Leidy C. Moreno R.

lecamora1986@gmail.com

Resumen

En el presente análisis se aborda el fenómeno de la violencia en el contexto de la frontera colombo-venezolana y la construcción de la paz desde el enfoque de género. Mediante la información disponible de documentos y análisis de distintos autores y autoras en torno a este fenómeno, así como de los resultados de informes de organizaciones sociales se identifica y caracteriza el contexto de la frontera y el impacto de esta realidad en la vida de mujeres y niñas, a partir del conflicto armado y el actual proceso migratorio de Venezuela, posteriormente se realiza un acercamiento a la noción de paz y las recientes políticas públicas de paz impulsadas desde los gobiernos de Venezuela y Colombia, y finalmente, se destaca el diálogo y los acuerdos como elementos clave en la instauración de un nuevo proceso para la consolidación de la paz en la frontera desde una mirada integradora de ambos países, con particular interés desde una perspectiva de género.

Palabras clave: paz, violencia, género, acuerdos de paz

Introducción

Existe una vieja deuda en la frontera entre Venezuela y Colombia por parte de los Estados de estos países, que es la paz. Este espacio de 2.219 kilómetros (Rodríguez, De la Puente y Trejos, 2018), que demarca parte importante de los límites del territorio y la jurisdicción política- administrativa de ambas repúblicas, también constituye un entorno caracterizado por el abandono estatal, que se encuentra diezmado e incluso usurpado por la presencia de organizaciones ilegales que ostentan el poder a través de las armas para el control de intereses esencialmente económicos.

Por su parte, la población civil que ocupa y hace vida social en el territorio fronterizo, debe lidiar continuamente con los múltiples problemas que genera la dinámica que determina la lógica de un sistema social basado en la prevalencia económica, bajo la égida de una cultura de economías ilegales, y que coloca en el último eslabón al ser humano, el cual es concebido como un instrumento para fortalecer el orden establecido mediante tal sistema.

Los sujetos sociales más vulnerables y agraviados por la dinámica de dicho sistema social son las mujeres, las y los adolescentes, así como las niñas y los niños, debido a que sus cuerpos y su fuerza de trabajo constituyen agentes clave en las ganancias a partir de los múltiples negocios lícitos e ilícitos que rigen la economía en la frontera. Ingentes cantidades de dinero circulan en la frontera, ya sea, mediante procesos de comercialización binacional, aunque también, la recepción de remesas enviadas por migrantes desde distintos países del mundo a sus familiares, que son recibidas por medio de entidades financieras que funcionan en Cúcuta, Colombia, de igual manera, los recursos que manejan las organizaciones no gubernamentales con el propósito de disminuir los efectos de los problemas que se generan en la frontera; pero también, de forma más grotesca y cruel, a través del narcotráfico, la comercialización de seres humanos, por medio de la trata de personas y la explotación sexual, entre otros delitos.

En tal sentido, es importante destacar que el análisis de la violencia en el contexto fronterizo permite una lectura de tan compleja realidad que se enmarca en torno a una dinámica de acumulación de capital, pero también, en una guerra desatada por el conflicto armado de Colombia, que en cuyo proceso de recomposición se ha desbordado e internacionalizado (lo que implica que el territorio venezolano también funciona como un espacio en disputa), (Forero, 2020). Esta realidad de complejidad deriva en el impulso para estudiar la paz desde múltiples enfoques, pero en este caso particular desde la perspectiva de género.

Violencia y migración

Si se entiende la violencia como “un producto de la cultura humana, un resultado del experimento de la cultura” (Kout, 2002, p. 197) es importante también considerar que esta noción de violencia forma parte de lo que denomina Radl (2011) como un atributo “aceptado” (p. 160). Esto se debe a que la violencia permea la estructura y el orden social de manera reiterada y sistemática, a tal punto, no sólo de ocupar distintos ámbitos, sino las conductas propias de los sujetos, así como un mecanismo que pone de manifiesto sus intereses, percepciones, necesidades, deseos, afectos y sentimientos.

