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Argentina: La CTERA se expresa en contra del proyecto del Gobierno Nacional que pone en peligro nuestro sistema previsional

Fuente CTERA / 20 de junio de 2016

La CTERA luego de analizar el proyecto de ley enviado al congreso nacional , que establece el pago a los juicios de los jubilados , se expresa en contra del mismo ya que no tan solo vulnera derechos adquiridos sino que también establece una grave amenaza para el sistema público de reparto, estableciendo los paso previos y necesarios para realizar una reforma previsional que vuelva a dar participación a las entidades privadas de capitalización, modificando el paradigma de un sistema público y solidario por un sistema privado , individualista y que termina favoreciendo a grupos empresarios que lucran con los aportes  de los trabajadores y trabajadoras.

 

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO DE PAGO DE SENTENCIAS A LOS/AS JUBILADOS/AS Y VENTA DEL FONDO DE SUSTENTABILIDAD.

 

  1. A) Sobre el pago de las sentencias

A.1.-El carácter de los derechos en juego

El tipo de derechos que se debate en los juicios de reajustes previsionales es la clave para entender la gravedad institucional de la medida que se pretende aprobar.

Sobre los beneficios de la seguridad social la Constitución Nacional dice en su art. 14 bis :

“……los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable”.

Por lo tanto siendo cuestiones de orden público ninguna renuncia, quita o acuerdo en detrimento del patrimonio del jubilado se ajusta a los derechos garantizados en la norma madre.

Asimismo el nuevo Código Civil y Comercial ha garantizado que no existan abusos sobre este tipo de derechos, diciendo:

ARTICULO 1644.- Prohibiciones. No puede transigirse sobre derechos en los que está comprometido el orden público, ni sobre derechos irrenunciables.

ARTICULO 1645.- Nulidad de la obligación transada. Si la obligación transada adolece de un vicio que causa su nulidad absoluta, la transacción es inválida. Si es de nulidad relativa, las partes conocen el vicio, y tratan sobre la nulidad, la transacción es válida.

Por lo tanto cualquier tipo de negociación, transacción, renuncia, quita o acuerdo similar difícilmente pueda ser homologado por la justicia, y de serlo, estará viciado de nulidad si se trata de sumas correspondientes a beneficios derivados de  normas de la seguridad social.

 

A.2.-La inutilidad de la medida

Si verdaderamente se quieren pagar los juicios, no se requiere ley alguna

 

En los pleitos existe una forma dinámica y sencilla de terminación llamada “allanamiento”, en cualquier etapa del juicio, antes de la sentencia el deudor puede presentarse, admitir el reclamo y pagar. Nada más es necesario.

En los casos que tienen sentencia, se pagan las mismas tal y como manda la sentencia, puesto que existiendo “cosa juzgada” ya no hay nada que discutir.

La propuesta pretende una fabulosa quita del patrimonio de los jubilados, que queda librada a la decisión final del deudor, después que se obtuvo del jubilado una renuncia a derechos irrenunciables .Un despropósito insólito

Agrava la situación el hecho de que no hay datos numéricos de ninguna naturaleza. No se sabe qué montos van a pagarse en total ni qué cantidad de beneficios se  van a liquidar. Ni qué fondos van a usarse,  ya que ni el supuesto blanqueo tiene números ni la venta de activos del Fondo tiene precio.

 

A.3.-La violación de compromisos internacionales

En la causa “Menéndez –Caride y otros” que tramitara en la OEA por violación del Pacto de San José de Costa Rica, el Estado argentino se comprometió a abonar todas las sentencias en tiempo y forma, para no ser llevado a juicio por violación de derechos humanos fundamentales.

El proyecto que se pretende hacer ley violaría tal acuerdo

Este acuerdo de solución amistosa es ley interna y obliga al Estado Argentino a respetarlo so pena de incurrir en responsabilidad internacional y ser condenado al pago de indemnizaciones por violación a los derechos humanos ya que  los derechos sociales ya han entrado en dicha categoría.

Este proyecto  agravaría el problema que  se pretende solucionar

 

A.4.- La inequidad de la medida y la violación de la igualdad ante la ley

Sin perjuicio de las objeciones señaladas en los puntos anteriores resulta sorprendente que se presente como una reparación histórica para “todos” los jubilados, cuando quedan excluidos los jubilados y pensionados que obtuvieron su beneficio con posterioridad al primero de  diciembre  del año 2006.

No  sabemos si esto se plantea por  ignorancia o discriminación,   ya que los reajustes nada tienen que ver con la fecha de adquisición del derecho,  sino con el lapso por el cual se determinó el haber inicial.

Asimismo en forma absurda se desconocen los juicios iniciados por los investigadores científicos y técnicos, los jueces, el servicio exterior, los regímenes militares y de las fuerzas de seguridad, los docentes universitarios, toda ley especial anterior a 1994 y  por último se desconoce el mayor colectivo previsional especial que es el colectivo laboral de los docentes de enseñanza inicial primaria y media.

