Las diputadas de Morena, Paola Félix Díaz y Rocío Nahle García, presentaron una iniciativa de reforma a la Ley General de Educación, que busca reducir y prevenir la incidencia de ese delito desde la educación básica.
La trata de personas es un delito aberrante que ha privado de la libertad a miles de mexicanos, entre ellos menores de edad y jóvenes, crimen que deja más ganancias que el tráfico de armas y se coloca sólo después del narcotráfico. De ahí la necesidad de prevenirlo a través de programas especiales en las escuelas de educación, urgió Félix Díaz.
«Se trata de generar conciencia: la pobreza, la desigualdad, la corrupción y la impunidad alimentan la trata de personas. Hemos visto a legisladores decir: ‘nosotros somos clientes’ ¿Cómo puede existir esa falta de conciencia? ¿Qué no son padres de familia?”, dijo la integrante de la Comisión Especial Contra la Trata de Personas.
En entrevista, dio a conocer que el 10 de octubre presentó ante el pleno de la Cámara de Diputados, de manera conjunta con la diputada Nahle García, una iniciativa que adiciona la Fracción XVII al Artículo 7 de la Ley General de Educación, con el propósito de combatir la trata de personas desde las aulas.
«El objetivo de esta iniciativa es realizar acciones educativas y de difusión en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, así como promover los acuerdos y convenios necesarios para prevenir y detectar los delitos de trata de personas en contra de los menores de edad».
Félix Díaz denunció que Baja California Sur, Campeche, Chihuahua y Morelos encabezan la lista de entidades que no investigan el delito de trata de personas, y reconoció que estados como Hidalgo, Quinta Roo, Sonora y Tabasco ya iniciaron procesos para reducir este ilícito.
En ese tenor, detalló que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) criticó la falta de estadísticas y datos confiables sobre el alcance de la explotación comercial infantil en nuestro país, donde incluso no se ha llevado a cabo ningún estudio de manera oficial por las instituciones o dependencias en la prevención del delito o de procuración de justicia.
Ante ello, la legisladora federal capitalina reprobó que las autoridades sólo han rescatado a mil 200 personas de 2012 a la fecha, de las 70 mil víctimas reportadas: «Esto se debe a que falta capacitar a los ministerios públicos y a los fiscales», reclamó.
Pidió a la sociedad prestar atención al contenido de las redes sociales al que están expuestos los menores de edad, ya que son un medio que se ha convertido en un instrumento para que los tratantes enganchen a sus víctimas.
Burundi ha comenzado a detener a activistas y a personas LGTB en el marco de una persecución organizada de Estado. Dos de las víctimas son menores de edad y su “delito” fuesubir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. La policía de este país africano de mayoría católica identificó el lugar, en la comuna de Kamenge (provincia de Bujumbura Mairie), y arrestó a los jóvenes, entre otras personas acusadas de “homosexualidad” y de atacar la cultura y las tradiciones burundianas. Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica, ha condenado estas detenciones y señala que el objetivo de algunas de ellas es extorsionar a los arrestados para obtener un beneficio económico, mientras la policía los somete a todo tipo de abusos y vejaciones. La decisión del presidente Pierre Nkurunziza de intensificar la represión contra la comunidad LGTB coincide con la salida de Burundi de la Corte Penal Internacional, que será efectiva dentro de unos días.
Inspirado por las violaciones que otros Estados están llevando a cabo recientemente contra los derechos del colectivo LGTB en diversos países como Egipto, Acerbaiyán o Indonesia, el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza, se ha propuesto hacer cumplir el Código Penal del país, que desde 2009 criminaliza las relaciones entre personas del mismo sexo y, por extensión, cualquier visibilización de la diversidad sexual o de orientación de género. En estos años se han cerrado asociaciones LGTB y organizaciones favorables a la igualdad de derechos y ahora se anuncia el comienzo de una etapa todavía más oscura para los derechos humanos de este pequeño país africano, durante el tercer mandato de Nkurunziza.
El periodista burundiano Bakari Ubena se hacía eco de las primeras detenciones de personas LGTB por su orientación sexual o identidad de género el pasado 6 de octubre, a través de su cuenta de Twitter. Ubena recogía las declaraciones de la policía en este sentido a varios medios locales.
