El 21 de agosto estarán de paro Adosac (Santa Cruz), Atech (Chubut), MPL, Utem y el FTEL (Misiones), Ademys (CABA), Aten Capital (Neuquén), GDA (Formosa) y Sutef (Tierra del Fuego), y realizarán marchas y actos en todo el país sindicatos y seccionales multicolores y antiburocráticas por los derechos de las y los docentes y la defensa de la educación pública, contra la avanzada antieducativa del gobierno del facho de Milei y la motosierra de todos los gobernadores.
La convocatoria fue la resolución de una masiva reunión de la oposición antiburocrática nacional, que enfrenta el ajuste conjunto de Milei y los gobernadores y la colaboración de parte de la dirección de Sonia Alesso y Roberto Baradel de Ctera, que bloquea y aísla todas las luchas provinciales.
El documento de convocatoria a esta gran acción unitaria parte efectivamente de esa caracterización que muestra a todos los gobiernos hundiendo a la escuela pública y a la burocracia celeste de Ctera garantizando ese ataque mediante la paralización completa de la central sindical de la docencia: “La política contra la paritaria nacional (de Milei), al rebajar salarios eliminando el incentivo y la conectividad, así como recortar 17 programas socioeducativos, al avanzar en las reformas previsional, laboral y antieducativa, en su ataque al derecho a la salud, la estabilidad laboral y a protestar, lo replican de una y otra forma los distintos gobernadores. Así lo demuestran las provincias que están en conflicto, pero también los reclamos que se multiplican en otros distritos, con asambleas, movilizaciones y acciones impulsadas por las seccionales y sindicatos combativos”.
Así mismo, la convocatoria docente se suma a la lucha del conjunto de las y los trabajadores, llamando “a los trabajadores, estudiantes, las familias y la comunidad educativa a movilizar y apoyar la lucha docente en el país, por la recomposición salarial, por mayor presupuesto y la escuela pública, así como el reclamo del hospital Garrahan y todas las luchas. La defensa de la educación requiere todo el apoyo popular”.
El Plenario del sindicalismo combativo, el movimiento piquetero y los jubilados en lucha votó sumarse a la jornada nacional de la docencia
El multitudinario plenario del movimiento obrero ocupado y desocupado combativo que se realizó el sábado 16 en la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad de Buenos Aires contó con la participación de varias de las organizaciones docentes que tomaron esta iniciativa de lucha. Estuvieron presentes en el plenario Adosac, Aten Capital, Aten-Plottier, Ademys, la Uepc Capital, la minoría de Agmer-Concepción de Entre Ríos, el Suteba Marcos Paz (como adherente) y más de dos centenares de docentes de todo el país, que propusieron en el plenario obrero apoyar y sumarse a la jornada de lucha, lo que fue votado por unanimidad como parte de todo el plan de lucha de los asistentes.
Ese día confluirá la docencia nacional con el paro de 48 horas de la AGD-UBA (también convocante del plenario obrero, al igual que el Sutna) y con el paro y movilización a Plaza de Mayo de los trabajadores del neumático contra las importaciones indiscriminadas, los despidos y por el aumento de salarios.
También se realizará en la casa de la provincia de Santa Cruz, en la Ciudad de Buenos Aires, un acto en defensa de la lucha santacruceña en la que confluirán Ademys y los Sutebas Multicolores.
Tribuna Docente convoca a toda la docencia a sumarse a estas medidas de fuerza que se desenvolverán en todo el país y a fortalecer el frente único independiente del gobierno de Milei, los gobernadores y la burocracia sindical de la CGT y las CTAs, cómplices de los actuales ataques contra la clase obrera de todo el país?
Centro Internacional de Investigación Otras Voces en Educación
El ciberacoso (también llamado acoso cibernético, acoso digital o cyberbullying) es una forma de violencia ejercida a través de medios digitales, como redes sociales, mensajes de texto, correos electrónicos, plataformas de juegos o cualquier espacio virtual. Implica el uso deliberado de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) para hostigar, amenazar, humillar, intimidar o dañar psicológicamente a una persona o grupo, de manera repetida y sostenida en el tiempo.
Características del ciberacoso:
• Anonimato: El agresor puede ocultar su identidad, lo que puede aumentar el daño y la dificultad para detenerlo.
• Difusión rápida: El contenido ofensivo (fotos, videos, rumores) puede viralizarse en minutos.