Por lo planteado en el punto anterior, estamos más que frente a un problema de “cálculos” ,frente a un problema de incumplimiento de los deberes de funcionario público

 

  1. B) El Fondo de Garantía de Sustentabilidad

Es importante tener en cuenta que este FGS se conformó con el ahorro de los trabajadores desde el 90 al 2005 , que el estado recupero de las manos de los fondos de inversión y los puso a disposición del actual sistema de seguridad social de reparto, solidario y no individual. Se trata de un volumen de activos que en diciembre llegaban a los 85 mil millones de pesos y actualmente está cerca de los 90 mil millones. Con ese dinero se pretende pagar las sentencias adeudadas a jubilados y a otros que ni siquiera llegaron a esa instancia.

El Estado tenía en octubre 15.573 millones de pesos en acciones del  Banco Macro (el 31 por ciento del total de la firma), 12.907 millones de pesos de Telecom Argentina (25 por ciento de la empresa) y 9680 millones del Grupo Financiero Galicia (20 por ciento de la compañía) y sumas importantes en acciones de  Siderar, BBVA Banco Francés, Edenor, Pampa Energía, Mirgor, Molinos Río de la Plata, Solvay Indupa, Banco Patagonia, Aluar, Grupo Clarín, Metrovías, Metrogas, Quickfood, Banco Hipotecario e IRSA.

La participación del  Anses en estas empresas siempre generó irritaciónen los sectores concentrados de poder economico,  porque le permite al Estado contar con representantes en los directorios de las compañías.

La venta de esas acciones es una de las banderas de la Asociación Empresaria Argentina (AEA).

Otra fuente de financiamiento para las medidas que tomará el Gobierno es la modificación del destino del flujo de intereses generado por las tenencias en títulos y plazos fijos del FGS. Según el último reporte de diciembre, la Anses tenía invertidos 429 mil millones de pesos en títulos públicos y obligaciones negociables y unos 8500 millones en plazos fijos. Eso permitió que el año pasado el FGS acumulara 191 mil millones en intereses. Ese dinero se destinaría al pago de sentencias y a la devolución del 15 por ciento de la coparticipación a las provincias.

 

B.1.-La disolución de la garantía del régimen de reparto

La normativa vigente ya prevé el control del Fondo y las limitaciones del estado sobre el mismo, su modificación constituye una grave amenaza para el sistema  público de reparto,  que hoy es sustentable y cuenta con reservas para afrontar las posibles alteraciones financieras.

La supresión de la normativa vigente hace pensar que se prepara el terreno para un reforma previsional que vuelva a introducir en las jubilaciones y pensiones a entidades privadas de capitalización que, con la excusa de la necesidad de ahorro y de la formación de un mercado de capitales, sumado al desfinanciamiento producido por el uso de los recursos en medidas como la que se proponen, vuelvan a restarles derechos a los trabajadores y a los beneficiarios

 

La ley 26245

(Promulgada el 04/12/08)  dispone:

ARTICULO 11. — La Administración Nacional de la Seguridad Social, entidad actuante en la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, gozará de autonomía financiera y económica, estando sujeta a la supervisión de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social creada en el ámbito del Honorable Congreso de la Nación.

Dicha comisión estará integrada por SEIS (6) senadores y SEIS (6) diputados, quienes serán elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerá su estructura interna, teniendo como misión constituir y ejercer la coordinación entre el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo nacional, a los efectos del cumplimiento de la presente ley y sus resultados, debiendo informar a los respectivos cuerpos legislativos sobre todo el proceso que se lleve adelante conforme a las disposiciones de esta ley.

Para cumplir su cometido, la citada comisión deberá ser informada permanentemente y/o a su requerimiento de toda circunstancia que se produzca en el desenvolvimiento de los temas relativos a la presente ley, remitiéndosele con la información la documentación correspondiente.

Podrá requerir información, formular las observaciones, propuestas y recomendaciones que estime pertinentes y emitir dictamen en los asuntos a su cargo. A estos efectos la Comisión bicameral queda facultada a dictarse su propio reglamento de funcionamiento.

 

ARTICULO 12. — Créase en el ámbito de la Administración Nacional de la Seguridad Social el Consejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino, cuyo objeto será el monitoreo de los recursos del sistema y estará integrado por:

  1. a) Un representante de la ANSES;
  2. b) Un representante de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
  3. c) Dos integrantes del Órgano Consultivo de Jubilados y Pensionados que funciona en el ámbito de la ANSES;
  4. d) Tres representantes de las organizaciones de los trabajadores más representativas;
  5. e) Dos representantes de las organizaciones empresariales más representativas;
  6. f) Dos representantes de las entidades bancarias más representativas;
  7. g) Dos representantes del Congreso de la Nación, uno por cada Cámara.

Los miembros integrantes de este consejo ejercerán su función con carácter ad honórem y serán designados por el Poder Ejecutivo nacional a propuesta de las entidades y organismos respectivos.

