Más de 700 millones de jóvenes menores de 18 años no podían ir al colegio en el pico de la pandemia. Esta serie documental recoge, de la mano de Unicef, el testimonio de 16 de ellas sobre cómo les ha afectado. La segunda entrega, de cinco, llega desde Indonesia, India, Malí, Chad, Bangladés y Ghana. La ofrecemos en castellano en exclusiva
El cierre de las escuelas en 194 países dejaron a 1.600 millones de niños, aproximadamente el 90% de los estudiantes del mundo, sin escolarizar a principios de abril. La vida de niñas como Fikoh ha cambiado mucho. En el pico de la pandemia de covid-19, más de 700 millones jóvenes de todos los continentes no podían ir al colegio, lo que las ha obligado a reorganizar unas vidas cotidianas muy diferentes. Muchas adolescentes corren el riesgo de no regresar nunca al aula, ya que las familias recurren al matrimonio infantil o al trabajo forzado para aliviar sus cargas económicas.
Igual que en otros países del mundo, los centros educativos de Mali están cerrados, y Adiaratou ha tenido que encontrar nuevas formas de realizar sus tareas escolares. Para otras niñas, los obstáculos para acabar este curso son otros. Aparte de los problemas logísticos del aprendizaje a distancia, ellas también tienen que enfrentarse a la pérdida de las ventajas añadidas que supone ir al colegio. En los últimos meses, la escuela ha cambiado para casi todo el mundo, y empezamos a ser más conscientes de lo que supone una interrupción de la enseñanza. Pero para muchas estudiantes, la covid-19 no es la única causa de que sus posibilidades de estudiar se hayan interrumpido.
Laetitia forma parte del Parlamento Infantil de Chad, un programa extraescolar en el que participan gran número de jóvenes ambiciosos con ideas sobre cómo hacer frente a algunos de los mayores problemas del país. Para Laetitia, algunos de ellos tienen repercusiones muy personales. La desigualdad de género y la estigmatización impiden que la educación de las niñas progrese en todo el mundo. Esta situación puede cambiar, pero tenemos que asegurarnos de facilitar a las jóvenes centros de enseñanza seguros en los que puedan aprender y avanzar, y de empoderarlas para que tomen sus propias decisiones.
Si queremos proteger las capacidades, la ambición y el futuro de estas niñas, tenemos que actuar conjuntamente. Sin embargo, quizá el primer paso sea, sencillamente, escuchar.
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La mutilación genital femenina, los embarazos y los matrimonios infantiles han aumentado de manera alarmante durante la pandemia y no se están aplicando políticas eficaces de protección
“He estado recibiendo cada día llamadas de socorro de las comunidades diciendo ‘muchas niñas están siendo cortadas (mutiladas), por favor haz algo, por favor haz algo, contacta con las autoridades, por favor, rescátalas’”, explica Chesang Domtila en una conversación telefónica que se corta cada dos minutos. Es activista por los derechos de las niñas, fundadora de la organización I_Rep Foundation, y vive en el condado de West Pokot, fronterizo con Uganda, uno de los más golpeados por la mutilación genital femenina (MGF) durante la pandemia.
La MGF es la extirpación parcial o total de los genitales externos femeninos por motivos no médicos. Hay cuatro tipos diferentes de mutilación según el grado de agresividad y se suele practicar entre la infancia y la adolescencia. Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Kenia hay un 21% de mujeres entre 15 y 49 años que han sufrido algún tipo de MGF, cifra que se sitúa por debajo de otros países como Somalia (98%), Guinea (97%) o Yibuti (93%), pero que sigue siendo alarmante ya que se trata de una práctica ilegal en el país desde 2011.
Domtila asegura que los casos de mutilación en West Pokot habían bajado mucho, pero durante la pandemia se han disparado y se ha dejado atrás el secretismo para hacerlo en público mediante ceremonias. “Los padres se imaginan que pueden esconderse detrás de la covid-19 para cortar a las niñas y salir impunes; se piensan que el gobierno está demasiado ocupado como para arrestarles”, comenta la activista. La topografía de la zona hace difícil el acceso a muchos de los pueblos pero se ha conseguido arrestar a algunas de las personas responsables gracias a la movilización de líderes locales como Domtila.
A menudo, los rituales de ablación se hacen durante las vacaciones escolares para no llamar la atención y para que las niñas tengan tiempo de curarse. Hay diferentes tradiciones y creencias que envuelven esta práctica y su grado de incidencia varía según el grupo étnico —los somalis tienen un 94% de incidencia, por ejemplo, mientras que los luo tan solo un 0,2%—. Suele ser una práctica más prevalente en las áreas rurales que las urbanas (un 25,9% ante un 13,8%) y entre las comunidades con menor escolarización (un 58,2% ante un 8,6%). Supone un ritual del paso de niña a mujer, aumenta las posibilidades de contraer matrimonio y lleva asociadas una lista de connotaciones culturales de pertenencia a la comunidad que en caso de rechazarlas, acarrea exclusión y estigma.
“Había programas en las escuelas que protegían a las niñas pero ahora estas están cerradas y la comunidad no tiene otra alternativa que celebrar el rito de paso. Las mutilan y así están listas para casarse en dos o tres años”, comenta Domtila, que estima que los casos de ablación femenina en West Pokot han subido a 800 entre marzo y junio. En situaciones de crisis como la actual, el matrimonio es visto como una transacción económica que puede ayudar a la familia de la mujer a mejorar su situación económica gracias a la dote.
