Privatización de la Educación

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Honduras: “se pone en riesgo la educación pública y se crean condiciones para el avance de la educación privada”

Entrevistas

Honduras/ Autor: Redacción Ecuador / Fuente: Pressenza

En esta entrevista, el foro Dakar-Honduras, coalición miembro de la Campaña Latinoamericana por el Derecho a la Educación-CLADE, nos aproxima a la realidad de la financiación de la educación pública en el país.

¿El derecho a la gratuidad educativa se realiza actualmente en Honduras? En caso negativo, ¿cuáles son los principales desafíos que impiden su cumplimiento?

El derecho a la educación en los casos de escuelas públicas con entornos violentos se ve amenazado, en el sentido de que el garante de derechos, es decir, el Estado no ha encontrado una forma de garantizar entornos no violentos. La militarización de colegios públicos y escuelas permite que el profesor y el alumno que están en el centro educativo desarrollen la acción de clase, sin embargo, eso va más allá que dar la clase, en tanto el alumno y el maestro tienen que transitar por entornos no seguros para ambos.

¿Qué se debe demandar al Estado, en términos de financiamiento público, para que sea posible garantizar el derecho a la educación pública, equitativa y de calidad para todas y todos en Honduras?

Se le debe demandar una política de Estado, que mire mas allá de los acuerdos o de los mínimos compromisos, que no son vinculantes para el Estado, como la Agenda 2030 y el objetivo 4.

Una financiación nacional que cubra la demanda de educación básica, secundaria y media poniendo atención en esta última, y en la calidad a todos los niveles. Una educación en la que las habilidades de lectura, comprensión de lectura, matemáticas, ciencia y el arte, sea destrezas y conocimientos comprendidos y desarrollados por los estudiantes y maestros.

Una política clara para la financiación de la educación, que va desde el uso de impuestos para la educación de una forma intencionada, y un presupuesto que avanza según el desarrollo de cada nivel educativo, tanto poblacional como en conocimientos y calificación docente, infraestructura y tecnología que facilite al binomio estudiante-profesor desarrollar esa relación de aprendizaje y enseñanza.

Acompañamos los conflictos recientes entre autoridades y estudiantes de la UNAH, que denuncian intentos de privatizar la enseñanza superior en el país. ¿La comercialización de la educación es una amenaza para la plena realización de este derecho en el país? ¿Por qué?

La privatización de la educación tiene asomos en todos los niveles, cuando las madres y padres tienen que cubrir una cuota u aporte en especie para el mantenimiento de los edificios escolares, pagos de conectividad, agua, luz eléctrica donde la hay, proporcionar casi el 80% del complemento de alimentos para la merienda escolar, te indica que la educación básica no es totalmente gratuita es fuertemente subsidiada por madres y padres.

Igualmente, en la educación superior no es totalmente gratis. Se paga matricula, carnet de estudiante, acceso a laboratorios, transporte, vivienda, alimentación y otros, esto ha sido así. Hay intereses en la privatización de la educación superior en Honduras. Es una lucha de las instituciones privadas del país. De hecho, estas universidades privadas funcionan como fundaciones para la educación y no pagan impuestos al Estado por sus ganancias en la venta de servicios educativos.

La Constitución de la República establece que la educación es laica, gratuita, y pública, se recoge este planeamiento en la Ley Fundamental de Educación de los niveles pre-básico, básico y media.

El país no prohíbe la educación privada en ninguno de sus niveles, se deja a libertad de los padres y madres elegir el centro educativo de sus hijos-as, no hay claramente una ley o contrato de transferencia de recursos públicos a centros educativos privados. Dado que existen menos oportunidades en la educación pública, es normal que la población busque la educación privada, que se ha fortalecido al tiempo que la pública se deteriora.

Así, el Estado no está cumpliendo su obligación de ser garante del derecho a la educación pública y gratuita de la población hondureña, cuando se reduce la financiación de la educación o se mantiene un presupuesto limitado que no cubre la demanda para garantizar acceso, calidad, equidad se pone en riesgo la educación publica y se crean condiciones para el avance de la educación privada.

Según Consulta respecto a la gratuidad de la educación en AL&C, que fue lanzada por la CLADE en el 2014, en Honduras, familias y docentes tienen un papel central en la financiación de las escuelas, pues un porcentaje importante de ellas/os tiene que asumir los costos de los útiles escolares, los materiales impresos de clase, uniformes, alimentación escolar, libros de texto, etc.

