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Panamá en pie de lucha: docentes, ambientalistas e indígenas movilizados declaran huelga indefinida

Por Aldo Santiago

Foto de portada: Bienvenido Velasco

Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.

Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.

La respuesta gubernamental, documentada por organizaciones sociales y medios independientes locales, ha sido detenciones arbitrarias, criminalización de la protesta social y represión a las movilizaciones.

Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.

En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).

La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.

El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.

Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.

Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.

“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.

Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.

¿Acuerdo o intervención?

El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.

El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.

“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.

Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.

A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.

La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.

Reactivación minera

A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.

Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.

Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.

El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.

“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.

Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.

Panamá en pie de lucha: docentes, ambientalistas e indígenas movilizados declaran huelga indefinida

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La mitad de los profesores sufre un desgaste emocional significativo por su trabajo

Por: Ignacio Zafra

Uno de cada dos docentes considera que la formación que reciben es insuficiente para desempeñar su oficio, según una encuesta de CC OO.

La mitad del profesorado considera que la formación que recibe para ejercer la docencia es insuficiente ―frente a poco más de un tercio que opina lo contrario, y un 15% que responde que no sabe o prefiere no contestar a la pregunta―. Un porcentaje similar, el 49,5%, asegura que su trabajo le genera “un desgaste emocional significativo” muchas veces o siempre ―en este último escalón se sitúa nada menos que el 29% de los docentes de la enseñanza privada, frente al 16% de los de la pública―.

Pese a ello, tres de cada cuatro profesores se declaran satisfechos con su oficio, y solo el 7% piensa abandonarlo. Los datos, junto a muchos otros, forman parte de la encuesta publicada este miércoles por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ha sido elaborada por la firma Demométrica y se basa en 1.042 entrevistas con docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.

El sondeo refleja que un contundente 80% de profesionales de la educación pública considera que se debería “utilizar una valoración sistemática del profesorado para determinar su promoción a otros puestos educativos”. Un 64% opina que dicho sistema debería usarse para “ajustar las retribuciones”. Y un 62,5%, para “proponer, en su caso, las oportunas sanciones”.

La fórmula preferida para llevar a cabo dicha valoración son las “entrevistas de los profesores con el equipo de evaluación” (registra un apoyo del 69%). Pero la mayoría también se muestra de acuerdo con que se haga mediante “informes del equipo de evaluación sobre el trabajo de los profesores evaluados” (60%), o “visitas en tiempos de clase” (56%). Siete de cada diez opinan, además, que se debería “valorar voluntariamente la labor” de los docentes y de los equipos directivos.

Los profesores son un elemento central en la calidad de un sistema educativo, pese a lo cual los estudios y encuestas centrados en ellos han sido tradicionalmente escasos en España. En los últimos meses se han difundido, sin embargo, varios informes. Su publicación ha coincidido con el inicio de la negociación entre el Ministerio de Educación y los sindicatos de enseñanza para reformar a fondo la profesión. Un objetivo anunciado y aplazado varias veces en las últimas décadas.

El establecimiento de alguna fórmula de valoración sistemática de la labor docente, como el que plantea a los entrevistados la encuesta de CC OO, que sirva de referencia para la progresión profesional, es uno de los elementos que está sobre la mesa de negociación. Como también la reducción del número de estudiantes por aula. El tamaño actual de las clases ―ahora puede haber hasta 25 chavales en Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato, y las comunidades pueden rebasar dicho límite alegando situaciones excepcionales― resulta insatisfactorio para la mayoría (54,5%) de los docentes. Y probablemente no lo sea para más porque el descenso de la población escolar ya ha reducido de forma natural la ratio en muchas escuelas.

Periodo tutorizado

La gran mayoría de los docentes (84%) son partidarios de que la formación inicial tenga “una estructura con amplias prácticas tutorizadas y remuneradas”. Tres de cada cuatro creen que las universidades deben introducir cambios para adecuar la formación de los futuros enseñantes “a las necesidades de su puesto de trabajo”.

El mantenimiento del máster de formación del profesorado de secundaria recibe el apoyo del 51% (y solo del 48% entre los profesionales de la enseñanza pública). Mientras que el 49,2% de los docentes considera insuficiente la formación recibida en materia de metodología y didáctica para ejercer su trabajo. Y el 42,2% también considera incompleta la formación recibida en materia de contenidos disciplinares.

Sus condiciones de trabajo les resultan, en general, aceptables. El 73% está satisfecho con su jornada. El 59%, con sus retribuciones. Y el 83% con “el tratamiento de las cuestiones de género”. Casi todos los docentes (93%) creen que la jornada escolar concentrada en la mañana o continua es “positiva o muy positiva” para los propios profesores. Y una clara mayoría (85,5%) considera que también lo es para el alumnado e incluso para las familias (73,2%).

