México / 4 de agosto de 2019 / Autor: Juan Carlos Miranda Arroyo / Fuente: SDP Noticias

El Mtro. Fidel Ibarra López escribió recientemente en las páginas de Educación Futura: “…cuando la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados señala que la iniciativa de Ley General de Educación (LGE) del Grupo Parlamentario de Morena es un “proyecto “de ley programática” puesto que “parece presentar las directrices del Programa Nacional de Educación de esta administración, más que ser una ley general que regule la distribución de la función social educativa”, en realidad no solamente está criticando la iniciativa enunciando que se tiene un marco de improvisación y ambigüedad en la ley, sino al mismo tiempo está criticando en términos ideológicos el planteamiento del proyecto educativo que se está impulsando en esta administración.” (1)

Coincido en general con esa interpretación del texto referido, en el sentido de que la crítica que hace el panismo al proyecto de decreto de la LGE, diseñado por legisladores de Morena y aliados políticos (con apoyo de funcionarios de la SEP), no escapa al posicionamiento político e ideológico, e implícitamente lo hace al programa del movimiento-partido en el poder. Sería ingenuo pensar –lo digo por el blanquiazul- que eso no fuera así. Pero ¿Desde qué racionalidad y desde qué plataforma política e ideológica el Partido Acción Nacional (PAN) plantea o ha desarrollado un Proyecto o Programa Educativo alternativo para el país? ¿En qué consiste su ideario político como organización en la arena de la lucha por el poder? ¿Cómo se refleja eso en un eventual Proyecto Nacional de Educación alternativo? ¿Qué políticas públicas educativas ha puesto en práctica ese partido cuando ha sido gobierno federal o cuando ha ejercido el poder a nivel estatal o municipal?

¿Importa el contenido o la forma en la crítica?

El Grupo Parlamentario del PAN, al criticar a sus adversarios políticos, que cuentan con la mayoría simple (Morena y aliados) en la Cámara de Diputados, señala lo siguiente: “No hay un modelo innovador respecto “la nueva escuela mexicana”. La regulación de este tema en el proyecto, además de retomarse del modelo educativo de 2013, no resulta ser innovadora, pues solo cambia algunos términos como calidad por excelencia, agrega algunos temas en el currículo, y considera a las escuelas como centros de aprendizaje para las familias y la comunidad. Al ser parte de la estrategia política de la actual administración, debiera estar en su programa nacional educativo y no en una ley, pues los planteamientos parecen más una lista de buenos deseos y no hay estrategias puntuales para llevar a cabo su ejecución.” (2)

Es evidente que la crítica del panismo es más bien de carácter “procedimental” que de “contenidos” o de “sustancia”. Al decir que “…debiera estar en su programa nacional educativo y no en una ley…”, no proyecta ni ejerce una crítica al contenido político o ideológico del documento lanzado por el grupo parlamentario mayoritario, sino que hace referencia al lugar o a las formas que debe ocupar la propuesta o proyecto de decreto. Es, para el panismo, un problema de ubicación y de técnica legislativa, pero no de discurso; no hay un cuestionamiento de fondo.

Por otra parte, los legisladores panistas afirman lo siguiente, al apuntar algunas inconsistencias al Proyecto de decreto de la LGE (de confección morenista): “Regula la educación inicial de forma deficiente. No considera el derecho a recibir servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil con el fin de garantizar el interés superior de la niñez. Y no logra introducir de manera integral en el cuerpo de la ley a la educación inicial, ésta queda al margen de los demás niveles educativos pertenecientes a la educación básica.”… “El proyecto promueve que esta educación se dé en el seno de las familias y a nivel comunitario, y se establezca una política y una estrategia nacional sin una adecuada articulación al Sistema Educativo Nacional y sin considerar disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil.”

¿Eso significa, nuevamente, que bastaría con atender adecuadamente los pasos o procedimientos de la técnica legislativa para salvar el “bache” (del diseño de la ley en cuestión)? Si esto es así, el grupo parlamentario del PAN hace evidente que carece de una plataforma política consistente, en materia educativa, para sustentar una alternativa programática y legislativa, que contraste y ofrezca opciones distintas a lo diseñado por las fuerzas de la “4T”. En otras palabras, me parece que el panismo no cuenta con un Proyecto Educativo nacional alternativo, consistente, robusto, ampliamente dialogado con la sociedad, sobre todo, discutido con los protagonistas de la educación pública: los docentes, asesores técnicos y directivos escolares de la escuela pública.