Ante esta paradójica cualidad de la violencia que se halla en la estructura social y en la cotidianidad del ser humano, surgen variaciones y formas de violencia que se intensifican de acuerdo con los contextos y realidades, a tal punto de ser degradante de las condiciones de los seres humanos. En tal sentido, Ávila, León, Niño, Camargo, Cañizares y Guerra (2013) caracterizan la frontera entre Venezuela y Colombia como la “frontera caliente”, que consiste en una investigación cuyo análisis expone los múltiples factores que han desencadenado, sin tregua, la violencia en este espacio geográfico. La descripción que se realiza en ese trabajo de investigación va perfilando las tramas de la guerra que promueven el déficit institucional y la ausencia de garantías de derecho, la industria ligada a la cadena mundial de valor del narcotráfico, la corrupción, y la guerra irregular y difusa en la que convergen la fuerza pública de los dos países en relación con el paramilitarismo y las guerrillas.

Aunado a esto, es desolador el panorama mundial creado por las guerras, puesto que genera insatisfacción y temor en especial sobre la población civil, con particularidad en mujeres y niñas. Un país como Colombia que ha estado sumergido en una guerra por más de medio siglo ha traído consigo, más allá del dolor por las víctimas, pobreza, desigualdad e inequidad; una maquinaria guerrerista que también ha sido un “factor potenciador de la degradación humana” (Velásquez, 2016, p. 77). Esto implica el sometimiento y la vulnerabilidad como circunstancias que determinan formas de existencia y el miedo como principal instrumento.

Asimismo, la violencia como forma de dominar produce un impacto considerable en la vida de las mujeres y las niñas, y de acuerdo con Segato (2014) se “manifiesta tanto en formas de destrucción corporal sin precedentes como en las formas de trata y comercialización de lo que estos cuerpos puedan ofrecer, hasta el último límite” (p. 342). Según esta autora, las nuevas formas de guerra incorporan la agresión sexual como un arma que daña no sólo de forma material sino también moral, por lo cual cobra un papel más relevante en las acciones de guerra.

De acuerdo con diversos estudios, la principal forma de violencia que afecta a mujeres, adolescentes y niñas en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia es la violencia sexual, la cual se incrementa y se genera en contextos dominados por el conflicto armado y del actual proceso migratorio de Venezuela. El fenómeno migratorio de Venezuela que ha generado hasta el momento un número de 7.320.225 de personas que se encuentran en condición de migrantes y refugiados alrededor del mundo (Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes R4V, 2023), cuya cifra además de alarmar sobre la crisis de movilidad humana existente, también pone al descubierto la incapacidad del Estado venezolano en garantizar condiciones de vida y derechos para la población.

Las mujeres y las niñas venezolanas que forman parte de este proceso migratorio se exponen de manera latente a riesgos propios de la situación de migrar, especialmente relacionados con ser víctimas de violencia sexual. A pesar de la evidencia y la imperante necesidad de atención estatal en este sentido, “las acciones por parte de los Estados, en términos de protección y cuidado, no parece guardar la misma dimensión ni la proporcionalidad requerida. Inclusive, mucha de esta violencia y muchas de estas mujeres y niñas son invisibles a los Estados.” (Mesa y Espinel, 2020, p. 15).

Esto implica que además de requerir mayor voluntad de los Estados en atender esta situación, se precisa del fortalecimiento de la normativa jurídica y de la expansión de la presencia de las instituciones estatales, que deben estar en constante actualización conforme se vayan identificando los elementos que caracterizan la violencia en torno a la realidad del contexto fronterizo.

La frontera entre Venezuela y Colombia, en particular entre el estado Táchira y el departamento Norte de Santander, se ha constituido históricamente como un enclave territorial para el tránsito a gran escala de migrantes, en un cambio en las tendencias de esos flujos, durante el último lustro el movimiento se produce de Venezuela hacia Colombia y otros países de América del Sur, como en todo proceso migratorio de magnitud significativa dichos flujos se realizan en condiciones de alta vulnerabilidad. De acuerdo con Migración Colombia se reconoce hasta el momento la existencia de 2,5 millones de migrantes venezolanos en Colombia, considerado el país de mayor concurrencia de migrantes venezolanos. (Reyes, 2022).

