Por primera vez, los tres sistemas de educación inicial: Integra, Junji y VTF (Vía Transferencia de Fondos) se unen para rechazar la privatización del sector. La movilización de 24 horas surge en contra del proyecto del Gobierno que establece un sistema de subvención para los niveles medios de dos a cuatro años. Son cerca de 4 mil jardines infantiles paralizados, que se mantienen con turnos éticos.
El contenido educativo del neoliberalismo transicional -desde un enfoque funcional/estandarizador- está definido fundamentalmente por el proyecto curricular que las élites han impulsado de manera hegemónica a partir de los años 90` del siglo pasado, en el marco del meta-relato de la modernización.
En el contexto de las interminables turbulencias del sistema educativo chileno, a pesar de las también interminables reformas impulsadas, cabe preguntarse nuevamente qué es aquello que llamamos educación neoliberal, cuál es su rol y cuál es la amplitud de los aspectos que correspondería impugnar. Una primera perspectiva del neoliberalismo en educación –y la más evidente- apunta al modo en que este traduce la función educativa de la sociedad, concibiéndola como un área más de la actividad económica (como una “industria”, diría el presidente Piñera). Esta mirada supone poner el foco en la rentabilización del capital, teniendo como finalidad la generación de lucro y siendo deseable la máxima expansión (y concentración) del sector. En Chile esto se ha manifestado en el amplio proceso de privatización del sistema escolar experimentado desde los años ’80. A esto se agrega la lógica de eficiencia del rendimiento financiero (voucher) y de optimización de la gestión, tanto institucional como de los procesos de trabajo.
No obstante, la ideología neoliberal establece también una relación trascendente con la sociedad. Considera natural (e incluso deseable) el orden social desigual, por lo que le asigna a la escuela un rol relevante en la función de estratificación social de la estructura del trabajo. Asume que el contendido educativo se distribuye socialmente, como diría Basil Bernstein, conforme a un patrón de códigos elaborados y códigos restringidos, cuestión que finalmente se concreta en el posicionamiento de los individuos dentro de los grupos sociales y determina tendencialmente su rol en la estructura productiva. En concreto, la escuela restringe el conocimiento y reproduce una cultura para pobres y otra para ricos, lo que incide poderosamente en el lugar que estos grupos ocupan en la sociedad.
Al mismo tiempo, la educación neoliberal –controlada por los grupos dominantes- requiere producir una determinada forma de conciencia. Necesita de un conjunto de valores y visiones acerca del mundo que sea funcional a la mantención del orden socio-productivo y a sus claves de funcionamiento; como son el individualismo, la competencia y la meritocracia. El neoliberalismo necesita, en concreto, un nuevo tipo de sujeto, regido por una lógica de razonamiento técnico e instrumental, desprovisto de operaciones que apunten a finalidades trascendentes y sustentadas en reflexiones de naturaleza epistémica e ideológica. Con ese propósito, el orden neoliberal busca que la escuela materialice una idea de aprendizaje funcional, que permita la adaptación a las reglas de funcionamiento de la sociedad en su forma vigente.
Hasta ahora, la impugnación del neoliberalismo educativo -bajo el concepto de mercantilización- ha centrado la crítica preferentemente en el régimen de propiedad, en el esquema de financiamiento y en el modelo de gestión institucional; pero ha descuidado de manera significativa la disputa del contenido propiamente formativo del paradigma neoliberal y de su relación con el proyecto país, cuestiones que tienen fuertes implicancias para la elaboración desde el campo pedagógico y de la filosofía de la educación. No obstante, las élites avanzan sistemáticamente tras ese derrotero, reproduciendo las condiciones culturales en que el orden social adquiere legitimidad y desde el cual perfila el tipo de sujeto/a deseado.
