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Argentina. Universidades públicas de Argentina realizan jornada de paro

Argentina/10 mayo de 2016/Fuente: http://www.telesurtv.net/

Los estudiantes y docentes participan en clases públicas y carpas donde se da el debate sobre el conflicto.  

Desde este lunes las universidades públicas de toda Argentina llevan a cabo un paro en reclamo de un aumento de presupuesto y mejoras salariales.

Hasta los momentos el acatamiento de la convocatoria es muy alto, informó Luis Tiscornia, secretario general de la CONADU Histórica, una de las seis federaciones que hicieron el llamado.

«En los colegios universitarios se dan los mayores porcentajes, cercanos al 90 por ciento», dijo Tiscornia. 

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Agregó que en las universidades nacionales la adhesión está «arriba del 76 por ciento, como en el caso de las universidades de Luján, Cuyo y Tucumán».

Asimismo, aseguró que si no hay respuesta por parte del Ejecutivo se hará un paro total el jueves y el viernes de esta semana.

Las otras cinco federaciones que exigen mejoras son Conadu, Fedun, Fagdut, Ctera y UDA.

El paro va acompañado de una serie de actividades agrupadas en lo que denominan «Jornada de visibilización del conflicto». Se dan clases públicas y el jueves será la marcha nacional que irá desde la plaza Houssay hasta el Ministerio de Educación.

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El representante gremial explicó que no han recibido una oferta superadora por parte del Gobierno y esperan la convocatoria a una nueva reunión para esta semana, tal como se habían comprometido las autoridades.

Denunció además que en la noche de este lunes intentaron desalojar a los estudiantes y docentes que tomaron la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA.

En contexto
Desde 2001 en Argentina no se da un paro conjunto de las seis centrales sindicales, las cuales consideran insuficiente el 31 por ciento de aumento que ofreció el gobierno de Mauricio Macri (15 por ciento en mayo, 5 por ciento en octubre y 11 por ciento en diciembre).
Fuente de la Noticia:
http://www.telesurtv.net/news/Universidades-publicas-de-Argentina-realizan-jornada-de-paro-20160510-0031.html
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En Argentina Sergio Siciliano: «La calificación sin aplazos terminó siendo una pedagogía para pobres»

Télam/ Provinciales10/05/2016

Para el viceministro de educación provincial, el sistema fue en desmedro de la adquisición de conocimientos y generó distorsiones que se evidenciaron mas aún en aquellas escuelas que albergan a población vulnerable.

El funcionario explicó así la decisión de la Dirección de Cultura y Educación que impulsó volver a implementar el aplazo, a través de una votación que se realizó el jueves pasado en el Consejo General con 4 votos a favor y 3 en contra.

Ahora a partir del 1 de junio los docentes podrán calificar nuevamente con 1, 2 y 3 a los alumnos desde 4° a 6° grado, mientras que para los chicos de 1° a 3° a nivel conceptual la escala irá de «insuficiente» a «sobresaliente», pasando por «regular, bueno y muy bueno».

«No es que se eliminan los aplazos tal como apareció en los medios sino que es un cambio en la concepción de la evaluación hacia los alumnos y el Consejo entendió que la decisión tomada el año pasado no había funcionado», aseguró Siciliano,
El viceministro destacó que hablando con los docentes en las escuelas nos referían que al no poder poner aplazos muchos alumnos pasaban a otro nivel sin haber adquirido los suficientes conocimientos y esto se notaba en las escuelas socialmente más vulnerables.

La resolución «terminó siendo una pedagogía para los pobres» dijo Siciliano que habló de situaciones de distorsión y que muchos docentes «no se les explicó bien el sistema de calificaciones ya que históricamente estaban acostumbrados a calificar de uno a diez».

«Queremos que la nota baja no sea punitiva» dijo Siciliano y apuntó que no se trata de una medida estigmatizante ya que «es más estigmatizante para el joven presentarse a un trabajo y ser rechazado por no tener los conocimientos necesarios luego de haber completado el secundario».

