Argentina / 19 de mayo de 2019 / Autor: Laura Vales / Fuente: Página 12
Otra muestra de la desinversión en infraestructura educativa
Tras la explosión del año pasado, la gobernadora María Eugenia Vidal se había comprometido a garantizar buenas condiciones edilicias para inicios del año, pero el 45 por ciento de las escuelas del distrito carecen de calefacción y de comida caliente.
A un mes del comienzo del invierno, 90 escuelas de Moreno están sin gas porque no se terminaron de realizar las conexiones o no fueron habilitadas. La situación afecta a más del 45 por ciento de los edificios escolares del distrito, donde en agosto pasado perdieron la vida en una escuela la vicedirectora Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez por la explosión de una garrafa. La gobernadora María Eugenia Vidal se comprometió a garantizar para comienzos de este año lectivo buenas condiciones en las aulas a las que asisten 125 mil alumnos. Sin embargo, lo días han pasado sin que los problemas con el gas queden resueltos. Como consecuencia directa, miles de chicos no pueden tener un plato de comida caliente en los comedores escolares.
“El Servicio Alimentario Escolar ha estado prácticamente interrumpido desde el 2 de agosto de 2018, y las conexiones de gas siguen con muchos problemas. Eso nos trae muchas dificultades”, dijo a PáginaI12 Mariana Cattáneo. La secretaria general del Suteba-Moreno detalló que “las viandas y la comida lista para el consumo de la que habla la provincia consiste en fiambre y pan todos los días, más un juguito y a veces una fruta de pésima calidad”.
A esto se suma la preocupación por la próxima llegada de los días fríos en aulas que carecen de calefacción.
Las obras de las escuelas de Moreno pasaron por varias etapas. La primera fue de medidas de aseguramiento: en agosto en las escuelas fue cortado el gas para que no hubiera nuevas explosiones; en algunos casos, pusieron disyuntores para evitar accidentes eléctricos. Las obras debían realizarse entre diciembre y enero, durante el receso escolar, con un plazo de finalización previsto para febrero. En marzo, sin embargo, 40 colegios no pudieron abrir para iniciar normalmente las clases. Hoy están todos abiertos, pero el 45 por ciento no tiene sus conexiones de gas en funcionamiento.
“Los arreglos del gas requieren que se realice una prueba de hermeticidad para que se habilite la conexión y eso viene muy demorado”, indicó Cattáneo. El gremio responsabiliza tanto a la gobernación provincial como a la municipalidad, ya que las obras fueron divididas. En los dos casos hay atrasos.
“En Moreno tenemos una demanda permanente sobre las escuelas. La crisis económica nos pega especialmente porque somos un distrito en crecimiento poblacional, a la que está llegando gente; entonces, tenemos atrasados los cupos, las escuelas no tienen dónde cocinar, todo lo que se distribuye es fiambre y juguitos. A lo que llega en buen estado, como las galletitas, lo mandan en porciones de miseria. Están mandando al secundario paquetitos de galletitas de 18 gramos, cuando los alumnos son adolescentes y sabemos que, en contextos de crisis, son los que comen menos en la casa”.
“En resumen: no hay comida caliente, lo que llega es insuficiente y para calentar agua tenés una pava eléctrica en escuelas con 600 o mil pibes, un recurso que obviamente no sirve”, concluyó Cattáneo. “Los pibes de Moreno son tratados como si fueran de cuarta. Mientras que en la Ciudad de Buenos Aires se destinan 80 pesos por chico para el servicio de comedor escolar, acá el presupuesto es de apenas 22 pesos por alumno. Es claro que no hay posibilidad de darles una comida digna”.
Desde la explosión que provocó las dos muertes en la escuela de Moreno pasaron casi diez meses. La semana pasada, la comunidad educativa se movilizó al municipio con estos reclamos. Ya habían marchado antes al Consejo Escolar, donde hicieron una permanencia pidiendo la regularización de los servicios de gas.