Polisi ya #Burundi yatangaza kuwasaka na kupambana na watu wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja.Tayari watu kadhaa wamekamatwa.#LGBT
Entre las nuevas víctimas de la LGTBfobia de Estado hay dos menores de edad, detenidos tras subir a Facebook un vídeo en el que aparecen bailando juntos. “Los conozco muy bien porque fui su director de proyecto de 2010 a 2013”, ha lamentado Jean-Daniel Ndikumana, un abogado abiertamente gay de Burundi que ahora trabaja como jefe de un proyecto de asilo LGTB en Bélgica. “Afortunadamente, pude dejar mi país debido a mi orientación sexual, ya que estaba en peligro debido a mi activismo”, ha declarado este letrado y activista. Los arrestados, según denuncian distintas fuentes, son sometidos toda clase de vejaciones con la finalidad de que paguen sobornos a la policía a cambio de su liberación.
Burundi: camino a una autocracia contraria a los derechos humanos
Human Rights Watch considera que la tercera legislatura de Pierre Nkurunziza “ha sumido al país en una espiral de violencia política y abusos generalizados de los derechos humanos. Las fuerzas de seguridad y los miembros del ala juvenil del partido gobernante, los Imbonerakure, atacan a los opositores”. También denuncian que “matan, violan, torturan, desaparecen forzosamente o maltratan” a civiles por motivos ideológicos o económicos.
Esta organización internacional define el sistema de justicia como “profundamente manipulado por el partido gobernante”, por lo que “la impunidad es generalizada”. En este clima, Burundi está a punto de dar portazo definitivo a la Corte Penal Internacional de la Haya, de la que solicitó en octubre del año pasado dejar de ser parte y que el próximo día 27 será efectiva. Esta retirada se produce por las graves acusaciones contra el Gobierno de Pierre Nkurunziza en materia de derechos humanos.
De hecho, el presidente de la Comisión de Investigación de las Naciones Unidas sobre Burundi, Fatsah Ouguergouz, lo acusa de “crímenes de lesa humanidad”. Se habla de más de 500 personas fallecidas como consecuencia de la violencia promovida por plataformas y personas afines al Gobierno y de, al menos, 300.000 refugiadas en otros países. Desgraciadamente, el colectivo LGTB es el siguiente en la lista negra del presidente Nkurunziza y sus secuaces. Burundi fue uno de los 13 países que votaron recientemente en contra de la prohibición de las Naciones Unidas de aplicar la pena de muerte a personas LGTB.
Una cláusula del código penal permitía a los maridos tener relaciones sexuales con sus esposas si ellas tenían al menos 15 años
Aunque la ley los prohíbe, India es uno de los países con más casamientos de menores del mundo
El Tribunal Supremo de la India ha sentenciado que el sexo entre un hombre y su esposa menor de edad es delito de violación. Hasta ahora, una contradicción jurídica lo permitía. Los jueces, sobre el papel, dan un paso importante que afecta a millones de mujeres, si bien los efectos reales, sobre el terreno, pueden verse retrasados por las persistentes trabas sociales que todavía existen en la sociedad india.
Las leyes indias establecen que el sexo con una menor de 18 años es delito, pero una cláusula del código penal permitía a los maridos tener relaciones sexuales con sus esposas si ellas tienen al menos 15 años. Es decir, era la condición de casada la que excluía a las mujeres de poder denunciar esas agresiones sexuales. Este miércoles el tribunal ha dictado que esa excepción es «discriminatoria» y «arbitraria» y que «viola la integridad física» de la menor.
Ese apartado, además, chocaba frontalmente con la edad legal para el matrimonio (18 para ellas, 21 para ellos). Fue la organización Pensamiento Independiente la que llevó ante la Justicia estas contradicciones. Sus miembros consideran que la sentencia corrige un «error histórico contra las niñas». Ahora, las menores podrán denunciar a sus maridos de violación en el periodo de un año desde la agresión sexual.
