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Venezuela: “Con el bono hallaquero no compré ni pabilo”, denuncian maestros a pocos días de Navidad

Los docentes venezolanos reportaron que el aguinaldo de diciembre de 2025 resultó insuficiente. Con la canasta básica familiar por encima de los $500, este ingreso no cubrió ni el 25% de las necesidades del hogar, lo que imposibilitó los gastos navideños tradicionales.

Caracas. Mientras que el pago de los aguinaldos para cualquier trabajador en el mundo es un alivio económico, para el docente venezolano implica un ejercicio de supervivencia, en una situación marcada por salarios anclados en bolívares, la moneda nacional, que pierde valor frente al dólar.

Tras el cierre del cronograma de bonificaciones de fin de año este 15 de diciembre, el balance gremial es unánime: el ingreso desapareció entre el mostrador de la carnicería y el pago del transporte público, dos de los gastos más inmediatos y difíciles de postergar, sin margen para cubrir necesidades básicas ni tradiciones navideñas.

De acuerdo con datos registrados por el sector educativo, para este fin de año, un docente promedio recibió por concepto de aguinaldo montos que oscilaron entre los Bs. 4680 y Bs. 5400, equivalentes a entre $17 y $20 a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela.

A esto se sumó el bono contra la guerra económica, equivalente a $120 o Bs. 32.400, una asignación extraordinaria que no forma parte del salario base.

Pese a que el ingreso total parece superior al de años anteriores, educadores consultados por Crónica Uno señalaron que, con la canasta alimentaria familiar por encima de los $500, el ingreso navideño no alcanzó ni para cubrir una cuarta parte de las necesidades básicas de un hogar; mucho menos para estrenos, regalos y cena familiar.

Aguinaldos chucutos por la inflación

La principal denuncia de los gremios universitarios y de educación básica se centra en el fraccionamiento del pago. A través de esta modalidad se divide el ingreso en partes, lo que reduce su impacto real.

Los aguinaldos se cancelaron en cuatro cuotas a partir de octubre y, según dirigentes sindicales, para cuando se depositó la última parte, el 15 de diciembre, el poder de compra de los primeros bolívares ya se había erosionado por el alza del dólar oficial, que pasó de Bs. 199 a finales de octubre a superar los Bs. 270 en diciembre, un reflejo directo de la inflación y la devaluación de la moneda.

En un intento por paliar el desplome del poder adquisitivo y la brecha cambiaria, el sector docente solicitó a finales de noviembre una bonificación navideña de $400. No obstante, denunciaron el silencio administrativo de las autoridades.

Según representantes gremiales, la única contestación llegó semanas después bajo la forma de un denominado “bono hallaquero” de Bs.12,50, un pago simbólico asociado a la tradición navideña venezolana de preparar hallacas.

Esta asignación, que representa unos $0,20 a la tasa oficial, fue recibida como una afrenta por el gremio. Fuentes aseguraron que el monto no alcanzó ni  para comprar el pabilo de las hallacas.

Lejos de constituir un alivio, el aporte profundizó el malestar del sector educativo, que manifestó su rechazo e indignación a través de las redes sociales.

El drama de la mesa vacía

Elena Moya, de 45 años, es docente especializada en educación especial y acumula dos décadas de servicio en la administración pública. Madre de dos adolescentes de 16 y 17 años, relata que este año no habrá olor a hallaca en su hogar porque sus ingresos no lo permiten, una ausencia que simboliza la imposibilidad de celebrar.

Tampoco pudo comprar los estrenos de sus hijos, ropa nueva que tradicionalmente se usa en Navidad.

Con sus aguinaldos y el bono de guerra apenas logró adquirir un kilo de pollo picado, dos kilos de carne y algunos víveres, alimentos básicos de consumo cotidiano. También pudo saldar cuentas de servicios que se acumulan mes a mes.

Quedaron fuera de su alcance renovar el guardarropa, pintar su casa y comprar el tratamiento para su glaucoma, una enfermedad ocular crónica que puede causar ceguera.

Calcula que los que compró apenas le alcanza para comer unos cinco días de forma racionada. Se vio obligada a recurrir a la caridad de amigos y familiares en el exteriorpara obtener los medicamentos necesarios para evitar el avance de su enfermedad.

«Cuando vi la notificación del banco por el pago del bono hallaquero, pensé que era un error. Me senté a sacar la cuenta y noté que esos Bs.12,50 del hallacazo no me alcanzaban ni para comprar el pabilo. Es una burla que nos llamen ‘forjadores del futuro’ y nos depositen lo que cuesta un caramelo. Nos están empujando a renunciar o a morir de hambre»

Salto inflacionario

Un recorrido realizado por Crónica Uno constató en noviembre cómo la inflación y la devaluación diaria del bolívar deterioraron la capacidad de compra de los ciudadanos, especialmente de los trabajadores del sector público, al momento de adquirir los ingredientes para las hallacas y la cena navideña, platos centrales de la tradición venezolana.