En cada comunidad las afectaciones y las medidas están siendo distintas y, de hecho, debido a la limitación de la movilidad por la pandemia y la dificultad de acceder a zonas remotas, no se dispone del número real de chicas afectadas por este o cualquier tipo de violencia. “El impacto actual de la covid-19 se verá realmente cuando las escuelas reabran (en 2021) y todo vuelva a la normalidad; es entonces cuando veremos cuantas niñas regresan al colegio”, dice Tony Mwebia, activista por la igualdad de género y fundador de la organización Men End FGM, centrada en educar a los niños y hombres en torno a la mutilación genital femenina y al matrimonio infantil. Asimismo, cuando se tiene constancia de un caso sigue siendo muy difícil llegar a una condena, ya que depende de la evidencia presentada en el juicio “y eso lo complica porque se supone que las niñas que han sido circuncidadas tienen que testificar y a veces se sienten amenazadas porque quien se lo ha hecho son vecinas o miembros de su propia familia”, añade Mwebia.
Convivencia forzosa con familiares abusadores
Son varios los esfuerzos de la Administración y la sociedad civil para acabar con la incidencia de cualquier violencia contra niñas y mujeres, pero faltan recursos y una mejor organización. “Las estrategias deben ser dirigidas; qué hacer en qué comunidades, ya que no todas tienen las mismas necesidades», explica Eva Komba, investigadora y especialista en género.
“Necesitamos conocer cada casa donde haya niñas entre cuatro y 18 años y ponerlo en una base de datos, de manera que si vas a esa comunidad podrás implementar respuestas específicas”, comenta Komba, que añade que la violencia contra las mujeres forma parte de todo un espectro que debe ser modificado, incluyendo el cambio climático, la seguridad alimentaria, la mejora de la cobertura sanitaria, la escolarización de las niñas, etcétera.
En los últimos meses, Kenia se ha enfrentado no solo a un incremento de la ablación sino también a una subida preocupante de los embarazos adolescentes. En el condado de Machakos, bordeando Nairobi, se registraron 4.000 embarazos de niñas menores de 19 años tan sólo de enero a abril. Los casos se concentraron sobretodo a partir de marzo cuando los colegios cerraron por el coronavirus, y se especula que puede haber más.
La convivencia forzosa con familiares abusadores ha sido una de las causas, pero también el intercambio de sexo sin protección con hombres mayores por productos de higiene menstrual que antes ofrecía el colegio y ahora son de difícil adquisición para las chicas sin recursos. La menstruación no desaparece ante una pandemia, las ayudas sí.
Recientemente en el condado de Kajiado, el gobierno local junto con organizaciones comunitarias lanzaron una campaña de sensibilización para dar respuesta a este problema. La iniciativa lleva el nombre de “Funga Miguu”, que se traduce en un “Cerrar las piernas”. Y va dirigida exclusivamente a mujeres, hecho que ha generado críticas, ya que, de nuevo, se está responsabilizando a las víctimas del abuso sufrido.
“Involucrar a los hombres en esta lucha es vital”, comenta Tony Mwebia. “Necesitamos transformar la masculinidad de los chicos jóvenes para que puedan entender que las mujeres son seres humanos iguales y que tienen sus derechos y debemos respetarlos y cuidarlos”. Esta es su tarea en la organización Men End FGM, que en situación de normalidad imparte talleres presenciales a grupos de chicos y hombres de todo el país sobre su papel en la desigualdad y la violencia contra las mujeres, y genera un espacio de debate y reflexión.
Iniciativas en red o puerta a puerta
Las comunidades hace años que trabajan conjuntamente para combatir estas prácticas que amenazan los derechos de las niñas y las mujeres, pero durante la pandemia han visto como su radio de acción ha quedado gravemente afectado y han tenido que extremar sus lazos y buscar alternativas para seguir protegiendo este colectivo.
En algunas localidades rurales los jefes comunitarios van puerta por puerta para controlar que no se circuncide ni se case a ninguna niña, y también se han lanzado campañas de sensibilización por radio, uno de los canales más accesibles para la sociedad. No obstante, hay demandas para una actuación policial más eficaz, ya que parece que todos los esfuerzos van dirigidos únicamente a hacer cumplir las restricciones impuestas por la covid-19.
Las personas que tienen Internet y smartphones disponen de más recursos para hacer frente a estas prácticas durante la pandemia. No sólo es más fácil mantener un contacto directo con líderes locales y centros de rescate sino que también facilita el acceso a aplicaciones como i-Cut, creada en 2017 por un grupo de adolescentes, que permite acceder a ayuda medica y legal antes o después de sufrir la mutilación genital femenina. El principal problema es que aún hay muchas zonas rurales que no tienen acceso a Internet, por lo que cuesta hacer un rastreo o seguimiento de las menores más vulnerables.