Su relación con los estudiantes

Frente a la imagen que a veces se traslada, el 93,5% de los docentes se declaran satisfechos o muy satisfechos con la relación que tienen con los alumnos. El 94,5% considera positiva su relación con los compañeros, y el 78%, la que tiene con los padres de los estudiantes. En el caso de la relación con la inspección educativa, solo el 49% de los docentes se declara satisfecho con ella ―uno de cada cuatro responde “que no sabe”, lo que según el informe se debe probablemente a que no tienen trato con ellos―.

Menos de la mitad del profesorado de la pública está satisfecho con su relación con la administración educativa (sinónimo, normalmente, de consejería de educación). Y el 27% de los docentes de la privada considera “insatisfactoria o muy insatisfactoria” la disciplina de los alumnos (el dato, por alguna razón, no se ha incluido para los de la pública).

Pagar más en centros complejos

En cuanto a las herramientas con las que cuentan y los espacios con los que trabajan, solo el 56% afirma estar satisfecho con las infraestructuras físicas; el 65%, con los recursos y materiales didácticos, y el 67,5% con las conexiones wifi. Prácticamente todos (94%) respaldan que se introduzcan o se mejoren los complementos salariales para los docentes que ocupen “puestos de difícil desempeño”.

La encuesta pregunta a los docentes por algunos de los cambios que trajo la actual ley educativa. Un tercio o más responden a todo este bloque de preguntas que no saben o prefieren no contestar, un porcentaje alto que se explica probablemente por el hecho de que no afecta a la etapa a la que enseñan. El 46% está de acuerdo con que la FP Básica conduzca a la obtención del título de la ESO (solo un 18% está en contra). Pero solo a un 32% le parecen bien las evaluaciones diagnósticas, implantadas en 4º de primaria y en 2º de la ESO para conocer el nivel de competencias de los chavales, mientras que un 36,5% está en contra.

https://elpais.com/educacion/2025-04-30/la-mitad-de-los-profesores-creen-que-la-formacion-que-reciben-es-insuficiente-para-hacer-su-trabajo.html

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Argentina: Docentes rechazaron la propuesta salarial oficial por “paupérrima” y paran de nuevo el 5 de marzo

Por: Alfonso de Villalobos

La negociación que convocó el gobierno nacional el jueves último para la tarde del lunes no llegó a buen puerto. La decisión oficial se tomó una vez que todos los sindicatos docentes del país habían acordado un paro general para el lunes 24 de febrero que implicó el no inicio de clases en 12 provincias de todo el país.

La medida, además, incluyó un paro general pautado para el 5 de marzo cuando debería completarse el comienzo del ciclo lectivo en el conjunto de las provincias.

El paro obtuvo un alto acatamiento y, sin embargo, no alcanzó para que el gobierno ofreciera un incremento del salario mínimo docente capaz de satisfacer los reclamos docentes y desactivar las medidas.

 

Así las cosas, la propuesta de llevar el salario mínimo de referencia para el cargo de maestro de grado con jornada simple a los $500 mil fue calificada de “paupérrima” por los representantes gremiales que ratificaron la medida del 5 de marzo. Además, rechazaron la posibilidad de que el gobierno defina el incremento a través de una resolución ministerial tal como lo hiciera en agosto de 2024 cuando llevó ese salario de referencia hasta los $420 mil.

El incremento implica una suba del 20% con relación a abril de 2024 fecha desde la cual su valor está fijado en ese monto.

El gobierno rechazó también la restitución del FONID que no ejecuta desde su asunción e impacta en los haberes docentes en el orden de un 10%.

El monto negociado opera de referencia para las negociaciones provinciales y tiene impacto en la denominada “garantía salarial” que perciben como piso alrededor del 70% de los docentes universitarios.

Fuente: Tiempo Argentino

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Venezuela: Maestros amenazan con abandonar escuelas por falta de un ajuste salarial

El presidente de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Édgar Machado, advirtió sobre las consecuencias que puede traer el que no se ajusten los salarios en el sector.

Eso trae como peligro el abandono de muchos docentes que se van a ir a otras actividades económicas y a la parte privada, y van a abandonar la carrera en las escuelas nacionales», expresó Machado, citado por Mundo UR.

Recordó que en el sector se lleva tres años discutiendo un proyecto de contrato colectivo.

La ministra de Educación saliente (Yelitze Santaella), dijo que no estaba en sus manos la discusión de un contrato colectivo y no entendemos porque cuando se sienta a discutir un contrato colectivo es porque hay algo en la mesa», señaló Machado.