Mientras que en noviembre de 2024 preparar 50 hallacas costaba Bs. 5302,80, o $120 al cambio oficial, para noviembre de este año el costo ascendió a $140 o Bs. 34.392,40, lo que representa un incremento de 548 %, una subida abrupta explicada por la inflación acumulada y el aumento del dólar oficial.

Ricardo*, profesor de bachillerato de 36 años, nivel educativo equivalente a la secundaria, relató que estas navidades hacer 25 hallacas le costó aproximadamente $62. Para cubrir los ingredientes buscó ingresos adicionales mediante clases particulares de inglés y castellano. Aun así estima que destinó 60 % de todo su ingreso de diciembre —incluidos los bonos— solo para garantizar el plato tradicional a su familia de tres integrantes.

Sin embargo, los estrenos quedaron fuera de su alcance; tampoco pudo viajar a Táchira para pasar las festividades con sus padres.

“Estos aguinaldos fueron un golpe duro porque se volvieron sal y agua ante los altos precios. Me siento humillado como profesional porque como gremio pedimos una bonificación para pasar una navidades decentes y por respuesta obtuvimos una migaja de Bs.12 con el bono hallaquero”.

A juicio del gremio de educadores, la crisis salarial profundiza el déficit de profesionales. Según datos de la Federación Venezolana de Maestros, el país cerró el 2025 con una falta de más de 200.000 docentes en el sistema público.

Éxodo y suspensión de nóminas

Para Carlis*, maestra de educación preescolar desde hace seis años, recibir $20 de aguinaldo y Bs.12 para hacer la hallacas. Para la docente, después de un año de trabajo, el monto representa una burla a su esfuerzo.

“Tengo tres trabajos para poder sobrevivir. Hago uñas y vendo ropa en línea los fines de semana porque mi labor como maestra no me sustenta. Los pagos que recibo en la cuenta me hacen sentir burlada y he pensado en abandonar mi ejercicio profesional, pero amo mi trabajo. Si no hay maestros ¿quién forma al futuro del país?”.

A la precariedad salarial se suma una denuncia alarmante de la Federación Venezolana de Maestros: la suspensión arbitraria de nóminas.

Carmen Teresa Márquez, presidenta del gremio, alertó que miles de docentes quedaron excluidos de los pagos de fin de año sin procedimientos administrativos previos, lo que dejó a familias enteras en total desamparo a pocos días de la Nochebuena, una de las fechas más importantes del calendario familiar venezolano.

El año 2025 concluye con una educación pública sostenida por la resiliencia de profesionales que, lejos de planificar vacaciones, terminan el año calculando cuántos kilos de harina o carne pueden adquirir con unos aguinaldos que resultaron insuficientes incluso para cubrir lo más básico. Esta postal resume la crisis salarial del sector educativo en Venezuela.

(*) La información de esta nota incluye aportes de fuentes que solicitaron anonimato por motivos de seguridad. Crónica Uno garantiza la protección de su identidad.

“Con el bono hallaquero no compré ni pabilo”, denuncian maestros a pocos días de Navidad

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Chile: La Universidad de Antofagasta planea despidos y cierre de carreras por déficit financiero

El plan de trabajo propuesto en el Consejo Universitario abarca desde despidos a docentes y no docentes, hasta el cierre de carreras. ¿Nos queda sólo resignarnos y administrar la reestructuración o hay otro camino?

Por: Akemi Matsubara

En el último pleno universitario del día 18 de diciembre de 2025, se presentó un borrador de propuesta de trabajo para el desarrollo del plan de reestructuración. Los argumentos esgrimidos son que la universidad está a dos meses de la quiebra y es insostenible. Es decir, no es “rentable”.

La Superintendencia de Educación (SES) ya había sugerido estos meses 5 medidas que la Universidad no tomó, las cuales se concentraban en aumentar la carga docente para no contratar docentes a honorarios, desfinanciar la investigación y cortar becas internas de la universidad. Una de las premisas que se señaló es que, o aceptamos este plan de reestructuración o la SES iba a intervenir y decidir.

Sin embargo, este plan de reestructuración de la Universidad no sólo aborda todas las medidas propuestas por la SES sino que va más allá. Mediante una “comisión de reestructuración” busca hacer revisión de la planta docente y no docente para despedir a académicos y funcionarios; plantea explícitamente la decisión de cerrar carreras, congelar incentivos para el desarrollo de investigación y publicaciones, ver la viabilidad de Centros e Institutos de la Universidad, entre otros.

Es decir, un ataque en toda regla a la única Universidad estatal de la Región de Antofagasta. El déficit, producto del abandono del Estado y de la lógica del autofinanciamiento de las universidades, lo pagaremos la comunidad educativa. Estas medidas no buscan fortalecer la educación pública, sino desmantelarla completamente, abriendo paso a los privados para extender aún más su negocio frente a la precariedad de las universidades estatales.