Este es uno de los obstáculos con los que se ha encontrado la activista Selina Nkoile desde que empezó la pandemia. Gestiona un internado para niñas llamado Naning’oi en la ciudad masai de Mosiro (Kajiado), el mismo al que ella acudió siendo pequeña y que la salvó de un matrimonio ya pactado. La institución tuvo que cerrar en marzo y Nkoile ha enviado a casa de su madre a las niñas más vulnerables que no podían volver con sus familias y ha intentado mantener contacto telefónico con el resto. Asimismo, trata de tejer una red de colaboración con los líderes locales y las autoridades, pero es un trabajo duro y lento para una sola persona y reconoce estar preocupada porque “las niñas saben que Naning’oi es un sitio seguro donde pueden acudir en caso de violencia o si las van a casar, pero (…) ahora no hay ningún sitio donde puedan escapar si hay un problema, están encerradas en casa con los mismos padres abusivos”.
Para coordinar esfuerzos entre activistas, Tony Mwebia ha creado un ciclo de conversaciones en línea llamado “End FGM Live” en el que participan activistas de todo el país y ponen en común los problemas y las estrategias de sus comunidades. Las llamadas se comparten en directo a través de las redes sociales. «Y de esta forma amplificamos sus voces e intentamos responsabilizar al Gobierno”, explica.
Acabar con la ablación en 2022
Kenia había fijado el año 2022 para la eliminación total de la MGF, y el 2030 para la de todas las formas de violencia de género, pero parece que las actuaciones no están yendo por ese camino, siendo el coronavirus un importante obstáculo. Se realiza mucho trabajo por parte de la sociedad civil pero se necesita más compromiso y apoyo gubernamental para amplificar su incidencia. “No hemos visto los sistemas ni los recursos ni la movilización para asegurar que este objetivo se consiga”, comenta Mwebia.
Se trata de un proceso complejo que requiere la unión de fuerzas de todos los sectores de la sociedad para conseguir una infraestructura externa eficiente que responda a un cambio de mentalidad de la comunidad. La activista Masai Selina Nkoile no duda en su valoración: “En vez de aplicar normas duras desde arriba, introduzcamos medidas en la comunidad para que un padre no llegue ni a plantearse la idea de cortar a su hija”.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/08/12/planeta_futuro/1597247467_508576.html
Las Naciones Unidas dicen que la ley, que permitiría que las niñas se casen tan pronto como lleguen a la pubertad, tiene «fallas profundas»
El parlamento de Somalia ha provocado indignación al reemplazar la legislación largamente esperada para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por un nuevo proyecto de ley que permite el matrimonio infantil y forzado.
La nación del este de África tiene altas tasas de matrimonio infantil y violencia contra las mujeres, incluida la violación y la mutilación genital femenina (MGF). Las Naciones Unidas dicen que el 45% de las mujeres se casan antes de los 18 años, mientras que el 98% se ha sometido a la mutilación genital femenina.
En 2018, el gabinete de Somalia aprobó el histórico proyecto de ley de delitos sexuales destinado a criminalizar una amplia gama de formas de violencia de género, incluidas la violación, el matrimonio infantil y la trata sexual.
El proyecto de ley establece obligaciones claras para la policía, los investigadores y los fiscales y proporciona protecciones específicas para grupos vulnerables como los niños, las personas con discapacidad y los desplazados internos.
Había estado pendiente ante la cámara baja del parlamento durante más de dos años hasta el sábado, cuando se presentó ante los legisladores un nuevo proyecto de ley, el de Relaciones Sexuales, que permite que las niñas que llegan a la pubertad se casen.
«Este proyecto de ley se trata de discusión. Cada diputado tiene su propio dicho. Queremos que se apruebe después de discusión», dijo Abdiwali Sheikh Ibrahim, vicepresidente de la cámara baja del parlamento, a la Fundación Thomson Reuters.
Ibrahim no comentó por qué se redactó el nuevo proyecto de ley, pero dijo que fue una medida tomada por los ministerios de justicia, mujer y desarrollo humano en consulta con académicos islámicos.
Ari Gaitanis, portavoz de la misión de la ONU en Somalia (UNSOM), dijo que sería un «paso atrás» para los derechos de las mujeres y niñas en Somalia. La UNSOM ha expresado su preocupación al presidente del parlamento, dijo.
«Este nuevo proyecto de ley propuesto, la Ley de Delitos Relacionados con las Relaciones Sexuales, es profundamente defectuoso y viola seriamente los estándares internacionales», dijo Gaitanis en un comunicado enviado por correo electrónico a la Fundación Thomson Reuters.
«El proyecto de ley original sobre delitos sexuales, que la ONU y muchos otros piden que se vuelva a presentar, es un proyecto de ley integral que se ajusta más a las normas aceptadas internacionalmente».
Los donantes internacionales a Somalia también expresaron su preocupación. Ben Fender, embajador de Gran Bretaña en Somalia, tuiteó que este fue «un gran momento para que los parlamentarios decidan los valores futuros de Somalia».
«El gobierno presentó un proyecto de ley de delitos sexuales moderno después de consultar con imanes y académicos. Nunca se debatió. El nuevo borrador permite el matrimonio en la pubertad + dice que un matrimonio forzado es aquel en el que la familia (no el individuo) no da su consentimiento».
Más de 16.000 personas han firmado una petición en línea pidiendo al parlamento somalí que deseche el proyecto de ley sobre relaciones sexuales y apruebe el proyecto de ley sobre delitos sexuales.
