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Con un paro de casi el 20% entre los jóvenes, unos 1.600 habitantes de Nepal emigran a diario hacia países del Golfo o Malasia en busca de trabajo. Sus remesas suman más del 30% del PIB pero en condiciones laborales esclavistas
“He pasado mi vida cosiendo ropa que vendía en el mercado. Emigré para a trabajar como limpiadora y costear la educación de mis hijas. Pero nunca me pagaron lo acordado”, lamenta Sangita Gwimire Shrestha, de 38 años. Regresó a Nepal a mitad de 2018 sin poder saldar la deuda con la que emigró a Dubai. Antes, un agente nepalí le engatusó con el mito de la ruta del oro a los países del Golfo y un sueldo de 360 euros mensuales, casi el cuádruple del salario mínimo en Nepal. La realidad fue otra. “Ganaba poco más de 700 dirhams [160 euros]. Me quejé y me aislaron en una habitación durante días”, detalla Sangita; que usó su informática básica para reservar un vuelo y escapar. “Otras no tienen esa suerte y siguen allí”. De vuelta a casa, el panorama no es halagüeño. Su marido está en paro y ella baraja enviar a sus hijas al extranjero en busca de empleo. Otra generación que huye de la inestabilidad enraizada en Nepal desde hace décadas.
Tras un comienzo de siglo de vaivenes políticos —guerra civil, asesinato de la familia real y cambio de régimen— la República de Nepal celebró las primeras elecciones de su corta democracia en 2017. Espoleada por los donantes internacionales, aprobó su Constitución en 2015 para tener un marco legal sobre el que reconstruir el país tras el terremoto que sacudió su territorio ese año dejando 9.000 muertos y 22.000 heridos. Pero su reparación física y económica se frena por la falta de materias primas y mano de obra cualificada.
Enrocado entre los dos titanes asiáticos, la diminuta nación del Himalaya importa casi todos sus bienes de India y China. Sin industria propia, el turismo mantiene la economía nacional mientras su mercado de trabajo se hunde. Con una tasa de desempleo de casi el 20% entre los jóvenes, alrededor de 1.600 nepalíes emigran diariamente. En la pasada década, el Departamento de Empleo Exterior expidió más de 3,5 millones de permisos de trabajo en un país de 40 millones de habitantes. Trabajadoras del sector doméstico y de la construcción dominan una oleada de migración laboral con destino a los países del Golfo y Malasia, principalmente.
Nepal es el cuarto del mundo con la mayor contribución de las remesas a su economía.
“La vida de las trabajadoras en el extranjero ha mejorado algo. Particularmente en Catar, tras la concesión del Mundial de Fútbol de 2022”, explica Nisha Baniya, abogada y secretaria de migraciones en la Federación General de Sindicatos Nepalíes. Durante años, grupos de derechos humanos han denunciado el trato a los dos millones de migrantes en Catar (el 95% de su mano de obra); de los que 100.000 son nepalíes. La presión internacional ha hecho que el Gobierno catarí tome medidas. A finales de 2017, prometió abolir el sistema kafala; acuerdo común en países de Oriente Medio por el que se requisa el pasaporte de los empleados, a los que se les priva de libertad. En 2018, se abrió la primera oficina de la Organización Mundial del Trabajo en Doha para mejorar las condiciones laborales. “Las autoridades intentan solucionar estos aspectos, pero los agentes de Nepal y Catar no colaboran. Las estafas proliferan”, advierte Baniya en referencia al número de agencias de contratación surgidas en Nepal, al calor del efecto llamada.
La sangría de trabajadores emigrados es tal que el dinero que envían a sus familias en Nepal se ha convertido en piedra angular de la economía nacional. Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), las remesas de esos trabajadores alcanzaron los 5.400 millones de euros en el año fiscal 2016-2017. Esto supone el 31,3% del PIB nacional y convierte al pequeño país asiático en el cuarto del mundo con la mayor contribución de estos envíos. Su nueva riqueza es visible en muchas aldeas; transformadas en municipios con escuelas privadas, clínicas y tiendas.
