Por: El Faro/Jimmy Alvarado/08-12-2017
Con un sistema educativo con enfermedades crónicas, el Estado perpetúa un estancamiento en la inversión en educación con un presupuesto que para 2018 baja al 3.2 % como porcentaje del PIB, un retroceso respecto a 2014, cuando Sánchez Cerén asumió la presidencia. El programa Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno es de los primeros afectados tras un recorte de $11 millones.
En la recta final de su mandato, el presidente Salvador Sánchez Cerén tampoco cumplirá una de sus principales promesas de campaña: la de llevar el presupuesto de Educación hasta los 6 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Este 2018, el Ministerio de Educación dispondrá de menos recursos que en 2017, y el porcentaje de la inversión respecto al PIB incluso será menor que el registrado en 2014, año en el que Sánchez Cerén asumió como el segundo presidente de izquierdas en El Salvador.
El presupuesto de Educación ha pasado de 944 millones de dólares (2017) a 932 millones de dólares en 2018. En cifras relativas, el presupuesto para 2018 significa un recorte del 0.2% del PIB, pero en cifras absolutas habla de 11.7 millones de dólares menos para atender las necesidades de un sistema educativo en ruinas y que padece enfermedades crónicas en calidad de la educación, infraestructura, acceso y deserción.
El presupuesto de Educación para 2018 como porcentaje de inversión respecto al PIB será el más bajo de la adminsitración de Sánchez Cerén para su cuarto año de gobierno. Este dato no solo explica el incumplimiento de una promesa electoral, sino que redimensiona la importancia que el Estado en su conjunto le da a la educación. En Centroamérica, El Salvador ha mantenido su presupuesto en educación arriba de los tres puntos desde 2009 ( cuando alcanzó su máximo puntaje), pero el estancamiento en la inversión ha sido de tal magnitud que intentar alcanzar los índices que registra el Banco Mundial para países como Honduras (un presupuesto arriba del 5 % como porcentaje del PIB) o Costa Rica (arriba del 7 % como pocentaje del PIB) nunca dejó de ser una utopía.
En septiembre de 2013, cuando era candidato, el ahora mandatario se dirigió a una multitud concentrada en la decimotercera convención del FMLN para presentar su programa de gobierno «Salvador Adelante». Ahí prometió que, de ser electo presidente, priorizaría la educación. Sánchez Cerén prometía la utopía: «Será permanente el esfuerzo por ampliar la inversión en la educación hasta alcanzar los 6 puntos del PIB», dijo.
A poco más de un año de que acabe su periodo presidencial, los pasos hacia adelante que prometió dar no sucedieron ni en 2015, cuando destinó el 3.5 % del PIB en educación, mientras que la promesa exigía llegar a los 3.9 puntos del PIB (1 mil 34 millones de dólares). En 2016 , el porcentaje se mantuvo en 3.5 puntos, cuando la proyección exigía llegar hasta los 4.4 puntos del PIB (1 mil 179 millones en inversión). En 2017 empezó el retroceso, con 3.4 puntos del PIB, cuando la apuesta debió llegar a los 5 puntos (1 mil 396 millones en inversión.
Para 2018 el gobierno incluso da otro paso en reversa. El presidente recibió el 1 de junio de 2014 un presupuesto de Educación que equivalía a 3.4 puntos del PIB. Para su su último año de corrido como presidente, entrega un presupuesto de Educación que equivale al 3.2 %, cuando la promesa le exige 5.4 puntos del PIB para educación (1 mil 585 millones en inversión).
Al gobierno de Sánchez Cerén todavía le queda gestionar el presupuesto de 2019. Para llegar a los 6 puntos del PIB para el presupuesto de ese año, deberá gestionar 1 mil 831 millones ante la Asamblea Legislativa.
El 1° de diciembre de 2017, el Consejo Nacional de Educación emitió un comunicado en el que exigió al Estado un presupuesto en educación de 7 puntos del PIB. Según el Consejo, para ejecutar el Plan El Salvador Educado (PESE), el Estado debe invertir 1, 257 millones de dólares anuales durante una década.
Aunque el recorte en el presupuesto es una realidad en número brutos (11.7 millones de dólares menos), y retrocede como proporción del PIB (de 3.4 % en 2017 a 3.2 % en 2018) el Ministerio de Educación hace un matiz. La cartera ha planteado que 928.6 millones de los 932.61 propuestos serán financiados con fondos propios, «lo que representa un incremento en relación al año 2017» .
El presupuesto para 2017 fue de 944 millones de dólares, de los cuales $26 millones provenían de un préstamo del Banco Mundial para financiar al programa Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), otra de las apuestas de esta administración, y que también fue una promesa de campaña de Sánchez Cerén. En términos prácticos, el EITP se queda sin fondos para 2018.
