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República Dominicana: Abren convocatoria para becas nacionales; estos son los requisitos para aplicar

América Central/República Dominicana/06-02-2022/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Quedó abierta desde el 31 de enero hasta el 20 de febrero.

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Mescyt anunció este martes el lanzamiento de la convocatoria de la primera jornada del Sistema Nacional de Becas, mediante el cual los estudiantes dominicanos serán beneficiados con el otorgamiento de subsidios para cursar carreras a nivel de grado, posgrado y maestrías en las universidades dominicanas y los Institutos de Educación Superior.

De acuerdo a informaciones en el portal de Becas Nacionales la convocatoria de becas naciones quedó abierta desde el 31 de enero hasta el 20 de febrero con un aproximado de 573 ofertas académicas.

Requisitos y documentos requeridos

  • Nacionalidad dominicana.
  • Promedio de calificaciones mínimo de 80 puntos en la escala cero a cien (0-100) o de tres (3) puntos a en la escala de cero a cuatro (0-4) para el nivel Técnico Superior y Grado.
  • Para nivel de posgrado, índice académico mínimo 80 puntos en la escala de cero a cien (0-100) o de tres (3) puntos a en la escala de cero a cuatro (0-4).

El Mescyt aclaró que los solicitantes deben acogerse a los requisitos de admisión de las instituciones y programas de educación superior a los cuales apliquen.

En el nivel de posgrado el aspirante debe tener el perfil requerido por el programa a que se aplique, así como también hacer sus trámites de admisión con la universidad.

Y no se permitirán cambios de universidad ni de carrera luego de la aprobación de su solicitud.

Procedimientos de solicitud

Para conocer las ofertas y aplicar cada interesado debe rellenar el formulario en línea a través del portal de Becas Tu Futuro, dar clic en la convocatoria a becas nacionales y al programa que desea completar.

Primero se deberá ingresar el número de cédula de identidad y electoral como requerimiento obligatorio para iniciar el rellenado del formulario en línea.

Si la persona no tiene mayoría de edad podrán aplicar utilizando la cédula de menor.

Una vez el solicitante complete sus datos personales, el sistema enviará un correo de confirmación con un número de usuario y contraseña, con los cuales pondrá ingresar posteriormente al sistema y dar seguimiento al estatus de su solicitud.

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/abren-convocatoria-para-becas-nacionales-estos-son-los-requisitos-para-aplicar-9029011.html

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Hugo Aboites: La medida de una nación

Por: Juan Carlos Miranda Arroyo

«¿Qué es eso que se ha llamado en México “evaluación educativa”?..»

Hace unos días me enteré de la publicación del libro “La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder, resistencia y alternativas (1982-2012)”, de Hugo Aboites; texto que aparece ahora en su 2a. edición, 2021. (1)

Interesante texto en el cual el autor revisa, con un enfoque crítico, eso que se ha llamado en México “evaluación educativa”, pero que ha consistido en una política pública y ciertas prácticas que parecen reducirse –en la observación aguda que nos ofrece Aboites-, a una reiterada y cuestionable forma de medición de los procesos educativos.

Los procesos institucionales de la evaluación educativa, señala el profesor de la UAM Xochimilco, se han dado en nuestro país como parte de una historia de poder, puesto que los diseños de las políticas públicas evaluadoras (o de la medición) se han trazado desde las alturas del poder político, en armonía con otros poderes como el económico; el que ejercen los organismos internacionales; y el que ha constituido la alta burocracia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las secretarías de educación en las entidades federativas (con enfoques tecnocráticos y “meritocráticos”): funcionarios de instituciones educativas de todos los niveles, tomadores de decisiones y especialistas o grupos de profesionales, que han resultado beneficiados con la ola de las mediciones.

En la introducción del texto, Aboites afirma: “… a partir de 1990 con la llegada de la evaluación ‘moderna’ cambia en México radicalmente la concepción y práctica de lo que era antes una actividad académica principalmente a cargo de los maestros, escuelas y universidades. En su lugar, el gobierno federal impulsa la creación de un aparato de evaluación centralizado, eminentemente privado (Ceneval), externo a los procesos educativos, que opera a escala nacional como un inquisidor que supervisa a cientos de instituciones, decenas de miles de académicos y centenares de miles de maestros de educación básica. Aparece también la medición ‘científica’ de millones de niños y niñas de nivel básico, cientos de miles de estudiantes y aspirantes o demandantes de educación media superior y superior, así como de miles de egresados universitarios”.

En el prólogo de este libro a la edición mexicana, Raquel Glazman, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala: “El lector encontrará en esta obra, junto al develamiento de algunos supuestos ideológicos de la medición y la demagogia que se esconde tras ésta, la apertura de una comunicación al surgimiento de ideas, conductas, estructuras, proyectos y propuestas en el ámbito educativo, lo cual es natural desde el momento en que se abre la posibilidad de alternativas frente a las verdades que se han planteado como únicas y universales. Hoy más que nunca urgen proyectos capaces de cuestionar los planteamientos que han sido dominantes en los últimos años y que poco o nada han contribuido a mejorar las condiciones educativas nacionales.”

Las políticas educativas que se han puesto en práctica en México, han pasado por distintos momentos con distintos énfasis, ello en función de las identificaciones, posiciones y definiciones que han adoptado los gobiernos federales y sus respectivos proyectos de nación, desde la década de los años 80, a través de las cuales se han legitimado determinado tipo de iniciativas evaluadoras (con diferentes niveles de coherencia y profundidad), sin que necesariamente los problemas de la educación se hayan resuelto.

