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Por: Amnistía Internacional/18-01-2016

Las autoridades saudíes han empezado el año intensificando la represión de activistas de derechos humanos, asestando así otro duro golpe a los últimos vestigios de la sitiada sociedad civil, ha declarado Amnistía Internacional.

En las últimas semanas, una serie de activistas han sido detenidos o han sido llevados ante los tribunales en relación con su trabajo pacífico por los derechos humanos, una señal de que las autoridades prevén continuar con su implacable represión de la disidencia pacífica. Entre las personas afectadas hay un activista que afronta cargos por facilitar información a Amnistía Internacional.

“La última oleada de detenciones ha suscitado el temor de que 2017 sea otro año negro para los derechos humanos en Arabia Saudí mientras las autoridades continúan con sus intentos de aplastar cualquier indicio de movimiento por los derechos humanos en el país”, afirmó Lynn Maalouf, directora adjunta de Investigación de la Oficina Regional de Beirut de Amnistía Internacional.

“Los activistas de derechos humanos en Arabia Saudí son una especie en peligro. Se desvanecen uno a uno enjuiciados, encarcelados, intimidados para que guarden silencio u obligados a exiliarse, poniendo de relieve la política de las autoridades de tolerancia cero hacia la libertad de expresión.”

Los activistas de derechos humanos en Arabia Saudí son una especie en peligro. Se desvanecen uno a uno enjuiciados, encarcelados, intimidados para que guarden silencio u obligados u obligados a exiliarse.

Hoy, Abdulaziz al Shubaily, defensor de los derechos humanos y miembro fundador de la Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos (ACPRA), organización independiente de derechos humanos ahora disuelta, ha comparecido ante el Tribunal Penal Especializado, encargado de juzgar los casos de terrorismo, y ha sido condenado de nuevo a ocho años de prisión en relación con su trabajo por los derechos humanos. Estaba acusado de diversos cargos, como “comunicarse con organizaciones extranjeras” y proporcionar información a Amnistía Internacional para su uso en dos informes. Casi todos los miembros de la ACPRA han sido enjuiciados o encarcelados.

El 8 de enero, Essam Koshak, defensor de los derechos humanos, fue citado para ser interrogado por el Departamento de Investigación Criminal (CID) en La Meca, hacia las 5 de la tarde, hora local. Pese a que acudió de inmediato a la comisaría de policía de Al Mansour, fue detenido y nunca regresó a su casa. Según la información de que dispone Amnistía Internacional, no se le ha permitido nombrar a un abogado y lo están interrogando sobre su cuenta en Twitter, que usaba principalmente para difundir cuestiones de derechos humanos en Arabia Saudí.

Apenas unos días antes, el 5 de enero, Ahmed al Mushaikhass, miembro fundador del Centro Adala para los Derechos Humanos, organización independiente de derechos humanos a la que no se ha permitido inscribirse legalmente en el país, recibió una llamada telefónica del CID pidiéndole que se presentara en la comisaría de policía de Al Qatif para ser interrogado. El 8 de enero fue trasladado a la comisaría de Al Dammam, donde permanece bajo custodia. Desde entonces está siendo interrogando por la Oficina de Investigación y Enjuiciamiento (BIP). Ahmed al Mushaikhass es un defensor de los derechos humanos conocido por su labor, que incluía ayudar a familiares de personas detenidas en la Provincia Oriental a exponer sus casos ante las autoridades. Su hermano, Yussuf al Mushaikhass, fue condenado a muerte en enero de 2016 tras participar en protestas en la Provincia Oriental y podría ser ejecutado en cualquier momento.

El 18 de diciembre, Issa al Nukheifi, activista de derechos humanos y miembro de la ACPRA, fue citado para ser interrogado en la sede de la BIP en La Meca. Entre otras cosas, lo interrogaron acerca de sus tuits de apoyo a activistas de derechos humanos y otros detenidos saudíes. Actualmente está en la prisión general de La Meca. Al Nukheifi había sido encarcelado con anterioridad, en 2013, en relación con su labor por los derechos humanos, y cumplió tres años de prisión antes de ser excarcelado en abril de 2016. Tras su liberación, siguió denunciando violaciones de derechos humanos en Arabia Saudí y era una persona molesta para las autoridades.

Cualquier persona que se atreva hoy a defender los derechos humanos en Arabia Saudí está en peligro.

“La implacable persecución de los defensores y defensoras de los derechos humanos es una campaña flagrante encaminada a disuadirlos de hablar de la situación de estos derechos en el país y de trabajar en favor de las víctimas de violaciones. Los activistas de derechos humanos detenidos sólo por su trabajo a favor de estos derechos deben ser puestos en libertad inmediata e incondicionalmente”, concluyó Lynn Maalouf.

“Cualquier persona que se atreva hoy a defender los derechos humanos en Arabia Saudí está en peligro. No parece que esta campaña vaya a terminar pronto, por lo que ahora es más importante que nunca que los aliados de Arabia Saudí se pronuncien en contra de esta creciente represión.”