Entre las situaciones de distorsión que había generado la anterior resolución, están aquellos docentes que no podían aplazar a un alumno y recibían presiones de parte de los directores para hacerlos pasar de grado o que muchos chicos no pudieran entender la letra cursiva estando en quinto grado.

«Sabemos de estas situaciones y también que esta medida no implica calidad educativa en si misma hay que acompañarla de otros hechos como capacitación docente y mas acompañamiento a los alumnos que oportunamente estaremos anunciando», dijo Siciliano.

El director de Educación, Alejandro Finocchiaro, precisó que «esta medida es un símbolo sabemos que no implica en si misma recuperar la calidad, queremos poner de relieve un estudio inclusivo, que haya clases todos los días y que los chicos aprendan lo que tienen que aprender».

Finocchiaro aseguró además que «esto es una pelea cultural para ir en contra de que a un chico no le de lo mismo sacarse un diez que sacarse un uno, que hay que trabajar para sacarse ese diez y hay que hacer méritos para ello».

«El mérito en la escuela tiene que volver-añadió el director de Educación- si un docente aplaza a un chico ese alumno debe tener el esfuerzo, la tenacidad y la capacidad para revertir ese aplazo».

«La calidad educativa se construye sabiendo donde estamos parados, capacitando a los docentes, adaptando la escuela al entorno del siglo 21» dijo Finocchiaro y aseguró que lo que se venía haciendo hasta ahora era «un fraude a la tarea educativa»
Los gremios docentes consideraron que el cambio del régimen de clasificación para el nivel primario, con el regreso de los aplazos, fue una medida «apresurada y unilateral» del gobierno provincial, y señalaron que debió consultarse primero con los maestros.

El secretario de Suteba, Roberto Baradel, dijo que «debería haberse hecho una consulta, preguntar a los docentes, cómo funcionó el régimen anterior; fue una medida apresurada e inconsulta».

«Además, están equivocados al cambiar el régimen de calificaciones a mitad de año», sostuvo el dirigente educativo en declaraciones a Radio Vorterix.

Baradel sostuvo que «el aplazo a una persona que no se esforzó está bien, pero en el primer ciclo de la primaria es otro el concepto y las variables que deben manejarse».

Por su parte, Miguel Díaz, dirigente de la Unión de Docentes de la provincia de Buenos Aires (Udocba), sostuvo que «la discusión debe pasar por el aprender, por qué tipo de educación queremos para que todos los chicos estén comprendidos, una visión más humana».

«El 40 por ciento de los pibes de la provincia de Buenos Aires está mal alimentado y la falta de alimentación va a producir determinados efectos, si lo expulsás, a dónde lo metés, no tiene futuro».

«Yo repetí dos veces, y he terminado como docente de plástica, he sido una persona feliz, y me ubiqué porque la escuela estatal me dio una oportunidad y eso no es estigmatizante», concluyó.

Fuente: http://www.juninnews.com/noticias/2016/05/10/7530-sergio-siciliano-la-calificacion-sin-aplazos-termino-siendo-una-pedagogia-para-pobres

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España: La prueba externa de primaria divide a las familias y a los colegios

España/ 08 de Mayo de 2016/El País

Docentes y directores discrepan de una evaluación que no recoge el trabajo diario de los estudiantes

La evaluación externa de sexto de primaria de la LOMCE, que deben hacer los alumnos de 11 y 12 años, ha dividido a las familias igual que a los políticos. La confederación que aglutina a los centros públicos pide un boicot y la de los concertados recomienda que se siga y defiende sus beneficios. Docentes y directores discrepan de una evaluación que no se fija en el trabajo diario de los estudiantes.