¿Cuál ha sido la trayectoria de esas formas y contenidos en el ejercicio del poder público en el ámbito educativo? Desde el discurso de la descentralización educativa, la federalización, la planificación o la modernización de la educación, que han sido usados en esa lógica dominante, hasta las etapas proclamadas en favor de la evaluación de las políticas educativas (gran paraguas que incluye a las evaluaciones de las personas, los programas educativos, las instituciones, el financiamiento y la infraestructura, entre otros factores), y los tiempos de la “calidad” y la eficiencia de la educación, con un enfoque administrativo-gerencial que ha sido hegemónico durante las últimas décadas.

Hoy en día, no menos desafortunada es la nomenclatura que han adoptado las élites gobernantes (gestoras de los nuevos consensos entre el movimiento de la 4T y la oposición), en la legislación y en el diseño de las políticas públicas, cuando se habla de “excelencia” o de “mejora continua” de la educación, entre otros conceptos clave del actual tramo reformista.

Justamente, en uno de los dos prólogos del libro, la profesora Glazman afirma: “La educación es uno de los espacios en donde más abundan las expresiones ideológicas y, por lo mismo, donde se rechazan o se aceptan como válidos planteamientos, autores y propuestas. Asimismo, los medios publican planes y resultados según sus propias tendencias políticas; se acomodan los resultados en los que previamente se han utilizado técnicas e instrumentos apoyados por distintos sectores, según convenga al receptor de los juicios —véase el caso típico del valor atribuido a las mediciones y, en oposición, las propuestas cualitativas—; se declaran avances o retrocesos en la evaluación o en la ‘ciencia’ de la evaluación; se afirma o se niega el rigor de los resultados, y se descarta o se acepta su incidencia en la calidad”.

Hugo Aboites, también colaborador del diario La Jornada, estructuró su libro de la siguiente manera:

I. Los cimientos de la nueva evaluación.

  • La matriz de la evaluación: organismos internacionales y empresarios (1982-1989).
  • El régimen de “estímulos” para académicos y maestros. Reorganización política y empresarial del trabajo educativo (1990-1994).
  • Evaluación, mercado y Tratado de Libre Comercio (1990-1994.
  • El modelo de educación de la maquila y la medición “científica” (1990-1994).
  • La “ciencia” de la medición: su origen en Estados Unidos (1900-1970).

II. De la evaluación a la medición

  • La ciencia de la medición en México: la creación del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) (1989-1994).
  • El examen único en la Ciudad de México (1996).
  • El aparato responde: las secuelas del examen único (1997-…).
  • Medición y derechos humanos (1996-2000).
  • Conflicto y debate en torno a los exámenes de egreso (UAM, 1998).
  • Los exámenes del Ceneval y la huelga en la UNAM (1998-2000).

III. Crisis y redefinición de la evaluación

  • El intento de nueva universidad de la ANUIES. Mercado y evaluación (2000-…).
  • Los comités interinstitucionales de evaluación y la acreditación de programas de estudio (2001-2010).
  • Las escuelas de calidad y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) (2001-2007).
  • Crisis y perspectivas del aparato de evaluación (2007-…).

“Aboites realiza un abordaje histórico de la evaluación educativa –según Raquel Glazman- en el contexto de las condiciones políticas y económicas prevalecientes en México a partir de 1990 y de la promoción de centros como el Ceneval, el cual representa la influencia de concepciones de la evaluación educativa que se basan en las pruebas estandarizadas de opción múltiple. Aparece aquí una confrontación interesante, ya tratada por otros autores, entre la educación como derecho y la educación como servicio o forma de competitividad, es decir, como expresión del pensamiento empresarial aplicado al funcionamiento escolar y a las instituciones educativas (De la Torre, 2005). El abordaje histórico que nos ocupa permite ver a la evaluación desde sus efectos, a partir del giro de la calificación de individuos a la evaluación de colectivos y los intentos de instituciones como el Ceneval de concentrar los esfuerzos en medir a todos los sujetos en todos los momentos de su vida.”

Con esta estructura de la evaluación implantada en México, dice Glazman, “… se ha generado ‘un contexto que activamente propicia el deterioro de la educación’ en tanto que propicia la continuidad de ciertas formas de organización que han provocado ‘una avalancha de deformaciones en los procesos de gestión y transformación escolar y en las prácticas pedagógicas en el interior del salón de clase, que desplaza la necesidad de definir fines y alcanzar logros en la educación por la de cumplir con los indicadores de calidad establecidos por los estímulos’”.

El libro también incluye un prólogo a la edición latinoamericana, escrito por Roberto Leher, profesor de la Universidad Federal de Río de Janeiro.

Este libro invita a la discusión y a la renovación de los debates en torno a la pertinencia, oportunidad, enfoques y ejercicio de la evaluación educativa en México y el mundo; y permite reflexionar acerca del modo como ésta se ha diseñado y se ha llevado a cabo.

Este volumen, entregado por Hugo Aboites, en su segunda edición, asume que las políticas de la evaluación educativa, nacionales y locales, no podrían tirarse al bote de la basura por sí, sino que requieren replantearse a partir de ciertos fundamentos y de un cambio de concepción, donde se restablezcan la participación directa, democrática, de los actores sociales protagonistas de los procesos educativos: docentes, estudiantes y sus familias, directivos escolares y asesores técnicos como figuras principales.

Fuente consultada:

(1) Hugo Aboites. La medida de una nación. Los primeros años de la evaluación en México. Historia de poder, resistencia y alternativas (1982-2012), 2a. edición, 2021. UAM-Xochimilco y Editorial Itaca.

