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Educación, Protocolos y Aprendizajes Colectivos

julio 1, 2020junio 26, 2020Juan Carlos Miranda Arroyo

Carecemos de teoría y práctica en materia de protocolos de actuación entre la escuela y la familia para hacer frente a una emergencia sanitaria como la que vivimos.

En marzo pasado, cuando analizaba el contexto de la contingencia sanitaria (epidemia-pandemia de la enfermedad covid-19) sugería que, en el caso de las políticas públicas educativas en México, hubo carencia de mecanismos de coordinación en las relaciones entre la Escuela y la Familia. Al respecto, escribí esto y propuse las siguientes preguntas: “…lo que se observa, hoy, es que no contamos, socialmente, con protocolos de actuación para hacer frente a este tipo de epidemias. ¿Por qué no aprendimos lo conducente de las experiencias anteriores? ¿Por qué no hemos “institucionalizado” las acciones preventivas y evitar las “remediales”? ¿Por qué carecemos de un programa de acciones preestablecidas, programadas o bien organizadas para hacer frente a estas situaciones adversas donde cada quien sepa qué hacer y cómo actuar?”

Sin embargo, sociedades como la nuestra, quizá, están relativamente preparadas ante determinadas situaciones adversas, para lo cual contamos ya, con ciertos protocolos de actuación, debido a las condiciones geográficas y naturales, esto para prevenir el desenlace y las consecuencias de algunos “desastres naturales” no previstos (y poco o nada predecibles) como ha sucedido con los sismos o huracanes.

A propósito de ello justamente, cabe mencionar que, durante el sismo reciente del pasado martes 23 de junio 2020, los protocolos de protección civil de nuestro país (ámbitos nacional y locales) mostraron su eficiencia, sentido de oportunidad y coordinación, a través de las acciones que realizaron los diferentes elementos de la estructura de participación ciudadana (más allá de la “alerta sísmica”), en la cual actuaron y actúan las instituciones (coordinadoras en lo general) y la ciudadanía (amplia participación en lo singular) de varias entidades federativas, que regularmente son afectadas por este tipo de fenómenos naturales. Es necesario reconocer esta efectiva actuación gubernamental y social, para no generar la idea de que los comentarios son siempre negativos.

No obstante, -dije en marzo pasado y ahora lo reitero-, “poco hemos trabajado a favor de las labores preventivas o de protección civil en materia de epidemias o pandemias en el ámbito educativo, específicamente en el conjunto de instituciones (actores, liderazgos y reglas) que integran el sistema escolarizado. No al menos en las necesarias acciones de coordinación que se requirieron (y se requieren) llevar a cabo entre los integrantes de la escuela y el hogar.”

Cuando se suspendieron clases o se inició el receso escolar en marzo pasado, por ejemplo (hace más de 100 días naturales y más de 50 días hábiles, sin contar los días de Semana Santa ni de Pascua), los Consejos Técnicos Escolares (CTE), si siguiéramos un adecuado protocolo de actuación Escuela-Familia, se debieron de haber convertido en Consejos Escolares de Emergencia Sanitaria (CEES) -figura que no existe, por cierto-, para poner en acción un conjunto o paquete de medidas y actividades coordinadas, a efecto de dar continuidad a los planes y programas educativos en condiciones extraordinarias, con criterios de equidad e inclusión. Y para actuar, en forma paralela, frente a la crisis de salud pública como dispositivo preventivo y no necesariamente como acción remedial. Dicho protocolo, tristemente, no se desencadenó.

Dos meses después, a finales de mayo, el titular de la SEP, Moctezuma Barragán, indicó que hubo un protocolo de actuación para el sector educativo ¿alguien sabe de su contenido? ¿quién participó en su diseño? Sobre ese supuesto protocolo, he preguntado a directivos y docentes de escuelas de educación básica, pero nadie sabe de él. En la Unidad UPN de Querétaro, mi centro de trabajo, jamás se dio a conocer ningún protocolo proporcionado por las autoridades educativas federales o estatales.

Dentro del mencionado análisis pregunté y sugerí, así mismo, lo siguiente: Si la anterior pandemia (virus de la influenza H1N1) se registró hace más de 10 años ¿podríamos imaginar una condición de “aprendizaje comunitario”, para la siguiente década, en la cual no seamos presas de la improvisación y la incertidumbre, como si fuera una emergencia que enfrentamos, como sociedad, por primera vez? Para entonces ya habrá suficiente “experiencia colectiva” ¿O no? Ese sería el escenario deseable para dentro de una década, aproximadamente, pero eso no sucedió lamentablemente en 2020, de marzo a la fecha. No hubo, quizá, un adecuado ni significativo “aprendizaje colectivo” entre 2009 y 2020.

En ese contexto, hablé de la noción de “aprendizaje comunitario”, (así le llamé para distinguirlo del “aprendizaje social” de A. Bandura), que se refiere a los cambios que se establecen de manera colectiva con respecto a una situación, conflicto o crisis, es decir, cuando los sujetos de una comunidad “instituyen” esos cambios para hacer frente a condiciones adversas o no. Un ejemplo de “aprendizaje comunitario”, efectivo, es el que se ha mostrado durante los últimos años (incluyo a la experiencia y a los efectos producidos por el sismo de 2017), cuando los sistemas de protección civil se han desempeñado cada vez de manera más coordinada, en cantidad y en calidad de los procedimientos y las acciones.

Esto lo comento porque en varias colaboraciones anteriores, he señalado que no hemos aprendido, como sociedad, como comunidad (es decir, de manera institucional), las lecciones de la coyuntura sanitaria, por ejemplo, de la Influenza del 2009 (H1N1). Y no sólo lo digo para nuestro país (como Estado-nación), sino como conjunto de naciones, como sociedad en su conjunto, a nivel global ¿Por qué colapsan los sistemas de salud pública de países centrales, “ricos”, como en Estados Unidos? ¿Qué pasó con los sistemas de prevención y de salud pública en general de algunas naciones “centrales” o “altamente desarrolladas” como Italia, Francia o España?

Me parece, entonces, que carecemos de teoría y práctica en materia de protocolos de actuación entre la escuela y la familia para hacer frente a una emergencia sanitaria como la que vivimos; esto es, no existen dispositivos preventivos de actuación oportuna en México, entre el sistema educativo y su extensión-conexión con la sociedad civil, dicho ello, repito, en contextos de emergencia de salud pública.

Todo parece indicar que hay mucho por hacer en este punto de la gestión y el diseño de las políticas públicas educativas. Sobre todo, pienso que hace falta un mayor vínculo entre los sistemas de salud y de educación para dar respuestas más efectivas y organizadas, planificadas, en este tipo de coyunturas, donde se ponga por delante la prevención de enfermedades y la atención a la población más vulnerable, con especial énfasis en niñas, niños, jóvenes y adultos mayores.

Fuente e imagen: https://www.sdpnoticias.com/columnas/educacion-protocolos-y-aprendizajes-colectivos.html

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Latinoamérica, El Caribe y sus Luchas

julio 1, 2020junio 30, 2020Marcelo Colussi

Por: Marcelo Colussi y Mario de León

Marco Histórico y Teórico-Crítico Reciente

En esta segunda parte del ensayo hicimos una revisión general, no exhaustiva ni extensivamente detallada, pero sí con un marco general conceptual relativamente contemporáneo, que tiene enfoques analíticos y críticos de ciertas interseccionalidades iniciales que forman parte, componen y explican los recientes movimientos y protestas sociales en America Latina y el Caribe (LAC).

Hicimos también, una breve revisión o repaso a través de un marco histórico, teórico y crítico donde resumimos algunos de los estudios mundiales, puntos de vista y opiniones de académicos, filósofos, estudiosos(as), especialistas, analistas y ensayistas sobre los movimientos y las protestas sociales, bajo la óptica de una introducción teórico-conceptual de algunas de las teorías desarrolladas desde mediados del siglo pasado hasta la actualidad, las cuales han sido llamadas los Nuevos Movimientos Sociales (NMS).

Asimismo, en esta segunda parte del ensayo, en el análisis y descripción de los movimientos y protestas sociales hemos utilizado los artículos de varios investigadores y académicos, universidades, centros de pensamiento, bibliotecas e enciclopedias virtuales etc. que encontramos en la internet y que también reunimos en papel para abordar el fenómeno en la región LAC; son ellos y ellas: Vargas (2008), Millán (2009), Revilla (2010), Candón (2010), Romanutti (2012), Tricot (2012), Mejías y Suárez (2015), Mathieu (2015), Wikipedia (2015a y 2015b), Colussi (2019) Colussi y de León (2020) y Billion y Ventura (2020), entre otros y otras. Para empezar a entender las acciones desarrolladas en LAC durante las últimas tres décadas entre el siglo XX y el siglo XXI. Reiteramos que estamos conscientes que, aunque las manifestaciones de descontento, malestar y frustración social vienen de más atrás, y que se han dado y están dando en otros países del continente en LAC, nos hemos concentrado y enfocado en estos seis países nombrados arriba.

En la tercera parte del ensayo (a presentarse en breve), vamos a analizar los movimientos y las protestas sociales en Latinoamérica y el Caribe a mayor profundidad y extensión, utilizando parte de las teorías de los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) que se presentan acá y los análisis histórico-estructurales y crítico-comparativos del posmarxismo contemporáneo, para los países escogidos de Sudamérica: Bolivia, Chile, Colombia, y para los países escogidos de Centroamérica y el Caribe: Honduras, Haití y Nicaragua, mayormente en estos últimos tres años de convulsiones, movimientos y protestas sociales en el continente.

Los Nuevos Movimientos Sociales (NMS)

Por un lado, los estudios sobre los movimientos sociales y algunas de sus manifestaciones con varios resultados incluyendo las protestas sociales de distinta índole, se han convertido en un campo de análisis propio dentro de las ciencias sociales, principalmente en las áreas de estudio de la sociología, la ciencia política y la psicología. Los mismos están influenciados por los análisis conceptuales y los estudios clásicos, posclásicos y críticos-postmodernos del Marxismo y el Funcionalismo de mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX; y de mediados del siglo XX hasta la actualidad (los cuales, mencionaremos y analizaremos a través de algunas secciones del contenido tanto teórico-conceptual como en la dinámica de los movimientos y protestas sociales, del perfil y del contexto de los países descritos en este y el siguiente ensayo).

Por otro lado, las teorías norteamericanas y europeas modernas y posmodernas ocupan un lugar central en el estudio de los movimientos sociales desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Entre ellas se pueden distinguir dos teorías principales: la teoría de la movilización de recursos (TMR) y la teoría de los nuevos movimientos sociales (NMS). La de NMS tiene su enfoque inicial general y dos enfoques más reducidos relativamente: el Enfoque de los Procesos Políticos (EPP) y el Enfoque de los Marcos Culturales (EMC). Cada uno de estos enfoques teórico-epistemológicos se concentra en el análisis de un tema o tópico central en particular: NMS en general, en la aparición y organización de nuevos grupos sociales de distinta índole para la acción; EPP en el proceso político que lleva a las acciones organizadas; y EMC en la identidad individual y colectiva grupal, respectivamente.