El contenido educativo del neoliberalismo transicional -desde un enfoque funcional/estandarizador- está definido fundamentalmente por el proyecto curricular que las élites han impulsado de manera hegemónica a partir de los años 90` del siglo pasado, en el marco del meta-relato de la modernización. El currículum, en este sentido, se configura como el espacio normativo que, conforme al ideario social dominante, ordena los principios de selección, organización y distribución de la cultura, lo que en los códigos de éxito educativo de la sociedad neoliberal, ello se expresa -tal como lo han señalado M. Apple, H. Giroux y otros numerosos autores del campo de la pedagogía crítica- como demandas de rendimiento y socialización adaptativa. Pero el contenido educativo también está relacionado con un conjunto de dispositivos destinados a orientar el despliegue y control del proceso de formación. Nos referimos a los mecanismos de evaluación de los aprendizajes y a las formas de producción de la docencia y regulación del desempeño pedagógico (formación inicial incluida). Y, por cierto, hace parte esencial del proyecto educativo neoliberal, el concepto de calidad en que se inspira todo el sistema y que se concreta en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), creado en 2011 (con votos de casi todo el espectro político), como un modelo institucional que vino a consolidar la prescripción de logros de aprendizaje que dicho concepto venía tempranamente estableciendo.
De hecho, la palabra “aprendizajes”, en este esquema, se ha convertido en el centro del ideario educativo-pedagógico neoliberal y al que deben responder forzosamente las escuelas. Se trata de un concepto que no ha sido discutido y que, desde el punto de vista curricular, define logros como desempeños de tipo académico-conductual, altamente fragmentarios, funcionales y descontextualizados. Es, en los hechos, un estándar de contenidos y habilidades (saturados y reiterativos) que homogenizan el proceso educativo y que reducen completamente la idea de formación escolar, viabilizando con ello la noción de sujeto técnico y adaptativo que el modelo de sociedad vigente necesita.
Pero allí, la perspectiva crítica, tanto desde la academia como desde los actores políticos, no ha hecho el esfuerzo sistemático de producir una elaboración que confronte el diseño de la política pública en este ámbito. La dimensión del contenido educativo ha sido mirado erróneamente como temas “técnicos” y de escaso valor político. La ausencia de disputa en este plano (incluida la desidia de las izquierdas por el tema educativo en general) terminan reforzando la gremializacion de las demandas y ayudan, por omisión, a consolidar el proyecto de sociedad hegemónico. Al no haber controversia pública ni respuestas verosímiles al ideario de la calidad, se profundiza, en las nuevas generaciones un proyecto formativo descontextualizado y de neutralidad cómplice frente a los graves dilemas de la sociedad, naturalizando un orden social sin derechos y sustentado en lógicas individuales y competitivas como única alternativa de salida.
Desde el punto de vista de la agenda inmediata en este plano, existen diversas iniciativas impulsadas por el Mineduc, que están buscando profundizar la función reproductora del modelo educativo. Además del intento de reponer la selección a través del proyecto “Admisión Justa”, se produjo la aprobación de las nuevas Bases Curriculares (BBCC) para 3º y 4º medio, con la exclusión de la obligatoriedad de áreas relevantes para la formación integral y reflexiva (historia, artes y Ed. Física). Si bien el proceso de elaboración de las nuevas Bases viene de la administración anterior, tanto el Consejo Nacional de Educación como el Mineduc actual, terminaron por ajustarlo a la mirada funcional que hemos descrito, en un contexto de total secretismo. Como expresión de una situación de gravedad aún mayor, se dará a conocer en los próximos meses el listado de escuelas que serán cerradas (mayoritariamente públicas) por efecto de la aplicación del SAC.
Al mismo tiempo, se conocerá próximamente la propuesta de nuevos Estándares para la Formación Inicial Docente y la nueva versión del Marco para la Buena Enseñanza (que regula el desempeño pedagógico docente). Junto con todo lo anterior, la actual administración terminará de elaborar, ni más ni menos, que la Estrategia Nacional de Educación Pública; entre otras iniciativas. En ese contexto, la ya aprobada Ley “Aula Segura”, cumple el rol, no solo de proveer de un mecanismo para contener y desactivar el movimiento social (profundizando además la división de sus actores), sino que constituye también el elemento distractor necesario para avanzar con la agenda en aquellos planos subvalorados por la acción política crítica, pero que son estratégicos para el orden vigente.