Esto en gran medida ha desbordado las capacidades de los Estados para controlar la situación y también para precisar políticas públicas y estrategias idóneas sobre el tránsito de las personas en ambos lados de la frontera, sumado a la ruptura en las relaciones diplomáticas entre estos países durante el gobierno del expresidente Colombiano Iván Duque, a través de lo cual solo se logró crear mayor incertidumbre, así como vulneración de los derechos de las personas.

De igual manera, esta situación de debilidad estatal ha permitido que proliferen cantidades enormes de irregularidades y que se fortalezcan las organizaciones al margen de la ley, por lo cual se expone a las personas que transitan esta zona a grandes riesgos y peligros: ofertas de empleo y servicios engañosas, despojo de las pertenencias, violencia física, maltrato y abuso de poder por parte de funcionarios militares e institucionales, entre otros.

En el caso de las mujeres y las niñas, de acuerdo con el informe de Mesa y Mendoza (2021) integrantes de la colectiva MULIER, se plantea que “415 venezolanas fueron rescatadas de redes de trata, de las cuales 138 fueron niñas y adolescentes” (p. 9). La trata de personas con fines explotación sexual se identifica como uno de los delitos de violencia sexual más frecuentes en la frontera. De igual manera, desde la colectiva MULIER se manifiesta que, durante el año 2022, en 16 países fueron rescatadas de redes y organizaciones de trata y explotación sexual 1.390 venezolanas, de las cuales 284 son niñas y adolescentes, y durante el primer semestre del 2023, 267 venezolanas, de las cuales 34 son niñas y adolescentes (MULIER, Venezuela, 2023).

Este fenómeno se ha desplegado y emplea diferentes mecanismos, entre ellos el modelaje webcam, cuya actividad es legal en Colombia e implica la realización de actos de carácter sexual frente a una cámara para luego usar los contenidos en una plataforma virtual disponible para redes de seguidores. Sin embargo, según expone el informe de Mesa y Mendoza (2021), con algunos casos de rescate de mujeres y niñas víctimas de trata también se logró “la desarticulación de 1.000 casas de explotación sexual de niñas venezolanas en modalidad webcam” (p. 19).

La evasión del Estado en manejar con mayor importancia este problema de la violencia sexual remite a la idea de que se considera con inferioridad el cuerpo de mujeres, adolescentes y niñas. Es un tema que poco se menciona desde las fuentes oficiales de los Estados, y todavía menos, se profundiza. Desde luego, esta situación caracterizada por la cultura machista y patriarcal, significa mayor revictimización de las mujeres, adolescentes y niñas por lo que es preciso, además de visibilizar la frecuencia de víctimas de violencia sexual, también revertir la reproducción de estos actos, a través de garantizar procesos judiciales con los que se logre la capacidad de castigar a los responsables y hacer justicia.

En un contexto de conflicto permanente como el que existe en la frontera es una ardua tarea que corresponde en principio a los Estados, son los principales garantes de los Derechos Humanos de las mujeres, pero también las organizaciones sociales cumplen un papel clave en visibilizar la realidad.

¿Qué entendemos por paz?

Desde una visión tradicionalista la paz se concibe como la ausencia de una guerra, pero es importante aclarar que la concepción de paz es difícil de definir. No obstante, se intentará hacer una aproximación del concepto a partir del enfoque que promueven algunas autoras y autores, en particular de aquellos que proporcionan una mirada de género, de tal manera que se puedan identificar los elementos que lo componen, así como la intencionalidad de los actores que la promueven y el contexto al que se dirige la formulación de la paz.

