiempo, la parálisis económica aumenta la pobreza. El Departamento Nacional de Estadística (DANE) reconoció que entre abril del 2019 y abril de este año el número de desempleados aumentó en 5.3 millones de personas para completar una cifra del 20% de desempleo abierto, resaltándose el hecho de que el desempleo juvenil, ya había tocado ese techo desde antes de que llegaran los rumores del Covid-19. La pobreza asociada a la informalidad laboral, en la que está condenada la mitad de la población potencialmente apta para laborar, también crece. Proyecciones realizadas tomando como soporte estadístico la “Encuesta integrada de Hogares” del DANE en las 13 principales ciudades del país apuntan a que la pobreza de los informales “pasaría del 18% al 32%, y la pobreza extrema del 4,5% al 16,7%…” 6

Mientras tanto, el gobierno no solamente limita el gasto social, sino, que también legisla en favor de los grupos financieros. Utilizando la justificación de las dificultades impuestas por la pandemia oficializó el “estado de excepción económica” que le posibilita expedir decretos con fuerza de ley mediante los cuales permitió la contratación laboral por horas, “operaciones de salvamento” a grandes empresas y la privatización de activos estatales.

La fractura entre las decisiones oficiales y las necesidades de la población aumenta el desprestigio presidencial y el de un sistema político que requiere de la corrupción para perpetuarse, y cuyas clientelas locales llegaron hasta el extremo de apropiarse de una parte de los recursos programados para ayudas alimentarias en plena pandemia.

Un gobierno acusado por el asesinato sistemático de líderes sociales

Elemento central en el ejercicio de la gobernabilidad de Duque ha sido el militarismo de contención social. Colocó en la dirección de las Fuerzas Armadas a quienes aplicaron en medio de la “guerra contrainsurgente” una política basada en las tesis del “enemigo interno” que acompañó el enfrentamiento a las guerrillas con el asesinato de líderes sociales y desplazamientos masivos de poblaciones.

El ejército en el período Duque continúa con las mismas prácticas. Han sido varios los casos documentados de bombardeos y ataques a la población civil inerme. 7 Pero, el mayor cuestionamiento al comportamiento del ejército en este período ha sido el de su papel frente al asesinato continuo y sistemático de líderes sociales. Desde la firma del acuerdo de paz con las FARC en noviembre del 2016 hasta el 15 de Julio de este año, han sido asesinados 971 líderes sociales y en el período transcurrido durante el actual gobierno 572. 8 El control político en territorios rurales en los que el Estado no ha tenido presencia constituye el telón de fondo de esta escalada criminal. Ese control político involucra a grupos que quedaron fraccionados y dispersos desde cuando finalizó la negociación con el paramilitarismo durante el primer gobierno de Uribe preservando sus vínculos con el narcotráfico, en lo que ha sido caracterizado como narcoparamilitarismo, a empresarios ligados a la minería ilegal y a la captura de rentas, a poseedores de tierras de campesinos desplazados aliados con políticos locales. Los líderes sociales que cuestionan este estado de cosas vienen siendo asesinados sistemáticamente con absoluta impunidad. 9

El ejército en algunos casos practica alianzas con esas mafias locales y en otros deja que los ataques ocurran observando pasivamente. El ejemplo del Norte de Cauca en dónde tienen presencia comunidades indígenas organizadas territorialmente en resguardos, las cuales han jugado un papel de primer orden en las recientes protestas sociales, constituye un ejemplo paradigmático. Se trata de la zona del país en dónde las propias estadísticas oficiales registran el mayor número de asesinatos de líderes sociales contando, al tiempo, con la presencia en terreno de un número considerable de efectivos militares. Atrapado en la tradición operativa del “enemigo interno” esta pasividad militar revela que las Fuerzas Armadas prefieren que continúe el “status quo” mafioso local a la emergencia política en el territorio de comunidades en resistencia. La solución a este dilema social debe partir precisamente de la opción contraria, la de permitir el empoderamiento de esas comunidades para que desarrollen las respuestas que vienen discutiendo colectivamente.

