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Tendencias educativas en América Latina, del ciclo progresista a la actualidad: matriculación, terminalidad, privatización y Ed Tech

Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo*

En los inicios del siglo XXI Latinoamérica vivió un ciclo de gobiernos progresistas que desplegaron políticas educativas en los diversos niveles del sistema y que se plasmaron en algunas mejoras. Sin embargo, en la última década, y al calor de gobiernos con proyectos de signo contrario a los anteriores, ese escenario está cambiando. A continuación señalaremos algunos datos y visualizaremos ciertas tendencias del escenario educativo del continente en las últimas décadas.

Según el informe El derecho a la educación de CLADE, de fines del 2020, -dirigido por Fernanda Saforcada y Alan Baichman- (I)  en el período que va del 2000 al 2015 el PBI del continente se triplicó, pasó de 2 billones de dólares a 6 billones de dólares. En ese mismo período la pobreza bajó del 45 % al 30 % aproximadamente. Desde ese año comenzó un lento declive o amesetamiento, hoy es alrededor de 6.5 billones de dólares. En este marco hay que destacar que en ese lapso (2000-2015) en el nivel preescolar la educación para la población que va de 0 a 3 años siguió siendo más un privilegio que un derecho. A pesar del avance que se produjo en los derechos de las infancias ese período siguió -y sigue- siendo una deuda. El último año de nivel preescolar muestra países con avances significativos, los más cerca de la totalidad, 99%, los menos cerca del 80 %. La Argentina pasó del año 2000 al 2018 de 73% a 97 %. De El Salvador los datos son del 2016 y hablan de un 92 %. La evolución de Brasil es del 66 al 95 %. Para Venezuela el último dato es 2010 y es del 93 %.

En lo que refiere al nivel primario la tasa neta de matrícula en la región es del 93.1%. En el caso de Argentina su tasa siempre fue alta. Del 2000 al 2018 pasó del 95 % al 98 % aproximadamente. En el caso de El Salvador del 2010 al 2016 la tasa fue del 95 %. La evolución de Brasil pasó del 77 al 95 %. La de Venezuela para el 2010 rondaba el 98 % por su parte,el nivel secundario es el que ha ganado más protagonismo en las políticas educativas regionales de los últimos 20 años, (junto con la primera infancia). La tasa neta de matrícula en la región era del 77% en 2017. Argentina pasó del 81 % al 89 % en el período que va del 2000 al 2018. El Salvador estaba en 65 % en el 2016, una tasa muy baja. Es importante el crecimiento de Brasil que pasó del 55 al 85 %. Venezuela rondaba el 85 % para el 2010.

Un informe de la misma CLADE de junio del 2024 –El derecho a la educación en América Latina y el Caribe (II)- y que aborda el período que va del 2020 al 2024 aproximadamente, señala que las tendencias mencionadas se mantienen, a grandes rasgos. En el caso del nivel secundario la tasa de terminalidad ronda aproximadamente el 60 %. Respecto a esto es fundamental el nivel socio económico de las familias. El informe señala que en «el quintil de ingresos más alto, el 84,6% de la población logra culminar la educación secundaria, esta proporción cae a 44,1% en el quintil de ingresos más bajos» y que «Se ha observado una fuerte desaceleración en la mejora de la finalización de estos niveles educativos en comparación con el periodo de 2000 a 2015». Por ende para el período posterior a 2017-1018 aproximadamente podríamos hablar de una tendencia regional en la tasa de matriculación pero no en la de terminalidad, que afecta sobre todo a sectores populares, por la condición socioeconómica.

En el nivel superior para el período que va del 2000 al 2015 la tasa bruta de matriculación, pasó del 15 al 50 %. No obstante la diferencia entre países es considerable. En el caso de la Argentina pasó del 50 al 100 %. El Salvador pasó del 21 al 28 %. Brasil ronda el 50 %.

Para este nivel el informe del 2024 citado arriba señala que «La tasa bruta en la región aumentó del 48,20% en 2015 al 56,45% en 2022». El informe también señala que «este acceso beneficia principalmente a los sectores medios y altos de la población (…) y alerta sobre la tendencia hacia la precarización de las instituciones públicas y el aumento de la oferta privada de educación superior». El informe entonces alerta sobre el desfinanciamiento de la educación pública y el crecimiento de las instituciones privadas en este nivel que es donde más ha avanzado.