Juan Carlos Miranda Arroyo en Twitter: @jcma23


Publicado en SDPnoticias

Fuente: https://profelandia.com/hugo-aboites-la-medida-de-una-nacion/

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Incertidumbre en la educación superior

Por: Miguel Ángel Casillas

Las autoridades educativas de todos los niveles son responsables de las acciones o inacciones que en materia de educación nacional se han tomado o dejado de tomar durante la pandemia. Específicamente en el caso de la educación superior, las autoridades federales, las estatales y las de cada institución deberán rendir cuentas sobre lo que han hecho o dejado de hacer para hacer avanzar los objetivos consagrados en la Constitución y en la Ley general de educación superior.

Salvo honrosas excepciones, las autoridades de la educación superior han estado subordinadas a las restrictivas políticas de salud, sin decidirse a volcar las energías del sistema de educación superior a la solución de la propia pandemia, sin iniciativa para favorecer la investigación sobre la enfermedad y sus efectos, sin alentar la difusión del conocimiento científico sobre el virus, sus mutaciones y sus efectos sobre la salud humana, sin promover la ampliación del conocimiento en función de la comparación de experiencias sociales e institucionales. Se han contentado con aplicar las medidas sanitarias, principalmente suspendiendo las actividades presenciales; y para los pocos trabajadores que asisten se toma la temperatura, se reparte gel antibacterial y se recomienda el uso del cubrebocas. Sin embargo, su responsabiidad no es sólo relativa a la cuestión sanitaria, sino principalmente educativa y es a ella a la que han renunciado y donde el déficit por su innacción es incalculable.

En efecto, podríamos justificar la pasividad de las autoridades al momento inicial de la pandemia, pues nadie sabía qué hacer, el desconcierto era generalizado y la incertidumbre sobre la evolución de la pandemia era grande. La confusión fue mayor cuando se establecieron las medidas nacionales de emergencia, suspensión de actividades y sana distancia. En ese momento inicial de la pandemia las autoridades de la educación superior fueron incapaces de formular una estrategia de transformación universitaria, se abandonó a los universitarios a su suerte y se cerraron las instalaciones.

En un segundo momento se comenzó a improvisar el traslado de las clases presenciales a plataformas educativas y se determinó continuar con las actividades académicas a la distancia haciendo uso de videoconferencias, chats, mensajes de voz y de texto. Las lecturas se distribuyeron en formatos pdf y en libros electrónicos para hacerlas accesibles a los estudiantes. Los ejercicios y actividades se reportaron en foros y repositorios; se mantuvieron las exposiciones en clase usando power point pero ahora compartiendo la pantalla en las videoconferencias. Este traslado fue desordenado y dejado a la libre competencia de los profesores: las autoridades renunciaron a diseñar una estrategia pedagógica que promoviera la renovación de la enseñanza y abdicaron de su responsabiidad de incentivar la capacitación continua del profesorado para incrementar su capital tecnológico. Salvo excepciones, las autoridades no apoyaron con equipos de cómputo o conectividad ni a estudiantes ni a profesores.

Peor ha sido el destino de la investigación, de la difusión cultural y la extensión universitaria que no disponen de políticas específicas para su adaptación a los tiempos que corren, a los nuevos formatos de la comunicación y nuevas condiciones del consumo cultural.

Continuando con esa inercia pachorruda, se ha instalado una nueva normalidad y llevamos dos años sin que haya claridad, de parte de los responsables de conducir el sistema de educación superior, para definir una estrategia educativa capaz de asumir la condición de incertidumbre que plantea el hipotético fin de la pandemia. En efecto, Las autoridades educativas han estado atrapadas tanto por la esperanza ilusoria del fin de la pandemia, como orientadas por una ideología conservadora de retorno al pasado. En lugar de pensar los desafíos de la pandemia desde la innovación educativa, siguen atrapados en la respuesta sanitaria.

Las autoridades universitarias y de la educación superior tienen un compromiso con sus comunidades y el deber de promover acciones constantes de mejora. Al renunciar a su liderazgo y abdicar en el diseño de un sistema de educación superior que se adapte a las nuevas condiciones, contravienen la responsabilidad para la cual fueron designados. Han pasado dos años y el retorno a las actividades presenciales se prolonga sujeto al ritmo de la pandemia; mientras, avanza la deserción y las comunidades se agotan en el limitado espacio del zoom, no hay un incremento real de la matrícula ni se están cumpliendo las expectativas definidas por la Ley general de educación superior.

Ante la indolencia de los rectores y los subsecretarios de educación de los estados, ante la falta de iniciativa de las autoridades federales, los ciudadanos y los universitarios en particular no podemos ser espectadores ante el derrumbe y el deterioro de la educación superior. Necesitamos compartir y aprender de las experiencias de estos dos años. A nivel nacional y de los estados estamos necesitados de un plan de capacitación y actualización magisterial, de un programa de habilitación estudiantil sobre las nuevas formas de estudiar, necesitamos que las autoridades negocien un sistema para la adquisión de equipo de cómputo y becas de conectividad para continuar con los estudios, que promuevan un repositorio de recursos educativos. A nivel de las instituciones es imperioso el rediseño curricular hacia la educación híbrida, donde renovemos contenidos, prácticas y relaciones pedagógicas, actividades y ejercicios de enseñanza, formas de evaluación y certificación de los aprendizajes, recursos para el aprendizaje, horarios. Tambiés es necesario el rediseño de los sistemas de tutorías para favorecer el acompañamiento a la distancia. Tiene que haber políticas de apoyo a la investigación y de renovación de la difusión cultural y la extensión uiniversitaria entre otros muchos aspectos.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/incertidumbre-en-la-educacion-superior/
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México: Regresan a clases presenciales en IPN tras 22 meses de confinamiento

América del Norte/México/04-02-2022/Autor(a): Emir Olivares Alonso/Fuente: www.jornada.com.mx

De acuerdo con información de la casa de estudios, las labores académicas se retomarán gradualmente en sus 90 unidades académicas ubicadas en 24 entidades del país, donde estudian más de 221 mil alumnos en los niveles medio superior, superior y posgrado.