Este grupo de teorías sostienen que los movimientos de hoy son categóricamente diferentes a los del pasado. En lugar de los movimientos obreros involucrados en el conflicto de clases, de acuerdo con el modelo y los enfoques marxistas clásicos y ortodoxos, los movimientos actuales están involucrados en conflictos sociales y políticos por sectores y subsectores sociales muchas veces divididos o separados, con distintas agendas diferenciadas y movilizaciones estratégicas no enteramente relacionadas a sus visualizaciones, anhelos, objetivos y metas a lograr.

Las motivaciones para la participación en el movimiento son una forma de política «post-material», así como las identidades recién creadas, en particular las de la «nueva clase media». Autores como Touraine (1984, 1992), Habermas (1981), Offe (1985) Melucci (1989 y 1999), Buechler (1995 y 2013), e Inglehart (1977 y 2018); son los principales representantes aunque no los únicos de las teorías de los NMS y sus enfoques.

El enfoque de los NMS tuvo lugar inicialmente en Europa como una respuesta al marxismo clásico y ortodoxo, que explica toda acción social a partir de la dicotomía estructura-superestructura y que considera a la clase obrera (proletariado), como único actor de los movimientos para el cambio político, económico y social. En Europa, a partir de las experiencias de los movimientos de los ’60 (los cuales se describen abajo), la atención se dirige hacia los factores macroestructurales, como el surgimiento del Estado del bienestar y la construcción de nuevas identidades múltiples y colectivas. Estas identidades explican (sin agotarse en sí mismas, ya que son dinámicas y cambian a través del tiempo), las motivaciones individuales para participar en los movimientos y las protestas sociales con diferentes o variados objetivos y metas.

El enfoque destaca la novedad en la variedad de los movimientos sociales, confrontando a la concepción marxista clásica u ortodoxa sobre ellos, principalmente a las clases trabajadoras, como los único(s) grupo(s) directamente relacionados a la lucha de clases. De acuerdo con este enfoque, los nuevos movimientos sociales ya no se articulan basados única y exclusivamente a la clase social; sus fines no son estrictamente económicos o políticos en muchos casos, en el sentido de la necesidad primordial de tomar y/o sustituir el poder del aparato del Estado opresor y explotador. Algunos ejemplos de los NMS serían: el feminismo, el ecologismo, el pacifismo, la solidaridad internacional, la lucha contra la segregación racial, la reivindicación étnica, el movimiento estudiantil, el movimiento hippy, las movilizaciones estudiantiles de mayo del 68 al nivel mundial, etc. Estos son considerados como reacción a los cambios estructurales, en los ámbitos económico, político y cultural, de las sociedades occidentales y occidentalizadas en referencia a Latinoamérica y el Caribe, por ejemplo.

De acuerdo con Revilla, Candón y Romanutti (citados arriba); los NMS ponen de manifiesto la crisis de legitimidad de los partidos políticos, las organizaciones tradicionales y la emergencia de nuevos actores sociales debido a los cambios culturales producidos. Los nuevos movimientos ejemplifican los cambios culturales experimentados en las sociedades avanzadas. Estos cambios se manifiestan en el paso de valores materialistas a valores postmaterialistas. Estos cambios económicos, políticos y culturales explican el surgimiento de los nuevos movimientos sociales. En ellos se producen diferentes transformaciones en cuanto a los actores protagonistas de la movilización, los valores y objetivos de los nuevos movimientos, o las diferentes formas de organización y acción colectiva. Los NMS no están protagonizados por actores que se identifiquen en términos de ideología o clase social, sino en función de otros parámetros como la edad, el sexo o el género, la etnicidad o minoría racial u otras reclamaciones interclasistas.

De acuerdo también con Revilla, Candón y Romanutti (citados arriba), los NMS se relacionan con la construcción de nuevas identidades políticas sociales y económicas, las cuales entran en conflicto con las normas existentes y valores, algunos de los cuales son negados por el Estado o por el mercado principalmente. Los NMS se definen también como no institucionales y no convencionales. La teoría de los NMS destaca la naturaleza plural de los actores, la cual se localiza en tres sectores de la estructura social: la «nueva clase media» o «clase de capital humano», es decir, los que trabajan en sectores tecnológicos basados en la información, los profesionales de servicios humanos y el sector público como la educación y la asistencia o bienestar social; personas con alto nivel educativo y relativa seguridad económica. Toma en cuenta también a los grupos periféricos, y a quienes ocupan una posición marginal en el mercado de trabajo: como estudiantes, jubilados, juventud desempleada o amas de casa de clase media, y otras personas pertenecientes a la clase media tradicional.

Enfoque de los Procesos Políticos (EPP)

El EPP se centra en la importancia del contexto institucional y político que influye en la movilización. Comparte con la perspectiva anterior la concepción de la acción colectiva como una interacción estratégica entre distintos actores, que se basa fundamentalmente en el cálculo de costos y beneficios; pero mientras la primera se centra en la utilización de los recursos disponibles por el movimiento, la segunda se concentra en la disponibilidad de esos recursos en el sistema político. Dentro del mismo enfoque pueden distinguirse visiones más directamente políticas y otras que son más históricas y culturales, que introducen diversos conceptos importantes. Por un lado, desde un punto de vista estrictamente político, Tarrow (1994 y 2011) y Kriesi y Wisler (1996) utilizan los conceptos centrales de estructura de oportunidades políticas y de ciclos de protesta, los cuales responden a la apertura o al cierre de oportunidades para la movilización en el ámbito político e institucional.

Por otro lado, desde el punto de vista social, Tarrow define los ciclos de protesta como «una fase de intensificación de los conflictos en el sistema social» (1994: 263 citado por Revilla, 2010). Según él, la movilización iniciada por una «vanguardia» tras percibir un cambio en la estructura de oportunidades políticas se expande a otros grupos, que ven reducido el coste de su propia movilización, debido al primer paso dado por los anteriores, expandiéndose y multiplicándose los conflictos. Snow y Benford (1988) y Gamson (1989); señalan el aspecto más cultural, acercándose a las nociones de los NMS, con la idea de los «marcos culturales y los procesos de enmarcado» (explicados con mayor detalle abajo), por los cuales los movimientos se relacionan con las resonancias culturales. Las oportunidades políticas proporcionan incentivos para la acción colectiva, al influir sobre las expectativas de éxito o fracaso. El EPP no sólo influye en el surgimiento de la movilización en el curso de «ciclos de protesta», sino también en las formas que toma la acción colectiva en diferentes contextos.

Millán (2009) describe a Tilly (1978), quien utiliza una perspectiva histórica y cultural, para introducir el concepto de «repertorio de acción colectiva» como las formas de protesta aprendidas socialmente y que responden y se adaptan al contexto político. La perspectiva histórica y cultural se justifica por el hecho de que estos repertorios son culturalmente aprendidos. Tilly (1990) incluye también, a la violencia como una forma de participación política (la cual hasta cierto punto es común en los movimientos y protestas sociales en LAC, y se han intensificado en estos últimos años); en contra de los enfoques que explican los actos violentos como «formas irracionales» completamente desvinculadas de la política. Esta línea de investigación ha estimulado un énfasis en el estudio de la identidad y los comportamientos y los roles grupales.

De esta forma el autor (arriba mencionado), enlaza la acción colectiva violenta con los movimientos sociales, resaltando como única diferencia el cambio de repertorio (de conducta, intencionalidad y agresividad); de la confrontación por medios violentos, como consecuencia de importantes cambios económicos y sociales afectando muy negativamente en un espacio tiempo regularmente largo o prolongado (como ha pasado en LAC, debido a las políticas neoliberales de ultranza o a la corrupción extendida, por ejemplo). El autor define también, los repertorios de acción como los «canales establecidos en los que pares de actores efectúan y reciben reivindicaciones que afectan a sus respectivos intereses». Qué hace la gente para protestar, ello está determinado por lo que sabe hacer, esto es, por la memoria colectiva y las culturas de movilización aprendidas a lo largo de la historia. Toman las estrategias que han tenido éxito, o las que mejor se adaptan al contexto actual. La evolución del repertorio se produce lentamente con innovaciones en los márgenes. Sin embargo, los cambios profundos en los repertorios se producen a largo plazo.

Enfoque de los Marcos Culturales (EMC)

En los últimos años de la década de 1990, Melucci se centró en la creación de ‘identidades colectivas’ como el propósito de los movimientos sociales, especialmente los «nuevos movimientos sociales». Jasper (1998) propició la colocación de las emociones, en la agenda intelectual para muchos estudiosos/as e investigadores/as de los movimientos y las protestas sociales; y ha continuado analizando la dinámica emocional de la protesta en los años posteriores. Ha argumentado también en esta última década, que los movimientos sociales proporcionan a los participantes la oportunidad de elaborar y articular sus intuiciones y principios morales, ya sea para sí mismos o en contraste hacia otros grupos, ya sean estos grupos afines o antagónicos. Goodwin, Jaspers y Polletta (2000), reconocieron la importancia de las emociones en los movimientos sociales y desarrollaron la idea de la ‘dinámica emocional’ de forma más sistemática. Los mismos autores (2000) critican el paradigma de la ‘oportunidad política’ anteriormente dominante, utilizando el enfoque cultural de Jasper, han demostrado que la oportunidad política es demasiado estructural como concepto, dejando de lado significados, emociones y agencias individuales y colectivas que se alinean, (importantes elementos, para entender algunas de las formas, dinámicas y manifestaciones colectivas con diferentes grados de intensidad al nivel global y al nivel regional en LAC).

Jasper (2006), nuevamente argumentó que la interacción social estratégica, tenía una lógica importante que era independiente de la cultura y la estructura, subyacente a los dilemas estratégicos de/en lo que sucede en la vida real. La interacción social desarrolla un vocabulario, un entendimiento, una identidad y una lógica de las circunstancias y del ambiente dentro de los movimientos y las protestas que se generan. Todos estos elementos sirven para concretar acciones y afianzar el compromiso estratégico de una manera cultural, emocional y auténtica. Emirbayer y Goldberg (2005) escribieron también de manera similar, sobre las emociones y los movimientos sociales, derivando sus ideas de la historia del pensamiento sociológico (compromisos, objetivos y acciones estratégicas para lograr cambios). Cefaï (2013), por su lado, llegó a conclusiones similares acerca de la síntesis del pensamiento, las culturas intrínsecas y las acciones colectivas en los movimientos sociales.

Parece ser que los «marcos cognitivos», social y políticamente compartidos, son procesos colectivos de interpretación, atribución y construcción social que median entre la oportunidad y la acción. Los activistas tienden a veces, a sobreestimar el grado de oportunidad política, y de esta forma, las percepciones poco realistas de lo que es posible que puedan alterar como lo posible concreto. Se tiene entonces, que los propios movimientos son capaces de crear por sí mismos estas oportunidades y coyunturas de cambio a distintos niveles de una estructura social. El concepto de «marcos de interpretación» introducido por Goffman (1974), los define como el «conjunto de orientaciones mentales que permiten organizar la percepción y la interpretación de hechos sociales significativos». Gamson (1988)por su parte, aplica el concepto de Goffman a los movimientos sociales denominando «marcos de acción colectiva» a los esquemas interpretativos que inspiran y legitiman la acción de los movimientos sociales (descritos más abajo).

