Por Pablo Gentili
Secretario Ejecutivo de Clacso.
Profesor de la Universidad del Estado de Río de Janeiro
La salida más común de los gobiernos pasa por reprimir y criminalizar a los docentes que luchan por la educación pública
Una vez más, México ha sido escenario de una brutal represión a la protesta social. En este caso, protagonizada por los docentes, agrupados en la CNTE, que se movilizan contra una reforma educativa que creen injusta, discriminatoria y que, en su afán meritocrático, pretende evaluar a los maestros, jerarquizándolos y precarizando aún más sus ya pésimas condiciones de trabajo. La reacción de las autoridades de Chiapas y Guerrero no se hizo esperar. Aunque sostuvieron que las fuerzas públicas de seguridad no portaban armas, varios docentes fueron asesinados en una criminal acción represiva que fue condenada mundialmente.
Pero México no es una excepción. En Colombia, el mismo día en que el gobierno y las FARC sellaban una paz histórica, la federación docente, FECODE, rompió relaciones con el Ministerio de Educación y declaró la realización de un paro nacional por tiempo indefinido. Sostienen que más allá de las promesas, el gobierno implementa una reforma educativa neoliberal que consolida la privatización del sistema escolar.
La Federación Uruguaya del Magisterio, el viernes pasado, pidió la renuncia de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Lo mismo que exigen los docentes brasileños, agrupados en la poderosa Confederación Nacional de Trabajadores de la Educación, movilizados ahora contra la injusta la destitución de Dilma Rousseff y la aplicación de un conjunto de medidas recesivas que desmontan buena parte de las reformas democráticas del sistema educativo brasileño, implementadas durante la última década.
El 20 de junio, sectores del magisterio se sumaron a la huelga general que la Central Obrera Boliviana le realizó al gobierno de Evo Morales. En la Argentina, la CTERA se moviliza activamente por el aumento del presupuesto educativo nacional, contra el grave deterioro salarial en algunas jurisdicciones y en defensa del sistema previsional docente.
En toda América Latina, el magisterio se encuentra en pie de lucha, exigiendo, demandando y reivindicando condiciones de trabajo que permitan garantizar más y mejor educación para todos. Los conflictos no se limitan a los países con administraciones que se han mantenido alejadas de la ola de reformas progresistas de los últimos años, como es el caso de México, Colombia o Perú, sino también a países como Ecuador, Bolivia, Venezuela y, naturalmente, a aquellos en los que las fuerzas populares han sufrido un revés político profundo, como la Argentina y Brasil.
Qué ocurre hoy
¿Qué está ocurriendo? Durante la última década, los sistemas educativos latinoamericanos se han expandido de forma significativa. Más niños, niñas y jóvenes acceden y permanecen en el sistema escolar. Aunque la falta de recursos sigue siendo una de las principales carencias para la gestión de la educación, en muchos países ha habido un significativo aumento del presupuesto educativo y, además, de las remuneraciones docentes. Aunque aún falta mucho en materia curricular y en el acceso a nuevas tecnologías y nuevas formas de aprender, las escuelas se han modernizado a un ritmo sin precedentes. Los maestros y las maestras han ampliado muchísimo sus niveles de formación y han multiplicado su acceso a la capacitación, ya sea gracias a la oferta pública o a la enorme oferta privada disponible en este campo.
Los sistemas educativos latinoamericanos no están hoy peor que 15 años atrás. Están mejor y, en algunos casos, como en el caso argentino, muchísimo mejor.
El problema reside en que, a pesar de esto, se ha vuelto cada vez más evidente que la educación no puede cumplir una promesa que siempre se ha depositado sobre sus espaldas como un destino redentor inapelable: la ampliación de la escolaridad vuelve más igualitarias y justas nuestras sociedades.
Los sistemas educativos latinoamericanos, como nuestras propias naciones, dejaron de ser tan pobres como lo eran antes. Pero, más allá de este importantísimo avance, nuestros sistemas educativos, al igual que nuestras propias naciones, no dejaron de ser tan injustos ni tan desiguales como casi siempre lo fueron. La pobreza ha disminuido, pero la desigualdad no. Y es a la educación a la que generalmente se le reprocha la causa de las principales evidencias de la extrema desigualdad en vivimos: las inequidades del mercado de trabajo; las carencias que viven los sectores con menos ingresos (aunque muchos de ellos hoy formen parte de las llamadas «clases medias»); la violencia; la discriminación racial, de género y generacional; la fragilidad de la ley y del Estado de derecho democrático, etc.
Lo de siempre: todo depende de la educación. Una coartada discursiva de raíz conservadora, que exime al modelo de desarrollo y a las relaciones sociales que lo sustentan de toda responsabilidad política ante la desigualdad y la injusticia galopante, y se la transfiere a los que ejercen (a las que ejercen) ese oficio al que se le atribuye una invencible capacidad de purificar almas y mentes: la docencia.
Y si las cosas no andan tan bien como deberían estar, la culpa entonces la tienen los maestros.
Función redentora
Los gobiernos latinoamericanos, de izquierda y de derecha, siempre han tenido una enorme dificultad para entender que atribuir al sistema educativo una función redentora acaba ocultando más que poniendo en evidencia el verdadero sentido democrático y emancipador de la educación. Del mismo modo, no siempre han entendido que cuando una reforma escolar se plantea sin el debate y sin la participación amplia de la comunidad educativa, en general, acaba siendo una reforma contra la comunidad educativa. Menos aún han reconocido que los maestros y maestras, esos que todos los días trabajan en la única institución pública que aún persiste en nuestras sociedades, deben ser aliados y protagonistas activos de todo proceso de mejoramiento efectivo de las instituciones escolares, no sus enemigos.
Pero no hay caso. La situación se repite y se repite sin solución de continuidad. Embestir contra la docencia y particularmente atacar, reprimir, criminalizar a los docentes que se movilizan y luchan en la defensa de la educación pública, parece ser la única y poco imaginativa solución que encuentran los gobiernos latinoamericanos para mostrar empeño y dedicación en enfrentar una crisis educativa que casi siempre está mal contada.
Las perspectivas latinoamericanas no son las mejores: aumenta la recesión económica, la inflación y el desempleo, en un contexto de crisis política y fragilidad democrática. La complejidad del momento nos señala una multiplicidad de desafíos. Los gobiernos parece que sólo alcanzan a ver el dedo. Mientras tanto, reprimen, embisten y humillan a sus docentes.
Fuente del Artículo:
http://www.lacapital.com.ar/embestida-contra-la-docencia-n1132574
En este clima, la reunión entre Segob y la CNTE no consiguió acuerdos sustantivos. La mesa concluyó con la propuesta de Gobernación de iniciar tres mesas de negociación a reunirse las próximas semanas. Una de ellas enfocada específicamente a la problemática de Nochixtlán, y las otras sobre los temas de despidos y arrestos de los participantes en el movimiento. Pero de la reforma educativa nada o casi nada, salvo el ofrecimiento de Segob de facilitar la interlocución de la representación del magisterio con el Poder Legislativo, en cuyas manos estaría, en todo caso, la opción de derogar o reformar la base normativa de la reforma (Reforma 28 de junio 2016).
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