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La migración como fake news

Por: Luis Britto García.

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En la década de los cincuenta, cerca de 800.000 inmigrantes europeos ingresaron a una Venezuela que contaba poco más de cinco millones de habitantes. A todos se los acogió fraternalmente; no hubo campañas xenófobas ni propuestas de invadir Europa para remediar la crisis humanitaria que ponía a su población en fuga.

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Desde entonces fue Venezuela paño de lágrimas de todas las migraciones de la región y del mundo. A cambio sólo recibe agresiones, y una de ellas es el escándalo mediático que exagera la salida de nuestros compatriotas a otros países. Para ponerlo en perspectiva, consultemos las tasas de migración neta del Index Mundi, a su vez documentadas con los datos del CIA world Factbook.

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La tasa de migración neta revela la diferencia entre el número de personas que inmigra a un país o emigra de éste en un año por cada 1.000 habitantes, y se expresa con una magnitud positiva (+) cuando el número de los que ingresan supera al de los que egresan, y con una negativa (-) cuando salen más de los que entran. En dicha tabla, que cierra en enero de 2018, se asigna a Venezuela una tasa de migración negativa de -1, lo que quiere decir que el año anterior el total de los emigrantes habría superado en 1 por mil a los inmigrantes.

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En la misma tabla, un conjunto de países cuyos gobiernos dicen estar supuestamente afectados por la excesiva migración venezolana, como Chile, Ecuador, Brasil o Panamá presentan una tasa neta de migración de 0 (cero), lo cual indica que, o no han sido objeto de ingreso notable de venezolanos, o que sus nacionales abandonaron dichos países en igual proporción.

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Otros países cuyos gobiernos resienten estar supuestamente afectados por la migración de venezolanos, como Colombia, Uruguay u Honduras, presenta una tasa neta de migración de neta de -1 (menos uno), exactamente igual a la de Venezuela, lo que significa que sus habitantes están emigrando de ellos en la misma proporción que lo hacen los venezolanos, y en mayor cantidad en el caso de mayor demografía, como sucede con Colombia.

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En fin, países alegadamente afectados por nuestra migración, como México, Guatemala y Perú, presentan una tasa neta de emigración de -2 (menos dos) lo que significa que sus habitantes emigran, proporcionalmente, en cantidad doble que los que dejan Venezuela.

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Parecida situación afecta a Jamaica, con tasa de -4, a Guyana, con tasa de -5, a Jamaica y a Trinidad y Tobago, con tasa de -6, y al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con tasa de -12, lo cual significa que, proporcionalmente, sus salídas de emigrantes son superiores cuatro, cinco, seis y doce veces a la de Venezuela.

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Ante estadísticas compiladas por un organismo enemigo de nuestro país como la Central Information Agency, cabría preguntarse cómo pueden quejarse de un exagerado ingreso de venezolanos países cuya población es estable o cuyo flujo emigratorio es igual al venezolano, o supera a éste en proporciones de dos, tres, cuatro, cinco, seis y hasta doce veces. Como fariseos, ven la paja en el ojo del vecino y no la viga en el propio. Contra ninguno de ellos se han promovido declaraciones de crisis humanitaria; ninguno ha sido amenazado con invasión para paliarla, ni ha tenido que defender sus fronteras contra intentos de violarlas con tal pretexto.

Añadamos que, si nuestra tasa neta de migración de -1 representa el número de emigrantes por cada mil habitantes, y suponemos que la población actual de Venezuela es de unos 30.000.000 millones de habitantes, tendríamos entonces que de nuestro país habrían emigrado el año en referencia unas 30.000 personas, y no las cifras apocalípticas que inventan fake news y encuestas fake. Pasqualina Curcio calcula en este diario con mayor precisión el número de 38.027 emigrantes para 2018.

