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¿Luto para la Educación?

Por: Elisabeth de Puig 

Nos vestimos de amarillo para abogar a favor de una educación a la altura de los tiempos modernos y de la inserción en un mundo global con un sistema escolar público inclusivo adaptado a las particularidades y dificultades reales de los niños y niñas de República Dominicana.

La campaña del 4% fue un ejemplo hermoso de lo que puede lograr una sociedad cohesionada alrededor de un tema unificador como lo fue el derecho inalienable a una educación de calidad.

Ahora bien, con el beneplácito que otorga la voluntad popular y el control de los fondos públicos, cada gobernante, en un sistema político sin muchos contrapesos, tiene su “librito” para orientar las reformas y medidas en el sentido que conviene a sus propios intereses.

Las pruebas PISA, a las que aceptan someterse los estados, pueden tener defectos y virtudes, pero su finalidad es de poder definir y aportar correctivos a los males detectados. PISA no mide cuánto saben los alumnos sobre el contenido curricular ni sobre conocimientos generales, sino que procurar determinar cuánto comprenden, resuelven y comunican los jóvenes de 15 años, sobre situaciones “del mundo real”.

Al ser la educación considerada como una palanca para el crecimiento, todos los países que participan en las pruebas están muy atentos a las actuaciones de sus alumnos y buscan las recetas posibles para aportar correctivos para mejorar los resultados.

Estas pruebas, aplicadas a la República Dominicana, confirman una vez más la percepción de que hemos empezado a construir la casa por el techo, con el florecimiento de nuevas estructuras físicas por todo el territorio nacional y la implementación de la tanda extendida, utilizada más bien como una medida orientada a paliar la pobreza, de corte populista, que como parte de un plan estratégico. 

No se puede negar que brindar un almuerzo a los niños, niñas y adolescentes, mantenerlos hasta las cuatro en los planteles escolares, dotarlos de uniformes y de libros, han sido medidas populares y de mitigación de la pobreza como lo ha sido también la dignificación de los salarios de los maestros.

Como en tantos otros aspectos de nuestra vida ciudadana, la voluntad mayoritaria y las aspiraciones diversas de los sectores que se integraron a la lucha a favor del 4% han sido desvirtuadas por el gobierno, en un intento de capitalizar a su favor, a corto plazo, las nuevas partidas presupuestarias. 

Es interesante precisar que PISA no evalúa a jóvenes de 15 años que están fuera de la escuela ni a aquellos que están muy rezagados en sus estudios. Eso significa que la proporción de jóvenes que no poseen las competencias básicas examinadas pueden ser, en nuestro país, aún mayores de lo reportado.

La gran pregunta es qué hacer frente a los resultados de este tipo de medición, cuando el tipo de enseñanza que ofrecemos en la mayor parte de nuestras escuelas se hace en base a una memorización forzada que corresponde a un currículo superado, el único que saben manejar la gran mayoría de maestros formados a la vieja usanza y que arrastran deficiencias que transmiten a los alumnos.

El análisis de las pruebas PISA demuestra que los países que se encuentran a la delantera son aquellos que logran asociar la equidad social y el bienestar de los estudiantes para lograr buenos resultados. En el caso de Francia, se observa una clara relación entre el estatus socio económico y el buen desempeño. Este es uno de los países miembros de la OCDE que presentan una mayor desigualdad en los resultados de las pruebas entre alumnos de medios socio económicos favorecidos y desfavorecidos, con una diferencia de 107 puntos en comprensión lectora. Frente a esta realidad, podemos preguntarnos, y en República Dominicana, ¿cuál es la amplitud de la brecha tomando en cuenta las graves desigualdades sociales que nos caracterizan?

Otro punto que llama poderosamente la atención, y que es quizás el más doloroso, es el análisis realizado por el BID y CIMA para América Latina en su Nota 18. Estas entidades destacan que si se toma como punto de partida el promedio de desempeño de la OCDE se constatan resultados muy variados en la región, con una disparidad de hasta tres años de escolaridad entre los países. La diferencia entre Chile y República Dominicana asciende a 111 puntos, equivalente a tres años de escolaridad.

Costa Rica, México, Brasil, Colombia Argentina y Perú, muestran un rezago de dos años de escolaridad respecto al promedio de los países de la OCDE. El retraso promedio de la República Dominicana con relación a estos países equivale a cuatro años menos de escolaridad.

Hemos gastado el equivalente a 20,000 millones de dólares en nuestro sistema educacional durante siete años; es decir, el 4% del PIB cada año, para que un alumno o alumna de sexto año de primaria tenga las competencias que tiene un niño o una niña de segundo grado de una escuela pública promedio de un país promedio miembro de la OCDE. 

No nos merecemos quedar en en último lugar en matemáticas de un total de 79 países evaluados por PISA. Pero no podemos culpar solamente a los maestros; nos debemos interrogar sobre las vacilaciones de nuestro sistema en modernizarse y de la sociedad en exigir centros escolares inclusivos, laicos, formadores de ciudadania,  con nuevos currículos y nuevos enfoques, con maestros evaluados, preparados, valorizados y que no respondan a criterios clientelistas.