Resaltó que el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, reconoció el déficit de docentes que existe y llamó a los jubilados a reincorporarse, pero ninguno lo ha hecho debido a los bajos salarios en el sector.

https://www.aporrea.org/educacion/n400459.html

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¿Por qué los sindicatos docentes son cruciales?

La Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU) está en el proceso de negociación colectiva con el patrono. Sin embargo, algunos docentes no son miembros del sindicato que les representa y que lucha por mejorar sus condiciones laborales y de vida. Veamos por qué es valioso que los docentes universitarios tengan un sindicato y que lo apoyen activamente.

Salarios. Los sindicatos de trabajadores son el principal factor en el alza en los salarios de los trabajadores. Los salarios de los trabajadores sindicalizados son claramente más altos (Center for American Progress, 2024; U.S. Bureau of Labor Statistics, 2024b). Eso también sucede entre los docentes universitarios (California Teachers Association, 2018; National Education Association, 2023).

Para la APPU es importantísimo ajustar la escala salarial docente del Sistema UPR a la inflación, pues esa escala no cambia desde 2013 (Junta de Gobierno UPR, 2013). La inflación acumulada durante esos 11 años ha reducido los salarios reales de los docentes en un 35%. Usando la calculadora de inflación del U.S. Bureau of Labor Statistics (2024a), y asumiendo 24 créditos y grado doctoral para todos los casos, estos serían los salarios base anuales que compensarían la inflación:

Rango Salario actual Salario ajustado a inflación
Catedrático Auxiliar $62,256 $84,146
Catedrático Asociado $69,336 $93,715
Catedrático $80,124 $108,296

Pero la máxima prioridad de la APPU debe ser aumentar el salario de los docentes sin plaza (DSP), especialmente el de los contratados a tarea parcial. El patrono les paga solo $681 por crédito ($2,043 por sección de tres créditos); prorrateado a 24 créditos al año eso equivale a $16,344 anuales, lo cual viola el principio constitucional de igual paga por igual trabajo. Dicho salario debe multiplicarse por 3.81. El salario de los DSP contratados a tarea completa debe subir de $46,821 a $62,256, pues realizan las mismas tareas que los Catedráticos Auxiliares.

Equidad socioeconómica. La igualdad socioeconómica genera mejores sociedades (Pickett & Wilkinson, 2010) y la sindicalización es determinante para una distribución equitativa del ingreso (Economic Policy Institute, 2021). Las altas tasas de sindicalización también fomentan mejores condiciones laborales para los talleres de trabajo no unionados (Economic Policy Institute, 2021): los aumentos salariales que la APPU logre impulsarán mejorías en las pésimas condiciones laborales de los docentes de las universidades privadas. Dicho progreso en condiciones laborales también mejorará la calidad de la educación, pues con mejores salarios los docentes no tendrán que sobre extender su jornada laboral para compensar la bajísima paga que reciben.

A medida que disminuye el número de afiliados a los sindicatos, aumenta la desigualdad de ingresos.

Salud. Los sindicatos son el principal factor en la promoción de buenas condiciones de salud en el taller de trabajo. La OSHA, oficina de seguridad y salud ocupacional, se creó debido a presión pública protagonizada por las uniones. Desde el establecimiento de dicha oficina, las muertes en los lugares de trabajo han decrecido en un 60% y las tasas de lesiones y de enfermedades laborales se han reducido en un 40% (Occupational Safety and Health Administration, 2024). Ante el colapso de la planta física del Recinto de Río Piedras y los múltiples edificios tóxicos en otros recintos, es imperativo que los sindicatos universitarios exijan lugares de trabajo saludables.

Jornada laboral. Durante la primera mitad del siglo 20, el movimiento obrero logró reducir a ocho horas las larguísimas jornadas laborales impuestas por la avaricia capitalista durante los comienzos de la revolución industrial (Astarita, 2023). Eso permitió más tiempo libre, compartir con las familias y mejor salud. Desde la década de los 1980, los patronos han impuesto el neoliberalismo, el cual eliminó leyes protectoras de los trabajadores y prolongó la jornada laboral (Rosario, 2014; Astarita, 2023). Para compensar los míseros salarios, muchos docentes contratados a tarea parcial trabajan en varias universidades simultáneamente: 6 o 7 secciones por semestre, cobrando $2,043 por sección en la UPR y hasta solo $1,200 en las privadas; eso se traduce a ingresos que rondan los $20,000 anuales por jornadas de trabajo de 60 y 70 horas semanales. Este problema se soluciona aumentando el salario de los DSP contratados a tarea parcial y abriendo plazas.