La política oficial frente a los cultivadores de coca aumenta las tensiones sociales. Bajo la tesis que inculpa a los campesinos productores como los determinantes del negocio del narcotráfico, tesis desarrollada desde la época de la administración Clinton, el gobierno ha autorizado la aspersión aérea con glifosato que produce enormes daños a las comunidades, a la biodiversidad y a las aguas circundantes. Esta decisión hace parte del alineamiento incondicional con la diplomacia guerrerista de Trump. La cancillería colombiana oficia a la manera de un eco tardío de la “Casa Blanca”. Ha jugado un papel de primer orden en el acompañamiento a la opción política de la derecha venezolana hasta el punto de comprometer la presencia en terreno de una comitiva presidencial durante la escaramuza golpista protagonizada y anunciada por Guaidó desde la frontera en los inicios del 2019 ; lidera las propuestas del “Grupo de Lima”; guarda silencio cómplice ante el plan de anexión de Cisjordania que ha iniciado Netanyahu; 10 mantiene las bases militares norteamericanas en el país y autorizó, en enero de este año, la presencia de una brigada móvil compuesta por 500 soldados de la unidad insignia del comando sur para realizar actividades conjuntas con el pretexto tantas veces repetido del combate al narcotráfico. 11Colombia1208 II

Al autorizar la aspersión aérea con glifosato el gobierno desconoció uno de los puntos pactados en las negociaciones de La Habana, lo que confirma la decisión de implementar una política opuesta a los acuerdos pacificadores. Esta política ha tolerado el asesinato de 200 excombatientes de las FARC reinsertados, ha negado el giro de recursos presupuestales y la ejecución de planes de inversión en zonas definidas para el efecto. Paralelamente, intento reformar en el Congreso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo responsable de la justicia transicional, limitándole aún más las actuales funciones a la Comisión de la Verdad y el Centro de Memoria histórica, diseñados para la reparación moral de las víctimas, y para develar la responsabilidad de los victimarios viene siendo obstaculizada continuamente. Esta actuación presidencial obedece a la decisión del partido de gobierno, el Centro Democrático (CD), liderado por Álvaro Uribe, de alargar la impunidad. Muchos de los integrantes de ese partido han sido acusados de pertenecer o realizar alianzas con el paramilitarismo. Expresan la opinión de los victimarios.

La detención de Álvaro Uribe y la propuesta de un nuevo “pacto histórico”

En medio del desprestigio del gobierno de Duque sucedió el fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en contra de Álvaro Uribe. El antecedente remite a un debate en el Congreso en septiembre del 2014 cuando el senador Iván Cepeda del Polo Democrático Alternativo, quien lleva décadas ejercitando la defensa de las víctimas en organizaciones de derechos humanos, le recordó sus vínculos con el paramilitarismo. Uribe reaccionó denunciando a Cepeda ante la CSJ por injuria y calumnia y por manipulación de testigos. En el 2018 la CSJ no tan solo absolvió a Cepeda sino que, simultáneamente, abrió investigación en contra de Uribe la que terminó con el reciente pronunciamiento en el que le abre un proceso judicial incluyendo la detención domiciliaria.

Paradójicamente, este ha sido uno de los procesos menos graves en los que ha estado involucrado Uribe. Centenares de acusaciones sobre sus relaciones con el narcotráfico y el paramilitarismo y sus actuaciones criminales duermen en los anaqueles de la Comisión de acusaciones del Congreso. La sala de justicia y paz del tribunal de Medellín le ordenó a la Fiscalía investigar a Uribe por su responsabilidad en la masacre del Aro, municipio antioqueño, en donde fueron asesinadas 15 personas en octubre de 1997 cuando oficiaba de gobernador de Antioquia. 12 Santiago Uribe, hermano del ex presidente se encuentra detenido y procesado por formar parte de un grupo paramilitar de origen familiar llamado los “doce apóstoles”. El poder que logró concentrar este personaje surgido en el “bajo mundo” de los clanes mafiosos locales, proyectado en el plano nacional como el referente del enfrentamiento exitoso a las guerrillas, impedía su presencia en los estrados judiciales. Ahora, en la agenda política el conflicto armado interno ya no es prioritario.