Por otro lado, desde algunos parlamentarios y sectores académicos y gremiales, se está insinuando la generación de iniciativas que buscan cuestionar algunos aspectos del orden construido en estos años. Algunas de estas iniciativas apuntan a la modificación de la Ley que creó el SAC; a la eliminación de las notas en Primer Ciclo básico; y a la modificación de la Jornada Escolar Completa. Para formular un cuestionamiento más global del contenido formativo del proyecto neoliberal, se requiere bastante más que eso, no obstante su instalación puede ser parte de la generación de un espacio de oportunidad que permita poner en tensión la continuidad unilateral del modelo y abrir el urgente debate sobre estos temas.
En el marco de este escenario, parece esencial tomar la agenda educativa y buscar formas de articulación que trasciendan a cada nicho de acción, buscando avanzar en una perspectiva propositiva más global. Es imprescindible transitar, a su vez, a su movilización desde las comunidades educativas y desarrollar experiencias de elaboración de propuestas (y de aprendizaje) que fortalezcan la organización local con un sentido proyectual. En tales términos, la dimensión educativa de la impugnación al modelo, puede ser entendida como un lineamiento que potencie la acumulación de fuerzas con perspectiva estratégica y que haga posible el cuestionamiento al sentido común dominante basado en las nociones mercantiles de calidad, eficacia y mejora. De ese modo, es importante intentar avanzar en ciertas conquistas institucionales, no para sostener la creencia que el modelo se cambia por la vía de un camino ilimitado de pequeñas reformas; sino para abrir ciertos espacios que permitan mejorar las condiciones de posibilidad en la pugna por una transformación estructural del modelo educativo. En ese sentido, sostenemos que no habrá un cambio educacional relevante sin disputa pedagógico-curricular y sin actores con un proyecto educativo propio.
España / 16 de junio de 2019 / Autor: Víctor Corcoba Herrero / Fuente: Los Andes
Todo es cuestión de decencia y docencia, de esfuerzo y de lucha por un empleo decente para poder vivir con decencia; y, también, de una preparación previa a través de un responsable cuerpo docente, algo verdaderamente vital para reconducirnos como especie pensante a un efectivo y creciente avance humano, tanto espiritual como material. En efecto, necesitamos ascender para dignificarnos; de ahí, la importancia de los enseñantes, que únicamente una personalidad sensata y equilibrada puede asumir.
Me alegra, en consecuencia, que, con motivo de la celebración del Día Mundial de los Docentes (5 de octubre), este año se aproveche la ocasión para recordar a la comunidad internacional que “el derecho a la educación implica el derecho a docentes cualificados”, o sea vocacionales, dispuestos a dar lo mejor de sí, que no es otra que ofrecerlo con amor. Desde luego, hemos de enseñar más allá de unos meros contenidos o programas. Hace falta imprimir en los educandos los valores realmente de la vida, que son aquellos que crean armonía en la sociedad. Sin duda, la mejor didáctica, la más motivadora, germina de una relación profesor-alumno, donde todos han de sentirse fusionados con la tarea educativa, sin obviar la potestad del maestro y el respeto del discípulo, con la colaboración de la familia.
Hoy más que nunca, precisamente, hace falta activar modelos éticos razonables, que nos ayuden a convivir, a ser piña, promoviendo valores y principios a través de la vida hogareña. Sin duda, es menester que la decencia pública proteja los valores esenciales de toda vida. A propósito, con la aprobación del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 sobre educación, y de la meta 4.c (ODS 4.c) que reconoce que los docentes son esenciales para la consecución de la Agenda 2030 de Educación, la onomástica de los Docentes se ha convertido, a mi juicio, en la ocasión idónea para hacer un balance de los logros y reflexionar acerca de la manera de hacer frente a los desafíos que perduran en la promoción de la docencia, como puede ser la pérdida de autoridad. Los datos hablan por sí mismos. Se estima que, en total, 264 millones de niños y jóvenes no están escolarizados y, según el Instituto de Estadística de la UNESCO, se necesita contratar a unos 69 millones de nuevos docentes para alcanzar los objetivos de impartir educación universal primaria y secundaria de aquí a 2030. Esta carencia de personal docente se acentúa más entre los sectores vulnerables de la población, es decir, entre las niñas, los niños con discapacidad, los refugiados y los migrantes, y los niños pobres que viven en zonas rurales y remotas del planeta.