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Comentario aparte merece la calidad de esa emigración. Un informe del Servicio de Estudios Económicos del BBVA Research sobre los venezolanos en Perú destaca que éstos trabajan 20 horas más, presentan mejor estado de salud y en promedio tienen mejor educación que lo peruanos. “En su mayoría, los emigrantes venezolanos son ingenieros, administradores de empresas, profesores, abogados, contadores y enfermeras. Y aquellos que tienen carreras técnicas son en su mayoría administradores o analistas de sistemas y computación. También los hay mecánicos, enfermeros, contadores, comunicadores y hasta periodistas”. Su trabajo habría mejorado la economía del país: “Estimamos que en 2018 el PBI potencial creció 4,4%, casi un punto porcentual más de lo que hubiese aumentado si la migración de ciudadanos venezolanos no hubiese ocurrido” (Elizabeth Fuentes: El Cooperante, Emisora Costa del Sol FM14-10-2019).

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Si el mencionado informe fuera veraz, parte del inmenso esfuerzo en Salud y Educación cumplido por el bolivarianismo estaría en último término beneficiando a países cuyos gobiernos nos adversan al proporcionarles gratuitamente profesionales que necesitamos. Para evitarlo, reiteramos sugerencias para facilitar la inserción productiva de nuestros profesionales: 1) concentrar el esfuerzo educativo en las especialidades que el país necesita 2) enseñar metodología, para facilitar la autoformación y renovación constante de saberes 3) impartir para todas las carreras conocimientos básicos de Derecho, Administración y Contabilidad a fin de graduar profesionales versátiles que se puedan desempeñar en múltiples áreas 4) crear mecanismos informatizados que permitan el encuentro de la oferta y demanda de profesionales tanto en el sector público como en el privado.

La materia gris es el recurso natural más precioso: evitemos su fuga.

PD: Me confirieron el Premio Nacional de Historia.

PPD: Por segunda vez Hidrocapital abre y deja sin tapar un boquete frente al garaje de mi casa en la urbanización Santa Marta. A ver si me premian completando su trabajo.

Fuente del artículo: http://www.radiomundial.com.ve/article/la-migraci%C3%B3n-como-fake-news

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Chile y un cambio que llegó tarde

Por: Ricardo Braginsky.

 

Los resultados educativos del modelo chileno se destacan en la región. El asunto es cómo y a costa de qué llegaron a eso.

que ese país se diferenció claramente en América Latina. Podemos empezar por los resultados: hoy Chile tiene las tasas de escolarización más altas de la región y lidera en los rankings que miden aprendizajes, como la prueba de Unesco o PISA. El asunto es cómo y a costa de qué llegó a eso.

Para eso hay que remontarse al origen de la reforma educativa que arrancó con la dictadura de Pinochet. Entonces Chile implementó un modelo anglosajón en el funcionamiento y el financiamiento de la educación.

El eje estuvo puesto en que el Estado en lugar de invertir en la oferta educativa (las escuelas) lo hizo en la demanda, a través de los “vouchers” por alumno. El dinero llega a los colegios, pero lo hace de acuerdocuántos alumnos logran inscribir.

La lógica es que el alumno es portador de su presupuesto y los padres deciden a qué escuela van y, por lo tanto, cómo lo invierten. Así,los colegios deben competir por tener más chicos para así conseguir más dinero. No hay colaboración entre pares. Y como los ramales de Menem: colegio sin chicos, colegio que cierra.

Esta lógica se complementa con evaluaciones periódicas y publicación de los resultados por escuela, para que los padres tengan la información que les permita elegir “el mejor servicio educativo” para sus hijos.

También evalúan a los docentes y -como una empresa- pagan más a los que obtengan mejores resultados.

El combo de estas herramientas forzó a que las escuelas mejoraran sus indicadores educativos, pero también reforzó la segregación social. Porque en lugar de financiar a los que más lo necesitan para buscar la equidad, el sistema premia a aquellos que se adaptan a las normas. Y a los que enseñan los contenidos que son tenidos en cuenta en las evaluaciones estandarizadas.

Protesta de estudiantes en Santiago, Chile, la semana pasada. EFE/Elvis González

Protesta de estudiantes en Santiago, Chile, la semana pasada. EFE/Elvis González

Además, las escuelas podían recibir plata adicional de las familias, entonces aquellos colegios con chicos más acomodados empezaron a tener más recursos que el resto.