¿Pueden comentar esta situación y hacer algunas recomendaciones al Estado hondureño en el sentido de superarla?

Por ley, los padres y madres de familia no deberían aportar nada para el desarrollo de la escuela pública. La realidad dice otra cosa, como se expresa en la consulta del 2015 realizada por el Foro Dakar-Honduras.

Es evidente la ausencia de política pública que regule los presupuestos y asegure asignaciones suficientes desde el Estado. al sector educativo. El presupuesto de educación debería ser una prioridad para alcanzar la meta de una Honduras Educada, como dice el Plan de Nación al 2038.

Ante la ausencia de un presupuesto que cubra las necesidades descritas, los padres, madres y maestros se ven en la necesidad de cubrir ellos los materiales, los uniformes, mantenimiento de edificios y transporte. Esto hace difícil la situación para las familias que tienen más de uno o dos hijos en proceso escolar.

Es necesario ampliar el presupuesto para contratar y calificar profesores, así como para contar con infraestructuras dignas; considerar el alza del presupuesto acorde con la demanda de la población estudiantil según el nivel educativo; sensibilizar al sector empresarial para el pago de sus impuestos, para que la educación pueda ser financiada con recursos propios; enviar el 60% de lo que recauda el Estado en cobro de tasa de seguridad actualmente (uso de tarjeta de crédito, cuentas de ahorro, cheques, pagos de cheques, se cobra un promedio de 20 centavos de dólar por cada movimiento bancario de un valor aproximado de 43 dólares norteamericanos), al sistema educativo desde el inicial a sistema de educación media, fortaleciendo las capacidades del sector educativo público y la institucionalidad de la secretaría de educación y finanzas .

Fuente de la Entrevista:

Honduras: “se pone en riesgo la educación pública y se crean condiciones para el avance de la educación privada”

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Educación: Se buscan responsables

David Calderón

David Calderon

Uno de los posibles dilemas de la acción colectiva es el conocido como “tragedia de los comunes”. Es decir, algo que es un bien común pudiera, en determinadas circunstancias, irse deteriorando gravemente porque quienes intervienen en su disfrute pueden no captar la importancia de llegar a acuerdos explícitos o respetarlos; así, cada uno busca obtener una parte, ninguno se siente plenamente responsable (algo así como “lo que es de todos, es de ninguno”) y no tiene consideración de que otros se verán en dificultades si la acción no es solidaria, con un daño que en el largo plazo arruinará la fuente misma de ese bien deseable. En México, en incontables ocasiones, vivir en condominio, unidad habitacional o vecindad ilustra en micro esa lamentable situación.

Esta semana se presentó el Reporte de Monitoreo Global sobre Educación (GEM) para 2017, a cargo de la UNESCO. Y justamente el derecho humano a la educación se puede ver atrapado en la tragedia de los comunes. El reporte es claro: la primera y principal responsabilidad es de los gobiernos, pues la mayoría de las naciones –México incluido- han firmado convenciones internacionales o incluyen en su constitución la responsabilidad fundamental del Estado sobre el derecho de cada persona a la educación. Con un ágil manejo de diagnósticos, estadísticas y ejemplos, el Reporte GEM de este año muestra que estamos muy lejos de asumir esa responsabilidad, primero los gobiernos y luego todos los demás actores. La rendición de cuentas se vuelve un imperativo en la promoción y defensa del derecho a la educación, y la opacidad, simulación o incompetencia de las autoridades deteriora este bien público central.