Como conclusión de lo anterior vemos que, en el paso que va del ciclo de los gobiernos progresistas (2000-2015 aproximadamente) a gobiernos conservadores, lo que aparece son:

  • Problemáticas que en aquél entonces aparecían como desafíos en el marco de transformaciones generales pero que hoy se mantienen, principalmente el que corresponde a la educación preescolar, particularmente la de 0 a 3 años.
  • La deuda en el nivel secundario: si en aquél entonces se amplió la tasa de matriculación secundaria hoy ésta no se ha expandido, se mantiene, a la vez que se ha debilitado la terminalidad, particularmente la de los sectores más vulnerables.
  • Finalmente en el nivel superior ha habido un amesetamiento del acceso, a la vez que se ha incrementado la privatización de este nivel, donde el acceso termina siendo un privilegio.
  • Se viene produciendo el desfinanciamiento del sistema educativo. Los pactos internacionales señalan que los Estados deben destinar, como mínimo, un 4 % del PBI a la educación. En el año 2023 El Salvador no alcanzó ese mínimo. Argentina por su parte ha disminuido del 6 % que señala, como mínimo, la LEN. El informe de CLADE del 2024 señala que “Desde el 2017, la CLADE realiza un monitoreo sistemático de la inversión pública en la educación pública, buscando abarcar crecientemente nuevas dimensiones. Los datos más recientes del Sistema de Monitoreo del Financiamiento del Derecho Humano a la Educación en América Latina y el Caribe, indican que para 2022, de 14 países con datos disponibles, solo dos habían superado el acuerdo regional de destinar el 6% de su PIB a la educación: Cuba (que alcanzó el 10,41%) y Costa Rica, con el 6,75%. Otros seis países asignaron cerca del 4% y el resto se situaron por debajo de este umbral”.

Otra de las tendencias educativas que se visualiza es el fenómeno de las Ed tech o las plataformización de la educación. En marzo del 2022 Julián Mónaco y Diego Herrera, especialistas en el ámbito de la digitalización, escribían en el diario Le monde Diplomatique la noticia La educación en la época de las plataformas, donde señalaban que se estaba produciendo «en el mapa educativo global el avance –hasta hace poco más bien silencioso– de las llamadas plataformas digitales» (Mónaco y Herrera, 2022: I). Los gigantes tecnológicos de Silicón Valley, el complejo GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft), habían logrado, particularmente durante los años de la pandemia, consolidar sus servicios tecnológicos-informáticos como «una suerte de arquitectura invisible para los procesos de enseñanza y aprendizaje» (Mónaco y Herrera, 2022: I). Pero ¿cuál sería el problema del uso de estos dispositivos en el campo educativo? «Los intereses de las Big Tech» (Mónaco y Herrera, 2022: I), sus intereses lucrativos, ya que a través del extractivismo de datos «pueden delinear un perfil muy preciso de los destinatarios a partir de los datos que les sustraen sin avisarles» (Mónaco y Herrera, 2022: II) a la par que buscan desplegar un modelo de educación, de corte emprendedorista, «La lógica del ranking, la autoadministración del aprendizaje» (Mónaco y Herrera, 2022: II). En El Salvador, bajo la presidencia de Bukele, en septiembre de 2023 el parlamento aprobó la Ley General para la Modernización Digital del Estado, un acuerdo por el cual la empresa Google digitalizará datos del Estado, entre ellos los del sector educativo. El pacto implica que todas las escuelas del país pasarán a usar como plataforma oficial Google for Education y Google Classroom. En la Argentina la plataforma digital Ticmas, de capitales nacionales pero ligada a Google, también aparece como puntal digital de servicios educativos. Estas tendencias abren diversas discusiones: sobre el extractivismo de datos; sobre modelo educativo que allí se pregona, el del emprendedorismo; sobre el rol del docente en una educación basada en el aprendizaje y no en el proceso dialéctico de maestro-estudiante; sobre el rol de las instituciones en tanto entornos educativos socio técnicos, entre otras.

Éstas son algunas de las tendencias educativas que observamos en las últimas décadas a escala regional. En ese marco ¿pueden los países desarrollarse incumpliendo las metas mínimas educativas alcanzadas en acuerdos internacionales? ¿Qué destino se les asigna a millones de niñxs y adolescentes sin un sistema educativo que los incluya y eduque para un desarrollo que no es sólo personal sino también social?


(I) Nos referimos al informe Derecho a la educación en América Latina y el Caribe. De la garantía del derecho al cumplimiento del ODS4 en el siglo XXI: políticas, sentidos y disputas. Octubre 2022.(II)  El documento es un Informe Regional titulado “El derecho a la educación en América Latina y el Caribe: el presente es el pasado del futuro. Un panorama del inicio de los años 2020 desde la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación”.*Mariano Yedro es Profesor y Licenciado en Historia (UNRC) y Magister en Comunicacion y Cultura contemporánea (UNC). Docente en la UNRC. Noelia Naranjo es Licenciada en Ciencia Política y Administración Pública (UNCUYO) Especialista en Docencia Universitaria (UNLP). Docente en UNCuyo. Ambos miembros del Centro de Estudios y Formación en Política Educativa (CEFOPED), asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)

Tendencias educativas en América Latina, del ciclo progresista a la actualidad: matriculación, terminalidad, privatización y Ed Tech – Por Mariano Yedro y Noelia Naranjo

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¿Inteligencia o extorsión artificial?