Del total de estudiantes politécnicos, se dio a conocer, este lunes retornaron a clases en las aulas 32 mil 574, en ambos turnos. El resto se mantendrá con clases a la distancia. Además, continuaron actividades 38 mil 600 docentes, investigadores y personal de apoyo y asistencia a la educación (PAES).

“Hoy es un día muy importante para el @IPN_MX, el regreso a clases presenciales constituye una etapa de recuperación y fortalecimiento de nuestro Instituto, después de un periodo de confinamiento a causa de la pandemia por Covid-19. ¡Bienvenidos y les deseo todo el éxito!”, señaló en sus redes sociales el director general de la casa de estudios, Arturo Reyes Sandoval.

Al inaugurar el ciclo escolar enero-junio 2022, Reyes Sandoval reconoció la resiliencia de la comunidad politécnica ante la pandemia y aseguró que el regreso a clases es impostergable, para contribuir al desarrollo académico de los estudiantes.

Las autoridades politécnicas detallaron que el regreso a actividades presenciales se realiza “bajo estrictas medidas sanitarias para preservar la salud de alumnos, docentes, PAES y personal directivo”.

La vuelta a clases, se detalló, se hará de manera escalonada. Es decir, si un grupo consta de 50 estudiantes, 25 estarán de forma presencial ciertos días y los otros 25 de manera remota. Y posteriormente a la inversa. La intención es “recuperar aprendizajes y el tiempo” que vio afectado debido a la pandemia.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2022/01/31/sociedad/regresan-a-clases-presenciales-en-ipn-tras-22-meses-de-confinamiento/

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MeToo en las universidades españolas

Por; Núria Marrón, Núria Navarro, Gemma Tramullas |

Más de 25 profesoras e investigadoras de las universidades públicas españolas rompen por primera vez su silencio para denunciar el acoso y la violencia machista que han sufrido en una institución que presume de buscar la excelencia pero aún conserva parte del ADN «feudal»

«Si sigues miedosa, prometo darte un buen azote». «El sexo es una forma excelsa de comunicación». «Mi vida es un orgasmo, ¡chica!». «Besos mojados». «Besitos ahí». Cada uno de estos mensajes, y un buen puñado más, fueron enviados con absoluta impunidad por un reputado catedrático de la Universitat de Barcelona a 12 alumnas y dos alumnos. Todos ellos constan en unas diligencias que la fiscalía archivó en 2013 porque la denuncia por acoso sexual, tras abrasarse convenientemente en los despachos de la universidad, ya había prescrito cuando llegó a sus manos. El caso, por tanto, no tuvo recorrido judicial, pero sí ha contribuido a descorrer la tapa de una fosa séptica oscura y largamente silenciada: el acoso sexual y machista que sufren profesoras e investigadoras universitarias y que provoca tanto sufrimiento como asfixia y expulsión de talento.

Una de las denunciantes fue la socióloga Ana Vidu, cuyo caso aún es extraordinario en la medida en que rompió el muro universitario. Sin embargo, el desenlace es demasiado conocido por demasiadas mujeres. Vidu pasó a ser «la conflictiva», la apestada, la loca, adjetivos que aún hoy repercuten en su vida profesional. «Es peor cuando denuncias que cuando sufres el acoso», dice hoy, desde la Universidad de Berkeley. De hecho, con su carrera reventada en Barcelona, probó en la Universidad de Deusto, donde la decana de Derecho, tras una larga entrevista, admitió que estaba «impresionada» por la «cantidad de calumnias sobre ella que le habían llegado». ¿Y el catedrático? Pues fue apartado de la docencia, pero no de la institución.

El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso

Vidu hoy forma parte de este primer gran MeToo de la universidad española. Como ella, las más de 25 académicas que aparecen en este reportaje ponen rostros e historias a lo que vienen diciendo las pocas investigaciones realizadas sobre este asunto: que la misma vida académica que habla de excelencia y pensamiento crítico también está asentada en una trama de violencias machistas que se alimentan en la jerarquía de la institución, en su gran competitividad y en la llamada violencia aisladora o de segundo orden: la que sufren las personas que apoyan a las afectadas.

No es tanto que la universidad esté cuajada de acosadores, como que tradicionalmente su ecosistema ha brindado impunidad a los que hay. ‘Omertá’, la ley del silencio, sigue siendo una de las palabras más escuchadas en este gran mosaico del acoso universitario.

Prácticamente todas las universidades cuentan con denuncias internas. Que sus nombres no aparezcan en este reportaje no significa que hayan erradicado este tipo de violencias. La confusión, sin embargo, se abre paso al intentar cartografiar el fenómeno.