Me salto a las recomendaciones que brinda el Reporte: a) Establecer un espacio de interacción significativo para generar confianza (en México no tenemos un espacio regular de interlocución significativa; el Consejo Nacional de Participación Social en Educación –CONAPASE- podría evolucionar hacia allá); b) Crear planes educativos creíbles y presupuestos transparentes (con claridad de las responsabilidades de los distintos órdenes de gobierno y sus recursos disponibles y ejercidos con honestidad); c) Establecer, monitorear y hacer efectivos la normativa y los estándares (por ejemplo: ¿Alguien sabe por qué llevamos dos años enteros de incumplimiento masivo del Artículo 14 de la Ley General de Educación (LGE), fracción XII Quáter, que señala que cada director de escuela en educación obligatoria debe rendir un informe a la comunidad? ¿Por qué se incumple la obligación de la tutoría a los profesores de primer ingreso por concurso, y sin embargo se les evalúa en desempeño dos años después?); d) Construir, no culpar (el Reporte muestra la esterilidad contraproducente de sancionar a los maestros y las escuelas por los resultados de los estudiantes, hasta el extremo en algunos países de cerrar las escuelas más vulnerables y de más bajo resultado, en lugar de apuntalarlas y tutorarlas); e) Permitir la expresión democrática (el Reporte anota lo crucial que es la libertad de prensa para críticas, quejas y denuncias de los ciudadanos, el papel de los defensores de derechos humanos, y un sistema de quejas efectivo, disponible para la generalidad de los ciudadanos… este último, otro gran pendiente, de nuevo en el Artículo 14 de la LGE, fracción XII Quintus, sólido en el papel y tenue, casi inexistente, en el atribulado TelSEP y sus aún más deprimidos homólogos estatales).

La ruta que propone el Reporte GEM es sensata: los gobiernos deben ser transparentes, ofreciendo información relevante y oportuna; deben ser comprometidos, proveyendo el financiamiento adecuado (y con un gasto honesto y focalizado, añadiría yo); deben ser apoyadores, construyendo capacidades en los agentes principales como sus agencias anticorrupción, en la formación inicial y continua de los maestros, en la vigilancia de que las organizaciones internacionales también rindan cuentas.

El reporte –que se puede descargar sin costo aquí -no tiene desperdicio. Está lleno de confirmaciones sobre la pauta de cambios legislativos y participación de las organizaciones de sociedad civil que vamos poco a poco viviendo en México, para exigir que la información esté disponible, para emplazar a los funcionarios y para involucrarse en la mejora desde el ángulo de la demanda ciudadana y no sólo desde el enfoque favorito de muchos gobiernos, la filantropía en donde todos salen aplaudidos pero que en ocasiones sólo mitiga la injusticia sin abordarla en serio. Hay valientes afirmaciones contra la privatización o mercantilización de la educación; es un derecho humano, no un mero “servicio”, y hay que hacerlo exigible y justiciable, es decir, los ciudadanos podemos y debemos llegar a tribunales para exigir cumplimiento. Ése es tema en otro artículo, pero algunos ya empezamos: nos veremos en la Corte.

Fuente del articulo: http://www.educacionfutura.org/educacion-se-buscan-responsables/

Fuente de la imagen: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2015/01/pobreza_2.jp

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Reseña de Informe: Investigación sobre privatización educativa en Uruguay

Reseñas

Por Internacional de la Educación

 – Estudio revela crecimiento del sector privado de la educación «vinculado a corporaciones» en Uruguay 

– Investigación fue promovida por la Internacional de Educación (IE)

Representantes de la Internacional de la Educación y los sindicatos uruguayos de la educación dieron a conocer los resultados de una investigación sobre privatización y comercio educativo a integrantes del Comité de Educación y Cultura del Cámara de Representantes de ese país.

Los/as parlamentarios/as recibieron una copia del documento y escucharon algunas de las principales consideraciones y conclusiones de la pesquisa, realizada por un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y la Universidad de la República de Uruguay (UdelaR).

Docentes critican viraje en el sistema de educación

José Olivera, secretario general de FeNaPES, explicó que hay una transformación de los sistemas educativos. Para Olivera, la investigación exhibe que en Uruguay se ha producido un avance del sector privado “no el tradicional, sino el vinculado a las grandes corporaciones y fundaciones, que defienden las agendas que promueven la OCDE y el Banco Mundial”. Elbia Pereyra, presidenta de FUM-TEP, se dirigió a los legisladores y destacó la importancia de la información presentada sobre privatización para fortalecer y proteger el sistema educativo público. «El tema que nosotros traemos con ustedes para traerlo a la luz es un tema que nos interesa a todos», subrayó.

En su rol de director de la campaña global contra la privatización y el comercio educativo Educar, No Lucrar, Ángelo Gavrielatos insistió en que este es el momento adecuado para mostrar los resultados de la investigación: «Podría parecer que la situación no es tan crítica en Uruguay como en otros países de la región, sin embargo, con esta información podemos notar que es ahora que estamos a tiempo para enfrentar los desafíos y detener las dinámicas que debilitan y privatizan la educación pública».