Por: Emilio Cafassi

-En el umbral del presente siglo, Uruguay desplegó sobre sus campos, ciudades y costas un audaz y vibrante tapiz digital, soñando con una sociedad trenzada por la inclusión tecnológica. Hoy, el tejido se deshilacha entre las manos de monopolios ubicuos y sigilosos. Ceibal encendió pantallas como estrellas en las manos infantiles, mientras Ibirapitá devolvió a los ancianos una primavera digital tardía. Aquella audacia se fundó sobre un concepto claro: la tecnología como derecho, no como privilegio. Sin embargo, ya en diciembre pasado, el artículo que escribí en estas páginas, «Uruguay como eslabón fuerte de soberanía digital», advertía sobre la sombra creciente de los monopolios digitales y la progresiva privatización de lo público, que comenzaba a erosionar aquellas promesas iniciales. El sueño de inclusión enfrentaba entonces, y enfrenta más aún hoy, la amenaza de convertirse en una infraestructura capturada por intereses oligopólicos transnacionales. Un llamado de atención para el gobierno progresista, entonces por asumir.

Frente a esta amenaza, surgieron y continúan surgiendo propuestas alternativas desde diversos espacios intelectuales y políticos, entre ellas las formuladas por la “Coalición por la Soberanía Digital Democrática y Ecológica”, colectivo internacional preocupado por la intervención política en torno a la soberanía tecnológica. Este colectivo, impulsado por académicos e intelectuales comprometidos con la democratización tecnológica y la sostenibilidad ecológica, propone iniciativas concretas para recuperar la autonomía ciudadana frente al dominio digital corporativo. Sus propuestas buscan romper las cadenas de un colonialismo digital, devolviendo a la ciudadanía la soberanía sometida de sus territorios virtuales. La construcción de nubes públicas multiestatatales y plataformas digitales democráticas constituye uno de sus ejes fundamentales, buscando emanciparlas del control corporativo que asfixia sus decisiones más íntimas y devolver a las personas el poder sobre sus datos y decisiones. Como sostuve, no se limita solo al ámbito tecnológico digital, sino que propone una integración transversal con la sostenibilidad ambiental. Desde su perspectiva, la transición digital debe caminar junto a una economía circular de protección de los ecosistemas. Es la conjunción indispensable entre lo digital y lo orgánico, entre circuitos electrónicos y ciclos vitales. Este enfoque integrado reafirma que la innovación tecnológica no puede ser un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar un desarrollo consciente y sostenible. Asimismo, la regulación ética de la inteligencia artificial ocupa un lugar destacado en sus propuestas. Esta regulación busca garantizar la transparencia y la equidad en los algoritmos, evitando que se conviertan en nuevas formas de exclusión y discriminación. En consonancia con el Frente Amplio uruguayo, el colectivo subraya la importancia de fomentar competencias STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) desde la educación inicial, formando así a ciudadanos capaces de ejercer un control informado sobre las tecnologías emergentes.

La noción de soberanía digital, central en estas propuestas, implica también un enfoque internacionalista. Una soberanía que, lejos de encerrarse en fronteras nacionales, se extiende como redes solidarias en resistencia al nuevo imperialismo algorítmico. El colectivo plantea la necesidad de crear redes globales basadas en la cooperación y la solidaridad entre Estados, contrarrestando así la dependencia y la vulnerabilidad frente a los oligopolios tecnológicos. La soberanía digital, desde esta visión, no es un repliegue nacionalista, sino un acto de resistencia global frente a las cadenas invisibles del dominio corporativo.

Finalmente, el colectivo enfatiza la necesidad urgente de desmantelar los monopolios culturales y tecnológicos que sofocan la diversidad y estrangulan el pensamiento crítico ciudadano. Proponen una planificación estratégica a largo plazo, orientada a transformar la matriz productiva mediante tecnologías avanzadas, junto a una recalificación laboral que fomente la justicia social y la equidad. Este conjunto de propuestas busca convertir las infraestructuras digitales en bienes comunes, gestionados democráticamente y enfocados en colocar a las personas y al hacer colectivo en el centro de las decisiones.