Permanencia. La estabilidad laboral es crucial. Sobre 1,500 de los 3,400 docentes de la UPR no tienen plaza: sufren desempleo estacional y están expuestos a que no les renueven el contrato. Esto vulnera la libertad académica (American Association of University Professors, 1993). Debido a que dicha libertad es un principio fundamental de la universidad (Comisión de Derechos Civiles, 1967), y como la permanencia garantiza esa libertad, esta debe existir como norma (American Association of University Professors, 1993 y 1940). Para la UPR esto significa abrir unas 1,000 plazas para compensar la eliminación que el patrono ha implantado durante los últimos 30 años.

Servicios médicos. Los servicios médicos debieran ser un derecho humano. Incluso en muchos países capitalistas, el movimiento obrero y los partidos de izquierda han logrado conquistar ese derecho. Pero en PR los servicios de salud son mercancía; por eso el plan médico es clave. Bajo la presidencia de María Gisela Rosado, la APPU consiguió plan médico para los DSP contratados a tarea completa, pero el patrono no ha cumplido consistentemente con este acuerdo. Los docentes sin plaza contratados a tarea parcial no tienen derecho a plan médico. Aspiramos a que todo docente tenga plan médico.

Jubilación. Dejar de trabajar una vez alcanzada una edad mayor y vivir en condiciones socioeconómicas dignas en ese periodo de la vida es un derecho humano. Los patronos tienden a relegarlo. El dinero recibido luego de jubilarse no es una dádiva; es salario diferido, valor que el trabajador generó en periodos previos de su existencia. Actualmente la UPR le adeuda $107 millones al Sistema de Retiro (Martínez, 2024). Este incumplimiento patronal amenaza las finanzas de dicho sistema. El patrono debe cumplir con su responsabilidad y pagar lo que debe.

Dejar de trabajar una vez alcanzada una edad mayor y vivir en condiciones dignas es un derecho humano.

Equidad. Los sindicatos de trabajadores son factor importante para combatir el discrimen por género, orientación sexual, etnia y raza. (Economic Policy Institute, 2021; Center for American Progress, 2024). Dado el carácter eurodescendiente y masculino de la clase dominante, y el perfil femenino, afrodescendiente e inmigrante de la clase trabajadora, nuestros sindicatos son cruciales para que estas minorías mejoren sus condiciones de vida.

Democracia. Sin sindicato, el patrono rige unilateralmente; dotados de ese instrumento, las condiciones laborales resultan del diálogo entre trabajadores y patronos. Necesitamos sindicatos democráticos: con líderes electos por su membresía, que rindan cuentas de su desempeño y de las finanzas organizacionales, y que respeten las decisiones de la base. El desarrollo del poder sindical como instrumento del poder de los trabajadores puede culminar en gobernanza compartida (American Association of University Professors, 2024). Similarmente, la sindicalización es compatible con una reforma universitaria que establezca una universidad democrática en la que los miembros de dicha comunidad escojan los directivos, participen de las principales decisiones, como definir las estructuras decisionales, el presupuesto y el currículo.

Mejor universidad. Reiteradamente los estudios demuestran que la sindicalización docente tiende a reducir los gastos administrativos, conseguir mayores asignaciones presupuestarias gubernamentales, aumentar la inversión en enseñanza y aumentar las tasas de graduación (Rhoades, 2011; Schmidt, 2013; Cassell & Halaseh, 2014; Baute, 2020; Maloney, 2023). Las universidades mejoran cuando invierten más en sus docentes, pues las condiciones laborales de estos son las condiciones de aprendizaje de los estudiantes.

Mirando al futuro. La organización sindical siempre es necesaria. Esto es así independientemente del partido de turno (fascista, conservador, progresista…), del tipo de Estado (dictadura, democracia…) y del sistema socioeconómico (capitalismo neoliberal, capitalismo suavizado, socialismo…) que están vigentes.

Ante una dictadura fascista, los sindicatos son cruciales para mejorar condiciones laborales, o al menos para resistir la degradación de las mismas que los patronos pretenden imponer unilateralmente, y para promover la democratización política. Si hay democracia liberal, es imperativo usar los derechos de organizarse sindicalmente para mejorar las condiciones de vida de las clases trabajadoras, para denunciar los límites que el modo de producción capitalista impone a la mejoría en condiciones de vida de las clases trabajadoras y a la democracia, y para promover propuestas de cambio social basadas en la propiedad colectiva y en el poder político de la clase trabajadora. En contextos de socialismo burocrático, los sindicatos pueden fungir como órgano clave para combatir el autoritarismo de los directivos estatales y para impulsar la democratización de la política, la gestión empresarial y la sociedad. Si se lograra el predominio de la propiedad colectiva y del control democrático de la política y de las empresas por parte de sus trabajadores, los sindicatos serían garante de buenas condiciones laborales y servirían de contrapeso a cualquier posible desmán de los gerentes de las empresas, aún si estos son electos democráticamente por los trabajadores en asambleas en la que estos discuten y deciden lo fundamental de la empresa (qué producir, organización del trabajo, presupuesto, duración de la jornada laboral, salarios…).