Fuente: https://acento.com.do/2019/opinion/8761027-luto-para-la-educacion/

Imagen: F1 Digitals en Pixabay

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La educación superior en Iberoamérica

Por: Juan Carlos Yáñez Velazco

¿Cuántos estudiantes, profesores e investigadores existen en Iberoamérica? ¿Cuáles son los progresos más notables en el cumplimiento del derecho a la educación superior? ¿Importa a los gobiernos el financiamiento de las instituciones educativas? ¿Cuánto se invierte en enseñanza superior? ¿Están ingresando más mujeres a las universidades?

En noviembre pasado se publicó el informe ‘Panorama de la educación superior en Iberoamérica. Edición 2019’, con el título Caracterización de los sistemas de educación superior y de acreditación universitaria, preparado por Ana Fanelli, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET, Argentina), a petición del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad.

El informe contiene respuestas a las preguntas [y muchas otras] formuladas en el párrafo inicial, con una exposición de los principales resultados con base en las estadísticas comparativas de la Red Iberoamericana de Indicadores de Educación Superior, de 2010 a 2017. Se organiza en nueve secciones: contexto económico, demográfico y educativo; matrícula; cobertura; nuevos ingresos; graduados; internacionalización de la matrícula; personal académico; financiamiento e investigación y desarrollo.

En su conjunto, ofrece una mirada global a los rasgos que caracterizan la educación superior en Iberoamérica y Latinoamérica, ligando datos a las variables del desarrollo económico. Por eso, inicia con un capítulo sobre el crecimiento, resaltando que en general, entre 2010 y 2017, las economías de América Latina e Iberoamérica crecieron en promedio a un ritmo moderado. La tasa de crecimiento de América Latina fue de 3,6% anual promedio, resultado de la desaceleración y contracción de la actividad económica de la región que comenzó en 2011, como efecto de la caída del precio de las principales materias primas en el mercado internacional.

La situación económica de América Latina mejoró en 2017, por la recuperación del comercio internacional siendo el crecimiento promedio de 1,3%: “No obstante, este crecimiento se estima menor en 2018, cercano al 1,2%, en el marco de un contexto internacional que, para el 2019, augura una retracción de la dinámica de crecimiento tanto en los países desarrollados como en las economías emergentes por la disminución del comercio mundial”.

Junto a estos procesos, ocurrió también una caída progresiva de la tasa de natalidad en varios países de Iberoamérica, con repercusiones en la población del grupo de edad para estudios universitarios, esto es, 18-24 años; por otro lado, mejoró la tasa de graduación del nivel medio y aumentó la matrícula universitaria.
En 2017 se estimó que la población en educación superior alcanzó los 30 millones de estudiantes, con un crecimiento promedio anual de 3,7%, y ritmos destacados de expansión en Perú, México, Ecuador, Colombia y Bolivia, mientras que disminuía en Cuba y Portugal.

Con excepción de Argentina y Cuba (que solo ofrece enseñanza pública), en los otros 15 países el crecimiento proporcional fue mayor en los sistemas de educación superior privada. Así, en 2017, la educación superior privada representaba la mayor parte en Chile (84,4%), Perú (74,7%), Brasil (73,3%), El Salvador (69,1%) y República Dominicana, superiores al promedio en América Latina (54%) e Iberoamérica (51,4%). Con menos del 21 por ciento de la matrícula en instituciones privadas tenemos a España (20,5%), Portugal (16,5%) y Uruguay (14,2%).

El informe pondera el interés individual para obtener enseñanza superior: “Se aprecia el esfuerzo realizado por las familias y los estudiantes financiando su inversión en capital humano en aquellos países en los cuales la matrícula del sector privado es muy importante y en los que se dispone de información sobre el gasto privado en educación superior, como son los casos de Chile y Colombia”.

También se aprecia claramente el rasgo del impulso a la educación de las mujeres, que representan más del 55% en áreas de “educación”, “ciencias sociales, periodismo e información” y “salud y bienestar”.

Con base en la conocida clasificación de Martin Trow, el informe advierte que Argentina, Chile, España, Perú y Uruguay se ubican en la etapa de “universalización”, al lograr una tasa bruta por encima del 50%; el resto, se colocan en el periodo de “masificación”, esto es, más de 15 pero menos de 50% de la tasa bruta. Honduras es el país más atrasado, con apenas el 16,2% en 2017.

La tasa bruta de educación superior en Iberoamérica se relaciona con el nivel de desarrollo económico, medido por el PBI per cápita, aunque Argentina, Chile, Bolivia y Perú tienen una tasa más alta de lo que correspondería, según el indicador del PBI.

Otra manera de medir el progreso es con la proporción de graduados por cada 10 mil habitantes en 2017. En promedio, en Iberoamérica fueron 61,1, con diferencias entre Chile, España y Costa Rica, con un promedio de 90, en tanto que Honduras, El Salvador o Bolivia tenían menos de 40.

La región no es atractiva en el mercado internacional de la movilidad académica. Con datos de 2017, era inferior al 0,6% de la matrícula, con la excepción de Portugal, que tenía al 8,1%.

En 2017 había poco más de 1,7 millones de profesores, el 45% de ellos mujeres, y menos del 12% con doctorado, con excepciones, de nuevo, de Portugal (6 de cada 10 eran doctores) y Brasil.

La inversión en educación superior como porcentaje del PIB era menor a 1,1% en 2017, inferior a los países de la OCDE en 2015, de 1,5%. Notables excepciones las de Chile y Colombia, donde, gracias a la inversión privada, la inversión se acercaba al 2%.