Los 37 chicos de sexto del colegio público Asunción Rincón, en Madrid, tienen dos pruebas nuevas esta semana. El martes les examinan para comprobar si su nivel de inglés es suficiente para continuar sus estudios en un instituto bilingüe [en una evaluación organizada desde el Gobierno regional] y miércoles y el jueves se enfrentan como el resto de los alumnos madrileños de 11 y 12 años a la evaluación externa de primaria que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) obliga a aplicar a partir de este curso. Doce comunidades autónomas han decidido no hacerla tal como fija la reforma educativa del PP o, dicho de otro modo, solo tres de cada 10 estudiantes tendrán la evaluación con todos los criterios fijados por el Ministerio de Educación.

 La prueba de sexto se ha convertido en una de las polémicas políticas de las últimas semanas, con comunidades anunciando evaluaciones distintas mientras el ministerio de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, advierte de que la ley está para cumplirla. Ha tenido que comprometerse a que los resultados no se utilizarán para hacer una clasificación de colegios, los temidos rankings, y ha pasado los últimos días intentando tranquilizar a las familias explicando que solo se trata de una prueba de diagnóstico que no tendrá efectos en el expediente de los alumnos.

Más allá de la política, el examen no convence a muchos de los que deben impartirlo y ha dividido también a las asociaciones que representan a las familias en los colegios. Maravilla Beceiro y Javier Ocaña, tutores de 6º A y B del colegio Asunción Rincón, defienden que la evaluación se hace con el trabajo diario y no con una prueba dirigida y corregida por profesores que solo tendrán contacto con los chicos el día del examen.

Los dos maestros del colegio madrileño no han preparado especialmente a sus chicos para el examen, cuyos resultados no están entre las prioridades de las familias, más preocupadas por su acceso a un instituto bilingüe. “Usamos una clase para hacer un simulacro y explicarles las técnica para superar pruebas tipo test, no para enseñarles contenidos”, señala él. “Siempre se ha criticado que la Selectividad obliga a enfocar el último curso de bachillerato para pasar un examen en lugar de aprender y creo que esta prueba intenta trasladar esa filosofía a otros cursos”, añade ella. En Madrid, como en las otras cuatro comunidades gobernadas por el PP (Galicia, Castilla y León, Murcia y La Rioja) se seguirá los criterios que fija el ministerio. En el resto de regiones, no.

“Todos somos funcionarios y estamos a lo que nos diga la Administración”, explica Belén Fernández, presidenta de la federación de directores de colegios públicos de infantil y primaria Fedeip, con representación en cinco regiones (Murcia, Galicia, Comunidad Valenciana, País Vasco y Andalucía).

Fernández dirige el centro público Salvador Vinuesa de Córdoba. Allí, por decisión de la Junta de Andalucía, los propios maestros de los alumnos escribirán un informe individual en junio (sin someterlos a un examen concreto y centrado en la evaluación continua) que después revisará una comisión externa. La presidenta de Fedeip ve con buenos ojos esta fórmula. “No se trata de que los maestros no quieran hacer una prueba, siempre estamos haciendo exámenes, pero tu calificación no puede depender de un día”, añade. Sus estudiantes viven ajenos a la polémica. “No les hemos dicho nada. Cuando les hacemos otras pruebas, siempre intentamos quitarles dramatismo porque son solo niños”, según Fernández.

“Nadie piensa en los alumnos ni en las familias. La desinformación les puede crear ansiedad”, señala Pedro José Caballero, presidente de la confederación de padres y madres CONCAPA, mayoritaria en la enseñanza concertada, con 2.000 centros asociados y cerca de tres millones de familias, según sus estimaciones. Esta confederación comparte los objetivos de la prueba y la apoya. Creen que servirá para localizar fallos y decidir dónde volcar los esfuerzos y así se lo transmiten a sus asociados.