“Vemos que el gobierno actúa sólo bajo presión extrema. La primera gran presión fue que no hubiera clases. Pudimos constituir así un comité de seguimiento de los problemas de infraestructura con estudiantes, familias, sindicatos y organizaciones sociales que recorrió escuelas controlando y denunciando. Durante el receso de verano, el avance de las obras se relajó. En marzo hubo todo un movimiento para que no saliera en los medios que después de cuatro meses, había escuelas que seguían cerradas en el comienzo del ciclo. Las escuelas fueron abiertas, pero seguimos con problemas y lo concreto es que el gobierno nuevamente está discontinuando su presencia”.
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Puerto Rico / 24 de febrero de 2019 / Autor: Maricarmen Rivera Sánchez / Fuente: El Vocero
La secretaria planteó tal posibilidad a pesar de la baja en la población estudiantil y al cierre de cientos de escuelas públicas
La secretaria de Educación, Julia Keleher, adelantó que para el próximo año fiscal podría solicitar cerca de $1,000 millones adicionales para operar la agencia, a pesar del cierre de cientos de planteles y de la creación de las escuelas chárter, sistema que pone unidades académicas en manos de entidades privadas sin fines de lucro.
Su estimado es que —por cada estudiante— se necesita una asignación de $9,000. El presupuesto actual por estudiante es de $6,500, según dijo Keleher.
Explicó que el presupuesto de este año fiscal es de $1,300 millones en fondos estatales y $1,000 millones en fondos federales.
“Sería como un billón más en fondos estatales”, dijo la secretaria al hablar de la petición que consideran para el próximo año fiscal, que comienza el 1ro de julio.
Afirmó que la creación de las escuelas alianza no implica un ahorro para la agencia, que sigue costeando el gasto por estudiante. Ahora las empresas contratadas han determinado que el dinero asignado no es suficiente.
“Las escuelas chárter ven que con una asignación de $4,000 por estudiante no les da”, sostuvo Keleher.
Versiones encontradas
Esto contrasta con las expresiones que hizo el gobierno al aprobar la reforma educativa e impulsar las escuelas chárter. El discurso entonces fue que —al ser entidades privadas— serían más eficientes con los fondos estatales y podrían administrar una escuela con menos dinero.
“Una escuela alianza no crea un ahorro para el sistema”, dijo Keleher.
A las necesidades fiscales de la agencia —la entidad con el mayor presupuesto en el gobierno— se suma el hecho de que para el año que viene hay fondos que no llegarán. Por ejemplo, Educación operó este año con $500 millones en fondos federales no recurrentes que se asignaron como parte de la recuperación posthuracán María.
Cargo al presupuesto estatal
Ese dinero, manifestó Keleher, debe buscarse ahora en el presupuesto estatal para cubrir cosas como los enfermeros y la seguridad en las escuelas. La baja poblacional, advirtió, también afectará la cantidad de fondos federales que se asignan a la agencia.
“No tengo esos fondos para el año que viene”, precisó. “Esto es usando $24 millones (de esos fondos) para seguridad y $36 millones para libros”.
En entrevista con EL VOCERO, la secretaria reiteró que no habrá más cierre de escuelas para el próximo año. “Es que no se puede”, afirmó.
En Puerto Rico el presupuesto lo presenta el gobernador Ricardo Rosselló ante la Legislatura, pero —además de ser aprobado por Cámara y Senado— debe ser certificado por la Junta Federal de Control Fiscal.
El presupuesto actual fue certificado luego de que el Tribunal Federal determinara que el documento de ingresos y gastos sería el certificado por la junta fiscal y no el presentado por el gobernador y aprobado por la Legislatura.
Es “la visión” de Keleher
El suboficial de la oficina del principal oficial financiero del gobierno (CFO, por sus siglas en inglés), Francisco Peña, dijo que la petición de $1,000 millones responde a la “visión” de Keleher para la agencia.
“Eso es lo que ella entiende que debe ser el presupuesto para cubrir unas necesidades que no han sido cubiertas”, sostuvo Peña.
“En la oficina del CFO vamos a evaluar esto con ella y la junta (fiscal) para explicar a dónde queremos llevar el sistema educativo”. Añadió que en el proceso evaluarán las prioridades y lo que debe ir a un segundo plano.