«Estamos profundamente preocupados con el proyecto de ley de delitos sexuales enmendado, ya que sienta un precedente peligroso en un país que ya se ha visto afectado por la violencia sexual de género», dijo el peticionario Jabril Mohamed.
«Este proyecto de ley enmendado es de naturaleza dañina para todos los somalíes, pero especialmente para las mujeres, niñas y niños, ya que no protege del matrimonio infantil, el matrimonio forzado, la violación y otras formas de abuso sexual».
(Informe de Nita Bhalla @nitabhalla y Mohammed Omer, edición de Claire Cozens. La Fundación Thomson Reuters es el brazo caritativo de Thomson Reuters y cubre la vida de personas de todo el mundo que luchan por vivir de forma libre o justa. Visite http: // news.trust.org)
La educación es la clave para el desarrollo personal y el futuro de las sociedades.
Abre oportunidades y reduce las desigualdades.
Constituye los cimientos de las sociedades informadas y tolerantes y es un motor fundamental del desarrollo sostenible.
La pandemia del COVID-19 ha causado la mayor disrupción que ha sufrido nunca la educación.
A mediados de julio las escuelas permanecían cerradas en más de 160 países, algo que afecta a más de 1.000 millones de estudiantes.
Al menos 40 millones de niños de todo el mundo han perdido tiempo de enseñanza en su primer año de educación preescolar, un año fundamental.
Y los progenitores, especialmente las mujeres, se han visto obligados a asumir pesadas cargas de cuidados en los hogares.
A pesar de las clases impartidas por radio, televisión y en línea, y de los mejores esfuerzos de docentes y progenitores, sigue habiendo muchos alumnos a los que no se ha llegado.
Los alumnos con discapacidades, aquellos de comunidades minoritarias o desfavorecidas, los desplazados y refugiados y aquellos en zonas remotas son los que corren mayor riesgo de que se los deje atrás.
Incluso para aquellos que tienen acceso a la educación a distancia, los buenos resultados dependen de sus condiciones de vida, incluida la distribución justa de las tareas domésticas.
Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo.
Ya antes de la pandemia sufríamos una crisis de la educación.
Más de 250 millones de niños en edad escolar no estaban escolarizados.
Y, en los países en desarrollo, solo la cuarta parte de los alumnos de secundaria dejaban la escuela con competencias básicas.
Ahora nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas.
Las repercusiones que ello tendrá, entre otras esferas, en la nutrición infantil, el matrimonio infantil y la igualdad de género son profundamente preocupantes.
Este es el telón de fondo del documento de políticas que presento hoy, junto con una nueva campaña con asociados en el ámbito de la educación y organismos de las Naciones Unidas llamada “Salvar Nuestro Futuro”.
Vivimos un momento decisivo para los niños y los jóvenes de todo el mundo.
Las decisiones que los gobiernos y los asociados tomen ahora tendrán un efecto duradero en cientos de millones de jóvenes, así como en las perspectivas de desarrollo de los países durante decenios.
En este documento de políticas se hace un llamamiento a la acción en cuatro ámbitos principales:
Primero, reabrir las escuelas.
Una vez que la transmisión local del COVID-19 esté controlada, devolver a los alumnos a la escuela y las instituciones de enseñanza de la manera más segura posible debe ser una de las prioridades fundamentales.
Hemos publicado una serie de directrices para ayudar a los gobiernos en esta compleja tarea.
Será esencial encontrar un equilibrio entre los riesgos para la salud y los riesgos para la educación y la protección de los niños, y tener en cuenta también la repercusión en la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo.
Es fundamental consultar a los progenitores, los cuidadores, el personal docente y los jóvenes.
Segundo, dar prioridad a la educación en las decisiones de financiación.
Antes de la crisis, los países de ingresos bajos y medianos ya tenían una necesidad de fondos no satisfecha para la educación de 1,5 billones de dólares al año.
Ahora ese déficit de financiación ha aumentado.
Los presupuestos para educación se deben proteger y aumentar.
Y es fundamental que la educación esté en el centro de los esfuerzos internacionales de solidaridad, desde la gestión de la deuda y las medidas de estímulo a los llamamientos humanitarios mundiales y la asistencia oficial para el desarrollo.
Tercero, dirigir la acción hacia aquellos a los que es más difícil llegar.
Las iniciativas de educación deben procurar llegar a aquellos que corren mayor riesgo de que se los deje atrás: las personas en situaciones de emergencia y de crisis, los grupos minoritarios de todo tipo, las personas desplazadas y aquellas con discapacidades.
Esas iniciativas deben ser sensibles a las dificultades específicas que enfrentan las niñas, los niños, las mujeres y los hombres, y deben buscar con urgencia cerrar la brecha digital.
Cuatro, construir hoy el futuro de la educación.
Tenemos una oportunidad generacional de reimaginar la educación y la enseñanza.
Podemos dar un salto y avanzar hacia sistemas progresistas que impartan educación de calidad para todos, como trampolín para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Para lograrlo, necesitamos invertir en la alfabetización y la infraestructura digitales, evolucionar hacia el aprendizaje de cómo aprender, revitalizar el aprendizaje continuo y reforzar los vínculos entre los sectores formal e informal de la educación.
Debemos también aprovechar los métodos de enseñanza flexibles, las tecnologías digitales y la modernización de los planes de estudios, velando al mismo tiempo por que el personal docente y las comunidades tengan un apoyo sostenido.
Ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles de desigualdad, necesitamos la educación —el gran igualador— más que nunca.
Debemos tomar medidas audaces ahora, a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y resilientes, adecuados para el futuro.
Fuente de la reseña: https://www.un.org/es/coronavirus/articles/future-education-here
Los estudios han demostrado que cuanto más tiempo permanezca una niña en la escuela, es menos probable que se vea obligada a contraer matrimonio infantil. Con muchas escuelas cerradas actualmente y las niñas no van a la escuela, se espera un aumento en el matrimonio infantil. Crédito: Ahmed Osman / IPS
Se pueden esperar 5,6 millones de matrimonios infantiles adicionales debido a la pandemia de coronavirus, que resultó en un aumento a corto plazo de la pobreza y el cierre de las escuelas.
También se espera que la pandemia actual tenga un impacto masivo en el crecimiento proyectado de prácticas nocivas en los cuerpos de las mujeres.
Según un informe reciente publicado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), titulado “ Contra mi voluntad: Estado de la población mundial 2020 ”, se producirán dos millones de casos adicionales de mutilación genital femenina (MGF) para 2030.
«Un gran factor de protección para prevenir el matrimonio infantil es la educación», dijo a IPS Richard Kollodge, asesor editorial principal del informe. “Los estudios han demostrado que cuanto más tiempo permanezca una niña en la escuela, es menos probable que se vea obligada a contraer matrimonio infantil. [Ahora] si las escuelas cierran y las niñas no van a la escuela, eso es una pérdida de un factor de cy eso podría contribuir a un aumento en los matrimonios infantiles «.
Otros factores que contribuyen incluyen la incapacidad de las personas para ir a trabajar, lo que a su vez está afectando los medios de vida. En tales circunstancias, algunos padres pueden sentirse alentados a casar a su hija ya que es una boca menos para alimentar o porque creen que podría ser más seguro, dijo Kollodge.
Es significativo entonces que este año el UNFPA comenzó su agenda de 10 años para poner fin a las prácticas nocivas para 2030 en todos los países. IPS habló con Tharanga Godallage, un asesor de gestión basada en resultados del UNFPA, sobre cómo la pandemia actual afecta esta agenda y cómo exacerba las crisis de la mutilación genital femenina y el matrimonio infantil en todo el mundo.
Inter Press Service (IPS): Su informe dice: “Llegar a cero las prácticas nocivas requerirá un progreso mucho más rápido. Exige un esfuerzo de toda la sociedad, donde todos los que tienen un papel en detener estas prácticas dan un paso adelante para hacerlo ”. ¿Qué pasos pueden tomar los diferentes actores de una sociedad para abordar este problema?
Tharanga Godallage (TG): Las «prácticas nocivas» son un compromiso de múltiples partes interesadas porque ninguna parte interesada puede resolver este problema. En realidad, no es solo un problema a nivel de país: existen a través de las fronteras. Para la MGF en particular, la defensa transfronteriza de los interesados es realmente importante.
En la erradicación de la mutilación genital femenina, y en general, el factor más importante es el fuerte compromiso político del gobierno. El segundo es la aplicación de la ley porque necesitamos crear nuevas leyes y políticas si realmente desea tener un cambio sostenido.
El tercero es la participación de varios ministerios, porque este no es un programa de un solo ministerio. El enfoque es involucrar a todo el gobierno.
Nuestra observación y recomendación es mirarlo de una manera más holística, especialmente el cambio sostenible.
También existe la necesidad de un cambio en las normas sociales, que también es el más crítico y el más difícil. Es por eso que necesita una gran campaña de defensa.
La norma social es la causa principal de la mayoría de estos casos, y eso requiere un compromiso a nivel comunitario, incluidos los líderes, que tienen un papel más importante que desempeñar, y los líderes comunitarios formales e informales.
Y luego hay un vínculo socioeconómico con el matrimonio infantil, la mutilación genital femenina y la preferencia del hijo. Necesitamos reunir a los responsables políticos y las partes interesadas y hacer que todo esto se traduzca en un cambio de políticas.
IPS: Su informe dice: «Si la pandemia causa un retraso de dos años en los programas de prevención de la mutilación genital femenina, los investigadores proyectaron que durante la próxima década se producirían dos millones de casos de mutilación genital femenina que de otro modo se habrían evitado». ¿Puedes analizar cómo tal retraso llevaría a dos millones de vidas afectadas?
TG: Basado en la tendencia histórica y las proyecciones, sabíamos que los casos estimados de MGF para 2030 sin el impacto de COVID-19 serían de alrededor de 34 millones.
Luego observamos la reducción de los programas de ampliación y los nuevos casos para determinar a cuántos casos conducirían esos ajustes, y proyectamos 36 millones.
En general, este impacto de COVID-19 se ha observado de dos maneras: una es el efecto sobre la ampliación de los programas de prevención, ya que no podremos realizar programas de prevención de la manera que planeamos, y luego podrían surgir nuevos casos. de eso.
IPS: ¿Qué factores está contando al contabilizar este cambio en el número proyectado debido a COVID-19?
TG: Las restricciones sobre las reuniones grupales y los viajes han reducido la disponibilidad de personal técnico y la demora de iniciar programas internacionales o programas de prevención.