En el extremo opuesto, la confederación que representa a las familias de la escuela pública ha pedido a los padres que no lleven a sus hijos al colegio durante los días del examen. CEAPA (con 11.000 colegios y cuatro millones de familias asociadas) defiende el boicot a la evaluación, como ya hicieron el curso pasado con la prueba de tercero de primaria. Su presidente, Jesús Salido, asegura que muchas familias se están volcando con esta propuesta, sobre todo en Galicia. A partir de esta semana se verá si su iniciativa tiene éxito.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/05/08/actualidad/1462729506_706742.html

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El abc para reformar la reforma educativa

Por: Miguel Ángel Pérez

Diversos teóricos y especialistas en el asunto de la implementación y curso de acción de las reformas educativas coinciden en que toda iniciativa de reforma educativa (RE), está pensada en generar cambios o transformaciones cuya dirección está puesta en la mejora del aspecto del sistema o el sistema entero que se pretende reformar. La actual iniciativa de reforma educativa en México parece que se ha desarrollado a la inversa de dicho principio, de tal manera que el sistema se encuentra actualmente paralizado, colapsado por momentos.

El nivel y el clima de tensión es tal que los actores centrales de operar el sistema (docentes frente a grupo, directores de escuela, asesores técnico pedagógicos, etc.), han generado una especial animadversión a la actual iniciativa de reforma, el repudiar una iniciativa en concreto como sucede actualmente, genera una cultura de oponerse a todo iniciativa de reforma y esto en el fondo genera una cultura de la no aceptación por el cambio.

Estoy seguro que en la mayoría de los y las mexicanos prevalece un deseo de reforma muy distinto a la oferta que ha impuesto el actual gobierno, a nivel de representación social me parece que prevalecen imágenes ligadas con una mejor educación, con mayor certidumbre en su proceso, que expanda las áreas de oportunidad para la mayoría de mexicanos y mexicanas.

Por lo tanto es necesario desmantelar lo hasta ahora avanzado supuestamente, para corregir el rumbo ¿por qué? Debido a que considero que hemos equivocado el camino y se ha perdido con ello la claridad de hacia dónde se quiere llegar. Si bien el desarrollo educativo no es lineal, ni acumulativo, con la actual reforma se está viviendo una especie de parálisis del sistema. Reformar la reforma implicaría acciones como las siguientes:

  1. Se requiere generar una potente propuesta a modo de contra-propuesta proveniente de grupos de intelectuales, organismos civiles, académicos e investigadores con la intención estratégica de reformar la reforma. Reformar la iniciativa gubernamental de reforma significa desmantelar lo construido hasta ahora para edificar una nueva propuesta que ponga en el centro de las acciones y los ejes de desarrollo las verdaderas necesidades del sistema educativo mexicano, lo novedosos de esta propuesta deberá tener como atributos ser muy pertinente para el país en la coyuntura actual y muy incluyente en sus métodos de elaboración. Todas las voces, todas las propuesta deberán ser bienvenidas.
  2. El proceso de reformar la reforma, inicia con actualizar el diagnóstico de la realidad educativa nacional, por regiones, grupos sociales, niveles educativos, etc., se trata de colocar en el centro de las propuestas las verdaderas necesidades sociales, educativas, culturales y de otro tipo al considerar las exigencias de una sociedad demandante en constante transformación.
  3. Reformar la reforma implica construir un nuevo horizonte institucional que defina con claridad el punto de llegada y que facilite todos los medios y recursos para conseguirlo. Una educación de calidad social se concretiza en la medida en que se hacen operacionales los medios para lograrlo, la utilización de recursos humanos, de recursos financieros, pero sobre todo la legitimidad y el convencimiento en las estrategias y líneas de acción que se vayan trazando, es el elemento que le puede garantizar el éxito a la nueva propuesta..
  4. maestros-examenReformar la reforma implica junto a todo lo anterior, atender las áreas desatendidas, los grupos vulnerables, los espacios que se han mantenido en los márgenes del sistema, los grupos o agencias que se les ha golpeado o excluido como es el caso de las disidencias magisteriales, las disidencias universitarias, etc. Mirar lo no mirado implica una estrategia de inclusión verdeara, con el firme propósito de superar rezagos salir de zonas de bajo desarrollo y hacer transformaciones que nos garanticen cambios cualitativos que se hagan evidentes en el corto plazo.
  5. El perfil de reforma educativa al que se aspira para nuestro país deberá garantizar una línea base en la que los y las mexicanos en proceso de formación escolar puedan ser menos dependientes y más críticos que sepan interactuar con las nuevas tecnologías sin abusar de su uso, que al tener acceso a los diversos aportes de la cultura universal logren establecer delimitaciones en cuanto a especializarse desde muy temprano en un área o tópico de interés, el poder desarrollar otras competencias que no se reduzcan a las definidas desde los organismos mundiales como son las de solidaridad, cooperación, respeto a las diferencias, desplegar una verdadera cultura de paz, etc., que el espíritu o el sentimiento de mexicanidad se fomente de manera renovada reconociendo por igual a todos los méxicos que confluyen en el mismo territorio.