• Permanencia: Lo que se publica en internet puede permanecer mucho tiempo o incluso de forma indefinida.
• Acceso constante: A diferencia del acoso presencial, el ciberacoso puede ocurrir en cualquier momento del día o la noche.
• Alcance ampliado: Puede llegar a muchas personas simultáneamente, agravando el impacto emocional en la víctima
Este tipo de acoso puede incluir:
• Mensajes ofensivos o amenazantes: Enviar insultos, rumores o contenido humillante a través de redes sociales, chats o correos.
• Suplantación de identidad: Crear perfiles falsos para burlarse o difamar a alguien.
• Doxing: Publicar información personal (como dirección o teléfono) sin consentimiento para causar daño.
• Acoso en grupo: Cuando varias personas se coordinan para atacar a una víctima en línea.
• Sexting no consentido: Compartir o difundir imágenes o mensajes sexuales sin permiso.
• Troleo: Provocar o molestar intencionadamente en foros, juegos o comentarios en línea.
En las próximas semanas estaremos realizando talleres de formación para tomar conciencia y participar activamente en la superación del ciberacoso
Les invitamos a llenar este formulario si verdaderamente están interesadxs y cuentan con el tiempo para asistir a los talleres online, los cupos son limitados.
Fechas de los talleres: 22 y 29 de julio- 5 y 12 de agosto.
Horario: comienzan a las 15 hrs Mx- 16 hrs Col- 17 hrs Vzla- 18 hrs Br, una duración aproximada de hora y media.
Es una equivocación del gobierno de Claudia Sheinbaum asumir que ha triunfado porque la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se retira del Zócalo. La coordinadora mantiene su fuerza intacta y la rebelión se ha extendido por todo el país. Hoy está en manifestaciones contra la Ley del Issste en Hermosillo, Zacatecas, Mérida, Ciudad Juárez, San Luis Potosí, Valladolid, Fresnillo y en los estados de Jalisco, Morelos, Durango, Michoacán, Oaxaca y Chiapas. Además, gana fuerza porque, como dice su documento de partida, con su movimiento ha desenmascarado que la 4T no está del lado de los trabajadores.
Esta pequeña frase representa un mundo, un cambio de rumbo en la apreciación de un gobierno, cuyo efecto no es notorio de inmediato, pero es el comienzo de un paulatino y callado deterioro y, lo más importante, desde dentro, en el corazón del proceso educativo de una enorme masa de estudiantes y familias.
Con más de 30 millones de estudiantes y casi 2 millones de profesores, su valor es estratégico. Después de la Revolución de 1910, ha sido en la educación en la que se han generado muy importantes movimientos y, por eso, también las más fuertes y sangrientas represiones, a fuerza de repetirse, le han dado un tono antigobiernista. Además del 68 y el 10 de junio, el encarcelamiento y juicio contra más de mil estudiantes de la UNAM en 2000, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa en 2014 y, como un goteo constante, el asesinato de estudiantes cada año e incluso en este 2025.
Los profesores que ahora regresan a sus estados, parafraseando a Adolfo Gilly, no son los mismos que llegaron al Zócalo en 2016 y en mayo pasado. Los primeros pudieron estar, durante meses, rodeados de policías militarizados, y los segundos marcaron su presencia con fuertes y masivas manifestaciones durante casi un mes: coparon terminales del aeropuerto, cercaron con sus tiendas y plásticos el Palacio y, también, mostraron su enojo profundo ante una ley injusta e indignante. Y el gobierno se ausentó no sólo de las calles, sino también de la mesa de negociación al declarar que no había nada más que discutir. Y se ausentó, además, porque sabía que lo peor sería reprimir. Y por ausente, perdió.
Es también una equivocación de las autoridades universitarias asumir que con dureza es posible prevenir el impacto que tiene en los estudiantes y trabajadores la presencia políticamente beligerante del magisterio. Lo ocurrido hace unos días en la UAM Xochimilco lo ilustra bien. De manera sorpresiva y aludiendo irregularidades tan graves como que se publicaran más ejemplares que los aprobados (!), las autoridades rectoría-División de Ciencias Sociales y Humanidades obligaron a renunciar a un trabajador (Miguel Ángel Hinojosa), quien durante 27 años y con sólo dos personas más venía publicando un promedio de 40 libros cada año (más que ninguna otra división de la UAM).