En el contexto parlamentario, el panismo no solamente se encuentra disminuido en su legitimidad y en su fuerza política (¿por qué no aparece en alianza con los otros grupos parlamentarios opositores?), sino que además adolece de una estrategia legislativa y de comunicación social, a través de la cual pueda contrastar los contenidos discursivos y los métodos empleados por sus adversarios políticos, y frenar o cambiar con ello el rumbo que toma el paquete de reformas que impulsa el “régimen de la 4T”.

A propósito de esto, no está por demás revisar la historia de los gobiernos panistas, a nivel de Poder Ejecutivo Federal (de 2000 a 2012), así como en las entidades federativas de la República Mexicana donde el blanquiazul ha sido gobierno. ¿Qué características, a manera de sello político e ideológico, se pueden rescatar de los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón en materia educativa? ¿Qué aportaciones ha hecho el panismo a la historia de la educación pública en México? No hay nada o casi nada registrado al respecto. Por lo tanto, existe un vacío programático y de contenidos legislativos en esos planos. Todo lo contrario: el panismo pactó, durante ese periodo, con la cúpula del sindicalismo oficial, clientelar y corporativista. La luna de miel entre el gobierno panista y la dirigencia nacional del SNTE se prolongó hasta el año 2012 (“Alianza por la Calidad de la Educación”) con resultados magros, pues no conservó el poder público durante las elecciones de ese año; así, el grupo hegemónico gremial de Elba Esther Gordillo se constituyó en el verdadero rostro del “proyecto educativo blanquiazul para el país”. Como sabemos, ese pacto tuvo su antecedente durante la coyuntura de las elecciones constitucionales de 2006, caracterizadas por el fraude y la falta de legitimidad política.

Si bien es cierto que no es lo mismo diseñar una Ley General que elaborar un Programa Nacional de Educación, y que sus propósitos y alcances no son los mismos para los efectos del diseño de políticas públicas, sin embargo, es importante reconocer que debe existir congruencia, alineación y coherencia entre los contenidos de ambos instrumentos del accionar del Estado en la materia. En parte, con este tipo de argumentos se debilita la crítica panista a los productos legislativos hacia la 4T.

En otro fragmento del texto referido, el panismo reclama no tanto las inconsistencias del Proyecto de Decreto de la LGE (promovido por Morena), sino el hecho de que han sido excluidos de los trabajos finos en el proceso de confección de la ley en cuestión.

En el ideario de Acción Nacional se plantea, entre otros principios “…la defensa del derecho humano a una educación de calidad inclusiva y equitativa para todos, a través una ley general que regula la distribución de la función social educativa.” ¿Qué significa “regular la distribución de la función social educativa”? ¿Ese discurso contrasta con los ejes articuladores, ideológicos, del derecho a la educación con equidad, apertura de oportunidades y justicia social que plantean, en el fondo, sus adversarios políticos?

En el último de los casos, lo que muestra el documento de propuesta legislativa del PAN, es que éste cumple su papel como partido opositor (segunda fuerza política desde julio de 2018) al régimen de la 4T, sin embargo, deja ver que aún no cuenta, insisto, con un programa o un proyecto alternativo en materia educativa. Los argumentos y los hechos son contundentes: El Grupo Parlamentario del PAN se ha convertido, desde diciembre de 2018, sólo en un factor ligero de contrapeso y actor político válido en el juego democrático del país, para llevar a cabo la interlocución durante las negociaciones y sacar adelante las reformas al texto Constitucional (mayo, 2019). La evidencia indica que, sin esas negociaciones (febrero-mayo, 2019), no se habría obtenido la mayoría calificada (votos en el pleno) que se requería en la Cámara de Diputados, y luego, en la de Senadores para alcanzar el objetivo; esto dicho en la coyuntura específica para aprobar las modificaciones Constitucionales (a efecto de abrogar las leyes de la “mal llamada” Reforma Educativa de 2013).

Al panismo le hace falta recuperar la fuerza política y social que perdió, a nivel nacional, en 2018, si es que quiere reconstituirse como una opción viable para la ciudadanía, pero eso será difícil de lograr porque la tradición panista ha sido omisa (no está en sus protocolos políticos) para crear una base intelectual, junto con el magisterio, que le permita configurar un proyecto educativo alternativo.

Fuentes consultadas:

(1) Fidel Ibarra López. “Reingeniería ideológica del artículo tercero constitucional”. Educación Futura, 29 de julio, 2019.

(2) Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se expide la Ley General de Educación del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, p. 2. Documento disponible en internet en: http://www.educacionfutura.org/wp-content/uploads/2019/07/INICIATIVA-LEY-GRAL-EDUCACION-GPPAN_final-1.pdf

Fuente del Artículo:

https://www.sdpnoticias.com/nacional/2019/08/01/el-panismo-sin-proyecto-educativo

ove/mahv