Por su parte la ley 27181 PROTECCIÓN DE LAS PARTICIPACIONES SOCIALES DEL ESTADO NACIONAL (Promulgada: Octubre 5 de 2015) estableció

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley:

 

Título Disposiciones Generales

Capítulo

Objeto

 

ARTÍCULO 1° — Objeto. Declárase de interés público la protección de las participaciones sociales del Estado nacional que integran la cartera de inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), creado por el decreto 897 del 12 de julio de 2007 y de las participaciones accionarias o de capital de empresas donde el Estado nacional sea socio minoritario o donde el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas posea tenencias accionarias o de capital, encontrándose prohibida su transferencia y/o cualquier otro acto o acción que limite, altere, suprima o modifique su destino, titularidad, dominio o naturaleza, o sus frutos o el destino de estos últimos, sin previa autorización expresa del Honorable Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 2° — Finalidad. Las disposiciones de la presente ley tienen como finalidad garantizar y preservar la sustentabilidad del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino (FGS), y promover el rol del Estado en la coordinación de la gestión de los Directores que representan al accionista Estado nacional y/o FGS para que la realización del interés societario se lleve a cabo resguardando el interés público comprometido en dichas participaciones societarias que posea el Estado nacional en las empresas mencionadas en el artículo 1°.

La nueva propuesta legislativa pretende derribar la contención que la ley por medio de las dos normas citadas anteriormente,  otorga a la estructura previsional que sostiene hoy a los regímenes generales y a los regímenes especiales de jubilaciones y pensiones

La destrucción, siempre es previa, a la privatización posterior de cualquier modelo solidario y público:

B.2.-La futura reforma propuesta por el actual gobierno

La declaración de emergencia en la materia procedimental del fuero de la seguridad social, ya está declarada por  la Acordada 4/1014 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual, el inicio del nuevo proyecto, ya demuestra un desconocimiento del tema o se avizora  algún otro propósito.

La medida que se propone dice textualmente:

ARTÍCULO 12.- Créase el CONSEJO DE SUSTENTABILIDAD PREVISIONAL, en el ámbito del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL, que tendrá a su cargo la elaboración de un Proyecto de Ley que contenga un nuevo régimen previsional, universal, integral, solidario y sustentable para su posterior remisión por el PODER EJECUTIVO NACIONAL a consideración del HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN.

El CONSEJO DE SUSTENTABILIDAD PREVISIONAL deberá cumplir su cometido dentro de los TRES (3) años de la entrada en vigencia de la presente Ley.

Es decir se habilita  que un consejo (no se sabe integrado por quien ) proyecte una reforma previsional (no se sabe tampoco por qué) pero obviamente por el nombre del Consejo lo prioritario es que lo proyectado sea económicamente “sustentable” .

Al liquidar el Fondo de Sustentabilidad, seguir sosteniendo las rebajas a los aportes patronales , aplicando políticas que generan un alto índice de desempleo y trabajo no formal , se  va a provocar la alteración del equilibrio del sistema.

Además el proyecto   ordena a dicho consejo que se  deberá establecer un sistema: universal, integral, solidario y sustentable.

 

Además de ser ello una ambigüedad omite llamativamente las palabras público y de reparto.

 

Queda claro que lo que se pretende es  un sistema previsional con algún componente de capitalización individual contrario a un régimen público y solidario

También es necesario aclarar que en este tipo de sistema de capitalización, no hay lugar para los regímenes especiales, con lo cual se habilita el intento de derogación de los mismos.

 

B.3.-La pensión universal una trampa

 Cabe asimismo hacer notar que los beneficios “asistenciales” destinados a “carenciados” deben financiarse con rentas generales  y no con recursos del seguro social que pertenece a todos  los trabajadores. Por ello, estando vigente la ley 13478 dictada en 1948, no hay ninguna necesidad de crear una pensión a la vejez, ya que una pensión a la vejez y a la invalidez ya existe, claro con rentas generales no con recursos de los trabajadores como pretende la proyectada norma

Con ello se viola también  lo dispuesto en la propia ley 24241,también vigente actualmente,  que dispone:

Financiamiento de prestaciones no contributivas.

 

Artículo 187.— A partir de la promulgación de la presente ley, el pago de las prestaciones no contributivas, acordadas o a acordar, se atenderá con fondos de «Rentas Generales».

Además esta pensión propuesta  no soluciona el problema de aquellos que necesitan una moratoria porque no pudieron pagar sus años de autónomos y desean hacerlo para completar los años de servicios y acceder a un beneficio de mejor calidad y sin prueba de pobreza

 

Conclusión

Este proyecto del gobierno nacional  vulnera derechos humanos fundamentales (el derecho al cumplimiento de la ley, el derecho al respeto de las sentencias, el derecho al seguro social, el derecho a la igualdad ante la ley).

La artimaña política es de “Manual” bajo la apariencia de solucionar el problema de los haberes bajos y los reclamos judiciales pendientes se pretende desmantelar el sistema de reparto y generar su falta de sustentabilidad para inclusive  aumentar la edad jubilatoria de todas y todos los trabajadores y trabajadoras.