El segundo es el impacto económico. En el impacto económico, según los datos que encontramos, hubo una reducción del 10 por ciento en el PIB en general y luego, debido a la caída del PIB, hubo un aumento en la pobreza. Por lo general, sabemos que el aumento de la pobreza tiene un impacto del 32 por ciento en el matrimonio infantil, está muy relacionado. Por lo tanto, debido al factor económico y al aumento de la pobreza a corto plazo debido a COVID-19 que se incluyó en el modelo, ahora habrá 5,6 millones de matrimonios infantiles adicionales.
IPS: Su informe dice «Poner fin a las prácticas nocivas para 2030 en todos los países y comunidades, un objetivo del UNFPA, requerirá cambios rápidos en la mentalidad que aún sanciona la violencia contra las mujeres y las niñas y niega sus derechos y autonomía corporal». ¿Cómo ha sido afectado este objetivo por la pandemia, y cómo pretendes avanzar en estas circunstancias?
TG: Hasta ahora hemos realizado nuestro análisis interno de los desafíos generales. Por lo tanto, la investigación relacionada con la movilización de la comunidad va a ser un reto muy grande especialmente en lo que estamos tratando de ver cómo [dirección que], especialmente los compromisos relativos a la movilización de la comunidad como cambiar las normas sociales y las c programas de educación sexual omprehensive (educación ieinformal) . Ese tipo de programas se verá muy afectado, y la generación de datos será un desafío.
Las personas están acostumbradas a la nueva normalidad ahora y han ideado estrategias alternativas: centros de llamadas, telemedicina y reuniones electrónicas. Estas son nuevas alternativas innovadoras, por lo que tal vez con el tiempo podamos llegar a una nueva normalidad en nuestros enfoques para abordar estos problemas.
Fuente e imagen: http://www.ipsnews.net/2020/07/child-marriage-fgm-harmful-practices-womens-bodies-increase-covid-19/
Países como República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Guatemala presentan las tasas más altas de matrimonios infantiles en América Latina. La condiciones de pobreza y la falta de educación son algunas de las principales causas.
Una de cada cuatro menores se casan o establecen una unión informal antes de los 18 años en Latinoamérica, el principal problema de las niñas y adolescentes en la región, según el Estado Mundial de la Población 2020, presentado este martes por la ONU.
Esa es una de 19 problemáticas, como los castigos corporales, el incesto y el infanticidio, según el informe “Contra mi voluntad. Desafiar las prácticas que perjudican a las mujeres y niñas e impiden la igualdad”, del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).
La prevalencia mundial de esta práctica nociva es del 21%, una lista encabezada por África Occidental y Central (40 %) y África Oriental y Meridional (34 %), seguidas por América Latina y el Caribe, donde una de cada cuatro niñas (25 %) están casadas o en unión informal antes de cumplir 18 años y en algunas partes de la región la cifra es de una de cada tres (33 %).
Al menos 60 millones de latinoamericanas se casan sin ser mayores de edad, con República Dominicana (36 %), Nicaragua (35 %), Honduras (34 %) y Guatemala (30 %) presentando las tasas más altas, mientras que Brasil y México ocupan el cuarto y el octavo lugar mundial por cantidad de casos, respectivamente.
Farzana Nabi, una niña afgana, fue vendida por 61 dólares para que se casara con otro niño, el 17 de junio de 2019.Getty Images
«Debemos proteger a las mujeres y las niñas cumpliendo las leyes contra prácticas como el matrimonio infantil y la mutilación femenina, pero también cambiando las actitudes y las normas», explicó Mónica Ferro, directora del UNFPA.
Según el organismo, es posible acabar con el matrimonio infantil y a la mutilación genital femenina en todo el mundo en un plazo de 10 años. Para eso es necesario incrementar los programas para mantener a las niñas en la escuela durante más tiempo y enseñarles oficios para la vida cotidiana, así como lograr que los hombres y los niños participen en el cambio social.
La ONU calcula que, para acabar con estas dos prácticas, que acabarían con el sufrimiento de unos 84 millones de niñas, sería necesaria una inversión de 3,400 millones de dólares hasta el año 2030.
Pobreza y falta de educación
«El fenómeno acá no es tanto el matrimonio, son las uniones», aseguró Neus Bernabeu, asesora regional de Género y Juventud del UNFPA para América Latina y el Caribe, que agregó durante una conferencia virtual que es algo que afecta más a «los hogares más pobres, los de menos educación, las áreas rurales y poblaciones indígenas», casi un 60 % del total.
Esa situación se convierte en una especie de círculo vicioso porque prolonga las deficiencias sociales «para toda la vida». Estas menores «interrumpen sus trayectorias de vida, abandonan las escuelas, se embarazan, tienen muchas más posibilidades de tener hijos tempranamente y más hijos», añadió Bernabeu.
Así, de un lado, las niñas con solo enseñanza primaria tienen el doble de probabilidades de casarse o irse a vivir en unión libre. Por el otro, el 86% de las mujeres casadas o en una unión libre antes de los 18 años habían tenido un hijo antes de los 20 años, en contraste con el 34 % de las que se casaron siendo mayores de edad.
Aunque se han logrado avances como la eliminación en 2019 de todas las excepciones legales en matrimonio infantil en El Salvador y Guatemala y la inserción de un objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo de Colombia para eliminar la práctica, América Latina es la única región del mundo donde esta problemática no se ha reducido en 25 años.