Por lo tanto, la organización sindical es imprescindible, indistintamente del partido gobernante o del sistema político o económico vigente. Siempre nos corresponde defender los derechos conquistados e intentar conquistar nuevos. Durante los próximos cuatro años enfrentaremos gobiernos de derecha conservadora-neoliberal en PR y de derecha neofascista en Estados Unidos. Es predecible una dura ofensiva patronal. Ante eso, nos toca defender a la UPR y su presupuesto, desarrollar nuestro sindicato y apoyar al comité negociador de la APPU.

Referencias

American Association of University Professors (1940). 1940 Statement of Principles on Academic Freedom. https://www.aaup.org/report/1940-statement-principles-academic-freedom-and-tenure

American Association of University Professors (1993). The status of non-tenure-track faculty. https://www.aaup.org/report/status-non-tenure-track-faculty

American Association of University Professors (2024). FAQ on shared governance. https://www.aaup.org/programs/shared-governance/faqs-shared-governance

Astarita, R. (2023). Discusiones sobre la jornada laboral. Sin permiso. https://www.sinpermiso.info/textos/discusiones-sobre-la-jornada-laboral

Baute, A. (2020). Collective Bargaining and Community Colleges: Faculty Unionization Effects on Student Outcomes. Doctoral Dissertation on Educational Leadership. Indiana State University. https://scholars.indianastate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2887&context=etds

California Teachers Association (2018). Unions make a difference in higher education. California Educator. https://www.cta.org/educator/posts/unions-make-a-difference-in-higher-education

Cassell, M. & Halaseh, O. (2014). The impact of unionization on university performance. Journal of Collective Bargaining in the Academy. Vol. 6. https://thekeep.eiu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1314&context=jcba

Center for American Progress (2024). 4 ways unions make our economy and democracy stronger. https://www.americanprogress.org/article/4-ways-unions-make-our-economy-and-democracy-stronger/#:~:text=Study%20after%20study%20has%20shown,counterbalance%20to%20wealthy%20interest%20groups.

Comisión de Derechos Civiles (1967). La Libertad Académica en la Universidad de Puerto Rico. Revista del Colegio de Abogados y Abogadas, Vol. XXVII, núm. 4. https://cdc.pr.gov/InstitutoDeEducacion/RecursosEducativos/Informes/La%20Libertad%20Académica%20en%20la%20UPR%201967-CDC-006.pdf

Economic Policy Institute (2021). Unions help reduce disparity and strengthen our democracy. https://www.epi.org/publication/unions-help-reduce-disparities-and-strengthen-our-democracy/

Junta de Gobierno UPR (2013). Certificación 52, 2012-2013. https://apicertificaciones.upr.edu/file/download/25392

Maloney, T. (2023). The Effect of University Faculty Unions on Institutional Outcomes. Master’s Thesis in Economics, Miami University. https://etd.ohiolink.edu/acprod/odb_etd/ws/send_file/send?accession=miami1682090412263005&disposition=inline

Martínez, N. (2024). Preocupante: aumenta la deuda de la UPR con su Sistema de Retiro; va por $107 millones. WIPR. https://wipr.pr/preocupante-aumenta-la-deuda-de-la-upr-con-su-sistema-de-retiro-va-por-107-millones/

National Education Association (2023). Higher education faculty pay 2023. A post-pandemic look at faculty salaries. Educator Pay Data. https://www.nea.org/resource-library/educator-pay-and-student-spending-how-does-your-state-rank/he-2023#:~:text=Faculty%20who%20collectively%20bargain%20earn,at%20research%20universities%2C%20it’s%20%246%2C000.

Occupational Safety and Health Administration (2024). OSHA’s 30th Anniversary. https://www.osha.gov/aboutosha/30-years

Rhoades, G. (2011). Faculty Unions, Business Models, and the Academy’s Future. Change: The Magazine of Higher Learning43(6). https://doi.org/10.1080/00091383.2011.599299

Rosario, R. (2014). “Las condiciones laborales de los profesores en la universidad contemporánea”. Revista Kálathos, Vol. 7, núm. 2. http://kalathos.metro.inter.edu/archivo.asp?ano=2014

Schmidt, P. (2013). Universities benefit from their faculties’ unionization, study finds. https://psuaaup.net/blog/entry/universities-benefit-from-their-faculties-unionization-study-finds-faculty

U.S. Bureau of Labor Statistics (2024a). CPI Inflation Calculator. https://www.bls.gov/data/inflation_calculator.htm