Desde la CTERA exigimos al gobierno nacional y a los legisladores nacionales que no  avancen en contra de los derechos adquiridos y  contemplados en el actual régimen jubilatorio, ni establezcan medidas que pongan en peligro su financiamiento por medio de  la perdida de los Fondos de Garantías Sustentables y cumplan las leyes actualmente vigentes para el cumplimiento del pago de los juicios.

Los trabajadores y trabajadoras de la educación no renunciaremos a la defensa de un sistema previsional de reparto, público y solidario.

 

 

Jorge Molina                                                             Sonia Alesso

Secretario de Asuntos Previsionales                                  Secretaria General

CTERA                                                                       CTERA

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La reforma educativa: el fin de un prejuicio

La reforma tuvo, como eje fundamental en su diseño, un supuesto: la fuente, si no única, sí la más importante de los problemas educativos en México, era el magisterio. Al ser concebidos como causa, la acusación simplificadora fue inmediata: los profesores y las maestras en el país, desde preescolar al nivel medio superior, estaban mal preparados. Inculpados sin miramientos, ni matiz, como un gremio repleto de flojos, violentos, ignorantes y desobligados, el (también) único remedio era evaluarlos: “el corazón de la reforma es la evaluación”. Ha sido de tal manera central este prejuicio, que ha generado lo propio e inevitable: perjuicios. Sobre todo, la estigmatización de las y los docentes y, derivado de ello, su ubicación en el proceso como objetos, cosas a reformar, y no como sujetos, socios indispensables, en la transformación que sin duda requiere el acceso al conocimiento en el país.

Dado que el cimiento de la reforma era la evaluación, su aplicación mostraría que la premisa mayor – la falta de idoneidad e incapacidad del magisterio – quedaría a la luz, y los demás elementos del complejo proceso educativo, tales como una visión renovada de la educación, los planes y programas de estudio, materiales, condiciones escolares, la desigualdad social y el contexto de pobreza en que vive la mayoría de los alumnos, serían aspectos a considerar, sí, pero después: complementarios, no sustanciales. El problema era que “esos”, a través de una propaganda intensa y prolongada, eran unos rufianes iletrados, y las maestras orientaban su trabajo por el estímulo de heredar su plaza y faltar a clases sin consecuencias. Hay harta evidencia de esta percepción, muchas veces racista, casi siempre clasista y siempre descalificadora.

Suponiendo, sin conceder, que así fuera; esto es, de acuerdo a su propia lógica, los resultados dados a conocer ayer por las autoridades quiebran el prejuicio, rompen el eje y ponen en cuestión, cimbran a fondo, la orientación de la reforma educativa “histórica” que tanto se presume. Al establecer, como diagnóstico, que la relación entre capacidad docente y calidad educativa era obvia, y directamente proporcional, la prueba del ácido sería que la medición de los conocimientos y las destrezas pedagógicas fuese muy negativa: a malos maestros, malos resultados. Se requería que los maestros calificados como incapaces fueran la mayoría, para probar la fuerza de su concepción.

En su propia (in)coherencia, los resultados desmienten la expectativa: en términos generales, con ligeros cambios por nivel, solo 15 de cada 100 obtuvieron resultados insuficientes. Fueron ubicados como buenos 42%, y 8% destacados. El resto, un poco más de un tercio, registraron en los exámenes aplicados condiciones suficientes – que son bastantes para ser capaces y aptos, dice el diccionario – al desempeñar su labor.

niños_examenEntonces, si en la prueba PLANEA, o en PISA, son muy pocos los alumnos que consiguen los aprendizajes esperados al final de la formación básica o media, la evaluación aplicada muestra que la falencia en la formación registrada no se origina, no es resultado directo, como se afirmó tantas veces, de la capacidad de los docentes.

Esta crítica a los fundamentos de la reforma, deriva de su propia lógica. Lo propuesto resultó falso de acuerdo a lo que plantean sus promotores. Es una contradicción en los propios términos que la constituyen. El cuestionamiento más fuerte que se le puede hacer a una propuesta es ser falseada en sus propios términos. El prejuicio se muestra como lo que es: ignorancia ignorada, pero sesgada. El pez por su boca muere.

Si se quieren evitar más perjuicios a la educación es menester cambiar el rumbo. Y pronto, pues hay más rasgos en esta política, legales, laborales y administrativos, inaceptables. Varios de ellos, éticos. No más.

*Articulo tomado de: http://www.educacionfutura.org/la-reforma-educativa-el-fin-de-un-prejuicio/

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Educación superior, derecho y política educativa

Chile/17 de Junio de 2016/ La Tercera

Por: José Julio León

Dado el contexto de movilizaciones estudiantiles, paros indefinidos y tomas en varios establecimientos, el principal desafío que ahora enfrenta el Ministerio de Educación consiste en superar el clima de disputa o controversia (que pone énfasis en el conflicto y busca “derrotar” al adversario); para abrir espacio a la lógica del diálogo racional -que está en la esencia de la labor universitaria- con miras a diagnosticar adecuadamente los problemas, alcanzar acuerdos y facilitar la cooperación. Para que ese paso sea posible es necesario centrar la atención en el objeto del debate.