En el seno de las organizaciones y movimientos sociales, se generan ‘entendimientos y sentimientos compartidos’ como resultado de la negociación de significados y sentimientos preexistentes acudiendo a la sabiduría popular, la experiencia o elementos de la cultura política de la comunidad, a la identidad étnica, cultural y social; los cuales se configuran de manera intersubjetiva durante el mismo proceso de la acción colectiva (la mayoría de los movimientos por la reivindicación étnica y cultural ancestral en varios países y regiones de LAC, pueden ser un ejemplo). La definición de la situación a la que lleguen los distintos actores sociales tomará forma en distintos tipos de marcos interpretativos, siguiendo un esquema básico de problema, causa y solución a través del cual se desarrollan en múltiples niveles.

Los marcos de injusticia o marcos de diagnóstico definen el problema y sus causas e identifican a los responsables; son orientaciones cognitivas y afectivas que hacen que un movimiento interprete una situación como injusta. El marco de pronóstico (objetivos y metas posibles de alcanzar), define la estrategia apropiada para solucionar el problema planteado, la capacidad de agencia o la conciencia del movimiento respecto a las perspectivas de éxito y eficacia de su acción para transformar esa realidad identificada como injusta.

Por último, el marco de la identidad realza el sentido y sentimiento de la pertenencia al grupo y el reconocimiento colectivo que permite al movimiento construir una autoconcepción de sí mismo como actor social diferenciado de sus adversarios. El marco de la identidad introduce así un elemento central de la teoría de los NMS, la identidad colectiva, que destacará cómo el hecho de sentirse miembro del grupo supone una motivación para lograr sus objetivos y metas, por parte de los activistas. Hirschman (1991) por su parte, distingue dos tipos de retórica que fijan la posición de los actores sociales ante una determinada controversia: la retórica reactiva, desarrollada por los agentes sociales que optan por la inactividad, destacando el riesgo, la futilidad y los efectos perversos que puede acarrear la acción colectiva; y la retórica del cambio, desplegada por los movimientos sociales que apuestan por la movilización resaltando la urgencia, actividad y posibilidad, animando a emprender acciones colectivas.

Snow y Benford (1988) introducen el concepto de «alineamiento de marco» (definido como la unión del individuo y las orientaciones interpretativas de los movimientos), que hacen que los intereses, creencias y valores de los sujetos sean congruentes y complementarios con la acción e interpretación del movimiento como tal. Así en un ciclo de protesta, diversos actores configuran una serie de orientaciones cognitivas comunes que se alinean generando un «marco de acción central o maestro», es decir, una perspectiva compartida entre diferentes actores con los que se identifican los contenidos socioculturales más generales de los movimientos sociales. Gerhards y Rucht (1992) describen los «procesos de enmarcamiento» (como esfuerzos estratégicos y conscientes realizados por grupos de personas) para construir interpretaciones compartidas del mundo y de sí mismos que legitiman y motivan la acción colectiva. Establecen una diferenciación entre «dimensiones de enmarcamiento» y «estrategias de enmarcamiento». Los movimientos dan a las demandas sociales formas más amplias a través del proceso de enmarcamiento.

Van Stekelenburg y Klandermans (2010) introducen los conceptos de «formación» y «movilización del consenso» para referirse al intento deliberado de un(os) actor(es) social(es), por crear consenso en un sector de la población y destacar también la convergencia imprevista de significados en las redes sociales. Ambos investigadores describen, además, tres niveles de construcción de significados para potenciar la resonancia cultural del discurso y la movilización de consensos:

El primer nivel se refiere cómo un problema o reivindicación social adquiere una dimensión pública para ganar visibilidad situándose en la agenda pública y mediática, convirtiéndose así en un incentivo para la acción colectiva y la participación ciudadana (movimientos y protestas sociales contra la corrupción en la mayor parte de los países de LAC).

El segundo nivel se refiere a la comunicación persuasiva de las organizaciones del movimiento y sus oponentes, que pugnan para tratar de movilizar el consenso, buscando apoyo a su situación en las creencias colectivas de distintos grupos sociales para que tomen partido (movimientos y protestas sociales apoyando y rechazando el golpe en Bolivia).

El tercer nivel se refiere a la concientización durante los episodios de la acción colectiva, que tiene que ver con el impacto de la acción colectiva en la afirmación o cambio de las creencias colectivas de quienes participan directa o indirectamente (las acciones de desobediencia social contra las disposiciones gubernamentales cuarentenas o los confinamientos por la pandemia del COVID-19, de sectores muy empobrecidos e informales padeciendo hambre en muchos países LAC).

Entonces, tenemos que las teorías NMS aportan un sentido racional de la movilización social que se aleja en varios aspectos de los enfoques macro y supraestructurales y psicológicos anteriores. En sus diversas perspectivas contribuyen con una serie de conceptos clave que componen un mapa teórico básico para analizar cualquier movimiento: a) las estructuras organizativas; b) las oportunidades políticas; c) los repertorios de confrontación; y, d) los marcos culturales. Estos últimos dos conceptos analíticos, son los que utilizaremos más en esta segunda parte; vamos a interrelacionarlos con los países analizados en la tercera parte del ensayo sobre los MMS en LAC.

Los Movimientos y las Protestas Sociales en Latinoamérica y el Caribe (LAC)

En Latinoamérica y el Caribe durante las últimas tres décadas se han dado grandes movilizaciones sociales; se podría decir que este siglo se ha iniciado con una reivindicación de la política nacional y mundial mayormente saliendo a la calle. Se han presentado las demandas, se ha puesto a la defensiva, o contra la pared en algunas ocasiones, a los gobiernos nacionales, en varios países los presidentes han debido recapacitar sus medidas, dejar sus gobiernos por la puerta de atrás, o implantar medidas coercitivas o represivas. Ahora, la historia actual cotidiana ha cambiado por las medidas impuestas por casi todos los gobiernos al nivel mundial, la mayoría de los países LAC no son una excepción. empujados por las protestas sociales fuertes y continuas.

Estos movimientos, sus participantes, sus instituciones, sus procesos, sus programas y sus alcances están implicados en las luchas por la demarcación del escenario político. En estos procesos se distinguen fases y tendencias en los distintos países de la región y en las distintas áreas geopolíticas. Asimismo, ha habido cambios en los actores, las motivaciones y razones y objetivos de los movimientos y las protestas sociales; unos se han mantenido, otros han desaparecido y algunos más se han formado y consolidado en los últimos años.

De acuerdo con Colussi y de Léon (2020), en los últimos 30 años, en la región se vivió el periodo en el que los países de Latinoamérica y el Caribe «retornaron a la democracia» y la vieron consolidarse como sistema de gobierno. Los movimientos sociales fueron claves, tanto en la «oposición a las dictaduras» de corte militar, como en las «transiciones a la democracia» (principalmente en algunos países de Centroamérica y en algunos de Sudamérica). En general esas transiciones fueron formales, contrainsurgentes, prescriptivas o de fachada, según la evidencia examinada y analizada por estudiosos, académicos e investigadores.

Aunque en general los movimientos sociales producen demandas de reconocimiento por parte de los otros actores y del sistema político, en el caso de los movimientos sociales latinoamericanos y caribeños contemporáneos se involucran en la producción de una concepción más alternativa de ciudadanía. Así, estos movimientos sociales están implicados fundamentalmente en la multiplicación de escenarios públicos en los cuales se pueda cuestionar y volver a dar significado no solo a la exclusión sociopolítica, socioeconómica y sociocultural, sino también la de género, identidad étnica y ecológica, entre otras emergentes y en proceso de consolidación.

El neoliberalismo posmoderno globalizado de las últimas dos décadas, como racionalidad socioeconómica y sociopolítica, no ha servido para resolver las necesidades sociales, económicas y políticas de las sociedades en Latinoamérica y el Caribe. El «sálvese quien pueda» no funciona; la supremacía de lo individual es un gran escollo ahora que se piden esfuerzos colectivos; la cooperación colectiva está tratando de crecer y de imponerse a la competencia individualista fomentada en las últimas dos décadas. Los mercados no saben cómo autorregularse; no existe mano invisible que los regule; y tampoco se cumple el mito de que los agentes privados logran sus beneficios por asumir más riesgos dentro de la especulación bursátil. Ha nacido entonces un nuevo desorden económico global, con crísis cíclicas cada vez más recurrentes, amplias y profundas (entre las últimas, la recesión del 2008 y la actual debida en parte a la pandemia del COVID-19).

Con relación a lo anterior, Billion y Ventura (2020) han descrito varias características y relaciones sobre los NMS en Latinoamérica y el Caribe recientemente. Los NMS han sido parte importante de los medios sociales existentes para hacer visibles las reivindicaciones y demandas propuestas, y hacer notar y tratar de resolver los problemas sociales en el continente, debidos mayormente aunque no exclusivamente, al neoliberalismo globalizante a ultranza. Pero los movimientos y las protestas sociales son también mucho más que un medio: son espacios en los que se crean, recrean y transmutan las identidades colectivas.

Son la voz de la sociedad, los mensajes que la sociedad envía a los que ejercen el poder, a quienes gobiernan, a quienes están implicados en la gestión de lo público dentro del Estado en el continente. Los movimientos sociales como procesos de identificación colectiva, como ejercicios de autoafirmación y como prácticas de solidaridad grupal son, ante todo, una escuela de ciudadanía: fantasías, deseos y objetivos colectivos que van abriendo paso en la historia. No son política alternativa: son política per se. De acuerdo con Revilla (2010), ésta se manifiesta muchas veces con la siguiente dinámica de la acción colectiva:

1.La acción colectiva es la que lleva a cabo un sujeto colectivo, es distinta de la suma de acciones individuales. Por lo tanto, la dimensión individual de la acción interesa en la medida en que los individuos se constituyen en los sujetos colectivos: atribuyen significados a su acción, se reconocen en los otros y con los otros y llevan a cabo actos intencionados. Es decir, hay un vínculo necesario entre acción colectiva y acción individual, y ese vínculo es el que se reconoce como una dimensión potencial del análisis y crítica constructiva y comparativa (Ídem).

2.La acción colectiva es siempre un proceso interactivo y comunicativo; implica otros actores, recursos, capacidades organizativas, habilidades de liderazgo, circunstancias coyunturales y condiciones estructurales. Esos procesos configuran escenarios en los que se hace posible o no la acción colectiva y en los que se condiciona la forma que adopta la acción, si es que existen posibilidades de existencia (Ídem).

3.Como consecuencia de lo anterior, la existencia de agravios o condiciones estructurales o coyunturales de conflicto potencial no es suficiente para explicar la acción colectiva. El proceso de la acción colectiva es un proceso de construcción de identidades colectivas; los actores, al definir la identidad, se definen a sí mismos y sus relaciones con otros actores de acuerdo con los recursos disponibles y con las oportunidades y restricciones del medio (Ídem).

4.La acción colectiva es siempre acción racional: existe una racionalidad compartida. Cabe, por lo tanto, esperar situaciones de elección equivalentes en la historia, y también que los actores, que nunca son los mismos, se comporten, una y otra vez, de modos semejantes (Ídem).

5.En el proceso de la acción colectiva se pone en juego una dimensión instrumental y también una dimensión expresiva. Debido a la primera dimensión, la acción colectiva es el medio para alcanzar ciertos fines; por la segunda, la acción colectiva en sí misma es el fin que se pretende (la expresión de valores y conflictos, la construcción y movilización de una identidad colectiva, la demostración de la propia fuerza, etc.) (Ídem).