Por ello, si los docentes formados y cualificados son esenciales para el derecho a la educación, también los líderes políticos honestos y las instituciones ejemplarizantes, máxime las del Estado social y democrático de Derecho, han de trabajar conjuntamente por esa vocación de servicio a toda la ciudadanía, con especial hincapié hacia esos moradores que tienen poca esperanza de seguir viviendo, al encontrarse por debajo de cualquier definición racional de la decencia humana. Contar historias inspiradoras para promocionar los derechos humanos, puede contribuir a ese impulso moral, tan necesario en el momento presente, al menos para estar en paz con nosotros mismos. Ese es el objetivo de una iniciativa que se lanzó recientemente en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en una época en que estos principios fundamentales están bajo ataque en muchas partes del mundo.
Ciertamente, la iniciativa, “Buenas historias de derechos humanos”, coincide con la celebración este 2018 de tres efemérides ligadas a los derechos humanos: el 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el 25º aniversario de la Declaración y Programa de Acción de Viena; y el 20º aniversario de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Defensores de los Derechos Humanos. Ojalá esto nos sirva para repensar y ser más coherentes con nuestras acciones, puesto que la persistencia de tal pobreza nos deshumaniza y degrada. Por otra parte, la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha de ser el documento guía. No lo dejemos arrinconar y, en cualquier caso, jamás olvidemos que intenta delimitar qué cosas son indecentes, o si quieren inaceptables, para cualquier cultura e individuo. Está visto que necesitamos corregirnos cada amanecer. Acostumbrémonos, pues, a que la regla de los hábitos avive en nosotros las honestas costumbres.
Estados Unidos / 16 de junio de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Bajo Palabra
Comenzaran a reducir o eliminar las actividades para menores migrantes que no son necesarias para la protección de la vida y la seguridad, incluidos los servicios de educación, recreativos o legales.
Autoridades de Estados Unidos anunciaron hoy que comenzarán a restringir los servicios educativos y recreativos, así como la asistencia legal, para los niños migrantes que permanecen en refugios del gobierno, lo que generó numerosas críticas de organizaciones humanitarias.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos informó que su Oficina de Reasentamiento de Refugiados ordenó que comenzaran a reducir o eliminar las actividades para menores migrantes que no son necesarias para la protección de la vida y la seguridad, incluidos los servicios de educación, recreativos o legales.
En la actualidad, unos 13 mil 200 menores migrantes, incluidos los que cruzaron la frontera solos y niños pequeños que fueron separados de sus padres, se encuentran en más de 100 albergues en todo el territorio estadunidense, donde reciben clases de inglés, matemáticas y educación cívica, entre otras.
«La mayoría de los refugios tienen además un campo deportivo y los niños pueden salir a realizar alguna actividad recreativa, como jugar futbol, al menos una vez al día, de acuerdo con el portal del diario The New York Times.»
Sin embargo, la portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Evelyn Stauffer, indicó que hace más de un mes el gobierno federal advirtió al Congreso que la entidad atravesaba por una crisis financiera y requería recursos adicionales para evitar el recorte de servicios en los refugios.
La semana pasada, los operadores de los albergues fueron notificados de que «el Programa de Niños No Acompañados está actualmente operando con déficit», por lo que los recursos presupuestados para actividades recreativas o educativas serán restringidos.
«De acuerdo con un correo electrónico enviado a los responsables de los refugios, al que tuvo acceso The New York Times, el recorte solo se aplicará a los fondos otorgados después del 22 de mayo de 2019, y permanecerá vigente hasta nuevo aviso.»
Tras el anuncio del gobierno, defensores de los derechos civiles sostuvieron que cualquier medida para eliminar los servicios educativos y recreativos constituiría una violación de un acuerdo judicial conocido como Flores, que data de 1997, y establece que los menores migrantes deben ser detenidos en las condiciones “menos restrictivas”.
«Si esta administración continúa negando la educación, la recreación y otros servicios (…) sería una violación flagrante del acuerdo Flores y enfrentará una acción legal inmediata», advirtió Neha Desai, directora de inmigración en el Centro Nacional de Derecho Juvenil en Oakland, California.