El paso dado por el Supremo ha puesto sobre la mesa dos temas muy arraigados en India. El primero: los matrimonios infantiles. Aunque la ley los prohíbe, India es uno de los países con más casamientos de menores del mundo. UNICEF señaló en 2016 que en el país asiático el 18% de las niñas están casadas a los 15 años y el 47% a los 18. Esos datos se disparan a más del 60% en algunos estados como Bihar o Rajastán.
Un informe de la Comisión Nacional para la Protección de los Derechos del Niño afirmaba que, aunque los matrimonios infantiles están en descenso desde principios de siglo en las zonas rurales, en las ciudades está creciendo. La falta de educación, la pobreza, una cultura patriarcal y unos profundos valores conservadores actúan como factores determinantes en estas prácticas.
Además, las mujeres indias son vistas como una carga económica desde su nacimiento, por lo que los padres tratan de arreglar matrimonios lo antes posible para desprenderse de esa responsabilidad, que pasa al marido y su familia. «Controlar la sexualidad de las niñas y las mujeres también es un factor influyente en la práctica del matrimonio infantil. La presión de los matrimonios tempranos tiene como objetivo minimizar el deshonor asociado a la conducta sexual inapropiada de la mujer, lo que a menudo conduce a matrimonios arreglados durante la pubertad», denuncian desde la asociación Girls Not Bribes.
La institución del matrimonio
El gobierno se mostraba favorable a mantener la cláusula que permitía el sexo con esposas menores porque considera que así se protege la institución del matrimonio, un pilar fundamental en la sociedad india. Los jueces del Supremo, que rechazaron esa tesis, aprovecharon la ocasión para expresar su preocupación sobre los casamientos de menores y pidieron al gobierno nacional y a las autoridades estatales que tomen medidas para erradicar esta ilegalidad tan extendida en el país.
Lo que no hicieron los magistrados es abordar un segundo asunto tan presente y extendido como el primero: la violación dentro del matrimonio entre dos adultos, una práctica que a día de hoy no es delito. El gobierno indio sostiene que el concepto de violación marital que se tiene en muchas partes del mundo «no se puede aplicar al contexto indio». Con «contexto indio» hay que entender una sociedad que cree que el deber de la esposa es mantener sexo con su marido, además de ser fértil. Es decir, impera la percepción de la mujer como alguien que debe cumplir el papel de esposa y madre.
Lo que ocurre ahora es que, con la sentencia del Tribunal Supremo, una mujer casada podrá denunciar que está siendo violada por su marido hasta que cumpla los 18 años. A partir de esa edad, la ley no lo considerará violación.
Además, existe un escollo social al que se enfrentan las mujeres que sufren violencia sexual, empujadas a guardar silencio sobre todo lo que ocurra en el hogar. Si el miedo a denunciar a sus maridos es algo profundamente extendido (por el temor a las represalias, por la presión social y familiar que reciben cuando lo hacen, por el deshonor que les hacen sentir), no es difícil imaginar cómo será la situación cuando se trata de una menor casada con un adulto.
Un estudiante sursudanés al que habían expulsado por indisciplinado de su colegio de Lokichogio, en el noroeste de Kenia, asesinó hoy a cinco de sus compañeros y a un guardia nocturno que custodiaba las instalaciones, informan medios locales.
Un estudiante sursudanés al que habían expulsado por indisciplinado de su colegio de Lokichogio, en el noroeste de Kenia, asesinó hoy a cinco de sus compañeros y a un guardia nocturno que custodiaba las instalaciones, informan medios locales.
El alumno, identificado solamente como Abraham, perteneciente a la tribu Toposa de Sudán del Sur, habría entrado junto a otras tres personas cuya identidad se desconoce hacia las 04.00 hora local (01.00 GMT) y habría abierto fuego contra los estudiantes que dormían en la residencia, dejando varios heridos.
«Hay muchos alumnos heridos, pero no podemos confirmar el número todavía», indicó el comisario del condado de Turkana, Seif Matata, que explicó que el estudiante había proferido amenazas a profesores y compañeros tras ser expulsado de la escuela.
Los asaltantes dispararon primero contra los estudiantes de los que creían que estaban detrás de la expulsión de Abraham, tras lo que accedieron al dormitorio femenino, donde varias alumnas resultaron heridas.