En la conclusiones, la autora del reporte destaca: “Dos tendencias parecen también vislumbrarse en los cambios de la educación superior: la presencia de estudiantes internacionales de ciclo completo y la oferta creciente de educación a distancia.”

Los anteriores son algunos de los datos más relevantes del documento. Delinean rasgos generales y exhiben la posición marginal de las regiones estudiadas frente a las más poderosas; también, los contrastes, atrasos y heterogeneidad. El mapa muestra claroscuros, avances notorios en la inclusión de mujeres pero rezago en la formación de profesores con la máxima habilitación académica, por ejemplo.

Quizá la nota sobresaliente es que una parte de los progresos de los sistemas educativos, especialmente en América Latina, están condicionados por un incierto desarrollo económico. ¿Será capaz la región de inyectar la energía necesaria a la economía para tener un mejor sistema educativo que, a su vez, propulse las variables económicas? ¿Y la políticas y los vaivenes, cuánto contendrán y cuánto impulsarán a los sistemas educativos en la década?

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2020/02/24/la-educacion-superior-en-iberoamerica/

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¿Se debería prohibir la tarea?

Por:  Paulette Delgado

Según la OCDE, cuatro horas de tarea por semana es el máximo de trabajo que los alumnos deben llevarse a casa.

El debate sobre la cantidad de tarea que se debe asignar a los alumnos no es nuevo. Desde los ochentas, investigadores han tratado de descifrar si la tarea logra mejorar el desempeño escolar de los alumnos. Incluso un metaanálisis que analiza estas investigaciones realizadas entre 1987 y 2003, concluye que los deberes no tienen ningún impacto positivo en niños pequeños y tan solo un impacto moderado en niños mayores o adolescentes.

Aunado a ese estudio, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en su reporte titulado “¿La tarea perpetúa las desigualdades en la educación?” (Does Homework Perpetuate Inequities in Education?), demostró que un total de cuatro horas de tarea por semana es lo ideal, más de eso en la semana tiene un impacto insignificante en el rendimiento académico, mientras que afecta significativamente en el tiempo libre que tienen los niños para actividades de recreación y ocio.

Aún así, la cantidad de tarea que tienen los alumnos ha ido en aumento desde 1990. Hoy en día, los estudiantes dedican más tiempo a la tarea y a dormir que a socializar o trabajar después de la escuela.

Beneficios de la tarea

Según un metaanálisis realizado por Harris Cooper durante el periodo de 1987 al 2003, la tarea puede beneficiar las calificaciones y la actitud de los estudiantes, especialmente a los mayores. Sin embargo, una investigación de la Universidad de Tübingen publicada en el 2009, determinó que para que los deberes sean beneficiosos se tiene que tomar en cuenta las clases y el rendimiento de ellas, ¿logran acabar a tiempo sus actividades en clase? ¿Qué tanto repaso necesitan hacer en casa?

La tarea también enseña a los alumnos habilidades como la responsabilidad, manejo del tiempo, perseverancia y autoestima. Aunado a eso, también ayuda a reforzar el aprendizaje independiente ya que el alumno aprende y refuerza sus conocimientos por su cuenta, y es una manera en que los maestros pueden ver qué tan bien dominan los estudiantes los temas vistos en clase sin producir el mismo nivel de estrés que un examen. Otro beneficio de la tarea es que le da la oportunidad a los padres de saber qué están estudiando sus hijos y de involucrarse en su educación.

El problema de la tarea

Aunque la tarea tiene sus beneficios, estos dependen de la edad. En primaria, la tarea no es nada más que trabajo extra. En secundaria, la tarea produce mejores resultados, pero solo si es moderada. Hay estudios que demuestran que la tarea excesiva se traduce en malas o menores calificaciones. Según los autores, lo ideal es no asignar más de 100 minutos de tarea al día para que esta sea beneficiosa.

Además, las investigaciones comprueban que es  una mayor causa de estrés. En un estudio publicado en el Journal of Experimental Education, el 56 % de los participantes nombraron la tarea como uno de los factores que más los estresaba, en comparación con los exámenes, donde el 43 % los evaluaron como lo más estresante de la escuela. Debido al incremento en estrés que provocan los deberes, estos pueden traer problemas de salud, física o mental, e incluso provocar el aislamiento de los estudiantes al tener que pasar más de tres horas diarias realizándolos. Estos problemas de aislamiento también lo resienten los papás ya que sienten que sus hijos no tienen tiempo de disfrutar su niñez o juventud e incluso de pasar tiempo en familia, por estar haciendo tarea.

Uno de los mayores argumentos a favor de prohibir la tarea es el impacto negativo que tiene en los estudiantes ya que los hace menos receptivos a la escuela y a aprender, especialmente los más pequeños, como los alumnos de jardín de niños a quienes les quedan todavía más de 10 años de escuela (y tarea) por delante.

¿Cómo pueden los docentes asignar mejor la tarea?

Hay mucho debate en torno a cuánta tarea es demasiada y cuánto tiempo deberían de dedicar los alumnos a hacerla. Algunos docentes optan por seguir la regla de diez: dedicar diez minutos al día por grado. Es decir, un estudiante de primero de primaria deberá dedicar diez minutos a su tarea, mientras que uno de último año podría dedicarle hasta 120 minutos al día.

El problema es que falta comunicación y coordinación entre maestros sobre la cantidad de tarea que encargan por materia. Esto termina siendo problemático para los alumnos porque puede resultar en una cantidad excesiva de tarea por área, incluso en épocas de proyectos finales o exámenes.