El sistema universitario también se destaca por sus buenos resultados, pero los estudios superiores son pagos y muy caros. Termina siendo también una educación elitista, y muchos jóvenes terminan endeudándose para progresar en sus vidas.

El segundo gobierno de Bachelet no cambió el sistema, pero le hizo retoques, que buscaron reducir las brechas. Preocupados por las diferencias sociales que estaba generando, orientó dinero extra para el 40% de los alumnos más vulnerables. Y limitó el aporte económico de los padres para las escuelas de sus hijos.

Pero quizás ya era tarde. Chile es hoy un país muy fragmentado, y el quiebre arranca desde la escuela primaria.

Lo decimos, ¿lo hacemos?

La experiencia chilena también nos pueda servir para mirar qué pasa en la Argentina.

Nuestro sistema educativo está bien lejos de los criterios mercantilistas de Chile. Sin embargo, la segregación social en las escuelas creció fuerte en los últimos años.

Cada vez estamos más lejos de la escuela pública que supimos tener y que reúne diversidad. No somos Chile pero quizás tenemos otro problema: esa pasión por decir una cosa, y después terminar haciendo otra.

Fuente del articulo: https://es.news-front.info/2019/10/28/la-huelga-de-maestros-de-chicago-entra-en-el-octavo-dia-mientras-300-000-estudiantes-pierden-sus-clases/

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Calorías baratas

Por: El País. 

Mientras avanzan, aunque más lentamente de lo deseable, los programas para erradicar el hambre y la malnutrición infantil en los países pobres, una nueva forma de malnutrición se extiende por todo el mundo, incluidos los países avanzados, hasta el punto de poner en riesgo los derechos de la infancia. Es la malnutrición que resulta de una dieta desequilibrada y poco saludable que, unida al creciente sedentarismo, está provocando una epidemia de obesidad infantil. España es uno de los países más afectados. Un informe realizado por Unicef con datos de 3.803 escolares de 245 centros revela que el 35% de niños y adolescentes de entre 8 y 16 años tiene sobrepeso y el 14,2%, obesidad. Pero lo más relevante es que el problema afecta con mayor intensidad a segmentos de población con menos ingresos. A mayor pobreza, mayor tasa de sobrepeso y obesidad infantil.

La dieta es uno de los principales determinantes de salud. A las carencias económicas, de bienestar y de educación que sufren las familias en situación de pobreza se añade en este caso un factor de desigualdad que se proyectará sobre toda la vida adulta de estos niños, pues la obesidad provoca diabetes y patología cardiovascular. La mayor incidencia del sobrepeso en las familias pobres se debe en parte a la falta de conocimientos sobre dietética y salud, pero sobre todo a la existencia de una oferta de alimentos procesados y bebidas azucaradas muy baratos que ingeridos en exceso provocan un rápido incremento de peso. El problema es que estos alimentos resultan atractivos porque tienen potenciadores del sabor, pero además son más asequibles que los alimentos frescos y saludables. Son las llamadas calorías baratas, que además de ser más accesibles se presentan con una publicidad muy agresiva que las hace especialmente deseables.

Se trata de una realidad compleja que hay que abordar, porque no hacerlo condicionará la salud de estos niños para el resto de su vida y comportará una carga muy onerosa para el sistema sanitario público. Puesto que en el origen hay un problema de educación, es preciso reforzar los programas de formación dietética y llegar a las familias de riesgo a través de los propios colegios. También se puede incidir a través de las becas de comedor, incluyendo en los criterios de concesión no solo los económicos, sino de prevención de la obesidad. Y es preciso asegurar también que los niños hacen en el colegio suficiente ejercicio físico para contrarrestar la tendencia al sedentarismo.