«Puede que no ‘se vea la foto’ de un hombre muy mayor con una niña vestida de novia, pero hay una práctica muy común de uniones, con diferencias de edad de 8 a 10 años. Lo malo es que si no se ve, no se aborda», afirmó a Efe Bernabeu.
«Se necesita un cambio cultural. Los padres deben oponerse y los gobiernos deben cumplir sus obligaciones con los tratados internacionales», dijo Harold Robinson, director regional para América Latina y el Caribe del UNFPA.
Las mutilaciones
La mutilación genital femenina, que este año puede afectar a 4,1 millones de niñas y mujeres y que está presente en 31 países del mundo, la mayoría de África, también perjudica a algunas latinoamericanas.
Por ejemplo, en Colombia, en comunidades indígenas como la embera chamí, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), que heredaron esta práctica en tiempos de la colonia para prevenir la infidelidad femenina mediante la clitoridectomía, conocida localmente como «la curación».
Aunque en 2015 las autoridades indígenas firmaron un mandato para erradicarla, está práctica no ha desaparecido, como queda patente cuando niñas acuden a centros de salud con lesiones graves, que incluso les provoca la muerte.
«Como todo ser humano, las mujeres indígenas tienen derecho a la intimidad, a una buena salud y a preservar el cuerpo con el que fueron creadas, porque no hay nada imperfecto en nosotras”, defiende Arelis Cortés, que a sus 28 años trabaja con la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca, en una tarea de concientización con viajes de «hasta ocho o nueve horas en llegar a las comunidades más apartadas».
Una niña en las inmediaciones de una favela de Río de Janeiro, el 09 de junio de 2020.Getty Images
La clave es la igualdad
La preferencia por los hijos varones, que ha generado un desequilibrio entre la población masculina y femenina y que puede provocar mayores riesgos de violencia machista, es una de las prácticas nocivas en las que más se debe trabajar para erradicarlas totalmente, según el informe.
Una práctica que, según Robinson, ha «provocado un ‘déficit’ de unas 140 millones de mujeres» en el mundo, aunque en América Latina, según el análisis de Naciones Unidas, «los progenitores tienden a atribuir el mismo valor a las hijas y los hijos, y a veces favorecen a las primeras».
Algo que no deja de ser sorprendente en una región de marcado machismo y que, lamentablemente, no se traduce en mejores condiciones, especialmente en temas de violencia de género, problemática que ha aumentado en algunos países por las cuarentenas impuestas para combatir el coronavirus.
Se trata de una coyuntura que, según el director regional del UNFPA, implica un riesgo adicional. «La respuesta a la pandemia está interrumpiendo muchos de los programas» orientados a poner fin a las prácticas nocivas, asevera.
El Fondo de Población de la ONU admite que es difícil eliminar estas prácticas nocivas de aquí a 2030 como parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente porque, como dijo Bernabeu, todavía «muchas niñas y mujeres son tratadas como objetos sexuales, como estorbos, como mercancías».
«Lo único que puede cambiar esta situación es un trato equitativo. Parece mentira que en el siglo XXI tengamos que pedir un trato igual para las niñas. Los hombres tenemos que reconocer que hay un privilegio masculino que hay que acabar«, afirmó Robinson, que pidió cumplir con tres cosas fundamentales: «Respetar, proteger y cumplir (las leyes)».
Este es el relato de una voluntaria en salud mental en el país africano donde el 66% de las niñas y mujeres han sufrido alguna forma de violencia y mutilación genital
Hace cuatro meses que llegué a Mauritania por primera vez, a través del programa EU Aid Volunteers (EUAV) de la Unión Europea, para trabajar con la ONG Médicos del Mundo.
Las mujeres caminan despacio por las polvorientas calles de Nouakchott, la capital del país. Envueltas en los colores de sus melfhas se esconden de las miradas indiscretas, custodiando mil y una historias donde ser fuerte no ha sido una opción, sino la norma. La mirada fiera, la cabeza erguida, la determinación y la valentía en sus labios agrietados. La vida duele, pero nunca se deja de caminar hacia delante.
No es fácil ser mujer en la República Islámica de Mauritania. La pobreza y las desigualdades étnicas no hacen sino agravar la inequidad estructural que sitúa a las mujeres y niñas en una situación de extrema vulnerabilidad. En un contexto social en el que los roles de género están tan marcados, ellas son con frecuencia infantilizadas y despojadas de toda capacidad de decisión. En muchas comunidades, su papel es el hogar: la reproducción y la satisfacción de las necesidades de la familia. A menudo es repudiada si no logra dar descendencia, pues es a través de la fecundidad y del servilismo que cumple con la misión que tradicionalmente se le asigna. La virginidad antes del matrimonio es uno de los tesoros más preciados, lo que conduce a la estigmatización de las mujeres que no la conservan antes de casarse, conduciendo incluso a su culpabilización en caso de sufrir violencia sexual.