Primero, porque la línea entre acoso laboral ‘a secas’ y de género a veces es fina –aunque hay datos clarificadores: de diciembre de 2019 a a marzo 2021, 31 mujeres por 11 hombres interpusieron quejas ante la Oficina de Acoso de la Universidad de Granada-. Y luego está el hecho de que la ausencia de una normativa única en cuanto a criterios de recopilación de los datos impide discernir en muchos centros cuántas denuncias o quejas proceden del profesorado, del alumnado o del personal de administración y servicios (PAS). Por supuesto, el grueso pertenece al colectivo de estudiantes, el más numeroso. Pero es en el sector del personal docente e investigador donde las personas se juegan más y el miedo a represalias es más inmovilizador.

«El 90% de las docentes e investigadoras no denuncian los casos de acoso», mantiene Patricia Melgar, miembro del Community of Research on Excellence for All (CREA), espacio de investigación que ha trabajado este asunto. Su subdirectora, la catedrática Rosa Valls, ya apuntó en un estudio pionero de 2008 que hasta un 65% de universitarios habían padecido o conocían alguna situación de violencia de género en los ámbitos de alumnado, docencia / investigación o el PAS.

CREACIÓN DE LAS UNIDADES DE IGUALDAD

En su día, este informe logró que a) la ley considerase las universidades como espacios de violencia de género y b) contribuyó a la creación de lasunidades de igualdad. «Las universidades nunca habían tenido ganas de abrir este tema, pero se les obligó desde más arriba», afirma. A partir de ahí, los datos del estudio no se han actualizado, a pesar de que lo han solicitado hasta tres veces a la Agencia Estatal de Investigación.

Los abusos van desde tocamientos a mayordomeo, negación de recursos, ‘apaños’ en los tribunales, difamación, luz de gas y agresiones físicas

Mientras las cifras siguen en el limbo, los relatos de las académicas entrevistadas, algunas de ellas con procesos judiciales abiertos contra la propia universidad, componen en cambio una silenciada sintonía común. Unas, como Ana Viduhan sufrido acoso sexual (las investigaciones apuntan a que alrededor de 1% de catedráticos son acosadores que reiteran). Y otras, como la doctora en Historia Carme Ruestes, afirman haber vivido, en su caso en la UAB, como «siervas en régimen de vasallaje»: «El catedrático no me quiso apoyar en el concurso de profesora titular, pero me propuso que me quedara investigando para él; durante muchos años trabajé mucho y bajo presión».

En este recuento de trapos sucios -en el que los atropellos van desde tocamientos hasta negación de recursos e información, mayordomeo, maniobras de expulsión, ‘apaños’ en los tribunales, campañas de difamación, robo de material, luz de gas y hasta amenazas y agresiones físicas-, también hay profesoras que denuncian hostigamientos vinculados al origen («determinadas conductas no se habrían producido si yo no fuera mujer y latinoamericana –explica una profesora de la Universidad de Granada-, la combinación de ser mujer e inmigrante es explosiva, soy la intrusa en esta institución feudal») y a la orientación sexual.

Una profesora de la UB que denunció a su catedrático por acoso y luz de gas afirma que -tras haber aceptado una mediación- no solo no se ha reparado el daño infligido sino que se ha reforzado una «especie de permiso colectivo» para menospreciarla que, según ella, no es ajeno a su orientación sexual. «A pesar de que la sociedad se crea muy avanzada, cuando no tienes una orientación sexual heteronormativa se te margina, te conviertes en la nota discordante», afirma.

Uno de los principales factores paralizantes a la hora de denunciar e incluso de apoyar a víctimas es precisamente esa alianza que sellan el miedo y la jerarquía. «Sobre todo no pongas mi nombre», «esto no lo escribas por favor», «tengo mucho miedo de las represalias», «asegúrate que no se me identifique», son comentarios que jalonan las conversaciones con algunas afectadas (la mayoría de las que aparecen en este reportaje ya no trabajan en los centros donde sufrieron el acoso).

No hay un perfil claro del acosador, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones», y que se mueven «por redes de favores y contrafavores»

En cuanto a los acosadores, no hay un perfil claro, más allá de que poseen «poder, protección y conexiones en, por ejemplo, tribunales de plazas», afirma la socióloga Ana Vidu. «Se mueven muy bien por las tinieblas, por las redes de favores y contrafavores», añade la bióloga Eva Bussalleu. Embarazada y con depresión tras haber sufrido negación de recursos e información -extremos reconocidos por la propia Universitat de Girona-, perdió ante el compañero al que internamente acusó de hostigamiento la plaza que debía estabilizar en un concurso, y que deberá repetirse porque la justicia sentenció que el tribunal no era paritario.

Las referencias medievales que salpican este reportaje no son metafóricas. Las universidades fueron una creación del siglo XII. Eran instituciones estrictamente masculinas, donde el nivel de misoginia era incluso superior al del clero. En el siglo XXI, la dependencia de la protección de un catedrático para avanzar en la carrera equivale al vasallaje respecto al señor feudal de la Edad Media.

Desde la puesta en marcha de los protocolos en las universidades, el acoso se ha atenuado

UNIVERSIDAD: ADN FEUDAL

Este ADN feudal determina las relaciones entre las personas y favorece la desigualdad de género, raza y clase, hasta el punto de que Rosa Valls afirma que «en general, es más humana una empresa que la misma universidad». Según un informe de las Academias Nacionales de EEUU de Ciencias, Ingeniería y Medicina (NAS) publicado en 2018, más del 50% de profesoras han sufrido acoso por razón de género. El libro ‘Acoso. #MeToo en la ciencia española’, de Ángela Bernardo, recoge datos y estudios a nivel estatal e internacional que chocan con la imagen idealizada de la academia. Según recoge Bernardo, la revista ‘Personnel Psychology’ afirmaba en 2003 que, en EEUU, el Ejército y la academia, por su naturaleza extremadamente jerárquica, son los sectores donde habría más acoso machista.