Todas estas medidas son necesarias, pero sus resultados son lentos. Mucho más eficaz es intervenir sobre la oferta, regulando mejor desde una perspectiva de salud pública los alimentos procesados con elevados contenidos en grasas, sal o azúcar. La ingesta continuada de estos productos altera el umbral de tolerancia, de manera que el gusto se acostumbra a esos ingredientes y cada vez los necesita en mayor proporción. Todo ello, agravado por una publicidad a veces engañosa que pone el acento en la abundancia y la experiencia más que en la calidad y la salud. La única forma de romper esta espiral es conseguir que los alimentos preparados reduzcan el potencial calórico y se acerquen lo más posible a su sabor natural. Para ello es preciso alcanzar una alianza entre las políticas públicas y una industria alimentaria que no puede ignorar el grave problema de salud que se está creando.

Fuente del artículo: https://elpais.com/elpais/2019/10/22/opinion/1571767951_261160.html

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Explosiones sociales

Por: Manuel Castells.

Arde Barcelona. Pero también Santiago de Chile. Y Hong Kong. Y Quito. Y hasta hace poco París. Y múltiples focos de indignación a lo largo de este planeta en crisis ecológica, social y política. Las causas son diversas, pero las reacciones y el paso del movimiento pacífico al enfrentamiento con el orden establecido son muy similares. Reivindicación de salir del olvido de las regiones marginadas francesas. El precio del combustible en Ecuador. Aumento de tarifas del metro y la creciente carestía de la vida en Santiago. Demanda de derechos democráticos en Hong Kong. Lo común es que en ninguno de esos casos y otros muchos han existido canales políticos e institucionales para negociar: el Estado se ha cerrado en banda y la respuesta han sido los antidisturbios y el ejército. Empieza a tener sentido (y lo digo con tristeza) el análisis de mi reciente libro sobre la crisis de la democracia liberal, donde mostré que la gran mayoría de los ciudadanos no confían en los partidos políticos, no se sienten representados por parlamentos y gobiernos y piensan que la clase política en su conjunto está atrincherada en la defensa de sus intereses y de su corrupción. La democracia no existe, por muchas elecciones que se hagan, si no anida en la mente de los ciudadanos. Es esa confianza en las instituciones la que está siendo puesta en cuestión, induciendo, en primer lugar, nuevas alternativas políticas de izquierdas o derechas. Y cuando estas tampoco funcionan (porque las estigmatizan como populistas y van a por ellas las cloacas del Estado y los medios de comunicación), no queda más que la calle, las acampadas, las manifestaciones. Y a la violencia de las tropas de élite responden espontáneamente los que no pueden ya contener la rauxa –palabra catalana que siempre ha acompañado al seny cuando desborda el sentimiento de injusticia y faltan canales de expresión institucional–.

La fuente de esa violencia puntual es la frustración política de toda una generación

¿Pero es así en Catalunya? ¿No vivimos en un Estado que garantiza las libertades democráticas en la Constitución salida de la transición? Pues resulta que en torno a la mitad de la población de Catalunya no lo piensa así. Y que, hasta hace poco, más de tres cuartos de los ciudadanos eran favorables a la celebración de un referéndum en que se decidiera la estructura del Estado.

Hace más de una década se aprobó un nuevo Estatut d’Autonomia en los parlamentos catalán y español y fue refrendado por una gran mayoría de ciudadanos catalanes. Tras lo cual, entre el PP y un Tribunal Constitucional ideológicamente anclado en el nacionalismo español hubo una regresión de la autonomía. Como reacción surgió un movimiento independentista espontáneo, al cual se apuntaron los partidos catalanistas por intereses electorales. Fueron desbordados por opciones políticas más coherentes, aunque pudieran considerarse utópicas, empujando al independentismo político a la organización de un referéndum fuera de la instituciones españolas. Fue pacífico y masivo, aunque sólo participó la mitad de la población. La represión fue violenta por parte del gobierno español, apoyado por la mayoría de los partidos y jaleado por muchos medios de comunicación.