En paralelo con estas propuestas, Yanis Varoufakis ofrece un juego metafórico que resulta elocuentemente denunciatorio sobre el contexto actual, acuñando el término tecnofeudalismo para describir el nuevo orden que rige nuestras vidas digitales. El tecnofeudalismo convierte al usuario en campesino digital, obligado a sembrar datos, cultivando sus interacciones para que los señores algorítmicos recojan cosechas permanentes de vigilancia y beneficios. Me referí a él en el trabajo de la semana pasada señalando que estas plataformas no producen mercancías en el sentido tradicional, sino que monopolizan territorios digitales desde donde extraen rentas continuas. El concepto tradicional de mercado se diluye frente a una realidad dominada por el acceso restringido y la apropiación continua de valor, no desde el trabajo asalariado, sino desde los gestos mínimos de nuestra existencia conectada. Extremando su tesis en una analogía forzada entre la tierra y las plataformas del ciberespacio, sostiene que el capitalismo ha muerto, no reemplazado por una revolución democrática, sino devorado por una lógica feudal renovada por la tecnología. En este tecnofeudalismo, la explotación ya no es meramente laboral, sino existencial, del mismo modo en que lo concibe el autonomismo italiano o la corriente del capitalismo cognitivo, entre otras. Para el economista griego, el usuario digital, lejos de ser un ciudadano libre, se ha convertido en un siervo atrapado en plataformas controladas por señores invisibles que monopolizan el acceso y cobran rentas sobre cada movimiento digital. Entiendo la potencia de esta narrativa como énfasis crítico, sin por ello comprarle la lápida al capitalismo, ni abrazar la resurrección feudal en clave binaria. El uso impreciso de los conceptos de renta, ganancia y plusvalía o la identificación del ciberespacio con la tierra, sirven solo como subrayado y alarma, sin necesario correlato teórico en mi opinión.

Varoufakis no se limita a señalar este sombrío panorama, sino que propone alternativas radicales y concretas para superarlo. Entre sus propuestas figura la creación de empresas democratizadas, en las cuales cada empleado posee voz y voto sobre decisiones fundamentales. Sugiere también establecer Asambleas Nacionales de Ciudadanos, elegidas al azar, para deliberar sobre legislación, recuperando así la esencia democrática perdida. La socialización del capital digital y la reapropiación democrática de las infraestructuras tecnológicas también forman parte central de sus propuestas, apuntando hacia un socialismo democrático digital, una tecnodemocracia que devuelva la soberanía a las personas sobre su vida digital.

Incluso la descripción del usuario tecnofeudal de Varoufakis, entregado a su propio vasallaje por el atractivo de uso de las plataformas, entregando toda su vitalidad, no está excluido de superar barreras mercantiles a fin de acceder a su placer formatizado. Cada vez más, las plataformas cobran por accesos iniciales o posteriormente diferenciales para su utilización. Es evidente en las de streaming o video on demand como Netflix, Amazon, Disney, HBO, Paramount, Spotify, las aplicaciones de respaldo y procesamiento en la nube y hasta las diversas date apps con sus upgrades premium. El “free trial” se contrapone cada vez más con la suscripción monetaria dando lugar a una suerte de “versionismo” recurrente, que transforma cada derecho en un abono y cada clic en una tasa encubierta.

El modelo está llegando a la inteligencia artificial donde tengo desde hace algo menos de un mes algunas experiencias extravagantes, que no hacen más que ratificar la necesidad de articular procesos de resistencia a la monopolización como en los ejemplos mencionados, que apuntan a la construcción colectiva de nubes, redes y plataformas públicas. Decidí suscribirme a la versión “plus” de ChatGpt de la empresa Openai, a fin de dialogar oralmente desde el celular en otras lenguas y en la laptop realizar traducciones, verificaciones de posibles errores sintácticos de textos y la escritura de líneas de código de scripts en lenguaje Python a partir de instrucciones simples. Nada más, ya que mi experiencia y la de colegas en el uso de esta herramienta como buscador de información, no solo no es recomendable, sino muy peligrosa, ya que inventa datos, lo que en la jerga se llama alucinar. Cualquier lector puede experimentar pidiéndole su propia biografía y resultará ser un autor de textos, un músico, artista variado, deportista o profesional diverso.