Todo lo que quieren recortar, son cosas indispensables para el desarrollo de una universidad pública. Nuestros docentes ya cuentan con una alta carga laboral, faltan profesores que tomen prácticas (como lo vimos con obstetricia hace un par de años, que no podían hacer prácticas porque no les pagaban a sus docentes), hay carreras que están profundamente precarizadas como música y artes escénicas, que son necesarias para el desarrollo humano en torno a las artes, sobretodo en una ciudad como Antofagasta donde la producción está primero. A la par, los funcionarios no docentes, sobre todo quienes son del área de aseo, son los más precarizados. Quieren hacer un muerto en vida de la Universidad de Antofagasta, transformándola en una máquina de producción de profesionales lo más rentable posible, lejos de una concepción de universidad destinada a crear conocimientos que resuelvan las necesidades de la población.

¿Por qué digo que quieren abrir paso a los privados desmantelando la universidad estatal? Porque muchos escuchamos a jóvenes que, buscando una buena educación, prefieren estudiar en universidades privadas donde aceptan beneficios estatales -como gratuidad y otros- porque ven que la UA está completamente precarizada. Que faltan laboratorios, docentes, salas, equipos, etc. Que la infraestructura es un desastre y más. ¿Quién querría estudiar en esas condiciones? La Universidad hoy la sostienen los académicos y funcionarios que con mucho esfuerzo hacen lo que pueden, a pesar de que la institución constantemente les retrasa los pagos, los precariza con honorarios, etc.
De esta forma, los estudiantes con beneficios estatales se van a las instituciones privadas, buscando algo “mejor”, y las privadas se llenan los bolsillos al recibir todo el financiamiento estatal.

En el pleno estudiantil, se discutió cómo los estudiantes podríamos “incidir” en el plan de reestructuración exigiendo la participación en la “comisión de reestructuración”, para resguardar la continuidad académica de quienes ya están estudiando (es decir, aceptar el cierre de carreras a través de que no entren más estudiantes pero que quienes sigan puedan terminar) , los criterios para cerrar y/o fusionar carreras y que se ajuste en asignaciones y gastos a nivel central antes de afectar a los estudiantes. Es decir, aceptar el plan de reestructuración pero con reparos.

La crisis no es técnica: es política y tiene responsables

La Universidad de Antofagasta este 2025 recibió de Aporte Fiscal Directo (que es la más importante fuente de financiamiento de las instituciones) un monto de $4.831.834 millones, mientras que la privada tradicional Universidad Católica del Norte recibió $10.433.562 millones de pesos. Esto no es una excepción local, sino un patrón nacional, consolidado también bajo el actual gobierno. La mayor parte del Aporte Fiscal Directo y de la matrícula con gratuidad termina en instituciones privadas, profundizando un modelo heredado que el gobierno de Boric no sólo mantuvo, sino que administró sin cuestionar. La gratuidad, pactada en su origen con Michelle Bachelet y defendida por quienes hoy gobiernan, se transformó en un verdadero negocio educativo para los privados, mientras las universidades estatales continúan precarizadas y endeudadas.

Ahora bien, la propia Universidad ha informado que enfrenta un déficit operativo proyectado cercano a los $9.000 millones, no una quiebra inminente ni una deuda consolidada imposible de manejar. Este déficit debe analizarse en el contexto de un presupuesto anual superior a los $70.000 millones (como se señala en el presupuesto 2025).

El presupuesto permite identificar con claridad prioridades presupuestarias que no están siendo discutidas. Solo en remuneraciones de la alta dirección (Rectoría, Vicerrectorías, Contraloría y direcciones centrales) la Universidad destina aproximadamente $2.831 millones anuales, una cifra superior al pago anual efectivo del servicio de la deuda, que asciende a $2.813 millones. Es decir, la Universidad gasta más en sueldos de la cúpula de alta dirección que en cumplir sus compromisos financieros del año, siendo este sector una minoría dentro de la Universidad.

Como “gesto” el Rector de la Universidad dejó de percibir aprox. 9,5 millones a este mes cobrar 8,5. La reducción salarial del rector opera como un simbolismo de austeridad, pero no como una política redistributiva ni estructural. No modifica las relaciones salariales internas ni el diseño del ajuste propuesto. Es un gesto comunicacional, que busca legitimar decisiones regresivas aplicadas a otros estamentos de la comunidad universitaria, la gran mayoría bordeando el millón de pesos de salario.

A partir de los propios registros de Transparencia Activa, es posible realizar un ejercicio simple y revelador: una reducción uniforme del 31% en las remuneraciones de la alta dirección, sin eliminar cargos ni despedir a nadie (Y todos, además, seguirían ganando sobre los 3 millones), permitiría generar un ahorro anual cercano a los $878 millones. Este monto equivale a aproximadamente un 31% del servicio anual efectivo de la deuda y a cerca de un 10% del déficit operativo proyectado. No se trata de una “solución mágica”, pero sí de una demostración clara de que existen márgenes internos de ajuste antes de recurrir a despidos, cierres de carreras o recortes a la investigación.