Lo que empezó como un proceso gradual de redefinir pacíficamente las relaciones entre Catalunya y España desembocó en confrontación. En ese contexto, la desmesurada e injusta sentencia de unos jueces nombrados por un Consejo General del Poder Judicial designado por componenda política ha indignado a una mayoría de la población catalana, incluso a aquellos que no somos independentistas. Era de esperar la reacción que se ha producido, pacífica y masiva en su inmensa mayoría, violenta y minoritaria en algunos sectores radicalizados, como suele ocurrir en toda gran protesta social. Esta violencia es condenable éticamente y contraproducente políticamente. Pero hay que entenderla en lugar de demonizarla y tratarla como un problema de “orden público”. Porque si no se abordan las raíces de la violencia, resurgirá. Y las heridas profundas en la sociedad catalana harán ingobernable el Estado español. No se trata de infiltrados y provocadores, aunque los haya (algunos de ellos probablemente fascistas y policías), sino de miles de jóvenes catalanes que, como dijo una de ellas, han visto como pegaban a sus abuelos el 1 de ­octubre y quieren ponerse en primera línea. Cuantas más jóvenes apaleen, cuantos más nuevos presos políticos haya, más se irá ­creando una reserva de rauxa que se expresará de mil formas. Y cuanto más se culpe a los anarquistas, más anarquistas aparecerán, porque es la ideología de oposición al Estado autoritario.

La fuente de esa violencia puntual es la frustración política de toda una generación que se siente traicionada no sólo por el Estado español sino por los propios dirigentes del independentismo político que los lanzaron a la calle y ahora acusan a misteriosos agentes extranjeros, olvidando que en Barcelona viven muchos jóvenes extranjeros que creen en la ciudadanía europea. Es vergonzoso tirar la piedra y esconder la mano. Pero lo más grave es, como escribía recientemente el semanario alemánStern , la incapacidad congénita de los políticos españoles para negociar. Ni para una investidura de gobierno ni para encontrar fórmulas de solución para un conflicto que afecta fundamentalmente la convivencia en el país. Porque sin negociación el Estado de derecho se reduce al derecho del Estado.

Fuente del articulo: https://www.lavanguardia.com/opinion/20191025/471186542407/explosiones-sociales.html

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¿Será necesaria una Superintendencia de Educación?

Por: Leonardo Fabio Martínez Pérez.

En el Congreso de la República cursa el Proyecto de Ley 077 de 2019 que propone la creación de una Superintendencia de Educación y Control sobre el Sistema de Educación Colombiano, promovida con el argumento de garantizar la calidad de la educación y el uso adecuado de los recursos en todos sus niveles.

Este proyecto ya había sido propuesto ante el Congreso en el año 2014 bajo el nombre de Ley 1740, a raíz de los malos manejos presentados en la Universidad San Martín. La propuesta buscaba poner en consideración la creación de una superintendencia que velara por la calidad de la educación en todos sus niveles y en las instituciones para el trabajo y el desarrollo humano, como en la propuesta actual. No obstante, el proyecto fue retirado por la Corte Constitucional por considerarse inexequible bajo la sentencia C-031 de 2017, argumentando que no cumplía con la capacidad de mejorar la calidad del servicio público de la educación superior.

Esta propuesta fue revivida puntualizando nuevos aspectos para la inspección, control y vigilancia del sistema educativo a nivel nacional. El objetivo que describe el documento se refiere a la mejora de la calidad de la educación de manera eficiente y eficaz, sin descuidar la cobertura y conservando, en el caso de la educación superior, la autonomía universitaria. Sin embargo, en el conjunto del articulado es posible evidenciar asuntos inquietantes y riesgosos para la educación superior, relacionados precisamente con dicha autonomía universitaria e incluso con los procesos investigativos gestados desde cada campo.