A pesar de que en los últimos años se han introducido mecanismos meritocráticos, los profesores titulares y sobre todo los catedráticos aún son clave en cuanto ocurre en sus feudos, desde la composición de los tribunales que dirimen las plazas hasta la asignación de recursos, la adjudicación de las asignaturas y los horarios, o las publicaciones que se realizan. Según un informe de 2019 de la Xarxa Vives (que agrupa 22 universidades de territorios de habla catalana), de cada 10 catedráticos solo dos son mujeres. Hasta hace poco, este abismo se atribuía más a circunstancias como la maternidad que a la naturaleza misógina de la institución académica.

«Es un marco muy jerarquizado y competitivo y parece que tengas que hacer un mar de favores para mantener tu plaza. ¿Quién va a denunciar a su director de tesis? Estamos en una fábrica de conocimiento y no deberíamos rendir pleitesía a un catedrático, pero se hace y mucho. Es derecho feudal», afirma la directora de la Unitat d’Igualtat de la Universitat Pompeu Fabra, Rosa Cerarols.

«Es un marco muy jerarquizado y parece que tengas que hacer muchos favores para mantener tu plaza ¿Quién va a denunciar a su director de tesis?», dicen en la Unitat d’Igualtat de la UPF

Precisamente las unidades de Igualdad, puestas en marcha en los últimos años, tienen un balance ambivalente. Por un lado, afirma la catedrática Rosa Valls, han supuesto «un impacto político superimportante» y un cortafuegos con el que empezar a trabajar. De hecho, se considera que desde la puesta en marcha de los protocolos, el acoso se ha atenuado. Sobre todo el sexual: antes de 2004, lo habían sufrido el 22% de asociadas, interinas, becarias, por el 4% actual. Aun así, advierte la catedrática, comisiones y unidades de Igualdad también corren el riesgo de convertirse en «floreros».

¿Sus principales hándicaps? Están dirigidas por el equipo rectoral, por lo que si la institución opta por autoprotegerse se vuelven contra las afectadas; los procesos de mediación que impulsan revictimizan a las denunciantes; los protocolos a menudo son disuasorios, y algunas malas experiencias ahuyentan a víctimas que sopesan dar el paso. «Cuando fui a la unidad, me dijeron que era muy valiente y que en adelante ya no estaría sola, pero me arrepiento totalmente de haber puesto la denuncia y confiado en sus palabras», asegura una profesora de la UB que, tras denunciar a su catedrático en 2019 por acoso y calumnias sostenidas a lo largo de 10 años (dentro y fuera de la universidad) no solo pasó por una traumática e inútil mediación, sino que el proceso acentuó su aislamiento en un área en la que es la única mujer.

«Mis compañeros me giraban la cara, me marginaban, no se me tenía en cuenta para nada -prosigue-. Yo creo que muchos tienen privilegios que temen perder. La universidad es una institución medieval y no quieren dejar de ser caballeros de la mesa redonda. Cualquier persona que creen que los desafía se convierte en alguien a quien se le puede ridiculizar, cuestionar su valía y matar en vida, y es lo que a mí me están haciendo desde el primer día. En el mejor de los casos, han mirado hacia otro lado y me han dejado sola, como a una paria».

El cerco que relata esta profesora no es ninguna excepción. De hecho, en el modus operandi del acoso universitario es significativo el cordón sanitario alrededor de la víctima, en el que el claustro ‘compra’ la versión del acosador, por supervivencia, desidia o interés.Explica Vidu que profesores que habían elogiado su talento empezaron a cuestionarla en público. A J.R., la dirección de la escuela universitaria en la que trabajaba no quiso oír su vivencia y al final abrió una investigación interna a puerta cerrada llevada a cabo por una empresa externa que hacía informes en el marco de la prevención de riesgos laborales. En ninguno de los casos hubo voluntad de esclarecimiento ni acompañamiento alguno.

«Recibí amenazas de muerte e intentaron echarme de la universidad», explica Ramón Flecha, catedrático de la UB que apoyó a una alumna acosada

«Uno de los primeros casos que saltó a la prensa fue el de M.A.F., profesora interina de la facultad de Económicas de la UB, que tras los informes de Fiscalía y magistratura, perdió el juicio contra el catedrático M.A., a quien denunció en 2004 por presiones para que accediera a favores sexuales, porque los miembros de su departamento testificaron a favor del catedrático», explica Ramón Flecha, el primer catedrático español que se puso del lado de las víctimas, ‘honor’ que lo convirtió en «traidor» y le reportó una sustancial bajada de ingresos.

En 1995, Flecha presentó la primera denuncia en la UB, proponiendo al equipo rector que actuara contra las continuas situaciones de acoso sexual y adoptara procedimientos como el de Harvard, «donde si un profesor sabe de un acoso y no lo denuncia, es expulsado». Las represalias fueron «bestiales», describe. «Recibí amenazas de muerte a las tres de la mañana, intentaron echarme de la universidad, como a otras colegas que investigaron el asunto, y cuando vieron que no podían con nosotros, fueron a por nuestros hijos en las escuelas», explica. ¿Quién? «Hubo una implicación total de la estructura universitaria», no duda el investigador, ejemplo de víctima deviolencia de segundo orden-solo el 0,4% de los docentes apoyan a las víctimas y de este 0,4%, el 80% ha sufrido violencia de género aisladora-, clave sin la que no se podría entender el acoso en el entorno universitario y que, de forma pionera, fue incluida en el ordenamiento jurídico catalán en diciembre de 2020.

«Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo, y este apoyo solo se da, salvo heroicas excepciones, con legislaciones y actuaciones institucionales decididas. Sin ellas, se impone la ley del silencio, aliada de los acosadores», explica. En este sentido, Valls afirma que un concepto clave es el llamado ‘bystander intervention’ o intervención de los testigos. «En el momento en que la sociedad interviene, cuando ves algo en el metro y consideras que debes interceder, es cuando los programas funcionan porque ya no se produce la violencia aisladora».

Las víctimas solo se pueden transformar en ‘supervivientes’ si encuentran apoyo. De lo contrario gana la ley del silencio

Mientras, las secuelas psicológicas del acoso son feroces. Algunas de las mujeres entrevistadas presentan cuadros de estrés postraumático que les afecta en su día a día y que les obliga a pagarse de su bolsillo psicólogos especializados en conflictos en entornos laborales para intentar mitigar los efectos del acoso. Sus relatos hablan de problemas de concentración, temblores, insomnio, mareos, ataques de ansiedad, depresión y hasta intentos de suicidio. «Caí en una depresión muy fuerte y una vez incluso intenté tirarme por una ventana –explica una investigadora–. Ahora me parece una barbaridad, pero estaba muy ofuscada y solo quería acabar con aquel sufrimiento que se me comía».

De hecho, muchas veces, el conflicto estalla tras sufrir hostigamiento durante mucho tiempo. Al principio, muchas afectadas no entienden qué está pasando. Y luego no ven salida aparente a la telaraña . «Yo tardé 10 años en denunciar. Aguantas hasta que ya no puedes más. Nadie toma una decisión así cuando hace siete meses que te hacen la vida imposible», afirma una docente. «Yo solo di el paso de denunciar cuando vi que ya no podía perder nada más», explica Eva Bussalleu, que ha sido contratada otra vez y se presentará a un nuevo concurso después de que la justicia anulara el anterior.

La gran prueba de cargo que componen todas estas mujeres está ahí. ¿Qué hacer con ella? Los procesos judiciales solo sirven para los casos más graves, son costosos y requieren de unas pruebas que las víctimas no siempre han podido recopilar. Así que el cambio, coinciden las afectadas y los estudios, debe ser sobre todo institucional y cultural. En este sentido, desde la Unitat d’Igualtat de la UB proclaman «tolerancia cero». «Iremos a por todas –afirman- y si hay casos del pasado que se deben reabrir, lo haremos». Las afectadas, por su parte, recelan del cambio real, exigen una intervención política si las universidades no atajan el problema y reclaman justicia restaurativa para restablecer su honor.

Algunas sufren estrés postraumático y deben pagar de su bolsillo la atención psicológica

«El acoso aún es sistémico y la falta de respuesta también, yo solo espero que se tomen medidas eficaces y que toda esta injusticia y sufrimiento sirvan de algo, que las nuevas generaciones no tengan que pasar por lo mismo –afirma Eva Bussalleu–. Defenderme me ha costado demasiado tiempo, salud y dinero, cuando debería haber dedicado toda la energía a la investigación y la docencia».

Visibilizar la magnitud del problema, medirlo y entenderlo es un primer paso, legislar es imprescindible y se necesitan más campañas de información y sensibilización. Pero también capital para minimizar el acoso por razón de género en la Academia es que la sociedad deje de tolerarlo. El MeToo y las redes de apoyo mutuo son claves en la construcción de una cultura de respaldo a las víctimas.

Incluso ha nacido un nuevo género literario, derivado de la necesidad de dar a conocer situaciones de acoso sin exponerse a denuncias. La sección ‘Omertá’ de ‘Diario Feminista’ lleva más de 90 capítulos publicados: «Siempre nos la jugamos -explica una de la autoras, Mar Joanpere-. Hemos recibido demandas por el derecho al honor por denunciar el acoso, aunque nunca aparecen los nombres, excepto aquellos que la justicia ha identificado como tales». Escribir para que se entienda todo pero sin identificar a los protagonistas ha dado como resultado textos muy similares que emergen como patrones del acoso.

«El acoso es sistémico y la falta de respuesta, también», lamenta la investigadora Eva Bussalleu, con un juicio pendiente

Mar Joanpere fue víctima de acoso sexual cuando estudiaba el máster en la UB y forma parte de la Red Solidaria de Víctimas de Violencia de Género en la Universidad. Hoy es profesora de Sociología en la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona: «Muchas personas acosadas como alumnos han dejado la UB. Fuimos víctimas, supervivientes y ahora activistas. Pero tenemos que seguir en la academia porque solo la cambiaremos desde dentro».

Fuente: https://www.epe.es/es/igualdad/20220123/metoo-igualdad-universidad-13139161

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Los nuevos estudiantes

Por: Miguel Ángel Casillas

Con el inicio del año arranca un nuevo semestre en la educación superior; todos quisiéramos creer que lo haremos sin la pandemia de la COVID, sin embargo, esto es imposible pero también ineludible cuando pensamos en el diseño de los cursos o en las planeaciones didácticas que habremos de desarrollar.

Los cursos de este semestre habrán de programarse de modo híbrido, con grupos diezmados por el abandono, combinando hipotéticas sesiones presenciales con sesiones de trabajo a la distancia; volveremos a poner disponibles las lecturas y actividades en alguna plataforma de enseñanza; actualizaremos los grupos de Facebook y de WhatsApp. Habremos de continuar en clases a través de las pantallas, reactivaremos los foros de discusión, volveremos a recomendar y a descargar archivos desde el chat de la videoconferencia en que estemos conectados. Nuestros estudiantes seguirán leyendo en las pantallas de sus celulares y computadoras, descargando archivos de texto, de audio o de video para acceder al contenido de sus cursos.