A partir de una confusión sobre el débito de la suscripción, fui derivado a un recóndito y esquivo formulario que llevó tiempo encontrar sin respuesta alguna. Ante insistencias, dialogando con la propia plataforma, conseguí el mail de support. Presenté mi queja en español y obtuve respuesta en inglés. No tengo inconveniente en leer en esa lengua, pero interrogué inmediatamente por qué si lo que mejor hace la plataforma es traducir, no se traduce a sí misma. La respuesta fue que el sistema solo devuelve en inglés. No hace falta ser inteligente, artificial o naturalmente, para advertir que es un dispositivo de poder desestimulante de quejas e interacciones, al menos para una proporción importante de usuarios no angloparlantes. Entiende mi idioma materno en el que escribo ahora como si fuese un lujo secundario, una mera cortesía circunstancial que podía ser ignorada por capricho algorítmico. Responder en inglés a un reclamo hecho en español revela no solo desprecio, sino la imposición imperial de una lengua dominante que ignora sistemáticamente la diversidad cultural, no por razones técnicas, ya que es su principal capacidad. Este gesto, lejos de un simple error, desnuda una prepotencia cultural y lingüística disfrazada de eficiencia digital. Consulté si tenía posibilidad de dialogar en inglés con algún humano (las firmas van variando nombres) con previsible respuesta: “no way”.

Desde entonces, lejos de recrear la promesa de conversación fluida derivó en un inquietante laberinto de restricciones arbitrarias y exigencias monetarias encubiertas bajo la apariencia técnica de un servicio más avanzado. Desde el momento en que emergieron alertas insistentes, recordando a cada paso la necesidad de adherirse a una modalidad pro la plataforma reveló su verdadera naturaleza: una extorsión sutil disfrazada de recomendación amigable. Aparecen constantemente mensajes coercitivos, estableciendo límites arbitrarios al número de respuestas posibles como recordatorio explícito del chantaje: o se acepta pagar más, o se enfrenta una reducción severa y repentina en la calidad y continuidad del servicio, amparada en decisiones opacas tomadas desde la comodidad anónima de un algoritmo inescrutable. El resultado es la erosión progresiva de la confianza, el desgaste emocional de enfrentar barreras innecesarias y una profunda desilusión con un sistema que, tras prometer ampliar horizontes, termina imponiendo restricciones inexplicadas o recomendando estériles reseteos, navegadores alternativos, eliminación de cookies y cachés, sin excluir la invocación a alguna plegaria algorítmica en vano.

La crítica hacia ChatGPT es también la crítica hacia el propio modelo tecnológico contemporáneo: una promesa brillante que, si no se reapropia socialmente para la emancipación social, rápidamente se convierte en práctica coercitiva, mercantilización y discriminación sutil o desembozada, condenando al usuario a aceptar la imposición económica, la apropiación de datos o la exclusión comunicacional como primer síntoma.

El último intercambio fue al sostener que antes de hacer las pruebas en mi laptop quería saber si mi suscripción plus de 20 dólares mensuales tiene límites en materia de cantidad de consultas, tiempo o lo que fuera y que, los tenga o no, expongan los términos y condiciones del contrato. La respuesta, que traduzco aquí con su auxilio fue: “Agradezco su interés en obtener una explicación clara sobre los límites de uso de ChatGPT Plus y cómo se comunican. Tenga la seguridad de que puedo aclararle este punto. Los límites de nuestro modelo GPT 4.5 varían en función de varios factores y no hay un número fijo documentado debido a la fluctuación de la demanda. Aunque los usuarios gratuitos no tienen acceso a GPT 4.5, los usuarios Plus, Pro, Team y Enterprise acceden a este modelo a diario. Para mantener una experiencia fluida para todos los usuarios, las suscripciones pueden incluir límites de uso, como límites de mensajes, que pueden variar en función de las condiciones del sistema y los periodos de alta demanda. Espero que esto le ayude. Si necesita algo más, no dude en ponerse en contacto con nosotros”.

La inteligencia artificial, lejos de emancipar, reproduce la más antigua de las formas de opresión humana: el chantaje disfrazado de progreso, la coacción envuelta en amabilidad algorítmica. Al igual que en los locales de feria donde el valor de la compra otorga más o menos chances para una rifa, Openai propone suscribirse a las fluctuaciones de demanda, variaciones de sistema, o tan solo recibir presiones para escalar en la tarifa. Así, la inteligencia artificial, lejos de ser la vanguardia de una nueva ilustración, se desliza como disfraz amable del viejo vasallaje: cobrar por preguntar, pagar por existir, rendirse al algoritmo. Nada artificial, sino la más humana y analógica de las vivezas, maquillada con silicio: extorsión pura.

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México: CNTE anuncia nueva «gran movilización» en la CDMX; inicio del próximo ciclo escolar depende de respuesta del gobierno, alertan

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Corte Suprema de EE.UU. permite a Trump desmantelar el Departamento de Educación

La Corte Suprema de Estados Unidos (EE.UU.) aprobó este lunes la reanudación del plan del presidente Donald Trump para desmantelar el Departamento de Educación, permitiendo el despido de al menos 1.400 empleados y la reestructuración de funciones clave de la agencia.