Con esto, las autoridades ”recuperaron” el control de un área que es importantísima, pues de ahí depende la publicación del trabajo de cientos de académicos. Pero el tono simbólicamente tan violento de esta recuperación (como si esa área se hubiera vuelto independiente) ha generado enojo y preocupación entre las y los profesores no sólo por el trato indigno a un compañero trabajador, egresado de la carrera de comunicación de la UAM, sino porque ha traído incertidumbre e incluso temor de represalias entre las y los docentes que han firmado cartas de apoyo y sin resultado se han entrevistado con dichas autoridades.
La incertidumbre y el temor se potencian aún más si se tiene en cuenta que en un documento que discretamente se distribuye entre trabajadores se hace un recuento de los despidos y abusos en esa división en los últimos meses. Algo que se interpreta –no sin razón– como un esfuerzo por acomodar fichas ante el proceso de elección de rector general (julio) y el de la unidad Xochimilco (noviembre). Una coyuntura que como nunca muestra la bancarrota que han sufrido las posibles candidatas a esos puestos (rectoras de Azcapotzalco e Iztapalapa) debido a su agresivo trato a estudiantes que mediante paros protestan por medidas unilaterales. Y las autoridades de Xochimilco que, con una excepción, habían asumido un notable tono conciliador, ahora se suman a la campaña hostil contra trabajadores y están generando un clima tan inhóspito que será muy costoso para la UAM, para su trabajo académico y su imagen ante la sociedad.
Perdido el rumbo y el carácter de faro reflexivo y de amplios horizontes de la universidad pública y autónoma, ahora queda la lucha encarnizada por el poder, con la agravante de que la designación de rector la hacen nueve personas y en secreto. Así, sin pretenderlo realmente, el movimiento magisterial ha contribuido, además de mostrar la pobreza de los pequeños grandes intereses gubernamentales (no perturbar al capital), también los de las autoridades de las instituciones (ganar puestos).
Las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) no son un beneficio, son un mecanismo neoliberal de despojo financiero.
Con la reforma de 1997, el Estado mexicano sustituyó el sistema solidario de pensiones por el esquema de cuentas individuales, entregando la administración del ahorro para el retiro de millones de trabajadores a bancos privados y aseguradoras.
Esto ocurrió en el marco del neoliberalismo: privatización de empresas públicas, liberalización financiera y rescate a banqueros.
¿Recuerdas el Fobaproa?
Fue un programa que convirtió las deudas de bancos privados en deuda pública: el pueblo mexicano paga hasta hoy esa factura. Pero el saqueo no acabó ahí. El nuevo sistema de pensiones se volvió otro negocio redondo.
Cada trabajador es obligado por ley a entregar parte de su salario a una AFORE. Ese dinero, que debería estar destinado a su futuro, se convierte en flujo constante de ganancias para los bancos mediante el cobro de comisiones.
¿Quiénes son las AFORES y cuánto ganan?
En México hay 10 AFORES que administran más de 7.18 billones de pesos en 2025. Estas son las principales y a quién pertenecen:
Afore Coppel – Grupo Coppel
Afore Azteca – Grupo Salinas (Ricardo Salinas que es principal opositor de la 4T hoy cierra filas con Sheimbaum contra los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación —CNTE—)
Citibanamex Afore – Citigroup —en proceso de venta— (EE.UU.)
Afore XXI-Banorte – Banorte
SURA – Grupo SURA (Colombia)
Profuturo – Grupo BAL (dueños de El Palacio de Hierro)
Principal – Principal Financial Group (EE.UU.)
Invercap – Fondo de inversión privado
PensionISSSTE – Única pública, limitada a trabajadores del Estado
Inbursa – de Carlos Slim, uno de los empresarios más ricos del mundo
En total, estas empresas ganaron más de 34,800 millones de pesos en 2024 por concepto de comisiones, ¡aunque el dinero es tuyo!
¿Cuántas cuentas controlan?
Desde 1997, las cuentas individuales se han multiplicado. Hoy existen más de 69 millones de cuentas activas, así se distribuyen:
Afore Coppel – 11.8 millones
Azteca – 8.8 millones más 8 millones de cuentas “no asignadas” (los trabajadores cuando comienzan a cotizar se les asigna en automático una AFORE, actualmente son más de 8 millones de trabajadores que tienen afore sin saberlo, y está asignada a Banco Azteca)
Citibanamex – 8.9 millones
XXI-Banorte – 7.3 millones
SURA – 7.9 millones
Profuturo – 8.3 millones
Principal – 2.3 millones
Invercap – 1.8 millones
PensionISSSTE – 2.5 millones
Inbursa – 1.1 millones
¿Y si no quiero tener AFORE?