Al olor del negocio, las agencias multiplican su presencia en el destino de este flujo monetario: áreas rurales empobrecidas y semillero de desempleados desesperados. “Tenemos una deuda de 70.000 rupias [550 euros] y un préstamo que pagar por nuestra casa. La antigua desapareció con el terremoto”, cuenta Bimbval Pariyar, de 31 y natural de Gorkha, donde se registró el epicentro del temblor de 2015. “Llegué a un acuerdo con un agente local, que me llevó a Dubai cuando el Gobierno lo había prohibido. No me pagaron lo acordado y regresé gracias a los contactos de mi marido”. El estudio de la OIM también indica que los trabajadores migrantes registraron 7.500 casos de fraudes durante los procesos de contratación en los últimos tres años.
La legislación actual ignora a las trabajadoras migrantes, aunque ellas aportan el 11% del total de las remesas que sostienen el PIB de Nepal.
“El dinero que pagué a la agencia no sirvió de nada y el tratamiento que pude costearme en el hospital de Dubai fue muy precario. Volví a Nepal para no perder mi brazo”, explica S. L. D, mostrando los vendajes que cubren parte de su cuerpo. Una explosión a causa de un escape de gas estuvo a punto de acabar con la vida de esta trabajadora de la limpieza —que prefiere permanecer en el anonimato— durante su estancia en Emiratos Árabes Unidos. Aunque los 400 euros que pagó a la agencia de contratación incluían el permiso de trabajo y un seguro, la compañía que la empleaba se negó a renovar su contrato tan pronto como estalló su problema. “Me pagaban menos de la mitad de lo acordado. Así que extendí mi visado y trabajé sin contrato durante los dos últimos años para poder liquidar la deuda con la agencia”, explica. Atrapada en un callejón sin salida, S. L. D. teme volver a su aldea al sureste de Nepal; donde le esperan sus acreedores y los rumores sobre la falta de castidad que persiguen a toda mujer asiática que ha trabajado en un país del Golfo.
Sin control ni regularización, la prohibición genera redes de tráfico
En 2017, más de 2.000 denuncias por irregularidades llevaron a Nepal a cancelar los permisos de trabajo a Malasia; donde hay 400.000 nepalíes documentados. Ya en 2015, se redujo de 445 a 74 euros la cuantía máxima para la tramitación de empleos. Pero el Gobierno de Malasia exigía la participación de agencias privadas; que pedían sumas desorbitadas a sus clientes aunque declaraban solo la parte legalmente impuesta. Según el Centro de Periodismo de Investigación de Nepal, los trabajadores migrantes pagaron hasta 34 millones de euros extra por sus contrataciones en Malasia en los últimos cinco años.
“La prohibición no es remedio”, insiste Bijaya Shrestha desde Amkas; refugio de trabajadoras que regresan a Nepal: “El Gobierno tiene buenas intenciones, pero genera más ilegalidades”. Shrestha hace referencia al reciente veto impuesto por Nepal a empleadas del sector doméstico en los países del Golfo. Antes ya se restringió la edad mínima para obtener permisos de trabajo, sin evitar el éxodo de 20.000 mujeres en 2017. “Desde que hay límites a los permisos [de empleo], viajo por periodos de tres meses con visados de turista con agencias no registradas”, explica Sabina Sahi, de 27 años y quien ha trabajado como bailarina en Dubai, Sudáfrica y Catar. “Nos dan 100.000 rupias [787 euros] por adelantado. Pero tenemos que devolver el dinero como sea, incluso durmiendo con los clientes. Por suerte, yo nunca he tenido que hacerlo”, confiesa Sabina, que espera a que su bebé de año y medio crezca para volver a emigrar en busca de trabajo como bailarina.
S. L. D. muestra sus vendajes. Una explosión por un escape de gas estuvo a punto de acabar con su vida durante su estancia en Dubai.ÁNGEL L.MARTÍNEZ CANTERA
La ONU ha denunciado la medida del Gobierno de Nepal por ser origen del “tráfico de personas” a India; país con el que comparte frontera abierta y usado por agentes como puente a empleos fraudulentos. “Pagué 30.000 rupias a un funcionario para que me llevase a Kuwait, aunque estaba prohibido”, relata M. G, que regresó a Nepal hace poco menos de un año; embarazada del agente que fue su violador. “Solo trabajé tres meses como limpiadora en una casa en Kuwait. Cuando mis empleadores notaron mi estado, me enviaron de vuelta”, resume, obviando los seis meses de secuestro en India. Cuando aterrizó en el aeropuerto de Katmandú, uno de los trabajadores sociales de Amkas la rescató del círculo vicioso que espera a las mujeres de zonas rurales en la capital nepalí, como empleadas en alguno de los prostíbulos de la zona centro de la ciudad.