La detención domiciliaria de Álvaro Uribe, no significa el cierre de la opción política que representa el Centro Democrático y sus aliados. Continúan controlando el gobierno y franjas importantes del poder local. Sin embargo, tampoco cuentan con una correlación de fuerzas que les permita modificar la situación planteada por el fallo de la CSJ. Las proclamas de los parlamentarios del CD una vez conocida la noticia de la detención de Uribe, exigiendo la convocatoria de una Asamblea Constituyente cerrada, cuyo único objetivo es el de liquidar las altas cortes a la manera de venganza por la detención de Uribe, cayó en el vacío. Ninguno de los partidos políticos que representan al sistema, como tampoco los gremios empresariales, acompañaron esta propuesta.

Desde una orilla diferente Humberto de la Calle, político de tradición liberal y quien lideró las negociaciones en La Habana a nombre del gobierno de Juan Manuel Santos, ha lanzado la idea de iniciar una discusión sobre el diseño de una plataforma programática que habilite conformar una “coalición de centro izquierda de cara a la elección presidencial del 2022”, con el compromiso de que el eventual triunfo electoral daría paso a un gobierno compartido. “No el viejo estilo de siempre: el elegido hace de su capa un sayo y maneja el gobierno a su antojo. Me refiero a esto: quienes integren la coalición van a gobernar colectivamente, dicho de frente y sin engaños. Y, por fin, y solo al fin, las reglas para seleccionar al candidato. Digamos que es una propuesta a la europea y no a la americana…” 13 Los estallidos sociales que pueden ocurrir en la post pandemia están en el centro de las preocupaciones de esta proclama unitaria. El mismo De la Calle añade, “El desempleo, la pobreza, la corrupción plantearán un panorama bastante difícil que exigirá la defensa de las instituciones contra cualquier intento populista…”. 14

El mensaje es claro, se trata de diseñar un cerco institucional a las futuras explosiones sociales. ¿Con qué organizaciones políticas se elaboraría ese acuerdo? De la Calle no deja dudas al respecto; desde hace algún tiempo viene insistiendo en la unificación de las fuerzas políticas que defendieron los Acuerdos de Paz. En ese terreno, Santos y la fracción política que lo acompaña tienen la iniciativa. Aparecen ante la “opinión pública” como la contracara del uribismo, cuentan con el reconocimiento de la “comunidad internacional” y lo más importante, con la anuencia de las elites que saben que una política de este corte no coloca en riesgo el funcionamiento del sistema político. De hecho, De la Calle oficia como uno de sus voceros. 15

La polarización entre defensores y rivales de la paz, que dividió electoralmente al país durante la convocatoria del plebiscito aprobatorio, el cual fue derrotado por escaso margen, vuelve a salir a la superficie. Pero ahora con otras características. El CD debe actuar en medio de un contexto plagado de dificultades, con Uribe enjuiciado y detenido, con un gobierno desgastado y comprometido con la aplicación de planes de ajuste. Por el contrario, el pacto político alterno ofrece relevos y persigue la obtención de consensos hasta con las organizaciones sociales. .

La izquierda con representación parlamentaria ha venido aceptando este tipo de alianzas con la justificación de aislar al uribismo. Gustavo Petro quien en nombre de una coalición de izquierda obtuvo la segunda votación en las pasadas elecciones presidenciales ya lo hizo. En su cuenta personal de twiter escribió: “Mi querido @DeLaCalleHum, he leído su propuesta y sugiero que lea la mía sobre un pacto histórico. Ambas columnas señalan lo mismo. Así que tengo que decirle que acepto su propuesta”. 16

Esta apuesta política tiene un sesgo de incertidumbre particularmente en lo que se refiere a los retos que planteará la movilización social en la post pandemia. Es posible que esta movilización tome un cauce de radicalidad que cuestione a un régimen político excluyente y antidemocrático cubierto con una institucionalidad precaria, al igual que es posible que no lo cuestione.