Para maximizar el beneficio de la tarea, los maestros deberían comenzar por preguntarse:

  • ¿Es necesario asignar tarea o se puede hacer en clase?

  • ¿La tarea complementa y contribuye lo que se vio en el aula?

  • ¿El estudiante cuenta con suficiente información para hacer la tarea solo?

  • ¿Cuál es el propósito e intención de la tarea? ¿Tengo algún objetivo en mente?

  • ¿Cuánto tiempo le dedicará el alumno a la tarea?

  • ¿De qué manera puedo controlar si se está sobrecargando o no a los alumnos?

Aunque asignar tarea sí tiene beneficios, es tiempo de analizar si este recurso académico hace más mal que bien. Especialmente debido al incremento que ha tenido en los últimos 30 años. Por ello es conveniente que los docentes analicen el impacto que tiene en la calidad de vida de sus alumnos, especialmente en los más jóvenes, a quienes les quedan más de 10 años de escuela por delante.

Fuente e imagen: https://observatorio.tec.mx/edu-news/se-deberia-prohibir-la-tarea

 

 

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Dream Jobs – OECD finds teens out of touch with work trends

Europa/Universituworld

Resumen: La mitad de los jóvenes de 15 años en 41 países esperan trabajar en uno de los 10 trabajos populares que son «tradicionales», y algunos corren el riesgo de que su existencia se automatice, dice una encuesta de la OCDE. Encontró desigualdades en las opciones y opciones de carrera, confusión acerca de cómo las calificaciones se relacionan con las carreras, y alguna «desalineación negativa» en las calificaciones a las que aspiran los jóvenes en comparación con lo que necesitan para alcanzar las metas laborales.

Curiosamente, los trabajos «tradicionales» que se originaron en los últimos dos siglos, como médicos, maestros, abogados, veterinarios, ingenieros, gerentes de negocios y policías, se han vuelto más populares en las últimas dos décadas, a pesar de un mundo laboral transformador.

Basándose en el Programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de Estudiantes o PISA, el conjunto de datos más grande del mundo sobre las experiencias educativas de los jóvenes, el estudio encuentra que las instituciones educativas necesitan hacer más para unir las habilidades con los trabajos; que se requiere una orientación profesional efectiva junto con un compromiso cercano con el mundo laboral; y que debe haber señales claras sobre la necesidad del mercado laboral


Half of 15-year-olds in 41 countries expect to work in one of 10 popular jobs that are ‘traditional’, with some at risk of becoming automated out of existence, says an OECD survey. It found inequalities in career choices and options, confusion about how qualifications relate to careers, and some ‘negative misalignment’ in the qualifications young people aspire to versus what they need to achieve job goals.

Interestingly, ‘traditional’ jobs originating in the past two centuries – such as doctors, teachers, lawyers, vets, engineers, business managers and police officers – have become more popular in the past two decades, despite a transforming world of work.

Drawing on the OECD Programme for International Student Assessment or PISA – the world’s largest dataset on young people’s educational experiences – the study finds that education institutions need to do more to match skills to jobs; that effective career guidance is required along with close engagement with the working world; and that there need to be clear signals on labour market needs.

Dream Jobs: Teenagers’ career aspirations and the future of work was published in January 2020. The authors are Anthony Mann, Vanessa Denis and Andreas Schleicher of the OECD, Hamoon Ekhtiari, Terralynn Forsyth and Elvin Liu of Canada’s FutureFit AI, and Nick Chambers of the UK charity Education and Employers.

In the 2018 PISA round, more than half a million 15-year-old students in 79 countries and economic areas undertook assessments that included questions about the occupation in which they expect to be working at age 30 and their plans for post-school education. In addition, students from 32 countries responded to an Educational Career Questionnaire.

The PISA data are complemented by qualitative insights gleaned in December 2019 from letters written by young people around the world, to mark the launch of PISA 2018. The research explored how the career dreams of young people have changed over 20 years, how closely they are related to labour demand, and how closely aspirations are shaped by social background and gender.

Popular job shortlist is too short

“Huge changes to the world of work over the past two decades have made little impact on teenagers’ career expectations, which have become more concentrated in fewer occupations,” said the OECD in a statement.

Some 47% of boys and 53% of girls anticipated working in just one of 10 popular jobs by the age of 30 – the kind of 20th and 19th century jobs that captured young imaginations “before the era of social media and the acceleration of technologies such as artificial intelligence in the workplace”.

There has been a “narrowing of expectations as these shares increased by eight percentage points for boys and four percentage points for girls since the 2000 PISA survey”. This job choice trend is driven by disadvantaged youngsters and weaker performers in PISA tests.

Speaking at the World Economic Forum in Davos, OECD Education Director Andreas Schleicher said the short list of popular traditional occupations was a concern. “Too many teenagers are ignoring or are unaware of new types of jobs that are emerging, particularly as a result of digitalisation.”

Education supply and market demand – A mismatch

The research found little connection between career aspirations and anticipated labour market demand, with market signals failing to reach young people. “Accessible, well-paying jobs with a future do not seem to capture the imagination of teenagers,” writes Schleicher in a chapter in Dream Jobs.

Further, many young people – particularly boys and teenagers from disadvantaged backgrounds – “anticipate pursuing jobs that are at high risk of being automated”. For instance, in Japan and the Slovak Republic, up to half of the jobs cited by young people are at risk of automation.