El tema central, hoy, viene dado por las expectativas o demandas del movimiento estudiantil (la CONFECh consiguió reunirse el viernes pasado con la Ministra de Educación para conocer detalles del proyecto de reforma a la educación superior y ha presionado, con las movilizaciones, para que esas demandas sean consideradas). Ahora bien, es curioso que los voceros de la CONFECh señalen que lo que tiene de particular esta movilización (respecto de la de 2011) es que ahora cumplen un rol central los estudiantes de universidades privadas, a los que se presenta como “los más precarizados” y víctimas “del negocio de la educación superior”. Más aún, tres dirigentes estudiantiles de universidades privadas, en una carta publicada en La Tercera el jueves 9, dijeron que los estudiantes de las entidades privadas se movilizan “para acabar con las condiciones que caracterizan a nuestras instituciones: falta de democracia, incertidumbre en la toma de decisiones y lucro”. Para tales dirigentes, la movilización tendría por objeto la expansión de la educación pública y la regulación de las instituciones privadas.

Es claro que nuestro sistema de educación superior necesita reformas. Pero es fundamental que éstas reposen en amplios consensos, buenos diagnósticos y se funden en los mejores argumentos. La CONFECh, hace un año, en su documento sobre la Reforma proponía: “poner en el centro el Derecho Social a la educación como espacio de integración, cohesión, democracia y cambio social, con pluralidad pedagógica y libertad para el desarrollo de proyectos educativos, vinculada al desarrollo del país”. Tales principios, perfectamente, podrían servir de base al Ministerio de Educación para propiciar acuerdos; el debate versaría entonces sobre las medidas adecuadas y proporcionales para operacionalizarlos.

Las reacciones posteriores a la reunión de la Ministra Delpiano con la CONFECh, con todo, no son auspiciosas. La ministra parece pedir excusas por no penalizar (como delito) el lucro y por el apoyo a las universidades estatales, en circunstancias que ambas decisiones son razonables. Los estudiantes cuestionan que no se modifiquen el sistema de financiamiento, en especial el crédito con aval del Estado (CAE), y la gobernanza de las instituciones, con lo que no se avanzaría en erradicar el mercado del sistema educativo.

Los planteamientos de ambas partes no son inconciliables. La educación, ciertamente, debe ser democrática, mirar el interés general y fundarse en la igualdad de los estudiantes. No es coherente con el pluralismo y la libertad, con todo, esgrimir ahora la dicotomía pública/privada de manera excluyente y estigmatizando a las entidades privadas creadas post 1981 como “educación de mercado”.

La propia CONFECh definió la educación pública, sin limitarla a lo estatal, como aquella que contribuye a “la construcción del país”, “a la expansión de la cultura, las artes y las ciencias”, a la dinamización e integración –sin discriminaciones- de la sociedad. De ello se sigue ciertamente un compromiso del Estado con sus instituciones educativas, siempre que ellas cumplan una función preferente que no sea exigible (tampoco prohibido) a instituciones privadas. La participación de los estamentos es necesaria y coherente con lo anterior; pero este principio no justifica una forma de gobierno análoga a la de la comunidad política. No se conocen experiencias de gobierno universitario basadas exclusivamente en el principio “una persona un voto” (de hecho, no las hay de gobierno estrictamente tri-estamental, en que cada estamento tenga el mismo “peso” en las decisiones).

La naturaleza de la universidad, que busca la excelencia tanto como cumplir funciones de bien público, se aviene mejor con una concepción sustantiva tanto acerca del rol democrático del sistema educativo público (que debe ofrecer oportunidades diversas, en especial a los que hoy son postergados, y expresar una pluralidad de proyectos educativos) como del rol de las instituciones educativas en la “esfera pública” (un espacio en que todos deben tener igual derecho a expresarse, a informarse, y donde todas las decisiones deben estar justificadas).

Algo similar cabe decir de la aspiración de gratuidad “universal”, que no es condición necesaria ni suficiente para desarrollar una política pública centrada en los derechos de los estudiantes. Podría, dependiendo de la limitación de recursos y los mecanismos de selección que se empleen, incluso perjudicar la igualdad. Centrar el debate en la gratuidad “para todos y ahora” es un error, porque elude los problemas de fondo y podría significar –al poner foco en el tema financiero- un cambio “gatopardista”, dejando el resto de las cosas igual.

Que las instituciones deban organizarse como personas sin fines de lucro, contar con formas de gobierno participativas, cumplir con estándares de investigación, calidad, transparencia y carrera académica, ser inclusivas y contar con mecanismos de selección que no discriminen a las minorías, parecen ser requisitos razonables para acceder a un régimen de lo “público”. Pero no se pueden poner tantas condiciones que ahoguen la diversidad o lesionen la autonomía, ni imponer por ley un solo modelo de universidad.