Tras ser interceptados por la Patrulla Fronteriza, los menores migrantes son enviados a albergues del gobierno, donde permanecen hasta que un patrocinador, generalmente un familiar que ya vive en Estados Unidos, puede probar que es apto para cuidar al niño.
Más de 40 mil menores migrantes han quedado bajo custodia del gobierno estadunidense en lo que va del actual año fiscal, que comenzó el 1 de octubre pasado, cifra que representa un aumento de alrededor del 60 por ciento respecto al año pasado.
Honduras / 16 de junio de 2019 / Autor: CLADE / Fuente: Aler
En entrevista a la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE), Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, aborda las actividades realizadas en el contexto de la Semana de Acción Mundial por la Educación, así como los paros y marchas impulsados por los sectores médico y educativo en el país
En las últimas semanas, docentes, médicas y médicos de Honduras han realizado protestas contra decretos que perjudican estas carreras y para defender el derecho a la educación y a la salud pública. En este contexto, se celebró en el país la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME), instando por políticas públicas participativas que garanticen una educación inclusiva y con presupuesto digno.
Para comprender la situación hondureña y conocer los motivos de las movilizaciones en el país, dialogamos con Aminta Navarro, del Foro Dakar Honduras, miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación (CLADE).
Lee la entrevista completa:
¿Cuáles son los principales desafíos para la realización del derecho humano a la educación en Honduras actualmente?
Nos encontramos en una situación de conflicto entre el sector educativo y los poderes Ejecutivo y Legislativo. Las y los docentes consideran que las nuevas leyes que se han creado, como decretos ejecutivos, afectan la estabilidad laboral del magisterio en el país.
Así, desde finales de abril, profesoras, profesores y estudiantes, así como la clase médica, se vienen sumando a paros con el objetivo de presionar para que dichos decretos sean abolidos. Se lucha por el respeto a la relación y a la estabilidad laboral, tanto de docentes como de las médicas y los médicos.
En este contexto, también se ve afectado el derecho humano a la educación, pues como forma de presión han entrado en paro las clases en los centros educativos. Sin embargo, esto pasa justamente porque hay poca apertura de los poderes Legislativo y Ejecutivo para escuchar las reivindicaciones y planteamientos de docentes, médicas y médicos.
En este marco, ¿cuáles son las principales demandas del Foro Dakar Honduras, para que se pueda realizar el derecho a la educación de todas las personas?
Una educación pública, gratuita, de calidad e inclusiva es nuestra principal demanda. Es uno de los principios por los cuales nació el Foro Dakar Honduras, y continuaremos luchando por este tema.
Otra de nuestras demandas es una política educativa inclusiva. Estamos en diálogo con todas las organizaciones que forman parte del Foro, para elaborar una propuesta de política de educación inclusiva, que sea llevada al Congreso Nacional para aprobación.
Demandamos una infraestructura educativa que considere a la población con diferentes discapacidades. Además, instamos por el aumento de los presupuestos para la educación, a nivel global, pero también por presupuestos especiales y dirigidos a garantizar los derechos de las personas con discapacidad o en situaciones extremas de vulnerabilidad.
¿Qué actividades se han impulsado en Honduras para la SAME 2019, y cuáles son las próximas acciones planeadas en este marco?
Del 24 al 30 de abril, el Foro Dakar Honduras, en conjunto con sus organizaciones miembro que trabajan el tema de la inclusión, realizó diferentes actividades. Entre ellas, foros públicos en universidades y escuelas rurales. En dichos encuentros, tuvimos la presencia de la vice-Ministra de la Inclusión Social, y de profesoras de educación básica que trabajan en barrios de Tegucigalpa y pudieron evidenciar la falta de datos estadísticos sobre la población con alguna discapacidad que está en el sistema educativo público.
En estos debates, se han planteado las dificultades del sistema para incluir a la población que vive en situaciones de vulnerabilidad, ya sea porque tienen alguna discapacidad, por su situación de pobreza o porque viven en zonas rurales.