Sánchez Cerén, un profesor de parvularia que formó parte de la dirigencia histórica de uno de los magisterios de profesores -ANDES 1 de Junio-, fue vicepresidente de la República y fue ministro de educación durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes (2009 a 2014). Tras ganar la elección presidencial en 2014, designó el 1 de junio de 2014 a Carlos Canjura como su ministro de Educación.
Tres meses después, el 1 de septiembre de 2014, Canjura dijo a El Faro que esperaba para el 2015 el compromiso del gobierno de hacer llegar en 2015 a 4 puntos del PIB el presupuesto de educación. » Si fuera posible, ya estaríamos dando pasos «, dijo.
El 11 de noviembre de 2015, Canjura dijo que no había que desesperarse que la meta de duplicar el presupuesto iba a cumplirse al finalizar el quinquenio de Sánchez Cerén. «La promesa va a cumplirse al finalizar el periodo» , dijo.
Dos años después, Canjura habló del mismo tema con resignación. Dijo que su plan implicaba que debía invertirse como mínimo más de 1 mil 250 millones de dólares al año en educación durante una década, pero estaba consciente de que alcanzar esa meta era imposible.
«Es un monto que estamos conscientes de que no está en la posibilidad de cubrirse, pero creemos que poco a poco debemos irnos acercando a elevar los niveles de inversión en educación», le dijo el ministro a los diputados de la Comisión de Hacienda a principios de noviembre, cuando explicó el proyecto de presupuesto para 2018.
Freno a las escuelas inclusivas
En la formulación del presupuesto de 2018, mientras unos proyectos pierden recursos, siete unidades presupuestarias registran incrementos que en total ascienden a 20.54 millones de dólares. Educación básica -por ejemplo- recibirá 11.52 millones de dólares extras, y pasará de los 476.8 millones de dólares que recibió en 2017 a los 488 millones de dólares en 2018.
El proyecto Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno (EITP), en cambio, apunta hacia la desaparición. El programa forma parte de la unidad presupuestaria «Mejoramiento de la calidad de la educación». Para 2018, esta unidad presupuestaria es una de cinco unidades que van a sufrir recortes, los cuales en su conjunto ascienden a 32.28 millones de dólares.
En 2017, el programa EITP recibió 27.9 millones de dólares, pero en 2018 recibirá 3.8 millones de dólares. Es un recorte de 24.2 millones de dólares, según el proyecto de presupuesto.
El EITP, también convertido en promesa de campaña por Sánchez Cerén, en realidad fue un proyecto impulsado por el gobierno del expresidente Mauricio Funes con el apoyo del Banco Mundial. Fue aprobado el 13 de diciembre de 2011 y al proyecto fueron destinados 70 millones de dólares : 60 millones provendrían de fondos del Banco Mundial y 10.4 millones de dólares serían una contrapartida aportada por el gobierno.
Según el sitio oficial del Banco Mundial, el EITP fue diseñado con el propósito de implementarse en 29 municipios de 14 departamentos para incentivar que estudiantes de tercer ciclo y bachillerato continúen en la escuela. Durante su ejecución, ha aportado formación a docentes de tercer ciclo y bachillerato, la construcción y mejora de escuelas e inversiones para implementar que la jornada escolar sea de tiempo pleno. Este aporte incluye docentes y talleristas, materiales, suministros escolares y equipamiento, entre otras medidas.
En septiembre de 2013, cuando Sánchez Cerén era candidato a la presidencia y le habló a las bases de su partido, convirtió el EITP en una de sus promesas de campaña, un «interés de primer nivel» para incrementar la calidad del sistema educativo de manera acelerada. «El primer paso en este rumbo será implementar a nivel nacional la Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno», dijo.
El proyecto con el Banco Mundial finaliza el 31 de diciembre de este año, pero Canjura dijo a los diputados que lamentaba que un porcentaje del presupuesto del ramo de Educación debiera financiarse con préstamos cuando debía ser un compromiso del Estado asignar fondos propios para este ramo. Lo hizo como introducción para explicar que el programa «Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno» estaba por agotarse, que no habían más desembolsos y que no contaban con recursos propios suficientes para sustituir esa entrada de ingresos. La apuesta del Ministerio era llevarlo a todo el país.
El Banco Mundial confirmó a El Faro que el programa llega a su fin. «La finalización del proyecto significa el cumplimiento de los objetivos para el cual fue diseñado. Este proyecto del Banco Mundial ha levantado el interés de otras instituciones como Fomileno II que hoy en día también financian el modelo de EITP», dijo el representante del Banco Mundial, Fabrizio Zarcone. Un paliativo que queda ahora en la cancha del Gobierno.
El Faro intentó obtener una reacción del Ministerio de Educación, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.