En la reunión también participaron Mar Candela, Combertty Rodríguez y Gabriel Castro de la Internacional de la Educación; además de Mauro Moschetti, investigador de la UAB, quien detalló algunos elementos destacados de la investigación. El Comité legislativo mostró agradecimiento por el esfuerzo de realizar la investigación y las nuevas luces que esta pueda arrojar.

Investigación también será presentada a trabajadores/as y población

Los sindicatos de la educación uruguayos continuarán mostrando las conclusiones investigativas a sus afiliados y a la población general. Las actividades fueron programadas desde hace varias semanas y se afinaron detalles en una Reunión Nacional realizada el 24 de octubre con el equipo de la Internacional de la Educación. El 26 y 27 de octubre otras actividades tendrán lugar para presentar la información ante el público general y la comunidad de trabajadores organizados.

Descargue el documento con la investigación aquí:

Privatización educativa en Uruguay: políticas, actores y posiciones
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¿Desnutrición escolar y privatización: la nueva política educativa de Cartagena?

Luis Ariel Carpio Galindo

El anuncio de recortar la alimentación de los colegios oficiales, al igual que la política de privatización mediante APP, amerita un debate.

Por: Luis Ariel Carpio Galindo.

El pasado 15 de septiembre, el secretario de Educación de Cartagena Jaime Hernández Amín, advenedizo como el alcalde encargado, dijo en un diario local que encontró la Secretaría con un déficit de 21 mil millones de pesos, en áreas como aseo, vigilancia, transporte y la alimentación escolar. Días después, anunció que contratos “gordos” de educación se reducirían para 2018, refiriéndose a estos mismos sectores.

En la alimentación, afirmó que “la responsabilidad pública no es alimentar a los niños”, advirtiendo que el gobierno debería bajar el porcentaje de aporte nutricional de la alimentación que se brinda en los colegios. Es decir, abandonar las recomendaciones del ICBF en esta materia que son en la base los estándares del programa de alimentación escolar PAE. Bajar el rango mínimo de energías y nutrientes que requiere la población escolar por día como lo propone el señor Hernández Amín, no solo es improcedente sino un crimen contra la infancia.

¿Qué hay detrás de estos anuncios y estas propuestas peregrinas de quienes dirigen la Secretaría de Educación en Cartagena?

La lógica que se oculta detrás de todo esto es la decisión política que tomó el gobierno central de desarticular la educación pública y privatizarla por partes, mediante las denominadas asociaciones público-privadas APP. Cartagena es el laboratorio de esta política.

Ya en 2016, el hoy suspendido alcalde Manolo Duque, firmó con la Ministra de Educación de la época Gina Parody, un Acuerdo de Voluntades con el que se da comienzo a la contratación de obras de infraestructura educativa para la ciudad de Cartagena y sus corregimientos, a través de contratos de concesión bajo la modalidad de APP. Este acuerdo busca la presencia del sector privado en la construcción y/o adecuación de unas 30.000 aulas en el distrito; y su presencia mediante concesión de la prestación del servicio de vigilancia, aseo, transporte y alimentación escolar. Los llamados servicios no pedagógicos.

El alcalde encargado Sergio Londoño Zurek aprovecha su encargo para acelerar este proceso. Así lo deja ver en declaración a un reconocido medio periodístico “se trabaja en el censo de los colegios que presentan problemas en su infraestructura para que sean incluidos en una Alianza Publico Privada”, y agregó que los colegios construidos con recursos del sector privado, “ya no necesitan ni plan de alimentación escolar, ni vigilancia, ni salud contratada del distrito, sino que hacen parte de la alianza público privada”.

Las APP son el artilugio para la entrada del capital privado a la educación pública, y se complementa con la figura de la concesión de los colegios oficiales. Las apariciones mediáticas de los encargados, el secretario de educación y alcalde, no son gratuitas; no es casual que anuncien la falta de recursos para atender estos sectores y el recorte de los contratos, si no fuera con la intención de justificar la entrada de las APP. Sus declaraciones van en esa dirección, entregarle la educación pública de la ciudad a pedazos al sector privado: la construcción y mantenimiento de los colegios, la seguridad, el transporte, el aseo, la salud, y la alimentación escolar.