En alianza con nuestras organizaciones miembro, formulamos una solicitud al Estado de Honduras, destacando la importancia de temas como la inclusión y la financiación educativa para los sectores más vulnerables, como las niñas, niños y jóvenes que dejan sus estudios por la pobreza o porque son migrantes. Otro punto que subrayamos es la importancia de no emitir decretos que van en contra de los derechos de docentes y que fomentan la no transparencia en el sector educativo.
Los dos decretos que llevaron a las manifestaciones actuales son decretos de emergencia, y autorizan la destitución de personal, tanto en la educación como en la salud. También facultan la realización de compras sin adoptar los procedimientos previstos para estas adquisiciones por el poder público.
Desde 2015, cuando se adoptó el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, referido a la educación, del cual el Estado de Honduras es signatario, ¿hubo avances para la educación en Honduras en términos legislativos, de prácticas y políticas?
Sí, hubo avances. El Estado hondureño ha formulado el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030 (PESE), en el cual se establecen los diferentes lineamientos para este campo hasta el 2030. También se firmó un Memorando de Entendimiento con la Alianza Mundial por la Educación (AME).
Tenemos el reto de la financiación educativa en el país. Los recursos que se han gestionado no son suficientes para hacer cumplir el PESE. Otro reto es la falta de claridad sobre quién será responsable por la conducción del Plan.
Por otro lado, existe el nuevo conflicto que se presenta entre el gobierno y docentes, médicas y médicos. Es algo reciente, pero que está paralizando algunas actividades importantes, como la docencia en los centros educativos, lo que hace que las políticas anden más lentamente.
Sin embargo, el Consejo Nacional de Educación, que es la instancia máxima de toma de decisiones sobre la educación en el país, ha formulado una serie de políticas públicas que están siendo socializadas y discutidas. Ellas abordan la formación docente, la infraestructura educativa y lineamientos para la educación y la financiación. Podemos decir que hay avances y propuestas sobre la mesa para discutir los retos. El Foro Dakar participa en estos espacios de diálogo, presentando sus observaciones políticas.
Recomendamos la lectura del portal Otras Voces en Educación en su edición del día domingo 16 de junio de 2019. Esta selección y programación la realizan investigador@s del GT CLACSO «Reformas y Contrarreformas Educativas», la Red Global/Glocal por la Calidad Educativa, organización miembro de la CLADE y el Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes (OIREPOD) registrado en el IESALC UNESCO.
00:00:00 – Bolivia: El salario de los profesores subió hasta en 188% en 12 años
06:00:00 – Colección Pedagógica formación inicial de Docentes Centroamericanos de Educación Primaria o Básica. Volumen 2: Educación y Aprendizaje (PDF)
15:00:00 – Las TIC se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa : como instrumento facilitador , canal de comunicación y recurso didáctico…
22:00:00 – 1.579 maestros fueron víctimas del conflicto en los últimos 60 años. La fundación Compartir presentó un informe sobre la situación de la docencia rural en Colombia
En nuestro portal Otras Voces en Educación (OVE) encontrará noticias, artículos, libros, videos, entrevistas y más sobre el acontecer educativo mundial cada hora.
Argentina / Autora: Claudia Nicolini / Fuente: La Gaceta
La pedagoga y política resaltó los riesgos del comercio educativo. El Estado debe garantizar gratuidad y calidad.
Educar no es llenar una cabeza de contenidos. No lo dijo así, claro está. Pero de alguna manera es contra ese principio que Adriana Puiggrós lucha, principio subyacente al modelo que -destaca e insiste- se intenta imponer, en una suerte de desregulación de la enseñanza.
Por eso nació “El derecho a la educación en la cultura argentina”. Ese es el título de la ponencia que ofreció ayer en el congreso “Educación y política en el camino hacia un nuevo humanismo”, con el que la Facultad de Filosofía y Letras celebra sus 80 años, luego de que la UNT la distinguió con el Doctorado Honoris Causa.
Derechos y obligaciones
¿Es necesario seguir debatiendo el derecho a la educación? ¿Puede ponerse en duda? Pues sí, se pone. Por eso para Puiggrós la defensa de la educación como “derecho inalienable de todos los habitantes del país (y no sólo de los ciudadanos)”, como resaltó, es una causa por la que urge luchar.