En el estudio de la acción colectiva en Latinoamérica y el Caribe, utilizar las teorías de los NMS, a través de la noción de ‘repertorio(s)’, es muy relevante, ya que alude no solamente a lo que los participantes hacen cuando están inmersos en un conflicto contra otros, sino a lo que saben hacer, y a lo que los otros esperan que hagan también. Es un concepto, estructural y cultural en un proceso paralelo continuo y discontinuo, puesto que los cambios fundamentales en la acción colectiva dependen de grandes fluctuaciones en los intereses, las oportunidades y las formas de organización. Éstos, a su vez, van acompañados de transformaciones en los Estados y en el capitalismo, con sus variantes en la sociedad donde se manifiestan los movimientos sociales.

Para una mejor aproximación a la comprensión de los posibles cambios en los repertorios de acción en Latinoamérica y el Caribe, es preciso detenerse brevemente en el concepto y en las tipologías de repertorios. En el análisis crítico-comparativo de los repertorios de acción en los conflictos comunitarios, conflictos étnicos, conflictos sindicales, conflictos sociales de distinta índole en Latinoamérica y el Caribe, se distinguen tres tipos básicos de «repertorios de acción colectiva». En ese sentido Revilla (2010) y Tricot (2012), nos dicen que los repertorios pueden estar relacionados con: la política convencional, la probabilidad de alterar el orden público y el riesgo de violencia potencial o real implicado en la acción. Tenemos entonces:

1. Repertorio de la acción colectiva contenida: constituye un repertorio en general conocido, comprendido y aceptado; no supone un gran compromiso e implica un riesgo escaso en su ejecución (independientemente de que sea un repertorio que se utilice en la competición electoral o no). Se basa en rutinas que la gente conoce y que son aceptadas por las autoridades, quienes pueden incluso llegar a facilitarlas. En Latinoamérica y el Caribe predominan numéricamente estas acciones en general dentro de los movimientos sociales, y regularmente ya están institucionalizadas en la sociedad y en el Estado. Las acciones concretas que se incluyen son: mítines, campañas, propaganda, manifiestos, firma de peticiones, manifestaciones, marchas y huelgas (Ídem).

2. Repertorio de la acción de confrontación: se trata de acciones que conllevan cierto riesgo de alteración del orden público o de uso de la violencia relativa de baja intensidad (daños contra la propiedad regularmente) e implican un modo de organización, unos beneficios y unos costes particulares. Son formas de acción que rompen con la rutina, sorprenden a los observadores y pueden desorientar a los gobernantes, al menos durante un tiempo. En Latinoamérica y el Caribe no predominan numéricamente estas acciones en general dentro de los movimientos sociales; la alteración del orden público es el origen de buena parte de los cambios en los repertorios y del poder de los actores. Se incluyen, dentro de esta categoría: acciones con bajo riesgo de alteración del orden público o violencia, dado que involucran escasa interacción física (huelgas de hambre, campañas de desobediencia civil, boicots); y en algunos casos, generan o se combinan con acciones de alto riesgo de alteración del orden público o violencia (ocupación de edificios, bloqueos del tráfico, pintadas y grafiti, daños a la propiedad) (Ídem).

3. Repertorio de la acción de violencia: la clave para separar la violencia en un repertorio específico se encuentra en lo que entendemos como un paso más en la escalada, ya sea de conductas individuales y grupales: la violencia contra las personas y grupos, contra estructuras, símbolos y emblemas, contra instalaciones, edificios y la infraestructura. En Latinoamérica y el Caribe no predominan histórica ni numéricamente estas acciones en general, dentro de las acciones de los grupos sociales. Sin embargo, se pueden dar y se han dado en las últimas tres décadas en el continente, coyunturas de crísis socioeconómicas, sociopolíticas y socioculturales de confrontación y antagonismo agudas, graves y extremas contra el aparato del Estado, el statu quo, o el orden impuesto en forma de dictadura autoritaria o despótica, corrupta, inclinada a la cleptocracia y a la narco-actividad, fallida o ineficiente en el manejo del sistema socioeconómico, en condiciones de represión, sojuzgamiento, polarización, control social, opresión, sobrevivencias extremas, etc.; en que la escalada de acciones y reacciones individuales y grupales, puede llegar a ser muy violenta, agresiva e incontenida (Ídem).

Aquí ya no es posible o tan fácil distinguir claramente, las categorías y los elementos del conflicto tales como la lucha, confrontación o conflicto armado, el terrorismo, la guerrilla, guerra irregular o guerra civil. No obstante, se puede distinguir en referencia a los tipos y definiciones del(os) actor(es) respecto del repertorio de acción intentada, realizada o proclamada). Se define como la utilización de la violencia contra las personas, como medio de acción colectiva, y por contraste de acuerdo con los elementos de la violencia generada, donde se distingue la diferencia entre estas acciones y el uso de la violencia «sin fines políticos» (es decir, la asociada a la delincuencia común o a la delincuencia organizada).

En Latinoamérica y el Caribe, esto tiene connotaciones e implicaciones más complejas donde la violencia común o la delincuencia o crimen organizado es una forma política y económica de control social, de un sistema de gobierno o de la estructura de un aparato de Estado. La narcoactividad, el narcoestado, la narco-economía serían algunos ejemplos concretos. En la actualidad existen condiciones para que se desarrolle con mayor frecuencia la acción colectiva contenida, que está disponible para una mayor variedad de organizaciones y para la participación de un número mayor de personas.

En cierto modo, puede que se esté dando una «democratización de la acción colectiva». En la actualidad existen los efectos de causas diversas y dimensiones entremezcladas de la acción violenta. También hay una aparente pérdida de legitimidad al repertorio de la violencia, al uso de esta. Por otro lado, en la tesis de la «normalización» se incluye la diversificación de los grupos sociales implicados en la acción colectiva, especialmente en lo que se refiere a la inclusión creciente de las mujeres oprimidas, violentadas y discriminadas y de las clases medias insatisfechas entre otros grupos.

Consideraciones y Observaciones Preliminares

Específicas

Se ha presentado en esta segunda parte del ensayo una discusión teórico-metodológica que nos servirá para analizar con profundidad y extensión el fenómeno de los nuevos movimientos sociales en Latinoamérica y el Caribe en la tercera parte, a realizarse en los países ya señalados en la introducción. Vamos a desarrollar un análisis macro sociológico y político, de contenido crítico y comparativo, utilizando una aproximación marxista postestructuralista y postmoderna. Utilizaremos también al nivel meso y micro, los conceptos de «marcos de interpretación» de Goffman (1974), y los conceptos de «marcos de acción colectiva» de Gamson (1988). En esa misma dirección metodológica, influenciados y derivados por lo anterior; vamos a utilizar los conceptos de «las dimensiones y las estrategias de enmarcamiento», y las categorías conceptuales y comparativas de «acción colectiva» y de ‘tipologías de repertorio(s)’; explicadas por Revilla (2010) y Tricot (2012) respectivamente y descritas arriba.

Los autores Mejías y Suárez (2015), nos han explicado que los nuevos movimientos sociales han adquirido experiencias, reformulando sus estrategias y focalizando sus demandas. Además, los NMS tienen una importante particularidad: la capacidad de auto reflexión y auto transformación. Incluyen una nueva manera de ejercer la democracia, una democracia que puede permitir reconstruir el concepto de ciudadanía, de participación popular, una realidad que permita reconstruir el concepto de sujeto y nuevas formas de construir y plantearse la emancipación, es decir, que sea la transformación de la práctica social llevada a cabo por el campo social de la emancipación al campo de la justicia, dignidad y ‘la verdadera democracia participativa’ donde los intereses de la mayoría sean, finalmente, la respuesta a tanta exclusión, abuso y marginación, sobre todo en un continente tan desigual y con tantas brechas como LAC.

Generales

En el contexto actual, la protesta popular de estos últimos años se ha dado no en la forma organizativa de antaño, a través de estructuras partidarias de izquierda en general, sino por medio de movimientos y protestas sociales sin mayores vinculaciones partidarias o militantes tradicionales. Quizá sin una propuesta clasista evidente, explícita, revolucionaria en sentido estricto (al menos como la concibió el marxismo clásico, como levantaron los partidos comunistas tradicionales durante los años del siglo XX). Estos nuevos movimientos sociales constituyen una alternativa anti-sistémica (movimientos por reivindicaciones diversas de género, revitalizaciones étnico/culturales, de diversidad sexual, o contra la catástrofe climática medioambiental, entre otros).

La inesperada pandemia del COVID-19 que ha llegado a todos los países abre interrogantes, más allá de los problemas estructurales complejos ligados directamente a esa crisis de salud pública. La mayor parte de los sistemas de salud alrededor del mundo están colapsados desde hace mucho tiempo; la mayoría de los países de Latinoamérica y el Caribe tienen sistemas muy limitados, débiles e ineficientes: La situación económica mundial no muestra un cambio sustancial ni trascendente, al menos de momento. Está claro que el sistema capitalista neoliberal global no resuelve (ni quiere, ni puede) los acuciantes problemas de la humanidad. Sin dudas, la pandemia contribuye a la crisis económica y social generalizada. Pero no se puede negar ni perder de vista que la crisis sistémica (comparable a la Gran Depresión de los 1930s), es anterior a la aparición de la pandemia del COVID-19.

Tal vez se pueda usar a esta última como excusa, pero no se puede olvidar que el capitalismo global, neoliberal a ultranza; ya desde fines del 2018 e inicios del presente año, entró claramente en una fase recesiva mayor a la del 2008. Las burbujas financieras y el capital financiero-especulativo explotaron una vez más, aunado a la guerra económica entre los tres bloques económicos mundiales y las dos potencias económicas globales (China y Estados Unidos), a pesar de que los medios de comunicación corporativos se abstuvieron de darle una mayor difusión y cobertura. De momento, no se puede predecir qué pasará en los meses venideros, esperar que la crisis mundial vaya a traer un cambio de paradigma y los capitales se tornen «solidarios» con el sufrimiento de la población mundial; no pasa de ser una ilusión muy ingenua o infantil.

Las explosiones populares del año pasado, tanto las latinoamericanas y caribeñas como las que se registraron en otras latitudes («chalecos amarillos» en Francia, protestas masivas en Egipto, o en El Líbano, por ejemplo) no parecen destinadas ni a terminar con las políticas neoliberales, y muchos menos a acabar con el sistema capitalista a como lo conocemos y experimentamos en la actualidad. Cantar victoria y decir que el «campo popular» triunfó, que el neoliberalismo está fracasado y se firmó su acta de defunción, es un optimismo positivista quizá muy peligroso e ingenuo una vez más. De momento los planes del capitalismo global no han cambiado, aún con la combinación de la recesión en proceso acelerada en parte por la pandemia del COVID-19.