U.S. Bureau of Labor Statistics (2024b). Union Member Summary. https://www.bls.gov/news.release/union2.nr0.htm

Pickett, K. & Wilkinson, R. (2010). The Spirit Level. Penguin Books

https://rumboalterno.net/2024/11/por-que-los-sindicatos-docentes-son-cruciales/

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Manuel Area-Moreira: “La legislación prohibicionista de la tecnología móvil en las aulas es un error”

Por: Regina de Miguel

Prohibir el uso de la tecnología en el aula no protegerá a los menores de sus efectos dañinos; es necesario formar en su uso para que los estudiantes desarrollen una actitud crítica y responsable. Así lo cree Manuel Area-Moreira, que ha hablado de este y otros temas en esta entrevista.

El uso de las pantallas en las aulas ha ocasionado en los últimos tiempos una importante división entre aquellos que las defienden y los que que están en contra de ellas: mientras que los primeros destacan que se fomenta un aprendizaje personalizado, se desarrollan habilidades digitales o se garantiza el acceso a una mayor cantidad de recursos educativos, los segundos hablan de que los dispositivos tecnológicos afectan a la concentración o generan dependencia. Manuel Area-Moreira, catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de La Laguna (Tenerife) e investigador principal del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías (EDULLAB), defiende que lo que hay que hacer es formar a los estudiantes para que desarrollen un espíritu crítico, y sean capaces de interactuar con la tecnología, en especial con la inteligencia artificial, de un modo eficaz y seguro.

Pregunta: ¿Qué opina del acalorado debate que ha habido en redes y medios de comunicación en los últimos meses sobre el uso de tecnología en las aulas?

Respuesta: Hay demasiado ruido mediático y mucha confusión en este debate. Es comprensible el malestar y preocupación de las familias y de los docentes ante los efectos nocivos provocados por la sobreutilización de las pantallas por niños y adolescentes, pero considero que es un error la legislación prohibicionista de la tecnología móvil en las aulas. Lo preocupante (y criticable) es que este conjunto de regulaciones administrativas se plantea sin que ofrezcan simultáneamente medidas de actuación educativa ante los problemas enunciados. Subyace la creencia, ingenua a todas luces, que vetando o proscribiendo la presencia de las tecnologías móviles en los espacios escolares se protegerá, de forma casi mágica, a los menores de edad de los efectos dañinos de dichos dispositivos. Tampoco existe ninguna evidencia científica que impidiendo el uso de la tecnología en las aulas el alumnado mejorará su aprendizaje, o que evitará sus efectos negativos como son la tecnoadicción, el consumo de contenidos inapropiados o el ciberbullying. Estas prácticas nocivas de uso de la tecnología por adolescentes ocurren en el tiempo extraescolar, no en los centros educativos. En otras palabras, prohibir los móviles en las aulas no es la solución pedagógica más adecuada.

«Los docentes deben formar a los estudiantes como personas que tienen un equilibrio emocional para usar de manera consciente y autorregulada las redes sociales»

P: ¿Qué habilidades necesita desarrollar el profesorado ante la progresiva digitalización de las aulas? 

R: Todo docente, además de dominar el contenido o conocimiento que enseña, debe ser competente didácticamente, es decir, ser capaz de crear las condiciones para facilitar la adquisición del conocimiento por el alumnado. Tiene que ser, asimismo, competente digitalmente y poseer los saberes y las capacidades para utilizar la tecnología con fines pedagógicos. Esta competencia digital consiste en crear materiales didácticos en formato digital, planificar y desarrollar proyectos y actividades de aprendizaje a través de los recursos de Internet, tutorización y evaluar a su alumnado empleando las herramientas tecnológicas, autoformarse y colaborar online con otros colegas docentes, entre otras.

P: ¿Y los desafíos a los que se enfrenta?

R: El principal desafío docente es formar a su alumnado para que sean personas competentes, cultas y críticas que sepan desenvolverse exitosamente en la complejidad cultural y técnica de la sociedad digital. Esto es lo que se conoce como la formación o alfabetización para el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Esta competencia no consiste solo en que los estudiantes aprendan a manejar aparatos tecnológicos y software, sino en desarrollar las habilidades intelectuales de alto nivel cognitivo (crear, analizar, comparar, seleccionar, reelaborar) que les permitan interactuar con la información y el conocimiento disponible en el ciberespacio. También debe formarse al alumnado para que sea un sujeto con actitudes, valores y compromiso con los demás. Paralelamente también implica formarles como personas con equilibrio emocional para el uso consciente y autorregulado de las redes sociales y tecnológicas.

Manuel Area-Moreira

P: ¿Qué limitaciones percibe en el uso de las tecnologías en estos momentos?