Los actuales estudiantes de la educación superior, la enorme mayoría, los que llevan transcurridos cuatro semestres en pandemia y siguen bajo esa condición, no conocen físicamente las instalaciones universitarias, no las frecuentan ni les son familiares; ignoran dónde están las canchas y los espacios deportivos, las bancas y los rinconcitos. Nunca han visitado la biblioteca de su escuela: no saben a qué huelen miles de libros alineados en los anaqueles, nunca han localizado ahí un libro de papel, ni saben cómo buscarlos, nadie los ha regañado por alzar la voz o reír de un chiste para inculcarles el culto al silencio. Como la mayoría de los trámites se hacen en línea, desconocen los espacios administrativos y secretariales, no entregan oficios en papel, ni se les solicitan sellos de tinta en papel membretado.

Recluidos en sus casas, separados de sus amigos, sin interacciones físicas y corporales con sus compañeros de estudio, sin cachondear con sus novios o novias, miles de jóvenes universitarios han estado casi dos años sometidos a las medidas de control y distanciamiento social. Miles de nuestros actuales estudiantes no han socializado con sus compañeros dentro del claustro; no se conocen físicamente, desconocen su verdadero tono de voz, el color de sus ojos, su olor o su vestimenta para salir a la calle. Nunca han jugado ni sudado juntos. No hacen mítines ni protestas, tampoco bailan ni hacen fiestas sometidos por la sana distancia. Sólo se han conocido a través de las pantallas e interactuado de modo remoto a través de videoconferencias o grupos de colaboración.

Los nuevos estudiantes de la educación superior conocen a sus profesores por las pantallas, escuchan sus clases en línea o revisan los videos pregrabados. Casi nunca han discutido con ellos de viva voz, no han compartido dudas o comentarios en los pasillos o en las explanadas; mucho menos han departido con ellos en bares, fiestas y otros espacios informales. Nunca los han visto actuar en clase, gesticulando de pie incentivando la imaginación de sus alumnos.

De por si distantes del alumnado, en la actualidad los estudiantes desconocen completamente quiénes son las autoridades escolares e institucionales. Nunca el funcionariado había estado tan lejos del alumnado, nunca el gobierno institucional había sido tan opaco y la gobernanza tan autoritaria.

Aunque saben que existe físicamente, para los nuevos estudiantes, la universidad es un espacio fundamentalmente virtual, ahí han hecho su vida cotidiana de estudiantes, han tomado sus clases e interactuado con sus compañeros y profesores; en ese entorno virtual han accedido a las lecturas y realizado sus trámites administrativos. Tanto el servicio social, como las tesis y sus asesorías se están realizando en espacios virtuales, se investiga a la distancia a través de formularios electrónicos y de la etnografía digital.

Un hipotético retorno a las actividades presenciales no puede suponer un simple retorno al pasado, después de la experiencia vivida y de reconocer quiénes son los actuales estudiantes de la educación superior estamos obligados a reformar las prácticas y el contenido de la enseñanza superior. Es necesario dar prioridad al aprendizaje y diseñar estrategias relativas a las nuevas formas de estudiar, de leer y buscar información; debemos imaginar un nuevo cuaderno propio de las nuevas formas de tomar notas (con fotos, hipervínculos, imágenes, textos, etc.), así como aprovechar al máximo el potencial de los foros, chats y otros espacios de interacción y colaboración entre estudiantes.

El propio de desarrollo de la pandemia nos obliga a dejar de considerar la situación actual como transitoria y nos exige asumir plenamente que es impostergable la reforma de la enseñanza para asumir quiénes son los estudiantes actuales y cómo hemos cambiado los profesores de la educación superior.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-nuevos-estudiantes/

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Venezuela: Profesores y estudiantes están subsidiando la educación pública

El término de «educación pública» quedó en solo papel, tomando en cuenta que los profesores deben invertir más de lo que ganan para poder dar clases, mientras que los estudiantes deben llevar hasta las hojas y dar colaboraciones para inscribirse y recibir clases, cargando responsabilidades que tiene el Gobierno nacional.

José Monasterios, miembro de la Federación de Centros de Estudiantes de la UCLA (FCU-UCLA), dijo que ellos prácticamente están subsidiando la educación porque quieren seguir formándose, pero han tenido que cumplir roles que en realidad no les compete. «Hasta diciembre dimos una colaboración para la vigilancia», pero no todo el tiempo lo pueden realizar, agregó que durante el proceso de inscripción también solicitan alguna colaboración simbólica para cualquier gasto, a pesar de ser una universidad pública.

Los estudiantes también han realizado jornadas de limpieza para mantener sus espacios y decanatos adecuados. Tal es el caso del Decanato de Ciencias Veterinarias, donde lo realizaron la semana pasada. Cada estudiante llevando sus propios insumos para la jornada.

A los profesores también les ha tocado subsidiar la educación «porque con el sueldo que ganan no tienen ni para pagar el pasaje y muchos se mantienen porque tienen compromisos, pero no les dan las condiciones», dijo Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL (Aproupel).

La profesora agregó que no les brindan ni las herramientas tecnológicas y deben utilizar su celular, computadoras e internet para poder dar clases, mientras que autoridades se hacen de la vista gorda y no colaboran.

Fuente: https://www.laprensalara.com.ve/nota/42076/2022/01/profesores-y-estudiantes-estan-subsidiando-la-educacion-publica

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