“Casi todas las mujeres que rescatamos proceden de las zonas montañosas de Nepal. Regresan mentalmente destrozadas y no conocen la realidad de Katmandú, por lo que acaban siendo presas de las redes de tráfico también aquí”, explica Bijaya Shrestha, cuyo refugio acogió a unas 225 mujeres en solo 10 meses. Algunas embarazadas como M. G.; cuyo bebé fue dado en adopción y quien teme volver a su pueblo en la frontera con China, donde solo le esperan los usureros y el rechazo de su comunidad. En vez de prohibiciones, Shrestha exige a Nepal que ratifique la Convención sobre Trabajo Doméstico y que revise la Ley de Empleo en el Extranjero. La legislación actual ignora a las trabajadoras migrantes, aunque ellas aportan el 11% del total de las remesas que sostienen el PIB de Nepal; dependiente del empleo irregular y explotador en el extranjero.
Guatemala / 3 de febrero de 2019 / Autor: Pablo Linde / Fuente: El País
Un programa en Guatemala está dotando de módulos prefabricados a colegios rurales con enormes carencias en sus infraestructuras
1 Guatemala es uno de los países de Latinoamérica que menos dedica a educación. A pesar de ser el ministerio que más fondos recibe, se queda en un 2,9% de su Producto Interior Bruto, cuando la media de la región es casi el doble: el 5,5%. Carlos Carrera, representante de Unicef en el país, califica la situación como “preocupante”, con enormes abismos de desigualdad entre la cobertura a las clases altas y bajas, especialmente en secundaria. En algunas zonas rurales, las infraestructuras son ruinosas y prácticamente ponen en peligro a los propios estudiantes y docentes. En la imagen, la escuela de Caserío Almolonga, en San José.
2 María Eugenia Barrios Robles de Mejía, viceministra de educación de Guatemala, explica que muchos centros llevaban más de 50 años sin mantenimiento. “Los maestros han sido lindos, han tocado todas las puertas para conseguir reparaciones: alcaldes, empresas, ONG, diputados, o pedían al más pudiente de la región”, explica.
3 El Gobierno de Guatemala está implementando 2.000 aulas modulares como la de la imagen, especialmente en las zonas rurales, que son las que más lo necesitan. También están remozando otros 3.000. Lo hace con un préstamo al Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que ha facilitado la logística para este reportaje.
4 En la aldea La Libertad viven 1.500 personas y a su colegio van 130 alumnos. Su directora, Yolanda Magalí de León, explica que hasta que pusieron la nueva aula modular, se veían obligados a dividir los espacios con una lámina metálica; así dividían un espacio en dos, porque de otra manera no cabían.
5 La aldea La Libertad está en Camotán (Chiquimula), una zona rural y pobre donde la mayoría de la población vive de la agricultura. La directora de su colegio cuenta que la mayoría de los niños, cuando terminan los estudios, van a trabajar con sus padres al campo, o viajan a las fincas cafeteras, que están en regiones cercanas, a recolectar los granos.
6 Gabriel Carranza, padre de uno de los niños de la escuela de la Libertad asegura que su idea sería que sus hijos llegasen a la universidad, pero que eso es casi imposible. “Económicamente no todos nos lo podemos permitir”.
7 La escuela de Caserío Almolonga, en San José, tiene 187 alumnos. Muchos de ellos estudian en aulas con condiciones precarias, incluso “peligrosas”, según Elmer Ortiz, su director.
8 En la escuela de Casería Almolonga han instalado recientemente dos aulas nuevas, que son realmente las únicas que pueden ser llamadas así. El resto están ubicadas en galeras o edificios precarios.
9 Para la construcción de las nuevas aulas prefabricadas, los padres de la comunidad se implican haciendo los trabajos más básicos de las obras.
10 En la Escuela Silvia Rivera de García, en Comapa, los padres hacen turnos para preparar el almuerzo de los alumnos. El centro tiene casi 750 alumnos en dos turnos: mañana y tarde.