Por el contrario, una estrategia anticapitalista debe apostar por fortalecer la unidad y la proyección política de “los de abajo” más allá de los límites de una “democracia representativa” digitada por “los de arriba”; por intentar demostrar que lo que ocurre en el país hace parte de una crisis capitalista global que ha colocado en puntos suspensivos la subsistencia de la humanidad. Reducir este dilema civilizatorio a la hipótesis de un triunfo electoral, consensuado con sectores de la corrupta política tradicional y con fracciones de las clases dominantes, significa, desde ya, desarmar a las fuerzas sociales que precisan, urgentemente, transformar el actual “status quo”. Es, por definición, aceptar de antemano la derrota.

Daniel Libreros Caicedo. Investigador y docente de la Universidad Nacional de Colombia, militante del Movimiento Ecosocialista.

12/8/2020

Notas

  1. “Coronavirus en Colombia: nuevo récord de casos con 11.996,” revista  Semana,  6  de  Agosto,  en  https://www.semana.com/vidamoderna/articulo/coronavirus-en-colombia-6-de-agosto-ins-identifico-11996-casos-nuevos/692493). ↩
  2. Declaraciones  de  Carolina  Corcho,  Vicepresidenta  de  la Federación  Médica  de  Colombia  “Médicos: ‘Solución está en diagnósticos y no en más UCI’, “El  Tiempo”,23  de  Julio   del  2020, en https://www.eltiempo.com/bogota/coronavirus-en-bogota-medicos-solucion-esta-en-diagnosticos-y-no-en-mas-uci-521100. ↩
  3. Los  obispos  católicos de  la  Amazonía enviaron  un mensaje  de  alerta desde  cuando aparecieron  los  primeros  brotes  de  la  pandemia  haciendo  alusión a un  posible  etnocidio, “si los números de contagiados y muertos siguen creciendo, estaríamos ad-portas de un etnocidio indígena causado por la pandemia..”,  declararon,  llamado,  al  mismo  tiempo, al  gobierno  a replantear el sistema sanitario de estos territorios de la periferia colombiana.  “Si  siguen  los  contagios  llegaríamos  a  un  etnocidio” El Espectador, 2  de  Mayo, en: https://www.elespectador.com/coronavirus/si-siguen-los-contagios-llegariamos-un-etnocidio-obispos-del-amazonas-y-orinoquia-articulo-917589/  Debe  tenerse  en  cuenta  que  una  situación  similar se  presenta  en Iquitos-Perú  y  en Manaos-Brasil,  poblaciones  fronterizas. ↩
  4. Informe sobre el impacto económico en América Latina y el Caribe de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) https://www.cepal.org/es/publicaciones/45602-informe-impacto-economico-america-latina-caribe-la-enfermedad-coronavirus-covid ↩
  5. En  los  inicios    de  Julio   la  Contraloría    General  de  la Nación  realizó  una  encuesta    sobre  la  situación     de   este  personal  en  todo   el  país  durante  la  pandemia. Los  resultados  fueron  elocuentes “ El 45 por ciento de los encuestados dijeron que el hospital o clínica en el que trabajan ha modificado sus condiciones laborales (..)  Un dato alarmante de la encuesta de la  es que el 47 por ciento de los funcionarios de la salud han tenido que invertir sus propios recursos para adquirir algún elemento de bioseguridad.  “Encuesta revela precarias condiciones laborales del personal médico”,  “El  Tiempo”,  4  de  Julio  del  2020, en https://www.eltiempo.com/justicia/servicios/coronavirus-encuesta-revela-las-precarias-condiciones-laborales-del-personal-medico-en-colombia-514272. ↩
