Políticas Públicas

Europa/España/28 de Agosto de 2016/Fuente: Diario de Córdoba

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el proyecto de Ley de los Derechos y la Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, que «consolidará» las políticas autonómicas dirigidas a este colectivo de más de 700.000 personas en la comunidad, que tiene una memoria económica que supera los 1.300 millones de euros anuales y que, entre otras novedades, contempla la reserva de plazas en formación y empleo en la administración andaluza.

Según explicó ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el proyecto, que será remitido al Parlamento andaluz para su aprobación definitiva, acomete reformas en profundidad con el objetivo de «avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y accesible, primando la garantía de derechos de igualdad de oportunidades más allá del enfoque asistencial».

«De acuerdo con las exigencias de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificado por España, incorpora la consideración de las condiciones externas de tipo social junto con las circunstancias personales o de salud, de manera que se actualiza así un concepto legal hasta ahora centrado en un modelo médico-rehabilitador», señaló Sánchez Rubio.

El texto incluye un régimen sancionador en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal con multas que van desde 301 a un millón de euros dependiendo de la calificación de la infracción. Se califican como muy graves todas aquellas conductas de acoso o dirigidas a generar deliberadamente situaciones de riesgo o daño grave para la integridad física o psíquica de las personas con discapacidad.

DIFERENCIAS CON LA DEL 99 // La consejera indicó que, a diferencia de la ley de 1999, «se reconocen las situaciones de especial vulnerabilidad dentro de la discapacidad, como la pluridiscapacidad, y se prevén las necesidades de apoyo a la toma de decisiones de las personas afectadas». De igual modo, la norma considera «el mayor riesgo de sufrir abusos que presentan las mujeres y las niñas de este colectivo y establece las correspondientes medidas para su incorporación a las políticas sobre violencia de género», con actuaciones como la adecuación de las casas de acogida y la implantación de servicios de atención telefónica a mujeres sordas mediante sistemas similares a la videoconferencia.

La consejera señaló también como novedoso el reconocimiento del uso de los perros de asistencia para el acompañamiento, conducción, ayuda y auxilio, una categoría general que incluye los perros guías para invidentes y que deberá regularse en el plazo de un año a partir de la aprobación de la nueva ley por el Parlamento de Andalucía. Además, también se concederá la tarjeta de aparcamiento para discapacitados a vehículos de transporte colectivo.

En el ámbito formativo y del empleo, la principal novedad de la nueva ley es el establecimiento de una reserva para personas con discapacidad del 3% del número de plazas (con un mínimo de una) en los cursos de formación organizados por la Administración autonómica. Esta cifra se eleva al 5% en el Programa de Escuelas Taller, Casas de Oficio y Talleres de Empleo, «un cupo igualmente de nueva creación». Además, prevé otra reserva en las bolsas de trabajo temporal de empleo público, que será concretada en un posterior desarrollo reglamentario.

En lo laboral, la futura ley obligará a mantener en vigor un plan de empleabilidad y con un enfoque de género para intentar igualar las tasas de hombres y mujeres con discapacidad.

Otra novedad destacada de la nueva norma es la fijación de una reserva del 5% del importe anual de toda la contratación pública de la Junta de Andalucía a favor de los centros especiales de empleo. En esta misma línea, se introduce una cláusula de desempate obligatoria a favor de las empresas que tengan un mayor número de personas con discapacidad, según explicó la consejera.

SALUD Y EDUCACIÓN // Respecto a la salud, el proyecto recoge el impulso a la atención temprana para menores de seis años, «haciendo hincapié en la coordinación de los servicios sociales, sanitarios y educativos». En este sentido, se definen las condiciones mínimas del modelo regulado en el decreto que aprobó el Gobierno andaluz el pasado de 26 de abril.

En el área educativa, las universidades andaluzas «deberán elaborar un censo del alumnado con discapacidad y aprobar un plan especial de accesibilidad» a los entornos físicos y de la información y la comunicación de su titularidad. También novedosa es, señaló Sánchez Rubio, la prohibición expresa que se establece para los centros docentes, tanto públicos como privados, de denegar por motivos de discapacidad el acceso al alumnado o a los demás miembros de la comunidad educativa a sus servicios y actividades.

El nuevo texto frente a la norma anterior define los criterios que deben orientar las prestaciones de servicios sociales destinadas a los discapacitados, de forma que se atiendan sus necesidades personales y de inclusión. Así, se introduce la figura del concierto social para impulsar la colaboración con la iniciativa privada, ha detallado la titular de Igualdad.

Fuente: http://www.diariocordoba.com/noticias/temadia/junta-da-luz-verde-ley-personas-discapacidad_1072375.html