11 Las nuevas aulas modulares que se están instalando en la Escuela Centroamérica tienen “muy buena luz”, en palabras de la profesora Reyna Oralia Sakil. “En la que estábamos antes era oscura y el techo goteaba. Pero no solo es el inmueble, también las sillas y mesas, que ahora son más resistentes; antes se quebraban y no había dinero para repararlos”, asegura.
12 Aula de la escuela de Caserío Almolonga, en San José.
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El Salvador / 27 de enero de 2019 / Autor: Yaneth Estrada / Fuente: Diario Co Latino
Con una inversión en educación que en 20 años no superó el 2.98 % del PIB, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén recalcó que este año se asignaron más de 996 millones de dólares, “la mayor cifra de la historia de El Salvador” para este rubro.
Esto incluye la incorporación de 34 instituciones educativas al programa “Seamos Productivos”, útiles escolares, zapatos, uniformes (hasta bachillerato), alimento, cereal, vaso de leche, atención en salud y nutricional, entrega de más de 23 mil computadoras para estudiantes y docentes, dotación de juguetes al 100 % de escuelas parvularias y educación en inglés, artística y educación física. Además de formación actualizada y de calidad bajo la entrada en vigencia de la Ley INFOP, entrega de libros de texto, guías, una nueva forma de enseñar matemáticas, programas actualizados de inglés y lenguaje y la distribución 105 mil ejemplares de tres títulos del poeta salvadoreño Roque Dalton para estudiantes de bachillerato.
De acuerdo al Presupuesto General de la Nación 2019, el incremento para esta área es de $56 millones, para pasar de $940.4 millones en 2018 a $996.4 millones, lo que equivale al 3.69 % del PIB.
El Mandatario enfatizó que han alcanzado conquistas que les permiten afirmar que “hoy contamos con un sistema de educación más fortalecido, y adecuado a las necesidades del país y a las demandas de su desarrollo”.
Educación Universal
Igualmente, Sánchez Cerén señaló que “el derecho a una educación universal para los salvadoreños y salvadoreñas ahora es una realidad: tenemos enseñanza gratuita, equitativa y de calidad en todos los niveles del sistema público”.
Destacó que más de 40 mil estudiantes regresaron a las aulas bajo las modalidades de educación flexible; la oferta académica de 8 carreras en la Universidad en Línea; la inversión de $88 millones en infraestructura educativa; la ampliación de la cobertura de la educación en la primera infancia, del 1.4 % al 5.1 %; y las mejoras en las condiciones laborales y formación para docentes.
Por su parte, el viceministro de Educación Francisco Castaneda detalló que “el presupuesto de educación fue aprobado por la Asamblea Legislativa por $996 millones pero con la cooperación internacional pasaremos a más de mil millones de dólares”.
También informó que este lunes cerca de 1.3 millones de estudiantes inician su año escolar.
Mientras que la viceministra de Ciencia y Tecnología Erlinda Hándal agregó que en este año escolar se busca la mejora en la enseñanza en matemática con el programa ESMATE, que trae nuevos libros en todos los niveles, entregados a los alumnos en el paquete escolar.
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00:00:00 – España: Complubot, el conservatorio de la robótica educativa
04:00:00 – El informe de la UNESCO pone de relieve la necesidad de eliminar los obstáculos con los que se enfrentan los migrantes y las personas desplazadas para acceder a la educación (+PDF)
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Uruguay / 13 de enero de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Noticias UY
Junto al sociólogo Fernando Filgueira, Alejandra Erramuspe y Javier de Haedo, Renato Opertti, es uno de los referentes académicos de la organización Eduy 21, que trabaja en procura de lograr cambios en la educación.
Los especialistas entienden que una modalidad de tiempo completo, con una propuesta educativa integral para niños y adolescentes de los sectores más vulnerables, progresivamente a partir de 2020, es el camino.
La educación necesita un cambio profundo, según afirman, para dar respuesta a uno de los problemas que tiene actualmente el país: la marginalidad social y cultural.
Desde Eduy 21, entienden que se debe aumentar el presupuesto educativo en 1% del Producto Bruto Interno (PBI) para “blindar el cambio educativo” y salir de la rencilla electoral.
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