Matata confirmó que se ha puesto en marcha una investigación para esclarecer los hechos y atrapar a los asesinos, por lo que pidió a los vecinos de la ciudad que permanecieran en calma.
Este es el segundo caso de asesinatos en las aulas de Kenia en lo que va de semana. El pasado martes un hombre mató a dos personas en una de las Universidades del país africano.
El Salvador/16 de Octubre de 2017/La Prensa Gráfica
El 11 de Octubre se celebró el Día Internacional de la Niña, y las voces de UNICEF, Plan Internacional y ONU Mujeres advierten sobre la importancia de priorizar el tema en el país y en la región.
Ser niña sigue siendo sinónimo de vulnerabilidad, de ciudadanía de segunda categoría, de violencia sexual. La brecha que existe entre ser niña y ser niño se debe a una única condición determinante: el género. Así lo advierten las voces del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la organización no gubernamental Plan Internacional y la Organización de Naciones Unidas para la Igualdad de Género y Empoderamiento de la Mujer (ONU Mujeres), en el marco de la celebración del Día Internacional de la Niña, una declaratoria que data del 11 de octubre de 2011, y coincidieron en la urgencia de que el país se enfoque en la educación integral de la sexualidad como la principal prioridad.
“El obstáculo sigue siendo el ideario de la gente, la mirada criminalizadora hacia la niña. Hay muchas leyes, pero cumplirlas se vuelve un desafío cuando el funcionario no está sensibilizado ni comprometido con la igualdad de género”. Adolfo Vidal, gerente de Proyectos de Plan Internacional
Las problemáticas que afectan a las niñas siguen siendo las mismas de hace una década: exclusión, violencia y falta de oportunidades. Lo que ha cambiado es el marco legal. Existen más leyes que buscan protegerlas, existen más mecanismos de denuncia, hay más conciencia sobre la necesidad de garantizarles sus derechos humanos, pero no han dejado de ser blanco de abusos y vulneraciones en las distintas áreas de la vida, coinciden los funcionarios.
“Ha habido una reconfiguración de las problemáticas: antes se estimaba que el tema de la violencia sexual y el del embarazo ocurrían mayoritariamente en el área rural, pero eso está cambiando con el fenómeno de violencia social que estamos viviendo, porque las pandillas están incidiendo: sus cabecillas exigen a niñas como sus parejas sexuales y compañeras de vida, y esa es una situación bastante crítica”, anotó el gerente de Proyectos de Plan Internacional, Adolfo Vidal.
“Para sensibilizar a los niños sobre la situación de las niñas, el MINED cuenta con una política de género que incluye, entre otros ejes, la educación incluyente no sexista”. Ana Elena Badilla, representante de ONU Mujeres El Salvador
Pero aún hay una cuestión más grave en esas reconfiguraciones, explicó, que tiene que ver con las estadísticas de embarazos en adolescentes. Años atrás las cifras daban cuenta de víctimas mayores de 15 años, pero cada vez más las víctimas son menores de 15, incluso hay registros de embarazos a los 10 años.
“El tema de cómo se distribuye la problemática a escala geográfica está cambiado el impacto”, agregó.
A juicio de la especialista de Educación de UNICEF en El Salvador Marina Morales, esta situación deriva indiscutiblemente en la vulneración del derecho a estudiar.
“Podemos tener las leyes más bellas del mundo, pero hace falta que funcione la institucionalidad. Hay que hacer conciencia, porque las personas que trabajan en estas instituciones no están sensibilizadas”.
Aunque a simple vista no se ven disparidades en torno a la cobertura escolar, “lo grave es que las niñas embarazadas dejan de estudiar, pero los padres de sus bebés no necesariamente, muchas veces ni siquiera se entienden de esas niñas y de sus embarazos. Ellas se ven obligadas a enfrentar la llegada de sus bebés en la peores circunstancias”, destacó Morales.
Todo ello conlleva serias implicaciones en la Población Económicamente Activa porque estas futuras mujeres no van a estar preparadas para el desarrollo del país. “No se puede capacitar a una generación de relevo en estas condiciones y mucho menos posicionar al país como lo ha logrado Costa Rica, por ejemplo, con maquila de punta, mientras que acá (El Salvador) hay que conformarse con la maquila textil y la de alimentos, que son las peores pagadas”, señaló la especialista.