La deliberación que tiende al acuerdo supone evitar estrategias de “esto o nada”. La improvisación, el apuro, el veto y las acciones de fuerza que niegan los argumentos ponen en riesgo los logros alcanzados y la posibilidad de avanzar sustantivamente desde aquí. Y, de paso, pone en riesgo los derechos de nuestros(as) estudiantes. Justamente lo que los líderes estudiantiles dicen defender.

Fuente: http://voces.latercera.com/2016/06/17/jose-julio-leon/educacion-superior-derecho-y-politica-educativa/

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Estados Unidos: Kansas State Board of Education votes to ignore Obama’s transgender bathroom directive

Estados Unidos: Kansas State Board of Education votes to ignore Obama’s transgender bathroom directive

Norte América/E.E.U.U./Junio de 2016/The Washington Post

RESUMEN: La Junta de Educación del Estado de Kansas ha votado para ignorar la directiva de la administración Obama sobre la acogida de los estudiantes transgénero, uniéndose a una ola de oposición por parte de los políticos en todo el país que dicen que el decreto equivale a la extralimitación federal. El Consejo de Kansas argumentó que las escuelas locales son los más adecuados para decidir cómo manejar los problemas que confrontan los estudiantes transgénero en la escuela, incluyendo los que se les permite baños de utilizar ya que el nombre y el género aparece en las listas de clases y otros registros de la escuela.»Somos firmes en nuestra creencia de que las decisiones sobre la atención, la seguridad y el bienestar de todos los estudiantes se hacen mejor por el distrito escolar local basada en las necesidades y deseos de los estudiantes, los padres y las comunidades a las que sirven,» dijo el comunicado adoptado Martes.
The Kansas State Board of Education has voted to ignore the Obama administration’s directive on accommodating transgender students, joining a wave of opposition from politicians nationwide who say the decree amounts to federal overreach.
The Kansas board argued that local schools are best suited to decide how to handle issues that transgender students confront in school, including which bathrooms they are allowed to use and which name and gender appears on class rosters and other school records.
Its vote to push back against the Obama administration’s decree – which requires schools to allow transgender students to use the bathroom that matches their gender identity – was unanimous Tuesday afternoon.
«We are firm in our belief that decisions about the care, safety and well-being of all students are best made by the local school district based on the needs and desires of the students, parents and communities they serve,» said the statement adopted Tuesday.
«In Kansas, like many other states, our schools have been addressing transgender student needs with sensitivity and success for many years.»
The Obama administration’s guidance is not legally binding, but schools and districts that don’t comply can be investigated and can lose federal education funding if they refuse to come into compliance. Its not clear whether the state board’s vote is enough to put Kansas at risk of losing its federal education funding, which amounts to about 9 percent of the state’s K-12 education budget, according to a spokeswoman for the state education department.
A spokesperson for the U.S. Education Department did not immediately respond to a request for comment Wednesday morning.
Obama administration officials and LGBT activists have said that the directive is necessary to ensure that schools are protecting the civil rights of some of their most vulnerable students. Transgender people report high rates of bullying and harassment, as well as depression and attempted suicide.
But the directive has sparked a backlash from politicians and activists who say that the administration’s stance – and particularly its stance on bathroom and locker room access for transgender children – amounts to a federal overreach that endangers students’ privacy.
Texas and 10 other states have filed a federal lawsuit challenging the administration’s directive, saying it «has no basis in law» and could cause «seismic changes in the operations of the nation’s school districts.» Kansas Attorney General Derek Schmidt said earlier this month that Kansas would also sue, but that it had not decided whether to join the 11 other states or file a separate suit.
Not everyone agrees that Kansas schools are effectively serving transgender children.
Stephanie Mott, executive director of the Kansas Statewide Transgender Education Project, said she regularly receives phone calls, emails and text messages from students who don’t feel comfortable in school because their teachers insist on calling them by the wrong name or won’t allow them to use the restroom that matches their identity.
Mott called the board’s vote «extraordinarily sad.»
«The state board of education has no idea what it’s like to be a transgender person in this state, especially a transgender youth in a school that’s not accommodating,» she said.
Mott and other activists say that Republican state lawmakers are turning transgender children into a bargaining chip in a long-running fight over school funding, threatening to introduce legislation that would force children to use bathrooms that match the sex listed on their birth certificates unless Democrats fall into line with the Republican majority.
State Rep. John Whitmer, R-Wichita, told the Wichita Eagle that he plans to introduce the transgender bathroom bill only if Democrats «muck us up» during an upcoming special session on school funding. If the legislature fails to come up with an equitable funding plan, the state supreme court could force public schools to shut down at the end of the month.
«The school board is sitting up there going, ‘Everything is wonderful in Kansas schools,’ and at the same time we have a legislator who’s going, ‘I’m going to make it more difficult for all transgender students in the state of Kansas,’ » Mott said. «There’s a huge disconnect there.»
In an interview Wednesday, Whitmer said that he wants the special session to move quickly and stay focused on funding, and would only introduce the bathroom bill if Democrats try to pass new gun controls or other such unrelated measures. «Once you put your pet issues on the back burner, I’ll do the same with mine,» he said.
Whitmer said he does expect the legislature to consider the bathroom bill during its next regular session.
Here is the full text of the statement adopted by the Kansas board on Tuesday:
The Kansas State Board of Education believes that every child has the right to a high quality education delivered within a safe, inclusive and supportive school system.
In Kansas, like many other states, our schools have been addressing transgender student needs with sensitivity and success for many years. Just as every child is unique, so too is every school community. With that understanding, we are firm in our belief that decisions about the care, safety and well-being of all students are best made by the local school district based on the needs and desires of the students, parents and communities they serve.
The recent directive from the civil rights offices of the United States Department of Education and the U.S. Department of Justice regarding the treatment of transgender students removes the local control needed to effectively address this sensitive issue. We must continue to provide our schools the flexibility needed to work with their students, families and communities to effectively address the needs of the students they serve.
Por: Emma Brown