Las superintendencias tienen la facultad de hacer recomendaciones sobre los procesos e inversiones que deben realizarse al interior de las instituciones que vigilan, lo que puede afectar las decisiones y posturas que deben ser tomadas, so pena de la penalización y asignación de multas. Aunque el proyecto menciona en su artículo 7 la inspección, vigilancia y control de la educación superior, respetando y fortaleciendo la autonomía universitaria, ese mismo artículo menciona de manera abierta la inspección, vigilancia y control sobre la correcta destinación de los recursos en educación, lo que puede traducirse en múltiples interpretaciones. Si bien este puede estar relacionado con procesos transparentes y en derecho, también puede entenderse como la inversión en asuntos o cuestiones que se consideran relevantes de acuerdo con la agenda política de determinados sectores e intereses.

De igual forma sucede con el artículo 4, que hace alusión a la inspección y vigilancia de las actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación desarrolladas al interior de las instituciones de educación superior y en donde nuevamente la información puede ser objeto de múltiples comprensiones, poniendo en riesgo el desarrollo de las investigaciones y trabajos en campos particulares que no sean considerados pertinentes o de interés para determinados actores políticos.

Si bien es necesario realizar un control y seguimiento a la ejecución de los recursos públicos en educación para garantizar el cumplimiento de este derecho a toda la sociedad colombiana, ya existe la Contraloría que tiene como objeto dicha labor. También es perentorio garantizar que la inversión y ejecución de recursos en las instituciones de educación superior respondan a las necesidades, características y contextos particulares de cada universidad, por lo que considero de suma importancia repensar las estrategias para acompañar a las instituciones de educación superior en la mejora de la calidad educativa, más allá de una nueva superintendencia de inspección y vigilancia.

Fuente del artículo: https://www.elespectador.com/opinion/sera-necesaria-una-superintendencia-de-educacion-columna-888056

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Educación, un derecho

Por: Fabiola Guarneros. 

Hace 4 años, el 25 de septiembre de 2015, México adoptó —junto con otras naciones— 17 objetivos globales “para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos”.

Uno de estos Objetivos de Desarrollo Sostenible es el 4, que busca garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida.

Se parte de la premisa de que cuando las personas acceden a una educación de calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza. La educación contribuye a reducir las desigualdades.

México se comprometió a establecer estrategias, programas y destinar recursos para cumplir con el compromiso ante Naciones Unidas, pero desde hace 4 años todo ha quedado en buenas intenciones: ni estrategia ni presupuesto.

¿Cómo superaremos la pobreza y la desigualdad si la prioridad no es la educación para todos? ¿Por qué se castiga presupuestalmente? ¿Por qué si la educación es un derecho constitucional lo tenemos que exigir en la Suprema Corte de Justicia o con protestas y pancartas en las puertas de Palacio Nacional o solicitando la intervención del Presidente de la República?

 

CASO 1

Desde hace meses, asesores educativos, alumnos y padres de familia de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) han alertado a través de cartas, escritos y oficios a la SEP, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la CNDH que el recorte presupuestal pone en riesgo la operación de estos centros que atienden a más de 27 mil 834 estudiantes con alguna discapacidad.

Y es que en el último mes fueron despedidos 94 asesores educativos por las políticas de austeridad y están en riesgo los pagos y trabajo de otros 1,182 asesores más a nivel nacional, pues para el próximo año sólo se les asignarían 32 millones 521 mil 21 pesos, según el proyecto de presupuesto etiquetado para el programa de Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS).

Con ese presupuesto, cada uno de los 291 planteles que existen en el país tendrá 111 mil 756 pesos, es decir, nueve mil 313 pesos al mes. Les tendrá que alcanzar para pagar asesores, al responsable de cada CAED, materiales y capacitaciones; más o menos 306 pesos con 18 centavos diarios para mantener siete salarios y los gastos de una escuela, de acuerdo con la investigación periodística de mis compañeros Laura Toribio y Abraham Nava publicada en Excélsior (19 y 25 de octubre).

Desde 2009, cuando fueron creados para atender el derecho a la educación de este sector vulnerable, los CAED han tenido que pelear los recursos federales para poder operar, pero en los últimos cinco años su presupuesto cayó 46.33 por ciento.

Esos 27 mil alumnos tienen un rostro, un nombre, una historia, una meta y el derecho a estudiar su bachillerato.