Los anuncios de recortar la alimentación escolar y otros servicios en los colegios oficiales, al igual que esta política de privatización mediante APP, ameritan un gran debate ciudadano a fin de evitar que se destruya el carácter público de la educación en la ciudad de Cartagena; por lo pronto, esta política debe detenerse.

Fuente: https://www.las2orillas.co/desnutricion-escolar-y-privatizacion-la-nueva-politica-educativa-de-cartagena/

Imagen: https://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2017/10/secretario-cartagena.jpg

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Aquellos días cuando para estudiar había que pagar (4)

Miguel De Castilla Urbina
Por: Miguel de Castilla Urbina
¿Por qué  los cobros mensuales en las escuelas, los viernes locos, la manipulación de las estadísticas y todas las trampas de la autonomía escolar en Nicaragua, se convirtieron en procesos rutinarios, lógicos y hasta necesarios, y aún hoy, después de 10 años de clausurado el engendro, en algunos claustros docentes, la idea del dinero, la usura y el negocio aún están presentes como si fuese el primer día?
La explicación de este comportamiento social es la siguiente: cuando  en una organización social, jurídica e históricamente constituida, como los centros escolares, se realizan recurrentemente actividades sancionadas por la convención como correctas y deseables, poco a poco, sin que nadie se lo proponga, las mismas van adquiriendo autonomía respecto a la voluntad de los actores sociales y se van convirtiendo en acciones necesarias para su funcionamiento y existencia, provocando su legitimidad e institucionalización.
La educación nicaragüense es un libro abierto para observar este proceso, ya que si se comparan los perfiles axiológicos de las escuelas de las tres educaciones nicaragüenses de los últimos 60 años,  es posible diferenciar los componentes ideológicos y estructurales  que identifican a cada una de ellas.
La educación desarrollista del período somocista de los años 60 y 70 del pasado siglo influenciada por la Alianza para el Progreso; la educación popular de los años 80, impactada por el flujo ideológico de la Revolución Sandinista y su discurso nacionalista y antiimperialista, y la educación neoliberal del período 1990-2006, determinada por los mandatos globales del mercado,  la preeminencia y centralidad del dinero y de las relaciones mercantiles en las relaciones sociales escolares.  Cada una, en sus respectivos períodos, construyeron sus propios valores, usos, costumbres, normas, rutinas y principios, hasta ir, día a día,  legitimando  e institucionalizando sus componentes estructurales,  axiológicos y culturales.
Para el caso de la educación en el período neoliberal, esta forjó sus propios mecanismos, valores y patrones de comportamiento, tanto a lo interno de los centros educativos, como en las relaciones externas entre estos y las familias con hijos matriculados en los mismos.  Era obvio, igual que en la sociedad revolucionaria de los años 80, no se dejaba ningún espacio cultural sin promover, sembrar y cultivar los valores y principios patrióticos y solidarios ligados a los intereses de la población empobrecida; en la sociedad neoliberal, en donde el mercado es el mecanismo que rige y ordena el comportamiento social, la escuela, que es el lugar en que se reproducen  los valores dominantes y se forman los recursos humanos para que el mercado funcione, también fue el espacio para convertir las relaciones sociales educativas en relaciones mercantiles.
De esta manera, las llamadas “cuotas voluntarias”, la forja y desarrollo de las “pulperías escolares” y la creación de múltiples “actividades recaudatorias” de dinero en las escuelas, fueron procesos sistémicos absolutamente coherentes y lógicos con los procesos de oferta y demanda que se construían y desarrollaban multiplicados en centros comerciales, plazas, calles y avenidas y en el mercado formal e informal de las ciudades, conformando el corazón del régimen social conocido como neoliberalismo.
Para el análisis sociológico de la escuela, este hecho lógico y hasta natural no tendría nada de extraño, si no fuese que el mismo tenía consecuencias negativas de gran envergadura tanto para el goce pleno del derecho a la educación de parte de la niñez y la juventud empobrecida,  como para la función educativa  de las escuelas y el sentido ético de la profesión docente en Nicaragua.  Esto fue así porque, entre otros motivos, el incumplimiento del pago mensual en las escuelas, casi siempre daba origen a críticas, regaños y sanciones de los maestros a sus estudiantes, convirtiendo a la escuela en una institución expulsiva y no atractiva para importantes sectores de la infancia y la adolescencia, siendo lo más grave del caso  que muchas veces, el cobro se ligaba a valoraciones del conocimiento y a puntajes que nada tenían que ver con el aprendizaje y la creación de hábitos, valores, actitudes y virtudes de la niñez, sino todo lo contrario, la formación de antivalores, basados en que se podía aprender comprando calificaciones y se obtenían  conocimientos y valores mediante el pago de dinero.
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Asalto a la Educación (Video)