Fuente: http://www.stripes.com/news/us/kansas-state-board-of-education-votes-to-ignore-obama-s-transgender-bathroom-directive-1.414884

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India: Now volunteer at any government school at the click of a button

India: Now volunteer at any government school at the click of a button

Asia/India/ Junio de 2016/The Indian Express

HRD Minister Smriti Irani with MoS Ram Shankar Katheria and others at the launch of Vidyanjali in New Delhi on Thursday. (PTI photo)
RESUMEN: La educación se Tambalea bajo una grave escasez de maestros y personal, las escuelas públicas de todo el país ahora pueden buscar voluntarios para promover las actividades co-escolar, tales como la lectura, la escritura creativa, hablar en público y jugar actuando entre sus estudiantes de las clases I a VIII. El Ministerio de HRD lanzó el jueves una iniciativa llamada ‘Vidyanjali’ para animar a los jóvenes a ofrecer sus servicios en cualquier escuela del gobierno vecindario. Los maestros jubilados, funcionarios públicos profesionales, personal de defensa y mujeres, que son las marcas de origen, también pueden ofrecer para ayudar en este programa, que se ha iniciado en forma experimental a través de 2.200 escuelas públicas en 21 estados.
Reeling under an acute shortage of teachers and staff, government schools across the country can now draft volunteers to promote co-scholastic activities such as reading, creative writing, public speaking and play acting among its students from classes I to VIII.
The HRD Ministry on Thursday launched an initiative called ‘Vidyanjali’ to encourage youngsters to volunteer their services at any neighborhood government school. Retired teachers, professionals government officials, defence personnel and women, who are home makes, can also offer to help under this programme, which has been started on a pilot basis across 2,200 government schools in 21 states.
“This will also afford an opportunity to the NRIs who are keen to give back to their home country in some way,” said a senior ministry official, who did not wish to identified.
The Centre hopes to expand Vidyanjali’s to every school in the country over the next few years after it pilot run ends in December. There is no eligibility criteria to enroll as a volunteer, but officials said that the final decision on who is selected for the job will be prerogative of the school.
Anyone can apply to enroll as a volunteer by filling up a form on either mygov.in or the mygov mobile application. The concerned school principal will study applications and shortlist suitable candidates, who will then be called for an interview before they can be allowed to volunteer.
Speaking at the programme launch, HRD Minister Smriti Irani said that Vidyanjali is meant to convey to the students of government schools that “they are not alone but are a part of Team India”. The initiative has had a soft launch in which eminent personalities, including Union ministers Rajyavardhan Rathore and Kiren Rijiju, author Ruskin Bond, footballer Baichung Bhutia and actor Twinkle Khanna, have already visited government schools to interact with children.
The HRD Ministry officials told The Indian Express that the programme was conceived at a review meeting held by Prime Minister Narendra Modi in June last year.
Assam, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Delhi, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Gujarat, Goa, Karnataka, Maharashtra, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh are among the 21 states that have agreed to implement Vidyanjali’s pilot run.
by Ritika Chopra

Fuente: http://indianexpress.com/article/education/2856903govt-launches-vidyanjali-school-volunteer-programme/

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Panamá: Latinoamérica exhibe universidades con buen nivel educativo

Panamá: Latinoamérica exhibe universidades con buen nivel educativo

América del Sur/Panamá/Junio de 2016/Prensa Latina

Panamá, 16 jun (PL) La viceministra cubana de Educación Superior, Mirian Alpízar, aseguró que pese a los problemas que subsisten hoy a nivel mundial con la calidad de la enseñanza, en América Latina existen universidades con muy buen nivel.
Al respecto, mencionó la existencia de algunas en Brasil, Colombia y México, con las cuales la isla tiene excelentes relaciones de trabajo, en tanto comparten los mismos objetivos: lograr una universidad de mayor calidad en sus programas de estudio, a partir del incremento de los vínculos entre la academia y la investigación.

En entrevista con Prensa Latina, la alta funcionaria afirmó que «la existencia de una universidad que investigue y tenga resultados en la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de su modelo de formación resulta hoy algo muy común en la región».