Estos datos desmienten el relato de que “no hay alternativa” al ajuste regresivo que hoy se intenta imponer. La reestructuración no es un destino inevitable dictado por las cifras, sino una decisión política sobre quién debe pagar el costo del déficit. Y, hasta ahora, esa decisión apunta de forma sistemática a los sectores más precarizados de la comunidad universitaria, mientras la estructura directiva permanece prácticamente intacta, pues sólo discutieron bajar ciertas asignaciones.

Por eso, aceptar participar en una comisión de reestructuración bajo estos términos no es incidir: es legitimar un proceso cuyo marco ya está definido en contra de la educación pública. Los estudiantes no podemos ser parte de un plan que preserva los privilegios y sueldos de gerentes de la alta dirección y sacrifica el carácter público de la universidad.

El debate no debe ser cómo administrar el desmantelamiento de la Universidad de Antofagasta, sino cómo defenderla, exigiendo que cualquier discusión parta por desconocer completamente las deudas que tiene la Universidad con los bancos, deudas que fueron creadas por el abandono del Estado; Que el Estado inyecte recursos de forma inmediata a la Universidad para infraestructura, proyectos educativos, contratación de docentes, etc.

De resistir el ajuste a disputar el sentido de la universidad

En el fondo, lo que hoy ocurre en la Universidad de Antofagasta no es una anomalía ni un error de gestión aislado. Es la expresión de un modelo de educación superior profundamente mercantilizado, que atraviesa tanto a las universidades privadas como a las estatales (como vimos con los despidos y cierre de jardín en la UCN). Un modelo que reproduce la desigualdad de clases, donde el acceso al conocimiento no es un derecho social garantizado, sino un privilegio condicionado por la capacidad de pago, el endeudamiento y la rentabilidad de las carreras.

Bajo esta lógica, incluso las universidades públicas dejan de responder a las necesidades sociales y pasan a organizarse en función de la rentabilidad. Se privilegian aquellas áreas que sirven directamente al gran capital (en el caso de Antofagasta, la industria minera y extractiva) mientras se precarizan o eliminan disciplinas críticas, artísticas, humanistas y científicas que no generan ganancias inmediatas, pero que son fundamentales para pensar un desarrollo del pensamiento crítico, humano, social y cultural. No es casualidad: es la expresión de un sistema que pone el conocimiento al servicio de una minoría económica, y no de las grandes mayorías sociales.

Primero se abandona a las instituciones estatales, luego se las empuja al endeudamiento y al autofinanciamiento, y finalmente se utiliza el déficit como chantaje para justificar despidos, cierres de carreras y recortes, mientras se desatiende los problemas estructurales que afectan a las grandes mayorías: la salud, la educación pública, la vivienda, el medioambiente, la cultura, la precarización laboral y la desigualdad territorial.

Nuestra tarea no es administrar el desmantelamiento ni negociar cómo se reparte el daño, sino organizar una respuesta colectiva que cuestione de raíz este modelo. Lo que está en juego es qué universidad necesitamos y para quién. Una universidad al servicio de las grandes mayorías, orientada a producir conocimiento crítico, científico y humanista para resolver los problemas sociales reales, una universidad donde todas y todos podamos estudiar, sin restricciones.

Desde esta perspectiva, resistir el plan de reestructuración no es solo una defensa frente a los ataques actuales, sino una oportunidad para pensar colectivamente una universidad distinta, democrática, con financiamiento basal 100% pagado por el Estado, gratuita, al servicio de la población y no del mercado. Una universidad donde el conocimiento no esté subordinado a la rentabilidad, donde estudiar no sea un privilegio de clase y donde la educación pública deje de ser un negocio. Y sobretodo, porque el próximo Gobierno de Kast prepara un ajuste fiscal de 6.000 millones, que seguramente afectará en derechos sociales como educación, salud, pensiones, etc. Organizarse para resistir los ataques es una tarea de primer orden, por lo que se hace urgente levantar una campaña contra la reestructuración, por ningún despido a docentes y funcionarios; contra el cierre de carreras, por el desconocimiento de la deuda y por una inyección de recursos urgente a la Universidad por parte del Estado.

https://www.laizquierdadiario.cl/La-Universidad-de-Antofagasta-planea-despidos-y-cierre-de-carreras-por-deficit-financiero

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Argentina: Presupuesto 2026 golpea duro a los fondos de educación

La alerta la difundió el Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) que advierte de un recorte histórico en las asignaciones al Fondo Nacional de Educación Técnico Profesional (FoNETP) del 93 por ciento en términos reales respecto a lo ejecutado en 2023, ya que el gobierno de Javier Milei funcionó sin presupuesto en 2024 y 2025.

De acuerdo con lo proyectado aunque el FoNETP sigue vigente por ley, el Poder Ejecutivo solo ejecutó el 10,8 por ciento de su presupuesto en 2025 y derogará apenas el 3,5 por ciento de lo que le corresponde el próximo año, señala CEPA.