Reseñas

Por: Yo estudié en la Pública

El video Asalto a la Educación tiene una duración de 17 min y con rigor explica el asaltos de las empresas privadas a la enseñanza.

Donde El gasto público educativo se ha recortado extraordinariamente con el pretexto de la crisis: 8.000 millones. Un18%. Allí donde el Estados dejan de invertir surge un lucrativo negocio para las empresas.

Empresas y multinacionales no solo firman suculentos contratos, desgravan impuestos o cuidan su responsabilidad social corporativa: son ellas las que están está marcando la agenda educativa de medio mundo

Banda de sonido con licencia Creative Commons:
Dexter Britain: «Nights Tale» , «The Rules Of Social Class»,
«Settling In», «Calling (Instrumental)»
Thanks to Dexter Britain : http://dexterbritain.co.uk/…

A continuación el video:

*Fuente:https://www.youtube.com/watch?v=JHuGOG2NIC4

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La inspiradora huelga magisterial

César Zelada

Perú / 15 de octubre de 2017 / Autor: César Zelada / Fuente: Rebelión

El fracaso de PPK

Cuando PPK le ganó las elecciones del 2016 a la hija del dictador Alberto Fujimori, la gente pensó que éste iba a ser un gabinete de “tecnócratas y de lujo” ya que el propio presidente y algunos de sus ministros (como Thorne), se formaron académicamente entre Inglaterra y Estados Unidos, mientras que otros (como el premier Zavala), trabajaron para grandes empresas transnacionales como la cervecera Backus. Sin embargo, a poco más de un año de su mandato, la aurora de “tecnócrata y lujo” se cayó como un castillo de naipes.

Y no es para menos. El economista de corte neoliberal (que en las elecciones del 2011 apoyo públicamente a Keiko Fujimori), recientemente declaró que, “… Nuestro mayor fracaso ha sido que todo el mundo esperaba que con PPK iba a haber mucho crecimiento económico y ha sido un crecimiento bien modesto…Cuando la gente votó por mí dijeron ‘la economía va a volar’ y no ha volado. ¿Por qué? Porque heredamos una economía débil. Después vinieron las inundaciones y, para colmar todo, vino el escándalo de Lava Jato…” (Del País, 21-08-17).

Y en efecto, la economía ha decrecido al 2% (del 9% que alcanzó en el gobierno de Alan García), y no hay visos de que haya más inversión con políticas económicas tan ortodoxas (tratando de cumplir con el déficit fiscal a pesar que hay más de 100 mil millones en reservas), y con un país tan convulsionado por los más de 200 conflictos sociales en ciernes.

Es por este motivo que un columnista de derecha como Aldo Mariátegui escribió que, “…Mucho me temo que PPK y Zavala están haciendo todo lo posible para que la tecnocracia limeña, y en general todo lo que se asocie a la derecha capitalina…esté quedando por las patas de los caballos ante el resto… PPK nos está resultando un FBT III, un señor tan desconectado que sigue yendo orondo al Golf a las 11 a.m. en plena huelga magisterial; esa irresponsable displicencia puede inclinar al país hacia la izquierda o el populismo en 2021…”, (“ Sigue así y vendrá el diluvio”, diario Perú 21, 22/08/17 ).

La crisis de la educación peruana

“… No es posible democratizar la enseñanza de un país sin democratizar su economía y sin democratizar, por ende, su superestructura política …”, escribió el amauta José Carlos Mariátegui en sus 7 Ensayos de la Realidad Peruana. No obstante, parece ser que para un gobierno neoliberal la educación solo es un negocio privilegiado para unos cuantos. Esta cuestión explica porque el Estado, desde las contrarreformas del fujimorismo con la constitución de 1993, se ha desvinculado cada vez más de su responsabilidad de brindar el derecho a la educación a sus contribuyentes.