“Pero ese presupuesto responde a lo que es su visión de lo que debe ser la educación”, sentenció.
Según dijo, el presupuesto para el próximo año fiscal se evalúa a base de los parámetros que la junta federal envió en enero.
Por otro lado, un vocero de la junta fiscal indicó que el organismo esperará a que Educación someta su presupuesto —al igual que las demás agencias— para entonces evaluarlo.
El lío de comedores escolares
Sobre la controversia reciente en comedores escolares, la secretaria reiteró que —a su entender— no se sirvió comida dañada a los estudiantes. “Yo no tengo conocimiento de que los estudiantes hayan comido algo expirado”, expresó.
La controversia la generó una investigación realizada y difundida en el programa Jay y sus Rayos X, de Telemundo, en la que se cuestiona la calidad de los alimentos servidos a los niños en los comedores escolares y supuestas irregularidades en la contratación de la compañía suplidora de los mismos.
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Al comienzo del año escolar, mientras la mayoría de los estudiantes de primaria charlaban y comían pasta caliente en la cafetería, casi una decena de niños inmigrantes destapaban emparedados en tres mesas de un salón de clases que estaba desocupado y tenía persianas púrpuras horizontales, muebles monótonos de oficina y un letrero que decía “Estudiantes que traen su almuerzo de casa”.
“Quería regresar a la cafetería”, dijo Khadiga Comaa, una niña egipcia de 10 años.
Khadiga y los demás no pertenecían a un grupo de estudiantes con mal comportamiento. Los habían segregado del resto de los alumnos en la escuela Archinti de Lodi porque habían perdido su subsidio diario para el almuerzo.
Eso se debía a que no lograron cumplir con un nuevo requisito (algunos críticos lo califican de punitivo) que introdujo la alcaldesa de la ciudad, una integrante de la Liga, el partido gobernante y de postura antiinmigrante.
Además de la documentación habitual necesaria para los subsidios del autobús y el almuerzo, la alcaldesa ahora exige que los extranjeros demuestren que no tienen propiedades, cuentas en el banco ni otras fuentes de ingresos en sus países de origen.
Sin esas pruebas, los niños no pueden obtener el subsidio del almuerzo y en cambio tienen que pagar 5 euros al día, una cantidad que muchos padres dicen que no pueden costear. Sin embargo, en las escuelas de Lodi, como en gran parte de Italia, los niños no pueden traer comida del exterior a la cafetería.
Eso implicó que los estudiantes que no habían pagado ni recibido subsidios tenían que ir a casa a almorzar. Para evitarles esa carga a los padres, el director de la escuela permitió que los niños trajeran emparedados de casa y los comieran en un salón aparte.
Los informes de segregación en Lodi —y la violación del ritual sagrado italiano de almorzar juntos— tocaron una fibra sensible en Italia.
Después de la indignación nacional, los italianos recaudaron 80.000 euros para pagar los almuerzos y los autobuses escolares hasta diciembre de casi doscientos niños inmigrantes, muchos de ellos nacidos y criados en Italia. Además, muchos dijeron que el esfuerzo era una primera señal de resistencia a la Liga y a Matteo Salvini, su líder nacional y el poderoso vicepresidente de Italia, quien ha impuesto medidas estrictas respecto a la inmigración, ha endurecido la oposición a la ciudadanía por derecho de nacimiento y ha hablado despectivamente sobre los migrantes.
No obstante, aquí en Lodi, una ciudad en el fértil valle del río Po, con una hermosa plaza cubierta de piedras de río adoquinadas y adornada con una catedral medieval y fachadas neoclásicas, muchos lugareños adoptaron otra postura.
El 16 de octubre por la mañana, mientras el comité que había recaudado dinero para los niños sostenía un mitin en una pequeña plaza justo debajo de las oficinas de la alcaldía, Adriana Bonvicini, de 60 años, compraba gladiolas en la florería de la plaza.
“Están aprovechándose de los sentimientos de la gente y los niños para obtener lo que quieren”, dijo, señalando la plaza, llena de mujeres con hiyabs y vestidos africanos.