Bajo este complejo proceso de reformar la reforma se deberá contemplar al magisterio como pieza clave o como columna vertebral de las propuestas por venir. Para ello requerimos un magisterio sin charrísimos y sin corporativismos, sin presiones políticas ni obsesión por las evaluaciones que libremente se evalué el que quiera hacerlo y producto de ello puede tener estímulos o apoyo dependiendo del nivel de efectividad de la práctica demostrada. Requerimos una profunda congruencia y renovar la confianza entre quienes planean y quienes ejecutan.

La propuesta de reforma a la reforma nos obliga a reconocer el lugar en el que nos encontramos ahora y a definir con mucha claridad el punto a donde aspiramos llegar como país, como sistema, como educadores. En todo ello, reformar la reforma deberá ser la tarea de los verdaderos educadores mexicanos.

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Paradojas de la evaluación

Por: Manuel Gil Antón

Cuando un medio se convierte en fin, se pone fin a la utilidad del medio. Medios y fines. Tema recurrente. Así como una reforma educativa se pone en marcha como instrumento para mejorar el aprendizaje en el país, la evaluación al personal docente, si se le entiende y lleva a cabo bien, es un recurso orientado a mejorar la práctica cotidiana del oficio. Ambas son herramientas para conseguir objetivos. El termómetro es muy útil para indicar fiebre, pero de haberla, la idea es averiguar la causa que la produce. Nadie se cura si se toma la temperatura cada cuarto de hora.

evaluacion-desempeño-docenteEn el momento en que la reforma o la evaluación se confunden, y sus promotores pierden de vista que son medios para algo, y no fines en sí, tanto el intento de transformación de las condiciones para aprender, como la estrategia que procura que se haga de manera más interesante y creativa el trabajo en el aula, pierden sentido. Se vacían y, huecas, ya no median para resolver un problema: son elementos del discurso oficial, estadísticas lucidoras y, sobre todo, fuente de confusión.

Los impulsores machacarán su relevancia: adoran y presumen un (su) martillo no como elemento en la fabricación de una silla por ser idóneo para clavar, sino por el simple hecho de ser martillo y punto. Incluso, extraviadas la evaluación o la reforma de su lugar como mediadores en aras de un cambio necesario, se transforman en armas: los aprendices de brujo, por aferrarse al dogma, a todo le ven cabeza de clavo y arremeten con lo único que tienen. Pegan, rompen huesos y ventanas. Destruyen cuando dicen construir.

¿Y no será que, poco a poco, la evaluación sí va a mejorar la educación en el salón de clase? ¿No es cuestión de tiempo? Eso depende, en buena lógica, de una condición indispensable: que la evaluación tenga que ver, de veras, con lo que ocurre en las aulas. Si los procesos para conocer los alcances y límites del trabajo docente para avanzar (tarea de una evaluación adecuada) están desligados del acontecer pedagógico que efectivamente se realiza, sucederán, sin remedio, dos cosas.