Cada etnia posee sus propias particularidades y esta explosión cultural dificulta hacer generalizaciones sobre la situación global de las mujeres en este país. No obstante, las estadísticas arrojan datos estremecedores, como que el 66% de las niñas y mujeres han sufrido alguna forma de mutilación genital femenina, llegando este porcentaje hasta el 90% en algunas regiones. El matrimonio infantil afecta a un 35,2 % de ellas, alcanzando más de un 50% en algunos lugares. La violencia sexual y la violencia conyugal son aún más difíciles de calcular, porque muy pocas personas deciden comunicarlo a las autoridades. A pesar de que la ley concibe como delitos estas formas de violencia, esto no impide que muchas veces estén invisibilizadas debido a los tabúes existentes en torno a la sexualidad.
La violencia de género, sumada al enfoque comunitario en la resolución de problemas, frecuentemente induce a las familias a faire des arrangements (hacer arreglos) tras revelarse una agresión sexual. Es decir, los padres pactan con los violadores la recepción de una cantidad de dinero a cambio de no denunciar el delito a la policía. En otros casos, se fuerza a la mujer a contraer matrimonio con su agresor. Los padres, con estas decisiones, buscan la protección de sus hijas y del resto de la familia. No obstante, contribuyen a que la violación quede en la sombra, no habiendo un reconocimiento de la injusticia sobrevenida a las mujeres. La violencia se legitima y, por tanto, no deja de reproducirse.
Por estos motivos, Médicos del Mundo (MdM) trabaja desde hace tiempo en el fortalecimiento de un circuito de atención integral (asistencia médica, psicológica y jurídica) para víctimas. Además de la apertura en junio de 2017 de la Unidad de Atención y Cuidado de Víctimas de Violencia de Género en el hospital Materno Infantil de Nouakchott, en 2018 una segunda unidad de atención a víctimas de violencia de genero abrió sus puertas en la región de Guidimakha, al sur del país. A lo largo del 2020, otras dos unidades abrirán en la región del norte de Dakhlet-Nuadibú y al este en Bassikonou, a 20 kilómetros del campo de refugiados de Mbera.
El trabajo no finaliza con la atención médica en los hospitales, sino que se trabaja conjuntamente con las organizaciones de la sociedad civil para garantizar una intervención holística para las supervivientes de VG. Además, MdM contribuye con la sensibilización comunitaria para concienciar sobre la violencia basada en el género y las nefastas consecuencias que algunas creencias socioculturales profundamente arraigadas pueden tener sobre la salud de las mujeres.
Mi trabajo estos meses ha consistido en el refuerzo de capacidades del personal sociosanitario que trabaja en atención directa con víctimas de violencia de género. Concretamente, he impartido formaciones sobre apoyo psicosocial y primeros auxilios psicológicos a médicos y matronas, y he realizado acompañamientos con las asistentas sociales. Estas tareas me han permitido adentrarme en las estructuras de atención a las víctimas para analizar la calidad de la asistencia psicosocial y poder proponer mejoras. Los profesionales mauritanos han sido siempre muy acogedores conmigo y, libres de prejuicio, me han permitido el acceso durante sus intervenciones individuales y grupales para poder acompañarlos durante los procesos terapéuticos que facilitan.
Es enero y el invierno mauritano nos regala 35 grados de tórrido sol. Estoy en el hospital Materno Infantil de Nouakchott y camino hacia la sala de atención social, integrada en el servicio de maternidad del centro hospitalario. Observo en silencio el trabajo de la matrona y la asistenta social mientras reciben a una adolescente superviviente de violencia sexual. Tras una entrevista inicial para comprender mejor la situación y el contexto social de la víctima, la asistente psicosocial aprovecha la espera de los análisis médicos para acompañar y dar apoyo emocional a la adolescente y su madre. Estas sesiones de apoyo son fundamentales para proteger la salud mental, al posibilitar un espacio de confianza y desahogo, sin juzgar, y promotor del bienestar de toda la familia.
Dos jóvenes mauritanos en una motocicleta.BECHIR MALUM
En ocasiones, la asistenta debe mediar entre los padres y la víctima, hacerles comprender que una violación nunca es culpa de quien la recibe y que todos deben estar unidos para ayudar a la hija a superar el trauma vivido. Tras la atención psicosocial y las pruebas médicas, la víctima es derivada a una organización de la sociedad civil, donde continuará recibiendo asistencia psicológica y jurídica.
Es una suerte poder sumergirse en una especialidad tan poco desarrollada en Mauritania: la salud mental y el apoyo psicosocial a las personas que han sufrido episodios traumáticos de naturaleza sexual. A lo largo de estos meses, seguiremos trabajando una estrategia transversal en los proyectos que Médicos del Mundo desarrolla en el país. Una tarea nada sencilla donde apenas hay profesionales de la psicología y donde los afectados son generalmente rechazados por la comunidad o conducidos a curanderos tradicionales para que les ayuden a sanar a través de prácticas mágico-religiosas.
No es fácil ser mujer en la República Islámica de Mauritania. Pero las mujeres y niñas mauritanas nos son meros agentes pasivos receptores de violencia, se trata de que a través de la protección y la prevención, progresen hacia su autonomía, facilitar que sean ellas las protagonistas de sus procesos. Así, es posible desarrollar pequeñas acciones que puedan contribuir a lograr grandes cambios en un futuro, tender una mano para fortalecer su resiliencia.
Fuente e imagen tomadas de: https://elpais.com/elpais/2020/03/31/planeta_futuro/1585666689_491553.html
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