 

CASO 2

“No se ha autorizado la asignación del recurso para cubrir los pagos del último bimestre del año, incluido el aguinaldo”, dice uno de los párrafos de la circular enviada por Prepa en Línea a los docentes que asesoran a 147 mil alumnos inscritos en esta modalidad para concluir su bachillerato.

Es decir, el pago de salarios y aguinaldo para 2 mil 800 facilitadores y tutores (docentes) del Programa Prepa en Línea de la SEP está en riesgo para lo que resta de 2019, pues la Secretaría de Hacienda informó que no hay recursos para cubrir este gasto en el último bimestre de este año (Excélsior, 25 de octubre).

El programa Prepa en Línea inició en 2014 y en estos 5 años han egresado 43 mil estudiantes, quienes mediante esta modalidad lograron terminar su bachillerato certificado por la SEP.

 

CASO 3

Los padres de Citlali, una niña mazahua con Síndrome de Down a la que le negaron un lugar en una primaria del Estado de México, junto con Mexicanos Primero y el despacho Aguinaco Abogados, pelean desde hace dos años su derecho a la educación. Primero lograron que un juez ordenara su inscripción en una primaria mexiquense y se le asignara un maestro sombra, pero el pasado miércoles consiguieron un amparo sin precedentes en México.

Una sentencia histórica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a Citlali y fijó un precedente para que las autoridades educativas, a nivel federal y local, hagan lo necesario para garantizar la educación inclusiva y adecuar el programa educativo a los niños con alguna discapacidad (Excélsior, 24 de octubre).

“Todos los niños, niñas y jóvenes del mundo, con sus fortalezas y debilidades individuales, con sus esperanzas y expectativas, tienen el derecho a la educación. No son los sistemas educativos los que tienen derecho a cierto tipo de niños o niñas…”, Unesco.

La educación es un derecho constitucional, no un privilegio.

Fuente del artículo: https://www.excelsior.com.mx/opinion/fabiola-guarneros-saavedra/educacion-un-derecho/1344273

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Algunos deportes ponen en riesgo los pies y la salud de los niños

Por: Europa Press

Actividades físicas como el fútbol, el baloncesto o la danza aumentan el riesgo de lesiones y deformaciones en las extremidades de las personas. Por ello, se recomienda acudir a un podólogo para evitar complicaciones.

Existen ciertas prácticas deportivas que pueden causar anomalías en el crecimiento y la salud de los niños si no se practican bajo el control correspondiente de los profesionales. Así lo advirtió el Colegio Oficial de Podología de la Comunidad de Madrid (Copoma).

Algunos de estos deportes son el fútbol, el baloncesto o la danza que, debido a los esfuerzos que su práctica implica para el cuerpo, pueden provocar que los  pies se vean afectados.

En consecuencia, también otras partes del cuerpo se perjudican como los tobillos, las rodillas, la cadera o la espalda.

La  práctica de estas actividades implica ciertas posturas, movimientos o impactos frecuentes en los pies que hacen que determinados músculos, tendones, huesos o articulaciones se fuercen en exceso. Esto provoca ciertos problemas en la salud de los niños y anomalías que, normalmente, suelen desarrollarse a largo plazo.

Un riesgo añadido es el aumento de la posibilidad de aparición de lesiones, como esguinces, rozaduras, hematomas subungueales, irritaciones u otras anomalías, como fascitis plantar. Por ello, para realizar las prácticas deportivas y disminuir el peligro, es necesario que los niños asistan a la consulta de un profesional en podología. Se debe acudir a partir de los 4-5 años y, después, con visitas anuales de forma periódica.

De este modo se tendrá una exploración y un diagnóstico preciso. Esto permitirá asegurarse de que todo está correctamente y, en el caso de que no fuera así, ayudará a abordar cualquier anomalía. Normalmente, la mayoría de patologías o problemas pueden resolverse si se diagnostican y tratan a tiempo.

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/life-style/algunos-deportes-ponen-en-riesgo-los-pies-y-la-salud-de-los-ninos/

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