Por una parte, la evaluación se convertirá en un requisito laboral. Será, presentarla, el mecanismo para conservar el empleo ante la amenaza tronante de la autoridad y la ley. Y cada cuatro años. Por la otra, con la finalidad de lograr la distinción de los nuevos estratos de calidad en el magisterio, o ganar más dinero, no ocurrirán, en general, esfuerzos formativos a fondo.

evaluacion-desempeño-28nov2Dadas las condiciones, no tiene sentido: se “estudiará” para “pasar” los exámenes, y se ajustará a lo que se solicite en ellos, sin que implique modificar nada en el espacio del aula. La vida escolar y el proceso de evaluación tienen poco o nada que ver. El medio, evaluar, convertido en fin de alto impacto: contar con, o permanecer en el trabajo, se convertirá en la guía, el manual. Ayuna de sentido transformador, la evaluación genera un comportamiento en serie indiferenciado, vacuo: repetir lo que sea necesario para aprobar a toda costa, y qué mejor, con hartos puntos para ser destacado o excelente.

¿Y el aprendizaje? Perdón, no entiendo su pregunta… ¿a qué se refiere? Pues a que los alumnos sepan y disfruten leer, hagan preguntas interesantes y se abran a la maravilla de dudar. No, mire: eso es de larguísimo plazo. Lo que importa es que cada año se evalúen cientos de miles, muchas maestras y maestros. Eso es lo necesario. Basta y sobra.

Convertida en fin, la consecuencia de la examinación a mansalva descansa en un prejuicio perverso: la evaluación, por aplicarse profusamente, produce calidad. La simple acumulación de docentes destacados hace mejor a una escuela. Vaya paradoja: siendo tan importante valorar el trabajo, disminuido a requisito laboral, ni apoya al aprendizaje ni fortalecerá al magisterio. Es pasar de la paradoja a la parajoda…

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El experimento

Hugo Aboites

Qué ocurre cuando en una institución de educación superior el máximo órgano de conducción y gran parte de la estructura institucional queda en manos de estudiantes y profesores? El caos, dirán quienes defienden la importancia de una junta directiva o de gobierno que elija rector y todos los directores académicos; un Consejo Universitario integrado en parte importante por funcionarios; una rectoría fuerte; una determinación vertical de los criterios de ingreso de estudiantes y de las colegiaturas. Sin embargo, paradójicamente, esta manera de estructurar el ejercicio del poder ha propiciado fuertes conflictos (caos): en 1986-87, 1996 y 1999-2000 en la UNAM; en 1998 y 2002 en la UAM; en 2012-2013 en la UACM; en 2014 en el IPN (y, muestra de que ese esquema produce caos también en otros ámbitos), desde 2013 el incesante conflicto en torno a la reforma educativa. En todos estos conflictos una estructura vertical genera decisiones unilaterales en temas claves (aumento de cuotas, evaluación-ingreso, evaluación-despido, expedición de reglamentos, nombramiento de funcionarios). Es decir, en la educación, el esquema en que se ejercita el poder es fundamental para entender la conflictividad y para plantear la necesidad de buscar una alternativa.

Un ejemplo de alternativa es la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM). Ahí no existe junta directiva o de gobierno; al rector y algunos otros funcionarios los nombra un consejo, integrado básicamente por decenas de estudiantes y profesores, más el rector, sin veto, y tres representantes del sector administrativo y, por ley, es el máximo órgano de gobierno. Las comisiones de consejo ejercen una supervisión constante sobre la administración y preparan iniciativas de reglamentos, normas o acuerdos sobre prácticamente cualquier aspecto de la vida universitaria. La organización académica descansa en tres grandes colegios o áreas de conocimiento, cuyos coordinadores e integrantes de los consejos respectivos deben ser electos por profesores y, en su caso, estudiantes. Cada plantel tiene su propio coordinador, electo también por la comunidad correspondiente e, igual, el consejo de plantel. Todo esto significa que la autonomía entendida como autogestión se expresa en prácticamente todos los ámbitos y cada esfera se relaciona con otras en formas de coordinación. La administración central no establece una relación vertical con las demás, salvo las dependencias del ámbito central. Todo esto da lugar a una tupida red de relaciones y conexiones, como las neuronales, que se activan de distinta manera según el tema. Y esto obliga a establecer constantes relaciones de coordinación y, se puede agregar, obliga a hacerlo con cautela, pues un tema puede hacer concurrir distintas áreas normativas, disciplinares o de competencias. La tendencia entonces es a una horizontalidad que alcanza también el aula y las relaciones con los estudiantes y sus organizaciones. Las tendencias centrífugas que genera este modelo se acotan con la ley interna de la UACM, los estatutos, normas, acuerdos que aprueba el CU para toda la institución y, por supuesto, con el paquete de leyes y normas nacionales y locales que aplican