No puedes negarte. Por ley, todo trabajador formal debe estar afiliado a una AFORE, quiera o no. No puedes retirarte del sistema, ni manejar tu propio fondo, ni volver al esquema solidario.
El Estado obliga a entregar una parte de tu salario a los bancos. ES UN GRILLETE que no te puedes quitar.
La “modernización” de las pensiones en México no fue para tu beneficio, fue para el mercado. No es libertad financiera, es un sistema obligatorio de acumulación para los grandes capitales. Es la CNTE la que realmente lucha contra el neoliberalismo al exigir el regreso a las pensiones solidarias, y es MORENA quien protege los intereses de los banqueros y empresarios.
¿De qué lado estás?
Fuentes de consulta
Martínez González, María de Lourdes, El sistema de AFORES en México y la violación de derecho humano a la seguridad social, tesis de maestría por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, disponible en: https://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1611.
Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
Uno de cada dos docentes considera que la formación que reciben es insuficiente para desempeñar su oficio, según una encuesta de CC OO.
La mitad del profesorado considera que la formación que recibe para ejercer la docencia es insuficiente ―frente a poco más de un tercio que opina lo contrario, y un 15% que responde que no sabe o prefiere no contestar a la pregunta―. Un porcentaje similar, el 49,5%, asegura que su trabajo le genera “un desgaste emocional significativo” muchas veces o siempre ―en este último escalón se sitúa nada menos que el 29% de los docentes de la enseñanza privada, frente al 16% de los de la pública―.
Pese a ello, tres de cada cuatro profesores se declaran satisfechos con su oficio, y solo el 7% piensa abandonarlo. Los datos, junto a muchos otros, forman parte de la encuesta publicada este miércoles por la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, que ha sido elaborada por la firma Demométrica y se basa en 1.042 entrevistas con docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Formación Profesional.
El sondeo refleja que un contundente 80% de profesionales de la educación pública considera que se debería “utilizar una valoración sistemática del profesorado para determinar su promoción a otros puestos educativos”. Un 64% opina que dicho sistema debería usarse para “ajustar las retribuciones”. Y un 62,5%, para “proponer, en su caso, las oportunas sanciones”.
La fórmula preferida para llevar a cabo dicha valoración son las “entrevistas de los profesores con el equipo de evaluación” (registra un apoyo del 69%). Pero la mayoría también se muestra de acuerdo con que se haga mediante “informes del equipo de evaluación sobre el trabajo de los profesores evaluados” (60%), o “visitas en tiempos de clase” (56%). Siete de cada diez opinan, además, que se debería “valorar voluntariamente la labor” de los docentes y de los equipos directivos.
Los profesores son un elemento central en la calidad de un sistema educativo, pese a lo cual los estudios y encuestas centrados en ellos han sido tradicionalmente escasos en España. En los últimos meses se han difundido, sin embargo, varios informes. Su publicación ha coincidido con el inicio de la negociación entre el Ministerio de Educación y los sindicatos de enseñanza para reformar a fondo la profesión. Un objetivo anunciado y aplazado varias veces en las últimas décadas.
El establecimiento de alguna fórmula de valoración sistemática de la labor docente, como el que plantea a los entrevistados la encuesta de CC OO, que sirva de referencia para la progresión profesional, es uno de los elementos que está sobre la mesa de negociación. Como también la reducción del número de estudiantes por aula. El tamaño actual de las clases ―ahora puede haber hasta 25 chavales en Primaria, 30 en la ESO y 35 en Bachillerato, y las comunidades pueden rebasar dicho límite alegando situaciones excepcionales― resulta insatisfactorio para la mayoría (54,5%) de los docentes. Y probablemente no lo sea para más porque el descenso de la población escolar ya ha reducido de forma natural la ratio en muchas escuelas.
Periodo tutorizado
La gran mayoría de los docentes (84%) son partidarios de que la formación inicial tenga “una estructura con amplias prácticas tutorizadas y remuneradas”. Tres de cada cuatro creen que las universidades deben introducir cambios para adecuar la formación de los futuros enseñantes “a las necesidades de su puesto de trabajo”.