The averages tell one story and country comparisons another.

For instance, Dream Jobs finds a greater range of career aspirations in nations with strong vocational training systems. In Germany and Switzerland fewer than four in 10 young people are interested in just 10 jobs, and the wider range of career interests better reflects labour market demand. This could also indicate strong career guidance and exposure to a variety of occupations.

By contrast, in Indonesia 52% of girls and 42% of boys anticipate one of just three careers – business manager, teacher and, among girls, doctor or, among boys, the armed forces.

Charles Yidan, co-founder of Tencent, writes in the foreword that despite an unprecedented number of years of education, young people still struggle in the job market “and governments continue to worry about the mismatch between what societies and economies demand and education systems supply”.

“The coexistence of unemployed university graduates and employers who say they cannot find people with the skills they need, shows that more education does not automatically mean better jobs and better lives. For many young people, academic success alone has proved an insufficient means of ensuring a smooth transition into good employment.”

In this age of accelerations, Yidan argues, “we need to think harder about what makes us first-class humans, how we complement, not substitute, the artificial intelligence we have created in computers, and how we build a culture that facilitates learning, unlearning and re-learning throughout life”.

Career confusion in the 21st century

In his Dream Jobs chapter, Schleicher points out that realising world and life dreams is a key source of motivation for students to study hard. Those aspirations can be “hugely influenced” by personal background “and by the depth and breadth of their knowledge about the world of work. In a nutshell, students cannot be what they cannot see.”

Studies have shown, Schleicher says, that engagement with the working world can lead to positive educational, economic and social outcomes for young people – and education institutions can help students to attain workplace experience as well as provide career development activities.

“Effective career guidance encourages students to reflect on who they are and who they want to become, and to think critically about the relationships between their educational choices and future economic life.”

Recent analyses exploring career preparation have focused on misalignment, “where the educational plans of young people are out of kilter with their occupational expectations”. When young people underestimate the education required to fulfil their dreams, they can expect to find their early working lives tougher than would be expected given their background and academic success.

Across OECD countries, one young person in five is negatively misaligned. Again, people from the most disadvantaged backgrounds are more likely to show signs of confusion. “Career guidance has long had a purpose in enabling efficient operation of the labour market. It is now clear that it serves an equally important service in addressing inequalities,” Schleicher says.

PISA 2018 also looked at participation in career development activities. While more young people are engaged today than in 2006, less than 40% participate in important and relatively simple activities, like visiting a job fair. Disadvantaged youngsters are consistently less likely to participate.

Gender exerts strong influences. For instance, among high scorers in PISA tests, boys more often expect to work in science and engineering while girls are more interested in health-related careers.

So do socio-economic circumstances: “High-performing young people from the most disadvantaged backgrounds are, on average, four times less likely to hold ambitious aspirations than those with high PISA scores from the most privileged social backgrounds.”

Children of advantaged families are more likely to want to go on to university than working class kids. “Disadvantaged young people are at clear risk of career confusion. It is neither equitable, nor efficient, for students to move through education with blinkered views of both the breadth of the labour market and their own potential,” writes Schleicher.

Next steps

The report raises serious concerns over how prepared young people are for jobs of the future. At the end of 2019, writes Schleicher, the OECD joined a range of European and international organisations in a joint statement pressing the need for high quality career guidance for young people and adults.

“As more young people stay on in education beyond compulsory schooling and as automation quickens the pace of labour market change, the need for sustained action becomes ever more urgent,” Schleicher concludes.

Fuente: https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20200201043701798

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No es solo PISA, ¡es la OCDE!

Por: Francisco Imbernón

Su objetivo es buscar la eficiencia económica a través de modelos de gestión descentralizados dentro del sector público y orientados hacia los rendimientos. Considera a la educación y a las personas instrumentos del desarrollo económico, aunque no tengamos capacidad de pensar críticamente o de respetar la humanidad.

¡Y dale con los informes PISA! Esa obsesión educativa de tantos gobiernos, que se esgrimen siempre como los vaticinios del oráculo o como la voluntad de los dioses del Olimpo. Cada vez que aparecen sus resultados se convierten en un revulsivo para hablar de educación, aunque en muchos países casi siempre sea para mal (la culpa es del profesorado, dicen rápidamente algunos interesados).

Este no es un artículo sobre el negocio de miles de millones de euros que generan las pruebas para las grandes corporaciones como Pearson, McGraw-Hill y Educational Testing. Tampoco es un artículo sobre el impacto en la segregación escolar que supone PISA, porque medir no mejora los resultados y se sobrevaloran los instrumentos que favorecen la competencia entre las escuelas; de hecho, el dato más fuerte obtenido de las mediciones es el determinismo social.

Este es un artículo sobre la alianza de países para convertir a la educación en un instrumento de la economía que está contribuyendo al desarrollo de la desigualdad en educación.

Y se podría preguntar ¿cuál es la influencia de PISA o de tantos otros informes en la tarea del profesorado? Aunque no lo creamos, mucha.

Como pasa tantas veces en educación, no hay acuerdo en si las pruebas externas como PISA benefician o no al sistema educativo, o si benefician a las grandes empresas para saber en qué país invertir sobre seguro a medio plazo. Recordemos que la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) es una institución nacida para favorecer la expansión y el desarrollo económico de sus países miembros, que pregona que, en colaboración con gobiernos, responsables de políticas públicas y ciudadanos, trabaja para establecer estándares internacionales y proponer soluciones basadas en datos empíricos a diversos retos sociales, económicos y medioambientales. Con el fin de enfrentarse mejor a los desafíos económicos, sociales y de buen gobierno para aprovechar de manera más eficiente las nuevas oportunidades que surgen y coordinar políticas locales e internacionales.