Efectivamente, frente a una institución neuronal, la perspectiva vertical vería sólo un pantano sin reglas, y extrañaría el terso fluir de instrucciones desde la cúspide hasta la base de la pirámide. Por otra parte, es un tejido institucional que puede dar lugar a redundancias, y a gasto de energía para construir acuerdos, pero por ser una red que tiende a lo horizontal y difuso tiene escasos focos de conflicto. De hecho, en uno de ellos (el laboral) ni siquiera se ha dado alguna vez una huelga. La única confrontación intensa y larga que sufrió la institución (2012-2013) surgió precisamente a partir del intento de crear una rectoría fuerte, con relección y manipulación de la elección del consejo.

Este esquema ofrece ventajas adicionales. La primera es que se trata de una estructura que impone menores trabas a la creatividad y que genera, por tanto, un dinamismo que emerge desde abajo, y que le da mayor solidez a las decisiones (aunque se requiere mayor representatividad de los órganos colegiados). La segunda es un más acendrado sentido de comunidad, porque el otro aparece continuamente como una presencia con la que se debe interactuar, confrontando así el aislamiento de todavía no pocos estudiantes y profesores. La tercera ventaja es que esta malla de instancias y decisiones constituye, para un buen número, un ejercicio cotidiano de ciudadanía y democracia. Algo sistemáticamente ausente en la trayectoria de un sistema educativo, característicamente vertical.

Finalmente, este modelo genera una enorme vitalidad: una matrícula y número de titulados creciente, programas de licenciatura en cinco planteles y cinco reclusorios, profesores de tiempo completo, proyectos estudiantiles, cientos de investigaciones y actos culturales, reconocimientos, absoluta gratuidad y ausencia de examen de selección. La UACM es hoy una propuesta al mundo de la educación superior y, ante el desolador panorama creado por la autoritaria reforma en la materia, también al sistema vigente. En la educación hay otro mundo posible que desde el autoritarismo es difícil percibir. Felicidades, comunidad UACM, porque al cumplir este mes quince años, es claro que el experimento se ha transformado en una dinámica y sólida institución.

  • Rector de la UACM
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¿Hacia dónde se encamina la reforma educacional?

José Joaquín Brunner

Es un hecho que en torno a la reforma educacional impulsada por el Gobierno hay confusión. No se entienden sus propósitos, el orden y la secuencia con que ha ido desenvolviéndose, el gasto que representa para el fisco y, sobre todo, qué efectos producirán las diversas medidas adoptadas. El desconcierto es aún mayor en el caso de la enseñanza superior. La opinión pública encuestada muestra escaso entusiasmo. No percibe cómo esta reforma mejorará la calidad de las oportunidades educacionales.

En realidad, los proyectos hasta ahora aprobados, en tramitación y anunciados no tienen que ver directamente con la calidad. Su eje se orienta a ampliar la esfera de provisión, coordinación, regulación, financiamiento, fiscalización e intervención del Estado. Dicho en lenguaje antiguo, busca recrear las bases de un Estado Docente en las condiciones presentes.

La consecuencia de tal propósito es evidente. En un régimen mixto de provisión, con fuerte presencia privada subsidiada como existe en Chile, implica necesariamente disminuir el rol de los proveedores privados subvencionados. Tarde o temprano deberá trasladarse matrícula privada a los establecimientos fiscales y sustituirse el gasto de los hogares por gasto público. Aquel quedaría limitado únicamente a instituciones particulares pagadas.