Este centro de estudios económicos advierte que el artículo 30 del proyecto de presupuesto busca eliminar el Fondo de Escuelas Técnicas, así como la garantía del 6 por ciento del PIB para inversión en educación y la meta de 1 por ciento del PIB en fondos para ciencia y tecnología.

A su vez, advierte sobre un fuerte ajuste educativo general, pues la erogación para Función Educación y Cultura cae 47,3 por ciento real entre lo ejecutado en 2023 y lo proyectado para 2026.

Con este proyecto presupuestario las universidades públicas se verán en gran aprieto, ya que sus fondos sufren un recorte real de 33,8 por ciento frente a lo asignado en 2023.

El presidente Javier Milei insistió una vez más con derogar las leyes de financiamiento a la asistencia para personas discapacitadas y funcionamiento universitario, pero la oposición en la Cámara de Diputados eliminó el Capitulo XI que lo incluía.

No obstante, el proyecto presupuestario estipula menos apoyo a los alumnos, puesto que los programas de becas y transferencias estudiantiles acumulan un recorte real de 76,6 por ciento de lo derogado en 2023 y lo proyectado para 2026.

CEPA alerta que el presupuesto prácticamente desfinancia el fondo para ciencia y tecnología, ya que lo cercena en 48,8 por ciento respecto a 2023.

mem/mh

Argentina: Presupuesto 2026 golpea duro a los fondos de educación

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Balance 2025: estos son los avances del Gobierno del cambio para la educación superior pública en Colombia

Con un presupuesto histórico y la vinculación de casi 250 mil nuevos estudiantes, el Gobierno consolida su apuesta por ampliar el acceso a la educación superior pública como derecho, fortalecer la infraestructura universitaria y dignificar las condiciones laborales del sector educativo.

El Ministerio de Educación Nacional presentó este lunes los avances del Plan Estratégico de Educación Superior ante el Grupo de Designados de Presidente y Delegados del Ministro, revelando cifras que marcan un giro significativo en la política de educación superior del país. La inversión para 2025 asciende a $10,3 billones, incluyendo $1,2 billones destinados a la política de gratuidad a la base. Adicionalmente, la incorporación de 245.821 nuevos estudiantes representa uno de los esfuerzos más ambiciosos de las últimas décadas para democratizar el acceso a la universidad pública.

El presupuesto para el sector se distribuye entre recursos recurrentes y más de 1,4 billones de pesos en recursos adicionales, de los cuales 778.000 millones se orientan al fortalecimiento de la base presupuestal y a la ampliación de cobertura. Durante los últimos tres años, el Gobierno ha destinado más de 1,8 billones de pesos a infraestructura educativa.

«El programa de gobierno nos indica ampliar la garantía del derecho en todo el país y el objetivo principal es que todos los niños, niñas y jóvenes de Colombia tengan la garantía del derecho a la educación. Debemos pensar, sobre todo, en los jóvenes que están por fuera del sistema», aseguró el ministro Daniel Rojas Medellín en el espacio.

Cobertura sin precedentes

A través de los Planes Integrales de Cobertura se logró una expansión del derecho educativo que alcanzó los 32 departamentos de país; además, las estrategias de regionalización de la educación superior del Gobierno del Cambio ha priorizado municipios con baja cobertura en la tasa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior mediante el programa de tránsito inmediato a la educación superior PTIES.

Infraestructura y bienestar estudiantil

El Ministerio avanza con 123 intervenciones de infraestructura en educación superior en 25 departamentos, respaldadas por 6,7 billones de pesos de inversión declarada de importancia estratégica que permitirán que se garanticen las obras con vigencias futuras hasta el año 2038. Actualmente, 27 proyectos están en formulación y 39 en ejecución, incluyendo 62 de infraestructura convencional y 32 de ambientes modulares. Para el bienestar estudiantil se destinaron 63.517 millones de pesos en 2025, de los cuales ya se giraron 49.237 millones a las universidades para programas de bienestar físico, emocional, social y académico, con enfoque inclusivo e intercultural.

Gratuidad y tránsito inmediato

La política de gratuidad «Puedo Estudiar» está presente en los 32 departamentos y 1.122 municipios a través de las 67 instituciones de educación superior públicas del país. El 78,6% de beneficiarios proviene de población vulnerable, incluyendo víctimas del conflicto, población étnica y comunidades rurales.
Además, el Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior (PTIES) facilitó el ingreso directo de 4.108 jóvenes a través de convenios por 21.947 millones de pesos en 28 municipios de 17 departamentos. La meta es llegar a 27 mil jóvenes de las regiones más apartadas en los próximos cinco años.

Educación Superior en tu Colegio

La estrategia busca ofrecer formación superior en articulación con las instituciones educativas o colegios, articulada desde los grados 10º y 11º o dirigida a bachilleres recientes de territorios focalizados. Su objetivo es facilitar un tránsito inmediato a la educación superior, complementando las trayectorias educativas completas y garantizando el derecho fundamental a la educación sin que los beneficiarios deban abandonar sus regiones. Esto fomenta el arraigo territorial e impulsa proyectos de vida vinculados al desarrollo social, comunitario y productivo local, comprometiendo a las Instituciones de Educación Superior con procesos de nivelación, fortalecimiento socioemocional y orientación socio-ocupacional.