Los planes redistributivos que se dieron a principios del siglo XIX, en algunas partes de Latinoamérica y el Caribe fueron importantes paños de agua fría para poblaciones históricamente marginadas y olvidadas, pero no constituyeron alternativas de cambio sostenibles, profundas. Todo indica que dentro de las democracias representativas no parece haber de momento una posibilidad de cambios estructurales reales y de fondo. Además, sin caer en exitismos e ilusionarnos grandemente con las puebladas del 2019, recordemos que Piñera sigue gobernando en Chile, Lenín Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia, Juan Antonio Fernández en Honduras, Jovenel Moïse en Haití y Jeanine Áñez en Bolivia (así como Emmanuel Macron en Francia, Abdelfatá al Sisi en Egipto o Saad Hariri en El Líbano, donde también se dieron levantamientos populares). Y las deudas externas, aún con recesión y pandemia, siguen siendo cobradas puntualmente por los bancos acreedores.

Los acontecimientos vividos en los últimos tres años en Latinoamérica y el Caribe, hace algunos meses abren preguntas (similares a las que abrieron los «chalecos amarillos» en Francia, o la Primavera Árabe en su momento en Medio Oriente): ¿A dónde llevan estas explosiones populares?, ¿Por qué la izquierda con un planteo de transformación radical no puede conducir estas luchas?, ¿pueden ser un factor de conducción política con proyecto transformador los nuevos movimientos sociales?, ¿el enemigo a vencer es el neoliberalismo o se puede ir más allá, buscando cambiar al mismo tiempo las interseccionalidades de las reivindicaciones de distinta índole, entre diversos grupos sociales y sus movimientos, ya sea opuestos o afines? Como sea, lo sucedido a fines del año pasado, ahora suspendido por la pandemia de COVID-19, significa un momento de intensidad sociopolítica, un momento que podría deparar muchas sorpresas.

Fuente: https://www.aporrea.org/ideologia/a291798.html

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La investigación humanística ante la pandemia

julio 1, 2020junio 25, 2020Leonardo Díaz

Por: Leonardo Díaz

Las situaciones de urgencia generan problemas inmediatos que deben ser tratados con soluciones rápidas y eficientes, pero dichas situaciones son a su vez consecuencias de una cadena de acontecimientos que requieren ser pensados de modo transdisciplinar.

Cuando este artículo haya sido publicado, habrá concluido el IV Seminario de Investigación Humanística: la investigación humanística ante la pandemia, evento virtual organizado por la Dirección de Investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

El evento fue organizado por primera vez en el año 2017, con la iniciativa del ex Director de Investigación de la facultad, el Premio Nacional de Literatura, Dr. Manuel Matos Moquete. Desde entonces, hemos organizado tres seminarios dedicados a presentar el estado y los resultados de las investigaciones que profesores investigadores de la principal universidad pública de la nación realizan en los campos de la filosofía, la lingüística, la literatura, la psicología, la historia y la antropología.

Desde una mirada superficial, puede pensarse que los tiempos que transcurren

no son propicios para la interpretación sino para la acción. Semejante supuesto obvia que nuestros actos son ejercicios de interpretación. Las situaciones críticas no son una excepción.

Podemos pensar que las situaciones excepcionales, como esta pandemia que vivimos, deben marginar la reflexión pausada. Es un error conceptual. Las situaciones de urgencia generan problemas inmediatos que deben ser tratados con soluciones rápidas y eficientes, pero dichas situaciones son a su vez consecuencias de una cadena de acontecimientos que requieren ser pensados de modo transdisciplinar. Además, las decisiones tomadas en medio de la crisis tendrán repercusiones para el período poscrítico.

Por esta razón, la búsqueda de soluciones inmediatas no elimina la función de la reflexión humanística. No puede posponerse para cuando se haya normalizado la vida. De hecho, esta normalización requiere ser cuestionada constantemente, en todas sus facetas.

De ahí la necesidad de seguir organizando eventos como el señalado para seguir pensando las narrativas que construimos para pensarnos como sociedad y los retos que nos depara el futuro en el proyecto de una sociedad más inclusiva.

Fuente: https://acento.com.do/opinion/la-investigacion-humanistica-ante-la-pandemia-8832957.html

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La batalla decisiva: el gobierno contra el poder

julio 1, 2020junio 29, 2020Atilio Borón

Por: Atilio A. Boron

La cuarentena y el caso Vicentin han exacerbado las ansias revanchistas y desestabilizadoras de la derecha que recurriendo a sus formidables oligopolios mediáticos -inagotables usinas de desinformación y manipulación de cerebros y corazones- y a su infantería de combate partidario trata de maniatar al gobierno, provocar su parálisis y, ¿por qué no?, su dimisión. Sería una ingenuidad pensar que una ofensiva tan furiosa y tan bien concertada pueda tener otra cosa que no fuese un objetivo de máxima. Suena un tanto exagerado pero la historia argentina enseña que los grupos dominantes rara vez movilizan sus recursos y destinan tanto tiempo y energía si no es por el premio mayor. Aquí lo que está en juego no es una concejalía o una subsecretaría sino lisa y llanamente el pronto retorno a la Casa Rosada.

El presidente Alberto Fernández ha sido blanco de un encarnizado ataque, en donde se mezclan insultos personales, descalificaciones y burlas, siguiendo meticulosamente los consejos que Eugene Sharp formulara en el manual de golpes de Estado que redactara para la CIA. [1] Partamos de la base que si alguien abre el buscador de Google con esta frase: “Alberto Fernández dictador” encontrará más de cuatro millones de resultados. Basta con recorrer las primeras páginas para comprobar la gravedad y extensión de tan maligna caracterización. Para el megaempresario Martín Varsavsky “Alberto tiene «un pequeño dictador escondido», y lo mismo opinan el diputado nacional del radicalismo Alejandro Cacace, el abogado Carlos Maslaton, Elisa Carrió y las lumbreras que acuñaron el término “infectadura”, amén de tantos otras y otros para los cuales el dictador no está oculto sino que se exhibe con toda su prepotencia a plena luz del día. Para combatir a un dictador Sharp aconseja, aparte de muchas otras medidas, “practicar la desobediencia civil, acosar a funcionarios, burlarse de ellos, difundir sátiras que ridiculicen al gobernante, despliegue de banderas y colores simbólicos, gestos groseros, no-cooperación administrativa, etcétera.” Es decir, las medidas e iniciativas que proponen los ideólogos de la “infectadura” y están llevando a cabo los líderes de la “oposición democrática” en las últimas semanas.

Al día de hoy el presidente se encuentra objetivamente a la defensiva: el “periodismo de guerra” ejercido por órganos que son cualquier cosa menos periodísticos trabaja a destajo para desacreditarlo y deslegitimarlo ante los ojos de la población. El objetivo: erosionar por completo su autoridad y preparar la siniestra figura del “vacío de poder”, tantas veces utilizada en la historia de Latinoamérica para justificar golpes de Estado. Mientras, la pandemia prosigue su curso y la prolongada cuarentena es cada vez más difícil de sostener. Para las clases y capas populares quedarse en casa no es una opción realista o eficaz, sea por el hacinamiento de sus viviendas y barrios y por la naturaleza de sus medios de vida que las obligan a salir a diario a la calle a conseguir unos pesos. Algunos sectores de las capas medias pueden adaptarse a los rigores de la cuarentena, pero un prolongado encierro en un pequeño departamento para un grupo familiar de cuatro o cinco personas puede tener consecuencias psicológicas y médicas muy graves, aparte de las económicas. En resumen: una situación que puede, pasado tanto tiempo, desquiciar a una sociedad por más integrada que ésta sea.

Para paliar estos efectos se requiere de un Estado potente, dotado de los recursos necesarios para enfrentar en simultáneo un triple desafío: combatir la pandemia en los hospitales, asegurar la efectividad de la cuarentena y hacer llegar a millones de hogares el dinero o los bienes (alimentación, medicamentos, etcétera) necesarios para sobrevivir bajo estas durísimas condiciones. Dinero para quienes están en la informalidad; para los precarizados,o para los que conservaron sus empleos pero se encuentran suspendidos y sólo reciben parte de su salario; dinero para sostener el consumo de lo desocupados y también para las miles de pymes que se encuentran al borde de la bancarrota si es que no cayeron en ella. Y el problema es que las arcas del Estado están exhaustas por el enorme esfuerzo ya hecho en estos meses, agravado por la caída a pique de la recaudación fiscal y por las gravosas secuelas de “la otra pandemia”, la producida por los cuatro años del desastroso gobierno de Cambiemos.

Derrotada la pandemia aún quedará en pie tener que lidiar con una crisis económica que todo indica no será de fácil o pronta resolución. En Estados Unidos se extenderá hasta finales del 2021, según lo declarara Jerome Powell, el Chairman del Federal Reserve Board. Pensar en una inmediata recuperación del nivel de actividad económica en la Argentina es una expresión de deseos más que el resultado de un sobrio análisis de la realidad. Téngase en cuenta que en nuestro país la pandemia difícilmente será controlada antes de Septiembre, y ojalá que no más tarde. Luego, muy lentamente se podrá salir a circular por las calles para comenzar a normalizar la vida económica y las actividades escolares, culturales y recreativas.

La gente querrá trabajar pero cerca de un tercio de las pymes, las grandes dadoras de empleo en la Argentina, habrá cerrado sus puertas, muchas de ellas de forma definitiva. Poner en marcha los motores de la economía requerirá, tanto en Estados Unidos como en la Argentina, una enorme inyección financiera por parte del Estado. Así lo expresó Powell para su país, y no será diferente sino aún más necesario en la Argentina. Sin esta ayuda buena parte de esas pymes habrán desaparecido para siempre. Otras sobrevivirán, pero a condición de que cuenten con una generosa ayuda del gobierno. Y el problema es que no habrá mucho incentivo para producir y contratar trabajadores porque la gente sólo tendrá dinero para adquirir lo más esencial. O sea, una crisis que de modo simultáneo incide por el lado de la oferta y de la demanda.

Por lo tanto habrá que contar con extraordinarios recursos financieros para subsidiar a la oferta, a fin de que las empresas reinicien sus actividades; e incentivar la demanda, para que la gente tenga dinero y pueda comprar lo que necesite. Esta fue la exitosa receta de John M. Keynes para combatir a la Gran Depresión de los años treintas. Lo anterior requiere un enorme crecimiento del presupuesto del sector público. ¿Qué hacer? El endeudamiento externo no es opción porque esa fuente está cegada desde finales del gobierno de Mauricio Macri. La emisión incontrolada desataría una peligrosa espiral inflacionaria que en la Argentina acabó con varios gobiernos. Las empresas públicas, pocas, no generan ganancias como para sostener este renovado nivel de gasto público. Entonces, ¿no hay dinero? Sí lo hay, porque en la Argentina como en toda Latinoamérica el problema no es la pobreza sino la riqueza, concentrada en muy pocas manos y fuente inagotable de cuantas dictaduras asolaron a la región. Por eso habrá que hacer que el Congreso apruebe, con la mayor urgencia, una reforma tributaria integral en línea como la que existe en los países europeos o en Corea del Sur donde, por ejemplo, los intereses devengados por los plazos fijos pagan un impuesto que varía según el monto de la rentabilidad entre el 14 y el 25 por ciento mientras que en la Argentina no pagan ni un centavo. Aquí, el impuesto a las Ganancias … ¡lo pagan los asalariados! Por consiguiente, hay mucha tela para cortar en materia impositiva haciendo que las grandes fortunas paguen impuestos como lo harían en otros países, cosa que le aporten al Estado los recursos necesarios para enfrentar un desafío de inéditas proporciones. Si los opositores en el Congreso obstaculizan este plan habrá que extremar los recursos para persuadirlos de que deben acompañar esta iniciativa o hacerse cargo de la catástrofe que se produciría en caso de persistir en su negativa. Obviamente, lloverán las críticas sobre el gobierno nacional pero mucho peores podrían ser las que caerían si, a causa de la impotencia estatal, los muertos se cuenten por decenas de miles, la desocupación llegue a varios millones, las empresas estén arruinadas y la gente no tenga dinero siquiera para comer.