Discursivamente se sostiene que esta transformación representa el paso desde una educación concebida como un bien de consumo a una educación reconocida como un derecho social garantizado. En la práctica, en tanto, significaría el paso desde un régimen mixto a un régimen de provisión administrado estatalmente con un pequeño circuito adicional de colegios particulares pagados que atenderían a los hijos herederos del capital económico, social y cultural.

Para realizar ese desplazamiento, el Gobierno impulsa un abigarrado conjunto de leyes en los niveles de la educación temprana, escolar y superior. Así avanza el proceso reformista: desde La Moneda al Mineduc y al Congreso. De ahí en adelante hay poco más, pues la implementación de las leyes promulgadas recién comienza y otras leyes ni siquiera han iniciado su tramitación.

Con todo, se sostiene que las medidas aprobadas son históricas y ofrecerían desde ya un nuevo paradigma educativo y la promesa de una mayor igualdad e inclusión.

Un balance más realista indica algo muy diferente, sin embargo.

Por lo pronto, la teoría del cambio esgrimida por el Gobierno es candorosa y equivocada. Las transformaciones apenas se hallan en papel. La real prueba de su efectividad vendrá al descender desde los aparatos centrales hacia las instituciones educativas, sus aulas, profesores y estudiantes.

También la planificación del cambio es débil: ha faltado una agenda clara, prioridades coherentes, carta de navegación y sólidas previsiones presupuestarias. La comunicación oficial de la reforma y sus medidas es confusa. Al punto que la opinión pública encuestada muestra consistentemente un alto nivel de desaprobación y los actores del sistema se hallan desconcertados.

En cuanto a la vital fase de la implementación, resulta claro que será lenta y engorrosa. Dependerá de nuevas y más detalladas prescripciones de papel (reglamentos, dictámenes, preceptos, fórmulas y resoluciones administrativas); de burocracias intermedias, interpretaciones contradictorias, dificultades operativas, insuficiencia de recursos humanos y materiales, resistencia frente al cambio de hábitos y rutinas, efectos imprevistos y fallas de gestión.

Por último, los efectos e impactos de la reforma son hasta ahora escasos. Decir que hay oportunidades de mejor calidad, mayor igualdad, menor segmentación, un clima diferente en los colegios, una nueva visión de las cosas educativas o una educación superior más organizada, todo eso es poco serio. Pertenece al mundo de los ídolos de Bacon, que no dejan razonar con claridad y confunden la realidad con los deseos.

Más bien puede anticiparse que los efectos esperados estarán definitivamente por debajo de las expectativas creadas por el discurso oficial. Comienza a reconocerse que las medidas son difíciles de implementar. Y que su orden de aprobación fue inadecuado. Existe temor de que contribuirán poco a cambiar la calidad de las oportunidades de aprendizaje y su distribución social.

Por otra parte, se aprecian desde ya algunos efectos negativos. La institucionalidad de la educación superior ha sido tensionada al máximo sin que exista siquiera un plan de reforma. La gratuidad prometida ha creado más desorden que beneficios. Hay una competencia cada vez más intensa por recursos. El crucial sector de la enseñanza técnico-profesional media y superior se halla completamente ausente del foco de atención gubernamental. Las instituciones privadas en general se sienten hostilizadas, no reconocidas por la autoridad y marginadas de los caminos de futuro de la educación chilena.

En suma, la reforma educativa del Gobierno crea confusión porque es confusa. Carece de una adecuada teoría del cambio. Su retórica va más allá de las posibilidades reales. No moviliza el apoyo de la opinión pública. Causa enfrentamientos ideológicos innecesarios. Su diseño es equivocado. Busca subsumir el espacio educacional de la sociedad dentro del espacio estatal. Por el contrario, lo que Chile necesita es un espacio educacional tan diverso y plural como su sociedad, organizado por proveedores subvencionados de diverso tipo, con igualdad de trato y sujetos todos a reglas comunes que garanticen acceso, calidad, equidad y efectividad.

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