La iniciativa permite a los estudiantes obtener un título técnico profesional mientras cursan la educación media, homologar créditos para adelantar asignaturas de programas superiores y articularse con la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), reconociendo aprendizajes previos. Esta estrategia se despliega en municipios priorizados como zonas rurales, PDET, ZOMAC e intermedios, aprovechando la agilización del sistema de aseguramiento de la calidad para aprobar nuevos programas y ampliar su desarrollo en estos territorios. Como respuesta, las Instituciones de Educación Superior han fortalecido sus equipos y conformado áreas especializadas para la regionalización de su oferta académica y misional.

El impacto territorial de la estrategia ha crecido de manera progresiva y decisiva. Mientras en 2023 se benefició a 8.221 estudiantes en 209 colegios con 59 programas, para 2024 la cobertura ascendió a 19.772 beneficiarios en 371 colegios con 134 programas. En 2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y en el marco de los Planes Integrales de Cobertura (PIC) y la política de gratuidad, la implementación se ha ampliado sustancialmente. Actualmente, más de 650 colegios en más de 250 municipios ofrecen 343 programas, beneficiando a un acumulado de 48.962 estudiantes (con 20.969 nuevos en 2025) gracias al trabajo articulado de 56 instituciones públicas. La oferta para 2025 hace énfasis en desarrollo rural integral, artes y cultura, educación, transformación y paz, tecnologías convergentes, y ambiente y desarrollo sostenible.


Acuerdos laborales históricos
En abril de 2025 se expidió el Decreto 391 de Formalización Laboral, complementando el marco normativo del sector. El Pliego Unificado radicado el 14 de abril derivó en 25 acuerdos alcanzados entre abril y julio con organizaciones sindicales, incluyendo comisiones de formalización laboral, carrera administrativa, análisis salarial, garantías a la protesta, subsidio habitacional y reformas al sistema educativo.

Más plata para la U pública
El fortalecimiento de la base presupuestal para IES públicas crece sostenidamente. En 2025 alcanzó un 11,0%, frente al 7,0% de 2023, y se proyecta un 13,0% para 2026. Asimismo, los Planes de Fomento a la Calidad han financiado 2.231 proyectos en 63 instituciones de educación superior, con ejecuciones superiores al 93%.

Con estas cifras, el Ministerio de Educación Nacional evidencia que la educación superior pública atraviesa una transformación estructural sin precedentes. La combinación de inversión récord, ampliación de cobertura territorial, modernización de infraestructura y conquistas laborales configura un nuevo modelo educativo que prioriza la equidad, la calidad y la inclusión para garantizar el derecho a la educación en todo el territorio Nacional.

https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Comunicados/426818:Balance-2025-estos-son-los-avances-del-Gobierno-del-cambio-para-la-educacion-superior-publica-en-Colombia

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La profesora Sonia Díez llama a la sociedad civil a «salvar» la educación en su nuevo libro

Salvador Ruiz
La profesora y empresaria Sonia Díez, reconocida como una de las 25 personas más influyentes de España en la educación y en el ‘Top 100 mujeres líderes’, llama a la sociedad civil a «salvar» la educación, sector al que considera en situación de emergencia, en su nuevo libro.

El fin de la educación tal y como la conocemos es el contundente título de ese libro, que ya en la portada se presenta como ‘Manifiesto por la educAcción que nuestros hijos merecen’ y cuya autora ocupa cargos en diversas entidades y está implicada en numerosos proyectos de variada índole.

Defiende que se está «ante un escenario de reconversión» educativa, «igual que en otro momento lo fue la siderurgia o la banca», ante lo que considera, en una entrevista con EFE, que hay que establecer prioridades porque el mundo «no se parece en nada» al que había cuando se diseñó la educación.

Sostiene que hay una emergencia educativa y alude al primer Barómetro EducAcción, elaborado por Metroscopia con la Cátedra EducAcción de la Universidad Autónoma de Madrid y apoyado por la Fundación Unicaja, que revela un consenso muy elevado en los asuntos que preocupan a los españoles.

Un cambio educativo urgente

Se ha referido al manifiesto EducAcción, coincidente con sus ideas sobre la educación y que recoge la voluntad que refleja el barómetro de que el 90 % de la población española, independientemente de la comunidad autónoma donde se resida y del colegio al que envíen a los hijos -público, privado o concertado-, piensa que «la educación necesita un cambio urgente y profundo».

Propone firmar ese manifiesto, impulsado por el movimiento ciudadano o ‘ecosistema de cambio educativo’ EducaAcción y la Fundación Cultura de Paz, que fundó Federico Mayor Zaragoza, quien defendía -según recuerda- que «el momento de la acción era ahora».