La excepcional gravedad de esta situación obligará al gobierno a hacer lo que este país debió haber hecho hace muchos años. El gravamen extraordinario a la riqueza que al día de hoy, 23 de Junio de 2020, no tiene “estado parlamentario” deberá ser tratado por la Cámara de Diputados sin más dilaciones. Pero ese “aporte” apenas si servirá para aliviar la situación por un par de meses, siempre y cuando se lo apruebe en las próximas semanas. Porque la ayuda que llega a destiempo no es ayuda. Por cierto esto acrecentará la gritería de los poderes fácticos que no ahorrarán denuncias y urdirán todo tipo de operaciones para desgastar a la “dictadura” de Alberto Fernández. Habrá que hacer oídos sordos al alboroto porque cualquier esfuerzo que se haga por aquietar los fervores del “sicariato mediático” y las tropas de asalto de la derecha sólo servirá para que ambos redoblen su ofensiva. La política del apaciguamiento tiene poquísimas chances de éxito en política. La ensayaron los gobiernos del Reino Unido y Francia en los Acuerdos de Munich de 1938 para atemperar el belicismo de Hitler y sólo sirvieron para enfervorizar aún más su afán de conquista. Y ya sabemos cómo terminó esa historia. Y regresando nuestro país recordemos lo que le ocurrió al gobierno de Raúl Alfonsín, salvajemente atacado también por los mercados y las grandes corporaciones. Tras la renuncia de Juan V. Sourrouille el nuevo Ministro de Economía Juan C. Pugliese trató de calmar los ánimos de las fieras del mercado hablándoles desde el corazón y aquellos le respondieron con la gélida frialdad del bolsillo. Pocos meses después Alfonsín tuvo que terminar anticipadamente su mandato y entregar la banda presidencial a Carlos S. Menem.

En una hora tan especial como ésta vale la pena recordar estos antecedentes históricos que demuestran la futilidad de la política del apaciguamiento con quienes libran una guerra contra la “dictadura” albertista. Pero también hay que buscar inspiración en los escritos de uno de los más lúcidos analistas de la política de todos los tiempos. Hablo de Nicolás Maquiavelo, por supuesto. En uno de los pasajes más luminosos de El Príncipe decía que el gobernante “dispone, para defenderse, de dos recursos: la ley y la fuerza. El primero es propio de hombres, y el segundo corresponde esencialmente a los animales. Pero como a menudo no basta el primero es preciso recurrir al segundo. Le es, por ende, indispensable a un príncipe saber hacer buen uso de uno y de otro, ya simultánea o bien sucesivamente.” En la Argentina el poder Ejecutivo no puede crear impuestos porque tal iniciativa es prerrogativa de la Cámara de Diputados. Y como ya dijimos, ésta no se ha visto particularmente motivada a tomar cartas en el asunto. La parsimonia de una buena parte de sus miembros exhala un inocultable tufillo destituyente. Ante el bloqueo con que tropieza el funcionamiento basado en la ley el gobierno, necesitado de recursos para enfrentar la pandemia y la crisis económica, tendrá que apelar a su único otro recurso: la fuerza. Esto pese a que Alberto Fernández ha dado pruebas de ser el presidente más propenso al diálogo desde la restauración democrática, pero lo cierto es que para que el Estado pueda contar con los recursos que requiere para librar aquellas dos grandes batallas necesita el consentimiento de una oposición que ha dado sobradas muestras de preferir el enfrentamiento y la diatriba a un acuerdo de gobernabilidad.

Como anotaba Maquiavelo, el hecho de que un gobernante no pueda, o no lo dejen, gobernar con las leyes no lo exime de su responsabilidad de garantizar el bienestar público apelando a la fuerza cuando sea indispensable, algo a lo cual el presidente es refractario. Pero por imperio de las circunstancias, “la fortuna”, como decía el florentino, no tiene otras opciones. Esa fuerza propia de los animales encuentra en Maquiavelo una ulterior diferenciación cuando distingue entre zorros y leones. Muchos príncipes, decía, creen que la fuerza del león les posibilitará cortar de un tajo el nudo gordiano que los paraliza. Pero se equivocan si creen que basta con la fortaleza del león para remover los obstáculos que lo atribulan porque resulta que aquél tiene la fuerza pero carece de la astucia del zorro para eludir las trampas que les tienden sus inescrupulosos enemigos. Tampoco es útil adoptar indefinidamente la táctica favorita del zorro, sagaz para rehuir el enfrentamiento con sus enemigos y sortear todas las celadas, pero llegado el momento de la verdad necesita también él contar con una dosis de fuerza que no tiene. Por consiguiente, el buen gobernante debe saber “ser zorro, para conocer las trampas, y león, para espantar a los lobos.” Arturo Frondizi hizo de las artes del zorro su único recurso de gobierno, y fue derrocado por un golpe militar; Juan Carlos Onganía apeló exclusivamente a la fuerza y fue volteado por una enorme insurrección popular. Otro tanto le ocurrió a Leopoldo F. Galtieri. El buen gobernante, en la imagen de la filosofía política clásica, debe ser como el centauro: mitad caballo y mitad hombre. Tener la fuerza del primero pero guiada por la racionalidad del segundo; es decir, la fuerza del león y la astucia del zorro.

¿Cómo se traduce éste consejo en la Argentina de hoy? Creo que del siguiente modo: el gobierno tendrá que hacer valer los poderes concentrados en el Ejecutivo nacional de una república (federal apenas en el nombre) y lograr que los gobernadores de las provincias convenzan a sus diputados de aprobar con la mayor urgencia el proyecto del “aporte” aplicado a las 12.000 fortunas más grandes de la Argentina. No sólo eso: también de que deberán abocarse, sin más dilaciones, para consensuar una reforma tributaria que resuelva permanentemente y no sólo “por única vez” el tema ya señalado por Juan B. Alberdi hace casi dos siglos: la construcción de sólidas bases financieras para un Estado nacional agobiado con responsabilidades crecientes y que, en un futuro inmediato, serán cada vez más gravosas. Para esto el presidente deberá utilizar una cambiante amalgama de persuasión y coerción, tal como lo han hecho todos los gobiernos del mundo en situaciones parecidas. Recordar que Abraham Lincoln logró los votos que necesitaba para alcanzar los dos tercios necesarios en el Congreso para abolir la esclavitud no precisamente respetando los buenos modales, la “corrección política” o la ética kantiana. Apeló a la fuerza pero combinada con la astucia y el conocimiento que tenía de su gente para lograr el objetivo supremo de su gestión como presidente.

Tiempos excepcionales como los que estamos viviendo requieren políticas que se apartan de las normas convencionales. Esta es la visión de un analista político que desea que el gobierno lleve a buen puerto la nave de la Argentina en medio de una “tormenta perfecta” producto de la combinación de pandemia y crisis económica y que es consciente que desde la presidencia la visión de estos asuntos y el diagnóstico de los desafíos podrían ser diferentes. Pero quien esto escribe sabe también que tiene la responsabilidad ética y política de dar a conocer estas opiniones. Callarlas sería un acto de cobardía o de imperdonable deslealtad. Es preferible dar la voz de alerta antes de una posible tragedia y no tener después que lamentarse por su silencio cuando tendría que haber hablado. No caben dudas de que el gobierno está librando una guerra en dos frentes: contra el Covid-19 y contra una oposición destituyente cuya finalidad es poner fin al gobierno del Frente de Todos para acabar con el “populismo” de una vez para siempre. En esto no puede caber engaño alguno y dado que la profunda vocación dialoguista del presidente tropieza con un muro infranqueable llega entonces el turno del león. Y si éste no aparece a tiempo la Argentina se enfrentaría a un escenario peor que el que padeciera en el 2001-2002. Un león que pueda poner en fuga a la conspiración destituyente tendrá que apoyarse en “la calle”, como los señalara Maquiavelo en varios de sus escritos. La movilización, organización y concientización del campo popular será lo único que terminará empoderando al gobierno para librar un combate decisivo contra el Covid-19 y la reacción de una derecha retrógrada y corrupta que ha hecho de la defensa de una banda de estafadores como el directorio de Vicentin su única propuesta de salida a la crisis. No tiene más nada que ofrecer. Y sería fatal para este país que esa gente regresara a la Casa Rosada.

El pueblo es por ahora un coro silencioso, desmovilizado por la cuarentena. Pero llegado el momento puede irrumpir como en sus más gloriosas jornadas y romper el cerco creado en torno al gobierno e impulsarlo a avanzar por aquellas grandes alamedas que evocara Salvador Allende para impulsar las reformas que exigen los retos actuales. Sin esta potencia plebeya que se manifiesta en las calles el gobierno podría sucumbir ante el peso descomunal del poder. Porque, a no confundirse: una cosa es el gobierno y otra muy distinta el poder. Y éste sigue estando en manos de los capitalistas con sus enormes riquezas, sus gigantescas empresas, la protección incondicional de “la embajada”, sus grandes medios de “confusión y manipulación de masas” y una justicia que fue complaciente con la infamia mayúscula de una “mesa judicial” instalada en la Casa Rosada y las operaciones de espionaje a opositores organizada por el muy “democrático y republicano” gobierno de Mauricio Macri. Será una lucha decisiva: el gobierno popular, que tiene los votos y gran parte de la opinión pública, pero que para gobernar necesita tener la calle, contra el poder del establishment, que tiene todo lo demás. No pasará mucho tiempo antes de que conozcamos el veredicto de este enfrentamiento, crucial para el futuro de la Argentina.

[1] De la Dictadura a la Democracia (Boston: 1993), pp. 83 y ss.

Fuente e imagen: https://atilioboron.com.ar/la-batalla-decisiva-el-gobierno-contra-el-poder/

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La educación en México en tiempos de COVID-19

julio 1, 2020junio 25, 2020Pluma Invitada

Por: Luis Gerardo Mendoza Cardozo

Lo que en su momento el día 14 de marzo de 2020 fuera para algunos motivo de festejo, celebración y júbilo por el anuncio emitido del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, referente al adelanto de las vacaciones de semana santa como medida preventiva para mitigar los contagios de la nueva enfermedad COVID-19, en la actualidad, el sentir de millones de niñas, niños, jóvenes, madres, padres, maestros, directivos y demás implicados en el ámbito educativo se ha vuelto totalmente adverso, tomando diferentes posturas ante la nueva manera de impartir educación.

La noticia no tardaría en llegar hasta lo más recóndito del territorio nacional. Con ello, empezaron a nacer múltiples interrogantes que en su momento no tuvieron respuestas del todo claras, situación que empezó a generar incertidumbre, dudas e inquietudes. Las más redundadas eran ¿Cómo se trabajaría con las alumnas y alumnos en esta, para muchos, nueva modalidad?; ¿Cómo se comunicarían las maestras y maestros con ellos?; y quizás, la más importante, ¿Se volvería a la escuela a tomar clases presenciales antes de que terminase el ciclo escolar?