Es así como se comprende la reducción del presupuesto a la educación pública (que con Velasco llegó al 8% mientras que hoy, después de la huelga, es del 3.7%), y la multiplicación de colegios y universidades privadas por doquier como la César Vallejo, Alas Peruanas, Telesup, etc. En verdad, en el Perú, la educación es la última rueda del coche con 3.7% de presupuesto mientras que en Argentina es del 5.3%, Bolivia es del 7.9%, y Cuba tiene el 12.8% ocupando el primer lugar según el Banco Mundial (https://www.telesurtv.net/news/Bolivia-segundo-pais-con-mayor-presupuesto-en-educacion-20141123-0032.html).

Esta cuestión implica que por estudiante de secundaria nuestro país gasta 7 veces menos que el promedio de 50 países según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), entre ellos Chile, Brasil, Argentina y Colombia.

“Mientras que el gasto público en educación fue alrededor del 5% del PBI, para la OCDE el Perú registró un promedio estancado del 3% en el periodo 1999-2003”, redactó el diario La República (“ Por alumno de secundaria el Perú gasta 7 veces menos que el promedio de 50 países” , 16/03/16)

Es decir que el Estado peruano invierte $ 1.100 por estudiante, mientras que otros países gastan $8.000. Y solo el 15% de alumnos peruanos de 20 de media comprende lo que lee.

A esto hay que agregar que 948 mil niños menores de cinco años van con anemia al Colegio. “…Enfermedad que mostró un incremento 2.6 puntos porcentuales en los últimos 5 años y que en los niños menores de 3 años alcanza el 43%, reveló la  Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2016…”, (http://rpp.pe/economia/economia/inei-948-mil-ninos-menores-de-cinco-anos-tienen-anemia-en-peru-noticia-1054556).

Es decir que además de no contar con infraestructura adecuada, los maestros tienen que enseñar a niños que no pueden concentrarse en la clase. ¿Es posible esto en pleno siglo XXI?, ¿Así quieren los políticos pro sistema modernizar nuestra educación?

El pliego de reclamos del SUTEP

Es en este marco que se desarrolla la inspiradora huelga magisterial que duró más de dos meses conquistando una importante victoria. La lucha comenzó exigiendo incremento salarial a 4.050 soles o $1.242 ( teniendo en cuenta que un profesor gana actualmente $ 516 al mes mientras que en Alemania $5.486, EE.UU. $4.479 y en Chile $860 mensuales) ; el pago de la deuda social (por el pago de preparación de clases); el pago de pensiones; homologación; nombramiento laboral; el rechazo a la evaluación; y por ende, a la Ley de Carrera Pública Magisterial porque argumentan que es antidemocrática y neoliberal.

Al principio estuvo a la cabeza el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), cuya dirección está bajo control del partido ex maoísta Patria Roja, quienes fueron los que negociaron semanas atrás con el gobierno de PPK, después de que este último, ante la contundencia de la protesta, cedió en algunos puntos de la Plataforma de Lucha, como el adelanto del aumento del sueldo a 2000 soles, etc. No obstante, la mayoría de las bases regionales desconocieron este acuerdo alegando que Patria Roja no los representaba debido a una serie de políticas conciliadoras y oportunistas anteriores.

PPK criminaliza la protesta social

Inmediatamente, la Ministra de Educación, Marilú Martens, trató de quebrar la huelga negociando con la otra facción del SUTEP que tenía liderazgo en la región del Cuzco logrando llegar a un acuerdo. Pero, el resto de las 13 regiones decidieron continuar con la protesta. Es en este contexto que la administración PPK decide recurrir a la estrategia de la criminalización de la protesta social acusando a los dirigentes sutepista de ser “terroristas” o estar vinculados al MOVADEF (brazo legal de ex senderistas que reivindicaban al pensamiento Gonzalo).

Una victoria parcial, pero victoria

Es así como surge el liderazgo del profesor Pedro Castillo, presidente de las bases regionales del SUTE, y a quien el Ministro del Interior, Carlos Basombrío (ex militante de izquierda), sindicó como el nexo del terrorismo senderista en el movimiento magisterial. Sin embargo, nunca logró comprobar con pruebas lo declarado.