“Están intentado que parezcamos descorazonados”, continuó. “Ellos son los crueles. Es una cuestión de justicia. Cada familia tiene cinco hijos y quieren todo gratis. Recuerden lo que dijo Erdogan”.
Esa era una referencia a Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, quien ha animado a la gente turca que vive en Europa a que “no solo tenga tres sino cinco hijos”. Lo citó inexactamente: “Invadiremos Europa a través de los vientres de nuestras mujeres”.
Las mujeres que rodeaban a Bonvicini estuvieron de acuerdo.
Argumentaron que no era tan difícil que los extranjeros obtuvieran pruebas de sus embajadas y que se aprovechaban de la generosidad de la ciudad para después quejarse.
Para acabar pronto, pensaban como la gente que votó por la Liga en la ciudad y en todo el país.
“Déjenlos gobernar”, dijo Bonvicini, refiriéndose al gobierno.
Sin embargo, las madres que habitan en Lodi y vienen desde Túnez y Egipto dijeron que regresaron a casa para obtener los documentos pero que no existía ninguno. Una madre de Nigeria dijo que su esposo fue a la embajada en Roma y envió los documentos requeridos a la ciudad, pero aún no le habían respondido y tenía problemas para pagar el costo total del transporte de su hijo.
La alcaldesa Sara Casanova tenía el apoyo de Salvini (“¡¡¡TIENE RAZÓN!!!”, escribió él en Twitter). El 16 de octubre nadie podía encontrarla.
Rechazó una solicitud de entrevista de The New York Times, pero dijo a La Verità, un diario favorecido por el gobierno, que no les exigía la documentación a las personas provenientes de países destrozados por la guerra: “No somos racistas y aquí no hay ningún apartheid”.
Las regiones del norte controladas por la Liga también han exigido que los inmigrantes demuestren su estatus financiero a través del mismo requisito burocrático usado en Lodi cuando intentan obtener vivienda pública de bajo costo y subsidios para comprar libros de texto. La ciudad de Lodi, que alguna vez fuera un famoso campo de batalla para Napoleón, ahora para los manifestantes es un frente contra el racismo progresivo y el fascismo resurgente del gobierno.
“Lo siento por Italia si creen que esto es igualdad”, dijo Imen Mbarek, de 30 años, quien dijo que regresó a Túnez para obtener los documentos adecuados pero que simplemente no existían. Ahora está pagando el costo total del almuerzo para la escuela; el año pasado, dijo, pagó 1,65 euros al día.
Eugenio Merli, el director de la escuela de Archinti —que lleva el nombre de Ettore Archinti, un exalcalde de Lodi que fue enviado por los fascistas a morir en un campo de concentración nazi —defendió su decisión de poner a los niños en un salón de clases aparte para comer.
“Comer en el salón de clases generaba un tipo de separación, pero era una manera para ayudar a los padres”, comentó. Además, agregó que se preocupaba de que, si obligaban a los niños a irse a casa para almorzar, quizá no regresarían.
Este mes, forzó a quienes atienden la cafetería a que dejaran entrar a los estudiantes, donde comieron sus emparedados en mesas aparte.
“Los niños tienen el derecho de estar con sus amigos, de que no los segreguen”, comentó. “No solo vienen a la escuela a estudiar. También están aprendiendo cómo vivir juntos”.
Afuera de la escuela, saludó a Khadiga Gomaa, quien se mostró de buen humor. Dijo que había comido su primer almuerzo caliente con sus amigos desde que comenzó el año escolar.
“Comí pasta penne, bacalao y ensalada”, dijo. “Estaba rico”.
Italia / 21 de octubre de 2018 /Autor: EFE / Fuente: El Diario
La alcaldesa de la localidad de Lodi y miembro de la ultraderechista Liga exigió a las familias de los niños extranjeros más documentación de la que se exige a los italianos para obtener tarifas menores en los comedores de sus colegios
Al no haber podido presentar estos documentos, a las familias se les ha exigido el pago de la cuota máxima para los servicios escolares y como no la pueden pagar, han tenido que renunciar a ellos
La medida ha provocado duras críticas por parte de varios sectores y los partidos de la oposición
Decenas de niños inmigrantes no pueden acceder al comedor de sus colegios en la localidad italiana de Lodi, al norte, después de que el Ayuntamiento haya obligado a sus familias a pagar unas tarifas más altas por no presentar una documentación adicional a la que piden a los italianos.