“De nada sirve hacer cambios en la escuela si la familia revierte todo lo que se está haciendo. Tiene que haber un trabajo articulado en todos los ámbitos de la niñez: familia, escuela y comunidad”. Marina Morales, especialista en Educación para UNICEF
En ese sentido, coincidieron en la urgencia de que el país se enfoque en la educación integral de la sexualidad como la principal prioridad, simultánea a la educación académica.
Vidal enumeró cinco prioridades: educación, participación, unión temprana, violencia sexual y educación sexual integral. Nada discrepante con lo planteado por la representante de ONU Mujeres El Salvador Ana Elena Badilla, quien afirmó que “debe colocarse a las niñas en el centro de atención de las políticas y los programas públicos, particularmente se debe lograr la permanencia de las niñas en la escuela, fortalecer los programas de educación integral de la sexualidad, promover una educación no sexista, desarrollar programas de prevención del embarazo y la unión temprana, y generar oportunidades de desarrollo personal de las niñas”.
Morales no tiene claro si es por medio de una nueva ley que será abordado el tema de la educación integral de la sexualidad; sin embargo, hizo énfasis en que la apuesta debe girar en torno de una mejor orientación sobre sexualidad desde programas que suelen impulsar organismos como UNICEF, pero de los que poco a poco la instituciones gubernamentales deberían apropiarse.
Además, destacó que de nada sirven los esfuerzos individuales sin articulación de actores, ni tampoco las iniciativas que se hacen a un lado cuando hay cambios de gobierno, cuando no se les da continuidad.
Las tres voces concurrieron también en que todos los esfuerzos por garantizar los derechos de las niñas deben ir acompañados de la sensibilización acerca del tema en los niños, como pieza fundamental para el éxito en el cambio del ideario de la sociedad.
Las niñas tienen menos posibilidades de ir a la escuela y más opciones de ser casadas antes de la mayoría de edad
Nacer niña significa en muchos países del mundo tener más opciones de no ir a la escuela, de casarse antes de cumplir la mayoría de edad y en contra de su voluntad, de ver negados algunos derechos básicos como el de la salud o de ser víctimas de violencia sexual.
Ante esta realidad, la Asamblea General de Naciones Unidas acordó en diciembre de 2011 la celebración todos los 11 de octubre del Día de la Niña, con el fin de llamar la atención sobre la situación y poner en relieve el potencial que niñas y adolescentes tienen de cara a su futuro y el de sus comunidades.
En el mundo hay 1.100 millones de niñas y «cada una de ellas merece igualdad de oportunidades para un futuro mejor» puesto que «son una fuente de poder, energía y creatividad» y «pueden impulsar el cambio y ayudar a construir un futuro mejor para todas y todos», sostiene ONU Mujeres. Sin embargo, «la mayoría de las niñas se encuentra diariamente en una situación de desventaja y de discriminación, y las que viven en entornos de crisis sufren aún más».
Según destaca la ONG Plan International, hay 62 millones de niñas en edad escolar que no van a clase y la mayoría de los 600 millones de jóvenes de entre 15 y 24 años que no están escolarizados, no tienen formación o empleo son mujeres.
Este hecho se traduce en que sean mujeres el 60 por ciento de los 572 millones de trabajadores por debajo del umbral de la pobreza del mundo, y el que mujeres y niñas tengan que realizar trabajos más sin seguridad y con escasa o nula remuneración.
En contextos de desastres naturales, crisis humanitarias o conflictos, las niñas tienen 2,5 veces más posibilidades que los niños de no ir a la escuela, de ahí el que el lema elegido por la ONU para este año sea «EmPODERar a las niñas: antes, durante y después de las crisis».
Además, se calcula que tres cuartas partes de quienes tienen que abandonar sus hogares por el conflicto y las crisis, tanto dentro como fuera de sus países, son mujeres y niños. Las mujeres y las niñas desplazadas son más vulnerables y se enfrentan a mayores riesgos de sufrir violencia sexual y de género, según ONU Mujeres.