Pese a la complejidad que implica fijar teóricamente el concepto de paz, existe una propuesta teórica de comprenderlo a través de dos aristas, la paz positiva y la paz negativa. Al respecto, explica Velásquez (2016) que la diferencia radica en que la paz negativa “es entendida como la ausencia de violencia personal, física y directa, y la paz positiva, definida como la ausencia de violencia indirecta o violencia estructural” (p. 82). Desde este enfoque, la paz negativa implica activar diferentes mecanismos de control (formación de ejércitos, garantía del orden, defensa del territorio) para actuar ante el surgimiento de cualquier conflicto armado, en cambio para la paz positiva se busca la integración y organización de los grupos humanos para favorecer los principios de la convivencia humana.

 De estas dos aristas de la paz podemos identificar como elementos: los mecanismos de control, así como la integración y la organización en la preservación de la paz, que puede ser empleada por un Estado-nación en su territorio. Sin embargo, la aplicabilidad de esta noción está determinada por la perspectiva y los intereses de los gobiernos, así como de sus capacidades y voluntad política.

Por su parte, los resultados de la guerra no derivan en la paz, incluso las guerras actuales, señala Segato (2014): “No se destinan a un término y su meta no es la paz, en cualquiera de sus versiones” (p. 341). La guerra es un proyecto de dominio que se promueve desde los intereses por el control de la economía global, de manera que urge buscar los caminos de la paz y poner todo empeño posible en esto, por el futuro y por el bien de la humanidad. En esto radica la importancia no sólo de la organización social, sino en la construcción e impulso de políticas públicas con sentido humano, con perspectiva de género.

Posterior a la Segunda Guerra mundial, el tema de la paz ha cobrado especial importancia en diferentes eventos de gran envergadura, a nivel mundial, tal es el caso de la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, en donde se logra reinterpretar mediante el texto del Informe de la conferencia mundial para el examen y la evaluación de los logros del decenio de las naciones unidas para la mujer: igualdad, desarrollo y paz. (1985), el concepto de paz, que se aborda ampliamente y en este breve extracto se explica que: “La paz no se puede conseguir en condiciones de desigualdad económica y sexual, denegación de los derechos humanos básicos y libertades fundamentales, explotación deliberada de grandes sectores de la población, desarrollo desigual de los países y relaciones económicas de explotación” (p. 8).

En esencia, este enfoque de paz se construye fundamentalmente con elementos que deben ser aplicados en el orden estructural, esto implica que la búsqueda de paz no debe afrontarse únicamente desde el control y el orden militar, contrario a ello deben abrirse los caminos al diálogo, a las garantías ciudadanas y el respeto a los Derechos Humanos.

En el cuento infantil ¡Viva la paz! De la autora Isabel Muñoz Martinez se dice que la paz

 es tan importante como el aire que respiramos. No la vemos, pero nos rodea, está en cada gesto, en cada abrazo, en cada mirada y en cada palabra. Nos acompaña a lo largo de la vida. La paz nos da tranquilidad, felicidad y nos da seguridad.

La paz es un bien intangible, un derecho y un deber por el que los seres humanos, especialmente aquellos vulnerables ante la desigualdad social, económica y política han de luchar siempre.

¿Qué hacen le Estados de Colombia y Venezuela por la Paz?

La Nueva Frontera de Paz (Venezuela)

Esta política pública surgida en el año 2015 que inicialmente apuntaba a la construcción de una política integral de frontera y se propuso para construir una nueva frontera de paz, mediante la creación de la Misión Socialista Nueva Frontera de Paz adscrita al recién creado Ministerio del Poder Popular para Fronteras, dirigido desde hace (08) ocho años por Gerardo Izquierdo Torres, constituyó una esperanza que motivó a las organizaciones sociales a congregarse para aportar en esta construcción, así como al impulso de la Ley Orgánica de Fronteras (2015).