La medida ha provocado la indignación en muchos sectores y una llamada a la solidaridad por la que la asociación «Iguales deberes» ha recogido en pocas horas cerca de 60.000 euros que cubrirían hasta el próximo diciembre los servicios escolares como el comedor o el transporte, según han informado este lunes los medios de comunicación.
La iniciativa comenzó después de que la alcaldesa de la localidad y miembro de la ultraderechista Liga, Sara Casanova, exigió en una ordenanza a las familias de los niños extranjeros más documentación de la que se exige a los italianos para obtener tarifas menores en los servicios escolares.
Además de los documentos habituales que prueben la renta familiar para calcular la cuota que se debe pagar, a los extranjeros se les está exigiendo otros de sus países de origen que demuestren que no poseen bienes, algo imposible para muchos de ellos que hace años que dejaron sus países o incluso en naciones que no cuentan con registros de propiedad.
Al no haber podido presentar estos documentos, a las familias se les ha exigido el pago de la cuota máxima para los servicios escolares y como no la pueden pagar, han tenido que renunciar a ellos. De esta manera, desde hace una semana, los niños que no han pagado el comedor comen lo que traen de casa y separados de los otros.
En un principio, el ministro del Interior italiano y líder de la Liga, Matteo Salvini, había defendido a la alcaldesa de su partido alegando que «los listillos tienen que pagar». En una declaración en su página de Facebook, ha puntualizado después tras estallar el escándalo, «que se valorará caso por caso» la posibilidad de cada familia de obtener estos documentos.
También se expresó al respecto el ministro de Trabajo y líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), Luigi di Maio, socio de la Liga en el Gobierno, que aseguró en Facebook que «los niños no se tocan». «Si algún padre no se comporta bien, que se multe a ellos, pero no a sus hijos. Este Estado tiene que estar siempre al lado de los niños. Hablaré con el ministro de Educación, Marco Busetti, para que se encuentre una solución», asegura.
El caso de Lodi ha provocado duras críticas por parte de varios sectores y los partidos en la oposición. Para el progresista Partido Demócrata (PD) es una «vergüenza» la decisión del ayuntamiento de Lodi y ha pedido la intervención del Defensor de los Derechos de la Infancia.
«Yo solo tengo una pregunta. ¿Cómo puede dormir tranquila una alcaldesa que echa a los niños de un comedor escolar? ¿A qué nivel de mezquindad habéis llegado?. Parad inmediatamente», ha escrito en Twitter el secretario general del PD, Maurizio Martina.
Argentina – Buenos Aires / 29 de julio de 2018 / Autor: Redacción / Fuente: Página 12
Los docentes porteños anunciaron un paro por 48 horas para reclamar la reapertura de las paritarias, negociación que cerró unilateralmente el gobierno de la Ciudad de Buenos Aire. Los maestros reclamaron ser convocados por el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta para “solucionar el desfasaje salarial que en el primer semestre hizo perder el 8 por ciento del salario”. Los docentes de escuelas privadas también se unieron a la medida.
Los docentes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el sindicato con mayor representación entre los maestros porteños convocaron a un paro de 48 horas, para el próximo lunes y martes, cuando deberían iniciar las clases después del receso invernal.
Además, junto con la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y los metrodelegados convocaron a una concentración frente a la Jefatura de Gobierno porteña, en Bolívar 1, para manifestarse en un mismo reclamo: “contra el ajuste y la reapertura de paritarias”.
“Convocamos a la ciudadanía, a quienes les aumentaron el ABL, las autopistas y las tarifas del subte muy por encima de sus salarios a movilizarnos el próximo lunes, a las 12:00, en Avenida de Mayo y Bolívar”, anunció Eduardo López, titular de UTE, desde una conferencia de prensa. Pedimos diálogo, que Rodríguez Larreta nos convoque para solucionar el desfasaje salarial”, volvió a remarcar el dirigente.
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