Esta estrategia gubernamental solo sirvió para victimizar y empoderar más a Castillo como representante de la mayoría de bases del magisterio a nivel nacional. Razón por la cual la Ministra Martens se vio obligada (después de varias mecidas a los profesores), a recibirlo junto a su comitiva.

Sin embargo, al parecer, la nueva dirigencia, no tenía clara la estrategia a seguir ya que a pesar de haber conquistado el adelanto de aumento de sueldo y la representación política y mediática, se negaban a suspender la huelga, tensando más la cuerda que colisionaba con las aspiraciones de algunas bases de querer regresar a trabajar por temor a los descuentos o a que los estudiantes pierdan el año.

Esta cuestión y una agresiva contracampaña haciéndoles ver a los maestros como si no quisieran la reforma educativa (capacitaciones y mérito para los ascensos), es la que explica porque al final Castillo se vio obligado a suspender la medida de lucha.

Hubo un debate a nivel de la vanguardia sobre si fue una victoria o no la huelga ya que no se pudo derrotar la reforma educativa. Para los ultraizquierdistas fue un fracaso. Para los oportunistas fue un rotundo éxito.

“…ni reír ni llorar, comprender…”, decía el filósofo Spinoza. Y en efecto, si tenemos en cuenta que el movimiento magisterial viene de más de tres décadas de ataques poniéndolo a la defensiva, pues, buscando un equilibrio, podemos señalar que fue una victoria parcial el haberle arrancado al gobierno de derecha de PPK el adelanto de aumento de sueldo, el pago de CTS, el subsidio por luto, y el haber gestado un nuevo liderazgo nacional más a la izquierda del conciliador SUTEP-Patria Roja (que por las puras no es saludado con agrado por el reaccionario Aldo M.).

Un sindicato en pugna

Por otro lado, esta huelga ha sacado a la superficie el trabajo político entrista de los grupos de izquierda. En verdad, las facciones de centro, izquierda y ultraizquierda siempre han estado presentes en el sindicato magisterial desde que Patria Roja le arrebatará en los 70s, al ex estalinista-velasquista Partido Comunista – Unidad (PC-U), la dirección magisterial (también están presentes posiciones apristas, de Puqa LLaqta, del Partido Socialista, mínimamente del trotskismo en algunos lugares de la selva, etc.).

Así las cosas, después de más de 40 años, Patria Roja, se encuentra en una situación similar a la del PC-U, debido a su aggiornamiento al sistema (a través de políticas democratizantes y conciliadoras con los gobiernos de turno), que dice combatir.

Ahora, al parecer, Patria Roja, ha perdido el liderazgo, pero antes también se le puso contra las cuerdas con el Comité Nacional de Lucha y el Comité de Reorganización y Reorientación ( CONARE SUTEP), dirigido por Roberth Huaynalaya. No obstante, al final, por errores políticos, el CONARE fracasó.

Pedro Castillo aparece como más conciliador y más inteligente entre ambas facciones, pero el sectarismo de la ultraizquierda y la falta de logística pueden llevarlo a cometer los errores que necesita Patria Roja para mantenerse en el poder (cuya base reside en el control de la cooperativa bancaria denominada Derrama Magisterial).

Una nueva recomposición política del movimiento magisterial

Finalmente, de una u otra forma, estamos asistiendo a la recomposición del movimiento magisterial (que puede tener un efecto en la recomposición de los demás movimientos sociales que adolecen de una crisis de dirección política revolucionaria). Uno de los movimientos con más tradición de lucha antiimperialista y antidictatorial (Morales, Fujimori), y estratégico por su rol de formador de las nuevas vanguardias estudiantiles y por articular con los padres de familia reclamos en conjunto y en defensa de la educación pública y de calidad.

Esta es una lucha inspiradora que no ha acabado y que tiene ahora como tarea organizar la movilización nacional del 20 de octubre contra la política antidemocrática de la administración PPK. Tarea para lo cual la unidad bajo los reales principios mariateguistas será clave.

Fuente del Artículo:

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=232542

Fuente de la Imagen:

http://curwen.utero.pe/2017/08/23/huelga-de-maestros-que-esta-pasando-video/

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