 La dinámica que se produjo en el marco de la Ley Orgánica de Fronteras (2015) que plantea la elaboración de un Plan de desarrollo integral para las áreas fronterizas, es un plan que jamás se presentó, lo cual derivó en una gran desilusión para la población de la frontera y la agudización de una crisis en la frontera que se fortaleció con el cierre del paso fronterizo, así como de medidas de control y militarización como la declaración de Estado de Excepción en varios municipios fronterizos de Táchira y Zulia, cuyo resultado tuvo un impacto negativo considerable en la población debido a la vulneración de derechos, así como en el auge de irregularidades en el flujo de personas, bienes y divisas. (Linares, 2018), y fundamentalmente abuso de poder por parte de funcionarios y funcionarias, los cuales se alternaban con grupos al margen de la ley para el cobro ilegal a las personas que transitaban por las denominadas “trochas” o vías alternas ilegales.

No obstante, con el restablecimiento de las relaciones binacionales entre Venezuela y Colombia, así como la reapertura del paso fronterizo en el año 2023, luego de (07) siete años, existe la expectativa por parte de la población de que se materialicen procesos de integración fronteriza enfocados en fortalecer la paz. Al respecto, el gobierno venezolano ha sido mediador en los diálogos entre el gobierno colombiano y el grupo armado ELN. También, cada vez más se fortalecen las relaciones y acuerdos diplomáticos, lo que significa avances que mejoran, aunque sea lentamente, la situación en la frontera.

La Paz Total (Colombia)

El actual presidente del gobierno colombiano, Gustavo Petro ha impulsado un proceso que define como la paz total, mediante el cual pretende implementar como principio el diálogo, y a pesar de que otros gobiernos precedentes establecieron diferentes mecanismos para trazar rutas de paz y conciliación, desde la perspectiva del gobierno de Petro adquiere un enfoque diferente, de acuerdo con entrevista de El Espectador (Rodríguez, 2022), en donde expresa Susana Muhamad, ministra del ambiente:

La paz total significa crear los espacios desde las regiones y desde los actores que están en esa confrontación para buscar conjuntamente salidas, pero eso necesita garantías, el congreso y la comisión de paz es una garantía, pero también normas en el congreso y el decreto de la presidencia y el gobierno rodeando ese proceso para poder llegar a la salida. (s/n)

A partir de la propuesta de reconfiguración de la Ley de orden público vigente desde 1997, que se modifica por medio del Proyecto de Ley sobre la Paz Total se plantea el impulso de una política de Estado para consolidación de la paz en Colombia, a través de instancias de diálogo y estructuras dedicadas a gestionar todo lo relacionado con el proceso de paz en este país, pero especialmente para que se consolide como un tema transversal en la gestión de gobierno.

En tal sentido, ya se ha iniciado con el proceso mediante los Diálogos Regionales Vinculantes, en sectores priorizados, entre los cuales se encuentra la frontera colombo- venezolana, debido al impacto que han tenido por causa del conflicto armado, de manera que la intencionalidad de este proceso apunta hacia dos aspectos; el primero, acercamiento a las comunidades y sus necesidades; y el segundo, valorar la disposición de los grupos armados que se encuentran en los territorios para buscar salidas al conflicto armado.

Desde la óptica del Presidente Gustavo Petro, un tema en el que se precisa hacer énfasis y prestar especial importancia es en la política antidrogas, cuyo aspecto problemático trae consigo una cadena multifactorial de violencia y afectaciones a la población, especialmente en los territorios donde predominan los negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico. Esto implica tocar grandes intereses económicos, hacer frente a toda una maraña organizativa que se enlaza con diversas agencias dispuestas para el delito como la Trata de personas, prostitución forzada, explotación sexual, entre otras.

La paz con perspectiva de género

La población que hace vida en la frontera reconoce que consolidar un proceso de paz y hacerlo desde una visión de integración entre ambos países, es una empresa que trae consigo múltiples dificultades y riesgos, pero al darse los primeros pasos, en el marco del diálogo, implica trascender la visión economicista de resolver la crisis en la frontera; es decir, de superar la postura de que el Estado no cuenta con los recursos para atender la situación en la frontera, para tener una mirada más humana que impacte directamente en la perspectiva de los sujetos sobre su entorno, en las relaciones sociales y en las prácticas, esto implica un proceso con planes a corto, mediano y largo plazo que cuenten con el respaldo institucional, pero fundamentalmente de la organización y el movimiento social.