Su objetivo es buscar la eficiencia económica a través de modelos de gestión descentralizados dentro del sector público y orientados hacia los rendimientos. Considera a la educación y a las personas como instrumentos para el desarrollo económico, motor de riqueza, para ser técnicamente competentes, aunque no tengamos capacidad de pensar críticamente o de respetar la humanidad.

No podemos permitir que la OCDE se convierta en el Ministerio de Educación del mundo.

La OCDE impone metodologías instrumentales, que se apoyan en políticas basadas en datos, además de modelos de financiación privada y en los que se considera una inversión sostenible basada en los resultados, para satisfacer una ideología de mercado que reproduce las clases sociales y las jerarquías. Hay puntos de vista encontrados y, aunque parezca una paradoja, todos ellos aparecen avalados mediante investigaciones. Y no sólo eso, esos resultados se utilizan también para justificar una determinada forma de pensar la educación, y de legislarla, o sea, como instrumento ideológico y no tanto de mejora colectiva. Es algo a lo que nos tienen acostumbrados algunos partidos políticos, tomando y haciendo público lo que les interesa de los datos.

Las evaluaciones reducen la complejidad educativa a aquello que se puede medir con pruebas externas, con el añadido del neocolonialismo cultural que suponen. Tienen la finalidad de comprobar un determinado rendimiento escolar mediante la evaluación de unas determinadas competencias, y miden sólo parte de lo que queremos que se aprenda, reduciendo y seleccionando el currículum.

¿La realización de las pruebas externas mejora los resultados? Parece que no. El simple hecho de hacer las pruebas no parece suficiente. Pero nos dan datos y estos siempre son interpretables, como se comprueba en el momento en que se publicitan. Hemos de ser conscieldadntes que proporcionan un enfoque superficial del aprendizaje.

Estamos ante un enfoque de colonización del lenguaje educativo por el discurso económico que se ha construido en torno al poder de los datos y las grandes comparaciones, que se han convertido en una auténtica religión. Además, la tecnologización del discurso forma parte de la ingeniería del cambio social, unido a las reformas educativas que se están desarrollando en las últimas décadas por este Ministerio de Educación advenedizo. Las reformas se suceden con un cambio de paradigma en los sistemas educativos, antes orientados por la inversión de recursos (input) y ahora por el rendimiento verificable del alumnado (output), lo que se llamó la “nueva gobernanza”. Supone volver a mecanismos de “caja negra” para la evaluación de los sistemas educativos.

Existe el peligro del “síndrome PISA”, o sea, convertir el sistema educativo en una carrera de obstáculos, mediante un cúmulo de pruebas, en lugar de ahondar en temas más importantes para el aprendizaje del alumnado, de sus motivaciones y sus necesidades. Y esto se parece ya a la plaga educativa del siglo XXI: vamos a invertir menos para conseguir más. Vaya falacia. Ante la falta de financiación se conduce a una educación pública de bajo coste, con escasos recursos humanos y materiales, y a un aumento de la privatización.

Entonces, ¿para qué sé hace? Tenemos la sospecha de que no se lleva a cabo para apoyar al profesorado, sino para tener un ranking de los niveles de los Estados, para ver si hay oportunidades de invertir, ya sea en países con unas competencias determinadas o justo por la carencia de estas. Es un hecho que las pruebas PISA, en lugar de las de la UNESCO u otras organizaciones educativas, las realiza una organización económica.

¿Es esa la educación de las personas? Rotundamente no. Decanta la educación hacia unas áreas instrumentales, con una determinada lógica de ver la educación. Todas las disciplinas son importantes ya que todas pretenden ayudar a desarrollar a una persona más integral, y eso implica un abanico de conocimientos realmente difíciles de medir en una prueba. Pero aquí no se busca la educación sino la instrucción en algunas áreas. Más calcular y saber leer, y menos pensar o reflexionar.

La educación no puede limitarse a unos resultados medibles en algunas áreas, y a un profesorado que se ve obligado a enseñar para superarlas. Y surgen así dos peligros: enseñar para superar las pruebas (y enseñar lo mismo a todos, volviendo la mirada hacia atrás), y la posible clasificación de personas y centros.

Los gobiernos, en su afán por controlar el rendimiento de los sistemas educativos, externalizan los conocimientos y las evaluaciones haciendo que el profesorado sea un autómata para posteriormente responsabilizarlo de los rendimientos del alumnado. Habría que relativizar esas pruebas y confiar más en el profesorado y en los centros, que ya realizan evaluaciones ordinarias y que son los que mejor conocen lo que sucede. En caso contrario, se crea una obsesión por la rendición de cuentas y por imponer, abusar y glorificar los resultados como la verdad que ilumina los caminos para que el país sea mejor. Es obvio que habría que aprovechar más y mejor el conocimiento docente, y se podrían establecer mecanismos de mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y, por supuesto, evaluar ese conocimiento docente.