Han pasado poco más de dos meses desde aquella conferencia de prensa y con ella han aparecido nuevos retos educativos y se han reafirmado otros que estaban en la mira desde hace años, a los que de una u otra manera se les han intentado hacer frente y dar posibles soluciones. Dicho sea de paso, estas han sido un tema de discusión del que nadie ha quedado excluido, pues alumnos, padres de familia, autoridades educativas, especialistas y organismos internacionales han puesto la mirada en ellas.

Los retos a los que se enfrenta el Sistema Educativo Mexicano varían de acuerdo con el rol que tienen los involucrados. Es evidente que lo que está aquejando a un alumno, no es lo mismo con lo que se está enfrentando un directivo de una escuela; sin embargo, hay líneas en las que convergen esos problemas.

Uno de los principales retos que enfrenta la educación en el país hoy en día y de cual emanan y subyacen los demás, es el de las desigualdades sociales-educativas que imperan en el país. Una situación que pareciera en su momento no fuera del todo considerada por los altos mandos de la educación. Tan sólo en 2018 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, (CONEVAL) afirmaba que en México existían 52.4 millones de personas que se encontraban en situación de pobreza y otros 8.6 millones en pobreza extrema. Prácticamente la mitad de la población estaba y muy probable sigue en un estado de vulnerabilidad que ha condicionado las nuevas formas de llevar la educación a las familias mexicanas.

De ahí otro de los retos a los que se han enfrentado las autoridades, supervisores, directivos y maestros, ¿Cómo llevar educación de calidad a todos los hogares? De acuerdo con la información de la Doctora en Ciencias Políticas con Especialidad en Sociología, Marion Lloyd, en su trabajo “Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19”, texto proveniente del libro “Educación y Pandemia. Una visión académica”, por el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) de la UNAM, menciona que entre los factores que condicionan el acceso a una educación de calidad en línea, opción a la que se apostó como primera instancia para llevar educación a los alumnos, son, la clase social, la raza, la etnia, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución al que pertenecen.

La alternativa de querer llevar la educación a través de plataformas y programas educativos sólo fue resultado de atestiguar las grandes brechas de desigualdad social que existen en el país, pues no todos han tenido las condiciones para poder trabajar de esa manera, y los que las tienen, se las han visto duras, pues no sólo es el hecho de contar con los medios y recursos, sino también saber utilizarlos. He aquí otro de los retos a los que se han enfrentado principalmente maestros y alumnos, el uso, manejo y acceso a las TIC (Tecnologías de la Información y las Comunicaciones), TAC (Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento) y TEP (Tecnologías del Empoderamiento y la Participación).

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en colaboración con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), se afirma en la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, que el 76.6% de la población urbana es usuaria de Internet, mientras que en la zona rural la población usuaria se ubica en 47.7 por ciento y aunado a esto sólo el 44.3% dispone de computadora en sus hogares.

Ante esta contingencia sanitaria se han tomado medidas y decisiones por los diferentes ordenes de gobierno. Se habló de la creación de correos electrónicos para millones de maestros para que pudieran trabajar con toda la paquetería de Google for Education, alternativa muy atractiva en su momento pero que ha resultado poco factible para la mayoría del alumnado por lo antes mencionado. Con esto, no se trata de descalificar esta estrategia de educación a distancia, sino más bien de cuestionar hasta qué punto ha sido adecuada esta medida para impulsar el aprendizaje de los alumnos.

Otra de las acciones implementadas y que ha buscado enmendar este tema de la brecha digital y de desigualdad ha sido la “Estrategia Nacional de Educación a Distancia”, mejor conocida como “Aprende en casa” que se enfoca principalmente en la difusión de programas educativos a través de medios como la televisión y la radio. Desde mi punto de vista, me parece una buena alternativa para aquellos que no cuentan con internet en casa, ya que se diversifican los canales para poder llevar las clases a distancia.

A todo esto, hay una serie de preguntas que valdría la pena pudieran contestarse ahora y después de está pandemia ¿Realmente se le ha podido hacer frente a toda esta serie de retos que enfrenta la educación en México en tiempos de COVID-19? ¿Han sido viables las acciones emprendidas por el gobierno federal? ¿Ha valido la pena trabajar desde los hogares, o ha sido una pérdida de tiempo? ¿Los maestros y alumnos estaban preparados para trabajar a distancia? ¿Hubiese sido mejor terminar el ciclo escolar y dar prioridad a la situación emocional y económica de las familias? ¿Realmente ha habido preocupación por el bienestar y los aprendizajes de los alumnos, o ha sido una necedad administrativa y burocrática por cumplir con el currículo formal y “salvar el ciclo escolar”?

En mi caso particular, trabajo en una escuela secundaria ubicada en el municipio de Huauchinango, Puebla, que tiene la peculiaridad de ser para trabajadores, característica que con los años se ha mantenido, no sólo de nombre, sino del tipo de alumnos que en su mayoría acuden a ella. Ya era complicado trabajar con muchos de ellos, debido a su situación socioeconómica, a los diferentes problemas familiares que vivían, y al bajo rendimiento académico que tenían, este último, resultado de darle prioridad a su trabajo, situación con la que han tenido que vivir no por gusto, sino por necesidad.

Hasta el momento de acuerdo con una estadística realizada por la institución en la que laboro y gracias a datos proporcionados por el director de esta misma, se ha confirmado que del total de los alumnos que están inscritos que son 328, sólo 183 han tenido por al menos una vez comunicación con sus maestros. En este ciclo escolar imparto clases a 184 alumnos, de los cuales, sólo he podido establecer interacción con 102 y de ellos, únicamente con 32 he tenido la oportunidad de aclarar dudas, retroalimentar, y recibir sus actividades. Ante esto nace otra interrogante y otro reto para los maestros ¿Cómo evaluar a los alumnos con los que ni siquiera se ha podido establecer comunicación?

Con los alumnos con los que he podido llegar a conversar, había una interrogante latente, que estuvo muy presente hasta hace unos días, ¿Cuándo íbamos a regresar a clases? Pregunta que no pude contestar con seguridad en su momento. Esta duda nacía debido a la situación emocional que habían estado viviendo por semanas, pues para muchos de ellos no ha sido lo mismo trabajar desde casa que tener clases presenciales.

Ante esta circunstancia, pareciera hacerse realidad en cierta medida, una historia de ciencia ficción de los mayores exponentes de este subgénero, Isaac Asimov, quien en su cuento ¡Cómo se divertían! Plateara un escenario muy similar al que se ha estado viviendo ahora, y este es el hecho de recibir clases por medio de una televisión. En esta narración se habla de cómo era la educación de los alumnos décadas atrás. En uno de sus fragmentos, cuenta como al finalizar la clase, los personajes tenían que depositar su tarea por un agujero que tenía el aparato visual, situación bastante similar a lo que se vive hoy en día en tiempos de COVID-19.

Esta pandemia se ha convertido en un hecho histórico no sólo para México, sino para el mundo, la cual ha dejado estragos y aprendizajes, que de no ser tomados en cuenta con la seriedad que merecen, este país continuará en la misma situación. Muchos se preguntan si se regresará a la normalidad, y la respuesta evidente debería ser que no, pues no se puede continuar con esas problemáticas que abundan en varias partes del país, principalmente en las zonas marginadas, las cuales han sido las más afectadas tanto en la parte económica como en lo emocional; es por ello, que se tendrá que velar por las familias mexicanas, mostrar solidaridad y muestras de humanidad, y no caer en una postura desalmada que lo primero que vea sea una calificación, antes que el mismo bienestar de estas.

El Sistema Educativo Mexicano debe visualizar el nuevo futuro tomando en consideración los retos que se han estado viviendo, los cuales al término de esta pandemia pasarán a ser los nuevos desafíos, tales como el abastecimiento de equipos multimedia en todas las escuelas del país; la adquisición de servicios como internet y telefonía; la capacitación de maestros y alumnos en el uso de plataformas educativas, y replantear lo qué hay que enseñar en la escuela, pues a pesar de que se habla que vivimos en la era digital, muchas personas no están del todo implicados en este mundo de la tecnología.

Bibliografía

CONEVAL. (31 de Julio de 2019). Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Recuperado el Mayo de 2020, de Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social: https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/PobrezaInicio.aspx

IISUE. (2020). Desigualdades educativas y la brecha digital en tiempos de COVID-19. En ISSUE, Educación y pandemia. Una visión académica. (págs. 115-121). Ciudad de México, México. Recuperado el 26 de mayo de 2020

INEGI. (17 de Febrero de 2020). Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares. México. Recuperado el 26 de Mayo de 2020

Fuente e imagen: http://www.educacionfutura.org/la-educacion-en-mexico-en-tiempos-de-covid-19/

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El fertilizante en tiempos del COVID–19

julio 1, 2020junio 25, 2020Tlachinollan

Por: Tlachinollan

El miércoles 24 de junio es el día de San Juan Bautista, que es el día en que los campesinos e indígenas del estado, tienen como fecha simbólica para la siembra del maíz, frijol y calabaza. Un policultivo que le ha permitido a los pueblos de Guerrero mantener una cultura milenaria cimentada en la milpa, es decir, en una comunidad productora de bienes básicos, donde la diversidad de saberes y formas de organización se materializan a través de la asamblea, que es la expresión más sublime de una democracia basada en el consenso.

El programa fertilizante en nuestro estado ha reciclado el control político de la población indígena y campesina del estado. En sus inicios el gobernador Rubén Figueroa diseñó este programa como un asunto de control de la población más insumisa del estado. Fue una propuesta pensada más en la lógica de contrainsurgencia, para poder someter a la población rural más pobre del estado. Las matanzas que se han suscitado desde Aguas Blancas, tienen que ver con esa visión depredadora, de que a los campesinos y campesinas que se atreven a levantar la voz, hay que someterlos por la fuerza y darles “su merecido”, ya sea matándolos o domesticándolos con el fertilizante.

Desde la década de los noventas hasta la fecha, el Programa Fertilizante se ha transformado en un programa político, que ha servido a los candidatos y a los mismos gobernantes, como el instrumento más eficaz para imponer un control a la población indígena y campesina más pobre del estado. El apoyo directo ha sido la forma más clara y contundente para tener una gran presencia en el ámbito rural. El paquete tecnológico del fertilizante, que ha sido impulsado por las empresas agroquímicas del exterior, resultó ser el milagro de la agricultura temporalera.

El fertilizante, más allá de ser un agente depredador, se ha transformado en un programa para cualquier político. No distingue de qué partido sea. Los mismos campesinos e indígenas, ven en la autoridad que lo promueve como al mesías que viene a redimir el grave problema del hambre, que enfrenta desde que sus padres le enseñaron a cultivar el campo.

En la Montaña, el problema alimentario, sigue siendo uno de los grandes desafíos que enfrentan las familias indígenas ante su extrema vulnerabilidad por la falta de apoyos, para una producción suficiente y adecuada de los granos básicos en sus parcelas. Vemos con gran preocupación que, en el contexto de la pandemia, los productores de maíz quedan supeditados a los dictados de Segalmex, de los servidores de la nación y de los mismos presidentes municipales, quienes sin ser sembradores de maíz, son los que están determinando quiénes serán los productores que recibirán 6 o 12 bultos de fertilizante.