Según denuncia Plan International, el 50 por ciento de las agresiones sexuales mundiales las sufren niñas menores de 16 años. Por otra parte, se calcula que 150 millones de niñas han sufrido una violación o alguna otra forma de violencia sexual, es decir, una de cada diez.
MATRIMONIO INFANTIL
Otro de los grandes problemas a los que se enfrentan las adolescentes es el matrimonio infantil. Alrededor de 15 millones de niñas son forzadas a contraer matrimonio o permanecer en una unión, lo que supone, de acuerdo con Plan International que 41.000 niñas se ven obligadas a casarse cada día.
En los países en desarrollo, más del 30 por ciento de las niñas están casadas antes de los 18 años, uno de los motivos por los que las complicaciones en el embarazo y el parto son la causa principal de muerte de las niñas menores de 19 años.
Durante 2017, varios países, entre ellos Guatemala y Malaui, han adoptado leyes para prohibir el matrimonio infantil. En ambos casos, Plan International ha desempeñado un papel clave, movilizando a niñas y jóvenes contra de esta práctica. Sin embargo, según destaca la ONG, «al ritmo actual, no acabaremos con el matrimonio infantil hasta dentro de 80 años y nunca conseguiremos la igualdad real».
Y ello pese a que en los últimos años ha surgido «una generación de niñas y jóvenes mujeres líderes capaces de detener matrimonios infantiles, cambiar leyes que vulneran sus derechos, convencer a sus comunidades de poner fin a la práctica de la mutilación genital femenina o hablar en parlamentos y foros internacionales como la Asamblea General de Naciones Unidas, actuando como portavoces de los derechos de millones de niñas», lamenta Plan.
Desde Girls Not Brides, una alianza de organizaciones a nivel mundial contra el matrimonio infantil, inciden en que acabar con este problema es fundamental para lograr el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).
Según su director ejecutivo, Lakshmi Sundaram, ocho de los 17 objetivos no se cumplirán, entre ellos los relativos a la pobreza, la salud, la educación, la nutrición, la seguridad alimentaria, la desigualdad y el crecimiento económico, a menos que se ponga fin al matrimonio infantil.
«El matrimonio infantil no solo es una grave violación de los Derechos Humanos, sino que también nos impide alcanzar otros muchos objetivos de desarrollo», incide Sundaram, subrayando que no se pueden hacer progresos en materia de educación, salud o igualdad «cuando tantas niñas son casadas, mantenidas fuera de la escuela, tienen hijos antes de estar preparadas y son expuestas a la violencia y la explotación».
EDUCACIÓN
La respuesta, según sostiene la directora ejecutiva de la UNESCO, Irina Bokova, es la educación «como factor de transformación social, económica y política de la vida de las niñas y adolescentes». Desde 2011 está en marcha una alianza mundial para la educación de niñas y mujeres «cuyo objetivo es educar a las adolescentes como elemento catalizador para romper los ciclos de pobreza y promover una mayor justicia social», explica en su mensaje por el Día de la Niña.
«Ninguna sociedad florecerá ni los acuerdos de paz serán duraderos si no se empodera a las niñas en la consolidación de la paz y la reconstrucción», previene Bokova, sosteniendo que «ha llegado el momento de situar este imperativo en el centro de toda nuestra labor destinada a hacer frente a la fragilidad, los conflictos y la violencia».
Desde Entreculturas coinciden en que la educación es un derecho de las mujeres que «las empodera para afrontar las distintas discriminaciones a las que se enfrentan» mientras que su vulneración significa más probabilidades de que tampoco se respeten otros derechos, como sucede «en el caso del matrimonio infantil o del acceso a la salud y al empleo».
«La educación de las niñas supone transformar sus vidas e impulsar el desarrollo de las sociedades en las que viven, permitiéndoles salir de la pobreza, reducir la mortalidad infantil y favorecer el crecimiento económico», añade esta organización.
También ONU Mujeres insta a «invertir en la capacitación de habilidades y la formación para niñas, así como en actividades para que las mujeres jóvenes aprendan a ganarse la vida», incluidas aquellas que están en contextos de crisis. «Lejos de ser simplemente receptoras pasivas de la asistencia, estas niñas son líderes que utilizarán las habilidades que desarrollen hoy para reconstruir sus comunidades y crear un mejor futuro para todas y todos nosotros», remacha.