Esta decisión, tomada con el voto en contra de los tres jueces progresistas, suspende una orden judicial previa que había bloqueado los recortes y cuestionado la legalidad del plan. El fallo anula la medida emitida por el juez federal Myong Joun en Boston, quien había ordenado un mandato judicial preliminar para revertir los despidos masivos y detener el proceso de desmantelamiento.

Según Joun, los recortes de personal “probablemente paralizarán al Departamento” de Educación, afectando su capacidad para cumplir con funciones esenciales, como la supervisión de programas de ayuda estudiantil y la protección de derechos civiles en la educación. Sin embargo, un tribunal federal de apelaciones se negó a suspender la orden mientras la administración Trump apelaba, lo que llevó el caso al máximo tribunal del país.

La decisión de la Corte Suprema representa una victoria para Trump, quien ha hecho del desmantelamiento del Departamento de Educación una de sus principales promesas de campaña. La medida busca reducir el rol del Gobierno federal en la educación, transfiriendo mayor control a los estados.

Un grupo de 21 fiscales generales, demócratas, distritos escolares y sindicatos presentaron demandas, argumentando que el desmantelamiento perjudicaría gravemente las operaciones del Departamento de Educación.

Organizaciones como Democracy Forward, que representa a algunos demandantes, calificaron el fallo como “un golpe devastador a la promesa de este país de garantizar educación pública para todos los niños”. Por su parte, la administración Trump ha defendido la legalidad de sus acciones, argumentando que reflejan la voluntad de los votantes y buscan optimizar la eficiencia del Gobierno.

La Administración del presidente estadounidense Donald Trump, había presentado un recurso ante la Corte Suprema de ese país norteamericano para desmantelar el Departamento de Educación. Este paso pretendía buscar la clausura de la entidad federal, transfiriendo su autoridad a los estados.

Según la Casa Blanca, el objetivo es presuntamente reducir el gasto público y devolver el control educativo a nivel local.

https://www.telesurtv.net/corte-suprema-eeuu-permite-trump-educacion/

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Venezuela: Sector universitario protestó ante el Ministerio de Educación Universitaria por bono vacacional

Desde tempranas horas de la mañana de este jueves más de 150 trabajadores y profesores universitarios que se coordinan en el Comando Interfederativo Universitario, integrado por la FAPUC, FETRAESUP y FENACIPRU, realizaron una activa protesta reclamando por sus derechos laborales y salariales. En esta ocasión por una demanda de cumplimiento inmediato, el ajuste del bono vacacional que se pagará en los próximos días. Manifestaciones similares se realizaron también en Valencia y Maracay.

Desde la concentración llevada a cabo en Caracas, Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela (SinatraUCV) planteó que, además del ajuste en el cálculo de bono vacacional, reclamaron a las autoridades los distintos pagos que tiene que concretarse como lo son los del Fideicomiso, Cajas de ahorro, previsión social y todo aquello que hoy tenga en deuda. Por ello es que solicitaron una reunión al ministro Ricardo Sánchez para llegar a acuerdos que permitan superar la grave crisis salarial que vive el sector universitario.

El representante de SinatraUCV enfatizó que lo que reciben como bono de “guerra económica” constituye actualmente el principal ingreso que reciben los trabajadores universitarios, siendo que “es periódica, recurrente y se nos paga como contraprestación por nuestro trabajo. En consecuencia, lo justo y lo legal, es que se incluya en el cálculo del bono vacacional. No hacerlo, constituye un fraude a la Ley”, recalcó.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (Apucv), José Gregorio Alfonso, ya había denunciado que profesores, trabajadores administrativos y obreros de la UCV, que el bono vacacional que cobrarán en los próximos días, mantiene el mismo valor nominal en bolívares que en 2022, lo que representa una pérdida de poder adquisitivo cercana al 95% debido a la inflación acumulada. Cuestionó que, pese a que el Ejecutivo anuncia un crecimiento económico en el país, esto -a su juicio- «no responde a las justas demandas laborales».

El bono vacacional, equivalente a 105 días de salario integral, es una miseria con el sueldo actual de 130 a 522 bolívares, pues indican que el mismo se pagará con base al último aumento decretado por el Gobierno el cual fue de 130 bolívares en el 2022. Por tal razón es que proponen incluir el bono de guerra económica en el cálculo del vacacional para poder llegar a 400 dólares. “Hay tiempo en julio para corregir”, insistió. En 2022, el tipo de cambio favorecía; hoy, la inflación lo destruye todo. Con la protesta denuncian dicha situación y por otra parte presionar al gobierno para que cumpla.