Sobre el papel de Cuba en este contexto, resaltó la calidad que poseen los programas de maestrías, especialidades y doctorados en diferentes ramas, acreditados a nivel internacional, que pueden aportar mucho a las universidades de la región.

«Nosotros buscamos los mejores aliados en términos de calidad, al tiempo que aplicamos la solidaridad, al ayudar a las universidades más pequeñas y jóvenes a través de diferentes procesos de alianza, algo que hoy resulta una realidad con aquellas con las que tenemos relaciones», acotó.

Alpízar recordó que las instituciones universitarias cubanas mantienen vínculos con homólogas de más de 70 países en el mundo, que en el caso de la nación istmeña datan de muchos años, de manera especial con las universidades de Panamá, la Tecnológica, la Autónoma de Chiriquí y la Especializada de las Américas.

No obstante, desde hace un tiempo trabajamos de manera particular con la Ciudad del Saber, en aras de que la gran fortaleza que posee Cuba, sobre todo en cursos de postgrados, sean aprovechados en esta institución, dijo.

En tal sentido, pretendemos que la Universidad de las Ciencias Informáticas (UCI) sea la primera en lograr un espacio institucionalizado en ese lugar, dado el potencial de sus programadores y profesores sobre todo en la elaboración de software, un servicio de exportación con grandes expectativas en la isla, explicó.

Por ello, la idea de esta visita a Panamá es aprobar la filiación de la UCI a esta institución, lo cual implicaría la identificación de demandas en el campo de la ciencia de la informática y otras carreras afines, además de brindar servicios como parte de los acuerdos marcos que desde hace tiempo firmamos con la Ciudad del Saber, apuntó la viceministra.

De igual forma, oficializaremos la apertura de una maestría de la Universidad de las Ciencias de la Cultura Física y el Deporte Manuel Fajardo con la Universidad Especializada de las Américas, que busca preparar al personal en la rehabilitación y salud del trabajo, entre otros temas.

Actualmente la enseñanza universitaria cubana está inmersa en un proceso de transformaciones para incrementar la calidad y eficiencia, para lo cual se perfila la carrera de cuatro años, la implementación de un técnico superior universitario en especialidades altamente demandadas en el mercado laboral y la actualización de los nuevos planes de estudios.

A esto se suma la evaluación de las habilidades y competencias en los estudiantes en torno al idioma inglés y la integración de las ramas del saber para lograr una universidad más multidisciplinaria que alcance una mayor integración del conocimiento y responda a las necesidades de cada provincia, concluyó Alpízar.
Por Nubia Piqueras Grosso
Fuente:
http://prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=4979111&Itemid=1

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México: Comunicado 282.- Con educación de calidad se transforman vidas y comunidades: Nuño Mayer

México: Comunicado 282.- Con educación de calidad se transforman vidas y comunidades: Nuño Mayer

Norte América/México/junio de 2016/Prensa Secretaria de Educación Pública

Destaca la importancia de concluir, a través del INEA, estudios de primaria y secundaria
• Acompaña al presidente de la República en la entrega de 10 mil certificados del Programa Especial de Certificación
Aurelio Nuño Mayer, secretario de Educación Pública, destacó que con educación de calidad se transforman la vida de las personas, comunidades y el país, y por eso señaló la importancia de concluir estudios suspendidos de primaria o secundaria.
En la entrega de 10 mil certificados del Programa Especial de Certificación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, dijo que con esto se demuestra que sí es posible, con un gran esfuerzo, terminar esos niveles de estudio.
Ante el presidente Enrique Peña Nieto, Nuño Mayer comentó que la educación tiene el poder de cambiar a México, y por ello la Reforma Educativa impulsa educación de calidad.
En el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, reconoció que el estado va a la vanguardia en la implementación de la Reforma Educativa, y que en esto el gobernador Rolando Zapata Bello está comprometido.
Asimismo, resaltó el trabajo coordinado de las secretarías de Educación Pública y de Desarrollo Social para abatir el rezago y la pobreza, y apuntó que en esto ambas dependencias caminan juntas, como una misma.
Frente a miles de yucatecos, el secretario de Educación Pública les señaló que con la conclusión de sus estudios están demostrando algo que es fundamental para el país, que sí es posible alcanzar objetivos que se habían interrumpido.
Expresó que por instrucciones del presidente de la República, recorre el país para conocer la situación de las escuelas, y dialogar con maestros y alumnos, y avanzar así para tener mejores planteles y docentes.
El propósito de la educación es que las personas tengan mejores condiciones de vida, como el caso de un trabajador de un hotel de Campeche, quien gracias a que continuó sus estudios fue promovido en su empleo, abundó Aurelio Nuño Mayer, en el acto en el que también participaron los secretarios de Desarrollo Social, José Antonio Meade Kuribreña, y de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero.

16-06-2016

Audio. Mensaje del secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer.

Fuente: http://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-282-con-educacion-de-calidad-se-transforman-vidas-y-comunidades-nuno-mayer

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