Constituye una labor urgente precisar y definir los elementos requeridos para configurar la paz en el contexto fronterizo, es menester, en primer lugar, el levantamiento de registro y estadísticas en torno a la situación de violencia, especialmente la violencia de género, además, así como de las condiciones de las mujeres y niñas venezolanas migrantes y sobre las garantías en el acceso a la justicia. En segundo lugar, también es clave revisar el enfoque e intencionalidad de los mecanismos de control y preservación del orden para tener claridad en las funciones correspondientes y garantizar el respeto de los derechos fundamentales. De esta manera, trabajar en la reconfiguración de la estructura social para encaminarse hacia la armonía social, el respeto por el ambiente y la justicia.

Por último, es importante tener presente que para construir la paz se requiere que en el orden social se restablezcan normas básicas de la sociedad mediante la garantía de derechos y de bienestar, es decir, reforzar normativas comunes, que antepongan las necesidades humanas y también crear las organizaciones y espacios necesarios para que se puedan hacer valer los derechos.

Las mujeres en el diálogo y los acuerdos para la paz

Los espacios de diálogo encaminados a la paz constituyen un importante escenario para escuchar la voz de las mujeres, no sólo porque implica un acto no discriminatorio, sino que se hace posible entender mejor lo que se quiere lograr en la construcción de la paz, esto supone crear las condiciones y oportunidades necesarias para decidir en igualdad.

El desconocimiento de las concepciones, incluso de las nociones sobre las realidades de las mujeres y las niñas, así como sobre la teoría de género ha sido elemento clave para crear confusiones y desavenencias innecesarias que determinan la paralización y obstrucción de procesos importantes en la construcción de la paz, tal como sucedió con la campaña en contra, para el plebiscito, que definiría la aprobación o no del acuerdo de paz en Colombia, en el año 2016, en cuyo proceso tuvo éxito la negativa de aprobación debido a la difusión de mitos relacionados con las concepciones de género y su aplicación en el marco del acuerdo de paz.

Asimismo, dentro de las críticas que se han producido a partir de la realización de las mesas de trabajo en el proceso que se desarrolló en La Habana para establecer el acuerdo de paz en 2016 se encuentra el hecho de que sólo participó una mujer. (Botero, 2016). Las mujeres históricamente han sido ubicadas al margen de las decisiones en los procesos de negociación y decisión, esto ha llamado la atención desde instancias internacionales y se ha logrado que se incorporen más mujeres en estos espacios.

Aunque quizá uno de los planteamientos más urgentes que han de tener las mujeres, a la luz de la realidad del contexto que ofrece la violencia en el marco del conflicto armado, tiene que ver con la exigencia de justicia ante los delitos asociados directamente con el ejercicio de la violencia por motivos de género, como es el caso de violencia sexual, pues no se debe incurrir en el error de propiciar la impunidad y obviar la responsabilidad de los culpables de estos delitos.

En todo caso, para que las políticas públicas centradas en una estrategia de paz total desde Colombia, entendida como un continuo conceptual de la paz integral (bandera de lucha de los movimientos de defensa de derechos humanos en Colombia); o de Frontera de Paz como se plantea desde el gobierno de Venezuela, se precisa de generar los espacios de diálogo con una mirada de integración por parte de ambos Estados y de la participación de las mujeres, a partir del reconocimiento de su condición de sujeto social subalterno y especialmente victimizado en el marco del conflicto armado colombiano, y de las dinámicas de erosión del estado de derecho y de las garantías ciudadanas acentuadas en los últimos años de crisis de las relaciones binacionales, de recesión económica en las regiones fronterizas y de recomposición de la guerra por el control del territorio fronterizo como un medio para la acumulación de capital.

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Fuente: La autora escribe para el Portal Otras Voces en Educación