Durante la manifestación representantes del Comando Interfederativo fueron recibidos por el viceministro de Educación, Ryan Rojas y otros funcionarios gubernamentales. Eduardo Sánchez declaró que se hizo entrega de una comunicación ante el despacho ministerial con la que solicitaron la inclusión del denominado bono contra la guerra económica en la base de cálculo del bono vacacional y el bono recreacional. Tras la reunión, anunciaron que se constituyeron varias mesas de trabajo para el conjunto de los reclamos pendientes del sector universitario, pero sobre el bono no hubo respuesta concreta.

https://www.aporrea.org/educacion/n406982.html
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Educación Emocional, la nueva asignatura en los colegios de Colombia

Aprobado el proyecto de ley, solo falta la sanción del presidente Petro para iniciar la implementación de la nueva cátedra en los colegios del país.

La Comisión Sexta del Senado de la República aprobó en su cuarto y último debate la ley que crea una nueva cátedra que será obligatoria en los colegios de Colombia. Se trata de Educación Emocional, la nueva asignatura que sería incluida en los pénsums, solo a falta de la sanción por parte del presidente Gustavo Petro.

El sustento del proyecto tuvo como guía el Programa de Desarrollo Psicoafectivo y Educación Emocional (Pisotón) de la Universidad del Norte, referente académico en temas de educación emocional a nivel nacional e internacional.

Adicional a esto, la ley que estuvo sustentada en la tesis doctoral de la Dra. Ana Rita Russo de Vivo, «permitirá la potencialización de habilidades para la vida y competencias emocionales, así como la prevención de conductas de riesgo y problemas que afectan el bienestar emocional y el desarrollo integral de la niñez, infancia y adolescencia en Colombia».

Los impulsores del proyecto fueron los senadores Mauricio Gómez Amín, Diela Liliana Benavides Solarte, José Alfredo Gnecco, Antonio Zabaraín Guevara y Liliana Bitar Castilla.

Según ellos, la nueva cátedra ayudará a los estudiantes a tener un desempeño académico superior, una mejora en la salud física, mejores habilidades de interacción social, pensamiento crítico en la toma de decisiones, prevención de adicciones y, de forma general, una mejor calidad de vida.

«La Educación Emocional permite fortalecer y potencializar habilidades en los niños, niñas y adolescentes que contribuyen a la solución pacífica de conflictos, siendo agentes constructores y promotores de paz y reconciliación en la sociedad, que aporten al escenario de posconflicto que se está construyendo en Colombia, después de la firma del acuerdo de paz», reza el documento del proyecto.

En ese sentido, el documento advierte que serán priorizados los menores de las zonas más apartadas del país, las cuales han sido las más afectadas por el conflicto armado.

Asimismo, los senadores dejaron ver que la nueva cátedra estará estrechamente relacionada con la salud mental de los alumnos, la cual afronta retos todavía más difíciles tras la pandemia del COVID-19.

«Ha incrementado los problemas ya existentes en materia de salud mental para personas de todas las edades a través del mundo, siendo los niños, las niñas y los adolescentes catalogados como uno de los grupos más afectados por los expertos debido al cierre de las instituciones educativas y de otros espacios de esparcimiento», se lee en el documento.

Ahora, el Ministerio de Educación Nacional deberá diseñar y liderar un plan de capacitación dirigido a docentes, orientadores, trabajadores sociales y cuidadores de preescolar, primaria y secundaria.

El proceso contará con el respaldo de un Comité Científico, Académico y Técnico en Educación Emocional que deberá conformarse una vez entre en vigor la ley.

El comité estará conformado por delegados del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, Fecode, el Colegio Colombiano de Psicólogos, asociaciones de padres de familia y expertos, que deberán orientar la implementación de la cátedra en los currículos escolares.

https://elcronista.co/actualidad/educacion-emocional-la-nueva-asignatura-en-los-colegios-de-colombia

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Mientras lee esta columna, nueve niñas y adolescentes darán a luz en América Latina y el Caribe

Por Susana Sottoli

Cada 20 segundos, una adolescente se convierte en madre en América Latina y el Caribe. Anualmente, más de 1.600.000 chicas de 10 a 19 años dan a luz, cambiando para siempre el curso de sus vidas y la de sus hijos. Solo África Subsahariana registra una tasa de fecundidad adolescente más alta que la de nuestra región.