“Empecemos pensando una cosa -advierte en su diálogo con LA GACETA-: hay grandes diferencias en la educación que están recibiendo unos y otros argentinos. Entonces, la pregunta no tiene una respuesta automática; reclama reflexión”. Para iniciar esa reflexión sobrevuela entonces la historia (la memoria que explica tantas cosas).
A nivel mundial, cita la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (que define y reconoce por primera vez en un texto oficial de vocación mundial la educación como derecho humano). “En el país, fue una preocupación concreta de la generación de 1880 y la ley 1420 -que se cumplió en forma desigual- la sancionó, pero ya Moreno y Castelli, en 1810, se preocupaban por lograr un pueblo educado”, destaca.
“La ley 1.420 -recuerda- establece la universalidad, la obligatoriedad y la gratuidad de la educación básica… y desde 2014 esa obligatoriedad se extendió a la secundaria”. Eso implica -sigue aclarando- varias cuestiones. En primer lugar, que el Estado, que obliga, debe garantizarla. Y que el ciudadano tiene el derecho de recibirla; pero también tiene la obligación de mandar a sus hijos a la escuela.
“Este es uno de los fundamentos para rechazar el modelo de mercantilización de la educación, cuyo extremo es el home schooling (enseñanza en el hogar), pero que ya -más o menos solapadamente- se implementa con el ‘negoción’ del comercio educativo que instala en escuelas (incluso en algunas públicas) fundaciones y ONG que preparan en pocos meses ‘líderes’ -en lugar de maestros- y buscan imponer material pedagógico producido por plataformas corporativas. Son contenidos estandarizados de donde -claro- van desapareciendo las humanidades”. “Esto es grave -añade-; es ‘confundir’ educación con instrucción; deshumanizar el proceso enseñanza-aprendizaje y ‘olvidarse’ de que educar consiste en formar ciudadanos; instruidos, por supuesto… pero eso no alcanza”.
Rol del Estado
“Otra cosa que hay que entender es que la obligatoriedad y la gratuidad van de la mano”, afirma. Es que si el educación es afirmada como política de Estado, este debe garantizar la calidad, además de la posibilidad de cumplir la obligación. “Y esa calidad debe esta a la altura de los tiempos: infraestructura (y eso incluye alimentación y salud, porque si no, no se garantiza el acceso a una educación de calidad), equipamiento tecnológico, docentes muy bien capacitados…”, enumera. “Hoy el deterioro de la educación se ve hasta físicamente, porque tampoco se garantiza el acceso a la salud”, añade.
Y retoma: “hacen falta instituciones educativas seguras y en relación con las comunidades donde están insertas, para, entre otras cosas, garantizar tiempo de permanencia eficiente de los alumnos en la escuela, y una comunidad que se responsabiliza de sus miembros -añade-. Por ejemplo, convenios con clubes barriales para practicar deporte (que además de actividad física, es aprender a respetar reglas, a trabajar en equipo) fortalecen lazos sociales… y ayudan a construir ciudadanía”.
Todo eso -agrega, preocupada- no se logra con contenidos enlatados (y muchas veces, importados), meros adiestramientos vaciados de contenidos. “Y no estoy demonizando la tecnología; todo lo contrario. La cuestión es saber quién produce y con qué criterios, y cómo se construye el vínculo pedagógico. En el encuentro docente-alumno siempre hay un plus”.
La universidad
“Y hay algo que no quiero dejar pasar: la importancia de un congreso como este, en la Facultad de Filosofía de Tucumán, la primera que se funda después de la Reforma de 1918. Un congreso que resalta la actualidad de las banderas de esa reforma (la libertad de cátedra, el cogobierno y la autonomía), a las que se sumó la gratuidad establecida en 1949. Porque la educación como derecho de la población y deber del Estado también incluye la educación superior”, resalta y cuenta que eso fue ratificado por el Congreso argentino en noviembre de 2015. “Sigue vigente… peleando su supervivencia en la Corte Suprema, pero vigente. ¡Que así siga!”.
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