El mantenimiento del máster de formación del profesorado de secundaria recibe el apoyo del 51% (y solo del 48% entre los profesionales de la enseñanza pública). Mientras que el 49,2% de los docentes considera insuficiente la formación recibida en materia de metodología y didáctica para ejercer su trabajo. Y el 42,2% también considera incompleta la formación recibida en materia de contenidos disciplinares.
Sus condiciones de trabajo les resultan, en general, aceptables. El 73% está satisfecho con su jornada. El 59%, con sus retribuciones. Y el 83% con “el tratamiento de las cuestiones de género”. Casi todos los docentes (93%) creen que la jornada escolar concentrada en la mañana o continua es “positiva o muy positiva” para los propios profesores. Y una clara mayoría (85,5%) considera que también lo es para el alumnado e incluso para las familias (73,2%).
Su relación con los estudiantes
Frente a la imagen que a veces se traslada, el 93,5% de los docentes se declaran satisfechos o muy satisfechos con la relación que tienen con los alumnos. El 94,5% considera positiva su relación con los compañeros, y el 78%, la que tiene con los padres de los estudiantes. En el caso de la relación con la inspección educativa, solo el 49% de los docentes se declara satisfecho con ella ―uno de cada cuatro responde “que no sabe”, lo que según el informe se debe probablemente a que no tienen trato con ellos―.
Menos de la mitad del profesorado de la pública está satisfecho con su relación con la administración educativa (sinónimo, normalmente, de consejería de educación). Y el 27% de los docentes de la privada considera “insatisfactoria o muy insatisfactoria” la disciplina de los alumnos (el dato, por alguna razón, no se ha incluido para los de la pública).
Pagar más en centros complejos
En cuanto a las herramientas con las que cuentan y los espacios con los que trabajan, solo el 56% afirma estar satisfecho con las infraestructuras físicas; el 65%, con los recursos y materiales didácticos, y el 67,5% con las conexiones wifi. Prácticamente todos (94%) respaldan que se introduzcan o se mejoren los complementos salariales para los docentes que ocupen “puestos de difícil desempeño”.
La encuesta pregunta a los docentes por algunos de los cambios que trajo la actual ley educativa. Un tercio o más responden a todo este bloque de preguntas que no saben o prefieren no contestar, un porcentaje alto que se explica probablemente por el hecho de que no afecta a la etapa a la que enseñan. El 46% está de acuerdo con que la FP Básica conduzca a la obtención del título de la ESO (solo un 18% está en contra). Pero solo a un 32% le parecen bien las evaluaciones diagnósticas, implantadas en 4º de primaria y en 2º de la ESO para conocer el nivel de competencias de los chavales, mientras que un 36,5% está en contra.
La negociación que convocó el gobierno nacional el jueves último para la tarde del lunes no llegó a buen puerto. La decisión oficial se tomó una vez que todos los sindicatos docentes del país habían acordado un paro general para el lunes 24 de febrero que implicó el no inicio de clases en 12 provincias de todo el país.
La medida, además, incluyó un paro general pautado para el 5 de marzo cuando debería completarse el comienzo del ciclo lectivo en el conjunto de las provincias.
El paro obtuvo un alto acatamiento y, sin embargo, no alcanzó para que el gobierno ofreciera un incremento del salario mínimo docente capaz de satisfacer los reclamos docentes y desactivar las medidas.
Así las cosas, la propuesta de llevar el salario mínimo de referencia para el cargo de maestro de grado con jornada simple a los $500 mil fue calificada de “paupérrima” por los representantes gremiales que ratificaron la medida del 5 de marzo. Además, rechazaron la posibilidad de que el gobierno defina el incremento a través de una resolución ministerial tal como lo hiciera en agosto de 2024 cuando llevó ese salario de referencia hasta los $420 mil.
El incremento implica una suba del 20% con relación a abril de 2024 fecha desde la cual su valor está fijado en ese monto.
El gobierno rechazó también la restitución del FONID que no ejecuta desde su asunción e impacta en los haberes docentes en el orden de un 10%.
El monto negociado opera de referencia para las negociaciones provinciales y tiene impacto en la denominada “garantía salarial” que perciben como piso alrededor del 70% de los docentes universitarios.
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