Acá la desigualdad se manifiesta de manera cruel y persistente. Por ejemplo, las adolescentes afrodescendientes tienen 50% más probabilidades de ser madres que sus pares. También hay más nacimientos entre adolescentes indígenas, de zonas rurales y comunidades con bajos ingresos. De esta manera, el embarazo en adolescentes refleja el mapa de la pobreza y la exclusión. Más aún, con adolescentes madres se perpetúa el ciclo de pobreza.

Pensemos por un momento en lo que significa para las propias adolescentes. Son millones de sueños incumplidos y vidas truncadas por el peso de una maternidad temprana, la gran mayoría no planificada ni deseada. Por el contrario, a las mujeres que postergaron la maternidad les va mucho mejor.

Los estudios que hemos llevado a cabo desde el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 15 países nos permitieron comparar estos dos grupos: mujeres que fueron madres entre los 10 y 19 años, y mujeres que lo hicieron a partir de los 20 años. Sus trayectorias de vida son marcadamente diferentes. Las mujeres que tienen su primer hijo en la adolescencia tienen tres veces menos probabilidades de alcanzar estudios universitarios, y sus ingresos pueden ser hasta tres veces menores que los de las mujeres que son madres a partir de los 20 años.

El embarazo en adolescentes trasciende lo individual; es el reflejo de una crisis regional de inequidad y exclusión que exige una respuesta colectiva. Tampoco es meramente una cuestión de ideologías. El evitar que niñas y adolescentes sean madres prematuramente debería atraer la adhesión, las alianzas y el esfuerzo colectivo de las sociedades, más allá de posiciones políticas. ¿Quién quiere que una adolescente deje de ir a la escuela, deje de jugar, practicar música o deportes? ¿Quién quiere que deje de abrazar la vida con todas sus oportunidades para convertirse en madre tempranamente? ¿Quién quiere que una niña muera por causas relacionadas con el embarazo, el parto o el postparto? No podemos seguir siendo testigos de casos donde niñas asumen la responsabilidad de cuidar bebés.

En la investigación El precio de la desigualdad: Las consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana en América Latina y el Caribe, combinamos análisis realizados entre 2019 y 2024 en Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Surinam. Calculamos el costo de oportunidad del embarazo en adolescentes y la maternidad temprana, el cual estimamos que asciende a 15.300 millones de dólares para los 15 países estudiados. Gran parte de este costo (88%), recae sobre las propias madres jóvenes en temas como educación, ingresos, inactividad laboral y desempleo. El resto lo asume el Estado, por el gasto adicional en salud del embarazo, parto y postparto, al igual que por potenciales pérdidas fiscales.

Comprobadamente, este es un obstáculo para el desarrollo socioeconómico. La buena noticia es que hay estrategias exitosas que han logrado reducir la tasa de fecundidad adolescente. De hecho, en los últimos 15 años esta se redujo en un 32% en la región. Sin embargo, el ritmo se estancó durante la pandemia y no se ha recuperado. En estos momentos, es preciso tomar acciones para acelerar los avances y no perder oportunidades.

Para hacerlo, son necesarias políticas públicas e inversiones sostenidas y oportunas. Felizmente, no estamos empezando desde cero. Tenemos evidencia, datos y experiencias que nos indican cuál es el camino a seguir. Países como Argentina, Chile, México y Uruguay han demostrado que es posible lograr avances significativos a través de estrategias de Estado que involucran a diferentes sectores con inversiones oportunas y estratégicas. Otros países han avanzado promulgando leyes que prohíben el matrimonio infantil, adaptando los servicios de salud a las necesidades de adolescentes, y empoderándolas desde las instituciones sanitarias, educativas, religiosas o comunitarias.

Es vital invertir en programas y políticas que garanticen tanto el acceso a información basada en evidencia científica como a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad que permitan a las adolescentes tomar decisiones informadas, incluyendo el acceso a métodos anticonceptivos modernos. Es necesario mantenerlas en la escuela, ofrecerles un proyecto de vida alternativo a la maternidad temprana, e incentivar el apoyo de familias y comunidades para evitar la normalización de relaciones inapropiadas, así como roles y expectativas de género que se constituyen en camisas de fuerza para las niñas y adolescentes.

Más aún, reducir el embarazo en adolescentes no es solo un imperativo ético y de derechos, es una buena política social y una inversión inteligente y costoefectiva, que puede generar entre 15 y 40 dólares de retorno por cada uno invertido, dependiendo del país.

En los tres minutos que pasaron mientras leías este artículo, nueve chicas dieron a luz en América Latina y el Caribe. Si invertimos en prevenir que esto suceda, tendremos un futuro donde ellas puedan seguir desarrollándose y conquistando el mundo junto a sus familias, comunidades y países.

El País

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