  6. Roberto  Sánchez  Torres  y  Sergio  Chaparro, “La COVID-19 disparará la pobreza: ¿qué puede hacer el Gobierno?”, “Razón Pública” ,  Mayo 11 del  2020,  en https://razonpublica.com/la-covid-19-disparara-la-pobreza-puede-gobierno/,  Insistiendo  en  el  dato  de  la  pobreza  extrema agregan, “Eso ultimo quiere decir que una sexta parte de la población pasaría a tener un ingreso tan bajo que ni siquiera sería suficiente para consumir alimentos…”. ↩
  7. Es  el  caso  de  los  bombardeos   indiscriminados    realizados  por  el  ejército  en  el  Caquetá    en  agosto  del  año  pasado  que  costaron  la  muerte  de  18  niños.  “Cifra de menores que murieron tras bombardeo en Caquetá ascendería a 18, según testigos”,   https://www.wradio.com.co/noticias/actualidad/cifra-de-menores-que-murieron-tras-bombardeo-en-caqueta-ascenderia-a-18-segun-testigos/20191112/nota/3977643.aspx. ↩
  8. “Indepaz”, informe de agosto  5  del  2020,  en http://www.indepaz.org.co/category/informes/. ↩
  9. En  el  90%  de  los  casos no existe decisión  judicial  en  “Cuáles  son  los  Patrones-Asesinatos  de  líderes  sociales  en  el  post-acuerdo “  elaborado por “Somos  Defensores, CINEP,  Universidad  Nacional  de  Colombia,  “Comisión  Colombiana  de  Juristas”  y  el  portal  “Verdad  Abierta”, Octubre  del 2018,  en https://www.cinep.org.co/publicaciones/PDFS/20181202_cuales_son_los_patrones.pdf. ↩
  10. La  disculpa de  la  Cancillería  colombiana  en  este  asunto  raya  en  el  cinismo ,  “Colombia no forma parte del Consejo de Seguridad actualmente y por eso no participó en ese debate..”, adujo a  propósito  de las  discusiones en  Naciones  Unidas  en las  que  el  binomio  Netanyahu/Trump ha  quedado  aislado . “El  silencio  de  Colombia ante  la  anexión  ilegal  israelí de  territorios  palestinos”,  en https://www.aa.com.tr/es/mundo/el-silencio-de-colombiaante-la-anexi%C3%B3n-ilegal-israel%C3%AD-de-territorios-palestinos/1909396. ↩
  11. Referencia video: Fuerzas Militares en http://ow.ly/BVR530qbUSL. ↩
  12. Hasta  el  propio  Salvatore  Mancuso, en  declaraciones hechas desde  las  cárceles de Estados  Unidos  cuando  reconoció  su  responsabilidad  en  esta  masacre perpetrada  por  200 paramilitares  asociados con militares de la IV Brigada  aceptó, igualmente,  la  responsabilidad  política  de  Uribe  Vélez en la misma. ↩
  13. Es  posible  una  coalición de  centro izquierda para  las  presidenciales  del  2022”,  El  Espectador, 4 de Julio  del  2020, en https://www.elespectador.com/noticias/politica/la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-para-una-coalicion-de-centroizquierda-para-2022/. ↩
  14. Entrevista en multimedia en la revista Semana en https://www.semana.com/semana-tv/semana-noticias/multimedia/a-gustavo-petro-hay-que-derrotarlo-en-las-urnas-humberto-de-la-calle/691104. ↩
  15. El propio Juan Manuel Santos ha  declarado en  varias  oportunidades que  “las protestas y marchas, que vivió el país a finales del año pasado y comienzos de este 2020, “se van a quintuplicar…” ↩
  16. “Petro “acepta” la propuesta de Humberto de la Calle sobre una coalición de centroizquierda, “Política”,  27 de  Julio del 2020,  https://www.abcpolitica.com/petro-acepta-la-propuesta-de-humberto-de-la-calle-sobre-una-coalicion-de-centroizquierda/. ↩