R: Más que limitaciones, diría que existen usos disfuncionales de la tecnología como son la excesiva dependencia y cantidad de tiempo conectados a la misma por parte de los menores de edad, el acceso a contenidos perniciosos o nocivos (violencia, pornografía, apuestas, acosos, etc.), difusión acelerada del narcisismo o exhibición pública de la vida privada, el consumo y aceptación acrítica de ideas y noticias falseadas… Todo esto son fenómenos preocupantes ante el sobreuso de las redes tecnológicas y necesitan respuestas educativas tanto desde las escuelas como desde los hogares.

P: ¿Cómo introduciría las TIC para garantizar un aprendizaje significativo y personalizado? 

R: Hace ya tiempo que sabemos que las TIC, por sí solas, no generan automáticamente aprendizaje en los estudiantes. Ocurre si detrás de la introducción de las TIC en el aula, el docente tiene un planteamiento pedagógico que estimule que el alumnado aprenda de forma activa, constructiva y experiencial. Esto supone articular planificaciones y metodologías didácticas donde se le pida al alumnado que sea un creador de objetos digitales de conocimiento (en formato texto, vídeo, audio…) que pueden compartirse y difundirse en Internet, favoreciendo el trabajo colaborativo y grupal tanto con sus compañeros de clase como con estudiantes de otros centros.  Las TIC deben ser utilizadas, didácticamente como recursos que facilitan y permiten al alumnado ser creadores del conocimiento y no meros consumidores del contenido que les proporcionen las pantallas.

«Las TIC garantizan un aprendizaje significativo y personalizado si el docente tiene un planteamiento pedagógico que estimule que el alumnado aprenda de forma activa, constructiva y experiencial»

P: ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir plataformas y herramientas digitales?

R: En la selección de plataformas o herramientas digitales para ser empleadas educativamente debemos estar atentos a que las mismas cumplan una serie de requisitos básicos de respeto a la privacidad de los datos e informaciones personales. Necesitamos plataformas y herramientas digitales que no se apropien y exploten comercialmente los datos generados por los agentes educativos, sino que las mismas sean transparentes y estén al servicio de las necesidades del profesorado y alumnado.

P:¿Qué tecnologías tendrán un impacto mayor en la educación en los próximos años?

R: No soy profeta, pero es predecible que las tecnologías denominadas inteligentes son las que se extenderán e impactarán en los próximos años tanto en nuestra sociedad como en el ámbito educativo. Conceptos como las analíticas del aprendizaje, la tutorización automatizada, la personalización o individualización del aprendizaje, la automatización de los procesos instructivos… probablemente empezarán a estar generalizados en el campo educativo. Asimismo, creo que se producirá un aumento de las modalidades formativas híbridas que supongan una mezcla o combinación de situaciones de enseñanza presencial con espacios de aprendizaje virtuales.

P: En el caso de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede esta tecnología mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuáles son los retos más inmediatos que debe abordar?

R: Actualmente existen numerosas promesas, expectativas y herramientas sobre las aplicaciones de la Inteligencia artificial (IA) en la educación. De hecho, es muy fácil localizar actualmente en Internet cientos de apps que permiten a los docentes y al alumnado de forma automatizada y fácil crear imágenes, generar videos e infografías, traducir idiomas, elaborar resúmenes, redactar ensayos, planificar proyectos, etc.

«El peligro está en que los estudiantes plagien y asuman de modo acrítico lo que les digan las máquinas»

Mi punto de vista es que nos falta o carecemos de un planteamiento o modelo de actuación educativa para integrar didácticamente estas herramientas inteligentes en los procesos de enseñanza. No tiene sentido pedir a los estudiantes las mismas tareas intelectuales que se les solicitaba en los tiempos previos a la IA, ya que estas máquinas se las resuelven en poco tiempo y no suponen un esfuerzo cognitivo relevante en el aprendizaje.

El peligro está en que los estudiantes plagien y asuman de modo acrítico lo que les digan las máquinas. Por ello los nuevos retos formativos son que el alumnado aprenda a formular preguntas y sepa dar las instrucciones necesarias a la IA para que les ofrezca respuestas necesarias y apropiadas para resolver problemas específicos. Que el alumnado aprenda a desarrollar una actitud y de análisis crítico ante las respuestas que proporcione una IA y dialogue con la misma; que sepa que esta tecnología comete errores y por tanto debe verificarse la información que proporciona; y tome conciencia que es una herramienta de apoyo, pero que lo relevante son las personas quienes generan el conocimiento.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/manuel-area-moreira/

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Jornada escolar continua: más tiempo para estar en familia y mayor rendimiento en el aula

Por: Educación 3.0

La investigadora y docente Carmen López realiza una decidida defensa de la jornada escolar continua destacando entre sus principales beneficios la mejor organización del tiempo y de las relaciones familiares, así como la reducción de la conflictividad entre estudiantes.