Es muy difícil evitar que tengan influencia esos informes evaluativos internacionales de la OCDE y su perspectiva restrictiva e ideológica, su modo de ver de una forma determinada la educación. Ello no impide que tengamos que hacerlo mejor. Siempre hay que procurar hacerlo mejor. Pero no solos, no cada uno aisladamente, sino junto a todos los que están implicados en la educación. El profesorado que está leyendo este texto quiere mejorar, sin duda, y además sabe que la educación hay que cambiarla desde dentro y desde fuera. Es decir, necesitamos cambiar también el contexto, sus valores, sus prioridades y la forma de enseñar y trabajar en las escuelas.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/porotrapoliticaeducativa/2020/02/10/no-es-solo-pisa-es-la-ocde/

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Cumplir su función

Por: EL País España

La financiación de la Universidad pública es inferior un 14% a la media europea.

La Universidad española necesita repensar con urgencia su estructura y su forma de operar para poder seguir cumpliendo su importante función social. El acceso a los estudios universitarios de alumnos procedentes de familias de renta media y baja fue uno de los principales motores del elevador social en nuestro país. Tener estudios universitarios sigue siendo hoy un importante factor de progreso y protección social. Como demuestran los datos del último informe de la Conferencia de Rectores (CRUE), los jóvenes universitarios presentan una tasa de paro muy inferior al resto y perciben una remuneración que llega a ser hasta un 52% superior a la media de quienes tienen estudios secundarios. Tampoco hay, en términos relativos, demasiados universitarios. En el curso 2017/2018 estaban matriculados en alguna universidad el 31,6% de los jóvenes de 18 a 29 años, apenas un 1,5% más que la media de la OCDE.

Así pues, tanto por dimensión como por la calidad de los resultados académicos, la Universidad española se sitúa en la franja alta de los sistemas universitarios europeos. Pero las titulaciones están muy descompensadas y, sobre todo, no se corresponden con la demanda del sistema productivo. Esta falta de adecuación puede convertirse en un lastre para el desarrollo económico y social del país. Eso explica que, aun teniendo una situación privilegiada respecto del resto de jóvenes con menor cualificación, la tasa de paro de los universitarios españoles sea la segunda más alta de la UE: un 8,4% frente a un 3,9% de la media comunitaria. Pero lo más preocupante es que el 37,6% de los universitarios trabajan en empleos de una cualificación inferior a su titulación.

Se impone pues reducir el número de titulaciones y repensar los contenidos de los grados para adecuarlos a la evolución previsible del mercado laboral. Especialmente grave es el desequilibrio que hay entre la alta matriculación en estudios que tienen escasa salida en el mercado laboral, y la baja presencia de estudiantes en las carreras tecnológicas, las llamadas STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Estas carreras agrupan a menos de la cuarta parte de los alumnos y están cinco puntos por debajo de la media europea, con el agravante de que en nuestro caso presentan un anormal índice de abandono: entre el 37,4% y 49,9%.

Una parte de esta disfunción procede del hecho de que, para compensar la caída de ingresos públicos a causa de la crisis, las universidades han competido con una hipertrofia de la oferta de títulos destinada a captar alumnos. La financiación estructural de las universidades sigue siendo un 10% inferior a la de 2009 y un 14,5% inferior a la media europea. La otra vía para compensar la caída de fondos públicos ha sido incrementar las tasas académicas, que ahora aportan un 43% más de ingresos que en 2008, pero esta estrategia afecta a la equidad y provoca grandes desigualdades territoriales. El sistema universitario debe repensarse en su totalidad. La actual inflación de títulos solo puede conducir a su devaluación social. Es tarea del Gobierno equilibrar las diferentes ofertas educativas para adecuarlas a las necesidades productivas y habilitar pasarelas ágiles entre los distintos itinerarios. Especialmente importante es dar un mayor impulso a los estudios técnicos de grado medio, en particular la Formación Profesional Dual, para lo que se requiere una participación más decidida por parte de las empresas.

Fuente e Imagen: https://elpais.com/elpais/2020/02/07/opinion/1581102742_552987.html

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Innovación educativa: ¿Mejoras para la inclusión o excusas para la segregación?

El sistema educativo español debe mejorar y necesita innovar, de eso no hay ninguna duda. Pero la innovación debe estar acompañada de diseños claramente definidos, transparentes y equitativos.

Lucas Gortazar/ Ainara Zubillaga

La innovación educativa es un tema recurrente en la discusión educativa, algo que también está ocurriendo de manera con la segregación. Ambas cuestiones se han tratado desde diferentes enfoques, pero no es tan habitual vincularlas como dos caras de una misma moneda. Y esa moneda es probablemente la elección de escuela.

La reproducción social tiene un pilar muy importante en la diferenciación entre cada vez más centros. Hasta la fecha, ese rol lo ha jugado históricamente en España la escuela concertada, que era la única forma de diferenciar un proyecto educativo más allá de indicadores concretos de calidad. Pero de un tiempo a esta parte, la “innovación” juega un papel cada vez más decisivo, sin duda necesario, pero que, a la vez, puede estar teniendo consecuencias no necesariamente positivas para la equidad.

Hubo un tiempo en que lo importante era llegar, acceder, y donde por tanto la elección de centro educativo fue más sencilla: “el de al lado de casa”. Pero hoy, en muchos casos, el criterio de cercanía comienza a no ser el prioritario. Las familias aspiran a más que al mero acceso, y todas quieren lo mejor para sus hijos, ese “valor diferencial” que permita, en teoría, un futuro mejor para ellos. Y es ahí comienza el camino hacia la segregación escolar, antes incluso de entrar por la puerta del colegio.