 

*Fuente: https://vientosur.info/el-diseno-de-un-cerco-institucional-a-la-movilizacion-social-pospandemia/

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Brasil desigual: En San Pablo los pobres se infectan 2,5 veces más que los ricos

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Por: Izquierda Diario

Un estudio hizo una estimación del número real de casos en Sao Paulo, principal ciudad de Brasil, dado el inmenso subregistro debido a la falta de pruebas. También señaló que quienes solo tienen educación primaria, se contagian 4,5 más que quienes tienen educación superior. El gobernador Doria y el presidente Bolsonaro son los responsables.

La investigación que, a falta de números serios de parte del Gobierno local y nacional, se hace de manera estadística para relevar la cantidad de personas que tienen anticuerpos muestran que los sectores más pobres, los negros y aquellos que tienen solo educación básica se contagian hasta 2,5 veces más que aquellos con ingresos más altos, blancos y que tuvieron posibilidad de llegar a completar una educación superior. Todo un contraste de la desigualdad que se suma a la negligencia del Gobierno nacional del ultraderechista y negacionista Bolsonaro, y al gobernador de San Pablo, Joao Doria.

Según el estudio «la seroprevalencia fue mayor en la población de ingresos más bajos, con un 22% de las personas analizadas con anticuerpos. En la población de mayor ingreso, el porcentaje es del 9,4%. En el promedio de ingresos medios, las pruebas mostraron anticuerpos en el 18,4% de la población analizada. Entre la población negra y morena, se encontraron anticuerpos en el 20,8% de la población analizada. El número es superior al encontrado entre la población blanca (15,4%) y otros grupos étnicos (14,0%)».

Si el dato se toma por el nivel de educación y no por los ingresos, la brecha es aún más grande. Según el informe quienes solo tienen educación primaria se contagian 4,5 más que quienes tienen educación superior.

El estudio se llevó a cabo entre el 20 y el 29 de julio, con pruebas serológicas en 1.470 personas de 115 sectores del municipio de la capital de San Pablo. En cifras totales, el anticuerpo se encuentra en el 17,9% de la población adulta, o 1,5 millones de habitantes de la capital paulista.

Mientras tanto el gobernador de San Pablo, Joao Doria, está ignorando estos números y sigue con su propio plan de reapertura económica, que no incluía preparar mejor el sistema de salud y la ciudad para salvar vidas, sino abrir abruptamente el comercio para complacer a los grandes empresarios y exponer a los empleados y pequeños comerciantes.

Cada uno de los principales actores el país, el presidente Bolsonaro, los militares, el Poder Judicial y los gobernadores-, junto con los empresarios, son responsables de más de 100 mil muertes y de transformar a Brasil en el epicentro de la enfermedad, hoy, en el mundo. Ellos son los encargados de gestionar la catástrofe de la crisis actual, contra los trabajadores, ya que tratan de imponer una “nueva normalidad”, con más de 1000 muertes registradas diariamente en el país. Muestran el rostro más cruel del capitalismo, que reserva el hambre, el desempleo y el contagio por COVID-19 para una clase trabajadora mayoritariamente negra, como Brasil.

Con información de UOL

*Fuente: http://www.laizquierdadiario.com.ve/Brasil-desigual-en-San-Pablo-los-pobres-se-infectan-2-5-veces-mas-que-los-ricos

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Chile: Ministro de Educación descartó cierre de universidades por pandemia: “No vemos que exista un riesgo”

Noticias

América del sur/Chile/13 Agosto 2020/CNNChile

Raúl Figueroa se refirió al preocupante aumento que se vería este año en términos de niñas, niños y adolescentes que se alejan del sistema educacional. Además, aseguró que el retorno a clases «se hará sólo en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan»

El gobierno ya prepara el plan a seguir para el retorno a los establecimientos educacionales a medida que la pandemia sea controlada en las distintas comunas afectadas a la fecha.

En ese sentido, el ministro de Educación, Raúl Figueroa, explicó que el mayor temor del Ejecutivo es la deserción escolar que probablemente aumente este año. “Eso se concentra fundamentalmente en los hogares más vulnerables que se ven afectados con más fuerza por la pandemia”, agregó.

De esta manera, a los 185 mil niñas, niños y adolescentes que hoy no forman parte del sistema educacional se podrían sumar otros 80 mil. “Nos podría llevar a tasas de deserción que no hemos visto en los últimos 10 años, mucho mayores a la que tuvimos tras el terremoto de 2010″, afirmó el ministro Figueroa.

Asimismo, el titular de la cartera indicó que la pérdida del vínculo con el establecimiento que se ha producido estos meses también será perjudicial para esa comunidad educativa.

Por otro lado, Figueroa se refirió a las universidades y cómo han visto afectadas sus administraciones por la baja en las matrículas este año, aunque descartó que haya alguna que actualmente arriesgue su cierre.

“Las universidades y en general el sistema de educación superior este año vio también una baja en la matrícula, fundamentalmente por el COVID-19 y también por el impacto que tuvo el sabotaje a la Prueba de Selección Universitaria. Esa baja obligó a las instituciones a adaptarse, pero no vemos que exista un riesgo que tengan que cerrar por consecuencia de la pandemia“, aseguró el ministro de Educación.