Díez, que fue directora de varios centros de enseñanza, ha explicado que se requiere «que la ciudadanía se ponga en pie de acción, no en plan beligerante, no desde un punto de vista partidista y politizado; sino de propuesta, acción y coparticipación en ese cambio para buscar soluciones conjuntas«. Ve «muy difícil» un pacto de Estado de educación con el actual «ambiente político y social polarizado».

Ocho leyes educativas en la democracia

«Hemos tenido ocho leyes educativas en lo que llevamos de democracia, cada cuatro años ha cambiado la ley, más o menos esa es la media. Un partido llega al poder, genera una ley y el partido contrario se opone y lucha en contra», ha indicado.

«Hemos aprendido que eso no funciona. El cambio educativo que implica a nuestros niños, profesores y sociedades es mucho más urgente que este juego bastardo de a ver quién le dobla el bíceps al contrario», ha añadido.

«Activamos la potencialidad de la sociedad civil para poner énfasis en las cosas que se pueden cambiar», ha precisado.

A partir del próximo año iniciarán proyectos piloto para evidenciar prácticas que pueden ayudar a tomar mejores decisiones y pedir al poder legislativo que actúe.

«Nuestros niños y jóvenes están perdiendo la motivación, perdiendo la sensación de anclaje a sus comunidades y participan cada vez menos en asuntos sociales. Queremos invitarles a formar parte y con esperanza de las soluciones, no solamente ser víctimas de nuestras decisiones como adultos», afirma.

Flexibilización y empoderamiento

Sonia Díez analizó la situación en varios países y comprobó en la educación «una flexibilización, no solamente de contenidos curriculares, sino de modelos organizativos».

«Más allá de las modificaciones incluidas como innovaciones en el aula, pedagógicas, metodológicas; surgen modelos de cambio mucho más radicales en la flexibilización, aprovechando lo que traen las inteligencias artificiales, pero también en la organización y estructura del sistema», ha manifestado.

Menciona modelos de promoción entre cursos académicos o la elección de áreas de interés del alumno para avanzar, independientemente de un currículum estandarizado; su ventaja es que «conecta de forma más natural con el interés de los alumnos y es un incentivo al empoderamiento de su toma de decisiones».

«Supone una reconversión del modelo, tanto la figura del profesor como el contenido académico o la acreditación de credenciales cambian radicalmente. Solo aquellos que no quieran mirar un poquito más allá de su ombligo podrán defender que la educación seguirá siendo como venía siendo», asevera.

«Está terminando un ciclo y empieza otro completamente nuevo, es normal porque también nuestro mundo está cambiando», ha asegurado.

Ante este panorama cree que «no hay recetas», pero sostiene que «todos» tienen que apoyar: «No puedes dejar abandonado un sector productivo porque sea víctima de una concatenación de cambios que no eran esperados».

La profesora Sonia Díez llama a la sociedad civil a «salvar» la educación en su nuevo libro

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Educación y naturaleza

Quiero dirigir unas palabras a los jóvenes, a esos que son el futuro de la humanidad.
Vivimos en una época en la que las pantallas se han convertido en la ventana principal al mundo, pero en esa pequeña ventana no entra el olor del bosque, ni el canto de los pájaros, ni el murmullo del agua al rozar las piedras de un río. En esas pantallas no hay raíces, ni tierra, ni vida real.

Muchos jóvenes han perdido el contacto con la naturaleza, y no por culpa suya, sino por un sistema educativo que ha olvidado enseñarnos que somos parte del planeta, no sus dueños. En los institutos y universidades apenas se pisa el campo, apenas se estudia cómo late un bosque, cómo las plantas se comunican entre sí, cómo los árboles se ayudan unos a otros enviando nutrientes bajo tierra, o cómo cada especie, por pequeña que parezca, sostiene el equilibrio del todo.

La educación actual forma técnicos, economistas, ingenieros… pero no forma guardianes de la vidaY eso es lo que necesitamos con urgencia: jóvenes que amen la naturaleza, que comprendan que cada respiración depende de un árbol, que cada gota de agua es un milagro, y que sin biodiversidad no hay futuro.

Los pueblos originarios nos han dado una lección que no hemos querido escuchar: el respeto. Para ellos, el sol es el padre que da la luz, el agua es la sangre de la Tierra, y cada ser vivo —desde el más pequeño insecto hasta el más grande de los animales— tiene un propósito y un valor. Ellos no destruyen para vivir; viven agradeciendo. Esa sabiduría ancestral debería ser parte de nuestros programas educativos, enseñada no como una curiosidad antropológica, sino como un modelo de convivencia y respeto.

Jóvenes, el planeta os necesita. No para ser espectadores, sino protagonistas.
Salid al campo, tocad la tierra con las manos, escuchad el silencio del bosque, observad cómo la vida coopera en cada rincón. Descubriréis que la naturaleza no compite, sino que colabora. Que las plantas se comunican, que los animales sienten, que el agua canta cuando la dejamos fluir libre. Y  cuando comprendáis eso, cuando lo sintáis de verdad, no podréis volver a mirar el mundo igual.