Parece ser que las administraciones públicas y los poderes económicos están muy preocupados por el creciente absentismo y abandono escolar temprano en España. Lo más llamativo es que, en vez de analizar y afrontar las causas desde una perspectiva pedagógica, psicológica, educativa y familiar, han pensado que es una brillante idea que entidades financieras diseñen las medidas que se necesitan para luchar contra esta situación. Así, empresas de todo tipo, incluso algunas que no son educativas como ESADE, han publicado investigaciones con escaso rigor científico.

Aseguran que la jornada escolar partida tiene grandes beneficios como la conciliación familiar o la ‘conciliación de las madres’ (sí, de las madres, como si la responsabilidad de conciliar fuera solo nuestra, ¡este es el nivel!). Han llegado a afirmar incluso que la jornada escolar continua cuenta con enormes perjuicios llegando a tildarla de ‘tragedia’. La OCDE también se suma y propone dejar atrás el horario intensivo al considerarlo como causa del absentismo.

Desmontando mitos

La jornada continua no disminuye el rendimiento y posee exactamente las mismas horas que la partida, solo que repartidas de otra forma con el comedor al final. Por ejemplo, en Galicia, el 100% de los centros de Infantil y Primaria aplican este modelo y lideran el Informe PISA. Su alumnado no está más cansado al final de la mañana que después de comer, cuando el alumnado ya tiene el estómago lleno y ha pasado dos horas en el patio. Además, como estos centros no cierran sus puertas a las 14:00 horas los estudiantes pueden quedarse a comer y después hacer sus actividades extraescolares.

El profesorado sigue trabajando el mismo número de horas y las becas están garantizadas. Sin embargo, lo que sí disminuye es el índice de conflictividad, ya que la mayoría de los conflictos entre el alumnado surgen durante las comidas y el descanso posterior. Aunque las empresas de catering podrían perder beneficios si algunas familias deciden llevar a sus hijos a comer a casa, lo prioritario debería ser el bienestar de los estudiantes.

Por su parte, la jornada partida supone que la franja entre las 12:30 horas y las 15:00 horas esté destinada a que el alumnado vaya a casa a comer o se quede en el comedor y luego en el patio, con el sobrecoste que esto supone para las familias. De 15:00 horas a 17:00 horas continúan con las clases, de manera que terminan haciendo una jornada de ocho o nueve horas, ¡una verdadera locura!. Se sabe además que después de comer la atención cae en picado porque están cansados y soñolientos.

Lo que quieren algunos es una guardería

Cinco o seis clases con dos recreos cada dos sesiones y una duración por sesión de 50 minutos es mil veces mejor que dar clases de las 15.00 horas a las 17.00 horas. Como investigadora, experta en pedagogía y docente desde hace más de 30 años, las conclusiones son claras: la jornada continua beneficia el rendimiento escolar y las relaciones familiares. A menudo leo muchos comentarios sobre que dificultaría la conciliación familiar, sin embargo y conforme hemos explicado, las familias que así lo necesiten pueden dejar a sus hijos en el colegio hasta las 17:00 horas o las 18:00 horas como en la partida.

Por otro lado, centrarnos en los horarios escolares es desviar el verdadero problema. No es la jornada continua la que entorpece la conciliación familiar, son las extensas jornadas laborales, las nulas políticas de respeto hacia las familias y la falta de implicación de tantos padres en la crianza de sus propios hijos y en las labores domésticas.

Un centro educativo no debería estar pensado para facilitar la conciliación y dejar a los menores desde las 8:00 horas de la mañana a las 18:00 horas de la tarde porque debería primar el derecho a crecer con sus familias y no ser meros ‘aparca-niños’. Es fundamental que las jornadas laborales se ajusten a las necesidades de la infancia y la adolescencia, en lugar de exigir que los menores se adapten a los horarios extensos que benefician a las empresas.

El argumento para la jornada partida es meramente económico ya que no favorece el rendimiento ni mejorará los resultados catastróficos del Informe PISA, tampoco la eliminación del absentismo escolar porque precisamente un número importante de los menores que van a comer a casa no vuelven por la tarde. Las causas del abandono escolar son otras, pero deberían analizarlas personas expertas del campo de la educación en vez de con profesionales dedicados a la economía, a las matemáticas o a la política.

Y termino con la siguiente reflexión: ¿estamos poniendo en el centro a nuestros menores?, ¿es sensato que estén ocho o nueve horas en el colegio mientras la madre y el padre son productivos para el sistema?, ¿qué tiempo les queda para jugar y estar en familia?

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/opinion/jornada-escolar-continua/

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