Más del 66% de los niños que no van al colegio viven en países ricos en recursos naturales, con una abrumadora riqueza y, sin embargo, las cifras son alarmantes: el conflicto ha devastado 30.000 escuelas públicas en Kenia; 500 en El Congo…
En el mundo hay 264 millones de niños que no van al colegio, dos tercios de ellos, aproximadamente 175 millones, viven en países ricos en recursos naturales, según informa la ONG Entreculturas antes de lanzar una campaña que lleva por membrete «Escuelas en peligro de extinción». Con motivo de la vuelta al cole, la ONG jesuita advierte de la fuerte presión que existe sobre los recursos minerales, fósiles, pesqueros, forestales y agrícolas y la lucha por su control, que generan, además de degradación ambiental, tensión, conflictos y violencia. «Donde impera la violencia, hay escasez de escuelas, de docentes, desigualdad de género y un empobrecimiento de la población que hace que el derecho a la educación se vea vulnerado, lo que nos hace pensar que efectivamente, hay escuelas en peligro de extinción», dicen en la organización no gubernamental.
Según los responsables de la entidad, el objetivo de la iniciativa es «analizar las relaciones entre el derecho a la educación y la explotación de los recursos naturales; una relación que no suele plantearse de manera directa, ni ser objeto de un estudio específico», afirmó el director de Entreculturas, Daniel Villanueva.
La campaña va acompañada del informe «Educación en tierra de conflicto. Claves para la paz y el desarrollo sostenible», ya que según explicó la responsable en Estudios e Incidencia de Entrecultura, Valeria Méndez de Vigo, «diez de los países con indicadores educativos más bajos son ricos en recursos naturales y ocho de ellos están siendo o han sido asolados por conflictos». En esos 8 de los 15 países más violentos del mundo los recursos naturales han desempeñado un papel clave en el conflicto. Según los datos facilitados por la ONG, de los 40 conflictos que entre 1999 y 2013 han conllevado ataques directos a la educación (destrucción de escuelas, asesinatos, agresiones o amenazas a estudiantes y a docentes), más de la mitad estaban vinculados con los recursos naturales. Los acaparamientos de tierra para proyectos extractivos, agrarios, madereros o hidroeléctricos, también amenazan la educación. En Kenia, por ejemplo, 30.000 escuelas públicas están en riesgo de desaparecer por esta causa.
En la República Democrática del Congo, por poner otro caso, desde 2013 el conflicto ha vapuleado al menos 500 escuelas y afectado a más de 200.000 niños, niñas y adolescentes. Hay que encuadrar esos datos en un contexto de «abrumadora riqueza natural y de recursos minerales», donde la mayoría de la población vive en situación de «extrema pobreza, inseguridad y conflicto armado latente», explicó, por su parte, la directora de Proyectos del Servicio Jesuita de refugiados en Grandes Lagos, Elisa Orbañanos.
«Sin duda, las mujeres son el colectivo más vulnerable. Ellas han visto sus cuerpos convertidos en campos de batalla a través de la utilización de la violación como arma de guerra. Reconocemos su sufrimiento pero también sus luchas y por eso vamos más allá de la ayuda de emergencia puntual buscando vías para el desarrollo integral y la autonomía de estas mujeres», indicó.
Vías como a las que se dedica Hombeline Bahati, coordinadora de las actividades de medios de vida del Servicio Jesuita a Refugiados en Masisi, Congo. «Nuestros proyectos ponen a la persona en el centro para atajar desde ahí las dificultades sociales y económicas. Por eso apoyamos la escolarización de las niñas desplazadas por la guerra, garantizamos su permanencia en la escuela secundaria, acompañamos a las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad de los campos en el aspecto psicosocial y ofrecemos formaciones profesionales que les permitan lanzar actividades económicas rentables, sostenibles y duraderas», añade.
La educación es esencial para la adecuada gestión de los recursos naturales, la preservación del medio ambiente, la construcción de la paz y el cumplimiento de los demás derechos humanos, asevera con rotundidad la ONG Entreculturas y sus responsables.
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