La educación debe volver a sus raíces: la Tierra. Porque educar sin naturaleza es criar generaciones que ignoran de dónde viene la vida y cómo mantenerla.
La verdadera inteligencia no está solo en las aulas, sino en la capacidad de mirar una flor y entender que ahí, en su aparente fragilidad, late la fuerza de la existencia.

Se necesita solicitar a los gobiernos para que incluyan en sus programas educativos el contacto directo con la naturaleza. A los educadores, para que enseñen no solo con libros, sino con experiencias vivas. Y a los jóvenes, para que despierten, para que comprendan que sin bosques, sin mares, sin ríos, no hay futuro posible.

Amad lo natural, defendedlo, sentidlo como parte de vosotros. Porque quien ama la vida, ama la Tierra. Y quien ama la Tierra, jamás permitirá que muera.

Fuente de la información:  https://insurgenciamagisterial.com

Fotografía: Pedro Pozas Terrados

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La moderación como sinónimo de educación

En el ensayo Moderaditos,el filósofo y profesor Diego S. Garrocho sostiene que la moderación es un acto de valentía. Este coraje se debe al momento epocal en el que la palabra pública está polarizada y el lenguaje propende a la insolencia y la malsonancia. El autor aduce que desde posicionamientos de izquierdas la moderación se califica de impureza ideológica, y desde la derecha se tilda de debilidad. En ambos espectros se denuncia que es un modo de conceder ventaja al partido rival. De ahí que a quienes practican la moderación se les señale con ese diminutivo claramente despectivo para indicar tibieza, equidistancia, cobardía o neutralidad maquiavélica. Creo que la moderación es una disposición deliberativa que alberga repercusiones más sustantivas que la de la valentía cívica. Quizá en vez de referirnos a la peyorativa moderación sea más prudente hablar de una deliberación esgrimida con el concurso de la palabra educada, ponderada y predispuesta a poner su atención al servicio de quien piensa de un modo distinto. Podemos definir moderación como la práctica de deliberar con una amistad cívica sin la cual no es posible construir ciudadanía.

La deliberación expresada a su vez con un paralenguaje amable es un ejercicio de atrevimiento democrático, que es la tesis medular del ensayo de Garrocho, pero sobre todo es la condición de posibilidad para que el diálogo pueda desplegarse como proyecto cooperativo en el que los argumentos provenientes de perspectivas distintas e incluso agonales puedan confluir y polinizarse para ofrecer un argumento mejor. Dicho con palabras de Garrocho, la concurrencia del diálogo solo es posible al «conceder cierta probabilidad al error propio y al acierto ajeno». El pluralismo solo emerge en espacios políticos sosegados en los que la exaltación, la belicosidad verbal y la mendacidad sean reprendidas socialmente. El disenso se degrada en animosidad cuando no está preludiado de civismo ni buenos sentimientos de apertura al otro. Quizá en vez de vindicar moderación bastaría con reclamar educación.

En el recomendable ensayo El fin del mundo común, su autora, Mariam Martínez-Bascuñán, postula con cristalina evidencia que «cuando el lenguaje político ya no sirve para compartir, sino para generar resonancias; cuando las palabras dejan de ser puentes entre perspectivas para convertirse en tambores que marcan el ritmo de las tribus enfrentadas, tenemos un problema». En conflictología el criterio regulativo más sagaz pauta que todo conflicto se puede solucionar cuando los actores se fijan en aquello en donde sus intereses convergen y desplazan a un lugar más secundario los intereses que divergen. Las personas dialogamos precisamente para que nuestros argumentos admitan matices gracias a la participación de otros argumentos. Esta inercia deliberativa solo es posible si partimos de que todo argumento es susceptible de ser refutado o mejorado, y de que el dogma, la afirmación monolítica y fanatizada o «discutir por puro reflejo defensivo» (como señala atinadamente Garrocho) invalidan la construcción de buenos juicios deliberativos. Admitir que los argumentos albergan la capacidad de crear argumentos mejor confeccionados cuando los argumentos se encuentran, nos hace personas más cívicas, más educadas, con una mayor sensibilidad relacional. El argumento granítico e impermeable no es solo un error discursivo, es una forma de empeorar nuestra condición ciudadana.

El mundo está tan plagado de personas faltosas y proclives a la vehemencia maleducada que, cuando compartamos pareceres y argumentos, deberíamos exigirnos una ritualidad enteramente opuesta. Ser personas respetuosas, atentas, afables, asertivas y cariñosas. Ser veraces, diligentes, mesuradas, solícitas y conciliadoras. Frente a la dejadez ética, que debilita el nexo político con los demás, proponer cuidado cívico, que considera a la otredad un correlato de nuestra propia vida. Sólo con hábitos afectivos cordiales podemos levantar espacios deliberativos en donde se festeje lo mejor de la argumentación y el diálogo. La base de cualquier sociedad próspera.

Fuente de la información e imagen: https://espaciosumanocero.blogspot.com

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