El gobierno federal, a través del presidente de la república, ha anunciado desde el año pasado que este programa es para apoyar a los pequeños productores, sin embargo, para los presidentes municipales, esto se traduce en la oportunidad para fortalecer cacicazgos políticos, orientados a garantizar el triunfo electoral de los próximos candidatos de su partido. Más allá del diseño que puede tener este programa, en la práctica, los fertilizantes son al final de cuentas un producto que genera dividendos políticos, porque los productores los han hecho dependientes de paquetes tecnológicos basados en el petróleo.

En la Montaña, se reciclan los conflictos comunitarios desde hace un año, con relación a la exigencia que legítimamente han planteado los productores para acceder a los fertilizantes. En el marco de la pandemia, la gente del campo entendió que habría que esperar el momento para registrarse como productores, y al mismo tiempo, darles oportunidad a las instancias de gobierno como Segalmex, que realizaran el traslado de los agroquímicos a las bodegas de sus municipios. El grave problema es que en este diseño, desde la elaboración del padrón, la distribución del fertilizante y la ubicación de las bodegas, se realizó en el escritorio. Es decir, en ningún momento se tomó en cuenta la opinión de los beneficiarios directos. Simplemente se apostó al volumen de millones de pesos que se autorizaban desde la federación para la compra del agroquímico y se planeó que, a través de Pemex, se iba a realizar toda la maniobra, para resolver los problemas de la entrega en cuanto a volumen y tiempo del agroquímico.

En los hechos resultó que Pemex no estaba en condiciones de atender está demanda, mucho menos de cumplir con el compromiso asumido por el Ejecutivo Federal, de que en este año se daría cumplimiento cabal a la entrega del fertilizante en tiempo y forma. Es más, que se ampliaría este programa a otros estados para demostrar la capacidad del gobierno federal y su paraestatal, de que estarían en condiciones de entregar estos insumos a la población campesina e indígena de la zona sur y centro del país.

Es increíble que las cifras que dan tanto el subsecretario de agricultura Miguel García Winder, de que se ha entregado a 167 mil productores el fertilizante, los funcionarios de Segalmex informen que han proporcionado a 227 mil 171, cuando la meta era beneficiar a 280 mil productores. La realidad es que hay un gran número de productores que han sido desaparecidos de los padrones, sin que los servidores de la nación puedan informar qué fue lo que pasó en este nuevo sistema de registro, controlado por la Secretaría del Bienestar.

A pesar de las reuniones que el gobernador del estado ha tenido con los presidentes municipales, cada municipio decidió la forma de apoyar a los productores. En el caso de la Montaña, desde el año pasado tenemos al municipio de Acatepec, como el ejemplo más claro del uso clientelar del programa. A todos los productores se les impuso una cuota de 100 pesos por hectárea para la entrega del fertilizante en sus comunidades. Esto mismo sucedió con el presidente de Tlacoapa, que está cobrando a los productores 50 pesos para el traslado del agroquímico a sus comunidades.

Son casos que hemos documentado y que las mismas personas nos han pedido nuestra intervención, sin embargo, no podemos hacer nada, porque resulta que los presidentes son autoridades intocables. Nadie puede obligarlos a cumplir con el compromiso presidencial, de que los 6 o 12 bultos que reciben los productores más pobres de país, tienen que asumir los costos para el traslado de los agroquímicos a sus domicilios. Ninguno de ellos pondrá de su bolsa, simplemente tendrán que utilizar el Ramo 28, de las participaciones federales.

Es el mismo negocio de los grupos políticos de antaño que en la actualidad, siguen reproduciéndose en el estado, porque forman parte de una estructura clientelar, que al final de cuenta se trata de expoliar al más pobre. En esa pirámide se encuentran tanto los funcionarios federales, del estado y los presidentes municipales, que forman parte del entramado burocrático, quienes lucran con las necesidades de la población más depauperada. Las mafias de los transportistas son los tentáculos de un poder caciquil que se mueven al ritmo del jefe político en turno. Ellos se encargan de movilizar a las clientelas políticas, y al mismo tiempo, de cobrar estos favores a la población más vulnerable, quienes para sobrevivir tienen que pagar el traslado de los agroquímicos para las siembras del hambre.

Las familias indígenas de la Montaña, en el marco de esta pandemia han tenido que esperar a la Secretaria de Desarrollo Rural y a los mismos presidentes municipales, para que hagan llegar el fertilizante a sus comunidades. Nada es gratis. Todo tiene un costo político y económico. La gente quiere sembrar, para que San Marcos les haga el milagro de que llegue la lluvia y puedan cosechar suficiente maíz, sin embargo, para los políticos el fertilizante es una gran oportunidad para afianzar clientelas que les garanticen el voto el próximo año, sufragando en favor de su grupo político o de su propia candidatura.

Hoy el reclamo de la población indígena de la Montaña es que se tome en cuenta a todos los productores y productoras. Que no se discrimine a las mujeres como está pasando en el municipio de Acatepec, a quienes se les asigna la cuota de 6 bultos, independientemente de que puedan acreditar dos o tres hectáreas. Por otro lado, también han reclamado, como sucede en el municipio de Alcozauca, que se incorporen 800 productores que han sido excluidos del padrón, por parte de los servidores de la nación, bajo el criterio de que no son personas afines a Morena.

El principio de la gratuidad no se está garantizando entre los municipios más pobres de Guerrero. Por el contrario, las cabeceras municipales que el gobierno federal llamó de La Esperanza, por no haber registrado contagios del COVID – 19, sus pobladores son quienes padecen el trato discriminatorio al negarles la atención médica y la aplicación de las pruebas PCR, porque en la Montaña los indígenas no tienen derechos. Estamos ante una realidad que lacera, porque se sigue tratando a las poblaciones que poseen una identidad propia como entes manipulables y sacrificables.

No le cuesta nada al país que varios jefes o jefas de familia mueran por el COVID – 19 o por cualquier otra enfermedad, al final de cuentas se trata de población indígena, quienes, desde la colonia, han sido asesinados o contagiados por epidemias trasmitidas por los colonizadores. El fertilizante en tiempos del COVID – 19 sigue utilizándose en la práctica, como un programa de control político, más que de justicia social. El agroquímico es una apuesta por el poder político en la siembras del hambre.

Fuente e imagen: http://www.tlachinollan.org/opinion-el-fertilizante-en-tiempos-del-covid-19/

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A un año de gobierno, promesas incumplidas

junio 30, 2020junio 30, 2020Nelva Reyes

Por: Nelva Reyes.

Tenemos retos monumentales, grandes tareas nacionales, el combate contra la pobreza y la desigualdad, acabar con la corrupción y cerrar la brecha social. La corrupción nos roba a todas y todos y amenaza nuestro futuro. No habrá intocables ni, aunque sean ministros, diputados grandes empresarios, empezando por el propio presidente…”.

Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases, y lo que ha ocurrido es todo lo contrario.

Fuera del plan “Colmena”, no hemos visto otro programa que busque no un asistencialismo, sino garantizar la participación de las comunidades a quienes se apoye en la producción, se les garantice fuentes de trabajo en la propia comunidad que dignifique a la persona y cerrar la brecha social.

Durante este año se han dado escenarios como la compra de ventiladores con altos sobrecostos en medio de la pandemia de la COVID-19. Sentimos vergüenza cuando escuchamos los medios internacionales referirse a este hecho como inaudito, a nadie se le ocurre hacer negocio en medio de una crisis como la que vivimos. Las redes sociales y los medios de comunicación han señalado la supuesta participación de ministros de Estado. De igual manera, se ha dado información confusa y contradictoria del hospital modular.

La COVID-19 nos ha permitido corroborar la situación en la que se encuentran los centros educativos del país. Situación que los gremios docentes tenemos años demandando el 6 % del producto interno bruto, para educación, tal como lo establece el Artículo 266 de la Ley47 Orgánica de Educación de 1946. Solo el 20 % de las escuelas primarias del país tiene acceso a internet, y el 33 % de las escuelas no tiene luz eléctrica, limitaciones objetivas para garantizar las herramientas tecnológicas. Esta situación incrementará la brecha educativa en el sector oficial. Desde luego que se dificultará que la educación sea la Estrella del Gobierno.

“Las palabras pronunciadas por el presidente Nito Cortizo han quedado en el discurso político. Si bien en un año no pueden lograrse tales objetivos, sí se pueden sentar las bases […]”

Las ministras de Desarrollo Social, Vivienda y Salud fueron desplazadas de sus posiciones. El presidente en su campaña prometió la equidad de género y la creación del Ministerio de la Mujer, el cual se concretaría el 8 de marzo de 2020, lo que tampoco se hizo. El trabajo realizado por las ministras Markova Concepción y Rosario Turner desde el día uno demostraron capacidad, compromiso y responsabilidad por el país. Lo que no fue “aparentemente” del agrado de algún sector del Gobierno que considera que las mujeres solo servimos para acatar órdenes en silencio y estar en las cuatro paredes de la cocina. Mi respeto, gratitud y solidaridad con ellas.

El Gobierno del presidente Cortizo ha mantenido una política a favor del sector empresarial y la continuidad de las políticas neoliberales, sin contemplar a la clase trabajadora del país que es la mayoría. Han aprobado leyes como la de la Asociaciones Públicas-Privadas, donde fondos del sector público contribuirán con las inversiones del sector privado. Además, se han emitido decretos para favorecer a empresas, bancos y sectores de alto riesgo. Está el Decreto Ejecutivo N° 251 de 2020, se le hace una deducción del 30 % del ISR para 2020. El Decreto 298 de 2020, donde se extiende el plazo para el pago de impuestos de inmuebles. La Resolución N° 283 de 2020, permite que la Caja de Seguro Social suspendiera las multas y recargos y/o pago tardío de los pagos correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo de 2020 y así los medios informaron, el 7 de mayo, que el Gobierno trabajó un paquete de incentivos a las empresas, comprendido en 23 Leyes que serán remitidas a la Asamblea.

El Gobierno le ha garantizado a la banca, para su estabilización, millones de balboas, sin embargo, a las y los trabajadores les ha impuesto una serie de decretos que van desde la suspensión de contratos hasta la rebaja de la jornada laboral. Los trabajadores y trabajadoras hemos puesto nuestra cuota de sacrificio, comprensión y solidaridad ante la crisis producto de la pandemia sin una correspondencia, como sí la ha habido con el sector privado.

En el Diálogo Tripartido por la Economía y el Desarrollo Laboral, las y los trabajadores hemos demandado un decreto que le garantice a las y los trabajadores un subsidio de 500 balboas mensuales hasta diciembre, lo que contribuiría a que las personas no tuvieran que salir de sus casas y garantizar lo que dice el artículo 64 de la Constitución Política de la República de Panamá: “… asegurar a todo trabajador las condiciones necesarias a una existencia decorosa”. Esperemos que las demandas del sector trabajador y la disposición constitucional no sigan cayendo en oídos sordos.

Fuente del artículo: https://www.laestrella.com.pa/opinion/columnistas/200630/ano-gobierno-promesas-incumplidas

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