Durante las últimas décadas, los países occidentales, y también España, han incrementado su actividad legislativa y de planificación educativa en torno a otorgar mayor capacidad de elección a las familias. Sabemos poco sobre las preferencias o prioridades de las familias a la hora de escoger escuela. Después de décadas de investigación social, son tres los aspectos centrales de la cuestión que reúnen suficiente consenso científico:

1. Las familias priorizan sobre todo la cercanía, aunque lo hacen de manera desigual. A mayor renta o nivel socioeconómico, menor importancia y más peso otros factores, tal como muestra el siguiente gráfico, a partir de datos PISA de España:

2. Las familias buscan la reproducción o el ascenso social de manera natural, y lo hacen con mayor intensidad cuando no existe información pública sobre los centros educativos.

3. Las familias valoran con mayor intensidad el nivel socioeconómico del alumnado que el valor añadido de la escuela, lo cuál penaliza los centros que, partiendo de situaciones de mayor dificultad en cuanto a su alumnado, son capaces de lograr mayores mejoras en aprendizaje.

Por supuesto, hay numerosos matices más allá de las familias a la hora de entender la relación entre elección y exclusión, e incluyen las diferencias geográficas (las grandes urbes experimentan dinámicas mucho más acusadas), la estructura del sistema educativo (donde los copagos a centros con fondos públicos debilitan el papel inclusivo de la escuela), la planificación escolar (gestión de matrículas y líneas), o el sistema de asignación de centros (y sus criterios de priorización asociados).

Y entre este conjunto de aspectos y matices que impactan en la elección de centro, se ha “colado” la innovación. La etiqueta de “colegio innovador” está canalizando la demanda de una mayor calidad educativa, especialmente en familias de clase media-alta, sin que haya información pública de calidad que permita saber hasta qué punto esa escuela está realmente logrando lo que se propone. Como resultado, por un lado, la segregación crece, no solo ya entre redes educativas, sino cada vez más entre centros públicos. Y por otro, alimenta un modelo de innovación individual -el vinculado a la marca personal de un centro- no conectado ni compartido, que fomenta la aparición de centros innovadores, pero con escasa aportación al movimiento de transformación colectivo, sistemático e inclusivo (ver aquí).

La existencia de diferentes niveles de acceso a la información y conocimiento sobre los centros articula el binomio innovación-inclusión sobre tres principios fundamentales: información, definición y equidad.

  • Innovación no informada conduce a exclusión. No existe en ninguna comunidad autónoma modelos públicos que, más allá de fallidos rankings que simplifican la complejidad de la educación, ofrezcan información objetiva, de interés general, clara, y accesible sobre los centros escolares, sus proyectos, las implicaciones educativas y familiares, efectividad de las decisiones y sus resultados (evaluación/ validación de la innovación). La información se vuelve un bien fragmentado, inexacto, fácilmente manipulable, y sobre todo accesible y comprensible a solo unos pocos que buscan las etiquetas diferenciales que garanticen una experiencia escolar de calidad a sus hijos.
  • Innovación no arbitrada conduce a exclusión. Si las administraciones plantean a los centros la posibilidad de organizar proyectos diferenciadores, pero no establecen las condiciones ni los lugares en las que deben desarrollarse, estos van a actuar como meros catalizadores de segregación. El caso más claro para entender esto es el programa bilingüe de la Comunidad de Madrid, que mientras su efectividad sobre el aprendizaje sigue sin haberse demostrado del todo, sí lo ha sido su capacidad excluyente: al ser los centros quienes decidían (y no la administración) si se sumaban a la iniciativa, el programa generó la salida del alumnado vulnerable de esos centros y la llegada de clases medias. La administración educativa debe generar el contexto y las herramientas adecuadas para que la innovación surja, se desarrolle y genere resultados -en definitiva, para gestionar adecuadamente la innovación-, pero también es responsable de incluirla en otras políticas públicas, articulando estrategias que eviten que la innovación genere nuevas formas de segregación escolar. Esto supone, entre otras cosas, definir cuestiones como qué centros o alumnado deben priorizarse.
  • Innovación sin equidad conduce a exclusión. De la misma manera que no todas las innovaciones pueden funcionar igualmente en todos los centros, no todos los alumnos necesitan la misma atención para beneficiarse de proyectos innovadores. La planificación de la inclusión en los centros innovadores, a través de acompañamiento y recursos al alumnado vulnerables, ha brillado por su ausencia, salvo contadas excepciones. Por tanto, ocurre que las familias vulnerables no se ven capaces de acompañar a sus hijos en experiencias de altos vuelos.

El sistema educativo español debe mejorar y necesita innovar, de eso no hay ninguna duda. Pero la innovación debe estar acompañada de diseños claramente definidos, transparentes y equitativos, que evite que las iniciativas actúen como un instrumento de segregación escolar, y no como la herramienta de transformación del centro al servicio de una educación de calidad para todos.

Lucas Gortazar es miembro del Proyecto Atlántida, y Ainara Zubillaga es Directora de Educación y Formación de la Fundación Cotec para la Innovación. Ambos son impulsores de la Red por el Diálogo Educativo (REDE). @lucas_gortazar @ainarazubillaga

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2020/01/22/innovacion-educativa-mejoras-para-la-inclusion-o-excusas-para-la-segregacion/

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