Finalmente, en relación a las fechas estimadas que maneja el Ejecutivo para concretar el regreso a las aulas, Figueroa afirmó que “el retorno se hará sólo en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan“.

Kínder obligatorio a comisión mixta

En tanto, el ministro Figueroa también comentó el avance del proyecto que implementa el kínder obligatorio, el cual será revisado por la comisión mixta tras descartarse los cambios realizados por la Cámara Alta.

La tramitación de esta idea legislativa impulsada por el gobierno “se desdibujó por completo” en el Senado, según el secretario de Estado. “Hoy los diputados ratificaron su compromiso con la educación parvularia, rechazando los cambios que hizo el Senado y volviendo a insistir en su lógica de obligatoriedad”, afirmó.

Fuente: https://www.cnnchile.com/lodijeronencnn/entrevista-ministro-educacion-raul-figueroa-crisis-universidades_20200811/

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Brasil: Rechaza 78% de padres de estudiantes de Sao Paulo volver a clases presenciales

Noticias

América del Sur/Brasil/14-08-2020/Autor(a) y Fuente: spanish.xinhuanet.com

El 78 por ciento de los padres de alumnos que acuden a la escuela infantil y primaria en la ciudad brasileña de Sao Paulo (sureste) se pronunció a favor de que los niños no regresen a las clases presenciales debido a la pandemia de la enfermedad del nuevo coronavirus (COVID-19), informaron hoy las autoridades municipales.

Según una encuesta realizada para la alcaldía de Sao Paulo por el Instituto de Investigaciones Sociales, Políticas y Económicas, el 46 por ciento de los entrevistados está a favor de que las escuelas de educación infantil y primaria puedan abrir apenas cuando exista una vacuna contra el virus.

En tanto, un 32 por ciento directamente se posiciona a favor de un regreso a las clases presenciales recién en 2021, y un 71 por ciento opinó que prefiere que los estudiantes aprendan mediante la educación a distancia digital, indicó el documento realizado del 31 de julio al 1 de agosto.

Sao Paulo, la mayor urbe de Sudamérica, es el epicentro de la pandemia en Brasil y superó esta semana los 10.000 muertos, a la vez que la capacidad de los hospitales está por debajo del 70 por ciento, por lo que se ha permitido el reinicio con flexibilizaciones de actividades comerciales y gastronómicas, con limitaciones de ocupación de espacios, obligación de mascarilla y horarios reducidos.

Fuente e Imagen: http://spanish.xinhuanet.com/2020-08/08/c_139273722.htm

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Argentina: Obra pública feminista

Noticias

América del Sur/Argentina/14-08-2020/Autor(a) y Fuente: lahora.com.ec

Con perspectiva de género, Argentina pretende reducir la brecha mediante la obra pública e incluir a la mujer en el ciclo productivo.

Redacción BUENOS AIRES

Paridad laboral y proyectos para el cuidado de los derechos de las mujeres y la infancia, son el eje del nuevo paquete de obra pública que ofrece el presidente de Argentina, Alberto Fernández.

La cartera de Obras Públicas está elaborando un Manual para la Gestión de la Obra Pública con Perspectiva de Género, en el que se abordarán recomendaciones y «buenas prácticas» para los Gobiernos y los contratistas.

Más mujeres en la construcción

Garantizar la participación de las áreas de género locales en la ejecución de proyectos para revertir «la alta e histórica preponderancia masculina en el sector de la construcción», anunció el gobierno.

El ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto al de Obras Públicas, construirá Centros Territoriales de Políticas de Género en dos municipios por 1,23 millones de dólares, además de tres Centros Integrales para la Mujer, en distintas provincias del interior.

Reducir la desigualdad

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, destacó que el Gobierno haya decidido «transversalizar las políticas de género para reducir la brecha de la desigualdad, que debe estar presente en cada una de las políticas públicas”.

«La obra pública además de una política para fomentar el crecimiento económico y la creación de empleo, debe ser una herramienta para reducir esas brechas de desigualdad que existen», agregó. EFE

Fuente e Imagen: https://lahora.com.ec/quito/noticia/1102324803/obra-publica-feminista

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